10.18601/01210483.v42n113.07

LOS RETOS DE LA CRIMINOLOGÍA DESDE LAS PROPUESTAS UTÓPICAS DE LAWRENCE W. SHERMAN

THE CHALLENGES OF CRIMINOLOGY FROM THE UTOPIAN PROPOSALS OF LAWRENCE W. SHERMAN

Geormar Vargas-Téllez*

* Máster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por la Universidad Politécnica de Nicaragua. Candidato a doctor en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, becario doctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT-México). Editor general de la revista CJP y asistente editorial de la Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. https://orcid.org/0000-0002-9755-8865. Correo electrónico: geormarvargas@hotmail.com.

Para citar el artículo: Geormar Vargas-Téllez. "Los retos de la criminología desde las propuestas utópicas de Lawrence W. Sherman", Revista Derecho Penal y Criminología, vol. 42, n.° 113, julio-diciembre de 2021, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pp. 199-213. DOI: https://doi.org/10.18601/01210483.v42n113.07.

Fecha de recepción: 18 de marzo de 2021. Fecha de aceptación: 27 de abril de 2022.


Resumen:

La prevención del delito debe tomar diversos enfoques para enfrentar el problema de la criminalidad. El presente estudio abordará la justicia restaurativa, la criminología desde las instituciones de salud y la criminología de la estadística como los tres enfoques -sin ser limitativos- que recomienda Lawrence W. Sherman para prevenir el delito. El estudio es de carácter descriptivo con un enfoque documental, tomando en consideración algunas realidades de Nicaragua.

Palabras clave: criminología; prevención del delito; justicia restaurativa; sistemas de salud; criminología de las estadísticas.


Abstract:

Crime prevention must take various approaches to deal with the problem of crime. This study will address restorative justice, criminology from health institutions, and criminology from statistics as the three approaches -without being limiting- recommended by Lawrence W. Sherman to prevent crime. The study is descriptive in nature with a documentary approach, taking into account some realities of Nicaragua.

Keywords: criminology; crime prevention; restorative justice; health systems; statistics criminology.


INTRODUCCIÓN

La criminología es una ciencia multisectorial y su operatividad aún es un sueño utópico en los países de la región latinoamericana -incluido Nicaragua-. Resulta pertinente analizar las preocupaciones de la criminología en este país, vista desde los objetivos de la puesta en práctica que, a juicio de Sherman, debe plantearse esta ciencia.

Lawrence W. Sherman es reconocido por sus obras experimentales policiales y criminológicas centradas en los campos de prevención del delito, vigilancia policial basada en evidencia, justicia restaurativa, prácticas policiales y criminología experimental; fue codirector de programas experimentales de carácter longitudinal en justicia restaurativa en las cuales involucraron aproximadamente 2500 victimarios y 2000 víctimas del crimen (Institute of Criminology, 2020, crim.cam.ac.uk). Ha desarrollado sus investigaciones y experimentos en agencias policiales estadounidenses, austriacas y británicas, además, dirigió el Centro de Criminología Experimental Jerry Lee en Cambridge y es autor de diversas obras, y su sobresaliente trabajo le ha permitido ser galardonado en los tres continentes.

Sherman ha expresado en su artículo "Criminología y prevención del crimen en el siglo XXI" algunos de los objetivos que debe plantearse la criminología. Los escenarios adversos a los que se enfrenta el criminólogo por ser una profesión poco reconocida en nuestros países y que ha sido en ocasiones malinterpretada, y aun infravalorada (Rodríguez, p. 305), son el punto de partida de Sherman para relacionar los objetivos de la criminología mediante una exposición premonitoria y utópica.

Lawrence W. Sherman (2003, p. 1) centra su estudio en el siglo XXI, donde la criminología se ha incorporado en la cotidianidad de la prevención del delito en las esferas de la justicia restaurativa, la aplicación de la estadística a la prevención, el diseño de tácticas policiales, la prevención basada en la escuela y las aplicaciones de la criminología en la salud. El autor propone un escenario en donde el actuar del criminólogo -utópico por su rol poco sobresaliente- se ha convertido en un importante profesionista que ejerce sus funciones desde diversas esferas de prevención del delito, siendo clave en el desarrollo de una comunidad.

