10.18601/01234366.n35.12

¿Los actos propios en el proceso civil? A propósito del principio de la buena fe procesal y su incorporación en la Ley n.º 20.886 sobre Tramitación Electrónica en el procedimiento civil chileno^*

¿The Own Acts in the Civil Process? On the Principle of Procedural Good Faith and its Incorporation into Law N. 20.886 on Electronic Processing in the Chilean Civil Procedure

Francesco Carreta Muñoz^**

^* Fecha de recepción: 12 de diciembre de 2017. Fecha de aceptación: 14 de mayo de 2018.
^** Doctor en Derecho. Profesor agregado de Derecho Procesal Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. Contacto: francesco.Carretta@pucv.cl.

Para citar el artículo: Carreta Muñoz, F., "¿Los actos propios en el proceso civil? A propósito del principio de la buena fe procesal y su incorporación en la Ley n.º 20.886 sobre Tramitación Electrónica en el procedimiento civil chileno", Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 35, julio-diciembre de 2018, 327-347. DOI: https://doi.org/10.18601/01234366.n35.12.

RESUMEN

El presente trabajo trata los problemas de las antinomias en el derecho procesal en relación con el principio de la buena fe adjetiva. Lo anterior, con ocasión de la reciente incorporación al ordenamiento jurídico procesal chileno de la Ley sobre Tramitación Electrónica que contiene expresamente el instituto y además menciona la posibilidad de contravenir los propios actos dentro de las figuras contrarias al principio.

PALABRAS CLAVE: buena fe procesal, actos propios, tramitación electrónica.

ABSTRACT

This paper deals with the problems of antinomies in procedural law in relation to the principle of adjective good faith. This, on the occasion of the recent incorporation to the Chilean procedural legal system of the Law of Electronic Processing that expressly contains the institute and also mentions within the figures contrary to the principle, to the own acts.

KEYWORDS: Good faith process, own acts, electronic processing.

Sumario. Introducción. I. Antecedentes de la Ley sobre Tramitación Electrónica. II. La teoría de los actos propios en el derecho sustantivo. A. Marco general. B. Antecedentes. C. La doctrina en Hispanoamérica. D. Condiciones para su aplicación. III. Los requisitos sustantivos de la doctrina versus los parámetros del proceso. IV. El cauce incorrecto: la aplicación de la teoría sustantiva al proceso. V. La vertiente adecuada: la generación del deber de coherencia. Conclusiones. Referencias.

INTRODUCCIÓN

Hace diez años dirigí una investigación sobre los límites axiológicos del derecho adjetivo que incluyó el análisis de la aplicación de la teoría de los actos propios en el proceso civil¹. En ese entonces algunos fallos de la Corte Suprema de Chile hablaban de aquella doctrina (en adelante, TAP) como un instituto cuya aplicación podía extenderse desde el campo del derecho sustantivo al procesal a través de la buena fe. Me pareció inadecuado dado que cada una de esas áreas obedece a parámetros diversos. Por las razones que pude determinar, afirmé que aquello no era de ninguna manera posible. Lo concluido no tuvo una mayor trascendencia práctica en ese momento, puesto que ante el estado de la legislación vigente a esa fecha toda la problemática planteada era una cuestión que quedaba en gran medida dentro de un plano teórico.

Hoy, con la reciente incorporación al ordenamiento jurídico chileno de la Ley n.º 20.886 sobre Tramitación Electrónica (en adelante, LTE), la cuestión toma una dimensión concreta. Ello, porque esta comprende expresamente el principio de la buena fe procesal y como una de las conductas contrarias a este, la contradicción adjetiva. Por esto, pretendo retomar lo concluido antaño como base, para redirigirlo hacia los contornos de la nueva ley, cuya redacción no pude divisar en el estudio primigenio. Cabe explicar que en la norma donde se contiene no queda suficientemente claro si se está refiriendo a la denominada teoría de los actos propios, tratada profusamente por la doctrina civil, o a conductas contradictorias en un sentido amplio. En cualquier caso, este estudio servirá para aclarar los márgenes y parámetros propios de la ocurrencia de conductas contradictorias en el proceso. Sigo pensando que es inadecuada la aplicación de la TAP para combatir las discordancias procesales; pero es provechoso que el análisis de los rasgos axiológicos del proceso cobre un nuevo impulso.

La progresión en el desarrollo de este estudio parte de la exposición de las ideas ya señaladas en la investigación primaria. Y prosigue con la descripción de la TAP en el derecho sustantivo, necesaria para evidenciar su inadecuación a los parámetros de la relación procesal. El análisis concluye con una parte constructiva y propositiva que intentará, si ello es posible, reconducir los problemas enunciados al cauce correcto.

I. Antecedentes de la Ley sobre Tramitación Electrónica

La justicia civil en Chile, como en otras partes, requiere un urgente cambio, pues los acostumbrados reclamos sobre su lentitud y exceso de burocracia son actualmente un eco, que dispensa demostración². Desde hace un poco más de diez años comenzó a gestarse la posibilidad de reformar el proceso, primero mediante un anteproyecto³, que luego se transformó en el proyecto de ley que crea un nuevo código procesal civil. Al poco andar, este chocó con la falta de estudio sobre el impacto de la eventual reforma en el Código Orgánico de Tribunales según dispuso el Senado. Así, su tramitación parlamentaria se encuentra suspendida desde el año 2014⁴. Ese mismo año, la Corte Suprema de Chile dicta un auto acordado⁵ que regula la tramitación electrónica de los tribunales con competencia civil⁶. Este es la antesala de la ley en referencia. Busca mitigar la lentitud de la tramitación de los procesos judiciales, mediante la instauración de una plataforma virtual de causas. En diciembre del año siguiente, por fin se promulga la Ley n.º 20.886 que modifica el código de procedimiento civil. Pero este estudio no pretende dar a conocer todos los aspectos de la referida ley, sino que específicamente se centrará en un tema particular⁷, a partir del siguiente artículo:

Artículo 2.º- Principios. La tramitación de las causas regidas por la presente ley se sujetará a los siguientes principios generales:

[…]

d)Principio de buena fe. Las partes, sus apoderados y todos quienes intervengan en el proceso conforme al sistema informático de tramitación deberán actuar de buena fe.

