El Código Civil de Puerto Rico de 2020 desde la perspectiva del derecho comparado*-**
Puerto Rico's Civil Code 2020 from the Perspective of Comparative Law
David Fabio Esborraz***
*Fecha de recepción: 22 de mayo de 2023. Fecha de aceptación: 25 de agosto de 2023.
**Este artículo presenta el texto definitivo de la conferencia dictada en el marco del "Primer Congreso sobre el Código Civil de Puerto Rico de 2020", celebrado en San Juan de Puerto Rico durante los días 21, 22 y 23 de abril de 2022. El autor agradece a la Lcda. Daisy Calcaño López, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y a la Profa. Migdalia Fraticelli Torres, presidenta de su Comisión de Derecho Civil, por la invitación a participar en el referido Congreso. Este texto forma parte de los resultados de la estancia de investigación desarrollada por el autor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, en calidad de beneficiario del Programa Short Term Mobility/2021 del CNR.
***Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales (ISGI) del Consejo Nacional de Investigación (CNR), Roma, Italia; investigador. Doctor en Derecho de la Universidad de Roma "Tor Vergata", Roma, Italia. Contacto: davidfabio.esborraz@cnr.it Orcid: 0000-0002-0644-8397.
Para citar el artículo: Esborraz, D. F., "El Código Civil de Puerto Rico de 2020 desde la perspectiva del derecho comparado", Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.° 46, enero-junio, 2024, 249-291. DOI: https://doi.org/10.18601/01234366.46.10.
Resumen
El artículo analiza, desde la perspectiva del derecho comparado, cuánto contribuye el nuevo Código Civil de Puerto Rico al desarrollo y consolidación del sistema jurídico romanístico, al reafirmar su pertenencia a la tradición del derecho romano, y cómo se alinea con los postulados de las codificaciones civiles más vanguardistas, al ajustarse en muchas de sus regulaciones a los nuevos paradigmas del derecho privado de inicios del siglo XXI. Todo ello, a pesar de tratarse de un ordenamiento fuertemente asediado por el Common Law.
Palabras clave: Código Civil de Puerto Rico de 2020, tradición romanística, derecho comparado, códigos de tercera generación, nuevos paradigmas del derecho privado, protección de las personas vulnerables, de los diferentes tipos de familia, del medioambiente y de los animales.
Abstract
From the perspective of comparative law, this article analyzes how much the new Code Civil of Puerto Rico contributes to the development and consolidation of the Romanistic legal system, reaffirming its roots in Roman law. Additionally, it evaluates how the Code adapts to the new paradigms of private law in the early 21st century and aligns itself with avant-garde civil codifications in many of its norms. All this, despite being a system strongly besieged by the Common Law.
Keywords: Puerto Rico's Civil Code 2020, roman law tradition, comparative law, third-generation civil codes, new paradigms of private law, protection of vulnerable people, of different types of families, the environment, and animals.
Sumario
Introducción. I. El nuevo Código Civil puertorriqueño como instrumento de desarrollo y consolidación del sistema jurídico romanístico. II. El nuevo Código Civil puertorriqueño como código de tercera generación. Conclusiones. Referencias.
Introducción
La aprobación y entrada en vigor del Código Civil de Puerto Rico de 2020 no solo representa un hito de trascendental importancia para este país caribeño, que de esta manera cumple un sueño1 luego de "décadas de estudio, análisis, investigación, redacción y discusión de un texto [que] responde a las realidades y necesidades de nuestro tiempo y [del] pueblo"2 para el que fue pensado, sino que se erige también en un acontecimiento de particular interés para el derecho comparado, sobre todo si se tiene en cuenta que el ordenamiento jurídico puertorriqueño constituye uno de los clásicos ejemplos de ordenamientos mixtos, en el que se verifica -como en pocos otros- un verdadero choque de dos culturas jurídicas (la de la tradición romanística y la angloamericana)3. Desde esta última perspectiva, me propongo analizar en concreto, aquí, de qué manera este nuevo cuerpo legal contribuye al desarrollo y consolidación del denominado sistema jurídico romanístico4, al reafirmar su pertenencia a la tradición del derecho romano, y, principalmente, cómo se alinea con los postulados de las codificaciones civiles más vanguardistas, al ajustarse en muchas de sus regulaciones a los nuevos paradigmas del derecho privado de inicios del siglo XXI.
Para cumplir con este objetivo procederé a examinar algunas de las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico de 2020 que se presentan como las más novedosas, comparándolas con las del código abrogado y concordándolas, además, con las previstas en situaciones análogas por los códigos civiles más nuevos o actualizados recientemente y por los últimos proyectos de reforma, algunos de los cuales ya han sido calificados -con base en los criterios que se analizarán seguidamente- como códigos de tercera generación. Entre ellos centraré mi atención -por su afinidad con la cultura jurídica puertorriqueña o por su actual importancia a nivel global- en el Código Civil español, en los nuevos códigos civiles de la República Federativa de Brasil de 2002, de la República Argentina de 2014 y de la República Popular China de 2020, y en el nuevo Código de las Familias de Cuba de 2022; así como en los proyectos de reforma integral de los códigos civiles de Bolivia y de España de 2018 y de Colombia de 2020, y en los proyectos de reforma parcial del Código Civil de Perú de 2019 y del nuevo Código Civil puertorriqueño, presentado este en 2021 por la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Siguiendo el referido programa, dividiré el presente trabajo en dos partes. En la primera, me ocuparé del aporte del nuevo Código Civil puertorriqueño al desarrollo del sistema jurídico romanístico (i); en la segunda, me concentraré en el análisis de algunas de las regulaciones que permitirían calificar también a este código como uno de tercera generación (II).
I. El nuevo Código Civil puertorriqueño como instrumento de desarrollo y consolidación del sistema jurídico romanístico
A. La recodificación del derecho civil y la unificación del derecho privado puertorriqueño
La primera impresión que suscita a un observador extranjero la aprobación y entrada en vigor de un nuevo Código Civil para Puerto Rico es la constatación -una vez más5- de que el tan vaticinado ocaso de la codificación (y, por ende, de la centralidad del código civil) en los ordenamientos de la tradición romanística6 parece haber sido definitivamente desmentido por los hechos, y de que la denominada forma código, connatural al sistema del derecho romano, ha sobrevivido a la edad de la descodificación, incluso en un ordenamiento mixto como el puertorriqueño, y ha entrado con fuerza en la de la recodificación, pero adaptándose a los nuevos tiempos, por lo que nada obsta para que algunas materias sigan siendo reguladas por leyes especiales.
Lo importante, en todo caso, es que el código civil recupere su papel central y ordenante dentro del macrosistema del derecho privado, que le permita ofrecer a la referida legislación especial, en apariencia heterogénea y dispersa, un sentido unitario y sistemático, lo que puede tener lugar también a través de una recodificación parcial. Esta última parecería ser la elección llevada a cabo por la Comisión revisora puertorriqueña creada por la Ley 85-1997, tal como se desprende no solo de los criterios orientadores que guiaron el proceso de revisión y reforma7, sino también del propio texto del nuevo Código Civil de Puerto Rico; de manera explícita, al reconocer en forma genérica la existencia de otras leyes respecto de las cuales sus disposiciones se aplican en modo supletorio (art. 27), como implícita, al referir o remitir en muchas de sus regulaciones a la legislación complementaria8.
Asimismo, la centralidad del Código Civil de 2020 se vería reforzada en atención a que la referida recodificación ha conducido además a la unificación -aunque sea en ciernes- del régimen de las obligaciones y de los contratos civiles y comerciales9, en sintonía con lo sucedido en las últimas décadas en otros ordenamientos de la tradición romanística10. Esta unificación se pone de manifiesto: 1) en la denominada mercantilización de algunos tipos contractuales tradicionales, mediante el cambio de su esencia o naturaleza (al eliminarse el requisito de la datio rei para su perfeccionamiento o la presunción de gratuidad, características estas propias del derecho civil, pero incompatibles con las exigencias de la actividad mercantil), con las consecuencias que ello trae aparejadas sobre las reglas que les son aplicables, como ocurre con el paso del préstamo (art. 1324), del depósito (art. 1454) y del comodato (art. 1464) de la categoría de contratos reales a la de meramente consensuales, y el del préstamo (art. 1327), del mandato (art. 1408) y del depósito (1457), de la condición de contratos naturalmente gratuitos a la de onerosos; 2) en la incorporación al texto del nuevo código de toda una serie de tipos contractuales más afines con la actividad empresarial, tales como el suministro (arts. 1297-1304), el corretaje (arts. 1416-1420), la agencia (arts. 1421-1438), la concesión o distribución (arts. 1439-1447), ciertas figuras de transporte (arts. 1390-1400) y el seguro (arts. 1508-1509), lo que supondría la atracción a la órbita del derecho civil -y de sus reglas y principios, estrictamente vinculados con la tradición romanística- de figuras típicas del derecho mercantil -es decir, de aquella rama del derecho privado puertorriqueño que ha recibido una mayor influencia del derecho angloamericano-, con su consiguiente civilización11.
Ahora bien, más allá del modo en el cual la recodificación del derecho privado de Puerto Rico se llevó a cabo, y de sus alcances, lo que interesa destacar aquí es que la decisión por parte de la Asamblea Legislativa de elaborar un nuevo código civil, cuya redacción fue encomendada a un destacado grupo de juristas nacionales -lo que lo convierte, además, en el primero de su género que puede ser considerado auténticamente puertorriqueño-12, ha contribuido no solo a la afirmación de la propia identidad nacional, sino también al desarrollo y consolidación de la tradición romanística, al confirmar de esta manera su pertenencia a ella; en atención a que la referida sinergia entre el legislador y los juristas (iuris scientia) en su elaboración, y el consiguiente primado de la ley-código, cual expresión de la voluntad popular, en desmedro del stare decisis, es una característica constante del sistema jurídico romanístico desde sus orígenes, la que con distintos matices perdura hasta nuestros días en los diferentes ordenamientos que lo conforman13.
B. La reafirmación del origen civilista del Código Civil de 2020
Pero, por si lo dicho en el acápite precedente no fuera suficiente, el propio Código Civil de 2020 se encarga de puntualizar expresamente, a modo de íncipit, su "origen civilista [es decir, romanístico],[ por lo que] se interpretará con atención a las técnicas y a la metodología del derecho civil [o sea, de la tradición romanística], de modo que se salvaguarde su carácter" (art. 1). Esta disposición, con la que se reafirma la pertenencia del nuevo código al sistema jurídico romanístico, y con ello -como se ha visto- la del entero derecho privado puertorriqueño, no tiene igual en el ámbito de los ordenamientos mixtos y proviene del Anteproyecto de Título Preliminar de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación de 1991 (art. 1.6, inc. 1); el que, a su vez, se inspiraba en la labor de revitalización de la tradición romanística llevada a cabo por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en las décadas de 1970 y 1980, tal como se desprende de los Comentarios elaborados por el Comité redactor del citado Anteproyecto presidido por José Trías Monge (quien fuera, además, el presidente del más alto tribunal puertorriqueño en aquellos años14)15.
En dichos Comentarios se destacaba que "lo preceptuado en este artículo es de orden obligatorio o preceptivo y no meramente discrecional", en atención a que, aun cuando se considere que Puerto Rico es un ordenamiento mixto (por regirse algunas de sus partes exclusiva o mayormente por el derecho de tradición romanística y otras por el angloamericano), esto no significa que se trate de un derecho mezclado, pues la coexistencia de esas dos culturas jurídicas no es licencia para entremezclarlas. Es por ello que se precisara, además, que no es función del poder judicial comparar los dos sistemas con la finalidad de escoger la solución que estime más adecuada, como tampoco es tarea suya la de sustituir o alterar la naturaleza de las instituciones reguladas en el Código Civil, sino que esta última posibilidad solo le podría corresponder al poder legislativo16.
Desde el punto de vista del derecho comparado, e, incluso, de la historia del derecho puertorriqueño, la disposición aquí analizada no es baladí ni se da por descontada, sobre todo si se tiene en cuenta que el derecho de Puerto Rico configura un ordenamiento mixto por imposición; es decir, por yuxtaposición de elementos del derecho estadounidense a la original tradición romanística vigente en la isla, como resultado del proceso de transculturación a la que ella fuera sometida luego de la invasión norteamericana de 189817. Es por este motivo que el Comité especial de la Academia, en sus Comentarios al texto del Anteproyecto de Título Preliminar, concluía:
A través de los años, Puerto Rico ha defendido tesoneramente su idioma y su cultura. La defensa de su derecho es igualmente vital. A lo largo de este siglo [XX] ha habido inexcusable descuido en el descargo de este deber. El propósito de este inciso [6 del art. 1 del Anteproyecto = art. 1 del nuevo código] es reconocer tal realidad y reafirmar el compromiso de detener el empobrecimiento y la posible pérdida de la tradición jurídica que anima principalmente a nuestro Código Civil. Lo dispuesto en este inciso no marca en tal sentido un rumbo nuevo. Desde temprano en el siglo [XX], aun en pleno apogeo de corrientes transculturizantes, así como en épocas posteriores, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha venido afirmando lo que se plasma hoy en esta disposición18.
Ahora es el mismo Código Civil el que se encarga diariamente de reiterar esta advertencia a los operadores jurídicos puertorriqueños (magistrados, funcionarios públicos, notarios, abogados, académicos, etc.).
C. El sistema de las fuentes del derecho diagramado por el Código Civil de 2020
Vinculadas íntimamente a la norma recién comentada se encuentran las que diagraman el sistema de fuentes del ordenamiento puertorriqueño (arts. 2-6), inspiradas en el texto del Título Preliminar del Código Civil español luego de la enmienda de 1974 (art. 1). Así, el artículo 2, inciso 1, reconoce el carácter de tal a la Constitución, a la ley, a la costumbre y a los principios generales del derecho, excluyendo de esta enumeración a la jurisprudencia (art. 2, inc. 2), a la que se le otorga la función de complementar el ordenamiento jurídico con la doctrina que establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar las citadas fuentes19, y, también, a la equidad (la que tampoco está contemplada como criterio de aplicación o interpretación de la ley), tal vez para evitar los numerosos interrogantes que planteara su mención en el artículo 7, inciso 2, del código abrogado20, aun cuando ella no deba ser confundida con la equity anglosajona (pues esta -según la interpretación mayoritaria- no rige en Puerto Rico)21.
Ahora bien, entre las fuentes reconocidas se ha establecido una jerarquía, cuyo primado -como sucede en todos los ordenamientos del sistema jurídico romanístico- corresponde a la ley; sea esta la Constitución, en cuanto ley suprema, o la ley escrita que emana del poder legislativo, elegido democráticamente por el pueblo, a la que se equipara "toda norma, reglamento, ordenanza, orden o decreto promulgado por una autoridad competente del Estado en el ejercicio de sus funciones" (art. 3, inc. 1)22. Dicha primacía de la ley resulta tanto del referido reconocimiento de fuente de primer grado en la enumeración contenida en el artículo 2, inciso 1, como de la afirmación de que ella solo queda derogada por otra ley posterior y que contra su observancia no prevalecerá el desuso, la costumbre o la práctica en contrario (art. 10), así como del rechazo de una interpretación solo literal y estricta de su texto (arts. 20, 21 y 23), típica -en cambio- del derecho angloamericano23. La segunda fuente del ordenamiento puertorriqueño, en cuya formación el pueblo tiene una participación espontánea, es la costumbre; la que, sin embargo, "solo rige en ausencia de ley aplicable, si no es contraria a la moral o al orden público y si se prueba su espontaneidad, generalidad y constancia" (art. 4).
