10.18601/16577175.n33.04
Corrupción y transparencia: evidencia en partidos políticos de América Latina
Corruption and transparency: evidence in political parties in Latin America
Julio César Cristancho Chíquiza1
1 Contador Público. Asesor independiente. Guachetá, Colombia. Correo electrónico: juliocristancho87@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0009-0008-6883-9589.
Código JEL: K33, M48
Fecha de recepción:15/06/23
Fecha de aceptación: 05/10/2023
DOI: https://doi.org/10.18601/16577175.n33.04
Resumen
La corrupción afecta la institucionalidad de los países causando situaciones que cuestionan la transparencia de los representantes políticos. De allí que se haya realizado un estudio que relaciona la corrupción con la transparencia de los partidos políticos en América Latina. Para ello se diseñó un índice de transparencia activa y se vinculó con el índice de percepción de la corrupción en cada país. Los resultados indican que la transparencia activa muestra niveles bajos y que existe una relación inversa y significativa con el nivel de corrupción, lo que evidencia que esta última limita las prácticas de divulgación de información y genera un escenario de opacidad en la gestión de los partidos políticos.
Palabras clave: transparencia, corrupción, leyes de transparencia, partidos políticos.
Abstract
Corruption affects the institutional framework of countries, leading to situations where the transparency of political representatives is called into question. Hence, a study has been conducted that links corruption to the transparency of political parties in Latin America. To do this, an active transparency index was designed and linked to each country's corruption perception index. The results indicate that active transparency shows low levels and that there is a significant inverse relationship with the level of corruption, demonstrating that the latter limits the disclosure of information practices and creates an environment of opacity in the management of political parties in Latin America.
Keywords: Transparency; corruption; laws of transparency; political parties.
Introducción
En las últimas décadas la corrupción y la transparencia se han convertido en dos conceptos ineludibles en el panorama político y social de América Latina (AL), región que ha enfrentado desafíos relacionados con la integridad y la ética debido a que la corrupción ha minado la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y representantes en diversos ámbitos, entre ellos el legislativo, el judicial, el administrativo y el político (Saiz et al., 2011; Maldonado, 2011).
Es así como en el ámbito de lo político la corrupción no solo se vincula al actuar de los funcionarios públicos, sino que puede llegar a comprometer a otros actores, como los partidos políticos, ya que casos de corrupción como el de Odebrecht evidencian la existencia de una responsabilidad de este tipo de agrupaciones al permitir la financiación de campañas políticas en términos que no cumplen con lo establecido en la ley, o que llevan al favorecimiento de los privados cuando el representante del partido político ha logrado el cargo público.
La existencia de este tipo de casos de corrupción sugiere que el acceso a los bienes y servicios provistos públicamente puede estar condicionado a los contactos políticos o a la misma capacidad económica de cada potencial beneficiario para pagar sobornos (Castañeda, 2015), lo cual provoca una situación que cuestiona los procesos electorales en los países y hace que se enciendan las alarmas sobre la gestión y la coordinación de los partidos políticos en AL.
Es preciso considerar que los partidos políticos son agrupaciones que desempeñan un papel relevante en la sociedad pues representan ideologías (Uvalle, 2016; Navas, 2015), sirven de canal de intermediación entre el Estado y la sociedad (McDermott, 2010) y son agentes que pueden promover la participación ciudadana en la vida democrática (Instituto Nacional Demócrata & Corporación Transparencia por Colombia, 2009), por lo que estar inmersos en esta problemática puede conllevar la pérdida de su legitimidad y, por ende, afectar la credibilidad de la sociedad en el sistema político democrático.
Ante este panorama se señala que se puede prevenir la corrupción mediante la transparencia, a través del acceso a la información y con mejores mecanismos de control (Farioli et al., 2015; Prakash & Sudan, 2014; Moreira & Claussen, 2011; Neuman, 2002). Lo anterior implica hacer visible la gestión de los representantes políticos, ya que al tener acceso a la información que da cuenta de su desempeño la sociedad puede cuestionar o respaldar su ejercicio de representación, y con ello premiar o sancionar al actor político.
La transparencia es un pilar fundamental para consolidar las democracias (Vera et al., 2015; McDermott, 2010; Berthin, 2008; Martínez & Martí, 2006; The Carter Center, 2006). La necesidad de exigir transparencia por medio del acceso a la información responde a la idea de que "… los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que compiten en elecciones por el poder" (Peschard, 2005, p. 20) y, por tanto, más allá de los organismos de fiscalización de que dispone el Estado, se requiere que los ciudadanos puedan controlar dicho poder, lo que conlleva mejorar la solidez y la estabilidad de la democracia y la gobernabilidad del sistema político, y promover una cultura de rendición de cuentas que rescate la esencia misma de la relación de representación (Franciskovic, 2013).
Sin embargo, estudios previos (Católico & Santos, 2018; García M., 2013; Pina et al., 2007, 2010) han planteado que la transparencia se ve influenciada por la corrupción, de forma que a medida que disminuyen los índices de corrupción aumenta la información divulgada, por lo que parece razonable que una mayor corrupción dificulte la divulgación de información de los partidos políticos.
En ese sentido, el presente artículo estudia empíricamente la divulgación de la información de los partidos políticos en países de AL y evalúa su relación con la corrupción, considerando esta última una variable externa capaz de influenciar los índices de transparencia en ese tipo de agrupaciones.
La estructura del documento incluye una introducción; el marco teórico; la metodología utilizada; los resultados y la discusión, y finalmente las conclusiones.