El juez, de oficio o a petición de parte, deberá prevenir, corregir y sancionar, según corresponda, toda acción u omisión que importe un fraude o abuso procesal, contravención de actos propios o cualquiera otra conducta ilícita, dilatoria o de cualquier otro modo contraria a la buena fe.

Llama la atención que, si bien la ley buscó regular una materia tan específica como la introducción de un soporte informático para la tramitación de los pleitos, haya a su vez incorporado una norma tan general como la transcrita. En la LTE se observan once artículos. Estos intentan regular los diversos pormenores del traslado desde una tramitación escrita a una digital. Sin embargo, no se ve en ellos una clara conexión entre los fines y objetivos de la ley, y los fines y objetivos del artículo en referencia. La buena fe procesal abarca todas las formas y los imperativos del proceso; en cambio, la tramitación electrónica es el soporte computacional donde este se vierte. Aquello es un aspecto muy puntual de índole administrativa.

Las luces sobre la reflexión tenida en cuenta para la inserción de la citada norma legal pueden encontrarse en algunas opiniones que fueron expresadas en la tramitación del proyecto de ley por el entonces presidente de la corte Suprema de Chile, en el segundo trámite constitucional realizado en la Cámara de diputados:

… fraude es para toda conducta reñida con el buen hacer, juego limpio, mirarse a la cara y no ocultar nada, no tener doble estándar. Lo contrario es el fraude y abuso. Colusión no era un concepto frecuente, pero habría que entenderlo como una de esas conductas. Asimismo, que la contravención de los actos propios es muy relevante, no contradecir una conducta propia. El aspecto del acto propio es un concepto muy fuerte, nadie puede guardar una incoherencia con su actuar anterior.

Lo señalado es muy acorde con una sentencia dictada en la sala donde el mismo ministro desempeñaba sus funciones antes de ejercer la presidencia. Se cita literalmente lo dicho en ella:

Dicha actitud es contraria a derecho, ya que contraviene el principio jurídico de la doctrina de los actos propios, de acuerdo a la cual nadie puede legítimamente contrariar los actos propios. En efecto, conforme a la señalada doctrina, se impide jurídicamente el que una persona afirme o niegue la existencia de un hecho determinado, en virtud de haber antes ejecutado un acto, hecho una afirmación o formulado una negativa en el sentido precisamente opuesto, pues de acuerdo a este principio, nadie puede contradecir lo dicho o hecho por él mismo, con perjuicio de un tercero.

Los actos propios encuadran el derecho de los litigantes, en forma que no puedan pretender que cuando han reclamado o negado la aplicación de una determinada regla en beneficio propio, puedan aprovechar instrumentalmente la calidad ya negada precedentemente, con perjuicio de los derechos de su contraparte.

Como se verá a continuación, lo dicho en el fallo no es del todo correcto. Es un enunciado general sobre la esencia de la TAP. Pero, aquella generalidad no retrata con rigor todos los parámetros necesarios para que el principio opere en la práctica, como asimismo la TAP. Una mirada muy amplia de la idea de la contradicción aplicada a una relación procesal desconoce implícitamente los límites y la estructura del proceso.

II. La teoría de los actos propios en el derecho sustantivo

A. Marco general

La doctrina de los actos propios se funda en dos aspectos: el principio general de la buena fe, y la confianza que produce en una persona la actuación de otra. Esta permite suponer un curso de acción similar y constante de las acciones que asumen ambas. Debido a lo expuesto, si cualquiera realiza una conducta distinta a un curso natural o esperable que nace del precedente afianzado por el paso del tiempo, la confianza entre ellas merma. Así, queda en entredicho la buena fe del que intempestivamente cambia de parecer. Este, sin un fundamento razonable, ha variado el curso de condiciones iniciales y luego mantenidas en el tiempo.

Ello siempre y cuando se produzca una consecuencia jurídica relevante que reporte alguna desventaja para la otra parte.

B. Antecedentes

La doctrina ubica su génesis en el derecho romano⁸. En un pasaje de Ulpiano⁹ que versa sobre un problema de un padre que, después de la muerte de su hija, que había vivido como emancipada en derecho, luego de fallecer con herederos instituidos en su testamento, trató de promover una controversia como si no la hubiese emancipado. A partir de ese pasaje se elabora en un momento muy posterior, en la Edad Media¹⁰, el aforismo venire contra factum propium non valet¹¹. A partir de ahí, la doctrina se forjó caso a caso¹² para solucionar los problemas de contradicción en el derecho privado. Con posterioridad surge progresivamente la sistematización del instituto a través de la detección de patrones comunes mediante, probablemente, un ejercicio de inducción.

En hispanoamérica encontró un campo fértil de estudio en la doctrina civil¹³ que, a mitad del siglo pasado, define sus márgenes. Es así como se constituye en un instituto bien delimitado que impide el desarrollo de conductas contradictorias contrarias a la buena fe, mediante la concurrencia de tres requisitos: (I) una conducta anterior relevante y eficaz; (II) El ejercicio de una facultad por la misma persona que crea la situación controvertida debido a la contradicción; (III) que ocurra o tenga lugar entre los mismos sujetos.

Lo expuesto hasta aquí es recogido por algunas sentencias dictadas en Chile¹⁴.

Más recientemente, los intentos transnacionales de unificación del derecho privado¹⁵ mediante los Principios Unidroit sobre contratos comerciales internacionales contemplan expresamente la figura: "(parágrafo 1.8 Comportamiento contradictorio. Venire contra factum proprium) Una parte no puede actuar en contradicción a un entendimiento que ella ha suscitado en su contraparte y conforme al cual esta última ha actuado razonablemente en consecuencia y en su desventaja".

C. La doctrina en Hispanoamérica

Hay un punto identificable con claridad en el desarrollo de la TAP en Iberoamérica¹⁶. Se trata de la obra de José Puig Brutau¹⁷, a quien se atribuye el mérito de haber construido en términos unitarios la doctrina¹⁸. Sus epígonos no alteran la construcción elaborada por el jurista español, la complementan. En ella divisa puntos de encuentro entre el estoppel anglosajón y la TAP que enlaza mediante el brocardo que la sustenta, ya mencionado líneas arriba. Sostiene que la figura actúa como un límite al ejercicio de los derechos subjetivos y una garantía para la protección de la confianza en el sistema de derecho civil¹⁹, mediante la cual "a nadie ha de estar permitido ir contra sus propios actos"²⁰.