Mención aparte merece el tercer tipo de fuente del derecho enunciada por el artículo 2, inciso 1, esto es, los principios generales del derecho, los que actúan de manera subsidiaria respecto de las anteriores, "sin perjuicio [además] de su carácter informador del ordenamiento jurídico" (art. 5). La razón principal para reconocer esta otra fuente del derecho es la necesidad de prever un mecanismo de heterointegración en el caso de existir algún vacío en el ordenamiento jurídico; pues ni la ley, ni la costumbre son capaces de anticipar todas las situaciones conflictivas que pueden presentarse en las relaciones interpersonales y que imponen al tribunal el "deber inexcusable de resolver diligentemente ateniéndose al sistema de fuentes establecido", so pena de incurrir en responsabilidad (art. 6). La diferencia con lo dispuesto por el vigente Civil Code de Luisiana (es decir, con el del otro ordenamiento mixto estadounidense) es evidente, pues en este, "[w]hen no rule for a particular situation can be derived from legislation or custom, the court is bound to proceed according to equity" (art. 4)24; lo que pone de manifiesto en forma inequivocable una neta preferencia del código luisiano por el sistema de fuentes típico de la tradición jurídica anglosajona, que lo colocaría sustancialmente fuera del sistema jurídico romanístico (aunque formalmente se lo siga vinculando a él)25.
Pero el verdadero mérito del nuevo código radica -a mi entender- en haber codificado, además, el valor informador u orientador de los principios generales del derecho en cuanto criterio de interpretación del entero sistema de fuentes, en atención a que se considera que todo el ordenamiento jurídico fluye de ellos (art. 5)26. Algunos de estos principios, de clara estirpe civilista, han sido expresamente codificados en el Capítulo III del Título preliminar, dedicado a "La eficacia de la ley" (siguiendo -también aquí- el modelo español [arts. 6 y 7])27, lo que les reconoce un ámbito de aplicación más amplio de aquel en el que tradicionalmente se los regulara (v.gr., el de los contratos o el de la propiedad), proyectándolos de esta manera a todo el ordenamiento. Tal es el caso del principio de la buena fe, al cual debe ajustarse el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes (art. 15); de la interdicción del fraude a la ley, el que se configura cuando un "acto realizado al amparo de una ley […] persigue un resultado prohibido o contrario al ordenamiento jurídico" (art. 17); y de la proscripción del abuso del derecho o su ejercicio contrario al orden social, el que tiene lugar "cuando se excedan manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, que ocasione daño a tercero, ya sea por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice" (art. 18).
II. El nuevo Código Civil puertorriqueño como código de tercera generación
A. Las tres generaciones de códigos civiles y su proyección en la codificación puertorriqueña
Empleando una metodología similar a la utilizada -primero- en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos28 y -luego- en el del derecho constitucional, se puede hablar también en materia de codificación civil de tres generaciones de códigos, cada una de las cuales implica un cambio de los paradigmas con base en los que se estructura el derecho privado de un cierto ordenamiento (o conjunto de ellos) en un determinado período histórico29. Es por ello que la referida sucesión generacional no se identifica necesariamente con el primero, el segundo y el tercer código civil promulgado en un determinado ordenamiento, pues puede suceder que la enmienda o aprobación de un nuevo código no responda a un verdadero cambio de paradigma. Asimismo, es oportuno puntualizar que cada generación de códigos no desvanece o alcanza el estatus de tal de un día para otro, sino que en ocasiones se superponen en un mismo cuerpo legal y durante largo tiempo dos estilos sucesivos; como tampoco se exige, para que el cambio de ellas tenga lugar, una sustitución o reforma integral de sus textos, ya que a veces basta con una o con sucesivas enmiendas parciales; pudiendo incluso, además, saltarse de la primera a la última generación sin solución de continuidad.
Ahora bien, la primera generación de códigos fue promulgada durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, y siguió en su mayoría el modelo sistemático propuesto por el Código Civil francés de 180430, en el que la propiedad privada desempeñaba un rol absorbente. Estos códigos se ocupaban principalmente de la regulación de los derechos e intereses individuales (el interés general o colectivo se encontraba presente muy excepcionalmente, mediante el reenvío al orden público político y moral); de ahí que hayan sido calificados como la Constitución de la sociedad civil31 (en oposición a la Constitución política)32, aun cuando el régimen de las personas físicas o naturales -consideradas como sujetos abstractos- estaba por lo general apenas esbozado y previsto dentro de un libro dedicado en su mayor parte a la familia; la cual, a su vez, se reducía a la fundada en el matrimonio indisoluble y en la autoridad paterno-marital (lo que condicionaba también el derecho sucesorio, con la consecuente limitación de la libertad de disposición del causante). En el ámbito de las obligaciones, la responsabilidad extracontractual estaba estructurada fundamentalmente con base en la culpa del autor del daño y en la reparación de los perjuicios patrimoniales, lo que determinaba los supuestos y alcances de la obligación de resarcir; mientras que el contrato reposaba casi exclusivamente en la autonomía de la voluntad de las partes -consideradas formalmente libres e iguales-, por lo que quedaban vinculadas entre sí como a la ley misma; de ahí la escasa actuación de los principios generales del derecho en esta materia, y por ende de la posibilidad de intervención de la autoridad judicial para revisar lo acordado por ellas33.
La segunda generación de códigos abarca aquellos promulgados o reformados a lo largo de casi todo el siglo XX con la finalidad de adecuarse, en el ámbito del derecho civil, a las exigencias impuestas por los cambios económico-sociales que caracterizaron al denominado siglo breve; sobre todo a partir de la adopción de la Constitución mexicana de Querétaro de 1917 y de la alemana de Weimar de 1919, con las que se inauguró el denominado constitucionalismo social. Los códigos de esta otra generación se presentan más eclécticos que los de la primera -especialmente los de América Latina-, pues, además de diversificar los modelos legislativos de inspiración (entre los que se destacan ahora, v.gr., el Código Civil suizo de 1907 o el italiano de 1942), han tenido en cuenta también la propia legislación, jurisprudencia y doctrina, lo que les otorga una mayor identidad nacional. Todo ello condujo, en el ámbito del derecho patrimonial, a la introducción de una serie de instituciones (fundadas en el orden público de dirección y de protección) tendientes al reconocimiento de la función social de la propiedad, de la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos y del efecto expansivo de la buena fe; así como a la regulación de algunos supuestos de responsabilidad objetiva, de la revisión del contrato por excesiva onerosidad sobrevenida y de mecanismos de protección de determinada categoría de contratantes débiles (v.gr., los arrendatarios). En materia de familia y sucesiones, los principales cambios se reflejaron en la consagración de una mayor igualdad sustancial entre los cónyuges en sus relaciones personales y patrimoniales y respecto de los hijos; en la posibilidad de obtener la disolución del matrimonio (por culpa de uno de ellos o por mutuo consentimiento); en la equiparación de la descendencia extramatrimonial a la matrimonial, y en el otorgamiento de algunos efectos a las uniones de hecho. Sin embargo, estas reformas a menudo se llevaron a cabo mediante el dictado de leyes especiales complementarias de los códigos civiles, lo que contribuyó al ya referido fenómeno de la descodificación del derecho civil y a la pérdida de la centralidad de ellos en el cuadro de las fuentes del derecho privado (pasando a ocupar su lugar las constituciones políticas34)35.
La tercera generación de códigos comprende principalmente aquellos promulgados o reformados en lo que va del siglo XXI, los que, partiendo de los logros alcanzados por la segunda generación, completan algunos de ellos y agregan además otros que en su mayoría -sobre todo respecto de la codificación latinoamericana- constituyen una actuación de los postulados del denominado neoconstitucionalismo y de los tratados internacionales sobre derechos humanos de alcance global o regional; lo cual conduce a la llamada constitucionalización36 e internacionalización del derecho civil y arroja como resultado una cierta armonización de los textos legislativos más allá de las fronteras nacionales. Esa mayor comunicabilidad de principios entre el derecho público y el derecho privado, vistos ahora como esferas íntimamente conectadas entre sí, impone la necesidad de armonizar los derechos e intereses individuales y los colectivos. Es así que se regulan en modo detallado los derechos de la personalidad, poniendo el acento en la inviolabilidad, dignidad y autonomía del ser humano, y también algunos derechos diferenciados, que se le reconocen en cuanto sujeto considerado en concreto (v.gr., como menor, adulto mayor, discapacitado, consumidor o indígena). Si bien al ser humano se le otorga una posición preeminente dentro del sistema del derecho, ello no excluye una particular preocupación por la protección -además- del medioambiente e -incluso- de los animales, lo que conlleva ciertos cambios en el régimen de los bienes y en el de los derechos reales. La repercusión de los citados derechos fundamentales en el ámbito de la familia se traduce en una mayor libertad en la elección de los modelos familiares y en su organización sobre bases igualitarias y no discriminatorias, pero garantizando al mismo tiempo una mayor solidaridad entre sus miembros (sobre todo a favor de los más vulnerables, v.gr., niños, adolescentes y envejecientes). Esta misma orientación se advierte también en materia de sucesiones, en donde a la mayor libertad reconocida al de cuius para disponer de su patrimonio se agrega la protección especial prevista para determinadas categorías de herederos (como, v.gr., el cónyuge o los descendientes con discapacidades). Asimismo, la protección de los sujetos débiles en el ámbito del derecho de obligaciones (identificados con el deudor, el adherente a un negocio predispuesto o la víctima de un daño a su persona o patrimonio) determina la reconsideración de las nociones de obligación, de contrato y de responsabilidad civil. Por último, es de destacar que -como ya se ha visto- los códigos civiles de esta generación tratan de recuperar su centralidad operando una recodificación del derecho civil (aunque más no sea parcial), la que en muchos casos comprende también la unificación de la legislación civil y comercial37.
Si aplicamos ahora estas categorías a la codificación civil puertorriqueña, podría afirmarse sin hesitación que a la primera generación pertenecerían el Código Civil español de 1889, extendido a Puerto Rico en ese mismo año (en cuanto, entonces, Provincia de Ultramar del Reino de España), así como el texto revisado de 1902 (con ocasión del cambio de soberanía operado luego de la guerra hispano-norteamericana) e, incluso, el de 1930, el que, sin embargo, habría alcanzado en parte el estatus de segunda generación mediante las reformas introducidas en la década de 1970 en materia de derecho de familia38, entre otras. El Código Civil de 2020, en cambio, ha completado decididamente este segundo pasaje generacional, e incluso ha iniciado el tránsito hacia la tercera generación de códigos39, al haber además adherido -como se verá a continuación- a muchos de los nuevos paradigmas que la caracterizan; los que podrían sintetizarse en los siguiente postulados: 1. El primado de la persona natural, 2. La particular preocupación por el medioambiente y los animales, 3. La configuración de una familia más democrática, igualitaria, pluralista y solidaria, y 4. La búsqueda del equilibrio sustancial en las relaciones obligacionales.
B. Los nuevos paradigmas del derecho privado del siglo XXI a los que trata de ajustarse el Código Civil de Puerto Rico de 2020
1. El primado de la persona natural. La protección de su inviolabilidad, dignidad y autonomía en cuanto sujeto concreto
Tal como se expresa claramente en la Exposición de Motivos de la Ley 55-2020 de aprobación del nuevo Código Civil de Puerto Rico, la elección metodológica de haber comenzado el Libro I sobre "Las relaciones jurídicas" con un título dedicado exclusivamente a la persona y mayoritariamente a la natural, "responde a un nuevo enfoque que pone el énfasis en la protección [del ser humano como] centro y justificación del Derecho"40. Esta visión más humanista se ve reflejada, en primer lugar, en la reintroducción -en modo expreso- de la protección jurídica del nasciturus41, al disponerse que "[e]l nacimiento determina la personalidad y la capacidad jurídica; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables..." (art. 69, inc. 1); aunque supeditando luego sus derechos a que "nazca con vida y no se menoscaben en forma alguna los derechos constitucionales de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo" (art. 70, inc. 2)42. Se retoma así, en términos generales, el texto del artículo 29 del Código Civil español -cuya segunda parte había sido cancelada en las revisiones de 1902 y 1930 (art. 24)-; en consonancia, además, con lo dispuesto, con distintos alcances, por los códigos civiles brasileño (art. 2), argentino (art. 19) y chino (art. 16), y por los proyectos de reforma boliviano (art. 4), español (art. 131-1) y colombiano (art. 44).
En esta misma línea, el Código Civil puertorriqueño de 2020 ha incorporado a su texto una regulación sistemática de los denominados "Derechos esenciales de la personalidad" (arts. 74-81), entre los que se mencionan, a mero título ejemplificativo (por tratarse de una materia sometida a permanentes actualizaciones y desarrollos por vía legislativa o jurisprudencial), la dignidad y el honor, la libertad de pensamiento, conciencia o religión y de acción, la intimidad y la inviolabilidad de la morada, la integridad física y moral, y la creación intelectual (art. 74, inc. 2); cuya violación facultaría a la víctima a solicitar los remedios reparadores y las medidas cautelares que procedan para detener la agresión (art. 74, inc. 1)43. Este régimen se completa con: 1) la disposición que prohibe la clonación y las prácticas que obstaculicen la evolución natural del ser humano (art. 75, inc. 1), dejando a salvo las dirigidas a la prevención y al tratamiento de enfermedades genéticas y a evitar la transmisión de enfermedades hereditarias o degenerativas, y la predisposición a ellas (art. 75, inc. 2); 2) las que establecen que el cuerpo humano es inviolable y no puede ser objeto de contratación privada, a excepción de la donación de órganos, células, tejidos, sangre, plasma, gametos, embriones y maternidad subrogada, o cuando la ley disponga algo distinto (arts. 76-79); y, 3) las concernientes a la disposición del cadáver (arts. 80 y 81). Gran parte de esta normativa está inspirada en el Proyecto de Código Civil de la República Argentina de 1998 (arts. 110-113 y 116)44, por lo que coincide con el nuevo Código Civil y Comercial argentino (arts. 51-71), y guarda cierta analogía con la prevista en los códigos civiles brasileño (arts. 11-20) y chino (arts. 109-111 y 989-1039), y en los proyectos de reforma boliviano (arts. 2.1 y 22-36)45, español (arts. 151-1-152-6) y colombiano (arts. 46-60), los que también se adhieren a esta nueva orientación.
La especial atención a la protección de la dignidad y de la libertad (entendida aquí como autonomía) de la persona natural justifica asimismo algunas de las elecciones llevadas a cabo por el Código Civil de Puerto Rico de 2020 en materia de capacidad, entre las que pueden citarse la eliminación de la condición de incapaz de los sordomudos que no puedan entender o comunicarse por ningún medio, así como de las categorías de los locos y los dementes (previstas por el código abrogado en el artículo 168.2); así como el reconocimiento de la validez de los actos jurídicos realizados por el menor que ha cumplido dieciocho años, aunque esté sujeto a la patria potestad o a la tutela, si está en condiciones de comprender la naturaleza y consecuencia jurídica de ellos (art. 107)46, al igual que de los que lleva a cabo una persona absolutamente incapaz, incluso luego de su declaración de incapacitación, si actúa en estado lúcido (art. 103)47. Sin embargo, desafortunadamente, dado el particular estatus político de Puerto Rico -que deposita en manos del gobierno federal de Estados Unidos la suscripción y ratificación de los tratados internacionales-, el nuevo Código Civil puertorriqueño no ha actuado las convenciones de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 1989 y de las personas con discapacidad de 2006, que recomiendan -respectivamente- la adquisición de la mayoridad a los dieciocho años y el reconocimiento de una capacidad progresiva para los menores, así como la sustitución -como regla- de la incapacitación de quien presente una discapacidad por la restricción de la capacidad solo cuando ello sea necesario para su protección, así como de la representación legal por la implementación de un sistema de apoyos para quien los precise.
