DESPLAZAMIENTO FORZADO Y CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES DE DESTINO: EL CASO DE PASTO, NARIÑO

FORCED DISPLACEMENT AND LIVING CONDITIONS OF RECEIVING COMMUNITIES: THECASE OF PASTO, NARIÑO

María del Pilar Bohada R.*

* Magíster en Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, [mapibo5@gmail.com]. El levantamiento de la información estadística que soporta el trabajo empírico de esta investigación fue posible gracias al apoyo financiero de la USAID y la OIM. Especial agradecimiento a Luis E. Pérez, asesor del trabajo de tesis, por sus valiosos aportes, interés y compromiso durante el desarrollo de la investigación, a los profesores Luis C. Corral y Hugo Navarro por sus aportes metodológicos y comentarios al trabajo, a los profesores de la Universidad de los Andes, Raúl Castro y Jorge H. Maldonado por sus permanentes observaciones durante el Preseminario y el Seminario de Tesis. Finalmente, agradecimientos a Ana M. Ibáñez y Juan C. Guataquí, jurados de la investigación, por los comentarios y sugerencias que ayudaron a mejorar la versión final. Fecha de recepción: 27 de agosto de 2010, fecha de modificación: 14 de octubre de 2010, fecha de aceptación: 21 de octubre de 2010.

RESUMEN

[Palabras clave: población desplazada, evaluación de impacto, cambios de bienestar, efectos del desplazamiento, correspondencia del puntaje de emparejamiento; JEL: R23, O15, I31, I38, D74]

El conflicto armado en Colombia ha dejado más de 3,3 millones de personas desplazadas que buscan refugio en las ciudades. Los estudios sobre desplazamiento en el país valoran las pérdidas ocasionadas a las víctimas, pero poco analizan sus efectos sobre las condiciones de vida de las comunidades de destino. Este estudio valora los efectos del desplazamiento sobre la población residente en zonas de estrato 1 y 2 de la ciudad de Pasto, Nariño, con técnicas de evaluación de impacto. Los resultados indican que sus efectos son mixtos: negativos en seguridad y vulnerabilidad alimentaria, y positivos en confianza e infraestructura social. Lo que indica que la población desplazada no sólo genera tensiones en las comunidades de asentamiento sino que también aporta a la solución de viejos problemas sociales como la falta de infraestructura de educación y salud.

ABSTRACT 

[Keywords: displaced population, impact evaluation, changes in wellbeing, effects of displacement, propensity score matching; JEL: R23, O15, I31, I38, D74]

The armed conflict in Colombia has left over 3, 3 million displaced persons seeking refuge in the cities. Studies on displacement in Colombia have focused on examining the losses that this crime inflicts on the victims, but have made little progress on analyzing its effects on the standard of living of the receiving communities. This study uses impact evaluation techniques to assess the effects of displacement on populations living in strata 1 and 2 areas in Pasto, Nariño. The findings indicate that displacement has mixed effects on the living conditions of the receiving communities. Although there are negative effects in terms of security and food security, there have been positive effects on trust and social infrastructure. This indicates that while the displaced population generates tension in the receiving communities, it also provides solutions to historical social problems, such as lack of education and health infrastructure.

El desplazamiento forzado causa múltiples daños al país y a las víctimas directas. Éstas sufren pérdidas materiales y económicas que menoscaban su bienestar (Ibáñez et al., 2006, e Ibáñez, 2009), deterioro de las condiciones laborales (Guataquí y Silva, 2006), ruptura de redes que dificulta su integración social (Meertens, 1999, y Bello, 2000), desarraigo de la comunidad de origen que limita el ejercicio de la ciudadanía política (Restrepo, 2010) y pérdida de reconocimiento social como personas capaces de aportar al desarrollo económico y social del país (Pérez, 2004, y Correa et al., 2009).

Para la sociedad, las pérdidas se expresan en la reducción de la productividad agrícola (Ibáñez et al., 2006), la dependencia de la población desplazada de la ayuda estatal, el deterioro de los mercados laborales (Calderón e Ibáñez, 2009) y la alta carga fiscal que supone el cumplimiento del deber constitucional de atender y reparar integralmente a las víctimas.

Aunque al parecer no existe evidencia empírica, se acepta que cumplir el deber constitucional de atender a las víctimas de desplazamiento implica posponer otras inversiones sociales y aplazar la respuesta del Estado a los demás sectores pobres y vulnerables. Las comunidades de asentamiento de población desplazada (comunidades de destino) tienden a ver la llegada de víctimas como un problema para atender sus necesidades. Además se supone que la población desplazada, al gozar de prioridad constitucional por ser víctima de la violencia, adquiere “privilegios” frente a otros sectores sociales y tiende a concentrar la atención del Estado¹.

La tensión entre atender a las víctimas de desplazamiento y a la población vulnerable, sumada al hecho de que el número de víctimas sigue aumentando, ha puesto en primer plano el debate sobre cómo ajustar y reformular las políticas de prevención y atención de los desplazados y sobre cómo evitar o mitigar sus efectos sobre el desarrollo económico y social del país y sobre las condiciones de vida de las comunidades de destino.

En la discusión de las políticas de atención a los desplazados ha empezado a ganar espacio un viejo debate en torno a los efectos de las migraciones económicas sobre la oferta de servicios sociales (Simon, 1994), acceso al mercado de trabajo (Borjas et al., 1996, y Card y Di Nardo, 2000), distribución del ingreso (Kapur y McHale, 2009) y condiciones de vida de las comunidades de destino (Brandes, 1976, y PNUD, 2009)². Aunque estos temas son importantes para formular estrategias de integración entre víctimas y residentes a fin de reducir las tensiones sociales entre ambos grupos, la revisión de la literatura sobre desplazamiento forzado en Colombia permite afirmar que salvo la investigación de Calderón e Ibáñez (2009) sobre su impacto en el mercado de trabajo de trece ciudades y referencias a la importancia del tema en los trabajos de García (1999), Partridge y Mejía (2000) y Naranjo (2005), hay un vacío sobre los efectos del desplazamiento forzado en las condiciones de vida de las comunidades de destino.

La falta de investigaciones en la materia y, en particular, de evidencia empírica sobre los efectos del desplazamiento y su magnitud ha llevado a que la discusión se base en descripción de casos o en lugares comunes. Naranjo (2005) señala que es bastante aceptado que el desplazamiento forzado tiene efectos negativos sobre el bienestar de la comunidad de destino, sin mayores reflexiones sobre la posibilidad de que también tenga efectos positivos. Puesto que el Estado tiene la obligación de atender a las víctimas de desplazamiento, su llegada puede hacer visibles las necesidades de la comunidad residente y generar dinámicas de cooperación que lleven a un mejoramiento de las condiciones de vida de ambos grupos de población.

Para aportar a esta discusión, este artículo busca determinar cuáles son los efectos del desplazamiento forzado sobre las comunidades de destino y su magnitud. En particular, trata de valorar, con técnicas de evaluación de impacto Propensity Score Matching (correspondencia del puntaje de propensión) y Kernel, sus efectos sobre las condiciones de vida de los habitantes de Pasto en cuatro dimensiones del bienestar: infraestructura de educación y de salud, seguridad alimentaria y percepción de la confianza y la seguridad entre la comunidad. Aunque estas técnicas se suelen utilizar para valorar el impacto de programas sociales, se emplean en esta investigación porque minimizan las fuentes de sesgo que pueden alterar la magnitud de los impactos atribuibles al choque generado por el desplazamiento.

El conocimiento de los efectos del desplazamiento forzado da a los formuladores de políticas públicas criterios adicionales para la planeación de las ciudades (Albuja y Ceballos, 2010, y Ferris, 2010) y el diseño de estrategias de integración de víctimas y comunidades vulnerables que promuevan la convivencia pacífica y prevengan actitudes de rechazo, discriminación y nuevos conflictos violentos (Laraña, 1993, y Sánchez y Jaramillo, 1999).

Los resultados, que sólo se aplican a la ciudad de Pasto, indican que el desplazamiento tiene efectos mixtos en las condiciones de vida de las comunidades de destino. Efectos negativos en materia de seguridad y vulnerabilidad alimentaria, y positivos en confianza e infraestructura social. La coexistencia de ambos tipos de efectos sugiere que el desplazamiento no sólo genera tensiones en las comunidades de destino sino que también contribuye a resolver viejos problemas como la falta de infraestructura de educación y salud.

El artículo consta de cuatro secciones. La primera describe la problemática del desplazamiento forzado y la política de atención. La segunda presenta el marco de referencia conceptual a partir del cual se retroalimentan las hipótesis de investigación. La estrategia empírica y los resultados se presentan en las secciones tercera y cuarta. En la sección final se sintetizan las conclusiones y recomendaciones.

DESPLAZAMIENTO FORZADO: ENTENDER EL PROBLEMA ANTES DE VALORAR SUS EFECTOS

El objetivo de este trabajo es identificar y estimar la magnitud de los efectos del desplazamiento forzado sobre el bienestar de las comunidades de destino. Puesto que no es posible evaluar los efectos de un fenómeno social y político complejo como el desplazamiento si no se entienden primero sus rasgos característicos y la naturaleza de la respuesta del Estado, esta sección aborda dichos aspectos a partir de una breve revisión de algunos de los trabajos sobre desplazamiento forzado publicados en Colombia. Además de presentar un panorama integral del fenómeno, permite ubicar el estudio en un campo de investigación poco tratado en la literatura sobre desplazamiento forzado en el país.

