ALCANCE DEL CAPITAL SOCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIVISMO: UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE BOGOTÁ Y MEDELLÍN, COLOMBIA^*

The scope of social capital in building civic responsibility: a comparative study between Bogotá and Medellín, Colombia

O alcance do capital social na construção da responsabilidade cívica: um estudo comparativo entre Bogotá e Medellín, Colômbia

Manuel Fernando Cabrera Jiménez¹
Edgar Lombana Díaz²
Yessica Adriana Peña Ríos³

^* DOI: https://doi.org/10.18601/01245996.v27n53.08. Sugerencia de citación: Cabrera Jiménez, M. F., Lombana Díaz, E. Peña Ríos, Y. A, (2025). Capital social y construcción de civismo: estudio comparativo entre Bogotá y Medellín. Revista de Economía Institucional, 27(53), 187-216.

¹ Doctor En Estudios Políticos. Investigador Universidad ECCI, Bogotá, Colombia, [mcabreraj@ecci.edu.co], [https://orcid.org/0000-0003-1030-8626]
² Msc. En Educación. Investigador Universidad ECCI, Bogotá., Colombia, [elombanad@ecci.edu.co], [https://orcid.org/0000-0002-5867-4791]
³ Msc. En logística y Comercio Internacional. Investigadora Universidad ECCI, Bogotá, Colombia, [ypenar@ecci.edu.co], [https://orcid.org/0000-0002-3818-1949]

Resumen:

El presente artículo propone como objetivo analizar el alcance del capital social en la generación de civismo en las ciudades de Medellín y Bogotá a partir de un estudio comparado, considerando el capital social como factor relevante en las relaciones sociales y económicas, que afecta su desarrollo. Para ello, se analizan datos oficiales de mediciones en capital social en 1997, 2005, 2011, 2017. En términos metodológicos, el cual se realiza una investigación de tipo descriptiva con análisis cuantitativo, a partir de técnica de regresión lineal, identificándose en los resultados disparidades entre la generación y uso del capital social en las dos ciudades, observándose divergencia entre ellas, así como frente al panorama nacional, fenómeno que obedece a causas endógenas históricas culturales de los territorios que moldean el reconocimiento y valoración del capital social como agente incidente.

Palabras clave: Asociatividad, comunidad, integración, capital social, civismo; JEL: D62, H76, I31, O35.

Abstract:

The objective of this article is to analyze the scope of social capital in the generation of civility in the cities of Medellin and Bogota from a comparative study, considering social capital as a relevant factor in social and economic relations, affecting its development. For this, official data on social capital measurements in 1997, 2005, 2011, 2017 are analyzed, in methodological terms, which is performed a descriptive type research with quantitative analysis, from linear regression technique, identifying in the results disparities between the generation and use of social capital in the two cities, observing divergence between them, as well as against the national panorama, a phenomenon that obeys to endogenous historical-cultural causes of the territories that shape the recognition and valuation of social capital as an incident agent.

Keywords: Associativity, community, integration, social capital, civic spirit; JEL: D62, H76, I31, O35.

Resumo:

Objetivo deste artigo é analisar o alcance do capital social na geração de civismo nas cidades de Medellín e Bogotá com base em um estudo comparativo, considerando o capital social como um fator relevante nas relações sociais e econômicas, afetando seu desenvolvimento. Para isso, são analisados dados oficiais de medições de capital social em 1997, 2005, 2011, 2017, em termos metodológicos, em que se realiza uma pesquisa do tipo descritiva com análise quantitativa, a partir de uma técnica de regressão linear, identificando nos resultados disparidades entre a geração e o uso do capital social nas duas cidades, observando divergência entre elas, bem como em comparação com o panorama nacional, fenómeno que se deve a causas históricas e culturais endógenas dos territórios que moldam o reconhecimento e a valorização do capital social como agente incidente.

Palavras-chave: Associatividade, comunidade, integração, capital social, espírito cívico; JEL: D62, H76, I31, O35.

1. INTRODUCCIÓN

El capital social surge como un recurso inmaterial que incide en la esfera de interacción pública y privada del sujeto a nivel político, económico y social, afectando los niveles de desarrollo endógeno del territorio (Hrabéczy et al., 2023). Sus antecedentes se remontan a los aportes de Alexis de Tocqueville en el siglo XIX, quien analiza las relaciones de asociatividad entre nativos y colonizadores europeos en el contexto de Estados Unidos (Woolcock, 1998). En la década de los años sesenta, Bourdieu (2021) centra sus estudios en el impacto individual que genera el capital social en la sociedad, a partir de la proposición de una teoría denominada "estructuralismo-constructivista"; la cual, en términos de Corcuff (1998), reconoce la existencia de estructuras sociales que articulan instituciones e individuos por medio de vínculos formales (redes), los cuales influyen en el comportamiento colectivo de los sujetos y así crean y acumulan capital social.

Además, el capital social permite que los grupos generen redes asociativas a partir de la acción recíproca entre sujetos e instituciones, lo cual genera posibilidades de fortalecimiento del desarrollo en el territorio, base para el crecimiento y estabilidad socioeconómica de la población (Boisier, 2005). Estas redes demandan la creación de valores como la confianza en el estamento colectivo de las partes y el reconocimiento de una normatividad validada (Brummer & Herbes, 2018). En este sentido, el capital social comunitario aborda la interacción de sujetos que promueven el bienestar colectivo a partir de compartir cultura, valores y normas (Sobel, 2002), lo que posibilita progreso a nivel grupal, e incrementando el desarrollo endógeno en términos expresados en creación e incremento de proyectos asociativos que generan relaciones principalmente a nivel vertical (Martínez-Cárdenas et al., 2015).

Por consiguiente, la importancia del capital social como recurso radica en la capacidad de materializar el beneficio colectivo construido al servicio del grupo. Asimismo, permite en su dimensión estructural servir de base para el planteamiento de políticas públicas que potencien alternativas de desarrollo a nivel comunitario, por medio de redes sociales fundamentadas en vínculos formales que generan incidencia colectiva con diversos grados de cohesión expresado en materializar alternativas que expresen mejor desarrollo económico y social. De esta forma, aumenta los niveles de bienestar y desarrollo promoviendo un mejor comportamiento cívico que redunda en una sociedad próspera, según (Rubio, 2012): "En definitiva, la capacidad de las personas de aprovechar las redes sociales existentes, su participación en ellas, permite obtener mayores beneficios de los que lograría actuando individualmente y sin el apoyo de dichas redes" (p.44).