La criminología desde la visión de Sherman está enfocada en enfrentar el fenómeno de la criminalidad en la región. Esta ciencia representa un sistema relevante en el empleo de mecanismos de prevención criminal, por lo que los teóricos exigen -cada vez más- protagonismo de la criminología, de tal forma que desempeñe "un papel activo en los cambios institucionales y reformas legales, en la readaptación social de delincuentes, y actuar en las diversas formas de resolución alternativa de conflictos" (Rodríguez, pp. 306-307).

El protagonismo del criminólogo no presupone la erradicación total del crimen en los países de la región porque tiende a transformarse constantemente. Al respecto, Luis Rodríguez Manzanera (2020, p. 509) razona que la evolución de la delincuencia es constante, pero que también existen actitudes y actividades antisociales desconocidas con antelación, por eso, la criminología debe adaptarse a esos cambios.

Las preocupaciones criminológicas que se deben atender perentoriamente pueden visibilizarse desde algunos de los postulados de Lawrence W. Sherman que se relacionan a continuación.

1. LA JUSTICIA RESTAURATIVA

El primer postulado de Sherman radica en la implementación de la justicia restaurativa para atender -en un inicio- delitos considerados de menos impacto, hasta pensar implementar alternativas restauradoras frente a delitos más severos (Zehr, 2007, p. 6). En este modelo es importante instar a las familias los victimarios a exponer sus sentimientos, brindando a la víctima la oportunidad de exteriorizar el daño sufrido, tener en cuenta sus necesidades, pero también, que el agresor asuma sus responsabilidades por el daño causado (Sherman, 2003, p. 2).

Suele verse a la mediación y a la justicia restaurativa como una sola. Sin embargo, debe dejarse claro que la mediación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, mientras que la justicia restaurativa puede utilizarse como un procedimiento independiente de cualquier mecanismo de solución de conflictos (Gorjón y Sauceda, 2018, p. 558). En tanto, hablar de mediación no presupone la existencia de justicia restaurativa, pero si podemos afirmar la posible existencia de enfoques restaurativos en la mediación.

Esos procedimientos independientes con enfoques restaurativos pueden implementarse mediante programas que requieren iniciativas que permitan la colaboración de gobiernos, comunidades, organizaciones no gubernamentales, víctimas y victimarios (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2008, p. 39).

En tanto, debe verse a la justicia restaurativa como una herramienta que permita cumplir con esa interacción como grupo en la "solución del conflicto, la reparación del daño y la reintegración del tejido social" (Gorjón y Sauceda, 2018, p. 556).

Para la justicia restaurativa el elemento más importante es la voluntad de las partes para resolver un conflicto y alcanzar el perdón en caso de que proceda, todo con vistas a la construcción de la paz social. Esta paz social se puede conseguir con la corresponsabilidad y la participación de los miembros de la comunidad a partir del uso de prácticas restaurativas tomando en cuenta las posturas de las tres erres propuestas por Galtung (Gorjón y Sauceda, 2018, pp. 550-551).

En su obra Tras la Violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación y resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia, Galtung plantea la existencia de tres problemas en torno al conflicto, que solo pueden resolverse convirtiendo los círculos viciosos en círculos virtuosos. Esos problemas son la reconstrucción tras la violencia directa, la reconciliación de las partes en conflicto y la resolución del conflicto subyacente, raíz del conflicto" (Galtung, 1998, p. 17).

La reconstrucción supone ver lo bueno de lo malo. Es encontrar nuevas oportunidades tras la construcción de algo que se ha destruido, en este caso, la paz social como consecuencia de una conducta delictiva (Galtung, 1998, p. 69). Galtung (1998) indica que la reconciliación "es un tema con hondas raíces psicológicas, sociológicas, teológicas, filosóficas y profundamente humanas -y nadie sabe realmente cómo materializarla-" (p. 77), sin embargo, destaca varios enfoques con los que se puede tratar este postulado: enfoque exculpatorio; de reparación-restitución; enfoque de disculpa-perdón; teológico-penitencial, entre otros.