I. Marco teórico
La transparencia se define como el grado en que la información y los procesos son accesibles, claros y comprensibles para las partes interesadas (Fox, 2007). En un contexto más amplio la transparencia se refiere a la apertura y la visibilidad en la toma de decisiones y en la gestión de información en las organizaciones y los gobiernos (La Porte et al., 2002; Transparencia Internacional, 2017), lo que permite que los ciudadanos despierten políticamente y se involucren de forma más proactiva en las actividades gubernamentales (Ackerman & Sandoval, 2015), contribuyendo así a mitigar la discrecionalidad de los gestores (Transparencia Internacional, 2010; Corporación Transparencia por Colombia, 2009).
Lo anterior se puede comprender desde lo analizado por medio de la teoría de la agencia (Sosa, 2011; Jensen & Meckling, 1976), ya que la existencia de información pública y transparente puede servir como una forma de acercar al principal (ciudadanos) y al agente (el gestor público) con el fin de mitigar las asimetrías de información y permitir un mejor control por parte de los ciudadanos.
En ese sentido, la divulgación y el acceso a la información permiten reducir el problema de agencia, en cuanto a la asimetría (Stiglitz, 1999), ya que conllevan la apertura de los procesos de gestión y de toma de decisiones, así como la publicidad de los criterios y argumentos utilizados por los actores que han participado en la gestión (Grimmelikhuijsen & Welch, 2012; Piotrowski & Van Ryzing, 2007, Sommermann, 2010).
Para desarrollar lo anterior existen diversas dimensiones de la transparencia (Fox, 2007): transparencia activa, la cual implica divulgar información de forma activa y voluntaria, sin necesidad de solicitudes externas, lo que puede incluir la publicación de informes financieros, políticas y procedimientos; y transparencia pasiva, que se refiere a la divulgación de información en respuesta a solicitudes específicas o requerimientos legales, como las solicitudes, peticiones y trámites en físico (Raupp & Gomes, 2016).
La transparencia activa es la más favorable para que los ciudadanos conozcan la gestión pública desde una visión de apertura, con menor costo y mayor accesibilidad, pero solo es favorable si se considera el acceso a la información por medio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) (Welch, 2012; Grimmelikhuijsen & Welch, 2012; Fox, 2007), por ejemplo, mediante el Internet, cuyo uso conlleva gestionar los sitios web de las instituciones. Este instrumento facilita acceder a la información en tiempo real, de manera rápida y eficiente, y a menor costo (Lara et al., 2012).
Autores como Relly (2012) o Lio et al. (2011) consideran que las tic representan un instrumento importante que contribuye a erradicar la corrupción pues ayudan a eliminar las barreras sistemáticas en los países en desarrollo (García M., 2013).
Así, la transparencia activa es un activo diferenciador, una ventaja competitiva para las instituciones y un imperativo de la forma de hacer política (Instituto Nacional Demócrata & Corporación Transparencia por Colombia, 2009), ya que los ciudadanos, al tener un mejor conocimiento del quehacer político tienen una mayor confianza en el partido político de su preferencia.
Así, al mejorar las prácticas de transparencia, los partidos políticos forjan su legitimidad y su reputación ante la sociedad (Yousaf et al., 2016; Cerrillo, 2011), a la vez que evita que los escenarios de corrupción condicionen su actuar como representantes de las ideologías políticas de la sociedad (Othman et al., 2014).
1.1. Revisión de la literatura e hipótesis de investigación
Las políticas y estrategias que promueven la transparencia en las instituciones son herramientas que sirven para erradicar la corrupción (Vera et al., 2015; Moreira & Claussen, 2011; Searson & Johnson, 2010). Es por eso que los gestores públicos y los dirigentes políticos deben priorizar las prácticas de transparencia con el fin de generar confianza en las instituciones públicas y, por ende, mejorar la relación entre el Estado, los partidos políticos y los ciudadanos (Farioli et al., 2015; Yousaf et al., 2016; McDermott, 2010; Mendel, 2008).
La transparencia se ha desarrollado a partir de un mayor número de herramientas, entre ellas las leyes, los procesos y las prácticas (Villeneuve, 2014), y en ese sentido se han emitido leyes de transparencia y de acceso a la información pública (Farioli et al., 2015; Donaldson & Kingsbury, 2013; Relly & Sabharwal, 2009; Mendel, 2008), con el fin de responder a la demanda social por la información como manifestación de transparencia ante los ciudadanos (Ávila & Romero, 2013).
El acceso a la información conlleva no solo conocer la gestión de las instituciones, sino hacer públicos los casos de corrupción y, con ello, incrementar el compromiso de la ciudadanía con estos asuntos (Prakash & Sudan, 2014), como se ha visto en las últimas dos décadas cuando ha sido evidente la cantidad de casos de corrupción denunciados y publicitados, y su resonancia en la sociedad en general.
En ese sentido, distintos autores han evaluado que a partir de la aplicación de las leyes de transparencia las entidades públicas tienen un mayor compromiso para divulgar información (Farioli et al., 2015; García J., 2014; Gómez & Montesinos, 2014; Arellano & Lepore, 2011; Searson & Johnson, 2010), pero también han encontrado que existen limitaciones en el acceso a ella y, por ende, que existe incumplimiento respecto de los requerimientos mínimos de información, lo que se considera un potencial riesgo para que exista corrupción en la gestión pública (García M., 2013).
A su vez, se ha evidenciado que la obligatoriedad en la aplicación de las leyes de transparencia genera diferencias significativas en las prácticas de acceso a la información pública (Open Society Institute, 2006; Islam, 2006), ya que países con leyes de transparencia responden a las solicitudes de información en mayor medida que aquellos países que no cuentan con estas leyes.