En efecto, salvo las pocas innovaciones recién indicadas, el nuevo Código Civil puertorriqueño mantuvo, con relación a los menores, los veintiún años como límite para alcanzar la mayoridad (art. 97)48, considerando, sin distinción, a todos los que no sean emancipados como parcialmente incapaces; categoría a la que pertenecen también la persona que presenta una discapacidad mental moderada y tiene una vida útil e independiente, la que padece una discapacidad física que le impide comunicarse efectivamente por ningún medio y que requiere asistencia para hacerse entender, el pródigo y el habitualmente ebrio o toxicómano (art. 104). Además, se califican como absolutamente incapaces la persona que tiene disminuidas o afectadas en modo permanente y significativo sus destrezas cognoscitivas o emocionales y la que padece de una condición física o mental que le imposibilita cuidar de sus propios asuntos e intereses (art. 102), y se exige siempre -cualquiera sea la clase de incapacitación- el nombramiento de un tutor para que asista al incapaz en los actos ordinarios de la vida civil y lo represente legalmente en las relaciones jurídicas en las que sea parte (art. 101). Más afines a los dictados del derecho internacional se presentan en cambio -en mayor o menor medida- las regulaciones que de esta materia hacen los códigos civiles argentino (arts. 22-50, 639.b y 684), brasileño (arts. 3-4, 1548.I, 1767 y 1783-A, luego de la reforma de 2015), chino (arts. 17-39, ya desde 2017, año de la entrada en vigor de la Parte General), peruano (arts. 42-45-B, luego de la reforma de 2018 y en sintonía con la propuesta de 2019, arts. 43-45) y español (arts. 249-300, luego de la reforma de 2021 y en analogía con la propuesta de 2018, arts. 161-1-182-10); mientras que han optado por osar menos los proyectos de reforma boliviano (arts. 6-10) y colombiano (arts. 97-100, disposiciones estas que, sin embargo, deben ser integradas con lo dispuesto por el Código de la Infancia y Adolescencia de 2006 y por la Ley 1996 de 2019, mediante la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad)49.
Por último, cabe destacar que el nuevo Código Civil puertorriqueño, tratando de superar la visión de los códigos del siglo XIX y de la mayor parte del siglo XX, se ha preocupado además por proteger a la persona natural en cuanto sujeto concreto o situado (es decir, en consideración de sus múltiples despliegues vitales), desarrollando así una serie de normativas a favor de ciertas categorías consideradas vulnerables; normativas entre las que merecen una particular atención las aplicables a los adultos mayores, dado que hoy constituyen una parte importante de la población y la tendencia es que su número vaya aumentando. Tal es lo que sucede, v.gr., con la disposición que introduce la tutela voluntaria diferida (arts. 130 y 131), la encaminada a garantizarles el sustento y la integridad física y emocional en caso de divorcio de los familiares que se hacen cargo de ellos (art. 448.b y c), la que establece que si el alimentante tiene sesenta y dos años o más podría ser liberado de la obligación alimentaria que está llamado a prestar (art. 658 inc. 2), la que autoriza a demandar la anulación o la revisión del contrato oneroso si una de las partes aprovecha dolosamente de la avanzada edad de la otra y, como consecuencia de ello, obtiene una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación (art. 1258), e, incluso, la que reconoce al cónyuge supérstite la atribución preferente de la vivienda familiar (art. 1625)50. Este sector demográfico de la sociedad ha merecido también la atención, en circunstancias análogas, de los códigos civiles argentino (arts. 60, 61, 332 y 1107), chino (art. 33) y español (arts. 256-262 y 271-274, luego de la reforma de 2021 y en analogía con la propuesta en 2018, arts. 174-2 y 178-1-178-4), el Código de las Familias cubano (art. 426), y el Proyecto colombiano (arts. 1788, 1841 incs. 2 y 3, 1842.1 y 1955)51.
2. La particular preocupación por el medioambiente y los animales. La armonización entre los derechos individuales y los derechos colectivos y el bienestar animal
El primado de la protección de la persona natural en la sistemática del nuevo Código Civil puertorriqueño no significa, sin embargo, que este no haya tratado de superar la perspectiva exclusivamente antropocéntrica desde la que se contemplaban las relaciones jurídicas por las precedentes generaciones de códigos civiles; ello, al haber introducido algunas disposiciones que regulan, no solo los vínculos entre particulares, sino también entre estos y la naturaleza. Tal es el caso de la normativa referida al medioambiente y al nuevo régimen de los animales, la que exige una armonización entre los derechos individuales y los derechos colectivos y el bienestar animal, con la consiguiente repercusión en la regulación de los bienes y de los derechos reales.
Así, con relación a la protección del medioambiente, el Código Civil de 2020 -además de haber conservado la categoría de las cosas comunes (art. 241)52- amplía la de los bienes públicos al calificar como tales, no solo a los bienes de uso y dominio público (es decir, "aquellos bienes privados, pertenecientes al Estado o a sus subdivisiones o a particulares, que han sido afectados para destinarlos a un uso o servicio público" [art. 238]), sino también a los que reciben el nombre de patrimonio del Pueblo de Puerto Rico ("por su particular interés o valor ecológico, histórico, cultural, artístico, monumental, arqueológico, etnográfico, documental o bibliográfico" [art. 239])53. La finalidad de la demanialización de estos bienes colectivos (entre los cuales se encuentra el medioambiente) no puede ser otra más que la de establecer un límite al ejercicio de los derechos individuales con miras a su preservación e, incluso, a favor de las generaciones futuras (de ahí que se establezca que ellos "están fuera del tráfico jurídico y que se regirán por la legislación especial correspondiente").
Lamentablemente, en la versión final del nuevo Código Civil puertorriqueño no fue conservada una norma que guardaba sintonía con la del referido artículo 239 y que definía la propiedad como "el conjunto de facultades más completo que el ordenamiento jurídico permite a una persona sobre un determinado bien", pero aclarando además que al mismo tiempo ella "comprende derechos y deberes, cuyo ejercicio debe ser compatible con el interés colectivo y en armonía con el medio ambiente" (Lib. III, art. 46)54. Una disposición análoga, en la que se reconoce expresa o implícitamente lo que se ha dado en llamar la función ambiental de la propiedad, prevé el Código Civil brasileño (art. 1228.1), el que había sido ya precedido en esta materia por el cubano de 1987 (art. 131.1), y la proponen también ahora los proyectos de reforma boliviano (art. 2.4) y colombiano (art. 268). El Código Civil y Comercial argentino ha optado por generalizar esta limitación, al extenderla a todos los derechos (art. 240) y al regularla también en el Título Preliminar, disponiendo que es abusivo el ejercicio de un derecho individual cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general (art. 14, inc. 2); disposición reproducida por el Proyecto boliviano (pero colocada entre las normas generales de un libro final dedicado a la defensa de los derechos [art. 1437. II]) y coincidente, además, con lo que la doctrina china denomina "principio verde", contenido entre las disposiciones generales del Código Civil chino (art. 9)55, y, en cierta medida, con lo propuesto por el Proyecto colombiano en materia de límites al ejercicio de los derechos subjetivos en su Parte general (art. 38)56.
La protección del medioambiente constituye también la ratio última de la regulación, por parte del Código Civil de Puerto Rico de 2020, de la denominada servidumbre energética (de energía solar y eólica), que permite al titular del derecho de propiedad o de otros derechos reales posesorios sobre una finca (fundo dominante) servirse de la energía solar o eólica que de ordinario llega a ella, imponiendo a sus vecinos (fundos sirvientes) la obligación de abstenerse de crear sombra u obstruir el viento mediante la siembra de árboles o plantas (art. 963)57. Se trata de una disposición bastante original en el ámbito de la codificación civil, pero compatible con sus actuales desarrollos, en la cual se regula un supuesto concreto de las llamadas servidumbres ambientales o ecológicas58, el cual se encuentra en sintonía con la actual política pública puertorriqueña tendiente a maximizar los recursos dedicados a atender uno de los problemas más agobiantes y adversos al desarrollo socioeconómico del país (esto es, los onerosos costos energéticos que los ciudadanos deben asumir)59, fomentando así el empleo de fuentes de energía renovables que abundan en el archipiélago puertorriqueño y que son accesibles a todos (como el sol y el viento)60. En el ámbito del derecho comparado, v.gr., el Código Civil y Comercial argentino ha favorecido el desarrollo de las servidumbres recreativas (art. 2162 in fine, en realidad ya permitidas por el Código Civil de 1869 [art. 3000], pero no a nivel definitorio), cuya finalidad es la de respetar el tránsito de personas para acceder desde los fundos sirvientes a montañas, ríos, lagos u otros lugares de interés turístico o deportivos (para practicar senderismo, montañismo, ciclismo, kayakismo, parapentismo, etc.), la cual también podría ser colocada entre las nuevas figuras que permitirían disfrutar del medioambiente en forma sostenible61.
Empero, una de las innovaciones más significativas del Código Civil puertorriqueño de 2020 está representada por el reconocimiento de una ulterior limitación al ejercicio de los derechos individuales, motivada esta vez en el bienestar animal, mediante la descosificación de los animales domésticos y domesticados; lo que se tradujo en la introducción en la secuencia temática del Libro I sobre "Las relaciones jurídicas", de un específico Título II a ellos dedicado (arts. 232-235), colocado entre otros dos que se ocupan de "La persona" (Título I) y de "Los bienes" (Título III). De esta manera se creó un tertium genus autónomo y sui generis (el de los animales domésticos y domesticados), que se distingue -incluso desde un punto de vista sistemático- de la persona (natural y jurídica) y de las cosas, pero que tiene la misma jerarquía que estas dos categorías en la arquitectura del código (lo que podría abrir las puertas a la elaboración de nuevas categorías jurídicas sui generis referidas a los embriones, la inteligencia artificial, etc.). En efecto, la recalificación de los animales domésticos y domesticados, no ya como cosas (art. 236), sino como "seres sensibles" (art. 232, incs. 1 y 4), evita que ellos puedan estar sujetos a embargo (arts. 232, inc. 4, y 1157.f) o apropiación sin más por un tercero, en caso de abandono o extravío (art. 234); y, al mismo tiempo, impone la obligación de tratarlos conforme a su naturaleza y de que su guarda, custodia o tenencia física (así como todas las decisiones que les conciernen) estén dirigidas a garantizar su bienestar y seguridad (art. 233). Con ello se pretende que estos seres tengan derecho a un trato digno y justo, y que les sean preservados su vida, su alimentación, y los cuidados veterinarios y de salud62. Constituye esta una regulación que sitúa a Puerto Rico a la vanguardia de las legislaciones protectoras de los animales, que no tiene por ahora igual en América Latina, y cuya importancia solo puede ser parangonada -en el ámbito del derecho comparado- a la reforma introducida en 2017 al Código Civil portugués (arts. 201-B, 201-C y 201-D, 493-A, 1302.1-2, 1305, 1305-A, 1318 y 1323.1-7) y en 2021 al Código Civil español (arts. 333, 333bis, 334, 346, inc. 2, 348, 355, inc. 1, 357, 404, incs. 2 y 3, 430-432, 437, 438, 460, 465, 499, 610, 611, 612, 914bis, 1346.1, 1484.2, 1492, 1493 y 1864), a la Ley Hipotecaria (art. 111.1) y a la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 605.1, 771.2, inc. 2, y 774.4)63.
3. La configuración de una familia más democrática, igualitaria, pluralista y solidaria. La compatibilización entre los derechos individuales y los intereses del grupo familiar, incluso en el ámbito sucesoral
La exigencia de compatibilizar -además- los derechos individuales y los intereses del grupo familiar ha determinado muchas de las elecciones llevadas a cabo por el nuevo Código Civil puertorriqueño en materia de derecho de familia. En efecto, como ya sucediera con las reformas introducidas en esta materia al Código Civil abrogado en la década del setenta del siglo pasado en cuanto a la paridad entre los cónyuges, el de 2020 ha tratado igualmente de dar respuestas a las necesidades reales de la sociedad puertorriqueña de comienzos del siglo XXI. Para cumplir con este objetivo, la nueva normativa se hizo eco no solo de la jurisprudencia más reciente establecida por la Corte Suprema de Estados Unidos (que ha admitido el matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo)64 y de las últimas medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (sobre los derechos de abuelos y tíos, el matrimonio y el divorcio ante notario, la adopción y las capitulaciones matrimoniales)65, sino también de lo dispuesto por las diferentes declaraciones y convenciones universales (sobre los derechos del hombre de 1948, de la mujer de 1979 y de los niños y niñas de 1989) y de las soluciones propuestas en otros ordenamientos de la tradición romanística (en especial en el español, cuya legislación [común y autonómica] y doctrina se presentan como particularmente innovadoras y dotadas de valor ejemplar en lo concerniente a la regulación de las relaciones familiares)66.
Esto condujo a una reconceptualización de las instituciones cardinales del derecho familiar, cuyo resultado es la configuración de una familia más democrática, igualitaria, pluralista y solidaria, fundada -sobre todo- en el respeto de la dignidad, la autonomía, la igualdad y la no discriminación de sus integrantes, en la que la elección del modelo familiar (respecto del tipo de unión y de filiación) se traslada del legislador a los ciudadanos, pues estos ya no están sometidos a un único modelo -obligatorio y excluyente- predeterminado por aquel, pudiendo, en cambio, optar libremente -según una decisión que, en principio, corresponde a la esfera privada- entre una pluralidad de modos o formas de constituirla (v.gr., con base en el matrimonio o en una relación análoga a él, por dos personas de igual o distinto género, en modalidad bi- o monoparental, ensamblada o ampliada, así como mediante la filiación genética, natural o asistida, o adoptiva). Ahora bien, el excesivo individualismo al que podría conducir este cambio de paradigma -respecto de la que se considera la institución básica sobre la cual se erige la sociedad y que constituye un grupo de integración- se trata de compensar mediante una serie de medidas dirigidas a la salvaguardia del interés común. El resultado de esta nueva política legislativa sobre la familia es una regulación que respeta los derechos individuales y la atipicidad familiar, pero que está atenta también a la responsabilidad y a la solidaridad grupal67.
Así, en primer lugar, el Código Civil de Puerto Rico de 2020 censura la discriminación por cuestiones de género, no solo al permitir el cambio del originariamente registrado en la certificación de nacimiento, incluso sin la intervención de autoridad judicial o notarial (art. 694, inc. 3), sino también al admitir el matrimonio (art. 376, inc. 3), la relación afectiva análoga y la adopción (art. 580.1) por parejas del mismo sexo; y, sobre todo, al establecer que el sexo de los progenitores (referencia que -según mi entender- se podría extender también a su orientación sexual68) no puede ser utilizado injustamente como criterio para limitar, suspender o privar sus facultades y deberes respecto del hijo o hija (art. 609, inc. 1)69. Disposiciones concordantes con las primeras contienen los códigos civiles español (arts. 44, inc. 2, y 175, inc. 4, modificados en 2005) y argentino (arts. 69, inc. 3, 402, 510 y 599), el Código de las Familias cubano (arts. 4.f, 4.e y 12) y los proyectos de reforma español (arts. 212-1.2 y 224-2.1) y colombiano (arts. 49, inc. 3, 1605 y 1807); mientras que la última de ellas guarda sorprendente analogía con una norma contenida en el Código Civil y Comercial argentino (art. 656, el cual debe ser leído conjuntamente con la regla general de interpretación en materia de familia prevista en el art. 402), pero en la que se refiere expresamente a la orientación sexual (al estar inspirada en la sentencia dictada en 2012 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile)70.