Estos enfoques no son capaces de manejar la compleja situación que se presenta luego de la violencia si se toman individualmente. Para sanar las heridas y reconciliar a las partes consigo mismas, mutuamente y con cualquier otra fuerza superior que pueda existir se requiere una combinación de aquellos enfoques. Finalmente, para la resolución del conflicto se proponen dos enfoques: el democrático, que está sustentado en un diálogo hacia el consenso; y el enfoque no violento, extraparlamentario, que supone, entre otras cosas, un comportamiento que impida los efectos visibles e invisibles del conflicto (Galtung, 1998, pp. 105-107).

Al mismo tiempo, se debe entender que el esfuerzo por promover los enfoques restaurativos debe ser capaz de "generar o regenerar confianza e inclusive lazos sociales y afectivos entre los miembros de la comunidad, transformando las relaciones interpersonales con base en estrategias que generan el diálogo pacífico y participativo" (Gorjón y Sauceda, 2018, p. 550). Así mismo, se debe cumplir con objetivos propios que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito han propuesto en el Manual sobre programas de justicia restaurativa, a saber:

Apoyar a las víctimas, darles una voz, motivarlas a expresar sus necesidades, permitirles participar en el proceso de resolución y ofrecerles ayuda; Reparar las relaciones dañadas por el crimen, en parte llegando a un consenso sobre cómo responder mejor al mismo; Denunciar el comportamiento criminal como inaceptable y reafirmar los valores de la comunidad; Motivar la responsabilidad de todas las partes relacionadas, especialmente de los delincuentes; Identificar resultados restaurativos y directos; Reducir la reincidencia motivando el cambio en los delincuentes particulares y facilitando su reintegración a la comunidad; Identificar los factores que causan el delito e informar a las autoridades responsables para que implementen estrategias de reducción del delito (2008, pp. 9-11).

En América Latina se siguen sumando esfuerzos para enfrentar la violencia desde todas sus esferas, y sin duda, el proceso restaurativo es una herramienta que puede coadyuvar a cumplir esos objetivos. En Nicaragua, a pesar de estar catalogada, hasta el 2017, como uno de los países más seguros de la región centroamericana (Aycart, 2018, efe.com), aún existen temas de seguridad y de reinserción social -por ejemplo- que deben ser abordados con políticas criminológicas de prevención adecuada cuya planeación y ejecución estén a cargo de especialistas (Rodríguez, p. 309). Antes, se debe repensar el papel y la posición del criminólogo ya que son los capacitados -sin que ello implique la sustitución de otros expertos- para asesorar en prevención, atención de víctimas, realizar planes de desarrollo e intervenir en programas de alternativas de prisión (Rodríguez, p. 306).

El enfoque restaurativo en el país es limitado a la justicia especializada de adolescentes, problema que entiende la UNODC al destacar que la mayoría de los estados desarrolla más las medidas para los jóvenes en conflicto con la ley penal, cuando es conocido que "las políticas sobre el uso de procesos restaurativos generalmente incluyen medidas para delincuentes jóvenes y adultos" (UNODC, 2008, p. 53).

En Nicaragua, la Unidad Especializada en Justicia Penal de Adolescentes del Ministerio Público implementaba acciones de prevención con enfoque restaurativo dirigidas a los adolescentes con alto riesgo de cometer delitos. Esa operatividad se centraba en capacitaciones a la Policía Nacional y a estudiantes de colegios públicos y privados y visitas a los centros de atención fiscal de todo el país -hasta 2017-; sin embargo, desde 2018 se suspendieron todas las actividades operativas de la unidad, lo cual significó un retroceso en la prevención del delito y la reincidencia juvenil, más aún cuando la "criminalidad desde siempre ha tenido su mayor expresión en adolescentes y jóvenes. Pues bien, uno de cada cuatro jóvenes latinoamericanos está fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo" (Mejías, 2014, p. 9).

Ese trabajo operativo de la unidad de adolescentes se ajustaba -en mayor o menor medida- a la propuesta de Sherman de "prevención del crimen con base en la escuela" (2003, p. 5). Esa cercanía permitía el contacto directo con los adolescentes para determinar un perfil indicativo de riesgo alto o bajo de que el estudiante acabara teniendo conflictos con la ley penal; a esto se añade que las escuelas están siendo escenarios de violencia habitual.

