Revista Derecho del Estado

La colisión de derechos y su impacto en el acceso a medicamentos esenciales: desafíos para Suramérica

2018-07-22T16:30:42-05:00

La colisión del derecho a la salud y del derecho de propiedad intelectual generada por las obligaciones que simultáneamente asumen los doce países de Suramérica en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, por una parte, y en el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, por la otra, ha supuesto un profundo impacto en el acceso a medicamentos esenciales para sus poblaciones. Este trabajo da cuenta de esta situación en los países de la región, al tiempo que lo sitúa en el contexto del debate sobre el comercio y los derechos humanos que se desata con especial fuerza desde principios de este siglo en el ámbito de la salud pública. Se destaca la necesidad de los países de Suramérica de fortalecer la cooperación intrarregional y el impulso a acciones de cooperación Sur-Sur en materia de acceso a medicamentos esenciales, teniendo en cuenta el predominio de patentes farmacéuticas detentadas por laboratorios privados del hemisferio norte. Los avances en esta dirección del Consejo Suramericano de Salud de Unasur, unidos a sus actuaciones como bloque regional ante la OMS, constituyen pasos promisorios que deben ser complementados con el desarrollo de capacidades de producción conjunta de medicamentos.

Argumentación como determinante de las decisiones judiciales: evidencia empírica del control abstracto de constitucionalidad en Ecuador

2018-07-22T16:30:42-05:00

Los juristas suelen analizar la argumentación desde una perspectiva formal y normativa aplicada, en su mayoría, al ámbito de los jueces y sus decisiones. Este artículo adopta una perspectiva distinta, en tanto examina de manera empírica la calidad de la argumentación de las demandas propuestas dentro de procesos de control constitucional abstracto. En esta línea, este trabajo evalúa en qué medida la habilidad argumentativa de los accionantes da cuenta del sentido de las decisiones judiciales. Para el efecto, se define la calidad de la argumentación como la habilidad del demandante para: (i) identificar normas constitucionales violadas y disposiciones inconstitucionales; (ii) exponer sus argumentos de manera clara y coherente, y (iii) sustentar sus pretensiones sobre la base de fuentes jurídicas. A partir del análisis cuantitativo de una base de datos original que incluye cuarenta acciones públicas de inconstitucionalidad resueltas por la Corte Constitucional de Ecuador desde 2008 hasta 2016 y una encuesta dirigida a expertos, este artículo halla que, a diferencia del tipo de accionante (público o privado), la argumentación de las demandas no tiene un impacto estadísticamente significativo sobre las probabilidades de obtener una decisión judicial favorable para las pretensiones de quien la interpone.

Hacia un análisis integral de estereotipos: desafiando la garantía estándar de imparcialidad

2018-07-22T16:30:41-05:00

El uso de estereotipos en perjuicio del colectivo discriminado debe implicar poner en duda la garantía estándar de imparcialidad judicial. Aun tomando el análisis de estereotipos en serio, la profundidad de sus consecuencias no ha sido tenida suficientemente en cuenta en la argumentación constitucional y en derechos humanos pues no ha conmovido con toda intensidad la forma estándar de concebir y aplicar la garantía de imparcialidad en la práctica jurídica e incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Defenderé así dos tesis centrales: (1) el uso de estereotipos impacta necesariamente en el análisis del derecho a la garantía de imparcialidad y (2) la imparcialidad debe desprenderse de su concepción estándar o tradicional ligada a la igualdad formal y de la concomitante presunción de imparcialidad judicial.

La trampa de la educación especial: rodeos y laberintos jurisprudenciales para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad

2018-07-22T16:30:40-05:00

El artículo presenta un análisis crítico sobre la jurisprudencia que la Corte Constitucional colombiana ha desarrollado en su ejercicio de protección al derecho a la educación de las personas con discapacidad. Al contrastar el contenido del derecho a la educación inclusiva consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con las subreglas desarrolladas y aplicadas por la Corte se concluye que la admisión de la educación especial o segregada ha permitido y fomentado prácticas de discriminación y de violación de derechos constitucionales prevalentes. El texto finaliza con la identificación de los principales retos que deben asumir los operadores judiciales para avanzar en la protección efectiva del derecho a la educación inclusiva.

Los Bonos con Impacto Social en el contexto de la reforma a la ley de contratación pública: retos y oportunidades

2018-07-22T16:30:40-05:00

El declive de la capacidad estatal para financiar la solución de problemas sociales se ha convertido en un tema común y repetitivo en un contexto mundial marcado por la desaceleración económica y los procesos de desindustrialización. Para superarlo, el sector privado y el denominado sector social han concurrido a la creación de novedosos mecanismos de financiación. Los Bonos con Impacto Social hacen parte de estas innovaciones con las cuales se espera coadyuvar a la eficiencia y transparencia en la ejecución de los escasos recursos públicos. Dentro de este panorama, el desafío para quienes promueven estas novedosas instituciones parece ser el de transformar los rígidos modelos de contratación a los que tradicionalmente se encuentra sujeta la actuación de las entidades públicas.

Propiedad privada y derechos adquiridos en el proceso de formalización y clarificación de la propiedad del Decreto 902 de 2017 a la luz de los principios generales del derecho: la buena fe y la confianza legítima

2018-07-22T16:30:39-05:00

En el contexto de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se establecen algunas medidas en el Decreto 902 de 2017 con el fin de facilitar la implementación de una reforma rural integral. Esas medidas pueden ir en contravía de la protección a la propiedad privada. El autor propone una lectura de la protección de la propiedad privada legítimamente adquirida con base en los principios generales del derecho, la buena fe y la confianza legítima, con el fin de evitar equivocaciones en el momento de aplicar el Decreto 907 de 2017.