Es preciso considerar que el ámbito de aplicación de este tipo de leyes no se circunscribe a las entidades del sector público, sino que alcanzan diferentes tipos de organizaciones, como los partidos políticos. Países como Colombia y México han previsto, de acuerdo con las leyes de transparencia, que este tipo de agrupaciones son sujetos que están obligados a divulgar información, en contraste con el resto de los países de AL que no explicitan dicha obligación, aunque son sujetos que usan recursos públicos para financiar sus procesos políticos y, por ende, están bajo el alcance de dichas leyes.
Al contrario, algunos países de Europa han planteado la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación de las leyes de transparencia a fin de posibilitar que se haga explícita su obligación a las entidades que perciben fondos públicos, como los sindicatos, las organizaciones empresariales y los partidos políticos (Carbajosa, 2012).
El acceso a la información pública resulta esencial para mejorar la relación entre la ciudadanía y los partidos políticos, en la medida en que contribuye a profundizar la transparencia y la democracia en los procedimientos y la gestión interna, a promover el control social sobre su accionar, y a avanzar en la inclusión y representación de los diversos intereses presentes en la sociedad ante el sistema político (Navas, 2015).
En ese sentido se plantea la primera hipótesis de investigación:
H1: Existen limitaciones en la transparencia activa de los partidos políticos en AL, a partir del acceso a la información en sus sitios web.
Con esta hipótesis se determina el grado de transparencia activa de los partidos políticos en AL y, con ello, se puede evaluar la contribución para mejorar la cercanía que pueden lograr los ciudadanos con este tipo de agrupaciones.
La segunda hipótesis plantea la relación entre la transparencia activa y la corrupción. Investigaciones previas (Lara et al., 2012; Pina et al., 2007; Kim, 2007) señalan una relación inversa entre el índice de corrupción y el grado de transparencia, de forma que a medida que disminuye la corrupción aumenta la información divulgada a través de Internet.
Para el caso colombiano, Católico y Santos (2018) han analizado la relación entre la corrupción y la transparencia de las administraciones públicas de los departamentos que acogen territorios de paz, definidos en el marco de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial y en los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las farc-ep, encontrando niveles medios de transparencia y la existencia de una relación inversa con la corrupción, lo que reafirma que a mayor corrupción menor transparencia.
García (2013) plantea que parece razonable que una mayor corrupción dificulte la transparencia de los organismos públicos; no obstante, considera que no se ha profundizado suficientemente en dicha relación. A esto se suma que autores como Relly (2012) han demostrado que la existencia de la ley de acceso a la información no afecta la corrupción, por lo que pareciera ser que, aunque existe una relación entre corrupción y transparencia, todavía no hay consenso sobre su efectividad.
Por lo anterior, la segunda hipótesis se plantea en los siguientes términos:
H2: Existe una relación inversa y significativa entre el grado de corrupción y la transparencia activa de los partidos políticos, lo que demuestra que la corrupción configuraría un factor que limita el acceso a la información en los partidos políticos de AL.
2. Metodología
2.1. Muestra para el estudio
Se seleccionaron los partidos políticos con mayor representación en 18 países de AL, para un total de 144 agrupaciones (tabla 1). Este criterio de selección se utiliza con base en la información publicada en Latin American Network Information Center (LANIC) (2015) y actualizada con corte al año 2017.
Se destaca que veinte partidos políticos no cuentan con un sitio web, por lo que no cumplen con los requerimientos de información que se evalúan. Esta situación muestra una primera limitación en el acceso a la información que, de manera proactiva, se espera publiquen los partidos políticos.
2.2. Métodos de comprobación de las hipótesis
Para resolver la primera hipótesis se propone el uso del Índice de Transparencia Activa (ITA), el cual considera la información publicada en los sitios web de los partidos políticos a partir de la definición de cincuenta aspectos requeridos en la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, emitida por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2010, ya que resulta ser común para todos los países en los que se ubican los partidos analizados, y ha sido referencia para configurar o ajustar sus leyes de transparencia. La indagación en la web se realizó en marzo de 2017.
Los aspectos se evalúan asignando el puntaje 2 si se encuentran de la manera que se indica en la ley, 1 en caso de que se publiquen de manera parcial, y 0 si no hay información. Las puntuaciones obtenidas son agregadas en el ita, el cual se calcula de la siguiente manera:
Donde Ai son los aspectos publicados de la información y n el número máximo de puntación que se obtiene a partir de la indagación (n = 100). Para interpretar los resultados del ITA se utiliza la siguiente escala.
Con la puntuación obtenida en el ITA se determina el grado de transparencia activa, de manera que en caso de que todos los partidos políticos logren una puntuación en el rango entre 0.91 y 1.0, es decir, que logran un alto nivel de transparencia activa, se rechaza H1.
Adicionalmente, se establece un "ranking de transparencia activa para los partidos políticos en AL" con el fin de determinar las agrupaciones que logran mejores resultados y que pueden ser referente para aquellas que requieran mejorar sus prácticas de transparencia activa y, por ende, el cumplimiento de lo establecido en la ley.
Para probar la segunda hipótesis se utilizó la variable Posición en el Índice de Percepción de Corrupción (PIPC), a partir del Índice de Percepción de la Corrupción establecido por Transparencia Internacional para 2016, ya que es una variable proxy asignada al grado de corrupción (Pina et al., 2007, 2010; Relly & Cuillier, 2010; Kim, 2007). El Índice de Percepción de la Corrupción refleja las impresiones de la gente de negocios y de los analistas de riesgo ubicados en diferentes países al respecto (Saiz et al., 2011).