En la misma línea se colocan, además, aquellas disposiciones del nuevo Código Civil puertorriqueño que establecen la igualdad entre varón y mujer, o entre cónyuges o integrantes de una pareja del mismo género, respecto del orden de los apellidos de los hijos o hijas (arts. 83, 84, 557 y 558.a); de la edad mínima para contraer matrimonio (arts. 380.b y 381); de los derechos y obligaciones durante la relación matrimonial (art. 398) y luego del divorcio (art. 465, inc. 2); de la fijación del domicilio y la residencia familiar (art. 401); de la gestión, producción y disfrute del patrimonio común, al considerar cualquier medida provisional sobre los bienes del matrimonio en caso de petición individual de divorcio (art. 450); de las cláusulas de los acuerdos suscritos por los cónyuges para regular sus relaciones patrimoniales, las que no pueden menoscabar la dignidad o la paridad de derechos de los que se goce en el matrimonio, so pena de nulidad y de no tenerse por escritas (art. 498, inc. 2); de los derechos y responsabilidades en el ejercicio de la patria potestad (art. 593), incluso luego del divorcio (art. 465); o del trato que deben recibir los progenitores en relación a la prole, para lo cual no solo no podrá utilizarse injustificadamente el sexo como criterio para limitar, suspender o privar sus facultades respecto de aquella, sino tampoco la raza, embarazo, estado civil, origen étnico o social, edad, discapacidad, religión, conciencia, creencia, cultura, lenguaje y condición de nacimiento (art. 609, inc. 1)71. En sentido análogo disponen, en líneas generales, los códigos civiles español (arts. 66, 70 y 109, inc. 2, modificados -respectivamente- en 2005, 1999 y 1981), brasileño (arts. 1517, 1565, 1567 y 1642), argentino (arts. 64, inc. 1, 402, 403.f, 404 y 656) y chino (arts. 1041, inc. 2, 1043, 1055, 1058 y 1126); así como el Código de las Familias cubano (arts. 2.f, 136.2, 204 y 208) y los proyectos de reforma español (arts. 44-3.2, 215-1, 215-3 y 221-5.2) y colombiano (arts. 55, 1600, 1606.1, 1643-1645, 1692, 1754, 1756 y 1765).
La mayor libertad en la elección de las relaciones familiares se refleja en una serie de normas del Código Civil de Puerto Rico de 2020 que -en forma más o menos orgánica y/o explícita- reconocen no solo la posibilidad de conformar una familia matrimonial (hetero u homoparental) y de elegir entre diferentes regímenes patrimoniales (art. 498, lo que ya había sido admitido en 2018), teniendo la sociedad de gananciales el carácter de régimen supletorio (art. 508), sino también la de optar por la conformación de otros tipos de familia72, así:
1) La familia de hecho, la cual, si bien no fue regulada en modo sistemático (como había propuesto el borrador del Libro ii sobre las Instituciones Familiares)73, está reconocida en una serie de disposiciones en las que se hace referencia a la "pareja [heterosexual u homosexual] unida por relación de afectividad análoga o compatible con la conyugal"74, con muchos menos prejuicios de cuanto parecía hacerlo el código abrogado en las pocas normas en las que refería al "concubinato" (arts. 72, 109, inc. 3, y 125.3); tal como sucede en materia de reconocimiento de la validez de los acuerdos de convivencia celebrados fuera de Puerto Rico (art. 46), de administración de los bienes del ausente (arts. 185-187, 188, 192 y 194) y de declaración de muerte presunta (art. 200), ámbito en el que se la equipara a la fundada en la unión matrimonial, así como respecto de la adopción (arts. 580 y 583). Regulan más sistemáticamente esta tipología familiar los códigos civiles brasileño (arts. 1723-1727) y argentino (arts. 509-528), así como el Código de las Familias cubano (arts. 306-331) y los proyectos de reforma peruano (arts. 295.6 y 326-327) y colombiano (arts. 1789-1792). También la Propuesta de enmiendas de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico sugiere regular en modo coherente e integrado la relación convivencial con la finalidad de darle una mayor protección jurídica.
2) La familia recompuesta, es decir, aquella en la que uno o ambos integrantes de la pareja aportan al nuevo núcleo familiar hijos o hijas precedentes (de ahí la necesidad de regular las relaciones que podrían entablarse entre cada uno de ellos y la prole del otro); una de cuyas variantes estaría reconocida mediante la admisibilidad de la adopción por parte del cónyuge o de la pareja por relación de afectividad análoga o compatible con la conyugal del hijo o hija del otro (art. 580, inc. 2). En el mismo sentido pueden citarse los códigos civiles español (art. 178.2.a, modificado en 1987), argentino (arts. 597.a, 619.c y 630-632) y chino (art. 1103), el Código de las Familias cubano (art. 103) y los proyectos de reforma español (arts. 224-1.1.b y 224-3.1.c) y colombiano (arts. 1683.1, inc. 1, y 1809). Además de la denominada adopción de integración, los códigos civiles argentino (arts. 672-676) y chino (arts. 1069 y 1072), y el Código de las Familias cubano (arts. 108180-188), regulan expresamente los deberes y derechos de los progenitores y de los hijos afines; completando así, ambas codificaciones, el régimen de esta tipología familiar.
3) La familia ampliada, esto es, aquella no solo compuesta por el núcleo familiar (integrado por progenitores e hijos), sino extendida también a los ascendientes e -incluso- a otros parientes o allegados, la cual ha sido reconocida más o menos explícitamente por una serie de normas que refieren: a las medidas cautelares provisionales durante el proceso de divorcio a favor de otros miembros de la familia distintos de la prole, cuando ambos cónyuges asumían su sustento (art. 448.b); al derecho de visita de los menores respecto de los abuelos, tíos y primos (art. 619)75; a la necesidad del consentimiento de los abuelos biológicos para dar en adopción el hijo procreado por padres biológicos menores de edad emancipados o no (arts. 584.8 y 649); a la posibilidad de que cuando el objeto del arrendamiento sea un inmueble dedicado a vivienda, los familiares o convivientes del arrendatario que hayan residido con él durante los seis meses anteriores a su fallecimiento puedan sustituirlo como partes del contrato (art. 1334, inc. 2); y a la extensión, en materia de responsabilidad civil, de la denominada inmunidad familiar a los abuelos y nietos (art. 1537.b)76. Encontramos, también, algunas disposiciones similares a estas en los códigos civiles brasileño (art. 1589, par. único), español (arts. 103.1, inc. 2, y 160.2, modificados en 2005), argentino (arts. 443.d y 555) y chino (arts. 732, 1045, inc. 2, 1074 y 1108), en el Código de las Familias cubano (arts. 45-47, 138.e y 160) y en los proyectos de reforma español (art. 251-4.4) y colombiano (art. 1823).
4) La familia multiespecie (o interespecie), o sea, aquella integrada por seres humanos y sus mascotas, prevista en las disposiciones sobre los animales domésticos y domesticados y en las que se establece todo lo concerniente a la guarda y al régimen de visitas y de alimentos respecto del animal de compañía en caso de separación o divorcio de la pareja que lo detente (art. 235); lo que implica el desplazamiento de la consideración de la relación humano-animal del ámbito exclusivo de los derechos patrimoniales (donde tradicionalmente estaba emplazada) al de las personas y de la familia (reconociéndoles, de esta manera, una cierta subjetividad). A esta tipología familiar también refieren, luego de las respectivas reformas introducidas al régimen de los animales, los códigos civiles portugués (arts. 1733.h, 1775.f y 1793-A) y español (arts. 90.1.bbis, 2 y 3, 91, 92.7, 94bis y 103.1bis)77, así como el nuevo Código de las Familias cubano (art. 280.f).
Esta libertad para conformar las relaciones familiares se ve reflejada, asimismo, en la posibilidad de optar por establecer una relación de filiación con la prole mediante un vínculo genético o por adopción (art. 556); pudiendo recurrir incluso a esta última tanto las personas en pareja (casadas o no, de distinto o de igual género), ya sea en forma individual o conjunta, como las personas solteras (arts. 580-588). Además, respecto de la filiación por vínculo genético (arts. 559-579), se admite tanto la natural como la asistida (art. 556); y sea que consista esta última en las denominadas inseminación artificial o fecundación in vitro o en la maternidad (rectius, gestación) subrogada (arts. 76, 567 y 570), en cualquiera de sus respectivas modalidades (homóloga o heteróloga y completa o parcial); aun cuando, en el caso de tratarse de una pareja en la que solo uno de sus integrantes aporta el material genético, la filiación respecto del otro se fundaría no ya en un vínculo biológico, sino en su consentimiento o voluntad procreacional. Cabe señalar, sin embargo, que los referidos supuestos de filiación por métodos de procreación asistida no se encuentran reglamentados de manera integral por el nuevo Código Civil de Puerto Rico, sino que este remite a la legislación especial (art. 77 inc. 1), la cual todavía no ha sido dictada (por lo que el legislador podría limitar sus alcances). En la codificación civil comparada, aquí confrontada, hacen referencia a la denominada fecundación por inseminación artificial y/o in vitro los códigos civiles brasileño (art. 1597.III-V) y argentino (arts. 560-564), el Código de las Familias cubano (arts. 117-129) y los proyectos boliviano (arts. 4.I, 5 y 1190), español (arts. 223-1-233-6), peruano (arts. 1A, 415-415D y 735B) y colombiano (arts. 50, 1728, 1731, 1796, 1799, inc. 2, 1803, inc. 8, 1819, inc. 1, 1728, incs. 1 y 3, 1731, inc. 3, y 1742). En cambio, de todos ellos, solo el nuevo Código de las Familias cubano regula la gestación subrogada, llamándola gestación solidaria (arts. 130-135), como también propone el proyecto colombiano, pero conservando la denominación de maternidad subrogada (arts. 51 y 1743-1744), mientras que en las demás legislaciones aquí consideradas se guarda silencio respecto de esta otra técnica de reproducción asistida78 o se la prohibe expresamente, como, v.gr., en la española (art. 10 de la Ley 14-2006, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, disposición convalidada por el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo en su sentencia 277/2022).
Ahora bien, este mayor respeto de las libertades y derechos individuales en la configuración de la familia se compensa con una serie de otras disposiciones del mismo código en las que se pone el acento en la solidaridad e integridad del grupo familiar; ello al establecerse que todos sus miembros tienen recíprocamente el derecho y el deber de respetarse, protegerse y socorrerse, y proveer para el levantamiento de las cargas familiares en la medida de sus posibilidades, recursos económicos y aptitudes personales (arts. 362 y 364), y que los cónyuges están obligados a fortalecer el vínculo de solidaridad que une a sus integrantes y a atender a sus necesidades esenciales con los recursos propios y comunes (art. 400); de ahí que -con independencia del régimen patrimonial seleccionado- los bienes de ambos están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio y de la familia (art. 492). Asimismo, se precisa que los progenitores que carecen de medios para mantener a la familia pueden solicitar al tribunal que les autorice a utilizar para ello una parte proporcional de los bienes, frutos y productos del hijo o hija (art. 630); y, viceversa, se establece la continuación de la obligación de subsistencia y de las atenciones de previsión (v.gr., los seguros de salud, de vida y de incapacidad, los planes de estudio y las garantías prestadas sobre obligaciones que perduran luego de la mayoridad [art. 654]) de los hijos, hijas o alimentistas que hayan cumplido veintiún años de edad pero que carezcan de recursos o medios propios para su manutención, mientras subsisten las circunstancias por las que resultan acreedores de ellas (art. 99.a), así como de la obligación de seguir pasando alimentos a quien haya alcanzado la mayoridad mientras cursa ininterrumpidamente estudios profesionales o vocacionales, la cual se extenderá hasta que obtenga el grado o título académico o técnico correspondiente, o bien hasta que alcance los veinticinco años de edad (lo que ocurra primero), a discreción del juzgador y dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso (art. 65579)80. Normas similares, aunque no siempre tan explícitas y completas como las puertorriqueñas, contienen los códigos civiles brasileño (art. 1691), español (arts. 67-68, 142, inc. 2, 155.2 y 165, inc. 2, modificados en 1981 y 2005), argentino (arts. 431-434, 455, 461, 505, inc. 2, 662, 663, 671.c y 697) y chino (arts. 1041, 1043, inc. 2, 1060, 1067, 1069, 1075 y 1090), el Código de las Familias cubano (arts. 2.3, 3.a, 39.c, 149.c y 150) y los proyectos de reforma español (arts. 215-2.1, 240-1.2 y 251-2.b) y colombiano (arts. 1683.1-2, 1693, 1770 y 1787-1788).
La necesidad de conciliar los intereses individuales y grupales dentro de la familia constituye, igualmente, el fundamento de algunas soluciones adoptadas por el nuevo Código Civil puertorriqueño que persiguen preservar la paz o la intimidad (en caso de conflictos) del grupo familiar; tal como sucede con la eliminación del divorcio culposo, al establecerse que no se requiere la invocación de la conducta específica que dio lugar a la petición individual de ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial (art. 425), ni su descripción en la sentencia que disolverá el vínculo de matrimonio (art. 434); así como con la posibilidad de obtener el divorcio en sede notarial (arts. 423 y 473-475, ya admitida desde 2016) y la figura de la patria potestad prorrogada (art. 622), en cuanto alternativa más discreta respecto de la tutela de los hijos incapacitados que alcanzan la mayoría de edad, procurando respetar así la intimidad del entorno doméstico al excluir la intervención de la autoridad judicial81. El divorcio inculpado está previsto, también, por los códigos civiles español (art. 86, modificado en 2005) y argentino (art. 435.c), y por el proyecto de reforma español (art. 218-1); mientras que el divorcio notarial lo admiten el Código Civil español (art. 87, modificado en 2015) y los proyectos de reforma español (art. 218-3), peruano (art. 333.2) y colombiano (art. 1654)82.
Los cambios operados en la regulación de la estructura familiar por el Código Civil de Puerto Rico de 2020 se proyectan, asimismo, sobre las disposiciones previstas en el ámbito de la sucesión por causa de muerte; en el cual, además del reconocimiento al causante de una mayor libertad y autonomía en la disposición del acervo hereditario, se prevé también una intensificación de la protección de ciertos herederos que se consideran débiles. Es así que se amplía considerablemente la porción de libre disposición (con la correlativa eliminación de la institución de la mejora regulada por el Código Civil abrogado -arts. 751-760-), al reducirse la legítima de los herederos forzosos (ahora denominados legitimarios) a la mitad de la herencia (art. 1623)83. También han ampliado la porción disponible (reduciendo la legítima) el Código Civil argentino (art. 2445) y los proyectos de reforma boliviano (art. 1287), español (arts. 467-3.1 y 467-4.1) y colombiano (art. 1946 inc. 3).