Al respecto la UNODC manifiesta la importancia de "programas basados en escuelas, que utilizan la mediación u otros procesos restaurativos para lidiar con problemas de comportamiento menor, los cuales pueden llevarse a cabo dentro de la comunidad escolar" (2008, p. 14). Las instituciones han olvidado la importancia de trabajar en la prevención del delito y la solución de los conflictos desde las escuelas, más aún cuando las peleas entre adolescentes, el acoso sexual escolar, el consumo de licor a temprana edad y todas las conductas que se ligan al bullying son escenarios contraproducentes en el desarrollo del adolescente. De ahí que el estudio de este contexto debería ser una prioridad para nuestro sistema, el cual podría realizarse con el apoyo de un equipo interdisciplinario que debe contar -por lo menos- con un criminólogo.

Para ello, debemos trabajar en la transformación de paradigmas que promuevan la visión del derecho penal como un derecho más humano -implica un derecho penal racional en la contención de lo irracional, tal como propone Zaffaroni (2016, p. 110)- y desmontar los enfoques idealistas con los que actualmente se trata. Pero también debemos entender que incorporar al ofensor -a medida de lo posible- y a las partes ofendidas resulta indispensable en cualquier esfuerzo para solucionar las consecuencias del comportamiento delictivo y para brindar la ayuda que estos requieren (UNODC, 2008, p. 6).

La UNODC ha dispuesto algunas características que los expertos deben tomar en cuenta para implementar programas de justicia restaurativa, a saber:

  1. Una respuesta flexible a las circunstancias del delito, el delincuente y la víctima que permite que cada caso sea considerado individualmente;
  2. Una respuesta al crimen que respeta la dignidad y la igualdad de cada una de las personas desarrolla el entendimiento y promueve la armonía social a través de la reparación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades;
  3. Una alternativa viable en muchos casos al sistema de justicia penal formal y a sus efectos estigmáticos sobre los delincuentes;
  4. Un método que puede usarse en conjunto con los procesos y las sanciones de la justicia penal tradicional;
  5. Un método que incorpora la solución de los problemas y está dirigido a las causas subyacentes del conflicto (UNODC, 2008, p. 7).

Así mismo, añade algunas cuestiones que también deben ser consideradas:

  1. Eliminar o reducir las barreras legales para el uso de los programas de justicia restaurativa (incluyendo, cuando sea necesario, establecer la autoridad discrecional los funcionarios judiciales);
  2. Crear incentivos legales para la utilización de programas restaurativos;
  3. Proporcionar guía y estructura para los programas de justicia restaurativa;
  4. Asegurar la protección de los derechos de los delincuentes y víctimas que participan en programas restaurativos;
  5. Establecer principios de guía y mecanismos para supervisar el apego a estos principios (UNODC, 2008, p. 53).

2. LA CRIMINALIDAD DESDE LAS INSTITUCIONES DE SALUD

Son múltiples las circunstancias que permiten la formación de la criminalidad a las que Rodríguez Manzanera divide en factores antropológicos o individuales del crimen (orgánico, constitución psíquica y las características personales del criminal), los factores físicos y los sociales (2020, p. 462). Teniendo como parámetro esos escenarios, la prevención debe buscar el mejoramiento de esas condiciones sociales que predeterminan la vida.

Al mencionar "factores criminógenos" inmediatamente hacemos alusión a los estímulos endógeno, exógeno o mixto que concurre a la formación del fenómeno criminal (Rodríguez, 2020, p. 461). Para los efectos de este estudio, tomaremos en cuenta los estímulos endógenos que se pueden visibilizar desde el estudio de las instituciones de salud.

Hablar de criminología junto con el sistema de salud como una propuesta de prevención supone -para muchos- una preocupación, pues conlleva relacionar nuevamente las propuestas que en su momento Lombroso planteó en torno a la criminalidad nata. Sin embargo, en este apartado nos referiremos a las corrientes biológicas, que si bien es cierto se asemejan a los postulados de Lombroso al hacer una distinción entre el delincuente y el no delincuente estas se hacen desde otros enfoques.

