EL MINOTAURO DEL LABERINTO COLOMBIANO*
THE MINOTAUR OF COLOMBIAN LABYRINTH
Colombian Labyrinth. The synergy of drugs and insurgency and its implications for regional stability de Angel Rabasa y Peter Chalk, Santa Mónica, Rand Corporation, Project Air Force, 2001, 113 páginas.
Bernardo Pérez Salazar**
** Director del Observatorio del Manejo del Conflicto, Facultad de Economía, Universidad Externado de Colombia, calle 12 n.º 1-17 este, obsconflicto@uexternado.edu.co Fecha de recepción: 28 de julio de 2001; fecha de aceptación: 23 de octubre de 2001.
Tal vez lo que tiene que ser conjurado no es el monstruo particular, por el que sus propios patrocinadores y voceros terminan sintiendo terror, y al que finalmente destruyen, sino la costumbre colectiva de estar a la vez fascinados y aterrorizados con él. Como el mítico Minotauro de Creta, que exigía cada año el tributo de la sangre joven de la isla, este monstruo parece ineluctable, pero es verdadera la interpretación que hizo de él Borges en su relato Asterión: la principal necesidad del monstruo es la de desaparecer, y lo único que verdaderamente lo sostiene es el temor que la sociedad le profesa.William Ospina
PRESENTACIÓN
La corporación Rand es una entidad de prestigio y renombre universales, muy conocida por sus estrechos vínculos con la industria aeroespacial norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial. Su misión es muy amplia: ayudar en la f ormulación de políticas y la toma de decisiones por medio de la investigación y el análisis1. Rand se precia además de servir el interés público, difundiendo los hallazgos de sus investigaciones, como lo ha hecho con el documento que analiza la situación colombiana titulado Colombian Labyrinth (Rabasa y Chalk, 2001).
Cabe reconocer que Rand ha hecho aportes fundamentales en campos como la teoría de juegos, la programación lineal y dinámica, la modelación y la simulación matemática, la teoría de redes y el análisis de costos. Si bien estos desarrollos han servido ante todo para tomar decisiones en situaciones de incertidumbre relacionadas con la seguridad nacional de su país, también han sido utilizados por Rand para analizar y formular políticas sociales en campos tan disímiles como la renovación urbana, la pobreza, la educación y el cuidado de la salud, así como en el diseño y la operación eficiente de sistemas de policía y control de incendios.
En el caso del documento sobre la situación colombiana, el subtítulo –La sinergia entre drogas e insurgencia y sus implicaciones para la estabilidad regional– indica claramente que la investigación se enfoca desde la perspectiva de los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. El estudio es un resultado del Proyecto Air Force, cuyo cometido consiste en suministrar un análisis independiente de alternativas de política en torno al desarrollo, el empleo, el aprestamiento para el combate y el apoyo de las fuerzas aeroespaciales existentes y futuras, el emplazamiento y el empleo de fuerzas aeroespaciales. El documento está por tanto anclado firmemente en el área de competencia central de Rand: conectar la planificación militar con las decisiones de investigación y desarrollo de tecnologías.
Teniendo en mente estas consideraciones, sus hallazgos y recomendaciones son coherentes con lo que cabe esperar en un documento de estrategia y doctrina militar. Dirige al gobierno colombiano las siguientes observaciones y recomendaciones claras y directas.
1. La estrategia política del gobierno colombiano para hacer frente a la crisis interna del país está condicionada por limitaciones de la política de cooperación internacional de Estados Unidos. Hasta el presente, esa política sólo se ha justificado en términos de asistencia antinarcóticos. En consecuencia, esa estrategia política no responde al análisis de la crisis colombiana en su conjunto, depende excesivamente de las negociaciones de paz y carece de metas político-militares bien definidas.