En los últimos años, la percepción del capital social a nivel mundial ha ganado reconocimiento en las ciencias económicas e impacto en la consolidación democrática al interior de los territorios (González-Heras, 2022). Dicho impacto se expresa en la instrumentalización de dimensiones como la participación ciudadana, la asociatividad comunitaria, el desarrollo económico y humano, la gobernabilidad, la democracia, entre otras (Portes & Landolt, 2000). En estos escenarios, los postulados del capital social permiten identificar su alcance multidimensional que impacta la interacción social y la asociatividad como lo argumenta Field, (2016), destacando el capital social comunitario, como un factor que permite potenciar las capacidades colectivas con los recursos disponibles en virtud del desarrollo. En términos de Bourdieu (2002), el capital social se fortalece desde el reconocimiento de las reglas y el marco institucional, así como en el grado de confianza que se evidencia como valor fundamental en el contexto democrático y el orden social en un grupo categorizado, el cual debe evidenciar altos niveles de confianza como lo plantea Fukuyama, (2018).

Bajo esta perspectiva, el capital social como recurso inmaterial implica una connotación amplia de la articulación de estructuras y recursos en virtud de crear el interés colectivo de un conglomerado, en este sentido, el capital social en perspectiva pragmática, potencia la asociatividad y la generación de redes horizontales y verticales que promuevan integración colectiva a partir de la identificación de principios y valores avalados por el conglomerado social (Zugravu-Soilita et al., 2021). En el ámbito colombiano, se ha observado un modesto grado de generación de capital social. Este fenómeno se explica por razones históricas, geográficas y de fenómenos como la violencia, el narcotráfico y las migraciones internas que han caracterizado el país conllevando a la gestación de una sociedad individualista que antepone el interés particular al colectivo, lo que derica en un escenario proclive a la atomización social, entorno que se complejiza por el bajo fomento a la educación cívica de la sociedad (García-Ojeda, 2012).

En Colombia, se han desarrollado cuatro mediciones sobre capital social en los años 1997, 2005, 2011 y 2017, a nivel nacional (Sudarsky & García Díaz, 2020). Adicionalmente, la quinta medición (2023 en desarrollo) ha identificado como el capital social como un paradigma relativamente desconocido por muchos, a la vez relevante en la sociedad como fuente de desarrollo (Gaitán Daza, 2001). Esta perspectiva del paradigma obedece en parte a las consecuencias de procesos históricos particulares, expresadas en violencia y desigualdad en el territorio colombiano, las cuales han complejizado el conflicto interno, afectando la dimensión social, económica y política, agudizando la pobreza, fomentando altos niveles de desconfianza en el entorno público nacional, lo que perjudica así procesos de descentralización administrativa de las regiones y centros urbanos, y posibilita clientelismo y corrupción (Barberena Nisimblat, 2021)

Bajo este contexto, se puede identificar como problema central la baja generación de capital social como recurso incidente en el fomento de desarrollo en el país, afectado por la idiosincrasia fruto de procesos de violencia endógena sumados a limitaciones en infraestructura e inversión así como atención del gobierno de turno a la generación de desarrollo del territorio en virtud de fortalecer el desarrollo humano. Esta situación, sumada a la descomposición social expresada en corrupción, narcotráfico, desigualdad y conflicto armado, incrementa la violencia, afectando la generación de civismo en escenarios urbanos y rurales a lo largo del territorio nacional y por ende la asociatividad (Rubio, 2012a). Para tal fin, se propone un estudio comparado entre los dos principales centros urbanos Bogotá y Medellín, ciudades que agrupan el 59 % en promedio en los últimos cinco años de la oferta y demanda de servicios y actividades económicas a nivel país (Dane, 2024), con la finalidad de reconocer en cuál escenario se genera y reconoce mayor capital social comunitario.

Por esta razón, este proceso investigativo, propone como objetivo principal, reconocer las diferencias de la incidencia del capital social como recurso inmaterial en la construcción de relaciones cívicas que potencien un escenario equitativo y fuente para el desarrollo humano de la sociedad, permeando a la vez el crecimiento económico en las ciudades de Bogotá y Medellín.

En términos de diseño metodológico, se parte de la observación, revisión documental, recolección de datos, análisis, aplicación de técnicas estadísticas, discusión de los resultados y planteamiento de conclusiones. En virtud de la generación y acumulación de capital social mediante procesos de regresión lineal y correlación de variables (Aguilera Hintelholher, 2013) tomando como base datos oficiales generados por organizaciones y entidades como la Cooperación para el Control Social CONTRIAL, la Cámara de Comercio y la Contraloría General de la Nación entre otras entidades, teniendo en cuenta el dinamismo social y cultural particular de cada ciudad del estudio.

Como hallazgos, se propone comparar la relación y acumulación entre dimensiones que consolidan la generación de capital social, como son: comportamiento cívico, confianza, asociatividad, participación en redes, normatividad, que inciden en el comportamiento de los ciudadanos en el contexto local y la significancia potencial en mejores condiciones de civilidad de los conglomerados urbanos, dinamismo que,en términos de Putnam (2011), fortalece la democracia y calidad de vida de los ciudadanos.

Como hipótesis frente a este problema, se plantea que prima el interés individual sobre el colectivo, factor recurrente en el entorno nacional, demostrando bajo interés de los ciudadanos en los asuntos públicos y asociativos, así como endebles vínculos de confianza entre ciudadanos y estamentos públicos. Sin embargo, las características de idiosincrasia propias del territorio evidencian una discreta diferencia entre las ciudades de Bogotá y Medellín en la creación de capital social, reconociendo que en Medellín se potencia un poco más el respeto a lo público, expresado en mejores comportamientos cívicos, sin desconocer la problemática nacional: Colombia ha presentado un declive en el stock de capital social en el periodo 2011-2017 con bajos niveles de asociatividad, confianza y reconocimiento de normas, afectando así la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Finalmente, el artículo se desarrolla con la siguiente estructura: inicialmente se presenta una introducción donde se plantea la contextualización de la temática y delimitación del tema en el contexto de análisis; posteriormente, se propone una breve revisión documental sobre el capital social y el contexto nacional; seguidamente, se describe el proceso metodológico y los análisis estadísticos a desarrollar, así como las variables abordadas; luego se analiza el comportamiento de cada actor estudiado y sus particularidades frente al capital social, desarrollando la correlación; para, finalmente, plantear el análisis de los hallazgos, las conclusiones y proponer nuevos campos investigativos.