Una de las agregaciones más notables a la construcción elaborada por Puig Brutau se realiza a través de un estudio de Luis Díez-Picazo, mediante el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo español²¹. Este autor logra hacerla operativa reconduciéndola al principio general de la buena fe. Para ese cometido, se encargó originalmente de elaborar un catálogo de requisitos que la hacen aplicable hoy en día²². Sobre ellos se escribirá a continuación.

D. Condiciones para su aplicación

Si se pretende colocar en la horma de la TAP una determinada situación jurídica, se compondrá de una serie de actos, y no de un acto aislado. Estos deben revelar un rumbo en la determinación de los intereses de una persona. Un modo de proceder²³. Luego, el modus operandi tendrá una entidad que lo haga trascedente para el derecho. No sirven las acciones accidentales, como la mera condescendencia de una parte con otra en la demora de la ejecución de un acto, al que una de ellas está obligada. El acto que antecede, en la sucesión de actos de los que se viene hablando, tiene una significación jurídica tal que representará un índice inicial para sus predecesores²⁴.

También se requiere de una pretensión, que, en palabras de Díez-Picazo, es "aquel acto de ejercicio de un derecho o de una facultad dirigido a obtener de otro un determinado comportamiento o imponerle un determinado resultado"²⁵. Por cierto, la consecuencia que conlleva la TAP se revelará, si es manifestada contradictoriamente. Pero no cualquier contrasentido sirve. El agente debe perseverar con seriedad en su actitud. Un cambio repentino y aislado de actitud no es suficiente.

Tampoco sirve la palpable idea de la contradicción. El sentido común tiende a asimilarla a primera vista, en forma irreflexiva²⁶, al principio lógico de la no contradicción²⁷. La discordancia no en todos los casos puede verse como una actitud artera. Es vital el análisis subjetivo que emane del actuar del agente. El examen debe cotejarse con el principio general de la buena fe y los estándares de actuación que emanan de él.

Finalmente, los sujetos involucrados obedecen a la clásica distinción activo/ pasivo. El primero es el titular de un derecho subjetivo que incurre en la infracción, verificados todos los requisitos. El segundo es el perjudicado con la conducta inicial. En ambos casos puede tratarse de varias personas, unidas por una conexión que permita valorar sus conductas en un mismo rumbo.

III. Los requisitos sustantivos de la doctrina versus los parámetros del proceso

No es concluyente afirmar que la dogmática civil nunca tuvo en mente la conformación actual del proceso -más cercana a lo público que a lo privado-, para elaborar los requisitos de la TAP y hacerla aplicable en su interior. Pero esa presunción al menos resulta indiciaria para dar un punto de partida a las ideas que se expresarán a continuación. Estas se centran en demostrar que en una relación tan estrecha y mecánica como la adjetiva no resulta operativo ninguno de los requisitos sustantivos vistos antes. El punto de encuentro entre ambas solo se ubica en un lugar muy abierto e impreciso: las conductas contradictorias que ocasionan daño deben ser proscritas.

Se esbozó en el acápite anterior que la pretensión idónea no puede desprenderse de un acto aislado, como para deducir que los sujetos han tenido una actitud en uno u otro sentido. Ellos deben estar convencidos de sus actitudes. Esta convicción se sustenta en un rumbo fijo previsible por ellos y por los destinatarios de sus conductas. Si un individuo paga la pensión familiar a la que está obligado después de mucho tiempo, y en ese intertanto se ha relacionado con su acreedor, el alimentario, en varias circunstancias normales donde han asumido obligaciones recíprocas cumplidas por ambas partes, el primero pensará válidamente que el segundo no le cobrará intempestivamente la pensión. Si esto ocurre, este podrá reclamar del primero el abrupto cambio de circunstancias, versus el statu quo generado. Aquello que válidamente le hizo pensar que esa deuda no sería cobrada de sopetón.

En estos casos no se ha producido un contrasentido aislado del acreedor, sino más bien una serie de actos desarrollados en el tiempo. Si fuese una manifestación de voluntad en el momento de hacerse exigible la obligación, no existiría ningún reproche. La voluntad en cierto sentido se deduce de varios actos. Se trata de las cuestiones propias de las relaciones de carácter sustantivo que se mueven en planos multidimensionales²⁸.

Entonces, cabe preguntarse si en el estrecho margen procesal existe el tipo de circunstancias descrito precedentemente. El proceso busca tutelar los intereses transgredidos de los particulares. Esto se vierte en un singular acto. La presentación de una demanda con una causa de pedir y un objeto pedido único. Todas las cuestiones fácticas se encapsulan en la causa, el fundamento de la acción. Luego, aquellas se vierten en el objeto, es decir, en la petición sometida al fallo del tribunal. Posteriormente, las actitudes tanto del demandante como del demandado se encaminarán a probar sus puntos de vista. No será posible en tan constreñido escenario valorar la dirección de un comportamiento de la forma requerida por la TAP. La pretensión en sentido procesal es mucho más concreta y específica, en tanto se define como la potestad del Estado para provocar la actividad jurisdiccional.

La elaboración dogmática de la TAP considera también el establecimiento de una limitante al ejercicio abusivo de los derechos subjetivos²⁹. Ello, porque una facultad perfectamente delimitada por el derecho no puede manifestarse abruptamente, cuando produjo una legítima expectativa de pasividad en la contraparte³⁰. Aquello es contrario a la buena fe. En el proceso civil, tal fenómeno resulta ajeno a la conformación de los imperativos que le son propios. Cargas, deberes y obligaciones se entrelazan para el avance mecánico del iter procesal. Estos vectores ya están previstos en ley. La presentación de la demanda, la producción de prueba, la posibilidad de plantear incidentes para las partes. Entre otros, el deber de dictar sentencia para el juez. No hay posibilidad para ejercer facultades en los términos libres de la relación de fondo.

