BANCA Y REGIÓN EN COLOMBIA, 1850-1880
BANKING AND REGIONS IN COLOMBIA, 1850-1880
Juan Santiago Correa R.*
* Magíster en historia de la Pontificia Universidad Javeriana, candidato a doctor en sociología jurídica e instituciones políticas de la Universidad Externado de Colombia, profesor del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), Bogotá, Colombia, [juansc@mail.cesa.edu.co]. La versión original de este texto se presentó en las XXI Jornadas de Historia Económica (Buenos Aires, 2008) y en el Congreso de LASA 2009, Río de Janeiro, 2009. Fecha de recepción: 2 de febrero de 2009, fecha de modificación: 8 de mayo de 2009, fecha de aceptación: 2 de julio de 2009.
RESUMEN
[Palabras clave: política monetaria, radicalismo, banca libre, banca regional; JEL: E52, E58, N16]
Este artículo analiza el desarrollo del sistema monetario y bancario de Colombia entre 1850 y 1880. El debate político y la lucha de poder entre las élites regionales, y entre los grupos políticos en el ámbito nacional, configuraron el modelo económico de la época. Más allá de su viabilidad técnica, las decisiones económicas estuvieron asociadas a la visión de nación que cada grupo de poder quería imponer a los demás.
ABSTRACT
[Keywords: monetary policy, radicalism, free banking, regional banking; JEL: E52, E58, N16]
This article analyses the development of the Colombian monetary and banking system between 1850 and 1880. The political debate and the power struggle at the national level determined the economic model of this period. Beyond its technical feasibility, the economic decisions were influenced by the concept of Nation that each group wanted to impose.
Una de las discusiones más fecundas y de mayores alcances del siglo XIX giró en torno al sistema monetario y el desarrollo del sector bancario en Colombia. El comienzo de la vida republicana debió enfrentar las penurias fiscales derivadas de la independencia y de los conflictos civiles que pronto se generaron entre las diferentes facciones políticas. Así mismo, la débil vinculación al comercio internacional y el peso de la deuda externa hicieron aún más difícil la tarea de organizar un sistema monetario y bancario en el país.
Las soluciones que se propusieron a lo largo del siglo estuvieron determinadas por el debate político y la lucha de poder dentro de las élites regionales, y en el ámbito nacional entre los grupos políticos que se consolidaron en ese período. Más allá de su viabilidad o su validez técnica, esas soluciones estaban ligadas de manera indisoluble a la visión de nación que cada uno de esos grupos pretendía imponer o impuso sobre los demás.
En la primera parte de este artículo se analizan los primeros intentos de emisión monetaria en el país y los esfuerzos por crear un ordenamiento bancario; en la segunda parte se estudia la forma en que se amplió el crédito privado a mediados del siglo XIX y el desarrollo de las primeras cajas de ahorro en Colombia; en la tercera se examinan los efectos de las reformas liberales, en particular las que implementó el Radicalismo, sobre la creación de un sistema de banca libre con profundos efectos en las distintas regiones de Colombia; por último, se presentan las conclusiones.
LOS PRIMEROS INTENTOS DE EMISIÓN MONETARIA
El inicio de las emisiones de papel moneda en Colombia no coincide, como se suele pensar, con el advenimiento de la banca libre (1865-1886), pues hubo varios intentos infructuosos desde 1813, cuando se ensayó por vez primera esta forma monetaria. En ese año, como presidente de la Junta Patriótica de Cartagena, Germán Gutiérrez de Piñeres ordenó la emisión de $300.000 con denominación de un real. La falta de seguridad de esta emisión, que se hizo en papel corriente, llevó a que el público tuviera poca confianza y castigara su valor nominal (Hernández, 2001, 44).
Para proporcionar los medios y arbitrios y socorrer al ejército de reserva, en 1821 se expidió el decreto del 4 de julio que ordenó al vicepresidente de Cundinamarca1 que emitiera libranzas por $200.000 en denominaciones de 6, 12, 18 y 24 reales admisibles en pago por la sal que producían las minas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa (Ibáñez, 1990, 34).
Estas libranzas se admitirían en las minas con preferencia a la moneda en metálico en toda clase de contratos, pago de deudas, derechos en las oficinas de la República y pagos a los empleados oficiales que no estuvieran a más de dos días de distancia de Bogotá. El decreto estipulaba que quien se negara a recibir estas libranzas sería penalizado la primera vez con una multa por el doble del valor de la transacción, la segunda por el cuádruple y la tercera con la misma multa y la pena de destierro por un año. Una vez las libranzas se hubieran pagado en las salinas se consideraban amortizadas y no podían circular nuevamente, salvo que lo autorizara de manera expresa una ley del Congreso (ibíd., 34).
Más adelante, durante el gobierno de José Ignacio de Márquez, la ley del 6 de junio de 1838 autorizó a la Tesorería General de la República para que, según instrucciones del Presidente, emitiera y pusiera billetes en circulación. Esta emisión, aprobada por el presidente Márquez mediante el decreto 1204 de diciembre de 1839, con denominaciones de 5, 10, 20, 75, 80 y 100 pesos, se usaría para pagar la nómina gubernamental y a los acreedores de la República que los aceptaran voluntariamente. Estos billetes, aunque debían ser pagados a la vista en moneda metálica, tuvieron poca circulación y aceptación (ibíd., 35).
Para impulsar estas medidas, el Congreso emitió la ley del 1.° de junio 1847 que autorizó a Florentino González, Secretario de Hacienda de Tomás Cipriano de Mosquera, a crear un banco privado que tendría el nombre de Banco de la Nueva Granada y daría apoyo esencial a todas las operaciones de la industria y el comercio. Se acordó que no sería un banco de emisión del Estado, por tal razón los particulares se debían encargar de su formación, dirección y manejo, sólo con la intervención absolutamente indispensable de las autoridades (ibíd., 37).
Florentino González consideraba que una institución de esta índole debía tener un estatuto especial que la diferenciara de los bancos “comunes”. El banco se constituiría con siete individuos de conocida probidad, capital e inteligencia en los negocios, con un capital no inferior a diez millones de reales, y debía gozar de los siguientes privilegios por un término de 18 años: desempeñar funciones de agente fiscal del gobierno, ejecutar todas las operaciones de crédito del gobierno, y emitir de forma exclusiva billetes dentro de las provincias de Bogotá, Tunja, Vélez, Mariquita y Neiva por una suma igual al metálico en caja. No obstante, la falta de capital hizo imposible el desarrollo de este proyecto (ibíd., 38-39).
A pesar de estos problemas, mediante el decreto 1877 L, Tomás Cipriano de Mosquera facultó a las tesorerías del centro y del sur del país a emitir dos tipos de billetes redimibles: los representativos en plata, con valores de 40, 80, 160, 200, 400, 600 y 800 pesos, y los representativos en oro, de 5, 10, 25 y 50 pesos. Igual que los intentos anteriores, estos billetes eran de aceptación voluntaria y se podían usar para pagar las deudas con la nación (Hernández, 2001, 45).
Las leyes de manumisión de esclavos promulgadas en 1821 incluían el pago de indemnización a los propietarios por la mano de obra liberada. Durante 1851 y 1852, cuando terminó ese proceso, el gobierno de José Hilario López se vio obligado a permitir la emisión de billetes para pagar la deuda, que no había sido cancelada, mediante el decreto 2166 C del 5 de junio de 1852 (ibíd., 45).
En 1855, estando encargado de la presidencia el vicepresidente de la Confederación Granadina, Manuel María Mallarino, se expidió la ley “orgánica de bancos de emisión, descuento y depósito”, el 13 de junio. Esta ley autorizó la formación de bancos y la ejecución de todas las transacciones de interés y las funciones que les pudieran corresponder conforme a los reglamentos expedidos por el Presidente de la República. Los bancos tenían derecho a emitir billetes redimibles en moneda legal de oro o plata de ley 0,900 al momento de su presentación (Ibáñez, 1990, 41-42).