El desplazamiento en Colombia es una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Según registros del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, 2009), Colombia es, después de Sudán, el país con mayor número de víctimas de este delito y el quinto (las estimaciones oscilan entre el 8% y el 10%), después de Chipre, Somalia, Sudán e Irak, con mayor proporción de población afectada.

Además de su magnitud, más de 3,3 millones de personas entre 1997 y 2009 y más de mil municipios afectados por expulsión o llegada según el Registro Único de Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social, el drama humanitario es uno de los más graves en el ámbito internacional pues el conflicto armado, la principal causa del desplazamiento forzado en el país, aún continúa y el total de víctimas sigue aumentando. Según las cifras del Registro citado, más del 60% han sido desplazadas en los últimos ocho años.

En cuanto a la forma que adopta el fenómeno, la población desplazada huye abandonando sus bienes y redes sociales para salvaguardar la vida. Cuando llegan a las ciudades en busca de refugio y seguridad, las víctimas tratan de insertarse de cualquier manera y sin planificación, en comunidades que a veces las desconocen como tales y las tratan con desconfianza y las estigmatizan como integrantes de los grupos al margen de la ley (Villa, 2005, y Correa et al., 2009).

Como se mencionó al comienzo, existen diversas interpretaciones sobre los daños que genera el desplazamiento en el bienestar de las víctimas. Visto desde disciplinas como el trabajo social y las ciencias de la salud, el desplazamiento mengua las posibilidades de reconstruir su proyecto de vida (Meertens, 1999) y provoca un choque cultural que puede afectar su salud mental (Sánchez y Jaramillo, 1999). Visto desde la ciencia política, Pécaut (2000) detecta el daño en la pérdida de inserción social, de significado de la experiencia de vida y negación de los derechos. Desde un enfoque jurídico, Restrepo (2010) argumenta que el principal daño del desplazamiento es el desarraigo que lleva a la pérdida de ciudadanía política y a que en algunos contextos las víctimas sean tratadas como parias. Y desde el punto de vista de la economía, Ibáñez y Moya (2006), Ibáñez et al. (2006) e Ibáñez (2009) han estimado las numerosas pérdidas sociales y económicas que sufren las víctimas de desplazamiento como resultado de la migración forzada.

Las pérdidas en salud y alimentación son graves. La Organización Panamericana de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos y la Comisión Europea (2005) encuentran que el desplazamiento provoca un aumento del nivel de anemia en mujeres gestantes, en la prevalencia de enfermedad diarreica y respiratoria en niños y niñas menores de cinco años, y en los niveles de inseguridad alimentaria. Las pérdidas causadas por el desplazamiento son tan graves que, según estimaciones de Garay (2008), en 2008 el 98,6% de los hogares desplazados tenía ingresos inferiores a la línea de pobreza y el 82,6% inferiores a la línea de indigencia. Ibáñez (2009) señala que de no adoptar políticas efectivas de atención a las víctimas, en particular programas que restituyan su capacidad productiva, el desplazamiento es un camino sin retorno a la pobreza.

Aunque predominan los efectos negativos sobre el bienestar de las víctimas, Ibáñez y Moya (2006) señalan que, después del desplazamiento, indicadores de acceso a educación y salud, cobertura de servicios públicos y percepción de seguridad tienden a mejorar. Esta última, porque se reduce o desaparece la presión y el hostigamiento de los grupos armados ilegales.

En lo que se refiere a la respuesta del Estado al problema del desplazamiento, el país dispone de una legislación, basada en la Ley 387 de 1997 y la Ley 1190 de 2008, además de en varios documentos CONPES y decretos reglamentarios, que establece una política pública de prevención y atención. Conforme a esta legislación, la política consta de tres componentes: prevención y protección, asistencia humanitaria de emergencia, y estabilización social y económica. La primera busca evitar nuevos desplazamientos y proteger a la población en zonas de violencia; la segunda, atender la emergencia derivada del desplazamiento, y la tercera, encontrar soluciones duraderas para las víctimas mediante el retorno, la reubicación o el asentamiento definitivo en el lugar de llegada.

Con base en esta legislación, la inminencia de desplazamiento o su ocurrencia activan el Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada (SNAIPD). De modo que las autoridades locales, en cabeza del comité municipal o departamental de atención a población desplazada, en coordinación con la Nación, quedan obligadas a brindar asistencia humanitaria a las víctimas y, pasada la emergencia, a informarles sobre sus posibilidades de estabilización social y económica. Esto último mediante programas de capacitación laboral, apoyo a iniciativas productivas, programas de seguridad alimentaria, subsidios de vivienda y mejoramiento de la infraestructura básica de las zonas de asentamiento.

Si bien la ruta de atención está definida, y el gobierno nacional y los gobiernos locales han logrado algunos efectos en las condiciones de vida de las víctimas mediante programas como Familias en Acción, generación de ingresos y subsidios de vivienda, la población desplazada sigue enfrentando graves condiciones de indefensión³. Al parecer, la situación es crítica y la política pública sigue enfrentando serios retos para asegurarle el goce de sus derechos y superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004⁴.

En este contexto, el impacto del desplazamiento sobre las comunidades de destino dependerá en gran medida de qué tanto el Estado atienda la orden de la Corte Constitucional de dar prioridad a la inversión en población desplazada y en zonas afectadas por el desplazamiento, así como del tipo de intervención⁵. Si la atención a la población desplazada deja sin financiación los programas para sectores pobres y vulnerables, si las autoridades no resuelven la presión sobre la oferta social de educación y salud que genera esa población, si no fortalecen las relaciones de confianza entre víctimas y residentes y no prestan especial atención a la seguridad en las zonas de asentamiento, es posible que los efectos sean negativos. Pero si el Estado y la comunidad internacional asignan recursos para proyectos que, además de responder a las necesidades especiales de las víctimas, mitiguen problemas de pobreza como la carencia de infraestructura básica de educación y salud, fortalezcan las redes de confianza y solidaridad entre víctimas y residentes, y promuevan medidas de seguridad y convivencia, es probable que los efectos sean positivos.

Además de ayudar a identificar los elementos conceptuales mínimos para entender el desplazamiento, la revisión de literatura indica que hay un vacío en la investigación de sus efectos sobre las comunidades de destino. El análisis de esta problemática significa un cambio de énfasis en los estudios del desplazamiento forzado en el país, pues implica pasar del análisis de sus efectos sobre las víctimas (ampliamente investigados en la literatura económica) al estudio de sus efectos sobre las condiciones de vida de las comunidades en las que se asientan. Esta investigación se inscribe en este giro, del que hace parte el trabajo de Calderón e Ibáñez (2009).

MARCO CONCEPTUAL

Para precisar las hipótesis de investigación y el m é todo del estudio, esta sección sintetiza los principales referentes conceptuales que se encontraron en la literatura sobre cambios en el bienestar de las comunidades de destino por la llegada de víctimas de desplazamiento forzado. Ante la escasez de estudios que aborden esta problemática, se revisó un conjunto de trabajos que exploran los efectos de la llegada de refugiados en las condiciones de bienestar de las comunidades de destino. Este enfoque conceptual es válido en la medida en que, sin desconocer que el desplazamiento forzado y el refugio internacional tienen un carácter diferente y en su atención intervienen marcos de protección distintos (Guataquí, 2006), la llegada de desplazados o refugiados actúa como un choque externo que puede afectar positiva o negativamente el bienestar de las comunidades de destino. En todo caso, esta literatura sólo se emplea como un marco de referencia más amplio, sin extrapolar los resultados del análisis del refugio internacional al desplazamiento forzado interno.

Aunque en Colombia existen numerosos trabajos sobre desplazamiento forzado, es notoria la falta de estudios que valoren sus efectos sobre las comunidades de destino. Si bien es un tema sobre el que han llamado la atención analistas como García (1999) y Partridge y Mejía (2000), la revisión de la literatura indica que sólo hay unas pocas referencias de estudios cualitativos y un solo estudio apoyado en evidencia empírica.

Naranjo (2005) sostiene que la dinámica de las ciudades está marcada por la guerra interna y que los procesos de urbanización con reasentamiento involuntario o no de población desplazada son una de sus expresiones centrales. En su trabajo encuentra que la inserción de población desplazada en ámbitos locales tiene una connotación negativa que desconoce sus aportes a la comunidad de destino. Allí termina estigmatizada porque viejos problemas de las ciudades, como las desigualdades sociales y económicas y las formas de discriminación cultural que a veces las caracterizan, se atribuyen a su llegada.

En esta misma línea, Guevara (2005) sostiene que la llegada de población desplazada genera impactos mixtos sobre las comunidades de destino. Por un lado, destaca el aporte a las economías locales derivado de la mano de obra barata, el rebusque, las ventas ambulantes, el trabajo doméstico y el sector de la construcción y la instalación de pequeñas microempresas caseras. Por otro lado, encuentra que parece existir una relación entre la llegada de población desplazada y ciertos cambios en las condiciones sociales, en particular, un aumento de los niveles de delincuencia, hurtos, atracos callejeros y un mayor consumo y venta de estupefacientes.