Por otra parte, la regla adversus factum suum quis venire non potest no puede estimarse de aplicación general. Se somete a una específica figura legal. Díez-Picazo es enfático en esto. La TAP debe quedar adherida a un mecanismo jurídico existente. En el derecho de fondo se plantea como una limitación al ejercicio de un derecho subjetivo³¹.

En la LTE se intentó concretizar mediante el establecimiento de una serie de deberes judiciales consistente en "prevenir, corregir y sancionar cualquier acción u omisión que importe contravención de actos propios"; pero no se señalaron las consecuencias específicas para el desacato. Así, la figura creada carece actualmente de valor práctico. No obstante, suponiendo la asignación de consecuencias, tampoco sería un mecanismo eficiente. Ello, porque en un proceso judicial no hay derechos subjetivos -en sentido sustantivo- que analizar³². Como se dijo antes, existen cargas, deberes y obligaciones.

IV. El cauce incorrecto: la aplicación de la doctrina sustantiva al proceso

A estas alturas del desarrollo del derecho procesal ya no se discute, como antaño, de su subordinación al derecho de fondo. Tampoco se argumenta en torno al sobrevalorado problema de la acción³³ o a la naturaleza jurídica de la relación procesal³⁴. El estudio del proceso se ha constituido como una rama autónoma del derecho público³⁵. Su objeto de estudio -el proceso- es una herramienta que sirve a la solución de los problemas del derecho sustantivo. En tanto instrumento, si bien a primera vista reviste un carácter accesorio, posee márgenes, parámetros y contornos delimitados. Es un ente independiente, cuya observación intrínseca sigue contribuyendo al desarrollo de su estructura.

Álvaro de Oliveira propone un nuevo rumbo en la ya cimentada área de estudio. Plantea la asunción de un formalismo valorativo. Ello significa, en sus palabras que "no se puede concebir que el carácter formal del proceso lo reduce a una ordenación técnica de fases instituidas por el legislador"³⁶. El autor ve en las conductas que se desenvuelven en su interior un sustrato axiológico que debe ser tenido en cuenta. En gran medida porque considera que el proceso, al estar inmerso en una sociedad determinada³⁷, es un "fenómeno cultural"³⁸. En ese entendido las formas por las que se sostiene son en sí mismas un paraguas frente a cualquier acción que pueda constituir una arbitrariedad por parte del juez³⁹. Porque aquellas se predeterminan normativamente y así, tanto este como las partes, saben de antemano las reglas por las que se desenvolverá⁴⁰.

En el esquema que se viene presentando, el juez desempeña un papel más relevante que la mera ejecución de lo señalado en una directriz. Ejerce una operación mucho más compleja que esa simple tarea⁴¹. Para comprenderla se parte de la base de un principio de colaboración⁴² por el que la decisión jurisdiccional solo podrá fundarse en un empowerment de los sujetos procesales. Para ello es necesario un juez activo, en conjunción con los demás participantes del proceso, dentro de un marco de lealtad⁴³.

El derecho civil discurre por márgenes completamente diversos a la estructura del proceso. En este último no hay niveles de relación, sino una breve yuxtaposición. En la armazón abstracta del proceso, la relación sustantiva es el antecedente que sirve como causa de pedir de la acción. La relación sustantiva se desarrolla fuera del proceso. No nace espontáneamente. La condición es que esta no siga su curso normal y esperable⁴⁴. La adjetiva, en cambio, se encamina a aspectos independientes y singulares. La interacción se encamina al desenvolvimiento adecuado de las formas, para que el procedimiento llegue a su destino natural: la sentencia o alguno de sus equivalentes. Independiente de los resultados que la decisión conlleve. En el mismo orden de ideas, Díez-Picazo señala que los casos de aplicación de la teoría identificables como procesales en realidad se refieren a la preclusión⁴⁵. No obstante, hay doctrina⁴⁶ que desconoce esos aspectos. También jurisprudencia⁴⁷ que rompe los límites de la TAP y se vierte sobre cuestiones procesales⁴⁸. Sucede que el brocardo adversus factum suum quis venire non potest contiene un contrafuerte muy alto. Este se utiliza como fundamento suficiente para que la contradicción que un sujeto manifieste en cualquier área del derecho confiera una entidad jurídica suficiente para que sea inmediatamente repelida⁴⁹. Pero ello obedece, lejos de una reflexión, a una pulsión basada en el sentido común. La TAP fue elaborada exclusivamente para el examen y solución de los fenómenos que pueden ocurrir en el derecho de fondo, no para el proceso.

Hay autores que subsumen todas las exigencias de la TAP en la denominada exceptio doli, que, como su nombre lo indica, sirve para impugnar las actitudes contrarias a la buena fe⁵⁰. No hay un análisis que pase por sobre la vinculación al principio general. Se trata de un argumento concreto que se agota en cada caso. No alcanza el grado de abstracción necesario para clarificar las incoherencias procesales. Zeiss⁵¹, un referente en esta materia, formula un par de ejemplos. La infracción a un acuerdo de no utilizar facultades procesales que luego es infringido. Se trata de un compromiso de desistimiento de demanda que luego no se cumple. También se refiere a un pacto de indemandabilidad⁵² que luego se infringe. Si se examinan dichos casos, no se está frente a una cuestión de carácter procesal. En ellos únicamente las partes hacen referencia a un proceso. Es una cuestión civil contractual cuyos remedios son exigir ante la justicia ordinaria el cumplimiento o la resolución del acuerdo, con indemnización de perjuicios.

V. La vertiente adecuada: la generación del deber de coherencia

No debe confundirse el lector pensando que en la relación adjetiva no existen contradicciones. Aquí se ha intentado establecer algo distinto. La TAP no tiene cabida en el proceso; pero es completamente cierta la incoherencia de las conductas humanas ejercidas en el desarrollo del iter procesal. Estas acontecen y deben ser enmendadas. Ocurren, por ejemplo, cuando una parte confiesa su calidad de padre en la contestación de una demanda, pero luego deduce apelación de la sentencia condenatoria porque su contraparte no probó dicha circunstancia.

Para la solución convincente de las contradicciones procesales es necesaria la concurrencia de tres condiciones: la actitud cooperativa de los sujetos de la relación, el marco jurídico adecuado y el procedimiento correcto de adjudicación por parte del juez.