Sherman propone el estudio de la criminalidad desde el departamento de salud mediante el estudio de factores criminológicos endógenos de los niños recién nacidos. El criminólogo médico sería el responsable de la elaboración de los estudios, y a su vez, de los procesos de intervención para cada paciente (Sherman, 2003, p. 7).

Desde este escenario, la biología a través de sus especialidades, como la endocrinología, la genética, la neurofisiología o la bioquímica tienen un papel trascendental para tratar de explicar la conducta delictiva a partir de la localización e identificación en alguna parte del cuerpo humano de un factor patológico, disfunción o trastorno orgánico. En ese sentido, investigadores han dirigido sus trabajos en buscar la criminalidad desde la malformación genética o alteraciones cromosomáticas que permitirían determinar características de peligrosidad o predisposición a los trastornos de conducta (Zavala, Azyadeh y Lisker, 1976), y es que se ha observado que la falta de uno de ellos, o la presencia de un cromosoma suplementario o anómalo se traduce en un desequilibrio orgánico que tiene como consecuencia la distorsión en su desarrollo.

Dentro de este enfoque se han realizado investigaciones de cariotipos humanos que reflejan alteraciones cromosómicas que afectan el aprendizaje, la falta de desarrollo en las capacidades del lenguaje y el cociente intelectual por debajo de la media que influyen en la conducta disociativa. No todas las personas con estas alteraciones cromosómicas cometen delitos, sin embargo, existe una mayor proporción con errores de cariotipos en personas que cometieron delitos comparados con la población general.

Moreno (2017) hace referencia a estudios de cromosopatías como el síndrome de Jacobs o síndrome XYY estableciendo una relación

Con una mayor disposición a la conducta delictiva. Otra cromosomopatía estudiada ha sido el síndrome de Klinefelter o XXY. Este síndrome presenta una íntima relación con el déficit intelectual y está ligado a cuadros psicopatológicos. Si bien el riesgo de comportamiento delictivo es considerado leve, es similar en ambas cromosomopatías (p. 4).

En ese sentido, el Instituto de Karolinska de Estocolmo realizó un estudio en Nature Molecular Psychiatry dirigiendo su análisis en factores genéticos que podrían explicar el 5 y 10% de los crímenes violentos en Finlandia:

Según sus conclusiones, la mayoría de los crímenes violentos son cometidos por una minoría y uno de los factores de su etiología podría tener una explicación en una variante del gen MAOA, relacionado con la circulación de la dopamina y, por otro lado, el gen CDH13, involucrado en la síntesis de una proteína implicada en las conexiones entre neuronas que se relaciona con la falta de control y una mayor impulsividad (Moreno, 2017, p. 4).

Cristiansen explicó cómo los factores genéticos-biológicos se expresan más claramente donde los factores culturales suprimen las posibilidades de comportamiento criminal, pero también Hans Eysenck indica que una baja activación cortical produce un bajo condicionamiento que impide inhibir conductas antisociales (Rodríguez, 2020, p. 313).

Desde la aproximación biológica, Moreno (2017, p. 3) resalta la hipótesis sobre las bases neurológicas y bioquímicas -estas abogan por que el desarrollo del comportamiento delictivo está relacionado directamente con factores bioquímicos y neurológicos- como una de las hipótesis que recolectan la relación entre la conducta antisocial y algunos factores biológicos. Esta hipótesis fundamenta su tesis en estudios de lesiones cerebrales siendo las más "características las del lóbulo frontal (encargado, entre otras funciones de la toma de decisiones, planificación, control de impulsos, inhibición de respuestas, etc.), y relacionándolas con la predisposición a comportamientos antisociales" (Moreno, 2017, p. 4).

Esos daños neuronales pueden presentarse en varios momentos, primero, en la etapa prenatal cuando la madre consume sustancias que afectan al que está por nacer, lo cual supone "menos habilidad detoxificante, ingieren más agua y alimento y consumen más aire en relación con un adulto" (Tellerías y Paris, 2008, p. 58). Concretamente, Ann Streissguth encontró en su estudio que el 6,2% de los adolescentes y adultos que muestran niveles significativos de conducta maladaptativa nacieron bajo las condiciones de ese síndrome (Moreno, 2017, p. 5).