Por su parte, Villa (2005) encuentra que en la población de destino la percepción de los desplazados no es la mejor. Se los ve como un problema porque se piensa que exacerban dificultades existentes como el desempleo, la pobreza y el déficit de vivienda, y porque se los asocia como portadores de la guerra. Como bien afirma Pécaut (2000), las víctimas de desplazamiento tienden a ser tratadas con sospecha porque se las supone cómplices de los grupos armados ilegales. En general, se tiende a hacer invisibles los aportes de la población desplazada. Por ejemplo, cuando pertenecen a etnias diferentes a la que predomina en el lugar de destino, se tiende a verlas como una amenaza a los patrones culturales y no como una expresión de nueva riqueza cultural para la comunidad. En las entidades responsables de la política social también se tiende a ver el desplazamiento como un obstáculo pues se cree que agudiza los problemas sociales de los municipios. Aunque algunos sostienen que dar prioridad a las víctimas es injusto con los pobres, otros recuerdan que se trata de un deber constitucional ineludible (Villa, 2005).

En cuanto a las investigaciones cuantitativas, el trabajo de Calderón e Ibáñez es tal vez el único publicado en el país que presenta evidencia empírica de los efectos del desplazamiento sobre las condiciones de bienestar de las comunidades de destino; específicamente, sobre un conjunto de indicadores del mercado laboral en trece ciudades. Sus resultados muestran que la llegada de víctimas provoca efectos negativos en el corto plazo sobre los salarios, las tasas de participación laboral, empleo y desempleo, y las oportunidades laborales del conjunto de la fuerza de trabajo, en especial de los trabajadores menos calificados. Por ejemplo, en materia de salarios reales, un aumento del 10% en el número de víctimas que arriban a la ciudad provoca una reducción de los salarios reales del 8% para el conjunto de los trabajadores y del 12,6% para los trabajadores informales. Las estimaciones por género muestran que el impacto del desplazamiento sobre los salarios es mayor en las mujeres: 11,2% frente a 6,3%. La investigación aporta evidencia para afirmar que la llegada de población desplazada aumenta la probabilidad de que se amplíe el trabajo informal en un 2% y que el aumento de trabajadores con baja calificación laboral tiene mayores efectos en las ciudades de menor tamaño (Calderón e Ibáñez, 2009).

En contraste con la literatura sobre desplazamiento forzado, existe un buen número de investigaciones que exploran los efectos del refugio sobre las comunidades de destino. En general, se observan efectos mixtos: positivos en unas dimensiones del bienestar y negativos en otras. El énfasis de los análisis recae en variables del mercado laboral y de acceso a servicios de agua, educación y salud.

Los efectos en el mercado laboral tienen lugar de dos maneras. Por un lado, la llegada de refugiados aumenta la oferta de mano de obra barata que provoca una caída del salario de los trabajadores, en especial, de los menos calificados (Jacobsen, 2001), y una reducción del poder adquisitivo de los más pobres⁶. Por otro lado, genera efectos positivos sobre las comunidades de destino (SDPI, 2003, y ECHCP, 2004), ayuda a reactivar las economías locales con el aumento del consumo de bienes y servicios, aporta mano de obra para hacer trabajos que no interesan a los nativos y jalona las ventas de los comerciantes locales. Stone (2005) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, 2001) señalan que las comunidades de destino participan en programas de formación para refugiados, lo que aumenta sus posibilidades de acceder a proyectos productivos y de microcrédito y quizá de aumentar su nivel de ingresos.

En materia de servicios sociales, la llegada de refugiados parece generar tensiones por infraestructura educativa y hospitalaria (SDPI, 2003, y Jacobsen, 2001). El aumento de la demanda de servicios médicos lleva a percibir que los hospitales no tienen equipamiento adecuado ni personal médico suficiente para suplirla (SDPI, 2003). Al tiempo, en los países de destino con refugiados de larga duración las comunidades locales se benefician igual que los refugiados del acceso a instituciones de educación y salud (UNHCR, 2004). Los residentes reciben atención gratuita en centros de salud establecidos para atender a los refugiados y se benefician con el mejoramiento de la infraestructura de educación y salud (Jacobsen, 2001, y UNHCR y European Commission, 2005). La integración de los refugiados en las comunidades locales atrae la atención de organizaciones humanitarias, que en el largo plazo promueven la construcción de infraestructura educativa y de salud en beneficio de toda la comunidad. Por ejemplo, reduce el largo recorrido de los niños para recibir educación (ECHCP, 2004, y Blaser, 2008).

Pese a esos beneficios, algunas comunidades culpan a los refugiados de todos los males que las aquejan (Blaser, 2008, y SDPI, 2003). En general, la llegada de refugiados genera temor en las comunidades en cuanto presumen que pueden replicar sus modos de vida y extender el conflicto desde su país de origen (Jacobsen, 2001). Blaser reporta que los refugiados tienden a ser vistos como portadores de malas costumbres y que se les atribuye el aumento de las actividades delictivas, la prostitución y el tráfico de drogas. La UNHCR y European Commission (2005) informaron de un aumento de acciones delictivas en países con presencia de refugiados.

Pese a que los problemas mencionados afectan la seguridad y la tranquilidad de las comunidades de destino, Jacobsen (2001), UNHCR y European Commission (2005), ECHCP (2004) y Stone (2005) coinciden en que los refugiados afectan positivamente la economía local mediante el crecimiento del PIB nacional y la atracción de ayuda internacional para mejorar o construir infraestructura escolar u hospitalaria que beneficia a las dos poblaciones, sin que presenten evidencia empírica que apoye estas hipótesis. Blaser (2008) y UNHCR (2004) muestran, además, que algunas comunidades perciben a los refugiados como portadores de conocimientos valiosos para encontrar soluciones a sus problemas de pobreza. La idea de que coexisten impactos positivos y negativos llevó a que UNHCR y European Commission (2005) llamaran la atención sobre la necesidad de articular mejor los intereses de los gobiernos locales y las comunidades de destino con los intereses de las comunidades de refugiados. Ello supone una asignación de recursos más eficiente para que las capacidades de los refugiados sean aprovechadas mediante estrategias que estimulen su capacidad productiva, creativa y de generación de ingresos.

DISEÑO METODOLÓGICO

El objetivo del estudio es valorar los efectos del desplazamiento forzado sobre las condiciones de vida de las comunidades no desplazadas residentes en Pasto, Nariño. Esta sección describe el diseño metodológico para cumplir dicho objetivo.

LA ZONA GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO

Nariño es uno de los departamentos donde el conflicto armado interno se expresa con mayor intensidad y donde el desplazamiento forzado ejerce gran presión sobre la capacidad de respuesta de las autoridades locales. Según la Gobernación de Nariño (2008) el desplazamiento registra allí una fuerte tendencia creciente. De acuerdo con las estadísticas de registro de población desplazada, mientras que en el conjunto de los departamentos éste disminuyó en un 22% entre 2006 y 2007, en Nariño aumentó en un 52%. En 2009 la situación se tornó más crítica y el departamento ocupó el primer lugar en la lista de expulsores con 17.110 personas, un 14% del total nacional.

Acción Social (2010) sostiene que tal aumento obedece a la disputa territorial entre grupos armados al margen de la ley y nuevas bandas criminales que, con la intención de controlar la cadena del narcotráfico, recurren a violaciones de los derechos humanos como instalación de minas antipersonales, amenazas a la población civil, asesinato de líderes sociales y reclutamiento forzado de menores.

Según el Registro Único de Población Desplazada, Pasto, capital del departamento, es la ciudad con mayor concentración de víctimas de desplazamiento en Nariño y el suroccidente colombiano. El acumulado entre 1997 y 2009 supera las 33.000 personas, cifra algo menor del 1% del total de víctimas del país, pero cercana al 9% de la población de la ciudad.

El creciente número de víctimas de desplazamiento que han arribado a Pasto en los últimos años, las tensiones sociales entre población desplazada y residente por recursos y acceso a programas sociales, y las dificultades de las autoridades locales para dar respuesta oportuna a las víctimas, fueron elementos que llevaron a considerar esta ciudad para el estudio. La selección final tuvo en cuenta dos consideraciones adicionales: primera, el estudio de una ciudad de tamaño intermedio como Pasto (382.618 habitantes según el censo de 2005) facilita la identificación de las zonas de asentamiento de población desplazada y la construcción de grupos de tratamiento y comparación. Segunda, el estudio de Calderón e Ibáñez (2009) indica que el impacto del desplazamiento en el mercado de trabajo es mayor en las ciudades de menor tamaño. Hacer este estudio en una ciudad como Bogotá supone mayores retos para identificar zonas de tratamiento y comparación y mayor costo de levantamiento de información.

LA INTERVENCIÓN: LA LLEGADA DE VÍCTIMAS A LA CIUDAD

Las autoridades locales y las comunidades de destino tienden a ver el desplazamiento forzado como un evento que perjudica su bienestar. Se acepta, casi sin reparo, que la llegada de población desplazada produce efectos negativos porque ésta entra a competir con los residentes por la oferta social del Estado (Medellín y Rinaudo, 2000). De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos (2005), la competencia por recursos puede llevar a nuevos conflictos sociales y a estigmatización y discriminación de los hogares desplazados. Las comunidades cuestionan, por ejemplo, que los subsidios sociales o cupos escolares se reasignen a familias desplazadas y que los residentes se queden sin acceso al sistema educativo o tengan que buscar cupo en otras localidades. La lógica de las comunidades de destino parece simple: ¿por qué atender a los recién llegados si los residentes llevan años esperando la atención de los gobernantes locales y del Estado?