La primera condición se encuadra en el principio de colaboración procesal⁵³, mencionada en el parágrafo anterior. Este consiste en un sistema donde los sujetos participantes de la contienda, a pesar de sus diferencias, buscan un mismo fin: la correcta decisión de la controversia. El accionar de los intervinientes se encamina a aquello, más allá de sus intereses particulares. Objetivo que no obsta a las facultades de dirección del ente rector, en aras de encauzar el debate hacia los puntos atinentes de la contienda. Uno de ellos es la tutela de la buena fe. El punto complejo de este escenario ideal es la manera como el juez entiende formar parte de él. Hoy, puede ocurrir que en la conciencia del sentenciador se erija una figura de sí mismo demasiado preeminente, autoritaria y alejada de las partes. Un paradigma asentado sobre un exagerado entendimiento del juez como un "tercero imparcial"⁵⁴, unida a la comprensión demasiado laxa del principio dispositivo⁵⁵. Fenómeno con raigambre compleja ubicada en la revolución francesa que no es del caso ahondar aquí⁵⁶.

De cualquier manera, se trata de una labor judicial, donde el sentenciador no actuará sin control. Dentro del mismo cuadro colaborativo expuesto, las figuras específicas emanadas del principio general se tallan con el aporte de las partes. Primordialmente, con el uso de sus derechos impugnativos en los diversos niveles previstos por el ordenamiento.

El segundo requisito parte de la base de un sistema donde está reconocido el instituto de la buena fe como principio procesal⁵⁷. En forma implícita, como ocurría en Chile antes de la LTE, o expresamente, como ocurre ahora con su entrada en vigencia. En este último caso, la norma no se cierra a un listado de conductas atentatorias contra el principio. Se trata de una cláusula abierta⁵⁸. Ideal, porque no será posible prever la ocurrencia de todas las acciones inconsecuentes de los participantes del litigio. En este orden de ideas, no hay un deber de buena fe⁵⁹. Como se verá a continuación, existen una serie de deberes específicos emanados del principio.

La tercera parte del esquema propuesto consta de dos fases consecuenciales. La primera comienza con un ejercicio de razonamiento judicial. Este consiste en la identificación de la situación específica y compleja sobre la que el juez es llamado a resolver. Una vez aislada la cuestión de hecho, las circunstancias se cotejan con la cláusula abierta. En ese instante se apreciará a contraluz si estas se plasman o no dentro de aquellas conductas consideradas contrarias a la directriz. El análisis de los aspectos éticos de la cuestión es imprescindible. No resulta posible la concurrencia de un contrasentido procesal, sin algún tipo de intención de perjuicio hacia alguno de los sujetos de la contienda. De esta manera se va desarrollando progresivamente un mayor nivel de abstracción. Aquí cabe preguntarse: ¿dónde se encuentra el sostén axiológico de la conducta, para reconducirla a una acción contraria al actuar de buena fe? Como se anunció, no se encuentra en la consumación de un contrasentido, sin más. Una persona puede manifestar posiciones contrarias en una disputa, y no todas las veces aquello será reprochable. En ese caso, se tratará de una conducta desordenada. El quid del asunto se halla en el desvalor de la mentira localizada detrás de la contradicción⁶⁰. En efecto, en el fenómeno descrito se identifican dos actitudes en una sucesión. La afirmación en un sentido, y la misma en la dirección inversa. Lógicamente, una de ellas debe ser cierta, la otra no. La falsedad predicada por un sujeto no está dentro del catálogo de actitudes laudables en el marco de la convivencia social. A la inversa, lo coherente encuentra fundamento en la verdad⁶¹. Algunas teorías⁶² estiman a la coherencia como un supuesto básico de lo verdadero⁶³. Teniendo presente un concepto abierto y relativo como el precitado. Debido a ello, se trata de una contigüidad al significado de lo "verdadero", de acuerdo con las circunstancias⁶⁴. En este sentido, resulta interesante el vínculo establecido por Rescher. Según su punto de vista, dentro de una análisis epistemológico, en ciertas condiciones ideales, la coherencia es inherente a "la verdad genuina"⁶⁵ de las cosas⁶⁶, dentro de un marco conformado por las circunstancias cotidianas e imperfectas⁶⁷.

En la segunda etapa, el juez plasmará en una decisión/resolución el resultado producido al acoplar los dos componentes provenientes del método descrito en el párrafo anterior. Por una parte, la esencia del imperativo, es decir, la proscripción de la deshonestidad, por la otra, la conducta socialmente deseable⁶⁸. En efecto, las personas deben proceder coherentemente en sus relaciones interpersonales⁶⁹. El contraste y unión entre ambos genera y da nombre al imperativo: el deber de coherencia. Si en los hechos el sujeto obra en contravención a él, la secuela será la indicada por el ordenamiento jurídico. Normalmente la consecuencia se encontrará en la norma jurídica donde se haya tipificado el principio.

Conclusiones

El empeño de incluir la teoría de los actos propios en el proceso civil como un remedio para solucionar los problemas de contradicción procesal resulta a la postre confuso y carente de utilidad. El traslado a la relación adjetiva de los parámetros elaborados por la doctrina en materia de operatividad del derecho sustancial no logra ensamblarlos adecuadamente. En esto la LTE hizo bien en incluir expresamente el principio de la buena fe en el proceso. Esto evita cualquier duda sobre su vigencia en el ordenamiento jurídico chileno. Pero hizo mal en incluir sin mayor reflexión el acto propio.

Sr literal, se haya referido a lo predicado en este estudio. Esto es, que hay problemas de incoherencia procesal y deben ser solucionados. En tal caso, la locución "acto propio" se refiere simplemente a la significación valorativa de la contradicción. Una cuestión meramente terminológica. Si así fuere, entonces queda advertido el operador de no introducirse a la aplicación de la TAP desde los requisitos ya definidos por el derecho sustantivo. Tampoco sirve extenderse desmesuradamente a los difusos márgenes del sentido común. Ojalá este estudio sirva para desincentivar la mera detección intuitiva de los contrasentidos en el proceso.