La guerra civil de 1860 presionó el gasto público, lo que obligó a una nueva emisión autorizada por el decreto 2591 de 1861. Mediante este decreto se emitieron billetes de tesorería por $500.000, admisibles para pagar hasta el 50% de los derechos de importación, el 60% del valor de la sal comprada en las salinas del Estado y el 100% de los derechos de exportación (Hernández, 2001, 45).
Los billetes de tesorería se prestaron para que los agiotistas abusaran de viudas, empleados y pensionados, exigiéndoles descuentos enormes por cambiarlos o recibirlos. Por ello, Mosquera dictó el decreto del 18 de junio de 1862 que establecía que a todo individuo que cobrara un descuento superior al 2% o aumentara el precio de los bienes para depreciar estos billetes el gobierno lo consideraría como enemigo y, en consecuencia, le retiraría la protección de las leyes en todos los negocios civiles, no sería oído en juicio para ejecutar a otro e incurriría en multas de $10 a $1.000 por cada acto (Ibáñez, 1990, 44).
Debido a que la Corte Suprema determinó que los billetes de tesorería no eran de recibo obligatorio para deudas anteriores al 24 y al 31 de agosto de 1861, el presidente Mosquera dictó el decreto 2707 del 11 de agosto de 1862, el cual disponía que su recibo sería obligatorio para los particulares en cualquier transacción (sin importar su origen, época o naturaleza), lo que instituyó por primera vez en Colombia el curso (ibíd., 45).
Para garantizarlo se establecieron, con poco éxito, medidas coercitivas que incluso desconocían los derechos ciudadanos. El gobierno debió renunciar en 1863 al carácter de moneda legal de estas emisiones y los billetes fueron amortizados como deuda de la nación hasta retirarlos totalmente de circulación (Hernández, 2001, 45).
En 1866 hubo una nueva iniciativa para establecer un banco que tendría el nombre de Banco Nacional de los Estados Unidos de Colombia, concebido como una institución de emisión, giro, depósito y descuento, cuyos billetes serían aceptables en el pago de impuestos, excepto la parte correspondiente a la amortización de deuda externa. Igual que las iniciativas anteriores, la falta de capital y las dificultades internas impidieron que ésta prosperara (ibíd., 47).
En general, hasta ese momento todos los intentos de emisión fueron ordenados para atender los gastos del gobierno y no para regular la oferta monetaria ni el dinero en circulación. Su impacto sobre la economía en general fue muy bajo debido, entre otras razones, a que eran emisiones muy pequeñas o con fines muy específicos, o porque el público poco aceptaba ese dinero, lo que las hacía salir rápidamente de circulación.
LA AMPLIACIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO Y LAS CAJAS DE AHORRO
En la primera mitad del siglo XIX, el mercado de capitales era estrecho por diversas razones. Debido a los efectos de las guerras de independencia sobre el sistema productivo, al vacío de crédito que había dejado la Iglesia, a la quiebra de importantes prestamistas privados y a la desaparición de los primeros bancos británicos, en el período comprendido entre 1820 y 1850 hubo un escaso desarrollo del mercado de capitales.
Los gobiernos de este período liberaron las tasas de interés y ocasionaron niveles de usura. La práctica recurrente del agio permitió que el gobierno cubriera las necesidades fiscales de corto plazo, sacrificando el largo plazo, con grandes beneficios para los particulares, en contra del Estado, pues en los momentos de dificultades, como las guerras civiles, el gobierno recurría a prestamistas particulares para financiar el gasto (Sowell, 1999, 221).
Uno de los prestamistas más notorios de la época fue Judas Tadeo Landínez, que en 1841 se asoció con Sinforoso Calvo para fundar la Compañía de Giro y Descuento, una institución de crédito que realizaba operaciones de depósito, giro, descuento y préstamos a todos los sectores de la sociedad. La fortuna personal de Landínez ayudó a sostener al gobierno durante la guerra de Los Supremos (1839-1842); aquel utilizó sus ganancias para especular en ganado, transportes, tabaco y algunas industrias nacientes en Cundinamarca y Boyacá. Cuando la burbuja especulativa explotó muchos capitalistas, incluido el presidente José Ignacio de Márquez, llegaron al borde de la quiebra y la oferta de crédito se redujo vertiginosamente (Arango, 1981, 149-159)2.
Para enfrentar esta situación, en la segunda mitad de la década 1840 se fomentó la creación de cajas de ahorros para cubrir las necesidades de crédito en los principales centros urbanos del país, así como para fomentar el crecimiento de pequeñas y grandes industrias y el ahorro de los sectores populares (Sowell, 1999, 218).
En El Neogranadino se llegó a debatir en 1848 si estas cajas –que cumplían funciones de depósito, crédito y descuento– se podían convertir en bancos de emisión de billetes pagaderos al descubierto y respaldados con depósitos en metálico. Pero la propuesta no prosperó debido a los temores sobre la estabilidad política y económica.
El desarrollo de las cajas de ahorro se enmarcó en las reformas liberales de los ministros Lino de Pombo y Florentino González. Estos sostenían que el ideal de progreso estaba imbuido de la creencia de que el orden social y el progreso económico se podían alcanzar al mismo tiempo, siempre y cuando las élites fueran capaces de canalizar las energías y la actividad económica de los sectores populares por medio de la capacitación técnica de éstas (Sowell, 1999, 223).
La primera caja de ahorros que se fundó en Colombia fue la de Cartagena, en 1843, sobre la que se tiene muy poca información; luego se fundó la de Medellín en 1844, la de Bogotá en 1846 y la de Santafé de Antioquia en 1851. Tras la fundación de la Caja de Ahorros de Bogotá se fundaron otros establecimientos similares en las provincias de Chocó y El Socorro, así como en las ciudades de Santa Marta, Popayán, Mompox y Buenaventura, que tuvieron una vida muy efímera (Botero, 1985, 65, y Arango, 1981, 199).
La Caja de Ahorros de Medellín recibía depósitos semanales de pequeños artesanos, sirvientes y campesinos a un interés muy bajo. Los depósitos se destinaban a préstamos con hipotecas. El desarrollo de la Caja se vio truncado hacia 1867 cuando sus directores, miembros prestigiosos de la élite de Medellín, se vieron envueltos en un escándalo de manejo de fondos. La Caja funcionó hasta 1874, cuando se liquidó (Brew, 2000, 91).
Más adelante, en 1890, la Sociedad San Vicente de Paúl fundó otra caja en Medellín, que hasta 1919 otorgó crédito a los comerciantes de la ciudad, coincidiendo con el proceso de expansión cafetera e industrial de principios del siglo XX que aumentó los ingresos de los sectores populares, lo que permitió el rápido desarrollo de dicha caja en sus primeros años (ibíd.).
La Caja de Ahorros de Bogotá (1846-1865) tuvo un desempeño más exitoso, pues durante algunos años cumplió uno de sus objetivos centrales: reducir la tasa de usura en Bogotá. Antes de su fundación, las tasas predominantes oscilaban entre el 2% y el 3% mensual por préstamos de menos de $300, lo que equivalía a tasas superiores al 40% anual. La Caja prestaba a un máximo del 1% mensual y ayudó a estabilizar la tasa de colocación a un promedio del 9% anual (ibíd.).
Sin embargo, el propósito de la Caja no era estrictamente financiero, pues Pombo y otros miembros de la junta directiva consideraban que debía “moralizar” a los sectores populares para que abandonaran la actitud de “no preocuparse hoy, por el mañana y que produjeran personas diligentes” (Sowell, 1999, 224).
La Caja prestaba a individuos con buen pasado crediticio o propiedades personales y dos garantes. Usualmente captaba depósitos pagando una tasa entre el 3% y el 5% anual, y otorgaba préstamos con períodos de amortización de 6 meses en promedio. Así no podía cumplir su objetivo, pues los artesanos usualmente no calificaban para el crédito y, como les pagaban al final de la producción, requerían un capital inmediato. Además, enfrentaba el problema de que los compradores no aceptaban los costos financieros como costos del producto, lo que se agravaba por la pena de prisión por deudas (ibíd., 225-226).