Sin desconocer esa problemática, cabe destacar que los residentes y las autoridades locales en general tienden a ignorar que, dada la posibilidad de atraer recursos públicos, aportar a la productividad y a la diversidad cultural, entre otras, los efectos también podrían ser positivos. En Colombia, por ejemplo, el hecho de que la población desplazada goce de protección especial obliga a las autoridades a dar prioridad a la inversión en sitios de mayor asentamiento de víctimas y motiva a la comunidad internacional a desarrollar proyectos de inversión en esas zonas⁷. Así, comunidades olvidadas por los gobiernos locales y nacionales pueden convertirse en algún momento en foco de atención de políticas sociales que no sólo cobijan a la población desplazada sino también a las comunidades residentes. En suma, puede ser que el saldo entre pérdidas y ganancias sea positivo y que la llegada de población desplazada no sea un obstáculo para el progreso sino una oportunidad para el desarrollo.

La pregunta es si los efectos del desplazamiento se pueden valorar con técnicas estadísticas y econométricas de evaluación de impacto. Dado que el uso de estas técnicas se ha enfocado especialmente en valorar los efectos de programas sociales, responder a esta pregunta mediante estas técnicas implica adoptar supuestos adicionales. En rigor, pese a que el desplazamiento forzado es una intervención de naturaleza más compleja que la asignación de un subsidio, este estudio supone que el desplazamiento, al actuar como un choque externo (víctimas que arribaron a Pasto entre 1997 y 2009), tiene potencial para generar efectos similares a los de una intervención tradicional y, por ello, se puede valorar con técnicas de evaluación de impacto. Una perspectiva similar fue adoptada por Sánchez y Díaz (2005), quienes emplearon métodos de emparejamiento para valorar los efectos del conflicto armado sobre un amplio conjunto de indicadores sociales.

Las diferencias consisten en que en un programa social la intervención puede ser planeada, administrada de manera controlada y con participación de los beneficiarios, mientras que la intervención suscitada por el desplazamiento no está sujeta a planificación (pueden llegar víctimas en cualquier momento según la intensidad del conflicto armado), no se puede controlar (legalmente ninguna autoridad puede impedir su asentamiento en un municipio) y no es posible consultar a los residentes si desean o no la llegada de víctimas a su comunidad.

Pese a estas diferencias, el supuesto es razonable porque en el desplazamiento forzado, igual que en cualquier programa social, es posible definir las circunstancias de tiempo, modo y lugar que investigadores como Baker (2000) y Ravallion (2005) consideran necesarias antes de utilizar las técnicas de evaluación de impacto. En este caso, la intervención que se evaluar á es el acumulado de población desplazada, por eventos masivos e individuales, entre 1997 y 2009, en Pasto (Nariño), y la hipótesis contrafactual se puede expresar así: ¿qué habría pasado con el bienestar de la población no desplazada residente en zonas urbanas de estratos 1 y 2 si no hubieran llegado víctimas de desplazamiento forzado?

ESTRATEGIA EMPÍRICA

El propósito de esta investigación es valorar el impacto del desplazamiento sobre los habitantes de Pasto en materia de infraestructura básica de educación y salud, seguridad alimentaria, confianza y seguridad percibida. Para identificar y valorar los efectos se adoptó como estrategia empírica formular el problema desde la perspectiva de la evaluación de impacto. Para encontrar la solución se planteó un diseño no experimental y se recurrió al método PSM. La formulación del problema y su solución, junto con una breve descripción de los datos y de la metodología para construir los grupos de tratamiento y comparación, se presentan a continuación⁸.

El problema de evaluación y la ruta para su solución

Las técnicas de evaluación de impacto permiten estimar el efecto de una intervención o programa sobre un conjunto de variables de interés. En este trabajo se trata de estimar el efecto de una intervención D (el desplazamiento forzado) sobre una serie de variables de impacto Y (condiciones de bienestar, como acceso a infraestructura social de educación y salud, gasto en alimentos, seguridad y confianza) en una unidad tratada (hogar). En términos matemáticos, de estimar los cambios I en las variables de impacto Y_i^T atribuibles a la llegada de población desplazada (D_i = 1), descontando el comportamiento de esas mismas variables Y_i^C, si nunca hubiesen llegado víctimas de desplazamiento a la ciudad de Pasto (D_i = 0):

Con la estimación de las medias de todos los I_i se puede conocer el efecto promedio del desplazamiento sobre los hogares residentes en barrios a los que arribaron víctimas: ATT = E(Y_i^TY_i^C/D_i = 1). El problema radica en que E(Y_i^C/D_i = 1), conocido como resultado contrafactual, no es directamente observable pues es imposible que un hogar_i habite simultáneamente en una zona de llegada de población desplazada (con intervención) y en una zona sin llegada de población desplazada (sin intervención). La solución pasa entonces por construir un contrafactual a partir del cual estimar las condiciones de bienestar de la población residente si no hubiese llegado población desplazada. Así, se supone que es posible observar Y_i^T para D_i = 1, Y_i^C para Di = 0 y solucionar

⁹

En la construcción del contrafactual se pueden usar métodos experimentales y no experimentales. El uso de los primeros en el contexto de nuestro problema de evaluación exigiría que los hogares tratados hubiesen sido seleccionados al azar y que se dispusiera de una línea de base para poder estimar indicadores del tipo antes-después o estimadores de diferencias en diferencias (Baker, 2000).

Aunque podría considerarse que la llegada de población desplazada es un fenómeno aleatorio por cuanto los asentamientos se dan sin planificación previa, la literatura sobre desplazamiento forzado y la información sobre el proceso de asentamiento en Pasto sugieren que la llegada de población atiende a algunos patrones. La “decisión” de ir a un lugar u otro al parecer está íntimamente ligada a la ausencia de amenazas en el lugar de destino (Ibáñez, 2009, y Correa et al., 2009), a la distancia entre sitio de expulsión y de llegada (Medellín y Rinaudo, 2000; Calderón e Ibáñez, 2009, e Ibáñez, 2009), a las condiciones laborales del lugar de destino (Calderón e Ibáñez, 2009), a la existencia de nodos receptores o redes de familiares, amigos o conocidos (Salazar et al., 2008, y Correa et al., 2009) y de redes de información sobre lugares de asentamiento de población desplazada (Correa et al., 2009), y a otros factores como la posibilidad de acceder a servicios sociales del Estado y a instituciones responsables de atender a las víctimas (Medellín y Rinaudo, 2000). En el caso de Pasto, si bien la población desplazada no ha sido orientada por las autoridades locales para que se ubique en un determinado barrio, su selección depende en buena parte de la existencia de amigos, familiares y otras víctimas de desplazamiento, de la ausencia de personas del grupo armado que los desplazó o de la simple posibilidad de conseguir arriendos baratos (las víctimas se asientan sistemáticamente en barrios de estratos de bajos ingresos)¹⁰.

En suma, la dinámica del asentamiento de víctimas en Pasto y la falta de una línea de base para comparar antes y después de su llegada descartaron un diseño experimental, y el estudio se planteó entonces como un diseño no experimental. Como es común en este tipo de diseños, el reto principal fue minimizar el sesgo de selección, que en nuestro caso se expresa como la carencia de un contrafactual que asegure que las condiciones de bienestar de los hogares tratados y no tratados sean iguales en ausencia de población desplazada. Matemáticamente, la presencia del sesgo de selección se expresa cuando la media condicionada por las características X en tratamiento y comparación difiere en ausencia de población desplazada. Es decir, cuando no se cumple la siguiente igualdad:

¹¹

De acuerdo con Todd (2006), para la solución hay que definir dos supuestos adicionales. Primero, PSM supone la existencia de un conjunto de características observables Z tal que los resultados de Y_i son independientes de la participación en el programa condicionado al vector Z. Es decir, que los resultados para Y_i^T y Y_i^C son independientes de la participación condicional de D en Z. Segundo, que para todo Z existe la probabilidad de que participantes y no participantes reciban la intervención. Así, el vector Z permite eliminar el sesgo de selección y a través de PSM encontrar un grupo comparable al de tratamiento, a partir del cual se pueda estimar el efecto de la llegada de población desplazada. En otras palabras, PSM supone que las posibles diferencias entre grupo de tratamiento y de comparación provienen de variables observables, por lo que el emparejamiento a partir de esas variables minimiza el sesgo de selección¹². Así, PSM ayuda a encontrar el grupo de comparación para los hogares de los barrios tratados con base en características observables X que contienen características observables Z, semejantes entre ambos grupos.

El nuevo problema es que cuando el vector Z contiene muchas variables, el emparejamiento es casi imposible por la dificultad para encontrar parejas con comportamiento similar en múltiples dimensiones. Rosenbaum y Rubin (1983) formularon un teorema que resuelve el problema de multidimensionalidad definiendo una función de emparejamiento que permite estimar la probabilidad de ser sujeto o no de la intervención, es decir, la probabilidad de habitar o no en un barrio de llegada de población desplazada.