Si la intención legislativa fue la introducción de la TAP, concebida y delimitada por la doctrina sustantiva, dentro del proceso civil, ello no es posible. Los contornos de la relación procesal son singulares y no resisten generalmente la aplicación de otros institutos específicos. Salvo los creados desde y para su interior. No debe confundirse el hecho, señalado por la doctrina, de la eficacia procesal de la teoría en materia de derecho sustancial. Ello, porque las contradicciones problemáticas de la relación sustantiva, si no son solucionadas por los sujetos intervinientes en ella, se traducirán probablemente en un requerimiento de tutela jurisdiccional. En ese caso, mediante la demanda inicial se pedirá la solución de la controversia. Esta tendrá como causa de pedir precisamente el conflicto suscitado a raíz de la contradicción. Luego, el sentenciador valorará cómo obró la teoría sobre derecho sustancial en la situación preexistente al proceso.

Para vedar conductas contradictorias en el proceso no es y nunca fue necesaria la consagración de la TAP en el proceso civil. Basta un ejercicio de argumentación judicial fundado en la buena fe. Este delimitará adecuadamente lo que este estudio ha descrito como la generación de un deber de coherencia.

NOTAS

¹ Aquella investigación se plasmó en la monografía: Carretta, F., La coherencia en el proceso civil: imperativo conductual y decisional desde la buena fe (casos y jurisprudencia), Santiago, Legal Publishing, 2013.
² Bordalí Salamanca A., "Diversos significados de la tutela cautelar en el proceso civil", en Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, vol. 12, n.º 2, 2001, 51-52.
³ Cfr. Anteproyecto de Código Procesal Civil Chileno, disponible en: http://web.derecho.uchile.cl/cej/rej8/discurso_maturana_anteproyecto_nuevo_CPC%20_7_.pdf [consultado el 16 de septiembre de 2017].
⁴ De acuerdo a información del diario El Mercurio de Chile, disponible en: http://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-y-reportajes/2014/08/12/Senado-suspende-tramitacion-de-nuevo-Codigo-Procesal-Civil.aspx [consultado el 16 de septiembre de 2017].
⁵ Acta n.º 71-2016, auto acordado que regula el funcionamiento de tribunales chilenos que tramitan electrónicamente, disponible en: http://www.intranet.pjud/base_documental/ [consultado el 21 de agosto de 2017].
⁶ Acta 54-2014, de 23 de abril de 2014, Corte Suprema de Chile, disponible en: http://www.intranet.pjud/base_documental/ [consultado el 16 de septiembre de 2017].
⁷ Cfr., in extenso, Larroucau Torres, J., "Adiós a las fojas. Reglas procesales, autos acordados y tramitación electrónica en Chile", en Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 33, 2017, 195-234.
⁸ Scalese, G., Diritto dei trattati e dovere di coerenza nella condotta. 'Nemo potest venire contra factum proprium', Napoli, Editoriale Scientifica, 2000, 87-93; Neme Villarreal, M., La buena fe en el derecho romano, extensión del deber de actuar conforme a buena fe en materia contractual, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, 309 - 324.
⁹ Díez-Picazo, L., La doctrina de los propios actos. Estudio crítico obre la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Barcelona, Bosch, 1960, 22-27.
¹⁰ A partir del método utilizado por los Glosadores. Cfr., sobre el particular, Guzmán Brito, A., "Mos italicus, mos gallicus", en Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, n.º 2, 1978, 11-40.
¹¹ El texto contenido en el Digesto consigna: "Post mortem filliae suae, quae ut materfamilias quasi iure emancipata vixerat, et testamento scriptis heredibus decessit, adversus factum suum, quasi non iure eam nec praesentibus testibus emancipasset, pater movere controversiam prohibetur" (Digesto, libro I, título VII, cit. según Cuerpo del derecho civil romano, instituta digesto, comp. y trad. de I. García del Corral, Barcelona, Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla, 1889, 222).
¹² Astone, F., Venire contra factum proprium, Napoli, Jovene Editore, 2006, 70-78.
¹³ En Hispanoamérica: Puig Brutau, J., Estudios de derecho comparado. La doctrina de los actos propios, Barcelona, Ariel, 1951; Neme Villarreal, La buena fe en el derecho romano, cit.; López Mesa, M. y Rogel Vide, C., La doctrina de los actos propios, doctrina y jurisprudencia, Buenos Aires, Reus, 2005; Mairal, H., La doctrina de los propios actos y la administración pública, Buenos Aires, Depalma, 1988; López Santa María, J., "Los intereses devengados por indemnización contractual de perjuicios. Doctrina de los actos propios o estoppel", Revista de Derecho y Jurisprudencia, n.º 82, 1985; Corral, H. (coord.), Venire contra factum proprium. Escritos sobre la fundamentación, alcance y límites de la doctrina de los actos propios, Santiago de Chile, Universidad de Los Andes, 2010; Ekdahl Escobar, M., La doctrina de los actos propios, Santiago de Chile, Jurídica de Chile, 1989.
