EDITORIAL

Jon Elster hace una fructífera distinción en su libro Uvas Amargas entre los conceptos de la racionalidad estrecha y la racionalidad amplia. Señala cómo la primera es la acostumbrada en el análisis económico, y cómo se reduce a un papel instrumental. La racionalidad estrecha es un medio, un criterio de eficiencia en la selección entre distintos cursos posibles de acción que permitirían alcanzar un objetivo dado. Los criterios que rigen esa racionalidad son eminentemente formales, como la consistencia y la transitividad. Sin embargo, lo que llama Elster la racionalidad estrecha no resulta muy útil para hacer juicios sobre los objetivos elegidos, no siempre resulta realista (aunque sea apropiada para la construcción de modelos formales, por sus propiedades lógicas) y enfrenta problemas cuando se le aplica a problemas de elección colectiva -de allí el teorema de imposibilidad de Arrow.

Elster la contrasta con la racionalidad amplia que resulta mejor ajustada a la forma como en realidad piensa y se comporta la gente. La racionalidad amplia abarca creencias y opiniones; acepta el hecho de que los individuos son algo más que “máquinas de pensar”, para usar la expresión de John Stuart Mill; y quizá permite entender mejor la conducta humana y las formas de organización social, incluido el mercado.

Varias de las contribuciones que se publican en este número de la Revista de Economía Institucional exploran problemas que a simple vista pueden desbordar las técnicas de análisis basadas en el modelo de la racionalidad estrecha.

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El ensayo de Homero Cuevas “La teoría económica, el afecto y la familia” tuvo su origen en una conferencia informal dictada ante profesores e investigadores de la Facultad de Economía y el Centro de Investigaciones sobre la Dinámica Social del Externado. La idea inicial era establecer algunos puntos de encuentro entre las diversas perspectivas metodológicas que se utilizan en una y otra área. Sin embargo, esa conferencia y este ensayo van mucho mas allá y constituyen una reseña de la evolución del pensamiento sobre sociedad y sexo durante los últimos dos siglos. La erudición de Cuevas lo lleva a formar parejas sorprendentes: Adam Smith y Sade, Engels y Masoch, el análisis económico del derecho de Posner y la bioetnoeconomía de Bergstrom. La relación compleja entre tres elementos -utilidad, erotismo e instituciones - ha dado una amplia gama de significados a los conceptos de amor y familia. Cuevas concluye que “la paradoja de algunas necesidades humanas formadas durante millones de años, y su inercial permanencia en la recién nacida civilización de consumo masivo… genera[n] un desajuste, por síndromes de disfuncionalidad”. A lo largo de su texto, la teoría económica ilumina ese desajuste. Como es usual en los escritos de Cuevas, su ensayo deja planteadas muchas y muy ricas vetas para futuras investigaciones económicas y de otras ciencias sociales.

La relación entre los colombianos y sus instituciones jurídicas es ambigua y ambivalente. Nos jactamos de ser ciudadanos de un Estado social de derecho, pero pocos países tienen tasas de delincuencia, violencia e impunidad siquiera comparables con las nuestras. Somos diligentes en la producción de normas de todo tipo, pero muy renuentes a la hora de cumplirlas. En su artículo “La ilegalidad, los meta-ordenamientos y las meta-preferencias”, Jorge Iván González se dirige a las raíces de esta aparente contradicción utilizando como marco teórico el trabajo de Amartya Sen. Los meta ordenamientos son ordenamientos de ordenamientos de preferencias; en el ejemplo analizado por González se contrastan los ordenamientos que respectivamente responden al respeto por lo legal y a la lógica de los precios. Pero no siempre es posible describir el comportamiento de los colombianos con esta herramienta analítica. ¿Cómo describimos la racionalidad de quien sólo adquiere un producto ilegalmente importado en un Sanadresito a condición de que éste tenga el respaldo legal de una garantía? El trabajo de González sugiere que el concepto de las meta-preferencias, que explora la manera como las creencias y los deseos contribuyen a la formación de preferencias, ayuda a entender “el espacio borroso que existe entre lo legal, lo ilegal, lo legítimo y lo ilegítimo”. Esto le lleva a cuestionar tesis como la de la cultura mafiosa, formulada por Luis Jorge Garay, por cuanto parten de un juicio de valor implícito. Hace falta, sostiene González, reflexionar más sobre la naturaleza de las creencias y deseos que nos llevan a formular fines, y para eso las meta-preferencias son un instrumento útil. También concluye que la presencia de meta-preferencias inconsistentes puede explicar por qué mayores gastos en seguridad y justicia no han resultado en una reducción de la impunidad.