Con esta variable se mide la correlación con el ITA que en promedio tiene cada país, aplicando para ello un análisis univariante a través de dos pruebas no paramétricas: Tau-b de Kendall y Spearman. Se trabaja con este tipo de pruebas dado que los datos obtenidos no cumplen los supuestos de normalidad y homogeneidad de las varianzas para poder utilizar pruebas paramétricas2. El análisis estadístico se realizó en SPSS Statistics 22.
La expresión que formaliza la relación que se va a estudiar es:
Donde el ITA se entiende como variable dependiente, y el PICP como la independiente.
3. Resultados y discusión
3.1. Grado de transparencia activa en los partidos políticos de AL
A partir de la indagación de la información en los sitios web de los partidos políticos y de las puntuaciones correspondientes se obtuvieron los siguientes estadísticos descriptivos (tabla 3).
El resultado medio de los partidos políticos (,07763) ubica el grado de transparencia activa en un nivel de acceso "bajo" a la información, lo que puede corresponder a un escenario de gestión opaca donde los representantes de los partidos no tienen interés por divulgar información sobre el quehacer de sus agrupaciones. Esta puntuación no es muy distinta entre los partidos políticos, ya que, como lo muestra la desviación estándar (,08908), los datos son cercanos al comportamiento promedio que se expone para estas agrupaciones en AL.
De acuerdo con los datos mínimos, en Brasil, Colombia, México y Uruguay los partidos indagados cumplen con al menos uno de los requerimientos establecidos en la ley modelo, lo que se justifica en la medida en que en los casos de Colombia y México se hace explícita dicha obligación, lo cual es distinto para la mayoría de los países que no obligan a dichas agrupaciones a seguir lo dispuesto en las leyes de transparencia.
Estos resultados no son distintos a los obtenidos en estudios previos que han evaluado la situación de manera exhaustiva en partidos políticos ubicados en un determinado país. Es el caso de Chile Transparente que en 2016 evaluó el cumplimiento de los partidos políticos en cuanto al acceso a la información, obteniendo que alcanzan en promedio 2,55 puntos de transparencia activa, lo que significa un puntaje deficiente de cumplimiento (Transparente Chile & Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 2016).
De igual forma, desde el 2012 la Fundación Compromiso y Transparencia (2016) realizó un estudio sobre la transparencia en partidos políticos en España, identificando que existen limitaciones en el acceso a la información lo que se refleja en una lenta evolución hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Lo anterior revela para este caso que las nuevas formaciones políticas por el "cambio" no se han traducido en un compromiso con la transparencia.
Ante los bajos resultados obtenidos se pueden plantear distintas razones (Católico & Santos, 2018). Para Olavarría et al. (2014) los resultados desfavorables en la aplicación de leyes de transparencia se pueden deber más al conocimiento limitado de la ley que a la falta de compromiso de los funcionarios públicos con los ciudadanos y con el ejercicio del "Derecho a saber".
Otra razón puede ser que existen administraciones públicas que disponen de enormes volúmenes de información en bases de datos cerradas y poco accesibles a los ciudadanos (García M., 2013), lo que puede resultar en una situación similar para los partidos políticos. Sin embargo, esto puede llevar a escenarios de desconfianza entre los ciudadanos y dichas agrupaciones, socavando la legitimidad democrática mediante el alejamiento entre ellos.
Una tercera razón es la falta de apropiación por los partidos políticos, al no dimensionar esta ley como un derecho fundamental, por lo que no le dan la relevancia que corresponde. Autores como Sandoval (2013) han planteado que el derecho de los ciudadanos de acceder a la información no debe ser concebido solamente como una buena idea para mejorar la imagen o higiene de la administración pública, sino como una parte constitutiva del derecho fundamental a la información que es absolutamente crucial dentro de la actual era de la información.
Otra razón puede sustentarse en lo expuesto por Helmke y Levitsky (2004) quienes sugieren que muchas "reglas de juego" que estructuran la vida política son creadas desde lo informal, por lo que son comunicadas y aplicadas fuera de los canales oficialmente establecidos, lo que, aplicado a los resultados expuestos, puede corresponder a la existencia de la divulgación de la información de los partidos políticos a través de otros medios distintos a los previstos en las leyes de transparencia, y que son referentes para lograr la comunicación entre los políticos y sus grupos de interés. Un ejemplo es el uso de redes sociales como Facebook o Twitter, los cuales generan mejores incentivos e impactos a la hora de comunicar lo que desean los políticos, en comparación con lo que se puede lograr al publicar la información en los sitios web.
Otro resultado que llama la atención corresponde al tipo de información con mayor o menor acceso, tal como se muestra en la tabla 4.
La información con mayor acceso corresponde a aquella asociada con datos básicos o noticias relevantes de los partidos, de allí que se resalte la divulgación de las noticias a través de sus redes sociales (,5520) y la publicación de los datos de contacto (,46528), donde se obtiene un índice medio de divulgación. En contraste, al observar la fuente y aplicación de los recursos y el control correspondiente, la información con menor acceso se vincula con asuntos financieros, de auditoría y de desempeño político, en los que pueden existir evidencias respecto de las relaciones entre los partidos y los agentes externos, y asociado a ellos los logros que en materia política se hayan podido obtener.
En ese sentido, posibilitar el acceso a la información que aporta datos sobre las donaciones y los bancos que les conceden préstamos a los partidos, permitiría aclarar las formas de financiación (García, 2014), las cuales, hoy en día, son causa de los escenarios de corrupción que han sido de conocimiento de la opinión pública.