El gobierno nacional prestó apoyo haciendo ciertas concesiones: eximió a los ahorradores de varias responsabilidades civiles como el servicio militar y ciertos impuestos personales; calificó los libros de depósito como documentos públicos y eliminó los costos notariales a las actividades de la Caja; los fondos eran inviolables y sus operaciones exentas de impuestos. La Caja gozaba de una sólida confianza y sus servicios eran utilizados por un gran número de bogotanos (ibíd., 226-227).
Los cambios y la inestabilidad política, sumados a la creación del Estado de Cundinamarca, debilitaron el funcionamiento de la Caja. Los registros se dejaron de considerar documentos públicos y se fijó un límite del 5% anual a los intereses de los depósitos, lo que desalentó a los ahorradores. Esta situación se agravó con la fuerte depreciación de los bonos gubernamentales, que representaban una alta porción de las inversiones de la Caja, y por profundas diferencias internas en su manejo que llevaron a liquidarla en 1865 (ibíd., 228-240).
Aunque en general los resultados no fueron negativos tampoco fueron los que se esperaban, pues los patrones de ahorro bogotanos no cambiaron con el funcionamiento de la Caja ni se estimuló a la pequeña industria, aunque sí reguló las tasas de interés en Bogotá. Es interesante que los dos partidos políticos elogiaran aspectos diferentes de la Caja: el Partido Liberal exaltaba el valor de las funciones bancarias y su contribución contra la usura, y los conservadores exaltaban sus beneficios morales (ibíd., 230).
A pesar de lo interesante que pudo ser el desarrollo de las cajas de ahorros, estas no ampliaron los mercado de capitales ni los de crédito y fomento. Sus éxitos y fracasos se limitaron a algunos sectores y revirtieron las tendencias predominantes. Hubo que esperar hasta el desarrollo de la banca privada en la década de 1870 para que el mercado de capitales sufriera una transformación de fondo.
EL RADICALISMO Y LA BANCA REGIONAL
Las reformas liberales empezaron a tomar forma en 1849 con la abolición de la esclavitud, la división de los resguardos indígenas, la ampliación de las libertades civiles y de prensa, la abolición de la pena de muerte por delitos políticos, la descentralización de la administración y de los impuestos, el mayor control de los gobiernos locales sobre la Iglesia, la supresión de los tribunales eclesiásticos especiales y el amplio desarrollo del sistema de banca libre en Colombia. Estas reformas se elevaron a categoría constitucional en 1853 y luego en 1863 (Bergquist, 1999, 41).
No obstante, las medidas políticas que acompañaron a las reformas económicas librecambistas no estuvieron exentas de conflictos dentro del naciente Partido Liberal. El conflicto más importante fue el que protagonizaron los artesanos, arruinados por la difícil competencia del exterior, cuando se unieron a los militares de vieja escuela –que perdieron su protagonismo luego de la independencia– y respaldaron la dictadura de Melo en 1854.
La adopción del librecambio llevó a la unión de los manufactureros y artesanos –los draconianos– contra los comerciantes –gólgotas– dentro del partido liberal, es decir, se enfrentaron las posturas proteccionistas y librecambistas (Esquivel, 2003, 203). Lo s defensores de las doctrinas librecambistas llegaron a controlar el poder y no sólo aprovecharon los ciclos de auge de la quina, el algodón, el caucho, el añil y, especialmente, el tabaco, sino que se convirtieron en comerciantes e importadores cuya suerte estaba ligada al mercado internacional.
La importancia económica de la agroexportación prevaleció sobre los intereses de los artesanos. La bonanza tabacalera indujo el más importante flujo de divisas desde la Independencia e hizo posible la consolidación de una poderosa élite vinculada al comercio externo. Además, en ausencia de grandes entradas de capital, las importaciones estuvieron fuertemente correlacionadas con las importaciones, lo que incrementó los ingresos fiscales aduaneros y, con ello, el gasto fiscal (ver Ocampo, 1998, cap. 1).
Así, los miembros de la élite conservadora y liberal llegaron a un acuerdo relativo sobre la necesidad de vincular el comercio exterior con el desarrollo económico del país. Acuerdo que no se logró en otros temas centrales para el liberalismo decimonónico, como las libertades individuales, la organización del Estado o las relaciones con la Iglesia.
Las reformas no sólo suscitaron la oposición de los conservadores sino la oposición dentro del mismo liberalismo. El Partido Liberal recuperó el control del poder en la guerra civil de 1860-1862, cuando consolidó su proyecto político en la Constitución de 1863, redactada en Rionegro, que ratificó las medidas antieclesiásticas de Mosquera, reorganizó el país en una estructura federal muy descentralizada y amplió los derechos individuales hasta incluir la libertad de expresión irrestricta y el derecho a poseer y traficar armas. Con ello se inició el período del Radicalismo (Bergquist, 1999, 43).
Uno de los desarrollos económicos más importantes de este período fue la creación del sistema de banca libre, que perduró desde 1865 hasta 1886, año en que se inició el curso forzoso. Cubrió entonces el Radicalismo liberal y el inicio de la Regeneración; lo que no implica que el sistema fuera idéntico en ambos períodos, pues en el segundo las intenciones de desmontar el sistema de banca libre fueron explícitas desde la posesión de Núñez en 1880.
Antes de las reformas de 1846 sólo se registra un intento de crear una legislación bancaria que organizara y regulara las instituciones de crédito y la emisión de billetes. El decreto del 5 de abril de 1825 autorizó la fundación de un banco de comercio en Caracas que se llamaría Banco de Venezuela, entonces parte de la Gran Colombia (Botero, 1985, 64).
Sólo desde las reformas liberales de mediados de siglo, consolidadas en la Constitución de 1863, se puede hablar del surgimiento de la banca privada. Con apoyo de los bancos privados y semioficiales que surgieron en esa época, las élites regionales ampliaron y fortalecieron su poder político y económico gracias a que captaban metálico y emitían papel moneda (Díez 1989, 39).
Esto ocurrió al amparo de la ley del 27 de mayo de 1864, que autorizó contratar la fundación de un banco nacional, y de la ley 35 de 1865, que confirió privilegios a la sucursal del Banco de Londres, México y Sudamérica en Bogotá para emitir billetes durante veinte años. Esta autorización se extendió a todos los bancos que se fundaran con este propósito a partir de ese momento (Botero, 1985, 68).
Las instituciones bancarias que se formaron conforme a la ley 35 de 1865 tenían libertad para emitir billetes admisibles como dinero en pago de impuestos y derechos nacionales y, en general, en todos los negocios que involucraran al gobierno. Esos bancos también podían conceder créditos, recibir sumas del tesoro nacional y contratar con los acreedores del gobierno los pagos mediante el reconocimiento de una comisión no mayor al 1% (Hernández, 2001, 40).
El privilegio de emisión por veinte años estaba sujeto a la obligación de mantener en circulación billetes al portador por un valor que no superara el doble de los fondos en metálico que se mantenían en caja, aceptar la supervisión del gobierno en lo referente a la emisión y convertir en metálico los billetes que presentaran sus tenedores. Esto implicó la creación de un sistema de banca libre en el que los bancos privados podían emitir billetes redimibles en moneda metálica, cuyas características eran definidas por el Estado (ibíd.).
Esta moneda fiduciaria o moneda de papel representativa de moneda metálica no puede ser considerada técnicamente como papel moneda sino como “billetes de banco”, pues eran promesas de pago a la vista y al portador, cubiertas por un depósito en metálico. Los bancos suscribían el compromiso de convertir sus propios billetes cuando el tenedor lo deseara sin ningún descuento (Botero, 1988, 86).
Cuadro 1
Bancos privados fundados entre 1870 y 1886 (pesos)
La creación de bancos en las regiones más prósperas del país permitió que las élites regionales y locales controlaran la captación de metálico y la ampliación del crédito, consolidando su control del mercado financiero. El crédito quedó representado cada vez más en billetes de banco, lo que permitió además llenar parcialmente el vacío que dejó en la circulación monetaria la exportación de metales preciosos y de numerario metálico al mercado externo para cubrir los déficits de balanza de pagos (Díez, 1989, 39).