Carlos Esteban Posada y Francisco González abordan el mismo problema desde otra perspectiva en el artículo “El gasto en defensa, seguridad y justicia”. Su punto de partida es el hecho de que tanto la criminalidad como el gasto público en estos conceptos han tenido un rápido crecimiento a lo largo de las últimas décadas. Posada y González construyen un modelo microeconómico para determinar el gasto óptimo en seguridad, defensa y justicia. Una de sus conclusiones centrales es la existencia de una relación inversa entre dicho nivel óptimo y la eficiencia de ese gasto. En otros términos, no es racional incrementar el gasto si su eficiencia es baja. Posada y González desarrollan algunos ejercicios preliminares de medición de la eficiencia intrínseca y extrínseca y de la ineficiencia aparente de los recursos invertidos por la sociedad colombiana en seguridad, defensa y justicia, con una conclusión que, aunque preliminar, es preocupante: según algunas medidas, la eficiencia del gasto parece estar deteriorándose. El trabajo de Posada y González es parte de un proyecto de investigación más amplio. Un segundo artículo, en el cual se realiza un análisis más detallado de la evolución del gasto en seguridad, defensa y justicia, se publicará en el próximo número de la Revista de Economía Institucional.

En su libro Los intereses y las pasiones, Albert Hirschman trazó con cuidado la evolución de los argumentos precapitalistas en favor del capitalismo, cuya línea central fue la de señalar que el procurar el interés propio modera los efectos nocivos de las pasiones sobre la conducta humana. Los intereses entraron a reemplazar la virtud como regulador social. La culminación de este razonamiento fue la metáfora utilizada por Adam Smith en la Riqueza de las Naciones: la mano invisible del mercado, que lleva a individuos que obran de manera egoísta a trabajar, sin saberlo, por el bien común. Ese argumento ha servido como una de las bases del pensamiento económico posterior.

Como lo indica el titulo de su trabajo, “Del mercado al instinto (o de los intereses a las pasiones)”, Félix Ovejero sostiene una posición contraria. La pregunta de Ovejero es por lo que él denomina disposición societaria (DS), que en sus términos “apunta a la necesidad de asegurar la sociabilidad sin imposibilitar la discrepancia”. No es del todo obvio que el mercado sea una explicación adecuada de la existencia de disposición societaria, en particular en lo relativo a la solución de problemas colectivos. Ovejero sugiere que de aceptarse la hipótesis del homo economicus el incentivo para adoptar el comportamiento del colinchado, del free rider, es demasiado fuerte para que se genere la disposición societaria. También examina la tradición republicana, pero argumenta que esta visión requiere de supuestos fuertes y tal vez no muy realistas sobre la naturaleza humana y el lugar que en ella tiene la inclinación hacia la virtud cívica. Concluye proponiendo una tercera fuente de la disposición societaria: las mismas emociones que se habían descartado desde el inicio de la tradición que nutre el pensamiento económico, por su presunta incompatibilidad con la racionalidad.