Asimismo, Aldaz et al. (2012) plantean que el acceso a la información, las auditorías y los sistemas de control, son aspectos que concretan la información que da cuenta de la gestión de las organizaciones respecto de la política contra la corrupción, por lo que su inexistencia demuestra la ausencia de una postura y una gestión claras frente a dicha problemática.
Con los resultados obtenidos se plantea el ranking de transparencia activa de los partidos políticos de AL (tabla 5), con el fin de considerar las veinte agrupaciones que han obtenido mejores resultados, aunque se observa que todos los partidos muestran un nivel bajo de transparencia activa, lo que ratifica la opacidad en la gestión.
Con este ranking se ratifica que los partidos políticos ubicados en México, Colombia y Chile tienen limitaciones importantes en el acceso a la información, pero no se encuentran en un escenario de opacidad plena, como es el caso de los demás países.
En ese sentido, no se rechaza la primera hipótesis planteada, por lo que los partidos ubicados en AL deben asumir una mayor responsabilidad frente a la rendición de cuentas, utilizando los medios de comunicación a su alcance, entre ellos sus sitios web, con el fin de lograr una mayor transparencia ante los ciudadanos, mejorar su relación con ellos y disminuir la pérdida de legitimidad que experimentan hoy en día.
3.2. La relación entre la transparencia activa y la corrupción
Al analizar el comportamiento de la percepción de corrupción en los países de AL en los últimos siete años se observa que un número importante de aquellos ubicados en América Central, del Norte y del Caribe tienen puntuaciones por debajo de 3,0, por lo que reflejan una alta percepción de corrupción3. Llama la atención el caso de Costa Rica que obtiene una calificación por encima de 5,0, siendo uno de los pocos países del ámbito latinoamericano con niveles favorables frente a la percepción de corrupción (figura 1).
Para 2016 en LA solo Venezuela se encontraba por debajo de 3,0, y Chile (6,6) y Uruguay (7,1) obtuvieron notas que los diferenciaban de manera importante del resto de países (figura 2). No obstante, en Chile, Brasil, Perú y Uruguay está aumentando la percepción de corrupción, lo que es el reflejo de los distintos escándalos que la opinión pública ha conocido en los últimos años.
Las tendencias en materia de percepción de corrupción reflejan el auge de la problemática en estos países, lo que puede afectar la institucionalidad al permear la gestión y la toma de decisiones en las organizaciones, limitando las prácticas de transparencia.
Al explorar de manera gráfica la posible relación entre la transparencia activa y el índice de corrupción (figura 3), se observa la concentración de los partidos políticos en un escenario de baja transparencia dados los altos índices de percepción de corrupción en los países a los que pertenecen.
Se observa que los datos se concentran en los cuadrantes II y III, entendiendo que en el primer cuadrante se esperaría se ubicaran los partidos políticos con altos niveles de transparencia activa y bajos índices de percepción de corrupción; en el segundo cuadrante los partidos con bajos índices de percepción de corrupción y bajos niveles de transparencia; en el tercero, los partidos con altos índices de percepción de corrupción y bajos niveles de transparencia, y en el cuarto, aquellos partidos con altos niveles de transparencia activa y altos índices de percepción de la corrupción. En la figura 4 se presenta la tipología de los diferentes cuadrantes.
Con lo anterior se muestra que, dada la relación gráfica entre las dos variables analizadas, la mayoría de los partidos se ubican en un escenario adverso, en donde, aún existiendo una alta percepción de la corrupción, no fomentan una cultura de transparencia activa que permita mitigar el efecto de la problemática en su entorno.
Los puntos que se ubican en el cuadrante II corresponden a los datos de los partidos políticos de Uruguay, Costa Rica y Chile, los cuales hacen uso de la baja percepción de la corrupción para justificar la poca información revelada en sus sitios web, lo cual los ubica en un escenario sub-óptimo que en el tiempo los puede llevar a un escenario no deseado.
Al confrontar lo anterior con los análisis estadísticos se observa que la posición que logra cada país en el índice de percepción de corrupción produce un efecto negativo sobre el grado de transparencia activa en los partidos políticos, ya que existe una relación inversa y significativa entre estas dos variables (-.385, con la prueba de Kendall y -.492, con la prueba de Spearman), tal como se aprecia en la tabla 6.
En ese orden de ideas, se acepta la segunda hipótesis planteada, la cual es coincidente con los resultados obtenidos por Pina et al. (2007) en su estudio de los gobiernos locales de la Unión Europea, al considerar que existe una influencia de la corrupción en la divulgación de información pública. También Relly y Cuillier (2010) encuentran que la corrupción produce un efecto negativo sobre la exigencia de las leyes en la divulgación, puesto que los países que no tienen leyes de acceso a la información son los que presentan mayor corrupción.
En ese sentido, la exigencia de la transparencia y su regulación, por muy estricta que sea, es sólo el primer paso en el proceso de aumentar la rendición de cuentas en el manejo de fondos de los partidos y en la relación dinero/política (Ferreira, 2009).
Asimismo, la transparencia en el financiamiento de la política aumentará en la medida en que se genere un clima cultural propicio que recompense a los actores políticos que cumplan con la ley. Un incentivo importante para el acatamiento voluntario de las reglas sería la percepción de que el valor "transparencia" gana elecciones, lo cual no parece ser aún la situación en AL (Ferreira, 2009).
Conclusiones
El presente estudio tuvo como principal objetivo identificar la relación entre la corrupción y la transparencia activa de los partidos políticos en AL. De allí que la investigación se soportó en dos objetivos específicos: a) determinar el grado de transparencia activa de los partidos políticos de AL, a partir de la información expuesta en sus sitios web, y b) analizar la correlación entre la transparencia activa y los índices de corrupción de los países a los cuales pertenecen los partidos políticos.