Estos billetes se constituyeron en medios sustitutivos para la circulación, con lo que se liberó al oro y la plata de sus funciones como moneda interna o mercancía de exportación. Esto sirvió para superar la escasez de metálico y controlar el predominio de la circulación de monedas de menor calidad (ibíd., 39).
Por otra parte, el aumento de la capacidad de crédito de la economía se reflejó en una reducción de la tasa de interés, que pasó de entre un 8% y un 12%, y en ocasiones de un 18%, a un promedio anual del 6% al 8%. Estas variaciones pueden ser mayores o menores, como se verá más adelante, dependiendo del período y de la región que se analice (ibíd.).
El desarrollo de la banca libre en Colombia tuvo desarrollos diferentes en las regiones, de acuerdo con su capacidad económica, la credibilidad de las instituciones que se crearon y, por supuesto, el apoyo que recibieron del gobierno local y nacional. Es importante anotar que el cambio de modelo político, del Radicalismo liberal a la Regeneración, tuvo un impacto determinante en el deterioro de este sistema aun antes del establecimiento del curso forzoso.
LA BANCA EN BOGOTÁ
Bogotá muestra profundas diferencias con otras zonas del país donde se desarrolló un sistema bancario importante, pues la capital no tenía recursos naturales de relevancia comercial, excepto las minas de sal de Zipaquirá y Nemocón que se convirtieron en recursos fiscales del gobierno. Antioquia y la Costa Caribe poseían una vinculación temprana al comercio internacional, gracias a sus recursos naturales o a su infraestructura, y las casas comerciales más importantes solían tener además funciones bancarias (Romero, 1994, 267).
Desde la Colonia, Bogotá fue el principal centro de poder político y eclesiástico y sede de los principales centros educativos. Esto le permitió desarrollar una élite sólida que no sólo intervenía en los asuntos internos de la ciudad sino que tenía una injerencia significativa en los asuntos del resto del territorio (ibíd., 1994, 267).
La élite colonial se fortaleció a lo largo del siglo XIX, consolidándose en actividades como la ganadería, la agricultura comercial, en especial las haciendas cafeteras, y la producción de papa, maíz, frutas y cereales. Las casas comerciales se dedicaron a la importación de diversos bienes, y algunas ampliaron sus operaciones de crédito a través de giros con letras de cambio a los principales mercados del mundo (ibíd., 269).
En la década de 1870 la élite comercial y ganadera de la ciudad aprovechó las oportunidades que ofrecía la nueva legislación bancaria para fundar y consolidar un sistema bancario local estrechamente ligado al comercio local y que servía de intermediario con el comercio internacional. Algunos de esos bancos tuvieron altas tasas de supervivencia y subsistieron como instituciones sólidas en el siglo XX (ibíd., 269).
En 1870 el presidente Eustorgio Salgar y el ministro del Tesoro, Salvador Camacho Roldán, alentaron a miembros de la élite capitalina para que crearan el Banco de Bogotá de conformidad con la ley bancaria aprobada en 1865. El Banco se constituyó en 1871 con un capital de $500.000 y un capital suscrito de $235.000, del cual sólo se pagaron $47.000 (Echeverri, 1991, 31).
El Banco estaba regulado por el código de comercio, que lo clasificaba como cualquier otra actividad industrial, y tenía libertad, al amparo de la ley 35 de 1865, para emitir billetes, hacer préstamos, recibir depósitos y abrir sucursales o agencias en cualquier parte del país, con la única limitación de tener en caja un nivel de reservas del 33% sobre el total de billetes en circulación (Romero, 1994, 269).
En su primer año de funcionamiento, Camacho Roldán llegó a un acuerdo con el gerente del Banco, Salomón Koppel, para depositar las cuentas del Tesoro y para que el Banco sirviera como agente fiscal del gobierno en los próximos 10 años, manteniendo un promedio de depósitos que oscilaría entre $60.000 y $80.000 (Echeverri, 1991, 31). En comunicación del 10 de agosto de 1871, Koppel agradeció en nombre de la asamblea de accionistas al presidente Salgar y a Camacho Roldán “por el interés que tomaron en la fundación del Banco y por la decidida protección que le han prestado; y en la calidad de Colombianos, presentan al gobierno sus felicitaciones por el auxilio que en él encuentran todas las empresas útiles”3.
Además, el gobierno se comprometió a usar los billetes del Banco para pagar sus acreencias y la nómina oficial. Con estos privilegios el Banco se convirtió en ejecutor exclusivo de los pagos del gobierno en el exterior, para lo cual se hizo un convenio con Ribon & Muñoz en Nueva York y con Scholss Brothers en Londres como agentes extranjeros de la entidad (Echeverri, 1991, 32).
El éxito del Banco de Bogotá motivó a otros inversionistas a incursionar en el negocio bancario. El Banco de Colombia se estableció en Bogotá en 1874 con un capital suscrito de $181.400; tres años después se fundó el Banco Popular, que se especializó en préstamos inferiores a $200. Estos tres bancos contribuyeron a ampliar el crédito no sólo en Bogotá y el Estado Soberano de Cundinamarca, sino en los estados de Boyacá, Tolima y Santander (ibíd., 33).
Dichos bancos se organizaron como sociedades anónimas en las que participaron los comerciantes locales más importantes. A diferencia de otras regiones, la composición accionaria no se concentró en manos de una sola familia o un grupo cerrado de la élite, sino que reunió a una amplia variedad de negociantes y comerciantes. Aunque Bogotá se desarrolló como centro independiente de la región, lo que aisló a los comerciantes de otros municipios cundinamarqueses de la participación accionaria en estos bancos (Romero, 1994, 281).
Los negociantes de Bogotá que se involucraron en la creación de bancos poseían un portafolio diversificado de inversiones que incluía haciendas, agricultura comercial, casas importadoras, comercio al por mayor y alta participación en la actividad política. Esto último generó una estrecha relación entre el gobierno local, nacional y estos bancos (ibíd., 1994, 282).
Los bancos de Bogotá y de Colombia gozaron de amplio poder económico en Bogotá y en el país desde que comenzaron sus actividades. En 1886 el metálico en caja de los dos bancos representaba el 68%, y los billetes en circulación el 46% del sistema bancario local. Pero estos no fueron los únicos bancos que se fundaron en Bogotá entre 1870 y 1886 (ibíd., 269).
La creación de dichos bancos amplió notablemente el crédito a través de operaciones de descuento, apertura de cuentas corrientes en descubierto y créditos flotantes o directos. Para cumplir estas actividades, los bancos bogotanos desarrollaron una red de agentes en todo el país y fundaron sucursales en ciudades como Ambalema, Medellín, Honda, Mompox, La Mesa, El Socorro y Santa Marta. Ello hizo posible que algunos bancos ampliaran sus operaciones en el país, y en particular las operaciones del mercado externo (ibíd., 283-284).
Así mismo, la creación de estos bancos llevó a una notable reducción de las tasas de interés en Bogotá. Gracias a la emisión de billetes de banco, se crearon medios sustitutivos para la circulación que cumplían la función del oro como moneda, lo que permitió su mayor utilización como mercancía de exportación; además, con estas emisiones se pudo amortizar en parte las crisis causadas por la escasez de numerario y reducir las tasas de interés, de un nivel del 8% al 12%, a un nivel del 6% al 8% anual (Díez, 1989, 39).
Cuadro 2
Instituciones bancarias en Bogotá, 1870-1886 (pesos)
Los bancos bogotanos obtenían sus recursos en tres formas: mediante depósitos de cuenta corriente o depósitos de alta liquidez, sobre los que se giraban cheques y se pagaba un interés sobre su valor mínimo; mediante depósitos a la vista, sobre los que no se giraban cheques y que se podían retirar en plazos menores a treinta días; y mediante depósitos a plazos (3, 6, 12 meses), sobre los que se pagaba un interés conforme a los términos de la operación (Romero, 1994, 289).