Asimismo, se revaloriza la voluntad del testador cuando, no alcanzando los bienes de la herencia para cubrir todos los legados, se da preeminencia al que él haya declarado preferente (art. 1706.a), lo que en el régimen anterior estaba previsto en el tercer orden de prelación (art. 809.3); y, también, cuando se establece que siempre que se cumplan los requisitos y formalidades expresados en el código, la falta de indicación en el testamento de que ellas se han cumplido no afecta su validez, como tampoco la afecta la falta de expresión de la hora del otorgamiento si el testador no hubiera otorgado otro en la misma fecha (art. 1708, incs. 1 y 3, inspirado en la Ley de Sucesiones de Aragón de 1999 -art. 108.1.b-84)85.
Por otro lado, siguiendo una tendencia que da prioridad al vínculo convivencial o de afectividad sobre el parental o de consanguinidad, el nuevo Código Civil puertorriqueño mejora la posición del cónyuge supérstite (que generalmente es la mujer viuda, lo que supone una situación de mayor vulnerabilidad), pues se lo iguala con los demás herederos (art. 1622), en cuanto concurre también él a la herencia en pleno dominio (no ya como usufructurario) y en primer orden junto a los hijos del causante o sus estirpes (efectuando con ello un triple salto respecto del texto original del Código Civil de 1930, al pasar del cuarto orden al primero). Asimismo, se le reconoce una protección suplementaria, al incorporarse a su favor -mediante una norma de interés social86- el derecho de opción a la adquisición preferente de la vivienda familiar (art. 1625, inc. 1); y si su cuota hereditaria y la de los gananciales no alcanzaren el valor necesario para tal atribución, la viuda o el viudo puede solicitar el derecho de habitación en forma vitalicia y gratuita en proporción a la diferencia existente entre el valor del bien y la suma de sus derechos (art. 1625, inc. 2); derecho este que vendría a superponerse con el derecho de permanecer en la vivienda familiar luego de la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales y el hogar seguro (arts. 477-487), por lo que se impone la necesidad de coordinarlo con estos otros beneficios87. La condición del consorte sobreviviente ha sido igualmente mejorada, con diferentes alcances, por los códigos civiles brasileño (arts. 1829 y 1845) y argentino (arts. 2332, inc. 6, 2383 y 2433-2435), y por los proyectos de reforma español (arts. 466-12-466-13, 467-5.1 y 467-18, pero manteniendo la legítima en usufructo) y colombiano (arts. 1915-1917 y 1954); algunos de los cuales han previsto -además- la posibilidad de mejorar la condición de los hijos con discapacidad, tal como hacen los códigos civiles español (art. 808, inc. 4, modificado en 2003), argentino (art. 2448) y chino (art. 1141), y el proyecto de reforma español (art. 467-7).
Por último, cabe señalar que también en materia sucesoral el Código Civil de Puerto Rico de 2020 se preocupa por limitar los conflictos intrafamiliares y preservar la intimidad de la familia, al introducir la figura del arbitraje testamentario (es decir, del arbitraje instituido por testamento) con la finalidad de prever un mecanismo de solución -rápido y alternativo al proceso jurisdiccional- de las eventuales disputas derivadas de una herencia, siempre que no afecten las legítimas (art. 1688)88. Se trata de una figura de origen alemán, prevista ya en el derecho español por la Ley de Arbitrajes Privados de 1953 (art. 5) y regulada actualmente por la Ley de Arbitraje, n.° 60-2003 (art. 10); así como, entre otras, por la Ley General de Arbitraje peruana, n.° 26.572-1996 (art. 13), la Ley de Arbitraje y Conciliación boliviana, n.° 1.770-1997 (art. 5), y la Ley de Conciliación y Arbitraje hondureña, n.° 161-2000 (art. 32)89.
4. La búsqueda del equilibrio sustancial en las relaciones obligacionales. La protección del deudor, del contratante débil y de la víctima de un daño
La mayor atención prestada a la protección de los sujetos vulnerables también constituye una de las características del régimen de las obligaciones y de sus fuentes previsto por el nuevo Código Civil puertorriqueño, cuyas disposiciones, si bien parecen haber tenido menos resonancia mediática que las correspondientes al derecho de las personas, de la familia y de la sucesión por causa de muerte, no por ello carecen de trascendencia y -menos aún- de innovatividad respecto del Código Civil de 1930. En efecto, la nueva regulación demuestra una cierta preocupación por la búsqueda del equilibrio sustancial en las relaciones obligacionales, en sintonía con los demás códigos de tercera generación, lo que se traduce en la adopción de una serie de soluciones orientadas a la protección del deudor, del contratante débil y de la víctima de un comportamiento dañoso que impactan directamente sobre los alcances de las nociones de obligación y de contrato, así como del derecho de daños.
La especial consideración por la proporcionalidad del vínculo obligacional se pone de manifiesto ya desde la definición misma de la obligación como "el vínculo jurídico de carácter patrimonial en virtud [del] cual el deudor tiene el deber de ejecutar una prestación […] en provecho del acreedor, quien, a su vez, tiene un derecho de crédito para exigir el cumplimiento" (art. 1060); de la que se desprende una particular atención prestada también al sujeto pasivo de la relación obligacional y no solo al poder de agresión del sujeto activo90, tal como hacen igualmente los proyectos de reforma español (art. 511-1, inc. 1) y colombiano (art. 432, inc. 1)91. Ello se completa con la generalización, en el ámbito obligacional, acute;mbito de los contratos -art. 1210-)92, al disponerse ahora que "tanto el deudor como el acreedor deben actuar de buena fe en el cumplimiento de la obligación" (art. 1062); de lo que se deduciría que ambos tienen el deber de cooperar entre sí para que el interés del segundo sea satisfecho con la prestación del primero y este quede liberado (como prevé más explícitamente el proyecto de reforma español -art. 511-2-)93. Por su parte, la preocupación por la protección del deudor se advierte -entre otras- en la disposición que reitera el principio según el cual este responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros (ya contenido en el Código Civil abrogado -art. 1811-), pero en la que se expresa con mayor claridad que su responsabilidad es solo patrimonial (no personal) y, sobre todo, se agrega que están excluidos de la garantía común de sus acreedores una serie de bienes declarados inembargables por la ley o por acuerdo de las partes (arts. 1156 y 1157)94. Disposiciones similares a estas últimas prevén el Código Civil y Comercial argentino (arts. 743 y 744) y, en cierta medida, los proyectos de reforma boliviano (art. 491), español (art. 519-1) y colombiano (art. 470).
En otras regulaciones, sobre el negocio jurídico y sobre los contratos en general y en particular, el Código Civil de Puerto Rico de 2020 se demuestra atento -además- a asegurar el equilibrio entre las partes con la finalidad -generalmente- de proteger al contratante débil. Tal es lo que sucede, v.gr., en materia de interpretación de las disposiciones ambiguas, donde no solo confirma la regla según la cual si el negocio es oneroso debe interpretarse a favor de la mayor proporcionalidad de intereses (art. 358.b, ya prevista por el Código Civil abrogado -art. 1241-), sino que introduce también la que establece que las cláusulas deben entenderse en sentido desfavorable a quien las redactó y en favor de la parte que tuvo menor poder de negociación (art. 358.c); así como respecto del régimen especial aplicable a los contratos con cláusulas no negociadas (arts. 1247-1249) y de la normativa que admite la anulación o revisión de los contratos en caso de lesión por ventaja patrimonial desproporcionada (art. 1258) o por excesiva onerosidad sobreviniente (arts. 1259 y 1260)95. En este mismo orden de cosas, resulta de particular interés la disposición que trata de resolver la problemática de la "integración del contrato" (en caso de falta de previsión contractual o de ineficacia de alguna de sus cláusulas), dando preferencia no solo a las normas imperativas, sino también a las supletorias respecto de los usos (ubicados en tercer orden), privilegiando de esta manera el modelo previsto por el legislador (generalmente más afín con la naturaleza del negocio de que se trate), en lugar de aquel diagramado por las prácticas empresariales, que al identificarse con los intereses de la parte fuerte de la contratación podría traducirse en un contenido menos equilibrado (art. 1236, que coincide con lo dispuesto por el Código Civil y Comercial argentino -art. 964- y con lo propuesto por el proyecto de reforma boliviano -art. 674-)96.
Asimismo, el referido criterio de proporcionalidad, previsto en general para la interpretación de los negocios onerosos (art. 358.b), aparece explicitado luego en la regulación del contrato de permuta, a nivel definitorio (art. 1293), y en la del arrendamiento, respecto de la determinación del alquiler (art. 1340), con notoria alusión a la equivalencia de las prestaciones97. A su vez, la preocupación por la protección de la parte débil se advierte también al haberse establecido, v.gr., que los familiares o allegados que conviven con el arrendatario al momento de su muerte pueden continuar con el arrendamiento hasta el vencimiento del plazo (art. 1334, inc. 2), y que, en defecto de estipulación, se entiende que el alquiler debe pagarse por períodos vencidos (art. 1341), lo que sin duda beneficia al arrendatario; como, asimismo, al exigirse ahora que la fianza deba convenirse por escrito, so pena de nulidad (art. 1482) -lo que constituye una manifestación típica del denominado neoformalismo de protección- y al precisarse que la condición del fiador solidario no es igual a la del codeudor solidario (art. 1488), dejando así sin efecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico que -con base en el art. 1721, inc. 2, del código abrogado- parecía equiparar ambas figuras en perjuicio del primero98.
Se coloca también dentro de esta orientación el régimen del derecho de daños diagramado por el nuevo Código Civil puertorriqueño, cuyas disposiciones centran su atención no ya en la reprochabilidad de la conducta del autor del evento dañoso, sino más bien en la protección integral de la víctima, mediante la adopción de una serie de medidas tendientes tanto al resarcimiento del perjuicio como a su prevención e, incluso, a su sanción-disuasión. Este cambio de paradigma se refleja en la sustitución de la rúbrica de la norma que confirma el principio general de la culpa como factor de atribución, la que en el código abrogado rezaba "Obligación cuando se causa daño por culpa o negligencia" (art. 1802) y en el nuevo refiere a la "Responsabilidad por culpa o negligencia" (art. 1536), lo que supondría el pasaje de una visión del derecho de daños basada en una deuda del autor del perjuicio a otra fundada en un crédito de indemnización de la víctima99; así como en la consagración expresa, al lado del referido principio general y de los casos de responsabilidad por culpa in vigilando (art. 1540.a-c) e in eligendo (art. 1540.d-f), de la obligación de responder por el ejercicio abusivo o antisocial de los derechos (art. 18) y por otros supuestos típicos de responsabilidad objetiva (arts. 1541-1544)100. La combinación de factores de atribución subjetivos y objetivos caracteriza también el sistema de la responsabilidad por daños de los códigos civiles brasileño (art. 927, 932-933 y 936-938), argentino (arts. 1721-1724 y 1753-1771) y chino (arts. 1165-1167 y 1191-1258), y de los proyectos de reforma boliviano (arts. 7, 1066-1069 y 1092-1111), español (arts. 5191-1, 5191-7, 5191-8, 5191-10-5191-12, 5195-1-5195-6, 5191-1, 5197-1 y 5198-1) y colombiano (arts. 533, 534 y 544-555). Además, el favor victimae que guía a la nueva reglamentación de la responsabilidad civil justifica las opciones dadas al perjudicado de elegir, para la reparación del daño sufrido, entre recibir una suma de dinero, la reintegración específica o una combinación de ambos remedios (art. 1538 inc. 1), y, sobre todo, la consagración expresa de la solidaridad en el caso de cocausantes (art. 1539), lo que indiscutiblemente beneficia a la víctima (pues la ya referida idea de la responsabilidad como crédito de indemnización se preocupa por sumar deudores que garanticen solvencia)101.
Pero, como ya he adelantado, el Código Civil de Puerto Rico de 2020 no solo se limita a reglamentar la función reparadora, sino que, en sintonía con el nuevo derecho de daños, prevé también mecanismos para su prevención y sanción-disuasión. Así, la función preventiva102 estaría prevista, v.gr., en la posibilidad de solicitar la adopción de medidas cautelares (ante la simple amenaza de un daño o el inicio de su producción o su continuación o agravamiento) en los casos de responsabilidad por ejercicio abusivo o antifuncional de los derechos (art. 18) y por incumplimiento de las obligaciones de no hacer (art. 1082), donde aquellas están contempladas de manera expresa, y -además- para la defensa de los derechos esenciales de la personalidad (art. 74, inc. 1), en cuyo ámbito esa posibilidad estaría admitida en forma implícita al permitirse "reclamar su respeto y protección" ante el Estado y la sociedad (de lo que se desprendería la posibilidad de emplear, incluso, remedios preventivos). Por su parte, la función sancionatoria-disuasiva estaría representada por la recepción de la figura de los denominados daños punitivos de origen angloamericano (art. 1538 inc. 2), los que habían sido rechazados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico por considerarlos incompatibles con la naturaleza exclusivamente reparatoria y no sancionatoria de la indemnización en los ordenamientos de la tradición romanística103, pero que en realidad podrían integrar hoy -excepcionalmente- los nuevos contornos del derecho de daños, sobre todo si se tiene en cuenta que también aquellos propenderían a la prevención de los perjuicios (aunque lo hagan de manera ejemplar mediante la amenaza de una pena o sanción)104. Mecanismos de prevención han sido previstos asimismo en forma explícita o implícita, siempre en el ámbito del abuso del derecho y/o de los derechos de la personalidad, por los códigos civiles brasileño (art. 12) y argentino (arts. 10, inc. 3, y 52), y por los proyectos de reforma boliviano (art. 1434.III), español (art. 151-7.1) y peruano (II-A.2); pero la función preventiva ha sido reconocida también expresamente, con carácter general, por el Código Civil y Comercial argentino (arts. 1708 y 1710-1713) y por el Proyecto boliviano (arts. 1057 y 1059-1060), como también, en cierta medida, por el Código Civil chino (art. 179, inc. 1) y por el proyecto colombiano (arts. 35 y 40). En cambio, respecto de los mecanismos sancionatorios-disuasivos, ningún otro ordenamiento romanístico los habría codificado aún, admitiéndose -por ahora- solo su presencia en el ámbito de la legislación especial, tal como reconoce expresamente el Código Civil chino (art. 179, inc. 2) y como sucede, v.gr., con la Ley de Defensa del Consumidor argentina, n.° 24.240-1993 (art. 52bis, introducido en 2008)105.
Conclusiones
Luego de haber analizado las principales regulaciones del Código Civil de Puerto Rico de 2020, desde la óptica de un observador extranjero interesado en el estudio de los actuales desarrollos del derecho privado comparado, no hay lugar a duda acerca de sus bondades intrínsecas y extrínsecas (in primis, si se lo confronta con el de 1930). Y ello no solo porque ha reafirmado de manera categórica su origen civilista, contribuyendo de ese modo al desarrollo y consolidación del sistema jurídico romanístico, sino, principalmente, por haber tratado de ajustarse -como se ha visto- a los nuevos paradigmas del derecho privado contemporáneo (en concordancia con los códigos civiles de tercera generación)106, más allá de la fidelidad y la completitud con las que los haya actuado en concreto; además de estar diseñado (también al igual que aquellos) como una suerte de manual, que lo hace más accesible a la mayoría de los ciudadanos, gracias al empleo de una sistemática más rigurosa107, de regulaciones más simplificadas y concisas (no obstante abordar mayor cantidad de materias que su antecesor), de disposiciones munidas de sus respectivas rúbricas o sumillas y que van de lo general a lo particular en cada una de las temáticas abordadas, de un sinnúmero de definiciones y clasificaciones, y de un lenguaje más contemporáneo, inclusivo, no ofensivo, ni discriminatorio.
