Con-texto

Nota editorial

2020-10-24T20:57:20-05:00

Algunas novedades jurisprudenciales en asuntos de competencia desleal y protección al consumidor

2020-10-24T20:57:20-05:00

La maldición del ganador en los procesos de contratación publica en Colombia: un análisis desde la economía del comportamiento

2020-10-24T20:57:19-05:00

El comportamiento de los oferentes en formatos de subasta ha sido un tema ampliamente abordado por la economía tradicional, cuyas teorías más prominentes, como la teoría de juegos, buscan predecir, desde el punto de vista normativo, la mejor estrategia que debiera seguirse a fin de maximizar la función de utilidad. Sin embargo, existe evidencia científica que demuestra que los oferentes, incluso en escenarios de contratación pública, se desvían sistemáticamente del comportamiento racional esperado y en lugar de obtener una utilidad al ganar una subasta, con posterioridad incurren en pérdidas. El presente trabajo busca brindar claridades sobre el fenómeno conocido como la maldición del ganador y de cómo su existencia y efectos en la contratación publica amplían el análisis del problema de las ofertas anormalmente bajas, proponiéndose una metodología tanto cualitativa como cuantitativa para su validación en los contratos de obra pública.

Causales de objeción para una integración empresarial avisada a la autoridad de competencia y sus remedios

2020-10-24T20:57:19-05:00

Este documento desarrolla las causales de objeción de las integraciones empresariales dentro del proceso de autorización que adelanta la autoridad de competencia. Igualmente, se hace una explicación de los remedios para las integraciones empresariales.

A proposal on broadening Colombia’s National Carbon Tax’s scope in the light of the Law of the World Trade Organization

2020-10-24T20:57:19-05:00

El cambio climático es, posiblemente, el tema principal en la luz pública, y varios países han empleado esfuerzos para mantenerlo a raya por medio de sus compromisos con entes supranacionales, como el Acuerdo de Paris, que fija una meta clara en aras de evitar un perjuicio irreparable. Los impuestos al carbono han aparecido como una posible ruta para ayudar en esta lucha; no obstante, puede generar problemas con la normativa de la Organización Mundial del Comercio. Colombia se ha unido a esta iniciativa e introdujo dicha medida a la importación y venta de combustibles fósiles, pero creemos que al gravar la industria manufacturera aumentara el alcance de su protección. De igual forma, reconocemos que por este medio podría socavar la norma de Trato Nacional dentro del mencionado sistema legal, el GATT, específicamente. Así, se debe ser cauteloso al confeccionar tal norma previendo las implicaciones que habría de generar a la posición competitiva de los productos extranjeros dentro del alcance de la norma, tema de gran complejidad al ser impredecible. En este sentido, esta organización permite una justificación por conducto del articulo XX del GATT, la cláusula general de excepciones, recurso altamente útil para una medida como la propuesta.

Patrimonialidad y regalismo. La identidad histórico – jurídica del Derecho minero y petrolero colombiano

2020-10-24T20:57:18-05:00

El Derecho minero y petrolero colombiano es un ordenamiento especial, formado a lo largo de centurias a partir de la confluencia de dos grandes categorías implantadas por España durante el periodo colonial: la patrimonialidad, esto es, la existencia de una suerte de derecho de propiedad del Estado en relación con el subsuelo y los recursos naturales no renovables, y el regalismo, entendido como la participación de la organización política en los beneficios económicos derivados de la explotación de dichos bienes. Este régimen, objeto de importantes pendencias en los últimos anos a raíz de los reclamos sociales en torno a la participación comunitaria en los beneficios de la explotación de la riqueza de la tierra, sus impactos ambientales y las facultades de las municipalidades en su regulación, entre otros tópicos, amerita, además de los estudios dogmáticos que escudriñan el sentido de sus disposiciones y las aproximaciones socio-económicas que indagan por los efectos de dicha estructura formal, una revisión historico-juridica que ayude a entender el punto de partida que ha marcado en cierta medida el sendero institucional seguido en esta materia. El presente escrito, entonces, pretende brindar algunas herramientas que ayuden a entender los orígenes y consiguiente evolución de muchas de las figuras características del Derecho minero y petrolero colombiano en el entendido de que tal perspectiva puede ayudar a entender las causas de parte de la arquitectura conferida a tal ordenamiento en los años sucesivos a la expedición de la Constitución Política de 1991 y a vislumbrar, por tanto, las fuentes más remotas de algunas de las controversias que hoy ocupan la atención política nacional. En este orden de ideas, la premisa fundamental del presente escrito es que el actual Derecho minero y petrolero colombiano resulta ser la síntesis de gran cantidad de elementos políticos, normativos y económicos tan antiguos como complejos, cuya génesis se encuentra en la España bajomedieval y que han sido moldeados por la historia institucional colombiana hasta adquirir identidad propia.

Los renovados alcances del régimen jurídico exorbitante del Derecho contractual publico

2020-10-24T20:57:18-05:00

En el presente escrito, el cuestionamiento radica en si se hace necesario redefinir o repensar –dentro del Contrato Administrativo– la presencia y alcance de fuertes potestades y prerrogativas públicas, como de la esencia de dicho acto jurídico, denominadas aun hoy en día, como las clausulas exorbitantes del Derecho privado. Y para realizar un renovado abordaje de este tema, debemos necesariamente focalizar –como cuestión prioritaria– la finalidad que persigue la contratación publica, esto es, la satisfacción de los intereses públicos, de los intereses de la sociedad involucrados en cada contrato, circunstancia que diferencia a esos actos jurídicos de los contratos del Derecho privado.

La competencia y la reforma a la Ley de contrataciones públicas de la Republica Dominicana

2020-10-24T20:57:17-05:00