El costo del dinero fue estable con el sistema de banca libre y sólo aumentó durante las crisis de 1876 y 1885 por los gastos en que incurrían los bancos para hacer uso del mecanismo de protección de liquidez. Esto se debió a que durante las guerras civiles hubo corridas de depósitos significativas, que en varias ocasiones llevaron a suspender la convertibilidad del papel moneda. Luego de la fundación del Banco Nacional, los bancos bogotanos vieron restringidas sus operaciones y tuvieron que hacer préstamos obligatorios al gobierno durante la guerra de 1885 (ibíd., 289).
Uno de los mecanismos que desarrolló el Banco de Colombia para proteger su liquidez fue pagar una tasa del 12%, superior a la del mercado, que oscilaba alrededor del 7%, lo que evitó la fuga completa de metálico de la caja y, con esto, una posible inconvertibilidad. El mecanismo se utilizó en las crisis de 1876 y 1885, y fue copiado por el Banco de Bogotá (ibíd., 289).
Las tasas de interés estables y bajas y la cobertura de los principales bancos bogotanos en las operaciones de depósito ganaron la confianza del público y tuvieron un impacto favorable sobre la ampliación del crédito de corto y largo plazo, lo que benefició a un gran número de comerciantes locales. No obstante, en el siglo XIX sus actividades no alcanzaron el volumen suficiente para establecer una red sólida de sucursales; en la mayoría de los casos sólo se trataba de agencias que permitían ampliar su esfera de negocios y beneficiarse de las economías de escala.
LA BANCA EN LA COSTA CARIBE
En la segunda mitad del siglo XIX, la Costa Caribe colombiana fue protagonista de una fuerte ampliación de su actividad económica. En primer lugar, los dos puertos más importantes, Cartagena y Barranquilla, se beneficiaron del incremento en la actividad de comercio exterior; en segundo lugar, la región tuvo un aumento importante del comercio interior y, por último, el negocio ganadero se amplió notablemente en las sabanas de Bolívar y el valle del Sinú. La combinación de estos factores permitió la consolidación de los capitales y la diversificación a otros sectores como el bancario.
LOS BANCOS EN CARTAGENA
En la segunda mitad del siglo XIX, los empresarios de Cartagena, dedicados principalmente a la ganadería y al comercio, lograron una acumulación de capital importante, que fue reforzada por el crecimiento de las exportaciones de ganado en pie a Panamá, Cuba y otras islas del Caribe.
La ampliación del comercio exterior tuvo un impacto directo sobre el puerto, que incrementó su flujo de carga en la segunda mitad del siglo XIX y, gracias a ello, modernizó su infraestructura. Para lograr una mayor vinculación con la carga que provenía del interior del país, se abrieron vías de comunicación que incluían una línea férrea de 105 kilómetros que conectaba a la ciudad con el río Magdalena a la altura de Calamar. Esto permitió, en 1894, superar las dificultades causadas por la poca navegabilidad del Canal del Dique (Meisel y Posada, 1994, 230).
Debido al predominio de las ideas librecambistas durante el Radicalismo, la legislación sobre fundación de empresas bancarias que rigió desde 1873 en el Estado Soberano de Bolívar era bastante laxa. No imponía ninguna limitación a la fundación de bancos distinta a la de cualquier establecimiento comercial y, bajo las condiciones generales para la federación que incluía la ley 35 de 1865, estos bancos tenían los mismos privilegios y limitaciones de cualquier otro banco en el país.
El primer banco que se fundó en la ciudad fue el Banco de Bolívar, en 1874, con un capital inicial de $145.000, cuyos dueños hacían parte de una familia de ricos comerciantes de la ciudad. El Estado Soberano de Bolívar apoyó vigorosamente al Banco en sus inicios, permitiendo que manejara los fondos del gobierno regional y que sus billetes fueran aceptados en el pago de rentas y contribuciones (ibíd., 237).
Sus operaciones fueron bastante exitosas durante el Radicalismo, pero hacia la segunda mitad de la década de 1880 el Banco Nacional se negó a aceptar sus billetes, pues sus dueños eran notorios opositores al gobierno de la Regeneración5. El Banco sufrió un duro golpe y tuvo que liquidarse en 1890 (ibíd.).
El segundo banco que se fundó en la ciudad fue el Banco de Cartagena, en 1881, con un capital inicial de $100.000. Este Banco fue constituido, como la mayoría de los de la época, como un banco de emisión, giro, descuento y depósito. Su principal accionista fue el inmigrante italiano Juan Bautista Mainero y Trucco (ibíd.). Debido a la enemistad política del “Viejo” Mainero (sobrenombre de su principal accionista) con los líderes de la Regeneración, Núñez y Caro argumentaron que la licencia del Banco no había sido renovada adecuadamente en 1885 y que estaba operando sin sanción oficial. Mainero demandó esa decisión y continuó operando no sólo en Bolívar sino en Antioquia, donde tenía importantes inversiones en la mina de El Zancudo (Echeverri, 1991, 48).
Los intereses mineros de Mainero no se concentraban todos en esta mina sino que abarcaban la explotación de otros yacimientos en Chocó y Antioquia, a partir de los cuales consolidó un cuantioso capital. También hizo grandes inversiones en negocios de ganadería y finca raíz. A pesar de la enemistad de los dirigentes de la Regeneración, el Banco sobrevivió a las dificultades que le impuso el régimen y sólo fue liquidado en 1919, un año después de la muerte de Mainero (Meisel y Posada, 1994, 239).
En la ciudad se fundaron otros bancos, como el Banco Unión, que ampliaron la oferta de crédito y circulante en la región. En general, sus accionistas provenían del negocio ganadero, lo que según Meisel y Posada posiblemente marcó el carácter poco especulativo de esas instituciones y una mayor aversión al riesgo. Sin embargo, el cambio de sistema político y las reformas posteriores a la Guerra de los Mil Días llevaron a la paulatina desaparición de la banca en Bolívar. En 1925 la ciudad sólo contaba con el Banco de Bolívar, que años más tarde fue comprado por el Banco de Bogotá6.
LOS BANCOS EN BARRANQUILLA
Igual que Cartagena, su condición de puerto le permitió consolidar en la segunda mitad del siglo XIX una próspera actividad comercial que la vinculó con el interior del país y el resto del mundo. Todos los bancos fundados en este período fueron constituidos por comerciantes que diversificaron sus actividades a otros sectores de la economía.
El más importante fue el Banco de Barranquilla, que se fundó en 1873 con un capital de $312.000. Fue producto de la asociación de un grupo de cincuenta y siete empresarios barranquilleros y de otras regiones que, como Ocaña, poseían fuertes vínculos con la ciudad. En sus inicios, el Banco servía principalmente a los comerciantes locales que se dedicaban a la exportación de ganado vacuno a Cuba, con el fin de ampliar sus actividades (Meisel y Posada, 1988, 96).
Sus primeros dos años de funcionamiento fueron apenas satisfactorios, pues arrojó una utilidad del 5% sobre su capital, cuando la tasa de interés semestral de la época era de un 3% a un 4%. No obstante, el final de la década de 1890 fue más exitoso, con una tasa de rentabilidad cercana al 9%, y una tasa de interés semestral del 5%. Los resultados se debieron en buena parte a que la exportación de ganado vacuno a Cuba desde esta ciudad se financió en gran medida con créditos del Banco (ibíd., 97).
Los efectos de la depreciación del papel moneda luego de la Guerra de los Mil Días significaron un duro golpe al funcionamiento del Banco pues, debido a la depreciación del papel moneda y a la subsiguiente devaluación, sus operaciones de comercio exterior fueron seriamente afectadas porque la entidad negociaba al tipo de cambio del día anterior. Esto llevó a su liquidación definitiva en 1904, aunque algunos de sus socios fundaron ese mismo año el Banco Comercial de Barranquilla (Meisel y Posada, 1994, 250).