El concepto estricto de los derechos sociales fundamentales

2018-07-22T16:30:38-05:00

Este artículo tiene el propósito principal de ofrecer una reconstrucción racional acerca del uso estricto del concepto de los derechos sociales fundamentales. A tal efecto, se defenderá la siguiente hipótesis: los derechos sociales fundamentales en sentido estricto deben ser entendidos como derechos subjetivos que gozan de rango constitucional y cuya estructura está compuesta por: un sujeto titular “a”, que representa a una persona física; un sujeto destinatario “b”, que puede ser tanto el Estado como una persona física o jurídica de derecho privado; y un objeto “A_pf”, que simboliza una acción positiva fáctica.

El amparo de aguas en la jurisprudencia chilena (2013-2015)

2018-07-22T16:30:38-05:00

La presente investigación aborda, desde la práctica reciente, la configuración judicial del derecho de aguas en Chile, especialmente en una materia clave como es el régimen de defensa del derecho de aprovechamiento de las aguas y, con ello, el acceso a la justicia de quienes se sienten afectados. Este trabajo consiste en un estudio empírico relativo a los fallos dictados en acciones judiciales de amparo de aguas, en primera instancia, entre los años 2013-2015, con algunos fallos de los tribunales superiores de justicia. El trabajo reflexiona sobre la interpretación que los tribunales han dado sobre los requisitos de procedencia de esta acción, especialmente para detectar en qué casos resulta acogida y en qué otros se rechaza, detectando diferencias importantes en materia de cuándo considerar que los hechos u obras generadoras del entorpecimiento que se pide terminar son o no recientes. La casuística demuestra que la acción sirve generalmente para problemas que enfrentan los regantes. El estudio comprueba además que la acción se aplica respecto a daños presentes o futuros y, por ende, es una herramienta preventiva de daños.

Planning on law: Fair and just in the division of benefits. The case of genetic resources in the high seas (water column)

2018-07-22T16:30:37-05:00

How to define sharing benefits from Marine Genetic Resources in the High Seas (water column) as equitable and just? Supposedly, the United Nations Convention on the Law of the Sea, international custom and the Convention on Biological Diversity do not rule Marine Genetic Resources in the High Seas as far as sharing benefits is concerned. The basic feature of international law and its sub-disciplines (of environment, investment, conflict resolution), subjects, and objects has to do with its content whatever the validity from international law as such or national law and the content based on sense and limits by interpretation and application (internationally and nationally). Interpreting international legal rules is only possible utilizing the elements established by international law, one is the systematically interpretation considering all and certain legal rules as foundations of the international legal system.

El impacto del diálogo entre derecho sustantivo y derecho procesal

2018-07-22T16:30:36-05:00

La justicia o equidad procedimental sustentan la realidad de unión e interdependencia, mas no la de la dicotomía, entre sustancia y procedimiento. Es por ello que el énfasis en la dignidad individual ante los órganos del Estado es entendido por el juez como un derecho de dignidad del ser humano. Aunque tradicionalmente el procedimiento ha sido entendido como intrínsecamente sustantivo, ahora también debemos apreciar que la sustancia es inherentemente procesal. La construcción del derecho sustantivo implica suposiciones acerca de los procedimientos que se aplicarán cuando, en última instancia, se utilice ese derecho sustantivo. Esos procedimientos se inscriben en el derecho sustantivo, y en caso de inaplicación darán lugar a una infracción del mandato sustantivo. Así entonces, la justificación pública de la participación como estrategia respetuosa de la dignidad humana, con mecanismos que ponderan el discurso, pero también el derecho a la verdad y la ponderación de lo justo (para aceptar la legitimidad de una decisión), imponen procedimientos que establezcan un diálogo sólido entre el derecho sustantivo y el derecho procesal.

La imprescriptibilidad de la acción reparatoria por crímenes de lesa humanidad y la responsabilidad del Estado. Comentarios sobre la jurisprudencia y la legislación argentinas

2018-07-22T16:30:35-05:00

Los procesos de reclamación sobre imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad en el ámbito latinoamericano han implicado en las últimas décadas un avance en la garantía de justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en las últimas dictaduras militares. Pero ese avance en el ámbito penal no ha sido acompañado con medidas judiciales que habiliten reclamaciones civiles a los autores de los graves crímenes, y particularmente al Estado como responsable institucional de los agentes estatales que los cometieron. La imprescriptibilidad de las acciones civiles en el marco del nuevo régimen de responsabilidad de Estado en Argentina plantea nuevos debates sobre su regulación legal, acorde con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.

Análisis de las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de libre competencia

2018-07-22T16:30:35-05:00

La Superintendencia de Industria y Comercio cumple, en temas de competencia, funciones administrativas y jurisdiccionales de las que se ha ocupado, en la mayoría de los casos, la normativa. Sin embargo, existen cuestiones que no tienen respuesta, o respecto de las cuales, si bien esta existe, resulta ambigua. El objetivo de este artículo es analizar el alcance de las funciones administrativas y jurisdiccionales confiadas a la Superintendencia en asuntos de competencia, y con ello revisar, entre otras cuestiones, la naturaleza de sus funciones, su contenido, las autoridades encargadas de cumplirlas, los controles realizados por parte de la jurisdicción (ordinaria o contenciosa) a sus decisiones administrativas y jurisdiccionales. Así como plantear las distinciones entre las personas que administran justicia en la Superintendencia y los jueces habilitados para conocer de dichos procesos.