2. El gobierno colombiano debe remediar su falta de claridad estratégica para manejar la crisis en todas sus dimensiones. Además, debe desarrollar la capacidad para instrumentar una estrategia integral, lo que requiere una reforma militar para remplazar el personal conscripto, el 70% de la fuerza, por voluntarios profesionales. Así mismo, requiere programar inversiones para remediar debilidades en movilidad, inteligencia y comunicaciones. También debe integrar mejor los esfuerzos antinarcóticos y contrainsurgentes de la policía y el ejército.
3. Todo ello exige una financiación adecuada. El monto del gasto militar colombiano asciende a cerca del 3,5% del PIB y se ha mantenido en ese nivel desde comienzos de la década de los 90. Rand considera que ese monto es muy inferior al requerido por un país en emergencia que combate una insurgencia activa. Sugiere como modelo el programa de asistencia militar de los Estados Unidos a El Salvador durante la administración Reagan, en vista de que logró transformar el ejército de ese país en una fuerza capaz de hacer retroceder una amenaza guerrillera formidable.
4. Los requerimientos militares que justifican este esfuerzo económico son ‘irreducibles’ si se quiere asegurar que el gobierno colombiano restaure un clima de seguridad, prerrequisito para la recuperación económica y social del país.
Las observaciones y recomendaciones de Rand al gobierno de Estados Unidos son igualmente directas:
1. La política de Estados Unidos hacia Colombia ostenta un grave vacío, pues no advierte que para ganar la guerra contra las drogas es necesario que el gobierno colombiano retome el control de su territorio. El control político y militar que ejercen las guerrillas sobre una porción creciente del territorio y la población colombiana es la afrenta central a la autoridad del gobierno de Bogotá. Estados Unidos debe considerar si puede seguir sosteniendo la distinción entre lucha antinarcóticos y contrainsurgencia.
2. El apoyo de Estados Unidos a la iniciativa del Plan Colombia comprometió su respaldo al éxito de la estrategia del gobierno colombiano. Ante un fracaso de esa estrategia, Estados Unidos se verá confrontado a la alternativa de escalar su compromiso o retirarse. Para no afectar la capacidad de defender sus intereses en la región andina, tendría que suministrar apoyo sostenido hasta que el gobierno colombiano retome la iniciativa política y militar2.
3. Las mejoras táctico-operativas que se financiarían con esa ayuda militar se deben orientar prioritariamente a la detección, la identificación y el ataque de objetivos guerrilleros de infantería liviana, mediante plataformas, sensores, armas y herramientas analíticas de desarrollo reciente, así como a fortalecer el transporte de tropas por helicóptero. Para recobrar el control de carreteras y arterias fluviales y crear ‘burbujas de seguridad’ de las actividades civiles y económicas, recomienda establecer una fuerza anfibia con capacidad de desembarque y maniobra, respaldada por unidades navales con capacidad de fuego de supresión y apoyo. Además, el paso a un sistema de comunicación por satélite, para apoyar las operaciones militares móviles, sería una gran contribución para liberar tropas hoy dedicadas a proteger el sistema de estaciones terrestres de comunicación de relevo, reducir su vulnerabilidad y mejorar su confiabilidad.
4. Por último, advierte a Estados Unidos que debe sentar las bases de una estrategia alterna de cooperación regional, que responda con un esfuerzo multilateral interamericano en el evento de que la crisis colombiana se intensifique y se desborde a los países vecinos.
LA CRISIS COLOMBIANA: ¿UNA TRAGEDIA EN ESCENA?
La clara e inequívoca presentación de la posición y la perspectiva analítica del documento de Rand es un modelo de estilo y tratamiento de la investigación asociada con la formulación de políticas públicas. Contrasta con el estilo sinuoso y confuso de los documentos y las decisiones de las autoridades colombianas, que con frecuencia suscita reservas entre los observadores externos e independientes acerca de la capacidad del gobierno para retomar el control y la iniciativa en el manejo de la crisis y del país.