Frente al primer objetivo se evidenció que existen limitaciones en el acceso a la información de los partidos políticos. Se resalta que la información con menor nivel de acceso se refiere a los procedimientos financieros, de auditoría y desempeño político, lo que hace que el ciudadano no conozca el quehacer político, la fuente y el uso de los recursos y los resultados de los controles ejercidos, lo que conlleva un escenario de gestión opaca que afecta la legitimidad y la reputación de estas agrupaciones ante los ciudadanos.
A través del ranking "transparencia activa en partidos políticos de AL" se ratifica que aquellos ubicados en México, Colombia y Chile logran las mejores posiciones, a pesar de que tienen limitaciones importantes en el acceso a la información, pero no se encuentran en un escenario de opacidad plena, como es el caso de los demás países. Quizás esto se debe a que dos de estos tres países hacen explícita la obligación para estos tipos de agrupaciones de cumplir con lo establecido en las leyes de transparencia.
Estos resultados desfavorables se pueden explicar por cuatro razones: 1) que los gestores de los partidos políticos tienen un conocimiento limitado de la ley; 2) que existen enormes volúmenes de información en bases de datos cerradas, que no están disponibles para la consulta de los ciudadanos; 3) que los partidos políticos pueden seguir comportamientos de instituciones informarles que no utilizan los medios previstos en las leyes de transparencia para divulgar la información y optan por otros medios que les generan mayores incentivos e impactos a la hora de informar a los ciudadanos, como ocurre con el uso de las redes sociales, y 4) que puede haber una falta de apropiación de la ley por los partidos políticos, ya que no dimensionan que en ella se define un derecho fundamental como es el acceso a la información pública. Por lo tanto, resulta conveniente que aquellos países que no hacen explícita para estas agrupaciones la obligación de informar lo consideren, con el fin de mejorar los procesos de rendición de cuentas ante la sociedad.
Frente al segundo objetivo se consideró que existe una correlación inversa y significativa entre la corrupción y la transparencia activa en los partidos políticos, lo que lleva al reconocimiento de que la corrupción afecta la institucionalidad de los países y, de manera particular, la transparencia de los partidos políticos ante la sociedad.
Como señala Relly (2012), una vez que la ley se ha puesto en marcha es importante monitorear su cumplimiento; y, como plantean Ackerman y Sandoval (2015), en la práctica la aplicación exitosa de las leyes de transparencia depende del progreso de la democracia, así como de las presiones externas que pueden afectar la generalización de la libertad de información; de allí que el ITA propuesto es una medida de seguimiento que puede ser útil para los supervisores que deben evaluar y verificar la transparencia en la gestión pública de los partidos políticos de AL.
Se concluye que los partidos políticos deben realizar un enorme esfuerzo para mejorar sus prácticas de acceso a la información con el fin de lograr una cultura de transparencia activa que contribuya a mejorar las relaciones entre ellos y los ciudadanos y que, a la vez, permita disminuir la discrecionalidad en las actuaciones de los dirigentes políticos que pueda desembocar en situaciones de corrupción.
Finalmente, el presente estudio es pionero tanto en evidenciar la transparencia activa en los partidos políticos en AL, como en evaluar su relación con la corrupción, ya que estos temas han sido tratados en administraciones públicas, empresas y entidades sin ánimo de lucro, pero en menor medida en este tipo de agrupaciones y bajo un esquema comparado.
Sin embargo, se debe avanzar en evaluar la existencia de otros factores que puedan determinar las prácticas de acceso a la información en este tipo de organizaciones. Asimismo, resulta conveniente adelantar investigaciones que logren observar y evaluar este tema a lo largo del tiempo.
En ese sentido, la presente investigación es la base para adelantar investigaciones de este tipo, y constituye un primer resultado para ser considerado por los partidos políticos en AL y por las agencias de regulación, contribuyendo de esa manera a plantear alternativas ante las situaciones de corrupción que afectan a la región y que demandan políticas públicas y la participación de la academia y la sociedad civil.
Notas
2 Esto se evaluó de acuerdo con el test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) y el estadístico de Levene.
3 Es de señalar que este índice oscila entre 10 (muy limpio) y 0 (muy corrupto).
Referencias bibliográficas
Ackerman, J., & Sandoval, I. (2015). "Leyes de acceso a la información en el mundo", Cudernos de Transparencia (07), 1-34. https://www.idaip.org.mx/archivos/formatos/Promocion_Vinculacion/Cuadernillo%2007.pdf.
Aldaz, M., Calvo, J., & Alvarez, I. (2012). "Divulgación de información sobre corrupción: empresas del IBEX 35", Revista de Contabilidad, 15(1), 59-90. https://doi.org/10.1016/S1138-4891(12)70038-9.
Arellano, D., & Lepore, W. (2011). "Transparency Reforms in the Public Sector: Beyond the New Economics of Organization", Organization Studies, 32(8), 1029-1050. https://doi.org/10.1177/0170840611416741.
Ávila, Á., & Romero, L. (2013). "La nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental y la transparencia en la rendición de cuentas", Economía Informa, 74-82. https://doi.org/10.1016/S0185-0849(13)71310-0.
Berthin, G. (2008). "Fortalecimiento de la capacidad de formular e implementar políticas de transparencia y anticorrupción en América Latina", CLAD Reforma y Democracia (41), 141-172. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357533672006.
Carbajosa, B. (2012). "Transparencia y financiación de los partidos políticos", Revista Española de Control Externo, XIV (42), 199-231.
Castañeda, V. (2015). "La moral tributaria en América Latina y la corrupción como uno de sus determinantes", Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, LX (224), 103-132. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42138153005.