Edgar Pardo presenta un análisis del tratamiento de la pobreza en Smith y Ricardo que aborda las facetas positiva y normativa de la economía. En efecto, hay aquí dos problemas distintos, que siguen siendo objeto de debate hoy: por qué existen la pobreza y la desigualdad social; y si son ellas inconvenientes. La respuesta de Adam Smith descansa en razones económicas, aunque no de manera exclusiva. Por una parte, es resultado histórico de la acumulación en sociedades preestatales (en esencia, el mismo escenario propuesto por John Locke); por otra, es consecuencia inevitable de la división de trabajo aunada a las diferencias en talento y diligencia que los individuos aplican a fines económicos. Otro problema es el desequilibrio entre la oferta de trabajo, función del crecimiento de la población, y su demanda. Pero Smith va más allá. El aduce argumentos filosóficos y sociológicos a favor de la proposición de que la desigualdad es necesaria para garantizar la paz y el orden de la sociedad. Ricardo tiene un esquema más sencillo y quizás más riguroso: la pobreza puede explicarse por la relación entre demografía y economía, por la dinámica del proceso de acumulación del capital y por instituciones bien intencionadas pero mal enfocadas (como las Leyes de Pobres inglesas) cuyo fin es aliviarla. Ricardo y Smith sostuvieron que con el tiempo el crecimiento económico aliviaría la pobreza pero se opusieron a medidas gubernamentales para contrarrestarla, con una excepción: la educación.

Los valiosos aportes de Douglas North a la historia económica institucional no son ajenos a las discusiones sobre la racionalidad amplia. En su teoría del cambio institucional, el aprendizaje local y la fijación de las creencias juegan un papel esencial para explicar el origen, la configuración, la estabilidad y los cambios que atraviesan las instituciones. En su artículo “La evolución histórica de las formas de gobierno” North profundiza su análisis al aplicar las herramientas del modelo de racionalidad amplia a la reformulación de su teoría neoclásica del Estado. Precisamente el énfasis puesto en la variedad de los sistemas de creencias y los procesos de aprendizaje local explica en gran parte los diferentes grados de éxito institucional que tuvieron la definición de la autoridad de la ley y las formas de gobierno en los mundos anglosajón y latinoamericano. El artículo explora la forma en que las ideologías y los valores inciden en la definición estable de formas de gobierno, y las razones por las cuales la imposición de un conjunto de reglas formales a una cultura existente puede conducir al fracaso económico y político. El trabajo de North deja numerosas lecciones para analizar las posibilidades de éxito de las reformas en América Latina.

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Uno de los libros de economía más importantes del fin de siglo fue la última obra de Amartya Sen, Development as Freedom. Sen desarrolla la tesis de que el desarrollo es en esencia la eliminación de restricciones a la libertad humana. Su estilo es, en las palabras de un lector colombiano, “pura poesía”. En él, Sen se aparta del estilo axiomático de mucha de la literatura de la elección social y se plantea problemas, como el de la universalidad del valor de la tolerancia, que exceden los linderos comúnmente establecidos para la disciplina económica. Su exploración del concepto de la libertad y de los problemas éticos asociados abarca desde los textos sagrados de la religión hindú hasta los últimos desarrollos de la filosofía política de Rawls. Pero quizá la influencia más importante es la de Adam Smith. Sen se guía al tiempo por la Riqueza de las Naciones y por la Teoría de los Sentimientos Morales: ética y economía son hoy, sostiene Sen, dos caras de una misma moneda, como lo fueron para Smith. El libro de Sen, a pesar de su calidad literaria, no deja de tener un rigor lógico y una densidad conceptual extraordinarias. La reseña de Mauricio Pérez Salazar busca seguir apenas algunos de los muchos caminos de indagación abiertos por Sen en un texto que en adelante será lectura obligada para todo curso de desarrollo económico.

Jesús Antonio Bejarano amplió como pocos la frontera de la economía agraria en Colombia. Poco antes de su asesinato públicó un libro que sintetizó el “estado del arte” de la economía de la agricultura, que reseña Absalón Machado. Este es “un libro de divulgación y sistematización de diferentes enfoques y temas, de gran ayuda y orientación para la enseñanza de la economía agrícola en las universidades”, según Machado. Como era usual en sus escritos, Bejarano integró el análisis teórico y empírico, y se esforzó por incorporar a nuestro debate los avances más recientes de la literatura internacional. Trató, entre otros problemas, la transformación de las estructuras del sector agropecuario, las características especiales de sus mercados, la relación entre Estado y mercado, la operacionalización de conceptos como la competitividad y el papel de las instituciones en el desarrollo agropecuario.