Con ello no se pretende afirmar que el nuevo Código Civil puertorriqueño sea una obra perfecta, pues "ninguna tal ha salido hasta ahora de las manos del hombre", como afirmaba don Andrés Bello al presentar su Proyecto de Código Civil para la República de Chile, mas quien luego agregaba:
[P]ero no temo aventurar mi juicio anunciando que por la adopción del presente proyecto se desvanecerá mucha parte de las dificultades que ahora embarazan la administración de justicia en materia civil; se cortarán en su raíz gran número de pleitos; y se granjeará tanta mayor confianza y veneración la judicatura, cuanto más patente se halle la conformidad de sus decisiones a los preceptos legales. La práctica descubrirá sin duda defectos en la ejecución de tan ardua empresa; pero la legislatura podrá fácilmente corregirlos con conocimiento de causa108.
Las observaciones que realizara a su propio proyecto el sabio venezolano tienen validez universal y serían aplicables también al Código Civil de Puerto Rico de 2020, cuyas eventuales lagunas e imperfecciones seguramente podrán ser suplidas o corregidas en un futuro cercano por la labor de la academia, de la judicatura y, sobre todo, de la legislatura puertorriqueñas109 (proceso que ya se ha puesto en marcha mediante la varias veces citada Propuesta de enmiendas elaborada por la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico). Sin perjuicio de ello, coincidimos con la afirmación final de la Exposición de Motivos de la Ley 55-2020 según la cual este código -ya así como se encuentra- "constituye un instrumento eficaz para la transformación de Puerto Rico en una sociedad de vanguardia en todos los sentidos"110; capaz de proponerse incluso -agregamos- como un modelo alternativo para futuras (re)codificaciones o reformas del derecho privado en el contexto del sistema jurídico romanístico (piénsese, sobre todo, en el área del Caribe hispánico, a cuya codificación podría servir de guía renovadora), pasando así el ordenamiento puertorriqueño de ser un mero receptor de modelos jurídicos foráneos, a erigirse en un potencial exportador de un nuevo y propio modelo codicístico.
Notas
1 A la revisión y reforma integral del Código Civil puertorriqueño de 1930 como un sueño refería ya Muñiz Argüelles, L., "La revisión y reforma del Código Civil de Puerto Rico: una propuesta para viabilizar un sueño", Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, vol. 59, n.° 3-4, 1998, 149-200.
2 Tal como se lee en la "Exposición de Motivos, Ley n.° 55 de 1 de junio de 2020" (en adelante, "Exposición de Motivos"), consultable en Código Civil año 2020 comentado, San Juan, 2020, 20, disponible en: https://www.oslpr.org/ [consultado el 7 de junio de 2023].
3 Sobre lo cual se remite a Trías Monge, J., El choque de dos culturas jurídicas en Puerto Rico. El caso de la responsabilidad civil, Orford, 1991, passim.
4 En el derecho puertorriqueño, por influencia de la cultura jurídica norteamericana, se emplean habitualmente las expresiones sistema de derecho civil, tradición civilista y jurisdicciones civilistas para designar lo que en la literatura jurídica de Europa continental y de América Latina llamamos sistema jurídico romanístico, tradición romanística y ordenamientos romanísticos, denominaciones que sin embargo prefiero utilizar en este trabajo por reflejar con mayor fidelidad su vinculación con el derecho romano.
5 Como lo demuestran -además de los códigos y proyectos que serán tomados particularmente en consideración en este trabajo- los nuevos códigos civiles lituano de 2000, ucraniano de 2003, rumano y checo de 2012, húngaro de 2013, vietnamita de 2015 y belga, aprobado por libros desde 2020; así como la actualización, en este mismo período, de algunos códigos históricos (v.gr., la reforma de los códigos civiles alemán de 2002 y francés de 2016).
6 Véase, en este sentido, Irti, N., L'età della decodificazione, Milano, 1979, 33-39.
7 Los referidos criterios pueden ser consultados en Figueroa Torres, M., "Crónica de una ruta iniciada: el proceso de revisión del Código Civil de Puerto Rico", Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, vol. 35, n.° 3, 2001, 503.
8 Tal es lo que acontece, v.gr., con relación a la donación de órganos, tejidos y fluidos del cuerpo humano (art. 77, inc. 1), a los alimentos de los menores de edad (arts. 666 y 671), a la organización y administración del Registro Demográfico (arts. 681, 682, 685 y 686) y del Registro de la Propiedad Inmobiliaria (art. 501), a la legislación especial sobre árboles (art. 812), recursos minerales e hidrocarburos (art. 876), compraventa (art. 1287), transporte (art. 1391), corretaje (art. 1418), agencia (art. 1437), concesión o distribución (art. 1447), corporaciones (art. 1451), depósitos bancarios (art. 1455), seguro (art. 1509), y juego y apuesta (art. 1512). En otros casos, en cambio, se ha optado por codificar materias que estaban regidas por leyes especiales, como sucede, v.gr., con los derechos de los abuelos (Ley 182-1997) y tíos (Ley 32-2012), con la protección de los menores en caso de adjudicación en custoria (Ley 223-2011), con el matrimonio (Ley 201-2016) y el divorcio (Ley 52-2017) ante notario, con la adopción (Ley 61-2018) y con las capitulaciones matrimoniales (Ley 62-2018).
9 Pues, como bien se destaca en la "Exposición de Motivos", cit., 17, "[l]a división entre obligaciones y contratos civiles y obligaciones y contratos mercantiles es fuente permanente de confusión. Dicha distinción carece en lo principal de justificación en la actualidad, por no dar lugar a regulaciones sustancialmente diferentes". Es por ello que en la Propuesta de enmiendas elaborada por la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico de 2021 se sugiere crear una comisión que estudie la integración del derecho civil y mercantil, e incluso el del consumidor (como, v.gr., ya hace el Código Civil y Comercial argentino y propone el proyecto español), en atención a que la distinción entre dichas ramas del derecho privado no tiene un fundamento ontológico, sino solo histórico y contingente (tal como destacaba Ascarelli, T., "Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell'unificazione", en Ascarelli, T., Saggi di diritto commerciale, Milano, 1955, 7-33). A mayor abundamiento remito a mi "Recodificación y unificación del derecho patrimonial en el nuevo Código Civil y Comercial argentino", en Ciuro Caldani, M. A. y Nicolau, N. L. (dirs.), Derecho privado del siglo XXI, t. I, Buenos Aires, 2019, 106-130.
10 Tal como ocurre, v.gr., con los vigentes códigos civiles de Paraguay de 1985, de Quebec de 1991, de los Países Bajos de 1992, de Rusia de 1994 (y los de su órbita de influencia), de Brasil de 2002, de Rumania de 2012, de República Checa de 2012, de Hungría de 2013, de Argentina de 2014 y de China de 2020; así como con el proyecto de reforma integral al Código Civil de Colombia de 2020.
11 Me he ocupado, con mayor detenimiento, de la dialéctica entre mercantilización y civilización en los procesos de unificación del derecho privado en "Significado y consecuencias de la unificación de la legislación civil y comercial en el nuevo código argentino", en Cardilli, R. y Esborraz, D. F. (eds.), Nuovo codice civile argentino e sistema giuridico latinoamericano, Milano, 2017, 94-112.
12 En consideración de que tanto el Código Civil de 1902 como el de 1930 eran -en realidad- revisiones del español de 1889 extendido en ese mismo año a Puerto Rico (junto con Cuba y Filipinas), con algunos injertos provenientes del Civil Code de Luisiana de 1870.
13 Véase, sobre este particular, Schipani, S., La codificazione del diritto romano comune, Turín, 1999, 16-30 y 36-69, quien puntualiza que los códigos modernos son, como el Corpus Iuris Civilis, el resultado de dos principios ordenadores: el de la iurisprudentia y el de la lex (esto es, el pueblo soberano que actúa por medio del emperador, representados hoy, respectivamente, por la ciencia jurídica y el legislador).
14 Acerca de la labor desarrollada por la denominada Corte Trías véase Rivera, L. R., La justicia en sus manos. Historia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, San Juan, 2007, 199-223.
15 Respecto de las fuentes del artículo 1 del Código Civil de Puerto Rico de 2020 se remite al Borrador para la discusión del Código Civil de Puerto Rico, Memorial explicativo del Título Preliminar, San Juan, 2003, 36-37 (donde, en realidad, el texto corresponde al art. 29, es decir, a la disposición final del capítulo dedicado a la interpretación y aplicación de la ley), disponible en: https://www.leivafernandez.com.ar/?page_id=31 [consultado el 7 de junio de 2023]. Por su parte, el texto del Anteproyecto y los "Comentarios al Título Preliminar del Código Civil: de las normas jurídicas, su aplicación y eficacia" pueden verse en la Revista de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, vol. 3, 1991, disponible en: https://www.academiajurisprudenciapr.org/revistas/volumen-iii/# [consultado el 7 de junio de 2023].
16 Lo que coincide también con los ya referidos criterios que guiaron el proceso de revisión del Código Civil de Puerto Rico, según los cuales la Comisión revisora debía seguir la tradición civilista (es decir, romanística) e incorporar solo aquellos desarrollos jurisprudenciales compatibles con ella (véase, una vez más, Figueroa Torres, M., "Crónica de una ruta iniciada: el proceso de revisión del Código Civil de Puerto Rico", cit., 502 y 503).
17 Acerca de este proceso se remite, en general, a Delgado Cintrón, C., Derecho y colonialismo. La trayectoria histórica del derecho puertorriqueño, Río Piedras, 1988, passim y Trías Monge, J., Puerto Rico: las penas de la colonia más antigua del mundo, San Juan, 1999, passim.
18 Véanse los "Comentarios al Título preliminar del Código Civil", cit., art. 1.6, donde se citan en apoyo, en la nota 21, los siguientes casos: Torres Pérez v. Medina Torres, 113 DPR 72 (1982); A. & P. Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753 (1981); Feliciano Rosado v. Matos, Jr., 110 DPR 550 (1981); Méndez Purcell v. A.F.F., 110 DPR 130 (1980); Galarza Soto v. E.LA., 109 DPR 179 (1979); Valle v. American International Insurance Co., 108 DPR 692 (1979); Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 DPR 853 (1976); Dalmau v. Hernández Saldaña, 103 DPR 487, 491 (1975); Oliveras v. Abreu, 101 DPR 209 (1973); Prieto v. Md. Casualty Co,, 98 DPR 594 (1970); Robles Ostolaza v. U.P.R., 96 DPR 583 (1968); Vda. de Ruiz v. Registrador, 93 DPR 914 (1967); Infante v. Leída, 86 DPR 26 (1962); Irizarry v. Pueblo, 75 DPR 786 (1954); Rivera v. Central Pasto Viejo, Inc., 44 DPR 244 (1932) y Vélez v. Llavina, 18 DPR 656 (1912).
19 Es que, como bien se ha destacado, en Puerto Rico no rige la doctrina del stare decisis en su versión estricta (véase, entre otros, Rodríguez Ramos, M., Casos y notas de derechos reales, San Juan, 1963, 28-41), habiendo reconocido -además- el propio Tribunal Supremo que su función no es legislar (véase Martínez v. Junta Insular de Elecciones, 43 DPR 413 [1938]), sino interpretar y aplicar la ley, y que solo cuando sea necesario o indispensable para llenar las lagunas legales puede producir doctrinas judiciales (véase Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 DPR 939, 940 [1972]). En efecto, la elaboración jurisprudencial del derecho es necesaria y legítima cuando no hay en el ordenamiento una disposición expresa que resuelve la cuestión (véanse Robles Ostolaza v. U.P.R., 96 DPR 583 [1968] y Borges v. Registrador, 91 DPR 112 [1964]), en cuyo caso considero que debería echarse mano de los principios generales del derecho.
20 Véase, en este sentido, Figueroa Torres, M., "Resúmenes de los borradores del Código Civil de Puerto Rico revisado", Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, vol. 40, n.° 3, 2006, 430. Sin embargo, la Propuesta de enmiendas de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico sugiere reintroducir la equidad en el artículo 6, referido al deber de resolver, retomando esencialmente el texto del artículo 7, inciso 2, del código abrogado.
21 Véanse, entre otros, los casos Flores v. Meyers Bros. of Puerto Rico, 101 DPR 689, 692 (1973) y Pueblo v. Central Cambalache, 62 DPR 533 (1943), así como las opiniones de Castán Tobeñas, J., "En torno al derecho civil de Puerto Rico", Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, vol. 26, n.° 1, 1956, 15, y, más recientemente, de Silva-Ruiz, P. F., "Leyes principales", en Silva-Ruiz, P. F. (coord.), El derecho en Puerto Rico, Madrid, 2016, 73.
22 El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Collazo Cartagena v. Hernández Colón, 25 103 DPR 870, 874 (1975), determinó que la jerarquía de las fuentes del derecho legislado puertorriqueño es la siguiente: 1) La Constitución de Puerto Rico; 2) Las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa; 3) Las reglas y reglamentos aprobados y promulgados bajo autoridad de ley con los organismos públicos; 4) Las ordenanzas municipales.
23 Sobre esta particularidad del derecho angloamericano véase Rodríguez Ramos, M., "Interaction of Civil Law and Anglo-American Law in the Legal Method in Puerto Rico", Tulane Law Review, vol. 23, 1948, 357 y, también, Vélez Torres, J. R., "El derecho judicial y los códigos civiles", Revista Jurídica de la Univesidad Interamericana de Puerto Rico, vol. 16, n.° 2, 1982, 293 y 294, quien hace notar que en la cultura jurídica anglosajona el "derecho estatutario", al ser concebido como una derogación del "derecho judicial" (derecho común), no admite una interpretación creadora sino solo estricta.
24 En cambio, coincidiría con la elección llevada a cabo por el Código Civil puertorriqueño, el Civil Code de Quebec (o sea, el otro de los ordenamientos mixtos de Norteamérica), en cuya Preliminary Provision remite a los general principles of law.
25 Sobre las diferencias entre el derecho de Luisiana, Puerto Rico y Quebec siguen siendo de actualidad las enseñanzas de Trías Monge, J., El choque de dos culturas jurídicas en Puerto Rico, cit., 15-18 y 34-38. Véase, además, lo dicho supra en las notas 20 y 21.
26 En América Latina hacen también este reenvío a los principios generales del derecho las legislaciones de Brasil (art. 4 de la Lei de introdução às normas do direito brasileiro), Costa Rica (arts. 1 c. c. y 5, inc. 3, de la Ley Orgánica del Poder Judicial), México (arts. 14 de la Constitución federal y 19 c. c. de la Ciudad de México), Nicaragua (arts. xvii del Tít. prel. del c. c. y 443.3 c. p. c.), Paraguay (art. 6, inc. 2, c. c.), Perú (arts. 139.8 de la Constitución y 50.4 c. p. c.), Uruguay (art. 16 c. c.) y Venezuela (art. 4 c. c.). Algunas legislaciones emplean, en cambio, otras expresiones, pero con un significado equivalente: a) Principios de equidad (art. 170.5 c. p. c. de Chile), b) Principios del derecho universal (art. 18.7 c. c. de Ecuador), c) Reglas generales de derecho (art. 8 de la Ley 153 de 1887 de Colombia y art. 13 c. c. de Panamá), d) Principios jurídicos (art. 82 c. p. c. de la Ciudad de México), e) Principios y valores jurídicos (art. 2 c. c. y co. de Argentina), etc.