2. CAPITAL SOCIAL: BREVE REVISIÓN DEL SUSTENTO TEÓRICO

El capital social cobra visibilidad en el contexto de las ciencias sociales y, posteriormente, económicas y políticas a inicios del siglo XX, en los años veinte, a partir del estudio del fenómeno asociativo y las relaciones interpersonales en parte de la población norteamericana, particularmente en el estado de West Virginia, donde se evidenciaron problemas sociales y de baja productividad comunitaria, así como desinterés por la unión comunitaria (Hanifan, 1916) (Posteriormente, en el periodo de posguerra, la consolidación de grandes urbes en Estados Unidos conlleva a una atomización de la sociedad debido al nuevo estilo de vida citadino, donde las prácticas sociales de cercanía conducen a aislarse del vecino, fomentando el individualismo.

En este sentido, Jacobs, (1961), plantea que este fenómeno de modernización, expresado en desarrollo, se sustenta en nuevas políticas urbanísticas que destruyen comunidades y generan sociedades fragmentadas en barrios densamente saturados de espacios minúsculos, afectando las condiciones humanas y, por ende, la capacidad asociativa de la comunidad, cambiando desde la cotidianidad los valores y prácticas sociales en ciudades como Chicago, Nueva York, entre otras.

De esta forma, en el contexto urbano, se transforman los hábitos sociales de los ciudadanos a partir de nuevas realidades moldeadas por el auge del desarrollo industrial (Sobel, 2002), fenómeno que transformó las relaciones sociales y económicas, lo que conlleva a que los sujetos sean menos cívicos en su interacción comunitaria y, por ende, incrementen sus niveles de desconfianza y aislamiento en el entorno citadino. A mediados de los años sesenta, desde la perspectiva de Wacquant (2017), se reconoce la teoría del estructuralismo, que asume el capital social como fuente de relaciones entre instituciones y sujetos institucionalizados que posibilitan la interacción entre grupos que demandan capitales como el económico, físico y cultural, planteamiento propuesto por Bourdieu (2002). Estos recursos, articulados entre sí, posibilitan la generación de capital social, considerado como un recurso prioritario para el funcionamiento de una sociedad en el marco de una estructura planificada.

En consonancia con lo anterior, a partir de la década de los años noventa, el capital social se visibiliza en el marco de los estudios del desarrollo, identificando dos perspectivas: inicialmente, se reconoce el enfoque cognitivo, el cual examina la relevancia de los valores y las normas expresadas por el sujeto como insumo relevante en la construcción de tejido social, principalmente desde la individualidad y relaciones horizontales, las cuales inciden en el rol en la estructura social y habitus del sujeto, vinculado con su entorno interpersonal (Fukuyama, 2018); (Bourdieu, 2000). Por otra parte, se identifica el enfoque comunitario, el cual potencia las relaciones de índole formal, viabilizando procesos democráticos y cívicos mediante la interacción entre el Estado y sociedad, expresado en relaciones verticales, fortaleciendo así una perspectiva política y social amplia asociada con gobernanza y crecimiento económico (Woolcock & Narayan, 2000); (Durston, 2000).

Por su parte, Putnam, (2011) evalúa, desde el paradigma del capital social comunitario, cómo la baja participación y recelo de los ciudadanos hacia los asuntos públicos condenan al atraso de un territorio, incidiendo en su desarrollo económico y social; igualmente, resalta la relevancia de las redes formales en la buena gestión de la administración pública. Coleman, (1990) reconoce el capital social comunitario como una estructura de relaciones entre actores sociales, considerándolo como un bien público colectivo que, a partir del desarrollo de redes verticales en un marco de institucionalidad, potencia que los individuos logren más fácilmente sus metas colectivas motivados desde la decisión individual racional, reconociendo así la relevancia de las dos perspectivas (Ostrom, 2011).

En este sentido, para que se logre la generación de redes que privilegien el ámbito económico y social, se reconoce la confianza como una fuente prioritaria (Fukuyama, 2018), junto con la cultura endógena, la normatividad, la asociatividad y el trabajo colaborativo como requisitos intrínsecos del capital social.

En la dinámica del discurso del desarrollo contemporáneo, el capital social comunitario se reconoce como un enfoque sobresaliente para la construcción de políticas de desarrollo y fomento a la civilidad, cobrando relevancia debido a que potencia la articulación entre agentes estatales y privados que tienen la capacidad de moldear e implementar políticas públicas que beneficien el interés colectivo. Este proceso demanda implementar programas que fomenten asociatividad, confianza y validación de normas como base de planes de desarrollo que potencien la generación y acumulación de recursos y su interacción con los recursos naturales y financieros disponibles (Woolcock, 1998).

3. EL CAPITAL SOCIAL ESTRUCTURAL Y SU ALCANCE COMUNITARIO

El capital social comunitario cobra relevancia en la perspectiva de la estructura económica y política y el discurso del desarrollo en el contexto contemporáneo, siendo un constructo importante tanto para las organizaciones como para las políticas públicas que de él se generan, así como para los agentes y grupos poblacionales (Kay, 2006). Su reconocimiento se gesta desde la década de los años noventa en el campo de la ciencia política (Atria et al., 2003); (Ostrom, 2003), entorno donde el concepto de capital social estructural es articulado con el desarrollo endógeno y se le categoriza como peculiaridad intrínseca del desarrollo, que favorece la participación ciudadana y cívica de la sociedad.

Por su parte, Granovetter (1973) identifica como obstáculo a la asociatividad que existen en vínculos fuertes y débiles entre agentes, como las instituciones y los grupos informales de ciudadanos, así como en el reconocimiento y articulación de políticas públicas y programas de desarrollo colectivo. Bajo esta dinámica, depende la generación de capital social estructural; sus análisis no se centran estrictamente en la dimensión económica, sino también en la política, partiendo de reconocer la asociatividad como escenario donde la racionalidad de los ciudadanos tiende a una dimensión que sobrepasa su interés individual (Tittenbrun, 2014).

En este sentido, Durston, (2000) reconoce el capital social como la fundamentación de la interacción social consensuada entre sujetos, constituida a partir de la reciprocidad que surge desde el reconocimiento de la experiencia social construida por medio de la interacción en virtud del objeto social. En términos de Field, (2016), la asociatividad fortalece las habilidades que permiten la especialización del trabajo; de esta forma, se genera capital social y se beneficia la perspectiva económica.

