Revista Digital de Derecho Administrativo

Editorial

2024-11-21T14:51:52-05:00

Índice de autores

2024-11-21T15:33:24-05:00

Jerarquía administrativa, acceso a la función pública y venalidad de los cargos en derecho romano (siglos IV-VI d. C.)

2024-11-21T15:42:28-05:00

La centralización basada en el principio de jerarquía, el cual implica un deber de obediencia de los funcionarios inferiores hacia los superiores, es una de las características de la Administración romana de los siglos IV a VI d. C. La legislación de esta época reguló la promoción y ascenso de los funcionarios públicos dando prioridad a la antigüedad y a los méritos en el servicio para acceder a un cargo público. Pese a ello, se tuvieron que publicar numerosas leyes en las que se prohibía y se castigaba el suffragium (tráfico de influencias), en un intento por moralizar la función pública y mejorar su rendimiento.

El juicio de pérdida de investidura de los congresistas: hacia la implementación de un sistema acusatorio

2024-11-21T15:42:26-05:00

El sistema de justicia dispositivo es implementado actualmente en Colombia para el juicio de pérdida de investidura de los congresistas. Ahora bien, al ser un proceso sancionatorio, surge la pregunta de si es más adecuado adelantar su trámite bajo las lógicas del sistema acusatorio, propio de esta clase de procesos, y más alineado con los principios y presupuestos del ejercicio del ius puniendi. Las reflexiones consagradas en la presente investigación buscan responder a este interrogante, así como explicar las bases para una posible reforma. Virar hacia un sistema procesal de corte acusatorio permitiría un mejor cumplimiento de las exigencias derivadas del conjunto de principios que hacen parte del debido proceso.

Las comunidades energéticas locales como agentes clave para la transición energética

2024-11-21T15:42:42-05:00

La implementación de medidas efectivas en el camino hacia la transición energética, para lograr niveles de emisiones de CO2 que no comprometan la seguridad climática, ha estado bloqueada durante décadas debido a la creencia de que las medidas necesarias para combatir el cambio climático deben adoptarse en el ámbito global, ya que este desafío tiene trascendencia mundial. En la actualidad, los procesos de transición energética se están logrando a través de medidas locales. Este artículo analiza la implementación y el régimen jurídico de las comunidades energéticas locales en el derecho español, para examinar las posibilidades que el ordenamiento jurídico español ofrece en cuanto a su configuración.

Régimen jurídico y organizativo de la participación de los entes locales en la conformación de comunidades energéticas

2024-11-21T15:42:40-05:00

La Unión Europea ha puesto en marcha un conjunto de políticas y medidas jurídicas que buscan promover un modelo energético descentralizado que coloque a los ciudadanos en el centro del sistema, y les permita tener un rol activo y proveerse de su propia energía, así como de otros servicios energéticos. Dentro de este modelo surgen las comunidades energéticas como mecanismos de interacción entre personas físicas, entes locales y pequeñas y medianas empresas que tienen el potencial de garantizar un futuro organizativo para una transición energética justa y sostenible. En este panorama, los gobiernos locales, como Administraciones públicas de proximidad, pueden ser ejemplarizantes y participar directamente en las comunidades energéticas; sin embargo, su concreción en la realidad no está exenta de obstáculos. Por ello, en este trabajo se analiza, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español, cuáles son los posibles mecanismos o “entidades jurídicas” de las que pueden valerse los entes locales para la conformación de comunidades energéticas, y así, poder contribuir con la transición energética.

Desafíos del servicio universal argentino en materia de telecomunicaciones: nuevos reglamentos, viejos problemas

2024-11-21T15:42:38-05:00

El sector de las telecomunicaciones argentino ha tenido en los últimos años fuertes novedades regulatorias. A partir de esas novedades, en este trabajo se pretenden identificar las razones que justifican la intervención regulatoria estatal en este sector. Asimismo, se busca llamar la atención sobre los elementos que definen el servicio universal en esta industria. Bajo este enfoque, se describen diversas medidas estatales dictadas recientemente, las cuales pueden ser identificadas con la clásica actividad de fomento de la Administración pública. El presente trabajo sostiene que existe una contradicción entre las acciones del regulador y del ejecutivo: mientras que la autoridad regulatoria busca incentivar inversiones en aquellos lugares donde el mercado no puede o no quiere llegar, el ejecutivo las desalienta. Ese desaliento es llevado a cabo a través de medidas que no parecen estar sustentadas en los principios regulatorios que justifican la intervención estatal.

Los fabricantes de vehículos no deben ser considerados empresas de telecomunicaciones bajo el derecho europeo

2024-11-21T15:42:36-05:00

En la era de los vehículos conectados, donde los automóviles ofrecen servicios digitales avanzados, surge una pregunta crucial: ¿deberían los fabricantes de vehículos ser considerados empresas de telecomunicaciones? Este artículo explora por qué, bajo el derecho europeo, los fabricantes de vehículos no deben ser clasificados como tales. Analizamos las definición legal de proveedores de servicios electrónicos de comunicaciones, el alcance de los servicios de conectividad máquina a máquina (M2M), la naturaleza accesoria de los servicios de telecomunicaciones proporcionado por los fabricantes de vehículos y las implicaciones regulatorias, todo ello, apoyándonos en la legislación vigente, la resolución de ciertas agencias de telecomunicaciones y la relación contractual entre los fabricantes de vehículos con las empresas de telecomunicaciones y el cliente final.

The Internet as Constitutional Right and Public Utility in Peru: A Critical Perspective

2024-11-21T15:42:34-05:00

This paper examines the recent designation of the internet as a constitutional right in Peruvian law, analyzing the relationship between constitutional rights and public services. Generally, not every constitutional right necessitates the creation of a public utility, nor is every public service inherently tied to a constitutional right. As indicated in the legislative record, the constitutional reform recognizing the internet as a right may not yield the anticipated outcomes. The effectiveness and efficiency of such a service cannot be ensured through legal protection alone. Therefore, the establishment of a public service must be grounded in careful planning and foresight, supported by a reasonableness analysis.

El grupo empresarial público en Colombia

2024-11-21T15:42:32-05:00

El grupo empresarial público es una muestra de cómo el grupo empresarial, que es la forma jurídica predilecta de la gran empresa contemporánea, influye en todos los ámbitos del derecho. En efecto, cuando el Estado, para el cumplimiento de sus fines, adopta la forma de un empresario y ejerce la empresa pública de grupo, se impone la aplicación de los derechos público y privado, ello sin perjuicio del ánimo de lucro que supone la empresa, demostrando cómo la coherencia del ordenamiento jurídico, a pesar de la diversificación del derecho y de la especialidad en la expedición de las normas jurídicas, es todavía un principio fundamental que en este caso está al servicio de la primacía del interés general sobre el particular.

Índice temático

2024-11-21T15:34:50-05:00

El derecho administrativo interamericano de las contrataciones públicas

2024-11-21T15:42:30-05:00

En el derecho administrativo de América Latina, la visión tradicional de las contrataciones públicas descansaba en el concepto de la licitación pública como el procedimiento previo que limita la libertad de contratación de la Administración. La globalización ha promovido un cambio en esta visión para realzar el rol de las contrataciones públicas en las políticas del desarrollo, tomando en cuenta su peso en la economía. Esta visión ha permeado al derecho interamericano a través de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. La red ha facilitado la sistematización de principios generales que se han traducido en diversas reformas que apuntalan la visión de las políticas de compras públicas orientadas a la promoción del bien común. Estos principios conforman la base del derecho administrativo Interamericano de contrataciones públicas.