De igual modo, llama la atención el contraste entre el estilo directo y claro del subtítulo del informe de Rand –La sinergia entre drogas e insurgencia y sus implicaciones para la estabilidad regional– con el tono metafórico del título: El laberinto colombiano. El lector puede intuir que con esa metáfora, los autores quisieron reflejar –más allá del frío análisis de estrategia y doctrina militares– el sentimiento que despertó en ellos el drama humano que observaron cuando examinaban de cerca la crisis colombiana.
Además de la referencia al embrollo de nuestra crisis, la metáfora del laberinto trae a la mente el palacio mitológico que Minos construyó en Cnosos para albergar al Minotauro, monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. El temor que obligaba a los ateni enses a enviar al sacrificio siete jóvenes y siete doncellas cada año como ofrenda al Minotauro quizás llevó a los autores a usar esa metáfora para sintetizar el caso colombiano. Teseo al fin aniquiló al monstruo y escapó con ayuda de un ovillo que hiló para él Ariadna, hija de Minos, para que no extraviara el camino de salida. Las metáforas no son casuales, aun si son deliberadas. Quizá los autores también la eligieron porque Teseo luego llegó a ser rey de Atenas y entre sus legados a la ciudad se destaca una constitución democrática.
Una asociación posible entre la crisis colombiana y esta metáfora llevaría a abrazar el espíritu hercúleo del mito griego y apostar a un desenlace que, con la ayuda militar de Estados Unidos, dé la victoria al gobierno colombiano sobre las fuerzas terroristas y narcoguerrilleras –que libran una guerra predatoria y lucrativa contra la sociedad colombiana, que atemorizada les tributa entre 300 y 900 millones de dólares cada año por secuestros, extorsión, robo y tráfico de drogas– y restablezca un clima de paz que desarraigue por completo el recurso de la violencia para ejercer la política.
En principio, este pronóstico encuadra bien en el modelo general que desarrolla el grupo de investigación sobre desarrollo económico del Banco Mundial dentro del proyecto Economía de las guerras civiles, crimen y violencia3. Luego de identificar y evaluar ‘regularidades empíricas’ a partir de estudios estructurados de países-caso, los investigadores usan métodos econométricos para analizar hipótesis derivadas de la comparación cuantitativa de variables clave asociadas con el inicio y la perduración de conflictos civiles en diversos países en vías de desarrollo desde la década de los 60.
De acuerdo con la evidencia analizada hasta ahora, el grupo del Banco Mundial ha encontrado que el factor económico es el más importante para explicar el inicio y la duración de los conflictos internos. El riesgo de que surja un conflicto interno en un país en vías de desarrollo aumenta notablemente cuando hay una combinación de a) una economía dependiente de exportaciones de bienes primarios, b) un bajo nivel educativo general de la población, c) una cohorte proporcionalmente alta de hombres jóvenes, y d) un descenso del ciclo económico (Collier, 1999, 15).
Paul Collier, director del grupo, describe en detalle la lógica que explicaría el comportamiento predatorio y lucrativo de las fuerzas rebeldes mediante la extorsión a quienes se dedican a actividades de exportación de bienes primarios, petróleo, piedras y metales preciosos y productos de plantación de alto valor, como el banano y la coca (Collier, 2001; Collier y Hoeffler, 2001). Señala que estos bienes son particularmente vulnerables a la extorsión y a las cargas impositivas oficiales porque su producción depende en alto grado de activos durables cuya localización no se puede modificar fácilmente.
Una vez establecido un campo petrolero y construido el oleoducto, hay que seguir explotándolo, aun si se prevé que gran parte de las ganancias se perderán a manos de los rebeldes. Igual sucede con las minas de piedras y metales preciosos, las plantaciones de cultivos de alto valor y la infraestructura de generación y transmisión de energía eléctrica. Estas actividades por lo general se localizan en zonas rurales y por su naturaleza no pueden evadir la extorsión trasladándose a sitios más seguros, como lo puede hacer la industria manufacturera; además soportan la extorsión permanente de la insurgencia, sin afectar la continuidad de su operación económica.