La dimensión estructural asume que el capital social se fundamenta en la importancia intrínseca que tienen las organizaciones formales en perspectiva socioeconómica, que inciden en la construcción de asociatividad, aumentando los vínculos formalizados desde la normatividad (Haldar & Stiglitz, 2016), posibilitando la construcción de redes que propician la participación del ciudadano en estructuras sociales institucionalizadas.

Asimismo, North (2016) reconoce la relevancia del capital social desde el neoinstitucionalismo, articulando las dimensiones económica y política, evaluando la evolución y consolidación de las instituciones y su incidencia en la transformación y generación de vínculos económicos entre agentes privados y estatales mediados por las normas y los valores, estableciendo un orden que permite el desarrollo económico y social de una comunidad, a partir del uso legítimo del poder, que acumulan las instituciones estatales, entendiéndose como los pilares de las estructuras democráticas (Kenneth, 1997).

En la esfera estructural del capital social, de forma implícita, se aborda el enfoque comunitario, el cual, desde su alcance económico, político y social, permite a los ciudadanos disfrutar de los beneficios de la pertenencia a una colectividad (Peluso et al., 2024), facilitando las acciones e intereses de actores públicos y privados por medio de redes, apoyados por las instituciones y las políticas públicas que de allí se generan, que posibilitan control social, fuentes de apoyo informal y potencialidades de beneficios colectivos (Portes, 1998).

Por su parte, el capital social comunitario está conformado por las estructuras y las normas que integran las instituciones que se dinamizan por medio de vínculos verticales con los ciudadanos, las cuales cuentan con capacidad sancionatoria y un compendio normativo que las empodera de legitimidad, moldeando comunidades que involucran cohesión de intereses y propósitos comunes (Woolcock, 1998). De esta manera, se puede comprender el capital social comunitario a partir de las relaciones sociales que propician las instituciones y la decisión de los ciudadanos, entendiéndose como un constructo intangible que fortalece el desarrollo comunitario colectivo (Durston, 1999), donde cobra relevancia en el marco de la economía de mercado, permitiendo subsanar en parte la incapacidad del Estado por garantizar una respuesta a las desigualdades propias del sistema (James et al., 2021).

El capital social comunitario se desarrolla a partir del fortalecimiento de dos formas principales de vinculación entre comunidad e instituciones: relaciones puente y relaciones de vínculos asociativos, que potencialmente generan lazos de articulación en la comunidad, moldeadas según la cultura, el avance en desarrollo económico y el enfoque del sistema político (Mpanje et al., 2018).

Adicionalmente, el capital social, a partir de relaciones puente, crea redes al integrar niveles e intereses diferentes en grupos con particularidades explícitas que ostentan diferencias étnicas, ideológicas y económicas diversas, reconociendo desde la heterogeneidad la articulación de sinergias en virtud del interés comunitario, favoreciendo la reciprocidad y solidaridad entre sus miembros (González-Heras, 2022).

En segundo lugar, se identifica que el capital social, fundamentado en las relaciones de vínculos asociativos, bajo una perspectiva de cohesión donde se comparten principios y valores religiosos, ideológicos y culturales, permite construir sobre la fraternidad entre iguales que construyen desde el reconocimiento de valores y principios aceptados por el colectivo homogéneo, validando relaciones legítimas para el conglomerado en las dimensiones económicas, sociales y culturales, posibilitando la generación de redes como una fuente de capital social exclusivo que no incide o permea directamente en términos de asociatividad en los sujetos que están fuera del conglomerado, evidenciando así una perspectiva excluyente del capital social (Putnam, 2003); (Rubio, 2012b).

4. CONTEXTO NACIONAL COMO ESCENARIO INCIDENTE EN LA GENERACIÓN DE CAPITAL SOCIAL

El desarrollo del país en las últimas décadas ha sido permeado por procesos complejos de orden público, complejizados desde el auge del narcotráfico, paramilitarismo y guerrilla: conflictos que complejizan desde los años noventa el escenario político y social colombiano (Castrillón García & Pérez Reyes, 2024). Acontecimientos que incrementaron la violencia y transformaron las dinámicas económicas y sociales a nivel nacional, tanto en entornos rurales como en centros urbanos, efectos que han permeado el territorio nacional. El problema de los años noventa evidenció una cultura de delincuencia y corrupción que incrementó la violencia y el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, siendo así el surgimiento de la llamada <cultura del narcotráfico>, que ha permeado la contemporaneidad nacional hasta la actualidad (Correa Ortiz, 2022).

A finales de la década de los años ochenta, en el marco del gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990), el país se enfrentaba a un periodo permeado por terrorismo, masacres y violencia, problemáticas que ocupaban en gran parte el interés del gobierno nacional, descuidando el desarrollo del territorio, conllevando al incremento de la pobreza y desigualdad principalmente a nivel rural y, por ende, fomentando que ciudadanos se vincularan a grupos armados, generando una cultura informal que ha moldeado en gran medida la idiosincrasia nacional hasta la actualidad, así como el desarrollo de grandes migraciones internas a nivel país. Dicho escenario y, en general, el clima de incertidumbre del país conllevó a la generación de la Asamblea Nacional Constituyente y, por ende, a la promulgación de la Constitución en 1991, con la cual se buscaba que el Estado tuviese mayor capacidad política y normativa para poder enfrentar la realidad nacional y, de igual forma, fomentar la descentralización administrativa y autonomía en gestión local del territorio, aumentando la participación ciudadana y el control político (Arenas Mendoza, 2021).

Desde la perspectiva de Gaitán Daza (2001), se resaltan otros hechos de índole político y democrático promovidos a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, fortaleciéndose la institucionalidad expresada en la organización de los regentes administrativos del Estado, que permite mayor participación ciudadana y el reconocimiento de los derechos de comunidades minoritarias en el modelo democrático (Beltrán Mora & Gómez Walteros, 2022), escenario que conlleva a generar reformas políticas, económicas, sociales y ambientales para mejorar el crecimiento en los indicadores económicos, respondiendo a un sistema de participación ciudadana activa que mejore y posibilite una adhesión competitiva en el entorno de la economía internacional, aumentando la competitividad, principio prevalente como objetivo de los países en desarrollo.

