Revista Derecho del Estado

El constitucionalismo radical ambiental y la diversidad cultural en América Latina. Los derechos de la naturaleza y el buen vivir en Ecuador y Bolivia

2019-01-21T10:48:09-05:00

Las constituciones multiculturales y ambientales de Ecuador y Bolivia se estructuran alrededor de los siguientes tres elementos: los principios de plurinacionalidad e interculturalidad; los derechos de la naturaleza; y el principio del buen vivir. Estos tres elementos se articulan de manera innovadora y se vinculan de forma creativa en estas dos cartas políticas. Ninguna otra constitución moderna ha incluido y conectado este conjunto de principios y derechos; ninguna ha dado tanta importancia a las epistemologías de los comunidades indígenas. Estos derechos y principios constituyen una contribución imaginativa al debate global sobre la diversidad cultural, los derechos humanos y el medio ambiente. Este conjunto de normas, además, cuestionan la economía política dominante del conocimiento legal que a priori considera al Sur Global como un contexto pobre para la creación de productos jurídicos de calidad. Las contribuciones de las constituciones ecuatoriana y boliviana, sin embargo, no son completamente originales, como algunos de sus creadores y promotores han declarado. Estas innovaciones son variaciones que se construyen dentro de la gramática del constitucionalismo moderno; son, por ejemplo, reinterpretaciones de los conceptos de nación, pueblo y cultura. Sin embargo, algunas otras de sus contribuciones, aunque parten de la gramática del constitucionalismo moderno, van más allá de ella, por ejemplo, el principio del buen vivir. Este artículo describe y analiza los tres componentes que hacen de las constituciones de Bolivia y Ecuador constituciones multiculturales y ambientales. En primer lugar, analiza la idea de que las comunidades indígenas deben ser reconocidas como naciones y la idea de que la comunidad política debe construirse mediante la interacción entre sus diversos grupos culturales. Luego, el artículo explora las formas tradicionales de pensar sobre la naturaleza y sus conexiones con el concepto moderno de derechos con las que están comprometidas las comunidades indígenas andinas; más precisamente, explora la idea de que la naturaleza es un sujeto de derechos. Finalmente, el artículo examina la forma en que el principio del buen vivir concibe la relación entre los seres humanos y la naturaleza.

¿Juicio legítimo o golpe de Estado encubierto? El impeachment a la Presidenta de la República Federal de Brasil, Dilma Rousseff

2019-01-21T10:48:08-05:00

La dimisión forzada de Dilma Rousseff ha provocado un seísmo institucional cuya profundidad y consecuencias precisan una evaluación reflexiva. Este hecho –la remoción efectiva de la ya expresidenta– se ha llevado a cabo utilizando el mecanismo de exigencia de responsabilidad característico del sistema presidencialista: el impeachment. El presente artículo evalúa –utilizando un enfoque interdisciplinario de ciencia política y derecho– si eran suficientes los motivos esgrimidos para deponer a la presidenta o si, por el contrario, se está ante un atentado contra el mandato soberano del cuerpo electoral que ha supuesto la remoción ilegal de una presidenta elegida por 54 millones de ciudadanos.

Los contratos administrativos. Una comparación entre México y Canadá (con énfasis en el régimen de Quebec)

2019-01-21T10:48:08-05:00

El objeto de este trabajo es realizar un ejercicio microcomparatista de la institución jurídica de los contratos administrativos, entre el régimen mexicano y el canadiense. Ambos sistemas jurídicos corresponden a tradiciones completamente diferentes. Mientras que la contratación administrativa en Canadá se considera parte de su common law, a pesar de la fuerte influencia del civil law –debida al sistema bijural rector por la Provincia de Quebec–, en el derecho mexicano se sigue la tradición civilista y la doctrina clásica francesa de los contratos administrativos. Sin embargo, en ambos casos existe una fuerte influencia de una tradición diferente. El objetivo del artículo es encontrar las similitudes y las diferencias en lo que en un principio sería una institución de comportamientos completamente distintos y que, sin embargo, persiguen los mismos objetivos y procuran evitar prácticas similares.

The proposed Investment Court System: does it really solve the problems?

2019-01-21T10:48:07-05:00

En los últimos años, el régimen de inversión extranjera ha sido objeto de un creciente número de críticas del público. Las sumas significativas de dinero en juego y el posible impacto de los laudos en los poderes regulatorios del Estado han puesto al actual Sistema de Resolución de Controversias entre Inversores y el Estado bajo la lupa. En respuesta a ello, la Unión Europea ha propuesto una reforma de gran alcance mediante la introducción de un Sistema de Corte de Inversiones (sci). El nuevo sistema constituye un mecanismo innovador de resolución de controversias internacionales destinado a remediar los problemas centrales que acarrea el sistema actual, mediante la combinación de elementos tradicionales del arbitraje con rasgos judiciales.