Estas características condicionan las medidas necesarias para su defensa. Estas actividades están ubicadas en zonas espaciosas y aisladas, en parajes rodeados de zonas boscosas y montañosas, y son fácil presa de ataques de las fuerzas insurgentes. Su defensa requiere fuerzas militares entrenadas y armadas para hacer frente a este tipo de ataques. De modo que el gobierno oficial a menudo debe imponerles cargas adicionales para financiar su protección militar.
En este punto, la lógica predatoria y las oportunidades de lucro derivadas del conflicto interno dejan de involucrar exclusivamente a los grupos insurgentes. El incremento de los recursos económicos que controlan los alzados en armas con su actividad predatoria lleva al surgimiento de intereses, elecciones y restricciones dentro del campo oficial, que reclama más poder en la asignación de los dineros públicos con el fin de ‘compensar las desventajas’ y someter militarmente a los insurgentes. La prolongación del conflicto conduce entonces a una economía política de guerra, a través de la cual una parte creciente de los actores sociales –situados a un lado y otro de la contienda– acumula activos económicos y reconocimiento social y político, a los que no tenían acceso antes del inicio del conflicto y que superan los costos que la guerra representa para sus intereses particulares. Aparecen entonces grupos especiales de interés que alimentan subrepticiamente el inicio, la perduración y la renovación continuas de conflictos internos, entre quienes no pasan inadvertidos los fabricantes y traficantes de armas (Richani, 2001).
Collier recomienda varias medidas de política para contener esta espiral, entre las que se destacan las que contribuyen a reducir los incentivos económicos para la rebelión y el poder económico de los demás grupos especiales de intereses que obtienen ventajas económicas con la persistencia del desorden público (Collier, 1999, 14). Sugiere crear mecanismos multilaterales que restrinjan el acceso a los mercados internacionales de los bienes primarios exportados ilegítimamente desde países en conflicto; promover políticas de diversificación económica para reducir la importancia de los bienes primarios de exportación que generan rentas dependientes de su localización específica; dar mayor transparencia al uso de los ingresos públicos provenientes de los impuestos a estos bienes para financiar la prestación eficiente de servicios básicos, y crear un clima favorable para el rápido crecimiento económico.
Pero advierte que con estas medidas muchos grupos poderosos verán afectadas las ventajas para acumular poder político y activos económicos, y que los utilizarán para oponerse a los cambios institucionales que perjudiquen sus intereses particulares (Collier, 1999; Wiesner, 1997).
En el caso colombiano ya nadie pone en duda que la máquina de guerra de la guerrilla y los paramilitares se nutre con los rendimientos del narcotráfico, la extorsión a la industria minero-energética, el secuestro, la piratería y la extorsión. Y es notorio que el desorden público generado por la guerrilla, los paramilitares, redes de narcotraficantes y demás delincuentes también corrompe y mueve a muchos grupos de interés, que si bien están formalmente del lado del régimen oficial en el conflicto interno, obtienen ventajas que los benefician y lucran económicamente.
Si se reinterpreta el conflicto colombiano desde esta óptica, la hazaña de proporciones hercúleas que en principio evoca la metáfora del Minotauro y el laberinto se desvanece y adquiere un matiz de tragedia, en el sentido estricto que le atribuían los griegos.
La visión moderna, que confía sin reservas en la tecnología y su poder para someter el destino a nuestro control con la aplicación de la ciencia, ha alterado en forma radical las creencias acerca del universo y ha alejado de nosotros el sentimiento trágico que experimentaron los antiguos. En la vieja Grecia, el destino reflejaba la naturaleza inhumana, irracional y maligna del universo, que estaba más allá del control humano. En la visión trágica, el hombre se enfrentaba con esas facetas incomprensibles, absurdas y siniestras del universo e intentaba comprenderlas y encararlas sin perder la dignidad humana, sabiendo de antemano que, impotente ante la adversidad insondable del destino, sería derrotado (Ballard, 1973, 411-17).