Formalmente, Rosenbaum y Rubin (1983) mostraron que si se tiene una variable aleatoria Y_i, un vector de variables aleatorias Z y una intervención discreta D se puede encontrar E(D/Y_i, P(D = 1/Z)) = E(E(D/Y_i, Z)/Y_i, P(D = 1/Z)), tal que E(D/Y_i, Z) = E(D/Z), y entonces E(D/Y_i, Pr(D = 1/Z) = E(D/Pr(D = 1/Z))¹³. Este resultado implica que cuando los resultados de Y_i^C son independientes de la participación en el programa condicionada por el vector Z observable, la probabilidad de la participación condicional también es independiente, es decir, P(Z) = Pr(D = 1/Z). Así, cuando el emparejamiento sobre Z es válido, el puntaje de emparejamiento que resume todas las estadísticas de Pr(D = 1 /Z) es una estimación insesgada del efecto de la llegada de población desplazada sobre los residentes siempre que no existan variables no observables que lo determinen. En términos de Rosenbaum y Rubin (1983), este resultado permite suponer que no existen variables omitidas que afecten la estimación de la variable de impacto y la probabilidad de que no se asiente población desplazada en Pasto.

En suma, el uso del teorema citado permite descomponer la estimación del impacto en dos etapas: estimar el puntaje de propensi ó n Pr(D = 1/Z) mediante un modelo discreto de tipo logit o probit; y luego obtener las parejas sobre la base de la probabilidad de participación estimada con previa exclusión de los hogares sin pareja en el soporte común (Todd, 2006, y Khandker et al., 2009). Este procedimiento se puede realizar mediante distintas técnicas de emparejamiento, entre las que destacan el vecino más cercano, Caliper y Radius, estratificación por intervalos y el método no paramétrico de Kernel. Siguiendo los criterios de Caliendo y Kopeinig (2005) y Khandker et al. (2009) se optó por el método de Kernel porque minimiza la varianza al usar la máxima información disponible y porque es más exigente en la construcción del soporte común y la exclusión de los hogares que no encuentran una pareja adecuada¹⁴.

Para minimizar otras posibles fuentes de sesgo propias de los modelos no experimentales se diseñó, siguiendo el criterio propuesto por D í az y Sudhanshu (2004, citado en Ravallion, 2005), un mismo formulario para tratados y comparación. Por último, para hacer extensivas las conclusiones del estudio al conjunto de zonas urbanas de estratos 1 y 2 en Pasto con asentamientos de población desplazada, todas las estimaciones se ajustaron con los factores de expansión calculados en el diseño de la muestra. La significancia de los impactos estimados se analizó con el método de bootstrapping¹⁵.

Diseño de los grupos de tratamiento y comparación

El grupo de tratamiento se definió como el conjunto de hogares no desplazados residentes en barrios de estrato 1 y 2 de la zona urbana de Pasto en los que existen asentamientos de personas desplazadas por la violencia. Y el grupo de comparación, como el conjunto de hogares no desplazados residentes en barrios similares en los que no se detectan asentamientos de población desplazada.

La construcción de los grupos de tratamiento y de comparación fue un proceso complejo porque no existe una base de datos de población desplazada en Pasto libre de sesgos. El Registro de Acción Social, por ejemplo, sólo incluye a quienes presentaron declaración, y muy pocos de los registros tienen información completa sobre dirección y barrio de la víctima, o la misma est á desactualizada. Se optó entonces por el registro de asistencia en educación y salud de víctimas de desplazamiento diligenciado por la Unidad de Atención y Orientación a Población Desplazada de Pasto de los años 2008 y 2009. Puesto que la Unidad gestiona el acceso de los desplazados a educación, salud, subsidios de arrendamiento y atención psicosocial, lo que supone un seguimiento, sus registros son más actualizados y por ello más confiables en cuanto a la ubicación de su vivienda.

Con esta base de datos se identificaron comunas y barrios de asentamiento de población desplazada y, después de ubicarlos en la cartografía, se indagó con funcionarios del SNAIPD Pasto y profesionales de OIM y Pastoral Social si los barrios seleccionados correspondían efectivamente a barrios con presencia de población desplazada¹⁶. Una vez se confirm ó que la selección de los barrios de tratamiento era adecuada, se seleccionó por complemento, en las mismas localidades y estratos, un conjunto de barrios no colindantes de características físicas y de infraestructura similares para integrar el grupo de comparación. La selección final se revisó con la oficina regional de OIM para descartar barrios de comparación que fueran de tratamiento y viceversa.

A pesar del riguroso proceso de identificación de los barrios y de que la selección final fue validada con miembros de instituciones que conocen la problemática del desplazamiento en la ciudad, la selección no está libre de sesgos. Tres revisten especial importancia: el conflicto armado lleva a que la población desplazada llegue a la ciudad cualquier día; dicha población tiene alta movilidad, y puede cambiar de barrio o de ciudad; y algunas víctimas, por temor a ser identificadas por los responsables de su desplazamiento, prefieren no reportar su ubicación a las autoridades locales. Estos tres problemas hacen casi imposible la selección de barrios de tratamiento y comparación “puros”. Para minimizar estos sesgos, en el formulario de encuesta se incluyó un conjunto de filtros para excluir hogares desplazados de la muestra y confirmar la selección de los barrios. Más concretamente, después de confirmar el estrato socioeconómico de la vivienda, que el hogar no fuera víctima de desplazamiento y que no habitaran personas desplazadas en esa misma vivienda, se preguntó a la persona jefe de hogar o a su cónyuge si en el barrio habitaban personas desplazadas. Respuestas afirmativas daban inicio a la encuesta en el grupo de tratamiento y la finalizaban en el grupo de comparación.

Además de estas fuentes de sesgo, el diseño para definir los grupos de tratamiento y comparación supone que la inversión en un barrio no beneficia a los habitantes de otros. Se supone que las mejoras en infraestructura no implican el traslado de los habitantes de un barrio a otro o que no usan dichos servicios. Para minimizar estos sesgos y no subestimar o sobrestimar los impactos se excluyeron como variables de impacto las tasas de acceso a los servicios de salud y educación, que no tienen diferencias significativas entre grupo de tratamiento y comparación.

Los datos

Para estimar los impactos del desplazamiento sobre las condiciones de vida de las comunidades de destino se hizo una encuesta a una muestra de hogares no desplazados residentes en barrios de Pasto de estratos 1 y 2 con asentamientos de población desplazada (grupo de tratamiento) y sin tales asentamientos (grupo de comparación)¹⁷. El formulario fue diseñado por la autora de esta investigación con base en el estudio de encuestas sociales y de evaluación de impacto elaboradas por el DANE y el DNP. El formulario constaba de cinco módulos: características sociodemográficas y condiciones de la vivienda; acceso a educación, salud y mercado de trabajo; consumo y gasto en alimentos; infraestructura social (educación, salud y cuidado infantil), y percepción de seguridad y confianza¹⁸.

LOS RESULTADOS

Los resultados del estudio se presentan en esta sección, organizados en dos partes. La primera presenta las estadísticas descriptivas a partir de las cuales se infiere que los grupos de tratamiento y de comparación son comparables. La segunda presenta las estimaciones de los impactos del desplazamiento sobre el bienestar de las comunidades residentes en Pasto.

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS Y CALIDAD DEL CONTRAFACTUAL

Antes de establecer si el asentamiento de población desplazada tiene impacto en las comunidades hay que determinar si el grupo de comparación GC y el grupo de tratamiento GT son comparables. A continuación se analizan las variables que, desde el diseño de los grupos, se consideró que debían mostrar patrones similares para asegurar un buen contrafactual y un comportamiento diferente por corresponder a variables de impacto. En concreto, para valorar la calidad del contrafactual se analizan estadísticas sociodemográficas (cuadro 1), condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos (cuadro 2) y acceso al mercado de trabajo (cuadro 3). Las diferencias entre las variables de impacto se analizan en el cuadro 4.

Para valorar si las diferencias entre GT y GC son significativas estadísticamente se hizo un análisis de comparación de medias para las variables cuantitativas y una prueba de diferencia de proporciones para las variables cualitativas según la siguiente hipótesis nula: no existe diferencia en la media (proporción) de la variable de interés entre GT y GC¹⁹.

La validación de las pruebas de hipótesis de las estadísticas que se presentan en el cuadro 1 muestra que GT y GC son homogéneos en la mayor parte de las variables. La estructura etárea de los hogares (porcentaje de personas en cada rango de edad), la edad promedio de las personas jefes de hogar y sus cónyuges, el número promedio de personas del hogar, el porcentaje de jefes de hogar casados, el porcentaje de jefes de hogar perteneciente a comunidades afrocolombianas o indígenas, el porcentaje de hogares cuyo jefe es hombre, y el número de años de estudio de la persona jefe de hogar y su cónyuge, tienen patrones muy similares. En todos los casos se rechazó la hipótesis nula de que las diferencias son significativas.

Cuadro 1
Estadísticas sociodemográficas

Aunque en general los hogares son comparables desde el punto de vista sociodemográfico, hay diferencias significativas en dos variables: la alfabetización del jefe de hogar y del cónyuge es mayor en los hogares de GT. Mientras que en estos el 96,7% sabe leer y escribir, en GC el indicador es 92,4%. De manera similar, el 98,4% de los cónyuges de GT sabe leer y escribir y el 95,61% en GC. Aunque las diferencias en niveles de alfabetización indican que las tasas son mayores en los hogares de la intervención, podría esperarse que dado que el número de años de escolaridad es similar esta diferencia no afecta la magnitud del impacto. Para evitar posibles sesgos se incluyó la variable años de escolaridad del jefe de hogar en la función de emparejamiento.