¹⁴ "Así, se impide jurídicamente el que una persona afirme o niegue la existencia de un hecho determinado, en virtud de haber antes ejecutado un acto, hecho una afirmación o formulado una negativa en el sentido precisamente opuesto, pues de acuerdo a este principio, nadie puede contradecir lo dicho o hecho por él mismo, con perjuicio de un tercero. De esta manera, los actos propios encuadran el derecho de los litigantes, de forma que no puedan pretender que cuando han reclamado o negado la aplicación de una determinada regla en beneficio propio, puedan aprovechar instrumentalmente la calidad ya negada precedentemente, con perjuicio de los derechos de su contraparte". Corte Suprema de Chile, Rol 3169-2005, 13 de septiembre de 2007, disponible en: http://www.intranet.pjud [consultado el 4 de diciembre de 2017]; "Ahora bien, el hecho de afirmar que la consecuencia o efecto de la conducta contradictoria es su inadmisibilidad, no importa, por cierto, presumir la mala fe del sujeto activo. En efecto, en la aplicación de la teoría de los actos propios el sujeto pasivo no necesita invocar o atribuir mala fe al sujeto activo, sino que le basta con demostrar la contradicción de la pretensión de este último. En otras palabras, esa inadmisibilidad se produce objetivamente, con prescindencia del grado de conciencia que haya tenido el agente al ejecutar la conducta contradictoria. Por otra parte, la buena fe del sujeto pasivo, como es regla, se presume y nace naturalmente de la confianza suscitada por la conducta vinculante y, por ello, el sentenciador no debe prestar atención a la eventual mala fe del sujeto activo, sino a la buena fe del sujeto pasivo". Corte Suprema de Chile, Rol 1334-2007, 10 de noviembre de 2008, disponible en: http://www.intranet.pjud [consultado el 4 de diciembre de 2017]; "Que al respecto resulta útil tener en consideración el principio encarnado en la frase latina 'venire contra factum proprium non valet', que se ha traducido en la 'teoría del acto propio', vinculada con toda claridad a uno de los puntales de nuestro sistema jurídico: el principio de la buena fe, conforme al cual 'Nadie puede ponerse de tal modo en contradicción con sus propios actos y no puede, por tanto, ejercer una conducta incompatible con la asumida anteriormente'" (Borda, A. "La teoría de los actos propios. Un análisis desde la doctrina argentina", Cuadernos de Extensión Jurídica, n.º 18, Universidad de Los Andes, 35 y 36). "En este sentido esta Corte ha señalado que a nadie le es lícito hacer valer un derecho civil o procesal en contradicción con su anterior conducta jurídica (sentencias recaídas en los roles número 4689-05, 2349-05, 127-05, 3437-04, entre otras). El efecto que produce la teoría en mención es, fundamentalmente, que una persona no pueda sostener con posterioridad, por motivos de propia conveniencia, una posición jurídica distinta a la que tuvo durante el otorgamiento y ejecución del acto. Así las cosas, los planteamientos que sustentan la pretensión de la actora resultan improcedentes ya que contrarían lo que ha sido su propio actuar, puesto que con su actual postura desconoce la obligación que asumió en la referida conciliación y la forma en que aceptó contribuir al pago de la misma": Corte Suprema de Chile, Rol 38228-2016, 12 de mayo de 2016, disponible en: http://www.intranet.pjud [consultado el 4 de diciembre de 2017].
¹⁵ Aguirre Andrade, A. y Manasía Fernández, N., "Los Principios Unidroit en las relaciones comerciales internacionales", en Revista de Derecho, Universidad del Norte (Barranquilla), 2006, 47-79; Joachim Bonell, M., "Unidroit Principles of International Commercial Contracts and Draft Common Frame of Reference: A Synoptical Table", en Uniform Law Review, 2009, 437-554.
¹⁶ No obstante lo dicho hasta aquí, la teoría se encuentra previamente desarrollada en Alemania. Cfr. Enneccerus, L., Kipp, T. y Wolff, M., Tratado de derecho civil, 2.ª ed., Barcelona, Bosch, 1947, 495.
¹⁷ Puig Brutau, ob. cit.
¹⁸ Scalese, ob. cit., 87.
¹⁹ Ibíd., 93; Puig Brutau, ob. cit., 102.
²⁰ Ibíd., 97.
²¹ Díez-Picazo, ob. cit., 16.
²² Ibíd., 57.
²³ Ibíd., 194-195.
²⁴ Ibíd., 200.
²⁵ Ibíd., 221.
²⁶ Ibíd., 228-231.
²⁷ Esta afirmación se hace con todas las prevenciones que la lógica, como forma del saber humano, posee. Dentro de ella se entiende comprendido el axioma en referencia. Como ejemplo, entre muchas de las definiciones que se han intentado desde Aristóteles sobre el principio de no contradicción destacan las ideas de Leibniz. Este lo comprende como una noción innata que se compone de dos enunciados fundamentales: 1) una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez, y 2) no puede ocurrir que una proposición no sea ni verdadera ni falsa. Leibniz, G., New Essays on Human Understanding, Cambridge University Press, 1996, 83.
²⁸ Díez-Picazo, ob. cit., 207.
²⁹ Lo aseverado se hace tomando en cuenta las imprecisiones que aún existen en torno a la noción del derecho subjetivo y las dificultades de sistematizar algunos institutos jurídicos. Sobre el particular, cfr. Tarello, G., Sul problema della crisi del diritto, Torino, Giappichelli, 1957.
³⁰ Díez-Picazo, ob. cit., 204-205.
³¹ Ibíd., 186.
³² Sin perjuicio de lo afirmado por Carnelutti, en tanto emparenta el concepto en referencia a la noción de acción. Carnelutti, F., Instituciones del proceso civil, t. I, Buenos Aires, EJEA, 1959, 315.
³³ Cfr., entre otros, Romero Seguel, A., "Algunas consideraciones sobre la acción en el ordenamiento procesal civil español", en Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, n.º 8, 1994, 59-96; Carnelutti, ob. cit., 315. Una consideración histórica sobre la acción se encuentra en Pérez Ragone, A., "'Writ' y 'actio' en el surgimiento y la configuración del proceso civil inglés medieval", en Revista de Estudios Histórico Jurídicos, n.º 29, 2007, 333-356.
³⁴ Se hace referencia a la conocida disputa entre la teoría de la "situación jurídica" de Goldschmidt y la tesis de la "relación jurídica" de Von Bülow. Goldschmidt, J., Principios generales del proceso, teoría general del proceso, 2.ª ed., t. I, Buenos Aires, EJEA, 1961; Von Bülow, O., Excepciones y presupuestos procesales, Buenos Aires, EJEA, 1964.
³⁵ Véase Comoglio, L., Ferri, C. y Taruffo, M., Lezioni sul processo civile, 3.ª ed., t. I, Bologna, Il Mulino, 1995, 17-20; Monroy Gálvez, J., Introducción al proceso civil, Bogotá, Temis, 1996, 189.
³⁶ Álvaro de Oliveira, C., Del formalismo en el proceso civil, propuesta de un formalismo valorativo, Lima, Palestra, 2007; "Poderes del juez y visión cooperativa del proceso", en Revista Peruana de Derecho Procesal, n.º 7, Lima, Palestra, 2005, 17.