En nuestra guerra interna, la tragedia que se escenifica ante nuestros ojos parece revelar que no hay un Minotauro maligno y ajeno al que pueda aniquilar un Teseo redivivo. Entre quienes combaten al Minotauro del terrorismo y la narcoguerrilla, ¿acaso algunos no logran ventajas especiales y se benefician con los gravámenes de guerra que consumen a la sociedad colombiana?
La siguiente escena –el escalamiento del conflicto armado– nos revelará cómo interpretar la ayuda militar de los Estados Unidos a Colombia. ¿Se asemejará a la ayuda de Ariadna a Teseo para derrotar al Minotauro? ¿O a una ofrenda que rendimos al monstruo –entre aterrorizados y fascinados– para alimentar y renovar su apetito insaciable y bestial?
OTRA VISIÓN DEL CONFLICTO COLOMBIANO4
Esa me parece que es la tragedia del análisis del proceso de paz colombiano, que no tenemos un telón de fondo para... encajar y ordenar los distintos eventos, hechos, acciones que ocurren en el proceso... aquí se está negociando es por miedo, y eso es un mal negocio. Pero bueno, inventémonos una teoría para ver si esto sale bien, a ver si usamos ese miedo de manera positiva... buscando honestamente un escenario de negociación, y el único eficaz es ese que llamamos integrador, en el sentido que de la negociación debe salir una nueva comunidad política, una nueva organización política, una nueva configuración del poder, sin repartir nada.
Jesús Antonio Bejarano
Voceros autorizados, como Henry Kissinger, señalan que las guerras civiles han terminado históricamente con la victoria total de uno de los bandos o con la posterior exterminación de ambos.
Las negociaciones entre actores casi nunca concluyen en un compromiso, pero estas continúan siendo la prescripción favorita de los asesores norteamericanos que urgen salidas ‘políticas’ (Kissinger, 2001).
Los investigadores del Banco Mundial calculan, a partir de modelos econométricos, que hay un riesgo del 32% de que se reanude una guerra civil poco después de concluidas las negociaciones. Como posible explicación, señalan que en esas circunstancias se suelen mantener arsenales por fuera del control ‘oficial’, ex rebeldes que las saben usar y, a veces, algún núcleo de organización rebelde recalcitrante. Estas condiciones facilitan la reanudación de la rebelión (Collier y Hoeffler, 2001, 6 y 16).
Los esfuerzos para resolver la crisis colombiana mediante acuerdos políticos negociados desconocerían entonces las lecciones que deja la experiencia internacional acerca de este tipo de conflictos. Sería parroquial abogar por otro tratamiento diferente de la escalada militar para resolver el formidable reto que enfrenta el país como resultado de la sinergia entre drogas e insurgencia.
El más autorizado analista colombiano de los procesos de paz en el mundo, Jesús Antonio Bejarano, reiteró en sus intervenciones y escritos que en los más de 50 conflictos internos armados ocurridos en el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial se observa un patrón: alrededor del 25% termina en mesas de negociación; en cerca del 35% gana una de las partes y el 40% no se resuelve; se reanuda el 50% de los conflictos ‘resueltos’ en mesas de negociación y la tasa de fracaso de las negociaciones que se inician pactando ceses del fuego es cercana al 95%, como ha sucedido en las negociaciones con las FARC y el ELN desde 1982 (Bejarano, 2001, 85-86).
Firme defensor de políticas de seguridad que permitan ejercer la obligación constitucional de todo Estado de derecho a responder a la violencia con el uso legítimo de la fuerza, Bejarano se apartó de utilizarlas para promover alternativas militaristas o autoritarias. En contraste con quienes utilizan las cifras mundiales sobre conflictos internos para amedrentar y reducir las salidas exclusivamente a la militar, Bejarano insistió en que la solución política negociada –aun desde una posición de ventaja militar ante los rebeldes– era una ventana de oportunidades.