El mayor accionista del Banco de Barranquilla, Esteban Márquez, fundó en 1883 el Banco Márquez, con un capital de $125.000 y un capital pagado de $62.500. Márquez era un destacado comerciante de la ciudad y uno de los políticos más influyentes de la región, y su fortuna provenía principalmente del comercio que estableció con Jamaica desde 1829 y del negocio de propiedad raíz y construcción en Barranquilla (ibíd.). El Banco era una sociedad típicamente familiar y, a diferencia del Banco de Barranquilla, tenía operaciones más restringidas. El Banco sobrevivió pocos años a la muerte de Márquez y debió ser liquidado en 1893 (Meisel y Posada, 1994, 251).
El Banco Americano inició operaciones en marzo de 1883, con un capital de $565.000. La mayor parte de sus accionistas pertenecían a las familias De la Torre y Ribón. El Banco debió ser liquidado en 1904, al parecer por los efectos de la hiperinflación de finales del siglo XIX y comienzos del XX (Meisel y Posada, 1988).
En Barranquilla, los capitales necesarios para la fundación de bancos provenían del comercio de exportación, con una mentalidad menos aversa al riesgo financiero y mayor propensión a tomar riesgos. En general, Barranquilla y Cartagena organizaron su actividad económica a través de los grupos familiares más importantes en el comercio y la política, lo que llevó a un alto grado de concentración en pocas familias, aunque en el negocio financiero nunca hubo un control hegemónico de una sola familia. Los bancos más importantes afrontaron duras adversidades durante la Regeneración, lo que llevó a la disminución de sus operaciones y a la liquidación de algunos de ellos (Meisel y Posada, 1994, 262).
LA BANCA EN ANTIOQUIA
El proceso de consolidación de la élite antioqueña desde finales de la Colonia hasta el siglo XIX estuvo ligado íntimamente a las actividades comerciales y mineras. Debido a la significativa producción de oro se desarrolló una importante red de comerciantes interesados en capitalizar las ganancias del negocio minero y mantener un flujo constante de bienes y hombres hacia y desde la región.
El empresario diversificaba sus inversiones para evitar que un revés afectara la totalidad de la inversión, de modo que la principal actividad económica, la extracción del oro, se convirtió al mismo tiempo en la razón de ser del comercio, pues no sólo la complementaba sino que era una manera de diversificar el riesgo (ver Correa, 2001 y 2004). Igual que en otras regiones, la acumulación de capital y el marco legal del Radicalismo permitieron diversificar las inversiones en el ámbito financiero.
Cuadro 3
Bancos en el Departamento de Antioquia, 1888
La necesidad de un “banco provincial” se hizo notar desde 1848 pues la escasez de moneda, debido a la compra de oro para la exportación y a las grandes salidas de capital por cuenta del tesoro, hacía necesaria una institución crediticia que pusiera en circulación billetes para ampliar la oferta monetaria disponible para las transacciones económicas (Botero, 1989, 30).
Una década después, en 1859, un grupo de empresarios antioqueños tuvo la iniciativa de establecer un banco semioficial con un capital de un millón de pesos (suscrito en metálico y en hipotecas de tierras por dos terceras partes de su valor), para fomentar sus haciendas cafeteras. Pero esta iniciativa no prosperó, quizá porque la guerra civil se desató al año siguiente (Brew, 2000, 86).
En agosto de 1865 se presentó sin éxito a la Asamblea del Estado de Antioquia un proyecto de ley que pretendía reconocer a los bancos establecidos en el Estado el carácter de compañías mercantiles sujetas al código de comercio vigente. En 1871, luego de haberse fundado los bancos de Bogotá y de Colombia en la capital, se aprobó la ley 194 que autorizó la creación del Banco de Antioquia en Medellín, una sociedad anónima con $694.500 de capital y 61 accionistas, en su mayoría comerciantes de la región (Botero, 1988, 79).
Para garantizar la aceptación del público, una quinta parte del capital suscrito se pagó en dinero metálico y el resto en hipotecas sobre propiedades dentro del Estado por la mitad del valor fijado por los avaluadores. Además, el Banco gozó de importantes privilegios que no se extendieron a los demás bancos, y que lo convirtieron en un banco semioficial (Botero, 1989, 32).
Los promotores del banco, Julián y Eduardo Vásquez, entre otros, obtuvieron el derecho a emitir sobre la hipoteca de sus propiedades, con un aporte en metálico relativamente bajo (Brew, 2000, 87). Así surgió en Antioquia una visión de lo público y lo privado, en la que el gobierno debía “administrar” los asuntos generales, y los agentes privados se encargarían de definir los aspectos “técnicos” del negocio crediticio. No obstante, cabe resaltar que unos y otros hacían parte de la misma élite política y económica y con frecuencia ocupaban cargos en ambos campos, lo que hacía difícil establecer un límite entre estas dos esferas de la sociedad.
En Antioquia, antes de la fundación del Banco de Antioquia, la familia era la principal institución para canalizar fondos a las empresas y suplir las necesidades de crédito7. La familia tenía un carácter bancario y empresarial, y era el núcleo central de la actividad económica; los intereses familiares se manifestaban en numerosas actividades que les permitía asegurarse frente a las difíciles condiciones del siglo XIX, al mismo tiempo que daban seguridad mutua a sus miembros (Brew, 2000, 81).
Los privilegios del Banco fueron otorgados por la misma ley que lo creó, la cual no sólo le permitía emitir billetes reembolsables sino que comprometía al gobierno del Estado a garantizarlos, pagándolos en moneda metálica y admitiéndolos como dinero corriente en las oficinas de la Hacienda del Estado. A pesar de estas relaciones con el gobierno, el Banco era autónomo para tomar sus decisiones y sólo la junta administradora decidía el monto de las emisiones que se realizarían (Botero, 1989, 29).
El Banco de Antioquia fue entonces la expresión más definida de una actividad que se desempeñaba desde tiempo atrás. Debido a los intereses comerciales de sus accionistas, en su primer año de funcionamiento se tomó la decisión de establecer agencias de cambio y una sucursal en Manizales. Esta plaza era de gran importancia, pues el sur de Antioquia era un nodo de comercio entre Antioquia, Tolima y Cauca; además, conectaba hacia el oriente con el puerto de Honda sobre el Magdalena, y hacia el occidente, por Anserma la Vieja, con las minas del Chocó (ibíd., 37).
Cuadro 4
Emisiones realizadas en el Estado de Antioquia, 1884
El Banco convertía sus billetes en moneda metálica en Medellín y en las agencias que se establecieron para ello, sus accionistas incluso lo hacían a motu propio sin ningún descuento cuando no existía una agencia que pudiera realizar la transacción. Además, el Banco de Antioquia suscribió acuerdos con otros bancos y casas bancarias del país para el recibo de sus billetes (ibíd., 38-39)8.
Uno de los acuerdos más importantes se firmó en 1878 con el Banco de Bogotá, mediante el cual éste se encargó de pagar en la Tesorería General de la República las cantidades que adeudaran los comerciantes de Antioquia por derechos de aduana, previo arreglo con el Banco de Antioquia. Esos pagos se realizaban en este Banco el día que se debía efectuar el pago en Bogotá (ibíd., 40).
Debido a las necesidades de comercio exterior de la región, el Banco firmó un acuerdo de corresponsalía con Stiebel Brothers de Londres, que funcionaba de tiempo atrás como un vínculo importante del comercio internacional antioqueño. Este acuerdo facilitó las operaciones entre los comerciantes antioqueños y las casas europeas que recibían las remesas o las letras de cambio en libras esterlinas garantizadas por Stiebel Brothers (ibíd., 43).
El nivel de aceptación de los billetes del Banco de Antioquia fue tal que a veces obtuvieron una prima del 1% al 2% sobre su valor nominal. Esto es un indicador diciente del nivel de confianza en la actividad del Banco frente a la posibilidad de pérdida de valor intrínseco de la moneda metálica por desgaste o adulteración (ibíd., 53). Las tasas de rentabilidad del Banco de Antioquia entre 1874 y 1885 fueron en general bastante buenas, superiores al 12% anual (utilidades sobre capital desembolsado), con un máximo del 40,67% en 1878 y un mínimo del 12,04% en 1874 (Botero, 1985, 110).