Segundo, en el nacimiento durante el parto como la hipoxia que, según Caramelo, Peña, Castilla, Justo y otros (2006):

La hipoxia puede esquematizarse en tres sistemas: a) de detección o sensor de oxígeno, b) de regulación, mediante el control de la expresión de una amplia serie de genes, y c) efector múltiple, que incluyen no sólo expresión de genes, sino múltiples cambios funcionales, que van desde la estimulación de moléculas vasodilatadoras hasta las variaciones en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno (p. 156).

El uso de medicamentos, enfermedades congénitas maximizan el factor de riesgo cerebral durante la gestación o la vida extrauterina (Araya y Crespo, 2016; Sotomayor, 2017). De igual forma, las evaluaciones neuropsicológicas demuestran que los niños y adolescentes con trastornos de la conducta parecen tener afectado el lóbulo frontal del cerebro, lo cual interfiere con su capacidad para planificar, evitar los riesgos y aprender de sus experiencias negativas (Salazar, Ñustes y Ramírez, 2012). En la etapa posnatal, las alteraciones del lóbulo frontal o el mal cuidado se asocia también con traumatismos; al respecto, Alan Rosembaum indica que "los traumas cerebrales anteceden a cambios de conducta predisponiendo un incremento de la violencia" (Moreno, 2017, p. 5).

Estas medidas de atención temprana no dejan de ser medidas utópicas por diversos factores. El más impactante es la deficiencia del sector salud en el país provocado por la poca inversión, y es que Nicaragua -por ejemplo- se encuentra en el puesto 112 de los 192 países que invierten en sanidad del gasto público per cápita (Datosmacro, expansion.com).

Otros datos reflejan que el programa de promoción de la salud y prevención de enfermedades contempla únicamente el 3,6% del gasto total del sector salud, lo cual representa el 0,7% del PIB de Nicaragua (Expediente público, 2020, expedientepublico. org). Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (2020, who.int) posiciona a Nicaragua como el país con menor inversión per capita en salud en toda la región centroamericana, lo que representa un escenario adverso para el estudio de la criminalidad desde el departamento de salud.

En suma, se deben utilizar todas las herramientas necesarias para tratar de explicar la criminalidad. Estamos en una etapa histórica donde la tecnología puede desempeñar un rol fundamental en la prevención del delito, y los estudios desde los sistemas de salud pueden ser preponderantes en la detección temprana de factores criminógenos.

3. CRIMINOLOGÍA DE LA ESTADÍSTICA

La estadística como una ciencia se puede utilizar bajo dos preceptos. Primero, desde la colección de datos numéricos de forma sistemática y coherente; y segundo, desde el estudio del comportamiento de los fenómenos de masas (Martín, 2009, p. 468). Desde esa perspectiva, Serguéi Stepanovich Sergiev considera a la estadística una "ciencia que estudia los fenómenos que ocurren de forma masiva en sus aspectos cuantitativos y en relación indivisible con los aspectos cualitativos, tratando de identificar la tendencia del fenómeno, a fin de conocer sus leyes generales de comportamiento" (Manrique, p. 9).

Aunque el valor de las estadísticas sea reconocido por una cantidad considerable de estudiosos, es cierto que otro sector infravalora la utilización de esta ciencia. Hoy en día la estadística es una de las ciencias que más se utilizan y que mayor influencia tienen en los campos del conocimiento, y es que "ofrece amplísimas posibilidades de aplicación, y más todavía si se consideran la velocidad con la que se genera el desarrollo tecnológico, los volúmenes de nueva información y el avance vertiginoso de la ciencia" (Barreto-Villanueva, 2012, p. 28).

Las estadísticas para las ciencias jurídicas han sido de gran importancia, específicamente desde la aplicación estadística de la criminología en el campo de la prevención del delito. De ahí que Sherman entienda la importancia antropológica de las estadísticas para la criminología como una necesidad del ser humano por controlar su entorno. Los datos estadísticos no solamente se presentan como una forma de contabilizar los índices de criminalidad, sino también para la formulación de perfiles estadísticos que faciliten las investigaciones y la selección de los posibles sospechosos.

