LA LUCHA POR EL PODER Y EL DISCURSO DE LA PAZ
Jaime Villamil*
* Economista, [jaime.villamilt@gmail.com].
Sugerencia de citación: Villamil, J., "La lucha por el poder y el discurso de la paz", Revista de Economía Institucional 19, 36, 2017, pp.383-386 dói: https://doi.org/10.18601/01245996.v19n36.18.
Fecha de recepción: 20-022017, fecha de revisión: 15-03-2017, fecha de aceptación: 15-04-2017.
La culebra sigue viva: miedo y política. El ascenso de Alvaro Uribe al poder presidencial en Colombia (2002-2010), Luz Margarita Cardona, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 2016, 227 páginas
Con el plebiscito por la paz salieron a la luz varias inquietudes que son ejes centrales de la historia política reciente de Colombia. En su libro La culebra sigue viva: miedo y política, Luz Margarita Cardona muestra que el tema de la paz ha sido recurrente en la lucha por el poder.
En una breve síntesis indica cuál era el contexto político nacional e internacional y cómo surgieron las condiciones que ayudaron a consolidar la imagen mesiánica de Álvaro Uribe. En la época del Frente Nacional no hubo mayores dificultades en materia de seguridad. Los gobiernos liberales de Alfonso López Michelsen (1974-1978) y de Julio César Turbay (1978-1982) dieron importancia a la autonomía militar pero no adoptaron una posición beligerante. Aunque el presidente Turbay endureció las penas, nunca llegó a inclinarse plenamente en favor del combate abierto; en 1981 creó la primera Comisión de Paz.
La disposición al diálogo llegó a ser una actitud predominante entre los colombianos, y en 1982 Belisario Betancur fue elegido presidente. Su gobierno reconoció "el carácter político de la insurgencia" e inició una tregua para negociar, que fue aprovechada por la guerrilla para crecer y fortalecerse recurriendo a dineros del narcotráfico. La negociación fracasó, el conflicto se recrudeció y llegó a un punto álgido con la toma del Palacio de Justicia.
En los gobiernos de Virgilio Barco (1986-1990) y de César Gaviria (1990-1994) se inició el paramilitarismo y el narcotráfico cobró gran impulso. El gobierno de Barco desconoció que la guerrilla tuviera apoyo popular y trazó una agenda de negociación muy cerrada con la que se llegó a la desmovilización del M-19. El de Gaviria mantuvo el mismo modelo de negociación, pero los diálogos con las FARC y el ELN no llegaron a ninguna conclusión.
El gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) continuó la negociación, pero la guerrilla rechazó negociar por la cercanía del presidente a los carteles. El fortalecimiento de la guerrilla se manifestó en las continuas derrotas que sufrió el ejército, y la situación se agravó porque en el conflicto ahora intervenían más actores. Aun así, la voluntad de la mayoría de los colombianos seguía siendo la salida negociada.
Andrés Pastrana (1998-2002), quien buscó internacionalizar el conflicto, emprendió la modernización de las fuerzas militares con ayuda del Plan Colombia. Las FARC propusieron una agenda de negociación bastante ambiciosa (reforma agraria y modificación del modelo económico) y mediante numerosos ataques buscaron mejorar su posición en la mesa de negociaciones. Pero cuando se estableció la zona de despeje, el gobierno y las FARC perdieron el favor de la opinión pública.
Con el descrédito de las negociaciones y la guerra que Estados Unidos emprendió contra el terrorismo, el ambiente de la campaña electoral de 2002 era propicio para el discurso de Álvaro Uribe, quien supo capitalizar el fracaso de las negociaciones que promovió Andrés Pastrana, así como el rechazo y el miedo a las FARC que surgieron entre la ciudadanía. En opinión de Uribe, resolver el problema de la violencia guerrillera era una condición necesaria y suficiente para el crecimiento económico y el mejoramiento de los indicadores sociales.
Parte de su planteamiento tenía algún fundamento, el número de integrantes de las FARC había pasado de 2.000 en 1982 a 17.000 en 2000; además, se habían dedicado a la extorsión, el secuestro y el narcotráfico. De modo que "las FARC contribuyeron enormemente a la construcción del liderazgo de Uribe Vélez". Y, así, partiendo "de un bajo índice de aceptación en las encuestas logró unas mayorías mediante un discurso de confrontación, apelando al orden, a la seguridad, al miedo, y a la amenaza terrorista".
En esta nueva etapa se consolidó en el país la idea de mantener una posición fuerte contra los insurgentes. Además, se negó que la desigualdad social fuera una de las causas de la lucha guerrillera y se ignoró el origen político de la guerrilla, a la que se calificó como un grupo criminal. El Plan Nacional de Desarrollo del primer gobierno de Uribe así lo dice en el lenguaje elusivo típico de la tecnocracia: "la sucesión de homicidios y secuestros, la repetición de actos terroristas y la profusión de negocios ilícitos se han convertido no solo en un obstáculo para el crecimiento económico, sino también en una amenaza para la viabilidad de la Nación".