Por otra parte, en términos de Guevara Latorre, (2015), la intervención de naciones como Estados Unidos es clave para hacerle frente a los actos delictivos ligados al narcotráfico y las guerrillas, donde se generaron procesos de cooperación y solidificación de las relaciones entre las naciones, principalmente de orden militar y apoyo a la sustitución de cultivos ilícitos a partir de la implementación del Plan Colombia. Por su parte, Beltrán Mora & Gómez Walteros, (2022) reconocen que, en los gobiernos subsecuentes a inicios de los años noventa, se puede evidenciar que los periodos presidenciales de César Gaviria y Ernesto Samper no marcarían cambios sociales categóricos, ni en términos de desarrollo económico, ni en orden y seguridad nacional, ya que se planteaba una política de paz que no pasaba de la retórica; sin embargo, establecieron algunos escenarios que fomentaron inversión extranjera e internacionalización frente a un fenómeno de apertura económica del mercado.

Así mismo, en la década de los noventa, el país fortaleció la inversión en temas de seguridad nacional, con el apoyo de la cooperación internacional, y el desarrollo del Plan Colombia, lamentablemente, se redujo la inversión en educación, investigación y desarrollo social, afectado el crecimiento del territorio, lo cual agudizó no solo los problemas políticos, sino sociales y ambientales a partir de inicios del siglo XXI (Cortés et al., 2012) donde surge el plan de gobierno de Álvaro Uribe denominado Seguridad Democrática, el cual permitiría aumentar la presencia del Estado en áreas afectadas por narcotráfico y guerrilla generando una reducción de actos o la disminución de la capacidad de acción de los grupos armados, y por ende la recuperación parcial de la seguridad nacional, fortaleciendo el desarrollo en sectores económicos como el agrario, minero y servicios importantes para el país (Pallares Cabezas, 2017).

El gobierno de Juan Manuel Santos centra su agenda en la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado interno, donde se lanzan acercamientos formales para iniciar conversaciones con las FARC, en busca de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, convirtiéndose en un gobierno que fomenta la paz, apoyado por la comunidad internacional, materializando oportunidades económicas, políticas y sociales desde la cooperación internacional, gestada por diferentes actores, esfuerzos sincronizados con políticas públicas para el desarme y la desmovilización principalmente de este grupo (Mora Patiño, 2023).

Los consensos del proceso de paz que se firmaron en 2016, establecieron aspectos que permitieron ejercer cohesión con las formas y seguimiento de acciones de justicia y la reparación de víctimas, logrando un acuerdo definitivo con el desarme, alto al fuego, participación política y desarrollo rural se esperaba incidiera en mejorar las condiciones económicas de seguridad e incremento de actividades productivas, comerciales en el territorio (Campiño Rodríguez, 2021) lamentablemente, la realidad dista de estas características actualmente, donde un gobierno de Izquierda como lo es, el del presidente Gustavo Petro no ha podido consolidar la llamada Paz Total en un escenario nacional donde se identifican un sin número de actores residuales de los grupos guerrilleros de las FARC y el narcotráfico de los noventa, complejizando los procesos de negociación, visibilizando una realidad moldeada por la violencia y auge del crecimiento de los cultivos ilícitos en una sociedad polarizada (Vargas Velásquez, 2025).

Bajo estos atenuantes, en términos de capital social se identifican elementos que explican porque su generación y acumulación en tan baja en el país, reconociendo que uno de los mayores agravantes es un bajo nivel de cohesión como sociedad, situación que permea las relaciones económicas y políticas de toda la sociedad. Así mismo, no hay que desconocer aportes significativos de la sociedad civil, así como el liderazgo y reconocimiento importante de los gremios en actividades de lucró, las organizaciones sindicales que han aportado a la construcción de estamento productivo, las cooperativas, clubes, voluntariados y juntas comunales que presentan un trasegar amplio que fomenta y promulga la acogida y reconocimiento como expresiones válidas de la cotidianidad expresadas en la construcción de capital social incidiendo en el fomento del desarrollo cooperativo, así no logre generar beneficio colectivo solo a una parte de la sociedad (Rubio, 2012).

Es relevante reconocer como un acuerdo de paz entre el gobierno nacional, grupos guerrilleros y otros actores del conflicto, se puede asumir, como oportunidad de poner fin a más de 50 años de conflicto armado con un promedio de siete millones de víctimas, y un sin número de violaciones de derechos humanos expresados en despojos, secuestros, torturas, desapariciones, actos violentos, reclutamiento forzoso entre muchas más prácticas de guerra (Vargas Velásquez, 2025) afectando sustancialmente el capital social desde las precarias relaciones de confianza, la pérdida del respeto a la vida, realidades que moldean negativamente la construcción de comunidad, conllevando a la atomización de intereses y capacidades, que se desarrollan desde el interés individual creado desde la elección racional del sujeto, quien sobrepone sus interés individuales sobre los colectivos, llevando así al robustecimiento de un conflicto armado que ha arrasado procesos productivos y sociales destruyendo capital y tejido social condenando a la población a un malestar permanente (Martinez-Cardenas, 2017).

5. EL CAPITAL SOCIAL EN EL ENTORNO COLOMBIANO

En Colombia la medición del capital social inicia su proceso en 1997, donde prácticamente se logra reconocer el concepto y su incidencia en el contexto nacional, su segundo medición se da en 2005, la cual comparada con la primera, se observa que se incrementa el tejido social y disminuye la participación cívica, en 2011, se identifica una condición crítica pues se presenta una disminución sustancial en las dos variable anteriormente analizadas, además en democracia participativa, así mismo, se observa un reconocimiento por las fuentes de información no válidas, entre 1997 y 2005 la participación cívica también decae categóricamente (Sudarsky & García Díaz, 2020).

En la medición 2017, se observa un alto declive en todas las variables y baja confianza en los medios de comunicación como radio, televisión y prensa tradicionales, migrando al uso de redes sociales para conocer información identificándose un fenómeno de desinterés en lo público y de los procesos democráticos, sobreponiendo el interés individual sobre el colectivo del ciudadano (Sudarsky & Contraloria General de la Nación, 2018).

En términos de Foliaco-Gamboa, (2013), la estructura de las mediciones realizadas en Colombia a partir de 1997, asumen como marco teórico referencial los trabajos de Coleman, Putnam y la CEPAL principalmente, reconociendo las variables e indicadores propuestos por ellos para los procesos de medición empleados en más de 70 países, que buscan por medio de estas mediciones, explicar cómo el desarrollo económico es modelado por la civilidad, asociatividad y la confianza, potencializando así, el capital social como un recurso inmaterial con capacidad de incidencia colectiva desde una perspectiva económica y política como se ha demostrado en otros latitudes europeas y asiáticas (Solow, 2007).