Las estadísticas aplicadas a la criminología pueden facilitar el conocimiento de los rasgos y las variables que pueden influir en la magnitud del delito a partir del análisis cuantitativo que reflejarían, a su vez, la frecuencia con la que suceden determinados acontecimientos (Martín, 2009, p. 470). Luis Delgado resalta el valor de las fuentes estadísticas sobre la delincuencia y justicia penal que en lo local, estatal, nacional regional o internacional permite al criminólogo comprender la gravedad, pero también, hacer derivaciones en diversos escenarios -desde la pareja y la familia, la delincuencia organizada y los disturbios civiles-, permitiéndole conocer

Características de las víctimas para identificar factores de riesgo, así como los espacios y horas con mayores posibilidades de victimización; identificar las causas y mecanismos del fenómeno y cómo los factores endógenos y exógenos interactúan para llevar a una persona a ser víctima o agresor, lo que a su vez le permite desarrollar explicaciones sobre delincuencia y sus tendencias, explicaciones que pueden servir como base racional para la toma de decisiones y para estimar los costos sociales y económicos en caso de no atender el problema desde su origen (2017, wordpress.com).

Sin embargo, el mal uso de las estadísticas puede ser contraproducente para las políticas criminales ya que dependiendo a quien le interese la información y los objetivos que pretendan los datos se presentaran de forma distinta, más aún, para los países de la región donde la criminología no tiene una función en la prevención del delito y como tal, resulta impensable su vinculación con las ciencias estadísticas. En Nicaragua por ejemplo la recolección de datos estadísticos entorno al delito resulta complejo debido a la poca confianza que existe en las instituciones públicas. Nicaragua con 21%, es uno de los países que tienen menos confianza en la Policía Nacional (Latinobarómetro, 2018, p. 50), lo cual a todas luces dificulta la adaptación de las estadísticas a la investigación criminológica.

Existe un problema visible entre la coherencia de los datos brindados por las instituciones públicas con relación a la realidad que enfrentan los estados. Las estadísticas delictivas son construcciones que guardan un contacto muy ligero con la realidad y es que existe una distancia considerable entre los intereses políticos, el número de denuncias presentadas por los ciudadanos y la difusión de la información. De ahí que la información que nos dejan conocer las autoridades no son las que realmente se han recibido, sino las que políticamente les resulten convenientes (Guerrero, 2007, p. 258).

Sobre el razonamiento anterior, Martín (2009) concuerda con la creencia popular de que los estados y los institutos de análisis y de recolección de datos utilizan la estadística según su conveniencia, lo cual consecuentemente supone moldear los datos a partir de los intereses que existan en ese momento, "incluso algunos investigadores afirman no creer en los modelos matemáticos y piensan que los datos pueden ser manipulados hasta conseguir la conclusión que queremos" (p. 465).

Empero, teniendo en consideración esos escenarios adversos y aun cuando las estadísticas sean correctamente aplicadas es posible que los resultados sean interpretados de manera incorrecta, por lo cual es necesario el conocimiento básico de la estadística, más aun cuando se trata de la interpretación de datos que son clave para la elaboración de políticas criminales de prevención de la conducta delictiva.

Los métodos para obtener la información, su interpretación por verdaderos expertos y con una misión más orientada por el deseo de contrarrestar los efectos negativos del delito a partir de políticas de prevención que se alejen de intereses políticos traen como consecuencia fiabilidad en la información sobre el crimen real que existe en una sociedad. Por tanto, el aparato estadístico oficial que sea tardío, falto de rigor y descoordinado es una falta de aprovechamiento en las ciencias estadísticas.

Al respecto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2009) apunta la importancia de la calidad o la idoneidad para el uso de la información estadística que puede definirse en seis dimensiones: "relevancia, precisión, puntualidad, accesibilidad, interpretabilidad y coherencia" (p. 33). Es importante resaltar la idoneidad del instrumento que se utilice para levantar la información y es que los datos se relacionan únicamente al sistema de justicia penal pueden ofrecer una representación incompleta del delito en la sociedad.

