Revista Digital de Derecho Administrativo

Medios de control de lo contencioso-administrativo frente a la reparación del daño generado por el acto administrativo: rezagos de la inmunidad del rey

2025-06-28T22:29:32-05:00

Los mecanismos contencioso-administrativos para el control de acto administrativo en Colombia tradicionalmente han obedecido a un modelo objetivo de preservación de la legalidad en abstracto, sin prestar atención a los menoscabos generados por la decisión administrativa. No obstante, estos mecanismos paulatinamente se han alineado con el paradigma constitucional, centrado en la protección de las posiciones jurídicas subjetivas o particulares y el resarcimiento de los menoscabos ocasionados, más que en la conservación del ordenamiento jurídico en abstracto frente a las decisiones administrativas. Pese a ello, la investigación adelantada revela cómo todavía existen obstáculos substantivos, procesales e, incluso, metajurídicos, en la aplicación del principio de reparación integral que permita asegurar una protección de las víctimas frente al daño generado por un acto administrativo.

Editorial

2025-06-28T21:23:00-05:00

Índice de autores

2025-06-29T11:14:57-05:00

Calificación de las faltas disciplinarias: dificultadesen la determinación de su gravedad o levedad por el operador disciplinario

2025-06-28T22:24:08-05:00

El Código General Disciplinario colombiano clasifica las faltas en gravísimas, graves y leves. Mientras que las faltas gravísimas están descritas taxativamente, la ley establece criterios para determinar entre graves y leves, lo que otorga al operador disciplinario un amplio margen de discrecionalidad. Esto, sumado a la existencia de conceptos jurídicos indeterminados, genera un problema práctico, ya que lo que debería ser una tarea de interpretación se convierte en una decisión subjetiva de la autoridad, susceptible de vulnerar los principios de legalidad y seguridad jurídica. Este escrito propone que los criterios legales se conviertan en un listado que defina cuáles pueden usarse como agravantes o atenuantes en la clasificación de faltas.

Contratación estratégica. Un cambio en la concepción de las compras públicas

2025-06-28T21:27:34-05:00

La contratación estratégica surge en el mundo como una extensión de la vocación natural de la compra pública hacia el aprovisionamiento de bienes, obras y servicios a la Administración, introduciendo factores de sostenibilidad, ambientales, sociales e innovación. Los nuevos objetivos contractuales de la estrategia comportan un cambio de paradigma del contrato que se manifiesta en sus distintas etapas, aunque primordialmente en su estructuración y en la incorporación de criterios sostenibles a selección de contratistas. La presentación y valoración de las manifestaciones debe permitir apreciar su sentido y amplitud.

Hacia una nueva era en las contrataciones públicas: integrando los principios de valor por dinero e innovación en el marco legal peruano

2025-06-28T21:35:34-05:00

La expedición de la Ley General de Contrataciones Públicas de 2024 trajo consigo diversas modificaciones e incorporaciones para atender ciertos problemas públicos identificados por el legislador peruano en la anterior ley de contrataciones del Estado. Entre las modificaciones del nuevo régimen, se logra evidenciar la incorporación de los principios de valor por dinero e innovación, lo que representa una oportunidad de llevar a cabo las fases de la contratación pública de manera eficiente y adoptar las mejores decisiones a favor del uso de recursos públicos, así como la adquisición de bienes y servicios, y la ejecución de obras a la vanguardia del avance tecnológico.

La discrecionalidad administrativa en la elaboración de las bases (o pliegos) de la contratación y su relación con los principios de competencia y concurrencia

2025-06-28T21:45:05-05:00

La discrecionalidad implica la existencia de un margen de apreciación para la Administración, con el fin de determinar lo más conveniente en cada caso concreto. En la contratación pública existen distintos momentos en los que se reconocen potestades discrecionales a las entidades contratantes, destacando en esta investigación lo que ocurre durante la elaboración de las bases o pliegos de la contratación, cuando se define su objeto. Sin embargo, esta discrecionalidad no es absoluta y está restringida, entre otros principios, por la competencia y la concurrencia. Pero no toda definición del objeto del contrato que limite estos principios resulta ilegal, ya que puede estar justificada. Para que estas limitaciones a la discrecionalidad sean efectivas, se deben reconocer mecanismos que permitan cuestionar las bases o pliegos que introduzcan restricciones injustificadas, ya sea mediante mecanismos directos de impugnación o permitiendo que el acto de adjudicación pueda ser cuestionado por estos vicios.