Católico, D., & Santos, G. (2018). "La corrupción y la transparencia de las administraciones públicas: un estudio empírico en territorios de paz en Colombia", Estudios de Derecho, 75 (166), 51-76. https://doi.org/10.17533/udea.esde.v75n166a03.
Cerrillo, A. (2011). "The regulation of diffusion of public sector information via electronic means: Lessons from the Spanish regulation", Government Information Quarterly, 28 (2), 188-199. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.05.009.
Chile Transparente & Fundación Konrad Adenauer Stiftung (2016). "Índice de transparencia en los partidos políticos", Chile Transparente. https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_45390_1.pdf/3ea1da41-4445-d1c7-e41e-b7d9920ca7ae?version=1.0&t=1539657904091.
Corporación Transparencia por Colombia (2009). Índice de Transparencia Nacional: documento metodológico preliminar 2008-2009.
Donaldson, M., & Kingsbury, B. (2013). "The Adoption of Transparency Policies in Global Governance Institutions: Justifications, Effects, and Implications", Annual Review of Law and Social Science, 9, 119-147. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102811-173840.
Farioli, M., Capanegra, H., & Costa, O. (2015). "La transparencia y el derecho de acceso a la información pública en Argentina", Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal, 15(24), 153-157. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337541096006.
Ferreira, D. (12 de junio de 2009). Financiamiento de los partidos políticos: Rendición de cuentas y control Chile. https://www.cepchile.cl/investigacion/financiamiento-de-los-partidos-politicos-rendicion-de-cuentas-y-control/.
Fox, J. (2007). "The uncertain relationship between transparency and accountability", Development in Practice, 17(4-5), 663-671. https://doi.org/10.1080/09614520701469955.
Franciskovic, J. (2013). "Retos de la gestión pública: presupuesto por resultados y rendición de cuentas", Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 18, 28-32. https://doi.org/10.1016/S2077-1886(13)70028-3.
Fundación Compromiso y Transparencia (29 de junio de 2016). Transparencia, el mejor eslogan 2015. http://www.ifuturo.org/transparencia-el-mejor-eslogan-2015.
García, E. (2014). "Reviewed Work(s): financiación de los partidos y transparencia democrática: buenas prácticas en Europa y América del Norte", Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 147, 136-139. https://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_147_091404907391585.pdf.
García, J. (2014). "Gobierno abierto: transparencia, participación y colaboración en las administraciones públicas", Innovar, 24(54), 75-88. https://doi.org/10.15446/innovar.v24n54.46441.
García, M. (2013). Ley de acceso a la información pública: cumplimiento de las obligaciones de transparencia online en el ámbito latinoamericano, tesis doctoral, Universidad de Almería.
Gómez, M., & Montesinos, V. (2014). "Gobierno electrónico y transparencia financiera y presupuestal de los departamentos en Colombia", Revista Venezolana de Gerencia, 19(68), 670-698. https://doi.org/10.37960/revista.v19i68.19126.
Grimmelikhuijsen, S., & Welch, E. (2012). "Developing and Testing a Theoretical Framework for Computer-Mediated Transparency of Local Governments", Public Administration Review, 72(4), 562-571. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02532.x.
Helmke, G. & Levitsky, S. (2004). "Informal institutions and comparative politics: a research agenda", Perspectives on Politics, 2(4), 725-740. https://doi.org/10.1017/S1537592704040472.
Instituto Nacional Demócrata y Corporación Transparencia por Colombia (6 de julio de 2009). Nueve claves de transparencia y apertura informativa para partidos politicos. https://www.ndi.org/Nueve_claves_de_transparencia_y_apertura_informativa_para_partidos_pol%C3%ADticos.
Islam, R. (2006). "Does more transparency go along with better governance?", Economics & Politics, 18 (2), 121-167. https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2006.00166.x.
Jensen, M., & Meckling, W. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X.
Kim, C. (2007). !A cross-national analysis of global E-government", Public Organization Review, 7(4), 317-329. https://doi.org/10.1007/s11115-007-0040-5.
Latin American Network Information Center (LANIC) (2015). "Partidos Políticos". http://lanic.utexas.edu/la/region/politicalparties/indexesp.html.
La Porte, T., Demchak, C., & De Jong, M. (2002). "Democracy and bureaucracy in the age of the web", Administration & Society, 34(4), 411-446. https://doi.org/10.1177/0095399702034004004.
Lara, M., Toledo, I., & Gómez, L. (2012). "La rendición de cuentas por el gobierno electrónico. Caso entidades federativas de México", Revista Cuadernos de Contabilidad, 13(33), 463-478. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/4262.
Lio, M., Liu, M., & Ou, Y. (2011). "Can the internet reduce corruption? A crosscountry study based on dynamic panel data models", Government Information Quarterly, 28(1), 47-53. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.01.005.
Maldonado, A. (2011). "La lucha contra la corrupción en Colombia: la carencia de una política integral", Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), 1-20. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08285.pdf.
Martínez, A., & Martí, J. (2006). "Accountability and Rendering of Accounts: New Approaches for the Public Sector", International Advances in Economic Research (12), 67-80. https://doi.org/10.1007/s11294-006-6135-x.
McDermott, P. (2010). "Building open government", Government Information Quarterly. 27(4), 401-413. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.07.002.
Mendel, T. (2008). Freedom of Information: A Comparative Legal Survey. https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/pdf/Intellectual_Life/CL-OGI_Toby_Mendel_book_%28Eng%29.pdf.