En este contexto, el presente escrito pretende analizar si el nuevo enfoque de la Unión Europea constituye una mejora efectiva del actual mecanismo de resolución de controversias de inversiones y del futuro del régimen de inversión internacional. Para dicho propósito, el artículo comienza con una descripción general del actual Sistema de Resolución de Controversias entre Inversores y el Estado; seguido de una sinopsis de sus principales críticas; continúa con un resumen de las principales características del Sistema de Corte de Inversiones, así como de su inclusión en la nueva generación de acuerdos internacionales de inversión en negociación por la Unión Europea; y, finalmente, hace una referencia a las principales críticas y posibles obstáculos que afrontará la introducción del nuevo Sistema de Corte de Inversiones.

Libertad de expresión y pluralismo informativo: compatibilidades y tensiones en el contexto de la televisión

2019-01-21T10:48:06-05:00

La manera como se resguarda el pluralismo informativo en los medios de comunicación depende del concepto de libertad sobre el que se construye el derecho a la libertad de expresión. Dos perspectivas –ventiladas en el requerimiento de inconstitucionalidad de normas contenidas en la ley de televisión digital chilena– se enfrentan en este trabajo. La primera es una defensa de la libertad de expresión basada en la autonomía de los cuerpos intermedios y fundada en un concepto negativo de libertad. La segunda es una defensa de la libertad de expresión de corte democrático y fundada en un concepto republicano de libertad. La primera defiende la existencia de una estructura plural de medios que sea el producto del libre juego de los agentes económicos y la ausencia de interferencia estatal en los contenidos producidos. La segunda autoriza formas de regulación estructural y de contenidos en la medida en que ellas habiliten la agencia política de los ciudadanos y reduzcan los mecanismos de dominación del mercado. Del análisis de ambas posiciones el artículo concluye que la segunda garantiza de mejor forma el principio del pluralismo informativo en la televisión.

Los derechos fundamentales de la Constitución Política de 1991 como resultado de un proceso constituyente deliberativo

2019-01-21T10:48:05-05:00

El proceso de construcción de la Constitución Política de 1991 fue una respuesta a complejos fenómenos sociales como el narcotráfico, la persecución política de la izquierda nacional y el uso excesivo del “Estado de sitio”. Esto condujo a que distintos movimientos sociales vieran en la estructuración de un nuevo acuerdo político una forma legítima de establecer un paradigma democrático que garantizara el respeto de los derechos fundamentales y la inclusión de principios democráticos que fundamentaran el Estado constitucional de derecho sobre el reconocimiento y respeto de la dignidad humana a través de una carta de derechos que cumpliría el rol de cláusulas contractuales vinculantes para los actores políticos que participaron en el proceso deliberativo constituyente de 1991. Este documento aborda los presupuestos fácticos que llevaron a la expedición de la Constitución Política de 1991 como un proceso democrático deliberativo, y los fundamentos políticos empleados para justificar su creación, especialmente el concepto de constituyente primario; así como las razones que le brindaron una esencia normativa a la consagración de una carta de derechos en la norma constitucional. Para ello, se expone inicialmente qué entiende la doctrina por proceso deliberativo; subsiguientemente se presentan sucintamente los hechos que antecedieron a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente para la modificación y posterior derogación de la Constitución Política de 1886; finalmente, se expone lo que el constituyente primario de 1991 pretendía con la consagración de un mínimo de derechos fundamentales según la jurisprudencia elaborada por la Corte Constitucional.

Análisis de la presunción de daño moral que beneficia a ciertas víctimas indirectas en la jurisdicción contencioso administrativa colombiana

2019-01-21T10:48:05-05:00

Este artículo estudia la presunción de daño moral a favor de las víctimas indirectas en la jurisdicción contencioso administrativa. En primer término se analizan las diversas teorías en torno a la prueba del daño moral. Posteriormente se dan las razones por las cuales la prueba del daño moral de algunas víctimas indirectas corresponde a una presunción y no a un indicio. El artículo finaliza explicando las razones por las cuales la estructura de presunción conduce a indemnizar daños inciertos, además de resultar discriminatoria frente a modelos de familia no tradicionales.

E-voting en Colombia: avances y desafíos en la implementación

2019-01-21T10:48:04-05:00

En Colombia, una de las tareas pendientes del legislador es la adecuación y modernización de las reglas que gobiernan el proceso electoral en todas sus etapas, y dentro del cual tiene un lugar importante la puesta en marcha del voto electrónico. Las reglas que rigen el sistema electoral en Colombia están determinadas en la Constitución, sus reformas, las leyes y en el código electoral (Dcto. 2241 de 1986). A las reglas dispuestas en el texto original de la Constitución de 1991 se han adicionado principios rectores que deben guiar la organización y funcionamiento de las organizaciones políticas. Todas estas nuevas figuras se han venido aplicando junto con las reglas de un código electoral que no está acorde con las modificaciones constitucionales, entre las que destaca el mandato de la puesta en marcha del voto electrónico. La implementación del voto electrónico en Colombia enfrenta los retos de la modernización del proceso electoral, de la voluntad política de las mayorías parlamentarias, el respaldo económico y financiero del poder ejecutivo, la capacitación de la ciudadanía y la confianza de la misma en el proceso y las autoridades electorales. En el presente trabajo se realiza un análisis del voto electrónico y los retos para su implementación teniendo en cuenta el escenario que suponen las reglas sobre las elecciones y la conformación del poder político en nuestro país.