No obstante, los efectos del decreto 104 de 1886, que estableció el curso forzoso, y la prohibición en 1887 de emisiones de los bancos particulares, afectaron seriamente el funcionamiento de los bancos privados, en especial, los regionales. En abril de 1892 la prensa local publicó la demanda entablada por el Banco de Antioquia contra el Departamento, alegando el incumplimiento del contrato. Según el Banco, el Estado se había comprometido, entre otras cosas, a facultar al Banco para emitir billetes y recibirlos como moneda corriente en sus oficinas, y a no gravar a la institución con impuestos municipales o del Estado. Esto se había consagrado en la ley 194 del Estado Soberano de Antioquia en 1871. Alegaba, además, que hacía más de cinco años no se cumplían esas obligaciones, que debían durar hasta marzo de 1883. Pero la demanda no prosperó y el Banco fue liquidado alrededor de 1893 (Botero, 1989, 91).
En 1883 existían ocho establecimientos bancarios en Antioquia: Banco de Antioquia, Banco de Medellín, Banco Popular de Medellín, Banco del Progreso, Banco del Zancudo y tres casas comerciales-bancarias: Restrepo & Cía., Botero Arango e Hijos, y Vicente B. Villa e Hijos. Las últimas tres eran de carácter familiar, a diferencia de los primeros que eran sociedades anónimas. Aunque no fueron las únicas sociedades familiares que ejercieron funciones financieras, sí fueron las únicas, hasta donde se tiene noticia, que emitieron billetes (Botero, 1988, 79).
Además, estas casas comerciales se diferenciaban de los bancos en que se dedicaban al comercio como actividad económica principal y no trataron de ampliar su oferta a todo el portafolio de servicios bancarios. En general, eran empresas familiares que se dedicaban a los préstamos y al comercio exterior (Echeverri, 1991, 41).
El Banco Mercantil de Medellín se fundó en 1875 con un capital de $40.0009, una cuarta parte de los cuales estaba representada en moneda metálica. El Banco emitió billetes con denominaciones de 1, 5, 10, 20 y 50 pesos pagaderos al portador en moneda metálica o en billetes del Banco de Antioquia. Operó por cerca de cuatro años y a finales de 1878 comenzó a recoger sus billetes. No se tiene información sobre su liquidación (Botero, 1985, 77-79).
El Banco de Medellín comenzó operaciones en 1881 con un capital suscrito de $1.539.200, del cual se pagó el 20%. El Banco, como todos los demás, exceptuando el de Antioquia, no recibió privilegios especiales del Estado y tampoco exigió a sus socios que hicieran aportes en dinero y en hipotecas de bienes raíces. Sus socios ejercían diversas actividades en el Valle de Aburrá, en especial en Medellín. Aunque nominalmente participaban muchos accionistas, en la práctica unos pocos controlaban el Banco a través de coaliciones, apoderados o delegaciones de poder (ibíd., 79-84).
El Banco Popular de Medellín se fundó en septiembre de 1882 con un capital suscrito de $60.000. El Banco fue una iniciativa diferente de las anteriores, pues como indica su nombre, su nicho de mercado eran los sectores populares de Medellín. Combinaba las actividades propias de un banco comercial con las de un montepío o monte de piedad, para contrarrestar las especulaciones de prenderos que prestaban a un interés del 30% al 40% sobre alhajas. Además, cumplía funciones de caja de ahorros (ibíd., 86).
Fue fundado por Julián Vásquez como banco prendario, de emisión y descuento que hacía más énfasis en el servicio social que en la actividad comercial. Para ello otorgaba créditos pequeños destinados a cubrir necesidades apremiantes de los sectores populares (ibíd., 89). El Banco tuvo una política crediticia más laxa que otras instituciones de la época, financiando a pequeñas y medianas empresas de Medellín, a los agricultores del suroccidente antioqueño y a los pequeños mineros, hasta su liquidación en 1904 (Brew, 2000, 89).
El Banco del Progreso se fundó en 1883, con un capital de $60.000, y se especializó en otorgar créditos a los mineros de Marmato. Sus accionistas principales fueron Bartolomé Chaves, propietario de minas; Carlos Greiffenstein, importante industrial del vidrio en Medellín, y Julián Vásquez, comerciante y accionista del Banco Popular de Medellín (Brew, 2000, 90).
Una de las iniciativas más interesante por fuera de la esfera de influencia del Valle de Aburrá fue la fundación del Banco de Oriente en 1883. Éste se constituyó como sociedad anónima con un capital suscrito de $126.420 distribuido entre 6.321 acciones y con 228 socios ubicados en diferentes poblaciones del oriente antioqueño. Esto lo ubicaba como el tercer banco más grande de Antioquia, precedido, por el Banco de Medellín ($1.539.200) y el Banco de Antioquia ($694.500) (Botero, 1988, 80).
Aunque tenía un número significativo de socios, en la práctica su estructura de propiedad no difería en mucho de la de los demás bancos antioqueños de 1872 a 1886. La aparente distribución “democrática” de la propiedad no coincidía con la realidad, pues varios apoderados de la misma persona poseían acciones (socios, representantes o familiares), de modo que la propiedad del Banco era mucho menos dispersa de lo que aparecía en sus escrituras. Por ejemplo, en el Banco de Antioquia doce accionistas (el 19,67%) controlaban el 66,73% de las acciones, y en el Banco de Oriente trece accionistas (doce de Rionegro) controlaban el 60,45% de las acciones (Botero, ibíd., 82-83).
La primera emisión se efectuó en 1884 por un valor de $21.000, y en el transcurso de ese mismo año se realizaron tres emisiones adicionales por un valor de $110.000. Las operaciones de descuento y crédito se restringían al ámbito local y sus clientes eran usualmente comerciantes de reconocida prestancia en el oriente o los mismos socios del banco. Sus operaciones del período no se extendieron al manejo de lingotes de oro ni a las operaciones con el exterior, que tendían a ser manejadas por bancos de Medellín, en especial por el Banco de Antioquia. Tampoco hizo acuerdos con bancos de otras partes del país ni con el gobierno del Estado de Antioquia (ibíd., 85-89).
En términos generales, la guerra civil de 1885 y las disposiciones bancarias de la Regeneración afectaron seriamente las operaciones de los bancos antioqueños. En los contratos entre las instituciones bancarias y sus usuarios se estipulaba que el monto de los intereses y el capital se debían pagar en monedas corrientes de oro o plata o en billetes de banco que no tuvieran descuentos. Esto último en clara alusión a los billetes del Banco Nacional que sufrían un fuerte descuento, a diferencia de lo que sucedía con los bancos privados antioqueños que gozaban de amplia aceptación y circulaban a la par con la moneda metálica (ibíd., 90).
Las medidas adoptadas en el decreto 104 de 1886, que se verán en detalle más adelante, elevaron a categoría de moneda legal los billetes del Banco Nacional; y la ley 87 de 1886, por su parte, prohibió estipular en los contratos públicos y privados otra moneda diferente a la del Banco Nacional y ordenó a los bancos privados admitir estos billetes como moneda legal en todas sus operaciones. Estas medidas perjudicaron las actividades de la banca privada, pues sus obligaciones en moneda metálica ahora eran pagaderas en papel moneda del Banco Nacional (ibíd., 91).
Es importante anotar que uno de los objetivos principales de estos bancos, la reducción de las tasas de interés y la ampliación del crédito, se logró bastante bien durante el período de banca libre pues, en general, las tasas de interés oscilaron entre el 6% y el 12% anual; aunque, por regla general, estos bancos no prestaron a los pequeños productores ni recurrieron a los ahorros populares para canalizarlos a la naciente industria textil o al cultivo del café (Brew, 2000, 91).
Así mismo, estos bancos jugaron un papel decisivo en la promoción del cultivo de café a gran escala en la década de 1880, sin que las emisiones y la ampliación del crédito tuvieran efectos inflacionistas en la región. No obstante, muchos bancos antioqueños no sobrevivieron a las medidas de la Regeneración o sus operaciones fueron restringidas, lo que contribuyó en parte a la animadversión general de Antioquia contra la Regeneración y sus medidas, ello a pesar de que al menos Medellín y su área de influencia fue uno de los principales bastiones del conservatismo decimonónico.