Para tales efectos es recomendado el uso de las encuestas a las víctimas, que son una herramienta muy reconocida por los estados y que están dirigidas a conocer el problema del delito de una manera más profunda y por consiguiente para comprender la mejor manera para su abordaje. Las encuestas dirigidas a las víctimas develan una escala importante de delitos que son menos denunciados, así como también datos sobre la naturaleza de esos delitos que resultaría como una fuente complementaria a las estadísticas elaboradas por la institución policial.

La utilización de las entrevistas de victimización ha servido para promover el entendimiento del delito en sus diversas esferas, tal es el caso de la Encuesta Nacional de Victimización de los Estados Unidos (National Crime Victimization Survey), la cual se realiza anualmente desde 1972; desde 1982 se presenta la Encuesta Británica sobre el Crimen (British Crime Survey); por último, la Encuesta Internacional de Victimización (International Crime Victims Survey - ICVS) que se ha llevado a cabo en distintos países desde 1989. Así mismo, resulta un método interesante para conocer el funcionamiento del andamiaje penal, pero también, permite medir el desempeño de las instituciones encargadas de la prevención del delito.

4. MÉTODO

Se utilizó el método de investigación documental, mismo que supone la selección, el almacenamiento y procesamiento de la información. El criterio de selección utilizado se basó en documentos que desarrollen alguno de los argumentos que plantea Sherman y que fueron esbozados en el estudio en cuanto a la prevención del delito. Se utilizaron diversas fuentes que permitieron la construcción documental de lo desarrollado en el estudio, la principal los artículos académicos de revistas indexadas en diversas bases de datos como Dialnet, Redalyc, Amelica, Scielo, Latindex, etc.

Además, se ha elaborado una tabla de recolección de datos compuesta por tres elementos: fuente de información, argumento planteado y comentarios generales del autor. La tabla permitió sintetizar, almacenar, clasificar y procesar la información, pero también permitió el rechazo de fuentes de información que no cumplían con el criterio de selección.

CONSIDERACIONES FINALES

  1. Es necesario que los sistemas penales aprovechen la multidisciplinariedad que caracteriza a la criminología. Se necesita una labor articulada de los funcionarios públicos y los criminólogos que permita la elaboración de planes de prevención, investigación y sanción del delito integral.
  2. Se requiere repensar las estrategias que permitan que la criminología se tome con la debida relevancia, implementando espacios académicos que difundan la temática no solo en el ámbito universitario, sino también en los diferentes espacios de las instituciones públicas para la desmitificación del estigma de la criminalidad, que consiste en desplazar "el discurso de las construcciones sociales del fenómeno de la criminalidad, que son elaboradas generalmente por los políticos, por la ciencia jurídica, los medios de comunicación masiva y, en general, por la opinión pública" (Mejías, 2014, p. 11). No estamos lejos de implementar el trabajo articulado entre las instituciones del Estado, pero antes nos toca trabajar para que la criminología asuma el papel que los expertos desean para el cumplimiento adecuado de su función.
  3. La inclusión de los ciudadanos en las prácticas preventivas del delito mediante la implementación de la justicia restaurativa va dirigida a la atención desde la raíz del conflicto creando vínculos colectivos enfocados en la cultura de paz y dirigiendo a la reparación de los daños causados.
  4. Los planes de prevención deben estar dirigidos a enfrentar la criminalidad desde su génesis, utilizando la mayor cantidad de herramientas disponibles para cumplir tal finalidad, de ahí que los sistemas de salud desempeñen un rol importante en la detección y el tratamiento temprano del futuro delincuente.
  5. La conducta delictiva tiene múltiples manifestaciones que deben ser comprendidas a lo largo del tiempo, de tal forma que su desarrollo vaya de la mano con medidas de prevención contemporáneas. Las estadísticas cumplen un papel importante en el conocimiento de las manifestaciones del delito, pero también es determinante para reconocer esos aspectos que la sociedad reclama regular; por lo tanto, es necesario fomentar el estudio estadístico del delito con instituciones preparadas para tal fin.

REFERENCIAS

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