La ciencia de revista, de frontera, se socializa como ciencia del

manual. El renovado interés de los economistas por las instituciones ha producido algunos textos que ofrecen a la vez una visión panorámica de la economía institucional y un intento de sistematización de muchos enfoques e interpretaciones de origen independiente. Uno de éstos es Institutions and Economic Theory: the Contribution of the New Institutional Economics, de Eric Furubothn y Rudolf Richter. La reseña de Jaime Lozano es una guía para el lector y para el docente que quiera usarlo como material de enseñanza.

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En el primer número de la Revista de Economía Institucional publicamos la reseña de Bejarano del libro Crimen e Impunidad, de Mauricio Rubio, cuyo trabajo se cuenta entre los mejores aportes hechos desde la economía a la comprensión de la violencia y la impunidad que nos asolan. La obra de Rubio es crítica, polémica y dura con el sistema judicial.

Es también un esfuerzo para entender el derecho desde la economía. Lograr la comprensión entre las dos disciplinas (un caso evidente es el debate presentado en torno a las consecuencias económicas de los fallos de la Corte Constitucional ) no es tarea fácil. Nos separan muchas cosas. Una de ellas es la existencia de perspectivas éticas distintas. Los economistas son utilitaristas, e indagan por las consecuencias de las decisiones y de la eficiencia de las actuaciones. La formación de los juristas normalmente enfatiza otra visión -la deontología, que toma el acatamiento de reglas como fundamento de la ética. Otras diferencias radicales están dadas por el contraste entre tradiciones culturales (anglosajona, para los economistas, y continental, para los abogados) y entre distintas metodologías analíticas (los economistas suelen acudir a la inducción, los abogados a la deducción). Pero la peor de las barreras, y la que puede solucionarse con mayor facilidad, es el desconocimiento recíproco de las bases de cada disciplina. Así como muchos abogados no pueden entender las ideas que hay detrás de la representación gráfica de las funciones de oferta y demanda, muchos economistas son incapaces de comprender la lógica de los principios generales del derecho o de un código. En cada caso el problema es de ignorancia y no de incompatibilidad de las disciplinas.

El problema que estudian economía y derecho es el mismo: la conducta del ser humano en un contexto social. El acercamiento entre disciplinas no sólo puede, sino debe ser crítico y polémico, como lo es el trabajo de Rubio. Ese es también el espíritu del comentario de Germán Silva sobre ese libro. Silva, desde el derecho, afirma que muchas de las críticas de Rubio al sistema jurídico son injustas y que algunas de sus conclusiones están equivocadas. Trata de colocar los argumentos de Rubio en una perspectiva más amplia; cuestiona algunas de las bases fácticas de los mismos; y elucida conclusiones políticas de lo afirmado por el autor. El derecho, a diferencia de la economía, no asume que sea Wertfrei, libre de juicios de valor, y sus practicantes son más propensos que los economistas a indagar por las posiciones implícitas que pueden hallarse detrás de un determinado enfoque analítico.

La breve nota de Lisa Anderson, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, es una reflexión acerca de cómo se desenvuelven las ciencias sociales en distintos contextos culturales y políticos que tiene un doble interés para lectores latinoamericanos. Por una parte, ofrece una visión de las ciencias sociales en países en desarrollo desde afuera. Es la periferia como la percibe el centro. Su diagnóstico de los problemas que enfrentamos tiene la virtud de ser desinteresado, y su reconocimiento de la calidad del trabajo que se produce en nuestro medio a pesar de las restricciones de pobreza y de coacción es a la vez elogioso y alentador. No es tan grande la brecha que nos separa de nuestros colegas en el primer mundo. El otro punto de Anderson, fundamental pero olvidado, es el hecho de que las ciencias sociales sí tienen una ideología, la del liberalismo filosófico. Las consecuencias políticas del trabajo de los científicos sociales no son neutras. Tal vez por eso quienes se oponen por principio a la libertad y la tolerancia consideren “enemigos peligrosos” a quienes se atreven a pensar.

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Este número de la Revista de Economía Institucional incluye una bibliografía de la obra de su primer director, ordenada por temas para facilitar la consulta por lectores interesados. La Revista de Economía Institucional ruega a quienes sepan de textos, publicados o no, de Bejarano que no figuren en esta bibliografía que entren en comunicación con su coordinador editorial para completarla.