En materia de vivienda y acceso a servicios públicos, las estadísticas del cuadro 2 indican que GT y GC son comparables. Un porcentaje similar de hogares de ambos grupos habita en viviendas adecuadas (42,6% en GT y 46,6% en GC)²⁰, paga arriendo (44,8% en GT y 44,5% en GC), habita en vivienda propia (55,2% en GT y 55,5% en GC) y posee activos (4,4% en GT y 4,3% en GC). Destaca el alto porcentaje de hogares de ambos grupos propietarios de vivienda, lo que podría estar asociado al bajo nivel de solicitudes de subsidios para compra o construcción de vivienda de la muestra (8,5% en GT y 6,5% en GC).

Cuadro 2
Vivienda y cobertura de servicios básicos domiciliarios

Dos diferencias sobresalen en vivienda y servicios públicos: estrato socioeconómico y material de los pisos. Mientras que en GC el 57% de los hogares habitan en estrato 1 y el 43% en estrato 2, en GT los porcentajes son 31,6% y 68,4%, respectivamente. De manera similar, el 63,5% de los hogares de GC habitan en viviendas con pisos adecuados y el 67,9% de las de GT. Para corregir posibles sesgos por estas variables, la función de emparejamiento fue controlada por el estrato socioeconómico de la vivienda.

En materia de acceso al mercado de trabajo y salarios, los hogares también presentan características parecidas. En los dos grupos, las variables del cuadro 3 indican que se trata de hogares muy vulnerables: una alta proporción de jefes de hogar trabaja como independientes (33,4% en GC y 35,5% en GT), hay un alto porcentaje de cónyuges dedicados a oficios domésticos (41% GC y 45% GT), una alta dependencia económica (en promedio sólo 1,5 personas del hogar trabajan) y un alto porcentaje de hogares (35,8% en GC y 35,5 en GT) con ingresos inferiores al salario mínimo vigente.

Cuadro 3
Acceso al mercado de trabajo

Por último, como se aprecia en el cuadro 4, la mayor parte de los indicadores de impacto definidos para valorar las hipótesis muestran patrones diferentes para los grupos de tratamiento y comparación. La disponibilidad de infraestructura de educación y salud, y la percepción sobre su construcción o mejoramiento, es significativamente mayor en los hogares de tratamiento. En contra de lo esperado, la mayor disponibilidad de infraestructura básica no genera diferencias en materia de acceso a servicios de salud y educación. Las tasas de acceso a educación y salud son muy similares en ambos grupos. Con base en esta evidencia, los impactos en salud y educación se analizarán a partir de las variables de infraestructura.

En materia de alimentos, el indicador de gasto evidencia que el promedio es mayor en GT en cerca de 13 puntos porcentuales (pp). En cuanto a la percepción de confianza, la desconfianza entre vecinos es menor en el grupo de tratamiento: 26,5% frente a 33,7%. Esta tendencia parece confirmarse si se tiene en cuenta que en GT el porcentaje de situaciones en que confían sus familiares y pertenencias al cuidado de vecinos es significativamente mayor. En cambio, los indicadores de seguridad sugieren que los barrios de tratamiento presentan peores condiciones. Por ejemplo, la proporción de hogares que percibe problemas generalizados de inseguridad es del 44,81% en GC y del 71,79% en GT.

Cuadro 4
Variables de impacto

En síntesis, la comparación de promedios y proporciones entre los grupos de tratamiento y de comparación indica que el contrafactual está bien construido. Esto permite suponer que si las variables no observables son idénticas, las diferencias observadas en las variables de impacto se deben a la intervención y no a sesgos de selección. Como se indicó en cada caso, para las variables que mostraron diferencias estadísticamente significativas se incluyeron controles en la función de emparejamiento.

ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS

En esta sección se presentan los resultados del modelo de emparejamiento y, previa descripción de las hipótesis de investigación, se analiza el impacto del desplazamiento forzado sobre cuatro dimensiones relevantes para el bienestar de los hogares de Pasto: disponibilidad de infraestructura social, comportamiento del gasto en alimentos, confianza entre integrantes de la comunidad y condiciones de seguridad. Los principales indicadores de impacto se presentan en cuadros que muestran el promedio y la desviación estándar de cada variable de interés, la diferencia de medias entre grupos (diferencia incondicional), la diferencia condicional (probit) y el estimador de emparejamiento (Kernel).

El modelo de emparejamiento

A partir de un conjunto de características observables se estimó una función de emparejamiento para determinar la probabilidad de que un hogar no desplazado resida en un barrio de llegada de población desplazada. A partir de esta probabilidad se parearon los hogares tratados y no tratados con similar probabilidad de recibir la intervención. Para evitar sesgos debidos a que los impactos encontrados fueran una simple diferencia del nivel socio-económico de los grupos de tratamiento y comparación, la estimación probit se controló por estrato socioeconómico de la vivienda.

Cuadro 5
Resultados del modelo de emparejamiento

Como se observa en el cuadro 5, los resultados del modelo probit indican que la función de emparejamiento está dada, sin que ello implique relaciones de causalidad, por la edad del jefe de hogar (al parecer, jefes mayores tienen menor probabilidad de seguir en el barrio cuando arriban víctimas de desplazamiento), el número de hombres en el hogar (parecen tener más incidencia que las mujeres en la decisión de cambiar o no de barrio ante la llegada de población desplazada), la existencia de hogares formados por parejas de diferente grupo étnico (los hogares con parejas de diferente etnia parecen menos propensas a abandonar el barrio por la llegada de población desplazada) y el nivel de escolaridad del jefe de hogar (al parecer, mayores niveles educativos reducen la probabilidad de permanecer en el barrio ante la llegada de población desplazada).

Pese a que, como argumentan Cerdán et al. (2009), PSM minimiza los sesgos de las estimaciones cuando se garantiza una selección adecuada de GT y GC, cabe advertir que los impactos aún pueden estar sobre o subestimados al no poderse controlar por variables no observables como la existencia de prejuicios, rechazo y discriminación contra la población desplazada²¹.

Impactos en disponibilidad de infraestructura social

Salvo que la infraestructura social del municipio no esté siendo plenamente utilizada o que las autoridades locales hayan previsto la llegada de víctimas y adoptado medidas para ampliarla, parece razonable suponer que el desplazamiento presiona la oferta social del Estado y genera nuevas tensiones sociales debido a la competencia por recursos. Aunque este escenario es muy factible dada la magnitud del problema del desplazamiento en la ciudad, conviene considerar, como se ha mencionado repetidamente, que la población desplazada puede atraer recursos de inversión que se suelen invertir en la ampliación de la infraestructura social. Puesto que ambos escenarios son posibles, el estudio formuló como hipótesis de investigación que la llegada de población desplazada a las zonas urbanas de estrato 1 y 2 de Pasto afecta la disponibilidad de servicios sociales de salud y educación.

Como se observa en el cuadro 6, las estimaciones realizadas con distintos métodos (diferencia incondicional, diferencia condicional y emparejamiento de Kernel) indican que la dirección del impacto es positiva. La llegada de víctimas de desplazamiento parece atraer recursos que mejoran la disponibilidad de infraestructura social de salud y educación que beneficia a las víctimas y a toda la comunidad. En rigor, después de controlar distintas fuentes de sesgo, en particular por estrato socioeconómico de la vivienda, las estimaciones de Kernel muestran que la probabilidad de una mayor disponibilidad de escuelas es superior en 7,3 pp en los barrios tratados y la probabilidad de que se construyan o mejoren las escuelas es superior en 15,1 pp. En materia de salud, la probabilidad de que los barrios tratados dispongan de hospitales o centros de salud públicos es 9,9 pp superior y la de que se construyan o mejoren los hospitales públicos es 7,9 pp superior. La mayor disponibilidad de servicios de salud parece ser confirmada por la probabilidad 8,4 pp menor de que los hogares de los barrios tratados soliciten atención médica fuera de su barrio.

Cuadro 6
Impacto del arribo de población desplazada en indicadores de infraestructura

Si bien en el contexto nacional este resultado puede sorprender, por la ausencia de referentes previos en la literatura y porque se suele creer que el desplazamiento sólo trae efectos negativos a la comunidad, el resultado coincide con los resultados de Blaser (2008) sobre los refugiados de Costa de Marfil en Malí y de SDPI (2003) sobre los refugiados de Afganistán en Pakistán. Dichos estudios sobre refugio y los resultados de esta investigación sobre Pasto sugieren que, en contra de lo que generalmente se espera, el desplazamiento forzado y el refugio, al captar fondos del Estado y de la comunidad internacional, afectan positivamente la disponibilidad de infraestructura social.

Como ejemplo de esta dinámica, en Pasto sobresale el proyecto Juan Pablo II en el que, para evitar rivalidades entre víctimas y población vulnerable, las autoridades y la cooperación internacional diseñaron un conjunto residencial y asignaron viviendas a ambos grupos de población. En opinión de los funcionarios de la Gobernación de Nariño entrevistados, la atención debida a la población desplazada fue el elemento determinante para desarrollar el proyecto²².

Impactos en indicadores de alimentación

Puesto que el Estado está obligado a brindar asistencia alimentaria a la población desplazada y dicha ayuda, y en particular la internacional, en ocasiones se distribuye entre víctimas y comunidades vulnerables, se formuló como hipótesis de estudio que la llegada de población desplazada a las comunidades pobres y vulnerables puede afectar positivamente su disponibilidad y consumo de alimentos²³.