En nuestro caso específico, veía la negociación como una oportunidad para atender demandas sociales de cambio bien fundadas: reformas al régimen político que produzcan resultados ostensibles en la esfera de la justicia y la lucha contra la impunidad, un sistema de rendición de cuentas con responsabilidad política, patrones de inversión pública y procesos de descentralización económica que contribuyan a resolver los problemas de asentamiento territorial de la población colombiana y efectividad en el gasto social para garantizar la igualdad de oportunidades sociales5.
No debería sorprender que su defensa de la solución política negociada del conflicto colombiano evoque ecos cercanos a los de la catarsis –una purga o purificación que nos ayuda a recuperar la cualidad ética propia de la condición humana– que experimentaban los antiguos griegos en las representaciones de las grandes tragedias (Ballard, 1973, 411-14).
En sentido general, la tragedia antigua representaba la lucha contra la naturaleza ambigua de lo maligno e irracional, a través de la cual el protagonista modificaba su visión de lo torvo e inhumano y descubría posibilidades de utilizarlo creativamente, sin perder su identidad y conservando la dignidad humana hasta el final. La acción trágica nos permite recrearnos como seres humanos, nos enfrenta al reto de reconstruir los valores, el orden, la razón y la justicia. Irónicamente, la adversidad del destino –en este caso, la del conflicto colombiano– podría ser una provocación, una oportunidad para sacar lo mejor de cada ciudadano.
La convocatoria a una catarsis de la sociedad colombiana que propuso Bejarano no se puede descartar sin graves consecuencias. Curtido en negociaciones exitosas con el M-19, el EPL y el Quintín Lame, y en negociaciones frustradas con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, las FARC y el ELN, nadie conocía ni entendía mejor el telón de fondo en el que se escenifica el conflicto colombiano.
Solía comentar que de los 27 conflictos internos armados que hubo en el mundo entre 1991 y 1996, cinco se resolvieron y 22 –entre ellos el colombiano– no se resolvieron. Los que se resolvieron empezaron después de 1990. Los 22 que no se resolvieron empezaron antes de la caída del Muro de Berlín en 1989. Glosaba esta estadística con su ironía habitual; en Colombia apostamos “a la tesis absurda de que como el comunismo se iba a acabar, entonces la guerrilla se iba a acabar por consunción” (p. 83). No importa que el comunismo se haya acabado, el problema colombiano es el de una sociedad con diversos valores e identidades, que no se ha podido integrar para avanzar como colectividad política y económica.
Para él, la mayor dificultad era encontrar un medio para comunicar e integrar las diversas visiones del mundo que reflejan los fragmentos de nuestra identidad. Sostenía que era fundamental encontrar la manera de construir otra cosa, un nuevo lenguaje que hiciera posible “una interpretación común de la palabra ‘común’” (p. 89) para conformar una nueva identidad, que nos fuera útil y compartida por todos nosotros. Una catarsis colectiva. La incapacidad para construir esa “otra cosa” ha llevado hasta ahora a que los procesos de negociación de paz se ocupen casi exclusivamente de aspectos de procedimiento, y equivocadamente hemos concebido la paz como “el resultado de los que se sientan a la mesa... [y] terminamos en una cosa en la que el 98% de la gente termina viviendo bajo unas reglas que define el 2% de la gente” (p. 92-93).
Una consecuencia de este modelo de negociación es que nunca se ha llegado a un consenso político y social en torno de la posición del gobierno en las mesas de negociación. Por el contrario, el gobierno ha forzado avances en la negociación minando todo apoyo político y social a la negociación, debilitándola, marginando a la sociedad civil y abriendo espacios para que algunas minorías o individuos se apropien de su vocería y se llamen a sí mismos ‘sociedad civil’.