27 Se trata de una técnica legislativa que se ha ido consolidando en las codificaciones más recientes, entre las que pueden destacarse los códigos civiles argentino (arts. 9-14) y chino (arts. 2-9 y 132), y los proyectos de reforma boliviano (arts. 6 y 8) y peruano (arts. II, II-A y II-B).
28 Según la famosa clasificación de los derechos fundamentales esbozada por Cassin, R., "Les droits de l'homme", Recueil des cours, Académie de droit international de La Haye, vol. 140, 1974, 321-331 y desarrollada, luego, por Vasak, K., "La larga lucha por los derechos humanos", El Correo de la UNESCO, vol. XXX, 1977, 29-32 y "Les différentes catégories des droit de l'hommes", en Lapeyre, A.; Tinguy, F. de y Vasak, K. (dirs.), Les dimensions universelles des droits de l'homme, Bruxelles, 1990, 297-316.
29 Sobre estas tres generaciones de códigos, con especial referencia a los de América Latina, se remite -en general- a Parise, A., "Civil Law Codification in Latin America: Understanding First and Second Generation Codes", en en Milo, J. M.; Lokin, J. H. A. y Smit, J. M. (eds.), Tradition, Codification and Unification: Comparative-Historical Essays on Developments in Civil Law, Cambridge, 2014, 183-194 y "Armonización del derecho privado en América Latina y el afloramiento de códigos de tercera generación", Revista de Derecho Puertorriqueño, vol. 60, 2021, 365-373 y 384-387. Véase también, más en general aún y sin referir expresamente a las citadas generaciones, Rivera, J. C., "The Scope and Structure of Civil Codes. Relations with Commercial Law, Family Law, Consumer Law and Private International Law. A Comparative Approach", en Rivera, J. C. (ed.), The Scope and Structure of Civil Codes, 2013, 3-39.
30 Sin embargo, cabe destacar que en América Latina los proyectos elaborados por los denominados padres fundadores del derecho civil latinoamericano (es decir, el de Andrés Bello para Chile, el de Augusto Teixeira de Freitas para Brasil y el de Dalmacio Vélez Sarsfield para Argentina) se distinguieron por una cierta originalidad y circularon incluso hacia otros ordenamientos del subcontinente (véase, en general, Guzmán Brito, A., La codificación civil en Iberoamérica. Siglos XIX y XX, Santiago de Chile, 2000, 349, 425, 441-57 y 494-507).
31 De Constitution de la société civile française, con referencia al Código Civil francés, hablaba ya Demolombe, C., Cours de Code Napoléon, vol. I, París, 1880, 45.
32 La que por entonces regulaba principalmente lo concerniente a la organización del Estado, dedicando pocas disposiciones a los derechos y libertades individuales (véase, entre otros, Pizzorusso A., "Las 'generaciones' de derechos", Anuario de Derechos Humanos (España), vol. 3, 2002, 295).
33 Esta idea de contrato estaba resumida en la célebre afirmación "[q]ui dit contractuel, dit juste", formulada por el filósofo francés Fouillée, A., La science sociale contemporaine, 2.ª ed., París, 1880, 410.
34 Las cuales desde el denominado constitucionalismo social han aumentado exponencialmente las disposiciones en las que se reconocen derechos no solo individuales, sino también sociales, culturales e, incluso, ambientales, sea a favor de individuos, grupos o de la colectividad en su conjunto.
35 Sobre este fenómeno véase en general, nuevamente, Irti, N., L'età della decodificazione, passim.
36 Acerca de este otro fenómeno, con especial referencia al derecho puertorriqueño, se remite a Álvarez González, J. J., "La reforma del Código Civil de Puerto Rico y los imperativos constitucionales: un comentario', Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, vol. 52, 1991, 225-227 y Silva-Ruiz, P. F., "Leyes principales", cit., 76, nota 7.
37 Sobre muchas de estas características véase Lorenzetti, R. L., Fundamentos de derecho privado. Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, 2016, passim.
38 Sobre esta serie de reformas se remite, entre otros, a Fraticelli Torres, M., "A 40 años de la reforma del régimen económico del matrimonio en la normativa del Código Civil de Puerto Rico", Revista Jurídica de la Universidad Interamericana, vol. 50, n.° 1, 2015-2016, 431-442.
39 A esta misma conclusión parecería arribar también Parise, A., "Armonización del derecho privado en América Latina y el afloramiento de códigos de tercera generación", cit., 384.
40 Véase la "Exposición de Motivos", cit., 6. Como se verá a continuación, esta sistemática es seguida también, entre otros y por las mismas razones, por los códigos civiles brasileño, argentino y chino, y por los proyectos de reforma boliviano, español y colombiano.
41 Véase, nuevamente, "Exposición de Motivos", cit., 7 (donde incluso se puntualiza que "[e]n este Código […] se reafirma en reconocer al nasciturus la condición de persona") y, también, Código Civil año 2020 comentado, cit., 56.
42 La parte final del artículo 70, inciso 2, pretendió hacer aplicación de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia estadounidense en tema de aborto en los casos Roe v. Wade (410 U.S. 113 [1973]) y Doe v. Bolton (410 U.S. 179 [1974]), que la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en el caso Acevedo Montalvo v. Hernández Colón (377 F. Supp. 1332 [1974]), había considerado obligatorias para la isla (véase Miranda Rivera, S., "El nasciturus: la verdad sobre sus protecciones", Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, vol. 35, n.° 2, 2001, 310-320). Sin embargo, la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia federal en el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization (n.° 19-1392, 597 U.S._ _ _ [2022]), en la que se sostuvo que la Constitución de Estados Unidos no confiere ningún derecho al aborto y, en consecuencia, se anuló la sentencia Roe v. Wade, podría condicionar los alcances de dicha salvedad.
43 Véase, en este sentido, Código Civil año 2020 comentado, cit., 6-7 y 62-65.
44 Tal como se desprende también de Código Civil año 2020 comentado, cit., 65 y 67-69.
45 En honor a la verdad, cabe señalar que uno de los primeros códigos civiles que reguló en forma sistemática los "Derechos de la personalidad" fue el boliviano de 1975 (arts. 6-23).
46 Una disposición similar, aunque de alcance más amplio, contienen los códigos civiles argentino (art. 684) y chino (art. 145, inc. 1).
47 Sobre estas disposiciones véanse Fraticelli Torres, M., "La persona natural y las instituciones familiares en el derecho puertorriqueño: una mirada axiológica a los libros primero y segundo del nuevo Código Civil de Puerto Rico", 80-82 y Muñiz Argüelles, L., "La revisión de 2020 del Código Civil de Puerto Rico: las obligaciones y los contratos", 196-198, ambos publicados en AA.VV., El Código Civil de Puerto Rico de 2020: primeras impresiones, San Juan, 2021.
48 La Propuesta de enmiendas elaborada por la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ha sugerido bajar la adquisición de la mayoridad a los dieciocho años.
49 Me ocupo del análisis comparado de algunas de estas regulaciones en "La concordancia entre los nuevos códigos civiles latinoamericanos y el de China: una expresión de la común tradición romanística", en Rodríguez Olmos, J. M. (coord.), El Código Civil de la República Popular China. Una primera aproximación desde el derecho comparado, en prensa.
50 Sobre algunas de estas disposiciones véase Fraticelli Torres, M., "La persona natural y las instituciones familiares en el derecho puertorriqueño", cit., 37 y 112-117.
51 Otras categorías de sujetos vulnerables que han recibido una consideración concreta por los últimos códigos civiles y proyectos de reforma son, v.gr, la de los consumidores (véanse el Código argentino, arts. 7, inc. 3, 1092-1122, 1384-1389 y 1651-1655; y los proyectos español, arts. 14-19, 525-8, 528-1-528-10, 541-1-541-17 y 544-1-544-4, entre otros muchos, y colombiano, arts. 487, inc. 3, 515, inc. 2, 531, 532, 737, inc. 2, 1234[1] y 1246.2) e, incluso, la de los indígenas (véanse los códigos brasileño, art. 4, par. único, y argentino, art. 18, y los proyectos boliviano, art. 51. ii. 1, peruano, art. 2049 B, y colombiano, arts. 12, inc. 2, 194, inc. 1 y 195, inc. 3).
52 Es decir, aquellas "cuya propiedad no pertenece a nadie en particular y en las cuales todas las personas tienen libre uso, en conformidad con su propia naturaleza: tales son el aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas" las que pueden adquirirse por ocupación con los límites establecidos por la ley para su protección o preservación (arts. 747, 754 y 875). Esta particular categoría de bienes, que reconoce su fuente en la tradición romano-ibérica, pero que había desaparecido de las codificaciones civiles modernas, concentradas en la tutela de los derecho individuales, había sido incorporada al derecho civil puertorriqueño con motivo de la revisión llevada a cabo al Código Civil en 1902 (art. 326 = art. 254 del texto revisado en 1930) y proviene del Código Civil de Luisiana en su versión de 1870 (art. 450).
53 En realidad, esta otra categoría de bienes públicos ya estaba regulada por la legislación especial, como es el caso de la Ley de Aguas, n.° 136 de 3 de junio de 1976 (arts. 2 y 4), aun cuando en ella pareciera deducirse que dicho bien no fuera de propiedad del Estado sino que este solo se limitara a administrarlo y protegerlo a nombre y en beneficio de la población puertorriqueña en cuanto entidad diferenciada (distinguiéndose así entre lo público estatal y lo colectivo); interpretación que si bien comparto (por ser más coherente con la naturaleza de los bienes en juego), sería sin embargo contraria a la Constitución de 1952 (art. IX, sec. 4), según la cual la expresión Pueblo de Puerto Rico equivale a la de Estado Libre Asociado de Puerto Rico (véase, en este último sentido, Código Civil año 2020 comentado, cit., 188-189).
54 Véase Borrador para la discusión del Código Civil de Puerto Rico, Memorial explicativo del Libro Tercero-Derechos reales, San Juan, 2003, 72, disponible en: https://www.oslpr.org/ [consultado el 7 de junio de 2023], entrada "Borrador Código Civil 2010".
55 Este principio está reafirmado luego, v.gr., en materia de condominio de edificios (art. 286, inc. 1), de derechos reales de goce sobre bienes inmuebles o muebles ajenos (art. 326) y de cumplimiento del contrato (art. 509, inc. 3), e inspira la obligación de reciclar los objetos viejos prevista entre las disposiciones relativas a la extinción del vínculo contractual (art. 558) y en la normativa sobre la compraventa (art. 625), en la que se establece -además- que los objetos deben ser embalados de acuerdo a métodos compatibles con el medioambiente (art. 619).
56 A mayor abundamiento se remite a mi "Los nuevos códigos civiles de la República Argentina y de la República Popular China confrontados: dos ordenamientos y un único sistema", Roma e America. Diritto romano comune, vol. 40, 2019, 382-388 y, más en general, a "La concordancia entre los nuevos códigos civiles latinoamericanos y el de China: una expresión de la común tradición romanística", cit.
57 Véase, al respecto, Muñiz Argüelles, L., "La revisión de 2020 del Código Civil de Puerto Rico: derechos reales", en AA.VV., El Código Civil de Puerto Rico de 2020: primeras impresiones, San Juan, 2021, 140 y 141, quien señala que el artículo se basa en la legislación de varias jurisdicciones estadounidenses donde la explotación de estas fuentes de energía suele estar en manos privadas y no, como en Europa y América Latina, en manos del sector público).
58 Acerca de esta nueva categoría de servidumbres véanse, en general, Peña Chacón, M., "Cambio climático y servidumbres ambientales" Medio Ambiente y Derecho, vol. 21, 2010, disponibble en: https://vlex.es/vid/climatico-servidumbres-ambientales-212796413 [consultado el 7 de junio de 2023] y Lasagna, L. D., "El derecho real de servidumbre: una estrategia que contribuye a preservar el medioambiente" Revista de la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, nueva serie II, vol. VII, n.° 2, 2016, 147-161.
59 Tal como se expresa en la "Exposición de Motivos" cit., 13.
60 La disposición aquí comentada guardaría relación con otra, introducida también por el Código Civil de Puerto Rico de 2020, en la que se reconoce al propietario de una finca el derecho de recoger y conservar en depósitos las aguas pluviales que caigan en ella para utilizarlas en beneficio propio (art. 875), lo que es cónsono con la calidad de cosa común reconocida a este otro recurso natural igualmente abundante y accesible a todos en el archipiélago puertorriqueño (véase supra en la nota 52).
61 Véase, entre otros, Lorenzetti, R. L., Fundamentos de derecho privado, cit., 415.
62 Véase nuevamente, en este sentido, la "Exposición de Motivos", cit., 7.
63 Aunque sin dedicarles un régimen orgánico e integral, ya habían precisado que los animales no son cosas los códigos civiles austríaco (§ 285a, introducido en 1988), alemán (§ 90a, introducido en 1990), suizo (art. 641a, introducido en 2002), moldavo de 2002 (art. 287), liechtensteiniano (art. 20 del libro sobre derechos reales, reformado en 2003), catalán de 2006 (art. 511-1]) y neerlandés (art. 3:2a, introducido en 2013); mientras que han optado por considerarlos, además, como seres "sensibles" o "sintientes" los códigos civiles checo de 2012 (§ 494), francés (art. 515-14, introducido en 2015), quebequés (art. 898.1, reformado en 2015) y belga de 2020 (art. 3.39 del libro sobre bienes). En América Latina se colocó en esta misma línea la Ley colombiana 1774 de 2016, que reformó el artículo 655 c. c., disposición conservada pero no desarrollada por el proyecto de reformas de 2020 (art. 197, inc. 3). Me ocupo con más detenimiento del análisis de estas regulaciones en "El nuevo régimen jurídico de los animales en las codificaciones civiles de Europa y de América", Revista de Derecho Privado, vol. 44, 2023, 51-90.
64 Me refiero al caso Obergefell v. Hodge, 576 U.S. _ _ (2015), 135 S. Ct. 2584 (2015).
65 Véase supra en la nota 8.
66 Véanse, en este sentido, el Borrador para la discusión del Código Civil de Puerto Rico, Memorial explicativo del Libro Segundo-Las Instituciones Familiares-I, San Juan, 2007, 1-9, disponible en: https://www.oslpr.org/ [consultado el 7 de junio de 2023], entrada "Borrador Código Civil 2010", y la "Exposición de Motivos", cit., 9.
67 Se trata de una tendencia que -con distintos grados y matices- ha caracterizado todo el sistema romanístico y -en particular- el derecho de América Latina; sobre cuyo concepto de familia, desde la perspectiva del derecho constitucional y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me he ocupado -respectivamente- en "El concepto constitucional de familia en América Latina. Tendencias y proyecciones", Revista de Derecho Privado, 29, 2015, 15-55 y en "La nozione di famiglia nelle decisioni della Corte Interamericana dei Diritti Umani", en Saccoccio, A. y Cacace, S. (eds.), Europa e America Latina, due continenti, un solo diritto. Unità e specificità del sistema giuridico latinoamericano, vol. II, Torino, 2020, 494-519. Paradigmático en este sentido es el nuevo Código de las Familias cubano de 2022, el cual entre los principios que rigen las relaciones familiares establece expresamente el del "equilibro entre orden público familiar y autonomía" (art. 3.l).
68 La Propuesta de enmiendas elaborada por la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico sugiere agregar expresamente al artículo 609 los supuestos de "identidad de género" y de "orientación sexual".
69 Véase, en general, Fraticelli Torres, M., "La persona natural y las instituciones familiares en el derecho puertorriqueño", cit., 68-80.