El Estado accionista: gobierno de las empresas públicas en Colombia y Francia

2019-01-21T10:48:03-05:00

El presente documento plantea un análisis comparativo de las medidas que vienen siendo adoptadas en Francia y en Colombia con el fin de racionalizar el gobierno de las empresas estatales. Pese a la política de privatizaciones que se ha implementado en los dos países desde mediados de los años ochenta, el rol del Estado como accionista de empresas públicas o de empresas de economía mixta tiene todavía un peso económico considerable. Se estudian las políticas sobre el Estado accionista, las instituciones que en ese marco se han adoptado y las influencias que han sido determinantes para su adopción. Se reflexiona sobre la forma en que las políticas adoptadas han pretendido superar la búsqueda de dos objetivos que, en principio, parecen antagónicos: de una parte, que el Estado se comporte como accionista privado que busca la rentabilidad de sus inversiones, y de la otra, que atienda el objetivo de la protección de interés general. Se concluye que la institución demanda un análisis reflexivo en el que se proteja, pero al mismo tiempo se limite, la racionalidad propia de los sistemas jurídico, económico y político.

La participación de un “no competidor” en un cartel: experiencias comparadas de Estados Unidos, la Unión Europea y Colombia

2019-01-21T10:48:03-05:00

El artículo presenta tres perspectivas comparadas en materia de protección de la libre competencia, relacionadas con la interpretación que en Estados Unidos, en la Unión Europea y en Colombia se hace de aquellos casos en los cuales un agente del sector productivo, que no forma parte de un mercado concreto, es a su vez miembro de un cartel organizado para influenciar los parámetros competitivos de dicho mercado. El documento valora todos los enfoques empleados en dichos sistemas enunciados para hacer frente a la mencionada circunstancia, con vistas a aplicar el derecho administrativo sancionador a conductas de corte colusorio.

Una mirada a la vivencia del derecho internacional desde la perspectiva de las sanciones económicas unilaterales

2019-01-21T10:48:02-05:00

Este artículo presenta como hipótesis central de trabajo que en el actuar de los Estados-Nación y en el contexto preciso de la imposición de sanciones económicas unilaterales o multilaterales a la luz de los instrumentos internacionales vigentes, particularmente el International Bill of Rights, cuyos objetivos centrales son cambiar la conducta de un Estado o un gobierno y castigar una conducta estimada como reprochable de ese Estado o ese gobierno, el derecho internacional es eficaz y efectivo relativamente y los mundos del ought (deber-Derecho) y del might (poder-Política), aunque distinguibles y diferenciables en el plano teórico, terminan confundiéndose en el plano práctico o de la praxis. La principal idea subyacente de nuestra hipótesis de trabajo radica en que una aparente inobservancia del derecho internacional público en materia de imposición de sanciones, sobre todo unilaterales, en particular por parte de los Estados Unidos de América, y que tienen una connotación sobre todo económica, significaría una realización relativa del mismo, y que los fenómenos de deber y poder, y correspondientemente de derecho y política, terminan confundiéndose, no pudiéndose por tanto hablar de una inefectividad o ineficacia absolutas de las normas de derecho internacional público. La aproximación metodológica al estado de la cuestión del presente trabajo es hermenéutica, y se examinan por tanto no solo los textos relevantes, sino también la conducta de los Estados, tanto aquellos que imponen las sanciones económicas (sender States) como aquellos contra los cuales se imponen (target States).

Orden de condena de perjuicios en abstracto en la acción de tutela: subreglas en su inaplicación en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

2019-01-21T10:48:01-05:00

El gran alcance de la orden del juez de tutela en Colombia ha permitido en innumerables asuntos, y no solo en el texto de alguna providencia, la materialización de los derechos en la vida de las personas, al otorgarse las más diversas prestaciones, bien se trate de particulares o de quienes ejercen función administrativa. Dentro de esta tipología de órdenes se identifica la orden de condena de perjuicios en abstracto, que, aunque se encuentra consagrada en el decreto estatutario que regula la materia, ha sido poco utilizada por los jueces de tutela y la Corte Constitucional. Tratándose de una tipología de orden de la que se derivan consecuencias económicas para el demandado, y ante una realidad como la colombiana donde existe una sistemática amenaza y vulneración de derechos fundamentales, esta investigación persigue establecer la(s) subregla(s) que se descubre(n) desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que motiva la reducida aplicación de esta orden en sede de tutela. Lo anterior por cuanto, al tratarse de la tutela de los derechos fundamentales, la orden de condena de perjuicios en abstracto amplía su ámbito de protección, al punto de erigirse en la orden más poderosa del juez de tutela.

Índice temático

2018-11-23T11:57:30-05:00