Bejarano pensaba que las concesiones de la zona de distensión y los intercambios humanitarios fueron capitalizadas por el sector militarista de la guerrilla en desmedro del sector político y le recortaron las posibilidades de intervenir con más peso en las negociaciones, lo que se habría logrado por ejemplo con estrategias más lúcidas y medidas audaces que obligaran a ambos sectores a discutir en público su visión del Estado y la sociedad.
Pensaba que, en medio de la confusión, quienes aplicaban la lógica de que todo actor violento es un actor político y pretendían que los paramilitares hicieran parte de la mesa de negociaciones dejaban abierta la puerta para que se colara el mensaje de que la violencia paramilitar en defensa del Estado era negociable a cambio de una contraprestación. La violencia no se puede negociar. Se negocian los fines y las razones políticas que llevan a emplear la violencia contra el Estado. Si los paramilitares son una estrategia militar para defender el Estado, son parte del tema de la negociación entre el gobierno y la guerrilla –que en su momento debe resolver el gobierno, como sucedió en Centroamérica– pero no son parte de la mesa de negociación.
A esta confusión se suman los esfuerzos para promover una paz ‘negativa’ –es decir, una cultura de la paz– mediante valores como la tolerancia y la comprensión, que haga innecesaria la guerra y restaure el clima propio de una sociedad pacífica, de una sociedad que no tiene conflictos de fondo.
También sostenía que treinta, cuarenta o más años de conflicto armado en Colombia no sólo habían generado diferencias –como sucede en los matrimonios que se resuelven tramitando sus querellas o, en últimas, con el divorcio– sino también y principalmente ‘diferendos’, y en este caso los problemas que se deben negociar son de convicciones, creencias y visiones del mundo, y no se pueden resolver ‘usando el método del regateo o de quién se queda con qué’.
Para resolver los diferendos es necesario abrir oportunidades y crear instrumentos que permitan clarificar y satisfacer demandas sociales de cambio relevantes en el presente, que sirvan como punto de referencia para la valoración colectiva de los avances que se vayan logrando en las negociaciones, a medida que se van concretando las reformas acordadas.
Esa era la ‘paz positiva’ que defendía Bejarano, en cuya búsqueda las negociaciones deben servir para transformar los valores, visiones y objetivos de cada una de las partes e integrarlos en una visión común nueva, como resultado de “entender cosas, de modificar criterios, de encontrar que había caminos parecidos a lo que se quería sin poner sobre la mesa objetivos máximos” (pp. 103 y 104).
¿En el escenario de la tragedia colombiana se cuenta con las condiciones para renovar nuestra percepción del conflicto interno? ¿Ha madurado el conflicto hasta un grado que nos permita descubrir las posibilidades de utilizar creativamente la solución política negociada sin renunciar a la dignidad humana? ¿Hay un ambiente realmente favorable para reformas que satisfagan las demandas sociales de cambio? ¿Cobrarían vigor con la inercia de un proceso de paz exitoso?
En su respuesta a estas preguntas –con las que lo asediaban en los cocteles y en las aulas–, Bejarano usaba como punto de referencia la situación de El Salvador en 1990, cuando se dio culminación a las negociaciones de paz en 6 meses. En ese momento coincidieron varias condiciones:
1. Se percibía que el proceso estaba maduro porque se conocían las demandas sociales de cambio que se absolverían con la negociación, es decir, el telón de fondo para negociar estaba en su sitio.
2. La opinión pública era favorable al avance de los cambios en el curso del proceso de paz, es decir, existía la convicción compartida de que la paz era una oportunidad para cambiar las cosas.
3. Se contaba con una mesa de negociaciones que había demostrado capacidad para tramitar los cambios.
4. La última condición, muy importante, que en Colombia hoy está sujeta a los resultados de las próximas elecciones presidenciales: el presidente tenía capacidad para dirigir la orquesta y lograr el consenso necesario para concretar las demandas sociales de cambio en el marco del proceso de paz.