³⁷ Schneider, L. y Bonjean, Ch., The Idea of Culture in the Social Sciences, Cambridge University Press, 1973, 1.
³⁸ Álvaro de Oliveira, ob. cit., 19-20; Chase, O., Law, Culture, and Ritual, Disputing Systems in Cross-cultural Context, New York, New York University Press, 2005, 47-48.
³⁹ Tommaseo, F., Appunti di diritto processuale civile. Nozioni introduttive, Torino, Giappichelli, 2000, 29.
⁴⁰ Tommaseo, ob. cit., 30. En este sentido, ideas similares se pueden observar en Wach, A., Conferencias sobre la ordenanza procesal civil alemana, Lima, Ara, 2006, 69.
⁴¹ Fuller, L. y Winston, K., "The forms and limits of adjudication", en Harvard Law Review, n.º 92 1978, 363-372; Coing, H. Fundamentos de filosofía del derecho, Barcelona, Ariel, 1961, 251.
⁴² Marinoni, L. y Mitidiero, D., O projecto do CPC, Sao Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, 87-88.
⁴³ Perelman, Ch., Ética e direito, Sao Paulo, Martins Fontes, 1999, 516.
⁴⁴ Tavormina, V., "Unicità del comportamento, pluralità di doveri ed oggetto del processo", en Rivista di diritto processuale, n.º 1, 2005, 65.
⁴⁵ Díez-Picazo, ob. cit., 180-181.
⁴⁶ Romero Seguel, A., "El principio de la buena fe procesal y su desarrollo en la jurisprudencia, a la luz de la doctrina de los actos propios", en Revista Chilena de Derecho, vol. 30, n.º 1, 2003, 168-172; Pedrosa Nogueira, P., "Preclusao, 'venire contra factum propium' e duracao razoávelm do proceso", en Revista do Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade Federal da Bahia, n.º 16, 2008, 43-62.
⁴⁷ López Mesa y Rogel Vide, ob. cit., 230.
⁴⁸ La aplicación indiscriminada de la figura de los actos propios en cuestiones procesales aparece en un caso en que la Corte Suprema, en casación, rechazó la oposición a la ejecución vía excepción de prescripción, porque esta sería "contradictoria" con la alegación de nulidad del emplazamiento y de todo lo obrado en un proceso. Gandulfo, E., "La aplicación del principio: 'venire contra factum proprium non valet'. Un caso de vulgarismo jurídico", en Revista Chilena de Derecho, n.º 32, 2005, 363-374.
⁴⁹ Mairal, ob. cit.; Sierra Herrero, A., "La teoría de los actos propios en el ámbito laboral", en Corral (coord.), ob. cit., 19-33.
⁵⁰ Zeiss, W., El dolo procesal, Buenos Aires, EJEA, 1979, 97-121; Picó I Junoy, ob. cit., 114-116; Gozaíni, O., La conducta en el proceso, Buenos Aires, Platense, 1988, 181-241.
⁵¹ Zeiss, ob. cit. 98.
⁵² Díez-Picazo, ob. cit., 222.
⁵³ Aguirrezábal Grunstein, M., "Derecho procesal civil", en Revista Chilena de Derecho Privado, n.º 25, 2015, 303-312.
⁵⁴ Cavallone, B., "Un 'frivolo amor proprio'. Precognizione e imparzialità del giudice civile", en Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, t. I, Milano, Giuffrè, 2005, 19; Alcalá-Zamora, N., Estudios de teoría e historia del proceso, t. III, México D.F., EJU, 200146.
⁵⁵ Picó I Junoy, J., "Los principios dispositivo y de aportación de parte: significado actual", en Peyrano, J. (coord.), Principios procesales, t. I, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2011, 161-199.
⁵⁶ Tarello, G., Storia della cultura giuridica moderna, t. II, Bologna, Il Mulino, 1976, 262-298; Marinoni, L., "Aproximación crítica entre las jurisdicciones del civil law y del common law y la necesidad de respeto a los precedentes en Brasil", en Constitución y proceso, Lima, Ara, 2009, 83.
⁵⁷ Sobre la vigencia y características del principio la doctrina se ha referido abundantemente. Cfr., además de los otros trabajos citados en este estudio, Picó I Junoy, J., El principio de la buena fe procesal, Barcelona, Bosch, 2003; Gorigoitía Abott, F., "La buena fe en el proceso civil chileno", en Nomos. Revista de Derecho, n.º 2, 2008; Larroucau Torres, J., "Tres lecturas de la buena fe procesal", en Revista Chilena de Derecho Privado, n.º 21, 2013, 259-305.
⁵⁸ Hunter, I., "No hay buena fe sin interés: la buena fe procesal y los deberes de veracidad, completitud y colaboración", en Revista de Derecho, Universidad Austral de Chile, vol. 21, n.º 2, 2008, 151-182.
⁵⁹ Reimundin, R., Derecho procesal civil, t. I, Buenos Aires, Viracocha, 1958, 128.
⁶⁰ Astone, ob. cit., 50-51.
⁶¹ Wieacker, F., El principio general de la buena fe, Madrid, Civitas, 1982, 61.
⁶² Dworkin, R., Justice for Hedgehogs, Harvard University Press, 2011, 108, 109, 113, 120, 175, 213; Engle, E., "The problems of indeterminacy and autonomy of law", en India Law Journal, n.º 2, 2009, 9-11.
⁶³ Young, J., "The coherence theory of truth", en Stanford Encyclopedia of Philosophy, disponible en: https://plato.stanford.edu/entries/truth-coherence/ [consultado el 7 de diciembre de 2017].
⁶⁴ Russell, B., El conocimiento humano, Barcelona, Orbis, 1983,123-130; Engle, E., Language, Logic and Law: Death of Reason or Death of Reason?, 2009, 3-5, disponible en: http://ssrn.com/abstract=1429305 [consultado el 7 de diciembre de 2017].
⁶⁵ Rescher, R., "Truth as ideal coherence", en The Review of Metaphysics, n.º 38, vol. 4, 1985, 795-806; Shapiro, S., Legality, Harvard University Press, 2011, 399.
⁶⁶ Rescher, ob. cit.
⁶⁷ Ibíd., 799.
⁶⁸ El establecimiento del deber que el juez debe cotejar con la conducta ocurrida puede encontrar fundamento en el pensamiento de Rawls, para quien el cumplimiento de los deberes obedece a un interés social. Rawls, J., A Theory of Justice, Harvard University Press, 1999, 19-24.
⁶⁹ Se trata de una cuestión deontológica.

REFERENCIAS

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Jurisprudencia citada

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Otros documentos

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