70 Véase, en este sentido, Lorenzetti, R. L., Fundamentos de derecho privado, cit., 160 y 161.
71 Véase, nuevamente, Fraticelli Torres, M., "La persona natural y las instituciones familiares en el derecho puertorriqueño", cit., 63-68 y 86-88.
72 Tal es lo que se deduce de una interpretación sistemática de las normas del Código Civil puertorriqueño. Paradigmáticas resultan, en este sentido, las disposiciones con las que principian los respectivos libros dedicados al "Derecho de Familia" del proyecto de reforma integral colombiano, en el que se afirma que se reconocen todas las familias cualquiera que sea su conformación (art. 1598), y del proyecto de reforma parcial peruano, en el cual se reconocen las diversas formas de constituirla (art. 233). En sentido coincidente, la Propuesta de enmiendas de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ha sugerido incorporar al artículo 362 c. c. una definición de familia amplia e inclusiva, unida por lazos afectivos, no sexuales.
73 El cual dedicaba todo el Título XI a las "Uniones de hecho" (véase el Borrador para la discusión del Código Civil de Puerto Rico, Memorial explicativo del Libro Segundo-Las instituciones familiares-II, cit., 643-683).
74 Emplea una expresión similar, para referir a esta tipología familiar ("análoga relación de afectividad a la conyugal"), el Código Civil español modificado en 2015 (arts. 47.3, 48, 175.4-5, 176.2.2.ª, 177.2.1.ª y 178.2.ª).
75 Lo que ya había sido reconocido por el Código Civil abrogado (art. 152-A) en virtud de las enmiendas llevadas cabo en 1997 y en 2012 (véase supra en la nota 8).
76 Véase, sobre algunas de estas disposiciones, Fraticelli Torres, M., "La persona natural y las instituciones familiares en el derecho puertorriqueño", cit., 115-117 y, también, Hestres Vélez, E. F., "La responsabilidad extracontractual bajo el Código Civil de 2020. Un análisis comparativo", 263 y Figueroa Cabán, F. R., "¿Qué hay de nuevo?… viejo. Aproximación al Libro de contratos en particular del Código Civil 2020", 307 y 308, también publicados los dos últimos en AA.VV., El Código Civil de Puerto Rico de 2020: primeras impresiones, San Juan, 2021.
77 En América Latina han hecho recientemente referencia expresa a esta tipología familiar una sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué (Colombia), del 26 de junio de 2020, y otra del Juzgado Penal de Rawson (Argentina), del 10 de junio de 2021. Me ocupo más detalladamente de este tipo de familia en "El nuevo régimen jurídico de los animales en las codificaciones civiles de Europa y de América", cit., 72-80.
78 En el derecho argentino este silencio ha sido interpretado, por un sector de la doctrina y de la jurisprudencia, en el sentido de admitir esta técnica (véase, entre otras, Cámara Nacional Civil de Buenos Aires, Sala I, sentencia del 27 de agosto de 2020, en el caso S., M. D. e altri c. A., S. S. s. Filiazione, en la que se citan las Conclusiones -a favor de esta interpretación- de las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil [Bahía Blanca, 2015], comisión n.° 6 [Derecho de familia: Identidad y filiación]).
79 Esta norma reconoce sus antecedentes en la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261 (1985), tal como se puntualiza en Código Civil año 2020 comentado, cit., 650 y 651.
80 Acerca de estas disposiciones véase, una vez más, Fraticelli Torres, M., "La persona natural y las instituciones familiares en el derecho puertorriqueño", cit., 88-98 y 107-112.
81 Como bien se observa también ibid., 106.
82 Asimismo han previsto el divorcio en sede notarial, entre otros, Cuba (Decreto-Ley 154 de 1994 y arts. 291-296 c. de las familias), Colombia (Ley 962 de 2005), Ecuador (art. 18.22 de la Ley Notarial, reformada en 2006), Brasil (art. 733 c. p. c.) y Perú (Ley 29.227 de 2008).
83 Al respecto se remite a Guerrero Calderón, B., "Libro VI del Código Civil 2020: la sucesión por causa de muerte", en AA.VV., El Código Civil de Puerto Rico de 2020: primeras impresiones, San Juan, 2021, 384-387.
84 Tal como se precisa en Código Civil año 2020 comentado, cit., 1560.
85 Véase, nuevamente, Guerrero Calderón, B., "Libro VI del Código Civil 2020" cit., 402-405.
86 Esta norma completa el régimen de tutela de la vivienda familiar previsto en materia de disolución del matrimonio (arts. 476-487), como también se reconoce en Código Civil año 2020 comentado, cit., 1481, deduciéndose -además- que la fuente de la disposición en cuestión son los artículos 731 y 732 c. c. peruano de 1984.
87 Sobre estas otras disposiciones véase, una vez más, Guerrero Calderón, B., "Libro VI del Código Civil 2020", cit., 387-390. En la Propuesta de enmiendas de la Comisón de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se manifiesta, también, la preocupación por la necesidad de armonizar los artículos 476 y 1625 del nuevo c. c. puertorriqueño.
88 Como ya había propuesto en el derecho puertorriqueño Bosques Hernández, G. J., "Una propuesta de arbitraje testamentario para Puerto Rico", Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, vol. 19, n.° 3, 2007, 369-376.
89 Por su parte, el Código Civil chino establece -con alcance más general- que cualquier controversia motivada en una sucesión debe ser afrontada mediante una consultación amigable entre los herederos, con espíritu de unidad, comprensión recíproca y conciliación, y solo en caso de falta de acuerdo aquellos pueden dirigirse ante un comité de concialición popular o intentar una causa ante el Tribunal del Pueblo (art. 1132).
90 Según se aprecia en Código Civil año 2020 comentado, cit., 1008, se habría tomado aquí el significado de la palabra obligación en el sentido que expone Martín Pérez, A., "Art. 440", en Albaladejo García, M. (dir.), Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, t. XV, vol. 1, Madrid, 1989, 10, como la relación obligatoria en su conjunto, que tiene en cuenta tanto el aspecto activo como el pasivo.
91 En cambio, v.gr., ponen el acento en la posición del acreedor (al invertir los extremos de la definición de obligación) los códigos civiles argentino (art. 724) y chino (art. 118), y el proyecto de reforma boliviano (art. 486); los cuales estarían influenciados -directa o indirectamente- por las ideas de Savigny, F. C. von, System des heutigen Römischen Rechts, Berlin, 1840, 338 y Das Obligationenrecht als Theil des heutigen Römischen Rechts, Berlin, 1851, 4-7, quien amoldó la relación obligatoria con base en la relación de dominio. Me he ocupado, en general, de algunos de estos aspectos en "El Código Civil de Andrés Bello como punto de partida para la armonización/unificación del derecho de las obligaciones en América Latina", en Navia Arroyo, F. y Chinchilla Imbett, C. A. (eds.), La vigencia del Código Civil de Andrés Bello: análisis y prospectivas en la sociedad contemporánea, Bogotá, 2019, 61-64.
92 También ha operado este primer grado de generalización el Código Civil y Comercial argentino (art. 729) y la proponen los proyectos de reforma boliviano (art. 490), español (art. 511-2) y colombiano (art. 433).
93 Esto es además lo que se deduciría de Código Civil año 2020 comentado, cit., 1010, de acuerdo con el cual la referida disposición proviene del proyecto argentino de 1998 (art. 677), el que relacionaba expresamente el principio de buena fe con el deber de cooperación de los sujetos pasivo y activo de la relación obligacional. Sobre la obligación como vínculo de cooperación entre el deudor y el acreedor véase, en general, Betti, E., Teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1953, 9-201.
94 Véase, al respecto, Código Civil año 2020 comentado, cit., 1089-1091 y Muñiz Argüelles, L., "La revisión de 2020 del Código Civil de Puerto Rico", cit., 218-221.
95 Véase, nuevamente, ibid, 209-215. Una normativa similar establecen también los códigos civiles brasileño (arts. 157, 423 y 478-480), argentino (arts. 332, 987, 984-989 y 1091) y chino (arts. 151, 496-498 y 533); así como los proyectos de reforma boliviano (arts. 129, 130, 158-161, 691, 692 y 739-741), español (arts. 524-5, 525-5-525-9, 526-5 y 527-9) y colombiano (arts. 108, 515, 499, 500 y 520).
96 Esta coincidencia está motivada en la circunstancia de que todas esas disposiciones reconocen como fuente -directa o indirecta- el artículo 904 del proyecto argentino de Código Civil de 1998 (véase en este sentido, con relación a la norma puertorriqueña, Código Civil año 2020 comentado, cit., 1162).
97 Véanse, sobre este particular, ibid., 1245, 1246, 1285 y 1286, y Figueroa Cabán, F. R., "¿Qué hay de nuevo?… viejo", cit., 304 y 307, quien extiende, además, el requisito de la proporcionalidad a la compraventa y a los contratos de obra y de servicios (respectivamente en las páginas 303 y 310).
98 Véase National City Bank v. De la Torre, 49 DPR 562 [1936]. Sobre estas otras disposiciones se remite, nuevamente, a Código Civil año 2020 comentado, cit., 1280 y 1281, 1286, 1361, 1363 y 1364, y a Figueroa Cabán, F. R., "¿Qué hay de nuevo?… viejo", cit., 307, 308 y 315.
99 Parafraseo aquí el título de Lambert-Faivre, Y., "L'évolution de la responsabilité civile d'une dette de responsabilité à une créance d'indemnisation" Revue trimestrielle de droit civil, vol. 86, n.° 1, 1987, 1-19, cuyas ideas en esta materia son compartidas, entre otros, por Lorenzetti, R. L., Fundamentos de derecho privado, cit., 334-351.
100 Para un análisis pormenorizado de estas disposiciones, en comparación con el código abrogado, se remite a Hestres Vélez, E. F., "La responsabilidad extracontractual bajo el Código Civil de 2020", cit., 234-238 y 246-258.
101 El borrador del Libro V (art. 314) elaborado por la Comisión revisora había optado en cambio, como regla, por la mancomunidad (véase Borrador para la discusión del Código Civil de Puerto Rico, Memorial explicativo del Libro Quinto-De los contratos y otras fuentes de las obligaciones, San Juan, 2004, 357-359, disponible en: https://www.oslpr.org/ [consultado el 7 de junio de 2023], entrada "Borrador Código Civil 2010". Acerca de la importancia de reconocer la solidaridad en el ámbito de la responsabilidad civil, con especial referencia al derecho puertorriqueño, se remite a Bernabe-Riefkohl, A. y Álvarez González, J. J., "Defensa de la solidaridad: comentarios sobre la propuesta [de] eliminación de la responsabilidad solidaria en la relación extracontractual", Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, vol. 78, n.° 3, 2009, 745-766. De las codificaciones aquí confrontadas, han optado también por el reconocimiento expreso de la solidaridad en este ámbito los códigos civiles brasileño (art. 942), argentino (art. 1751) y chino (art. 177 y 1168), y los proyectos de reforma boliviano (art. 1094), español (art. 5194-1) y colombiano (art. 537).
102 En honor a la verdad, ya el código de 1930 contenía algunas medidas preventivas del daño (al igual que los de la mayor parte de los ordenamientos romanísticos) en los casos de edificios ruinosos y de los árboles que amenazan caer (arts. 323 y 324), los que fueron conservados por el de 2020 (art. 800).
103 Véanse, en este sentido, los casos S.L.G. v. F.W. Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81 (1997); Pagán Navero v. Rivera Sierra, 143 DPR 314 (1997); Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298 (1995); Carrasquillo v. Lippitt & Simonpietri, Inc., 98 DPR 659, 669 (1970); Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 55 (1967) y Rivera v. Rossi, 64 DPR 718, 721 (1945).
104 Sobre el régimen de los daños punitivos en el nuevo Código Civil puertorriqueño véase nuevamente, a mayor abundamiento, Hestres Vélez, E. F., "La responsabilidad extracontractual bajo el Código Civil de 2020", cit., 240-246, quien observa que esta figura había sido ya admida en Puerto Rico -entre otras- por las leyes Antimonopólica, n.° 77 de 25 de junio de 1964 (art. 12.a), y de Salario mínimo, vacaciones y licencia de enfermedad, n.° 180-1998 (art. 11.a).
105 Cabe señalar que el Anteproyecto del Código Civil y Comercial argentino de 2012 contenía una disposición en la que se regulaba la denominada sanción pecuniaria disuasiva para quien actuaba con grave menoscabo hacia los derechos de incidencia colectiva, cuyo monto y destino debía ser determinado por el juez mediante resolución fundada (art. 1714); disposición que, sin embargo, fue eliminada del texto definitivo aprobado por el Congreso Nacional en 2014 (al contrario de lo sucedido en Puerto Rico, donde los daños punitivos no estaban previstos en los borradores elaborados por la Comisión revisora, siendo introducidos por la Asamblea Legislativa). A mi juicio, el modo en el que se regulaba esta institución en el Anteproyecto argentino se contraponía un poco menos al modo en el que tradicionalmente se concebía el sistema de responsabilidad en los ordenamientos de la tradición romanística, pues solo se aplicaba en caso de afectación de intereses colectivos (los que recién en los últimos tiempos han merecido la protección del derecho de daños) y el importe de la sanción no se traducía necesariamente en una indemnización suplementaria a favor de la víctima (circunstancias estas que permitían eludir las principales críticas formuladas a esta figura).
106 Aun cuando ambos aspectos se encuentren íntimamente vinculados entre sí, ya que todos estos paradigmas constituyen -también- desarrollos de la tradición romanística, de lo que me he ocupado de demostrar en "El nuevo Código Civil de Puerto Rico: ejemplo de resistencia de la tradición romanística en un ordenamiento asediado por el common law", Roma e America. Diritto romano comune, vol. 41, 2020, 567-608.
107 En particular, mediante la introducción del ya referido Libro I dedicado enteramente a "Las relaciones jurídicas" (que hace las veces de una Parte General), por lo que a primera vista parecería inspirarse en la Pandectística alemana (como ocurre también con el Código Civil chino de 2020). Sin embargo, la metodología adoptada por el nuevo código puertorriqueño reconocería sus orígenes más remotos en la obra legislativa del jurista brasileño Augusto Teixeira de Freitas (cuyas ideas eran conocidas por los integrantes de la Comisión revisora, tal como se desprende de Código Civil año 2020 comentado, cit., 204 y 211), quien se anticipó en casi treinta años al BGB, inaugurando en el derecho latinoamericano una orientación seguida luego -directa o indirectamente y con distintos alcances- por los códigos civiles argentinos de 1869 y 2014, nicaragüense de 1904, brasileños de 1916 y 2002, peruanos de 1936 y 1984, paraguayo de 1985 y cubano de 1987, así como por los proyectos boliviano de 2018 y colombiano de 2020.
108 Véase el "Preámbulo del Código Civil", en Obras completas de don Andrés Bello, vol. IX, Santiago de Chile, 1885, 464 y 465, el que constituye el texto del Mensaje con el cual el presidente de Chile, Manuel Montt, y el ministro de Justicia, Francisco Javier Ovalle, remitieron al Congreso, el 22 de noviembre de 1855, el Proyecto de Código Civil chileno; uno de los códigos más icónicos de América Latina, y no solo de ella.
109 Como observa Muñiz Argüelles, L., "La revisión de 2020 del Código Civil de Puerto Rico: introducción", en AA.VV., El Código Civil de Puerto Rico de 2020: primeras impresiones, San Juan, 2021, 4.
110 Véase la "Exposición de Motivos", cit., 20.
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