Cuadro 7
Impacto del arribo de población desplazada en indicadores de alimentación

Para valorar este impacto se analizaron dos indicadores: número de raciones diarias y gasto mensual en alimentos. Para el primero se estimaron varios modelos lineales. Aunque estos indican que la proporción de raciones diarias de alimentos es mayor en GT, el impacto pierde significancia estadística al incorporar variables explicativas adicionales. Con respecto al segundo, las estimaciones previas a PSM (diferencia incondicional y mínimos cuadrados ordinarios) indican que el desplazamiento forzado aumenta el gasto en alimentos de la población residente entre 9,65 pp y 14,1 pp. Los resultados deben ser tomados con cautela porque con las estimaciones PSM el efecto disminuye al 3,73% y pierden significancia estadística.

Aunque PSM no confirma el impacto, el análisis se complementó con indicadores de frecuencia de consumo y participación del gasto en alimentos en el gasto total. Los hogares tratados tienen mayores niveles de consumo; el porcentaje de quienes ingieren tres o más raciones al día es 7 pp mayor. Este hecho puede obedecer a que los hogares tratados reciben transferencias en dinero o en especie que las autoridades asignan a zonas donde hay población desplazada. En cuanto al segundo indicador, los hogares tratados destinan un mayor porcentaje del gasto a la compra de alimentos: 50,3% frente a 47,9%. Considerando que, como afirma Ibáñez (2009), la participación del gasto en alimentos mide la vulnerabilidad del hogar pues es factible que el mayor consumo de los tratados dependa en alguna medida de la ayuda alimentaria, parece existir evidencia de que el impacto del desplazamiento en la situación alimentaria de las comunidades de destino es negativo.

Impactos en indicadores de confianza

Conforme a De Greiff (2008), la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos como el desplazamiento exige que el Estado y la sociedad las reconozcan como víctimas, y que restablezcan la confianza cívica y la solidaridad en las comunidades. El problema es que el desplazamiento resquebraja las redes sociales (Guataquí, 2006) y esas actitudes pocas veces surgen de manera espontánea. En vez de reconocer a las víctimas, confiar en ellas y expresarles solidaridad, en ocasiones se les manifiesta rechazo, desconfianza e indiferencia (Pécaut, 2000, y Correa et al., 2009).

Puesto que, de acuerdo con North (1995), la confianza en las instituciones y entre personas tiene efectos sobre el bienestar de los individuos y las comunidades, se juzgó necesario valorar si la llegada de víctimas de desplazamiento afecta en algún sentido la confianza dentro de la comunidad. Para valorar sus efectos en esta dimensión, se analizaron tres indicadores: percepción de desconfianza hacia la población desplazada; percepción de desconfianza hacia vecinos cercanos no desplazados, y promedio de situaciones en que la gente dice confiar sus bienes o su familia a los vecinos.

El cuadro 8 presenta estos efectos. Los resultados son consistentes y estadísticamente significativos. Las estimaciones arrojan la misma dirección del impacto en cada indicador. La llegada de población desplazada aumenta en 5,1 pp la desconfianza hacia las víctimas. Como sugieren los sondeos de opinión del DNP (2005), la solidaridad con las víctimas tiende a expresarse cuando están lejos. Cuando están cerca surgen tensiones sociales e incluso rechazo²⁴.

Cuadro 8
Impacto del arribo de población desplazada en indicadores de confianza

Si bien es predecible que en las comunidades con asentamientos de población desplazada la desconfianza hacia las víctimas sea mayor, no deja de sorprender que la desconfianza hacia los vecinos cercanos en esas comunidades sea 13,1 pp menor. Parece que la adversidad, como se suele considerar a la llegada de población desplazada, impacta positivamente las redes sociales de las comunidades de destino. Este resultado se corrobora cuando se considera que la confianza, traducida en hechos concretos como dejar seres queridos, mascotas o pertenencias a familiares o amigos, es 16,3 pp superior en las zonas de llegada de víctimas de desplazamiento.

En resumen, aunque persisten sentimientos de desconfianza hacia las víctimas de desplazamiento, su llegada activa redes de comunicación y solidaridad entre vecinos y amigos que les permiten buscar respuestas conjuntas a problemas que, como la llegada de población desplazada, pueden afectarlos. No se descarta que en el mediano plazo la llegada de población desplazada, cuyos líderes tienden a ser muy activos para exigir sus derechos en diversos ámbitos, motive la participación de los residentes en espacios de discusión de políticas sociales. Esta conclusión coincide con los hallazgos de Blaser (2008) quien encontró que después de un primer momento de desconfianza entre residentes y refugiados se producen formas de acción colectiva que mejoran la interacción de las comunidades con el gobierno, la que a su vez moviliza la ayuda estatal y la construcción de un sentido de comunidad más amplio.

Impactos en indicadores de seguridad

Pese a que la Corte Constitucional ha reiterado que el desplazamiento no es un problema de orden público sino humanitario²⁵, se tiende a ver a las víctimas como fuente de inseguridad. Villa (2005) sostiene que una parte de las comunidades de destino las asocia con los actores armados y la delincuencia. Conforme a esta consideración, se planteó como hipótesis que la llegada de población desplazada puede afectar el bienestar de los residentes en términos de seguridad, y se valoró mediante tres indicadores de impacto: cambios en las condiciones de seguridad en el último año, posibilidad de transitar por las calles con libertad y seguridad, y número de casos de inseguridad percibidos.

Las estadísticas que presenta el cuadro 9 muestran que al parecer el desplazamiento provoca efectos negativos sobre las condiciones de seguridad en sitios de asentamiento. Las estimaciones son estadísticamente significativas y consistentes en mostrar la misma dirección de impacto para esos tres indicadores. La percepción de seguridad en las calles por parte de los hogares tratados es 7,9 pp menor, la posibilidad de transitar libremente por las calles sin sentir riesgos de inseguridad es 10,4 pp menor, y el número de problemas de inseguridad percibidos es 13,2 pp mayor. Un efecto no esperado es que la inseguridad de los barrios se agrava con problemas como la drogadicc_i ó n, la cual es 9 pp mayor en los barrios tratados²⁶.

Cuadro 9
Impacto del arribo de población desplazada en variables de seguridad

Estos resultados muestran la misma tendencia que encontraron los estudios sobre efectos del refugio internacional en las comunidades de destino. Jacobsen (2001) y UNHCR y European Commission (2005) señalan que si bien los refugiados no son los únicos responsables su llegada tiende a agravar la delincuencia y a deteriorar las condiciones de seguridad.

Los resultados se deben interpretar cuidadosamente y no pueden conducir a una mayor estigmatización de la población desplazada asociándola injustamente con la delincuencia. Por el contrario, se espera que aporten elementos de reflexión a las autoridades nacionales y locales para que fortalezcan los planes de seguridad y convivencia en los zonas con asentamientos de víctimas. Además de la presencia de fuerza pública que vele por la integridad de todos los ciudadanos y del desarrollo de programas sociales para atender las necesidades de víctimas y residentes, es preciso emprender acciones pedagógicas que lleven a reconocer a las víctimas y a realizar actividades conjuntas para superar los problemas de seguridad. No hay que olvidar que las personas desplazadas huyen para salvar la vida, y que parte de la inseguridad percibida en los barrios en que se asientan puede ser producto de la persecución de los actores armados ilegales a la que a veces siguen sometidas.

En síntesis, los indicadores analizados señalan que el desplazamiento forzado provoca efectos mixtos sobre las condiciones de vida de las comunidades de destino. Los efectos positivos se reflejan en mejoras de la infraestructura social de educación y salud en el mediano y el largo plazo, y en el aumento de la confianza entre habitantes no desplazados. Es posible que esta confianza contribuya a fortalecer las redes de cooperación de la comunidad y a generar procesos de desarrollo más inclusivos en el mediano plazo. Los efectos negativos se reflejan en mayor dependencia de la ayuda alimentaria, mayor porcentaje del gasto en alimentos (indicador de vulnerabilidad) y deterioro de las condiciones de seguridad de los barrios.

Los resultados muestran la necesidad de que el Estado y la comunidad internacional adelanten proyectos que integren a víctimas y comunidades vulnerables (Partridge y Mejía, 1999, y UNHCR, 2004²⁷), sin desmontar los programas específicos necesarios para atender a las víctimas del desplazamiento (Ibáñez, 2009). No parece plausible una reparación integral si no se mejoran las condiciones de vida de los sitios de asentamiento y no se emprenden acciones pedagógicas que promuevan la integración social y el reconocimiento de los desplazados por parte de las comunidades pobres y vulnerables. Las iniciativas que avancen en esta dirección pueden contribuir a que la llegada de población desplazada no signifique pérdidas de bienestar para las comunidades de destino sino una oportunidad para el desarrollo local y comunitario.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

Este estudio valora el efecto del desplazamiento forzado en cuatro dimensiones del bienestar de la población no desplazada residente en Pasto: infraestructura social, gasto en alimentos, confianza entre miembros de la comunidad y condiciones de seguridad. Los resultados, que s ó lo son válidos para esta ciudad, muestran que el desplazamiento forzado por la violencia tiene efectos mixtos. En contra de lo que tienden a pensar las autoridades locales y los pobladores de los municipios, la llegada de población desplazada no sólo trae efectos negativos. En la medida en que es un grupo de especial protección constitucional, atrae inversión del Estado e internacional hacia las comunidades donde se asienta.