Por su parte, Kliksberg, (2002) identifica en sus postulados que la incidencia de la relación entre asociatividad y cooperación incrementa los niveles de bienestar en la comunidad, destacando así, el rol del capital social como un factor que aumenta el crecimiento económico y por ende el bienestar. Pero sin duda, una de las mayores bondades del capital social en la esfera económica, es su capacidad para reducir los costes de transacción, permitiendo mejores flujos de información, disminuir riesgos y aumentar la posibilidad de acción colectiva en un entorno plural, fundamentado en los paradigmas de la teoría racional que articula redes y normatividad para explicar el fenómeno del desarrollo en un contexto social (Ostrom et al., 2003).

Algunos de los principales exponentes de las investigaciones en capital social en Colombia es John Sudarsky quien a partir del desarrollo del modelo "BARCAS" inicia en la década de los noventa, una serie de estudios que buscan comprender la dinámica de la interacción social en el país a partir de recolectar información en varias dimensiones y escenarios como lo son confianza horizontal y vertical, medios de comunicación, participación democrática, generación de redes entre otras, lo que ha permitido a través del tiempo evidenciar como la carencia de capital social en el territorio incide en la esfera económica, social y política a nivel regional o nacional.

Estos estudios han sido realizados con el apoyo de entidades como: Contraloría General de la Nación, Cámara de Comercio, Fundación Restrepo Barco entre otras. Igualmente, se han realizado otros trabajos como el desarrollado en 1997 por parte de María Mercedes Cuellar y la Universidad Externado de Colombia, fundamentado en la Encuesta Mundial de Valores, quienes a partir de la delimitación de una muestra estratificada promedio 3000 personas, en los principales centros urbanos del país entre otros estudios.

En términos generales como hallazgos de estos trabajos, se puede observar una baja percepción de valoración de las instituciones del Estado en términos de gestión, así como el impacto y respeto a las normas por parte del ciudadano, se ha demostrado que existe alto nivel de desconfianza de los ciudadanos con instituciones como la policía y el ejército evidenciándose, también rechazo a grupos al margen de la ley (guerrillas y paramilitares), escenarios incidentes en la ruptura de vínculos institucionalizados y por ende la afectación en la generación del tejido social reconocidos como fuentes de violencia endógena en el territorio valorando el interés particular sobre el público en gran parte de la población (Gaitán Daza, 2001).

6. METODOLOGÍA

Se propone un proceso investigativo de tipo descriptivo con análisis primordialmente cuantitativo con un enfoque deductivo que permite develar la correlación entre capital social y su incidencia en la generación de civilidad en los centros urbanos analizados, este análisis parte de la revisión de una fundamentación teórica que permite el reconocimiento de las variables definidas de capital social y su comportamiento en el entorno (Älvarez-Gayou, 2003).

La investigación propuesta compara los resultados oficiales de la medición del capital social en Colombia, particularmente de la ciudad de Bogotá y Medellín en los periodos de 1997, 2005, 2011 y 2017, asumidos estos por su relevancia en el desarrollo nacional, analizándose cuatro factores KSOCIAL, KCI, CONFIE y FENOVAL, tomados de estudios nacionales instrumentalizando sus respectivas dimensiones que son: solidaridad y mutualidad, relaciones horizontales, participación cívica, jerarquía, control social, confianza institucional, participación política, medios, civismo y transparencia y redes (Sudarsky & Contraloria General de la Nación, 2018).

Por lo tanto, la comparación de los datos cuantitativos históricos muestra el comportamiento del capital social en las dos ciudades, generando una correlación entre los datos nacionales, particularmente Medellín se destaca por una población de 1.825.889 personas en el 2023, además de una mayor presencia empresarial en temas de Innovación según City of the Year en el Wall Street Journal y una participación del 6,45% en el PIB nacional en el mismo año, frente a Bogotá, que es una ciudad que tiene una población de 7.968.095 personas en el 2023, la mayor presencia en el tema administrativo estatal, empresarial, cultural e industrial y una participación del 12,79% en el PIB nacional (DANE, 2023), definidos como criterios para determinar las variables dependientes que representan los factores del capital social y las variables independientes los periodos de medición (Allanson & Notar, 2020), analizados y procesados en la herramienta SPSS Vs 25 que permitirá observar el grado de la correlación de los datos en los factores.

Para el presente artículo, la muestra oficial en Bogotá es de 1000 cuestionarios de las 20 localidades, y en Medellín de 500 cuestionarios en las 16 comunas para un total de 1500 encuestados, por lo que la muestra está definida por conveniencia por el Barómetro de Capital Social - BARCAS, investigación realizada por la Contraloría General de la Nación (Sudarsky & García Díaz, 2020).

Esta investigación utiliza un método cuantitativo, (Kerlinger & Lee, 2008) a partir del desarrollo de una revisión bibliográfica de los factores teóricos y estadísticos relacionados con los resultados nacionales y la correlación de los resultados de Bogotá y Medellín, priorizando el análisis cuantitativo, permitiendo la simetría entre los factores, dimensiones y variables de la muestra poblacional, e identificando la incidencia de los resultados en las dos ciudades. Para la generación del modelo propuesto en la correlación simple con los datos Nacionales, Bogotá y Medellín, se especifica la siguiente fórmula:

Donde x, son los periodos de medición de las series temporales de 1997, 2005, 2011 y 2017, y las variables son las dimensiones Solidaridad y mutualismo, Relaciones horizontales, Participación cívica, Articulación vertical, Confianza institucional, Control social, Participación política, Medios de comunicación, Republicanismo cívico e Información y transparencia. Además, x_i e y_i es la desviación típica x_i de los periodos e y_i de las dimensiones. En la correlación de los tres contextos para el análisis de los datos en el coeficiente de correlación de Pearson los datos son cualitativos (Zhou et al., 2016), pero se convierte en cuantitativa al evaluar la percepción de los encuestados, lo anterior, busca asociar las variables mediante un patrón predecible en la población (Hernández-Sampieri et al., 2014), donde:

En la que, x e y representa la media de la variable dependiente e independiente y s_x s_y la desviación típica de las dos variables para la significación en un rango de once dimensiones (Schober et al., 2018).

7. RESULTADOS

En Colombia la evaluación del capital social abarca desde 1997 hasta la última de 2017. En ella se han identificado los factores de mayor incidencia desde una perspectiva histórica y sus resultados en el crecimiento económico del país, al evaluar los componentes básicos de interacción en la estructura social, así como los grupos poblacionales en la dimensión solidaria y la interacción rural-urbana, lo que permite categorizar la infraestructura social actual desde sus recursos disponibles (Sudarsky & García, 2020).