LA BANCA EN SANTANDER
Santander fue tal vez el Estado en el que el liberalismo radical tuvo mayor influencia. En desarrollo de las ideas liberales más extremas, la Constitución del Estado Soberano de Santander autorizó al gobierno provincial a establecer su propia unidad monetaria, independiente del resto del país; y además, se autorizó a negociar legalmente con toda clase de monedas de cualquier país (Echeverri, 1991, 50).
En 1858 se autorizó la emisión de libranzas para ayudar a cubrir los déficits fiscales. Pero, a diferencia de otros procesos similares, los acreedores del gobierno y los empleados oficiales no estaban obligados a recibirlos (ibíd.).
La actividad bancaria comenzó con la fundación del Banco de Santander en 1873 con un capital de $300.000 y sede en Bucaramanga. Al año siguiente abrió operaciones en El Socorro, capital del Estado, donde se firmó un contrato que le daba el privilegio de manejar las cuentas del tesoro, de aceptar sus billetes en el pago de impuestos, contribuciones y la nómina oficial en los pueblos donde el Banco tuviera agentes. Debió cerrarse en 1880 tras los desórdenes políticos y la guerra civil que afectaron la región (ibíd.). Mas reabrió operaciones en 1883, cuando Bucaramanga se recuperó de la crisis económica de los años anteriores. El aumento de las exportaciones de quina fue determinante en la recuperación de la actividad comercial y de la normalización de las finanzas locales (ibíd., 51).
El Banco del Norte se fundó en El Socorro en 1881 con un capital inicial de $200.000. Algunos funcionarios gubernamentales utilizaban el Banco como depositario del tesoro y aceptaban sus billetes en el pago de impuestos y contribuciones (ibíd., 52).
En 1882 algunos terratenientes se unieron para fundar el Banco de Pamplona, con el fin de que promoviera la agricultura en la región. Su capital inicial fue de $80.000 distribuidos entre 70 accionistas. El Banco no pudo resistir los efectos de la guerra civil de 1884-1885 y debió ser liquidado tres años después (ibíd., 53).
Al año siguiente de la fundación del Banco de Pamplona se creó el Banco Prendario de Soto. Éste abrió operaciones en Bucaramanga con un capital de $10.000; pero, igual que otros bancos de la región, no sobrevivió a los conflictos civiles del siglo XIX (Galán, 1947, 536).
En general, los efectos de dichos conflictos, la caída de las exportaciones tradicionales y las medidas económicas de la Regeneración tuvieron un impacto negativo sobre la actividad bancaria santandereana, que no se recuperaría hasta comienzos del siglo XX.
LA BANCA BRITÁNICA
En la segunda mitad del siglo XIX la participación de bancos extranjeros en Colombia era marginal, y sólo se destaca la participación exigua de la banca británica en el país. Uno de los primeros bancos británicos en hacer presencia fue el London Bank of Mexico and South America, en 1864, creado mediante la fusión del London and South American Bank (1863) y el Banco de México (1864), con un capital inicial de un millón de libras, cuya principal área de operación era Perú, Colombia y México (Luna, 1988, 13).
El Banco comenzó a operar en Colombia con privilegios otorgados por el Congreso, que lo autorizó para emitir y ser banquero del gobierno. Pero los graves problemas de las exportaciones de tabaco de finales de la década de 1860 le generaron pérdidas importantes que lo llevaron a cerrar operaciones en Colombia en 1867 (ibíd.).
Por otra parte, en 1881 dos ciudadanos colombianos, Enrique Cortés y Rafael Parga, establecieron en Londres la firma Enrique Cortés y Cía., con un capital de 32.000 libras. Sus operaciones se centraban en el mercado colombiano y centroamericano desde donde podían exportar productos locales a los mercados europeos e importar bienes de Europa. La firma se fusionó con el Banco de Nicaragua, cambiando su razón social a la de Cortés Commercial and Banking Company, con accionistas nicaragüenses. Dicha firma no actuó como banco local sino como un banco británico para minimizar los riesgos, hasta su fusión en 1911 con el Anglo South American Bank (ibíd.).
Esta era una práctica corriente en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, en especial en la construcción de ferrocarriles, pues las transacciones internacionales se cotizaban según el precio internacional del oro. Por tal razón, los capitalistas locales que operaban a través de corporaciones domiciliadas en el extranjero eran inmunes a las fricciones políticas internas. En especial, eran inmunes al peligro de confiscación o a las costosas indemnizaciones en medio de las frecuentes guerras civiles del siglo XIX, pues siempre podían recurrir a los oficios de las legaciones consulares británicas o estadounidenses para proteger sus inversiones (Horna, 2003, 1035).
No obstante, el impacto de los bancos británicos que operaron en Colombia fue pequeño, y los que funcionaron en Colombia lo hacían con mucha cautela y evitaban convertir el capital en moneda local. Su principal preocupación era financiar operaciones de comercio exterior (Luna, 1988, 14).
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Desde 1850 el desarrollo del sector bancario en Colombia estuvo profundamente imbuido de las ideas liberales. En particular, durante el Radicalismo su visión de nación dictó la manera de concebir los bancos y sus funciones, de modo que la iniciativa privada, la escasa interferencia del gobierno central en los asuntos privados y el federalismo fueron las directrices sobre las cuales se desarrollaron los bancos y se implementó la política monetaria en Colombia.
En esas condiciones, las élites regionales y locales tuvieron una oportunidad sin igual para consolidar sus bases de poder y desarrollar un sector bancario que, aunque limitado por las características estructurales de la economía nacional, les permitió ampliar su actividad económica y consolidar su poder regional. No obstante, estos bancos tuvieron un impacto positivo en el desarrollo y el apalancamiento de otros negocios, y cumplieron un papel importante en el crecimiento de algunas zonas del país.
Sin embargo, las características del sistema impidieron el desarrollo de un mercado de capitales más amplio, se crearon profundas desigualdades regionales y el impacto sobre la economía del país se restringió a la capacidad económica de cada región, sin que fuera posible crear redes más amplias o generar economías de escala. Por otra parte, los efectos positivos de este sistema no perdurarían y serían limitados, pues la visión de nación cambiaría dramáticamente con las reformas introducidas por la Regeneración.
NOTAS AL PIE
1. Cargo que Antonio Nariño ocupaba en ese momento de manera interina.
2. Algunos sostienen que los pasivos de Landínez eran de dos a tres millones de pesos, lo que da una idea de la magnitud de los capitales que manejaba (Arango, 1981, 183).
3. Archivo General de la Nación, Fondo Academia Colombiana de Historia, colección Salvador Camacho Roldán, caja 8, carpeta 98, folio 6.
4. Las discrepacias en el capital entre el cuadro 1 y 2 se deben, entre otras razones, a las diferencias entre el capital suscrito y el capital pagado.
5. Núñez se refirió a los directores de bancos como el Bolívar, el Barranquilla, el Márquez y el Popular como faltos de capacidad financiera y de patriotismo (Núñez, 1888, 1084). Afirmaciones que no sólo eran consideraciones personales sino que fueron acompañadas de medidas contra esos y otros bancos regionales.
6. Que se fundó en 1907 y no se debe confundir con el banco del mismo nombre fundado en 1874.
7. En su sentido más amplio, como red parental con intereses altamente diversificados que concentraba en sí misma la propiedad de sus activos (Correa, 2004).
8. En 1881 celebró un convenio con el Banco de Cartagena para el recibo recíproco de billetes hasta por $2.000 trimestrales, y en 1882 anunció que recibiría a la par todas las transacciones del Banco Industrial de Manizales. Para el giro de letras de cambio y la remisión de fondos, el Banco cobraba una comisión del 1%, aunque podía variar de acuerdo con los términos que se acordaran (Botero, 1989, 39).
9. Tres de sus cuatro accionistas lo eran también del Banco de Antioquia.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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