Se observan efectos positivos en infraestructura y confianza. Las estimaciones con PSM, ajustadas por estrato socioeconómico y factores de expansión, indican que la llegada de población desplazada impacta positivamente la disponibilidad de escuelas en 7,3 pp y la probabilidad de que se construyan o mejoren en 15,1 pp. En salud, la disponibilidad de hospitales o centros de salud públicos aumenta en 9,9 pp y la probabilidad de que se construyan o mejoren en 7,9 pp. No obstante, la desconfianza hacia la población desplazada en los barrios tratados es mayor en 5,1 pp, pero el asentamiento de víctimas parece tener efectos positivos sobre la confianza hacia los vecinos cercanos. El porcentaje de hogares que deja seres queridos u objetos valiosos al cuidado de vecinos es 16,3 pp mayor en los barrios de tratamiento.

En seguridad hay efectos negativos. Los ejercicios empíricos indican que la percepción de seguridad en las calles de los hogares tratadas es 7,9 pp menor, el tránsito libre por las calles sin percibir riesgos es 10,4 pp inferior y el número de problemas de inseguridad percibidos en los barrios con población desplazada es 13,2 pp mayor. La drogadicción es 9 pp mayor en los barrios tratados. Por su parte, el indicador de gasto en alimentos no resultó estadísticamente significativo con el método de Kernel, lo que exige interpretar los resultados con mayor cautela, pero parece sugerir que la llegada de población desplazada tiene un efecto negativo sobre la situación alimentaria de las comunidades de destino. Puesto que los hogares tratados destinan 2,4 pp más del gasto a la compra de alimentos, y al parecer hay mayor dependencia de la ayuda alimentaria y mayor porcentaje del gasto destinado a la compra de alimentos, es posible que la llegada de población desplazada aumente la vulnerabilidad de las comunidades de destino.

Por último, cabe mencionar que el estudio puede aportar en tres aspectos. En primer lugar, a la literatura sobre desplazamiento forzado en Colombia, pues aborda un tema insuficientemente estudiado desde el punto de vista econ ó mico. En rigor, salvo el trabajo de Calderón e Ibáñez (2009) sobre los efectos del desplazamiento en el mercado de trabajo, los estudios se han concentrado, debido en parte a la dramática situación de la población desplazada, en los efectos del desplazamiento sobre el bienestar de las víctimas y en la valoración de las consecuencias de algunos programas estatales sobre su bienestar. En segundo lugar, desde el punto de vista metodológico, el estudio puede ser un aporte puesto que, para obtener estimaciones robustas, empleó técnicas de evaluación de impacto. Aunque existe una amplia literatura que utiliza estas técnicas para valorar los efectos de programas sociales, no hay referentes que las utilicen para evaluar fenómenos complejos como el desplazamiento forzado por la violencia. Por último, al encontrar que la población desplazada no sólo trae efectos negativos sino que, en vista de que atrae recursos de inversión estatal e internacional, contribuye al progreso social de la comunidad de destino, puede ayudar a superar su estigmatización social.

De las conclusiones del estudio se pueden derivar tres recomendaciones de política. Primera, sin desmontar los programas de atención a la población desplazada, asignar m á s recursos para iniciativas que integren a víctimas y población vulnerable. El desarrollo de proyectos conjuntos, como demuestra el caso de Pasto y sugiere la literatura analizada, reduce el nivel de estigmatización y rechazo que enfrentan las víctimas en muchas ciudades siempre que los proyectos promuevan la convivencia dentro de las comunidades y motiven la participación del ejército y la policía para fortalecer la seguridad en las zonas de asentamiento. Segunda, desarrollar estrategias de comunicación que resalten los aportes de la población desplazada a las comunidades; en particular, que destaquen el hecho de que aportan con su trabajo y que al exigir sus derechos al Estado hacen visibles las necesidades de la comunidad y contribuyen al desarrollo local. Tercera, como parte de una agenda de investigación de los efectos del desplazamiento forzado sobre las comunidades de destino, es conveniente promover estudios similares en otras ciudades. Desde el punto de vista conceptual y emp í rico, y para el diseño de políticas, sería de gran provecho determinar si la naturaleza y la magnitud de los impactos que se encuentran para la ciudad de Pasto muestran patrones similares en otras ciudades o si se trata de un caso particular.

NOTAS AL PIE

1. Así lo expresó un ciudadano con discapacidad al magistrado de la Corte Constitucional, Manuel J. Cepeda, a quien le señaló que la prioridad a la política para la población desplazada puede ser injusta cuando su ejecución supone desatender a grupos vulnerables como la población con discapacidad. Foro Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad: del asistencialismo al desarrollo humano inclusivo, Universidad de los Andes, 3 de diciembre de 2009.

2. Para un análisis de las posturas teóricas sobre la migración desde el punto de vista de la economía y la sociología, ver Guataquí (2006). Para una revisión de la literatura sobre migraciones económicas, ver Ibáñez (2009).

3. Para un análisis de los efectos de estos programas, ver DNP y CNC (2008), Acción Social et al. (2008) e Ibáñez (2009), respectivamente.

4. Para una síntesis de los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre desplazamiento forzado, ver Pérez (2009). Para una reseña de los principales autos de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, ver el anexo del estudio coordinado por Rodríguez (2010).

5. Aunque el campo de investigación de Sjaastad (1962) son las migraciones económicas, su trabajo muestra que los efectos de la migración, sobre migrantes y comunidades de destino, dependen de las medidas que los gobiernos adoptan para atenderlos.

6. “Refugees in Western Tanzania: The Distribution of Burdens and Benefits among Local Hosts”, citado en Blaser (2008) y ECHCP (2004).

7. Organismos internacionales como USAID, OIM, PMA, UNICEF y OPS destinan parte de su inversión a las zonas más afectadas por el desplazamiento forzado.

8. Ravallion (2005) sostiene que en los estudios cuasi experimentales es más apropiado el término “grupo de comparación”. El término “grupo de control” se reserva para los diseños experimentales.

9. Ravallion (2005), Todd (2006) y Khandker et al. (2009).

10. Entrevistas a funcionarios de la Gobernación de Nariño, Acción Social, Unidad de Atención y Orientación, Pastoral Social, y OIM el 27 y 28 de octubre de 2009.

11. La eliminación del sesgo de selección tiene dos posibles soluciones: implementar la intervención en forma aleatoria (descartada porque el asentamiento de población desplazada en Pasto sigue patrones, y por la falta de una línea de base) o conocer E(Y_i^C, D = 1), (también descartada porque es imposible que un hogar sea al mismo tiempo de tratamiento y de comparación) (Ravallion, 2005).

12. Para Ravallion (2005), “PSM descarta en su supuesto el problema de implementación endógena, dejando sólo la necesidad de equilibrar la probabilidad condicional; es decir, el puntaje de propensión”.

13. Todd (2006).

14. Para un análisis de las distintas alternativas de emparejamiento, ver Caliendo y Kopeinig (2005).

15. Para una guía paso a paso para validar la significancia de los impactos con el método de bootstrapping, ver Khandker et al. (2009); ver también Caliendo y Kopeinig (2005).

16. La población desplazada en Pasto se concentra en barrios de estrato 1 y 2 de siete comunas: 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11.

17. El diseño de la muestra y el levantamiento de información fue financiado por la USAID a través de la OIM y estuvo a cargo del CNC. Para los detalles del diseño de la muestra, ver CNC (2010).

18. El formulario fue revisado y probado en campo por el CNC. Se agradecen sus aportes y sugerencias.

19. Con base en los estadísticos t student y Chi cuadrado, respectivamente, se decidió conforme con la siguiente regla: si el valor de p es menor al valor del nivel de significancia a, se rechaza la hipótesis nula. Todos los cálculos se ajustaron por factores de expansión.

20. Se considera vivienda adecuada la que cumple las siguientes características: no está ubicada en zona de riesgos naturales o ambientales, dispone de agua potable para preparar alimentos toda la semana, no hay hacinamiento, está construida con pisos y paredes de materiales adecuados (excluye tierra, arena y cemento para pisos y materiales desechables para paredes), dispone de servicios domiciliarios básicos (energía eléctrica, alcantarillado, acueducto y recolección de basura), de sanitario conectado a alcantarillado y de espacio exclusivo para cocinar.

21. No obstante, la encuesta exploró la existencia o no de prácticas de rechazo y discriminación hacia la población desplazada, pero los datos no muestran suficiente variación para incluirlos en el modelo. La mayoría de las personas entrevistadas señalaron que no rechazan a la población desplazada. Si se considera que las víctimas de desplazamiento alegan la existencia de discriminación en su contra (Arboleda et al., 2004), es posible que la pregunta formulada haya recogido la respuesta políticamente correcta. Captar esta problemática exige indicadores más precisos y, de ser posible, la combinación de estrategias cualitativas y cuantitativas.

22. Entrevista realizada el 28 de octubre de 2008.

23. El Programa Mundial de Alimentos, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación, entregan ayuda alimentaria a las víctimas de desplazamiento y a las comunidades vulnerables en que se asientan.

24. El 28,8% de la población entrevistada en Bogotá, Tulúa, Yopal y Aguazul manifestó que no le gustaría tener de vecina a una persona desplazada (DNP, 2005).

25. Corte Constitucional, sentencia T-227 de 1997 y sentencia T-025 de 2004, citadas en Pérez (2009).

26. El consumo de drogas en los jóvenes es un tema preocupante para la Gobernación de Nariño (2008), que ha detectado graves problemas como el aumento del suicidio y del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.

27. Para evitar tensiones entre residentes y refugiados en Serbia y Montenegro, este organismo internacional recomendó desarrollar un programa de integración local que incluyera como mínimo un 5-10% de población vulnerable local.

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