Para mejor comprensión de la siguiente tabla, la codificación utilizada se detalla a continuación: NC nacional; BOG Bogotá y MED Medellín.

En la tabla 1, se puede observar la evolución de la generación promedio de capital social comparando el promedio nacional con Bogotá y Medellín, mostrando que en estos tres escenarios, el acumulado está por debajo del 50%. Situación que lleva a considerar que la sociedad colombiana tiene una baja valoración y construcción de capital social en promedio, en todo el territorio nacional que impacta negativamente en el desarrollo del país.

8. MODELACIÓN DE REGRESIÓN LINEAL

Previo al análisis de regresión, se realizó estadística descriptiva donde se parte de la comparación de la medición de Capital Social de los resultados para la población N1 Bogotá y N2 Medellín. El método de muestreo por conglomerados en las 20 localidades de Bogotá n1 =1000 y el método de muestreo por conglomerados en las 16 comunas de Medellín n2 =500, con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 1,6%. Teniendo como base las cuatro (4) mediciones realizadas del Barómetro de Capital Social (BARCAS), donde, posteriormente se desarrolló la correlación de Pearson para mayores de 30 datos entre variables de las dimensiones del estudio, determinando el coeficiente de correlación r² y la significación p entre las variables de las poblaciones n1 y n2.

En primer lugar, el factor Ksocial, que tiene datos desde 1997, establece los parámetros de relación con los hechos de violencia y estructura política que han generado la segmentación de la sociedad colombiana hasta alcanzar altos niveles de aislamiento e individualismo en las principales regiones del país en cada medición, identificándose que para el 2017 disminuye categóricamente, ampliando la brecha entre las dimensiones de vinculación por parámetros de solidaridad que es reemplazada por oportunismo en el manejo de recursos y mutualismo con intermediación estatal limitan la capacidad de creación de capital social. Según Portes (1999) siendo esta una evidencia que el país tiene brechas estructurales que presentan desigualdad y complejizan el planteamiento de soluciones de los problemas sociales en términos de competitividad y desarrollo económico del país en las últimas dos décadas (Freyre, 2013). Así, los resultados demuestran las condiciones de la sociedad colombiana, en la que el interés individual se manifiesta por la fragmentación social en su participación y acción en relación con la asociatividad. Además, Burt (2000) define la cualidad en la que se presta una ayuda mínima entre iguales, pero que no llega a la solución de problemas colectivos en los espacios laborales, residenciales o comunitarios a los que se pertenece (Ramírez & Zwerg, 2012).

Igualmente, el comportamiento del factor Kcivic, la sociedad colombiana asume actividades cívicas, locales, medios de comunicación y voluntariado con bajos índices de participación en partidos políticos (Sudarsky & García, 2020) que, aunque Colombia tiene el nivel de secularización más bajo del mundo, su desinterés por participar con entidades de la estructura social es cada vez mayor (Haerpfer et al., 2022).

El factor de confianza, es por término medio inferior al -40% (Sudarsky & García, 2020), donde la mayor conexión con el contexto, las instituciones y los medios de comunicación permite una menor percepción del desarrollo del control social y el crecimiento del país debido a las diferencias entre los actores sociales y las necesidades que requieren un mayor compromiso del capital social para mejorar las condiciones de desarrollo en estados como Colombia. Los nuevos resultados de la medición del factor FENOVAL muestran que en 1997 la población no se preocupaba por la veracidad de la información, sino que asume la comunicación de los medios a su manera, aumentando su interés y conocimiento particular (Sudarsky & García, 2020). Para 2017, los marcadores de los reducidos niveles de educación en aspectos sociales y políticos afectan el comportamiento económico para la elección y gestión del Estado, donde el gobierno ya no maneja la información y los medios de comunicación se limitan a temas que no afectan los problemas públicos, sino temas populistas que tienen un menor impacto en la población. Para mejor comprensión de la siguiente tabla, la codificación utilizada se detalla a continuación: SM Solidaridad y mutualidad; RH Relaciones horizontales; AV Articulaciones verticales; CI Confianza institucional; M Medios; RC Republicanismo cívico e IT Información y transparencia.

Entre las dimensiones sobre la medición del Capital Social en Colombia, la ciudad de Bogotá se evidencia un alto nivel de incidencia en la variable Republicanismo Cívico versus Solidaridad y Mutualidad con un nivel de significancia de 0,0005 y un coeficiente de correlación de 0,995%. En el nivel medio son relevantes las variables Medios de comunicación, Confianza institucional y Articulación vertical con un rango que oscila entre 0,034-0,047 y un coeficiente de correlación de 0,966%-0,953%. Las demás variables no muestran un nivel de incidencia relevante en la correlación aplicada, observándose que el Capital Social está sujeta al comportamiento individual del sujeto más allá del interés colectivo, esto en parte explicado por los diferentes características en los asentamientos urbanos entre localidades de la ciudad, diferencias moldeadas por desigualdad, niveles de ingreso, de desarrollo y pobreza, incrementando la desconfianza en la sociedad en el estamento político y social en parte de la población. Para mejor comprensión de la siguiente tabla, la codificación utilizada se detalla a continuación: SM Solidaridad y mutualidad; RH Relaciones horizontales; CS Control social; PP Participación política, M Medios; RC Republicanismo cívico e IT Información y transparencia.

En Medellín, la evaluación del Capital Social muestra un alto nivel de impacto en la variable Republicanismo Cívico frente a Relaciones Sociales con un nivel de significancia de 0,0001 y un coeficiente de correlación de 0,999%. Adicionalmente, en las cuatro variables se destaca la relación entre las dimensiones de Participación Política, Medios de Comunicación y Control Social, con un nivel de correlación de 0,020- 0,045 y una correlación de 0,980% -0,955%. El reconocimiento de la forma en que la ciudad de Medellín y su identidad refleja un alto compromiso con su territorio, trascendiendo en la migración y siendo representativa colectivamente en su comportamiento cívico.

9. CONCLUSIONES

Gran parte de la comunidad científica ha reconocido al capital social como un recurso en la consolidación de sociedades democráticas que, fundamentadas desde la confianza, la normatividad y la solidaridad, influyen en el entorno económico del territorio y los escenarios sociales en virtud de mejorar el desarrollo humano, e incrementar las condiciones de percepción de bienestar y estabilidad de la comunidad. De igual forma, el capital social influye directamente en la disminución de los costos de transacción y favorece los vínculos entre gobierno y población. Este paradigma visibiliza comportamientos atípicos en diferentes escenarios, presentándose de forma asimétrica en diferentes contextos geográficos donde variables históricas, culturales y educativas influyen en la posibilidad de aumentar el stock de capital social o, por el contrario, minimizarlo, como en el caso colombiano.

