DOI: http://dx.doi.org/10.18601/21452946.n17.02.

Presentación

Julián Pimiento¹

¹ Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. Doctor en Derecho Público y magíster en Derecho Público Interno por la Universidad París II, Panthéon-Assas, París, Francia. Docente investigador del Departamento de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. Correo-e: pimiento.julian@gmail.com

Para citar el artículo: Pimiento, J. "Presentación", Revista digital de Derecho Administrativo, n.° 17, primer semestre, Universidad Externado de Colombia, 2017, pp. 9-11.

Esta nueva edición de la Revista digital de Derecho Administrativo es una muestra fehaciente de la necesaria mirada al pasado que debe guiar las investigaciones en esta disciplina, pero también de lo que le espera en el futuro. La historia y el presente se mezclan para permitirle al lector echar un vistazo en las bases mismas de las normas que rigen a la Administración Pública, en particular las que se refieren a los servicios públicos y a las infraestructuras públicas.

El número comienza con la segunda parte de la serie de Derecho administrativo romano, que se encuentra dividida alrededor de dos ideas centrales: los servicios públicos y los bienes públicos.

El profesor José-María Blanch, a partir de la tabula de los Ligures Baebiani, explica una interesante institución de asistencia pública propia de la administración de Trajano, que enseña algunos aspectos de la administración asistencial que se podrían mantener aún hoy día, como su encuadramiento necesario en una lógica más global de políticas públicas. En esa misma línea de los servicios públicos, el escrito de Raquel Escutia-Romero visita la figura del cursus publicus como precursor del servicio público de transporte, en el que se entrelazan relaciones públicas y privadas, que son expresivas de un complejo entramado de decisiones administrativas en parte en torno a la utilización de las infraestructuras públicas, pero que las trascienden pues involucran todos los elementos del servicio público moderno, desde las tradicionales autorizaciones administrativas hasta preocupaciones actuales como la corrupción en el ejercicio de la función pública. En esta misma línea de análisis se enmarca el interesante artículo de José Luis Zamora-Manzano que permite recordar, sin mayor dificultad, que la cuestión ambiental es una preocupación antigua que no fue tomada a la ligera en el derecho romano y que las necesidades humanas, como las urbanas, han evolucionado muy poco en veinte siglos, correspondiendo a cada época, entonces, la búsqueda de soluciones a problemas que sólo han cambiado de escala.

En cuanto a los bienes públicos en Roma, la Revista digital de Derecho Administrativo aporta a la comunidad académica tres artículos de singular interés. En el primero, que sirve de transición entre ambas temáticas, Salvador Ruiz-Pino explica la protección de los recursos naturales como un instrumento común en el derecho romano, que ha viajado a través de los milenios, para constituirse en un imperativo de la garantía de la continuidad de la especie humana. En un segundo artículo, más enfocado en el asunto de los bienes públicos, Vanessa Ponte-Arrebola reitera la importancia del estudio de esta materia en Roma y demuestra que, además de que ciertas categorías tradicionales mantienen plenamente su vigor, se puede hacer un paralelo entre lo que los romanos diseñaron y la clasificación actual de las cosas públicas. Por último, Juan Miguel Albuquerque vuelve sobre los bienes de uso público para explicar la manera en que el derecho romano aseguró que se maximizara su función social, a través de las disposiciones interdictales contenidas en el Digesto.

La segunda parte de esta edición de la Revista digital de Derecho Administrativo contiene los trabajos de investigación cuyas conclusiones fueron presentadas en el I Congreso Internacional de Bienes Públicos, que tuvo lugar en Bogotá en junio de 2016 y que fue organizado por la Universidad Externado de Colombia en conjunto con la Red Internacional de Bienes Públicos, la cual también tuvo su IV Encuentro en las instalaciones de este centro educativo. El Congreso, que giró en torno a los aspectos más controversiales de los bienes públicos, el urbanismo sostenible y las infraestructuras públicas, contó con la participación de más de veinte conferencistas nacionales e internacionales.

Dentro de las investigaciones presentadas en el Congreso se encuentran tres artículos con diferentes enfoques, pero todos de indudable interés y actualidad. Pablo Schiavi, de Uruguay, propone una mirada institucional al régimen de las asociaciones público-privadas en ese país, en la que expone el laberinto administrativo que se ha creado en torno a las APP y los riesgos de un modelo demasiado complejo de intervención estatal en el proceso. Ignacio de la Riva, por su parte, explica los avances, las particularidades y modalidades del régimen de financiación de la infraestructura en el derecho argentino, que le podrían servir al operador jurídico nacional. Por último, José Manuel Vargas-Ayala expone novedosas reflexiones acerca del régimen jurídico del patrimonio cultural en Colombia, y en particular de los bienes declarados como de interés cultural desde un punto de vista que resalta los problemas, dinámicas y retos que enfrenta la categoría en el derecho actual.

En esta misma línea, la investigación desarrollada por María Clara Garrido se esfuerza por demostrar, desde el punto de vista del derecho de la organización, la superficialidad de las recientes reformas administrativas en el ámbito de las denominadas agencias del Estado de naturaleza especial, como es el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura, por su falta de originalidad en el sistema jurídico nacional y por los peligros que ello conlleva para el adecuado funcionamiento del mismo.

Se trata de un número ecléctico, que tiene en común un acercamiento intemporal al derecho administrativo que, en una perspectiva historicista, pero también muy actual, impone una reflexión sobre ciertas instituciones poco conocidas pero que se han mantenido perennes a través de la historia. El eje central de este número tiene que ver precisamente con la actividad del Estado y los medios que este utiliza para ejecutarla, los bienes públicos, las infraestructuras públicas, el servicio público y la estructura estatal, cuya adecuada gestión y manejo es un imperativo constitucional, de necesario cumplimiento.