Méndez, A., & Rivera, H. (2015). "Relación entre gobierno corporativo y posicionamiento organizacional: instituciones de educación superior en América Latina", Educación y Educadores, 18(3), 435-455. DOI: 10.5294/edu.2015.18.3.4.
Moreira, I., & Claussen, M. (2011). "Políticas de transparencia en la administración pública brasileña", Revista del CLAD Reforma y Democracia (51), 129-152.
Navas, A. (2015). Transparencia y acceso a la información en partidos y movimientos políticos colombianos: responsabilidades frente a la Ley 1712 de 2014. https://colombia.nimd.org/wp-content/uploads/2016/01/Cartilla_Transparencia_y_Acceso_a_la_Informacion_en_Partidos_y_Movimientos_Politicos_Colombianos.pdf.
Neuman, L. (2002). Acceso a la información: LA llave para la democracia, Centro Carter.
Olavarría, M., García, H., & Allende, C. (2014). "Transparencia en funcionarios públicos chilenos", Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal, 14(23), 71-92. https://doi.org/10.14409/da.v0i24.4766.
Open Society Institute. (2006). Transparencia y silencio: encuesta sobre leyes y prácticas del acceso a la información en catorce países, Open Society Institute. https://www.justiceinitiative.org/uploads/4415eefb-0300-429a-a92f-a0d31abb91bf/transparencia-silencio-2006_0.pdf.
Othman, Z., Shafie, R., & Abdul, F. (2014). "Corruption-Why do they do it?", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 164, 248-257. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.074.
Peschard, J. (2005). Transparencia y partidos políticos, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1805-cuadernos-de-transparencia-08-transparenciay-partidos-politicos.
Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2007). Is e-government leading global convergence towards Accountable governments? XIV Congreso AECA.
Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2010). "Is e-government leading to more accountable and transparent local governments? an overall view", Financial Accountability & Management, 26(1), 3-20. https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2009.00488.x.
Piotrowski , S., & Van Ryzing, G. (2007). "Citizen Attitudes Toward Transparency in Local Government", American Review of Public Administration, 37(3), 306-323. https://doi.org/10.1177/0275074006296777.
Prakash, O., & Sudan, M. (2014). "Transparency in delivery of entitlements through empowered Civil Society Organisations (CSOS): The Consortium of Groups for Combating Corruption (CGCC) model in Rajasthan, India", The Journal of Field Actions (11), 1-8.
Raupp, F., & Gomes, J. (2016). "Review of passive transparency in Brazilian city councils", Revista de Administração, 51(3), 288-298. http://dx.doi.org/10.1016/j.rausp.2016.02.001.
Relly, J. (2012). "Examining a model of vertical accountability: A cross-national study of the influence of information access on the control of corruption", Government Information Quarterly, 29(3), 335-345. https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.02.011.
Relly, J., & Cuillier, D. (2010). "A comparison of political, cultural, and economic indicators of access to information in Arab and non-Arab states", Government Information Quarterly, 27, 360-370. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.04.004.
Relly, J., & Sabharwal, M. (2009). "Perceptions of transparency of government policymaking: A cross-national study". Government Information Quarterly, 26, 148-157. https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.04.002.
Saiz, J., Mantilla, S., & Cárdenas, J. (2011). "Corrupción: una descripción del concepto y de las limitaciones metodológicas para su medición", Gestión & Sociedad, 4(1), 77-100. https://ciencia.lasalle.edu.co/gs/vol4/iss1/6/.
Sandoval, I. (2013). "Hacia un proyecto "democrático-expansivo" de transparencia", Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 58(219), 103-134. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5287.ç.
Searson, E., & Johnson, M. (2010). "Transparency laws and interactive public relations: An analysis of Latin American government Web sites", Public Relations Review, 36 (2), 120-126. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2010.03.003.
Sommermann, K. (2010). "La exigencia de una administración transparente en la perspectiva de los principios de democracia y del estado de derecho", en R. García. Derecho administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons (pp. 11-26).
Sosa, J. (2011). "Transparencia y rendición de cuentas: un ensayo introductorio", en J. Sosa, Transparencia y rendición de cuentas, Siglo XXI (pp. 17-45).
Stiglitz, J. (1999). "On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life", Oxford Amnesty Lecture.
The Carter Center (2006). Access to Information: Building a Culture of Transparency, The Carter Center.
Transparencia International (2010). "Corruption perceptions index 2010". https://images.transparencycdn.org/images/2010_CPI_EN.pdf.
Transparencia Internacional (2017). "What is transparency?". https://www.transparency.org/what-is-corruption/#what-is-transparency.
Uvalle, R. (2016). "Fundamentos políticos de la rendición de cuentas en México", Estudios Políticos, 9(38), 37-55. http://dx.doi.org/10.1016/j.espol.2016.06.002.
Vera, M., Rocha, D., & Martínez, M. (2015). "El modelo de Gobierno Abierto en América Latina. Paralelismo de las políticas públicas de transparencia y la corrupción", Iconos (53), 85-103. https://doi.org/10.17141/iconos.53.2015.1565.
Villeneuve, J. (2014). "Transparency of Transparency: The pro-active disclosure of the rules governing Access to Information as a gauge of organisational cultural transformation. The case of the Swiss transparency regime", Government Information Quarterly, 31(4), 556-562. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.010.
Welch, E. (2012). "The relationship between transparent and participative government: A study of local governments in the United States", International Review of Administrative Sciences, 78(1), 93-115. https://doi.org/10.1177/0020852312437982.
Yousaf, M., Ihsan, F., & Ellahi, A. (2016). "Exploring the impact of good governance on citizens trust in Pakistan", Government Information Quarterly, 33 (1), 200-209. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.06.001.