Bejarano nos dejó antes de que la promesa de negociación que llevó a Pastrana a la presidencia desembocara en el fracaso. Pero su visión del conflicto colombiano aún puede abrir una ventana de oportunidades, así como el hilo de Ariadna ayudó a Teseo a salir del laberinto. Con ayuda de sus orientaciones y siguiendo la cadena de pasos y condiciones que extrajo de la experiencia para alcanzar una negociación exitosa, podremos explorar y recorrer el camino que nos conduce a enfrentar al Minotauro, el temor que los colombianos sentimos ante nosotros mismos. Frente a frente, ante el telón de fondo que tejió Bejarano y que nos puede servir de espejo, podremos emprender las acciones necesarias para construir la identidad colombiana, restaurar el monopolio legítimo de la fuerza y dar a nuestro propio minotauro el lugar que se merece, el de un mito fundador.
NOTAS AL PIE
* Versión revisada del documento preparado para el Coloquio sobre visiones del conflicto colombiano, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 26 de julio de 2001.
1. Ver su página web www.rand.org
2. Si Colombia opta por seguir el modelo de asistencia militar de Estados Unidos a El Salvador, habrá que presupuestar un programa para al menos 5 años, con un gasto 30% mayor al ejecutado en 2000, que según el Ministerio de Defensa fue del orden de US$2.500 millones. Suponiendo un crecimiento promedio moderado de la economía colombiana del 3% anual durante ese período, en los próximos 5 años el gobierno tendría que presupuestar un gasto militar del orden de US$17.500 millones.
3. Ver www.worldbank.org.
4. Esta sección se basa en la conferencia que el profesor Jesús Antonio Bejarano dictó el 16 de julio de 1999 –dos meses antes de su asesinato– a los estudiantes de la Especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos, y en Política y Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. La trascripción fue publicada en Bejarano (2000, 63-104).
5. Estos son entre otros los ‘núcleos’ a los que se refería Bejarano cuando decía: “estoy hablando… de llegar a encontrar los núcleos a través de los cuales, bien que mal, sintamos que la vida política, la estructura institucional del país nos es útil, y es para lo que nosotros damos. La sensación que uno tiene es que lo que hay no es para lo que nosotros tributamos, ¿no es cierto?” (p. 90).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Bagley, B. Drug trafficking, political violence and U.S. policy in Colombia in the 1990s, 2001, 5 de enero.
2. Ballard, E. “Sense of the tragic”, Dictionary of the history of ideas, vol. IV, Nueva York, Charles Scribner’s Sons Publishers, 1973, pp. 411-417.
3. Bejarano, J. “Perspectivas del proceso de paz en Colombia”, Revista del Instituto de Estudios por la Democracia, la Paz y la Convivencia en Colombia, Depaz 1, Bogotá, 2000, pp. 63 -104.
4. Collier, P. Doing well out of war, World Bank, Policy Research Working Papers, 1999, abril.
5. Collier, P. Economic consequences of civil conflict and policy implications, World Bank, Policy Research Working Papers, 2000.
6. Collier, P. y Hoeffler, A. Greed and grievance in civil war, World Bank, Policy Research Working Papers, 2001.
7. Kissinger, H. “Plan Colombia: ¿una salida del caos?”, Does America need a foreign policy?, de próxima publicación en Simon & Schuster y reproducido con permiso del editor y del autor por El Espectador, sección internacional, 2001, junio 10.
8. Rabasa, A. y Chalk P. Colombian labyrinth. The synergy of drugs and insurgency and its implications for regional stability, Santa Mónica, Rand Corporation, Project Air Force, 2001.
9. Richani, N. The political economies of the war systems in Lebanon and Colombia, The George Washington University Political Science Department, 2001.
10. Wiesner E. La efectividad de las políticas públicas en Colombia. Un análisis neoinstitucional, Bogotá, Tercer Mundo–DNP, 1997.