Así fundamenta la profesora Cardona sus dos hipótesis de trabajo. La primera, que Uribe logró convertir el tema de la seguridad en una prioridad de los colombianos y que lo reconocieran como la persona capaz de solucionarlo. La segunda, que esa prioridad llevó a "polarizar la política, a fortalecer el poder presidencial, a desequilibrar la estructura de poderes y a deslegitimar la oposición democrática".
La autora sugiere un enfoque alternativo al que se consolidó en la época del presidente Uribe, el cual debería ser examinado en detalle y que debería ser el eje de la implementación de los Acuerdos de Paz del gobierno actual: las condiciones de pobreza y desigualdad estuvieron en el origen de los grupos guerrilleros, estos no iniciaron la violencia. Este es el enfoque que debería atender la política económica y social del país, y que es urgente resolver durante los gobiernos siguientes, empezando por el del periodo 2018-2022. Ese enfoque es favorable a la transición de las FARC a la vida civil y, sobre todo, llama a corregir los errores del pasado.
La política económica de los gobiernos anteriores ha mostrado deficientes resultados sociales, no ha reducido la desigualdad y, por tanto, no ha suprimido una de las causas de la violencia, cuya eliminación fue una de las banderas de los grupos insurgentes. Aunque durante el gobierno del presidente Gaviria el gasto social pasó del 7,7% al 9% del PIB, la pobreza pasó del 40,8% a más del 45%, el salario mínimo perdió valor en términos reales y en el sector rural se registraron 154 mil desempleados (González, 1994, 63). Durante el gobierno de Samper se decretó la emergencia económica debido al grave déficit fiscal, que llevó a un recorte presupuestal que afectó ante todo al sector rural: se perdieron 62 mil puestos de trabajo adicionales y los efectos de la apertura económica se profundizaron. Ya desde 1990 las importaciones agrícolas crecían a una tasa promedio del 50% anual (Londoño, 1997, 126). En el gobierno de Pastrana el desempleo se desbordó y su manera de enfrentar la crisis fue flexibilizar el mercado laboral, lo que deterioró aún más las condiciones de los asalariados y agravó la informalidad.
Aunque el gobierno del presidente Santos se comprometió con la paz y llevó a buen término las negociaciones con las FARC, no ha tenido logros visibles en materia social. Pese a que se precia de haber ampliado la clase media, la reforma tributaria la pone en peligro. La reforma que se aprobó no es progresiva ni estructural, solo logra cubrir un déficit de 24 billones, resultado de un estilo de desarrollo que no incentiva la industrialización, que sigue alentando la gran propiedad agraria y favorece la inversión extranjera en actividades primarias. Las modificaciones del estatuto tributario son simplistas, se preocupan por el recaudo fácil de impuestos indirectos, que gravan más a los sectores de ingresos medios y bajos. Aumenta la tarifa del impuesto de renta de personas naturales pero no reduce las exenciones tributarias a las personas jurídicas. Esas medidas profundizan la desigualdad y nada aportan a los recursos que se necesitan para el desarrollo rural y de las regiones más desfavorecidas, que han sido las más azotadas por la inequidad y la violencia, y para que el Estado colombiano y su sistema político cumplan las funciones que deberían cumplir en una sociedad moderna y superen sus vicios y deficiencias, los cuales han sido otra causa de enfrentamiento y polarización en el país.
Mientras no se modifique el estilo de desarrollo que lleva a una mayor concentración de la riqueza, las causas latentes del conflicto se mantendrán, y podrán servir de bandera a líderes o grupos extremistas e intolerantes. Sea como fuere, es mucho mejor una paz negociada, así el proceso sea prolongado, que la confrontación, porque esta lleva al enriquecimiento mediante el uso de la fuerza, como sucedió en la época de Uribe, durante la cual el coeficiente de Gini de concentración de la tierra pasó de 0,85 a 0,9.
La autora señala que el pacto social, en la visión de Hobbes, consiste en mantener la obediencia a cambio de recibir seguridad. En mi opinión la seguridad que ofrece el Estado no debe ser tan solo proteger el derecho a la vida, el aspecto central en el discurso del ex presidente Uribe; es también imprescindible que se proporcionen las condiciones para vivir dignamente en sociedad, como establece nuestra Constitución Política: "Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República [...] fundada en el respeto de la dignidad humana [...] y en la prevalencia del interés general".
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. González, C. "Revolución de lo social: el desbalance del Revolcón", La política social en los noventa", cap. II, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Bogotá, 1994.
2. Londoño, C. "El fracaso de la política social de Samper", Revista Universidad eafit 33, 107, 1997.