Los pliegos de condiciones tipo: entre los eslabones de la autonomía de la voluntad contractual

2025-06-28T21:51:40-05:00

Han pasado algunos años desde la expedición de la Ley 1882 de 2018 y demás documentos normativos que regularizaron la adopción en el ordenamiento jurídico colombiano de lo que se ha venido acuñando bajo el epígrafe de “pliego de condiciones tipo”, los cuales en términos normativos están definidos como aquellos documentos que contienen parámetros obligatorios para las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que adelanten procesos de selección competitivos, especialmente para la celebración de contratos de obra pública y consultorías de infraestructura de transporte. En este horizonte de la cuestión, el presente estudio busca ahondar en aquella institución y cómo estos pliegos han impactado la actividad material e interna de la Administración de hacer contratos. Este análisis permitirá determinar luego su alcance sobre la autonomía de la Administración al momento de establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar del futuro contrato estatal.

El indebido traslado del deber de planeación contractual en las asociaciones público-privadas de iniciativa privada

2025-06-28T21:56:45-05:00

Las asociaciones público-privadas de iniciativa privada se caracterizan por el hecho de que el proyecto recae principalmente en un particular. A pesar de que su estructuración también proviene del sector privado, lo cierto es que las entidades estatales, por las cargas derivadas del deber de planeación, contribuyen a la estructuración del mismo y son quienes entran a evaluar su viabilidad. A partir de esta observación, se propone en el presente artículo que los estructuradores privados no sean los únicos responsables de los errores que se cometen durante la etapa de estructuración del proyecto. Esta postura se fundamenta en los deberes jurídicos que se derivan del principio planeación contractual, los cuales recaen en las entidades contratantes, de modo que no es viable que sea trasladado por completo a los particulares.

Las concesiones 5G como instrumento para la reactivación del sistema ferroviario en Colombia mediante el esquema de asociaciones público-privadas

2025-06-28T22:12:27-05:00

Desde la década de los noventa, la figura de la concesión ha sido medular para el desarrollo de la infraestructura de transporte en Colombia. Los primeros tres modelos de concesiones viales se implementaron, primigeniamente, con el propósito de fomentar el modo carretero de transporte. Más adelante, las concesiones de cuarta generación pusieron en marcha el esquema de asociaciones público-privadas, lo que propició un progreso sin precedentes, aun cuando el enfoque continuó dirigido a las carreteras. Así, en este texto analizaremos las novedosas concesiones 5G, que amplían el espectro de aplicación de las APP a otros sistemas distintos al carretero, como es el ferroviario.

Naturaleza jurídica de los contratos de las empresas del Estado en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas y la dudosa potestad para anular de oficio sus contratos

2025-06-28T22:17:50-05:00

Son pocas las investigaciones que se han realizado en el Perú sobre la naturaleza jurídica de las empresas del Estado, pues la atención siempre ha estado puesta en el análisis del principio de subsidiariedad o en la cláusula de actuación subsidiaria. Esto justifica todo esfuerzo tendiente a identificar la forma en que las empresas estatales se asemejan a la Administración pública, así como la incidencia que tiene el régimen de contratación pública al ser destinatario de fondos públicos para proveerse de bienes, servicios y obras. A partir de estas consideraciones se propone determinar la naturaleza de los contratos que suscriben las empresas del Estado al estar sometidas al ámbito de aplicación de la Ley General de Contrataciones Públicas. Es por esto que se cuestiona la atribución legal de potestades administrativas, entre las cuales está la revisión de oficio de sus actos, incluyendo los vínculos contractuales, atributos que pueden romper con el plano de igualdad que normativamente se consagra para participar en el tráfico económico, concurriendo con las empresas privadas.

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2025-06-29T11:18:09-05:00