Ahora bien, como característica del capital social se ha evidenciado, como una debilidad implícita del capital social, la generación de exclusión como característica intrínseca, pues no logra permear a todos los sujetos que están por fuera de su red de influencia y, de esta forma, se observa fácilmente que el alcance y goce del capital social se puede asumir como distintivo de una parte de la sociedad (Tittenbrun, 2014).

En el caso colombiano, los resultados obtenidos muestran que la construcción de responsabilidad ciudadana expresada en civismo es más visible en la ciudad de Medellín con 37,38, frente a Bogotá con 26,01, lo que evidencia que, de acuerdo con la dinámica de la ciudad de Bogotá, se presenta una baja valoración en el último periodo de medición (2017). Sin embargo, en el análisis de periodos, como se muestra en la Tabla 1, las dos primeras valoraciones mostraron un promedio de 33,10 y 41,88 respectivamente, ocasionando un descenso en el año 2011, tendencia que alcanzó un punto crítico en la medición de 2017. De acuerdo con la hipótesis planteada, en el contexto colombiano se puede afirmar que no se cumple categóricamente, debido a que las dos ciudades presentan un comportamiento desigual en algunas dimensiones en el periodo 2011 frente al periodo 2017, lo que repercute en la construcción general del capital social y, por ende, en un entorno más cívico.

La dimensión con menor incidencia es la Solidaridad y Mutualidad, que muestran una caída preocupante en el contexto. Asimismo, hay una mejora en el desempeño de las dimensiones analizadas en participación ciudadana, vinculación vertical y relaciones horizontales, mostrando relaciones entre civismo y capital social en términos generales, pero no con la fuerza necesaria para permear el comportamiento de la población. Estas tendencias muestran que en la ciudad de Bogotá prevalece el individualismo en virtud de privilegiar los intereses particulares sobre los colectivos, como se observa en el factor Ksocial; sin embargo, como centro político del Estado, este factor aglutina un gran número de intereses económicos y políticos que afectan a todo el territorio nacional. En las relaciones horizontales, la ciudad de Bogotá tiene un rango de 17,7 (2017), frente a Medellín con 11,10 (2017), fenómeno que puede entenderse al reconocer que Bogotá es el centro político y económico del país, lo que conlleva a una alta concentración de instituciones y entidades públicas, promoviendo así las relaciones productivas de algunos sectores económicos, generando decisiones de impacto nacional.

Sobre la solidaridad y mutualidad como dimensión, se observa una caída categórica entre el periodo 2011 y 2017, donde la ciudad de Bogotá en 2011 presenta un índice de -0,20 y Medellín , 2,60, pasando en 2017 a un escenario donde Bogotá registra una caída negativa de -7,7 y -11,03 en Medellín. Esto muestra que en ambas ciudades se presentan problemas estructurales en la capacidad de cohesión frente a las realidades sociales, así como debilidades en los sistemas de gobernanza que conllevan al fortalecimiento de la participación ciudadana y democrática. Estas situaciones están configuradas por las dinámicas históricas de conflicto en el país, así como por los problemas ligados al narcotráfico y al uso ilegítimo de la fuerza por parte de los grupos armados ilegales, afectando los niveles de confianza en la población y fracturando la relación entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. En el factor Kcivic, el comportamiento evolutivo entre 2011 y 2017.

En términos del análisis comparativo de ciudades en la medición 2017, Medellín presenta un mejor rango de participación ciudadana con 18,90 , lo que la convierte en una de las ciudades con mayor civismo del país. En el caso de Bogotá, hay una mejora frente al 2011 con un comportamiento cívico que alcanza 13,50 , lo que demuestra un adelanto en cuanto al reconocimiento de la participación ciudadana en los procesos de cambio político. En este sentido, se destaca la mejora en virtud del fortalecimiento de la democracia. Esto permite que las instituciones con mayor reconocimiento mejoren su capacidad de relacionarse con los ciudadanos. Sin embargo, este proceso se encuentra en un nivel inicial que requiere mayor interacción entre el Estado y la sociedad. De esta manera, se favorece el desarrollo de políticas públicas que articulen los vínculos entre los ciudadanos y el Estado.

En cuanto a la variable de vinculación vertical, se evidenció una mejora en el periodo 2017 con respecto a 2011, situación que se generó en parte por las políticas desarrolladas bajo el modelo de seguridad-democracia de los gobiernos de turno, que favorecieron el fortalecimiento de las instituciones como eje central de la seguridad del Estado, frente a los grupos ilegales (narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo, principalmente). En el comparativo, Bogotá con 18,30 (2017) frente a Medellín con 28,50 (2017). El resultado muestra un alto nivel de apreciación y reconocimiento de los gobiernos de turno con marcados tintes de derecha. Finalmente, en el contexto colombiano se evidencia una baja interiorización de la relevancia del capital social como fuente de desarrollo. El análisis observado en las ciudades de Bogotá y Medellín muestra una sociedad atomizada, centrada en intereses individuales, afectando la asociatividad, el civismo y la confianza entre los agentes sociales y el Estado, evidenciando una baja acumulación de capital social.

A nivel de síntesis, se puede observar que el capital social es un factor relevante para la generación de nuevas perspectivas de crecimiento y estabilidad social y laboral en un entorno democrático (Boat et al., 2021). En el panorama colombiano, se puede observar que esa premisa no necesariamente se cumple, debido entre otros a las particularidades sociales del país y por falta de generación de capital social, sumada con factores endógenos como el conflicto armado, la cultura del narcotráfico que ha permeado diferentes esferas de la sociedad, la violencia y falta de cohesión colectiva, los bajos niveles de confianza en el gobierno (Arías Cardona & Mazo Peña, 2016). Los altos niveles de desigualdad, el desinterés por lo público del ciudadano de a pie, la corrupción, el abandono estatal de regiones y poblaciones, y la pobreza multidimensional son factores que afectan la creación de tejido social y mayor cohesión colectiva, observándose una tendencia generalizada a favorecer el individualismo en una sociedad atomizada que desestima el interés y respeto sobre lo colectivo, desvirtuando la asociatividad como estrategia incidente en el desarrollo desde su instrumentalización.

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