10.18601/01245996.v19n37.14

DESAFÍOS INSTITUCIONALES DE UNA NACIÓN EN EL POSCONFLICTO

César González Muñoz*

* Economista, catedrático y consultor privado. Tomado de Martínez, A. (ed.). (2001). Economía, crimen y conflicto (pp. 423-430). Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

Fecha de recepción: 08-05-2017, fecha de aceptación: 04-09-2017.

Sugerencia de citación: González M., C. (2017). Desafíos institucionales de una nación el posconflicto, Revista de Economía Institucional, 19(37), 317-322. DOI: https://doi.org/10.18601/01245996.v19n37.14


En esta ocasión me corresponde hacer una reflexión sobre el futuro de Colombia, sobre los problemas que enfrentará la sociedad colombiana una vez llegue a un acuerdo de paz.

Dos preguntas vienen a la mente cuando se considera la vida de la nación después del conflicto armado.

¿Cuáles son las condiciones que deben darse para llegar a una situación de posconflicto? En otras palabras, para el caso colombiano, ¿cómo debe prepararse la nación para hacer la andadura hacia una negociación política eficaz del conflicto armado?

- ¿Cuáles son las principales tensiones que debemos esperar en el posconflicto, es decir, en las etapas iniciales e inciertas de la construcción de una nación en paz, una paz que se supone ha sido negociada políticamente con la guerrilla?

Estos comentarios no son los de un especialista en violentología o "pazología"; son los comentarios de un economista que ejerce su profesión regularmente como tal, pero que piensa en las alternativas que nos presenta el futuro, a partir de las condiciones actuales de violencia y conflicto social y armado.

Hace mucho tiempo que los colombianos y las colombianas debiéramos estar ocupados en el desarrollo de hipótesis sobre un futuro signado por la ausencia de conflictos armados en relación con la organización política de la nación; y, a partir de los perfiles de ese futuro hipotético, devolvernos al presente para tratar de definir las barreras que se levantan entre la situación presente y dicho futuro imaginado.

Para hacer este viaje de ida y vuelta debemos desprendernos de las incertidumbres propias de la coyuntura que vivimos en los procesos con las FARC-EP y con el ELN y de la intervención táctica de los otros agentes armados del conflicto, es decir, los paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado.

También debemos retirar del escenario, en esta visión de más largo plazo, la actitud que hoy asumen los diferentes sectores sociales, las fuerzas políticas y la llamada comunidad internacional.

Con seguridad, de la manera como la nación tramite y resuelva esta coyuntura depende la proximidad del posconflicto. No obstante, ello no es suficiente para garantizar la eficacia de la negociación política.

La sociedad colombiana tendrá que negociar políticamente con la insurgencia el conflicto armado. La idea de la guerra total, además de aborrecible, solo produce un costoso e innecesario alejamiento del posconflicto.

¿Qué es, entonces, el posconflicto? Es una situación en la que no hay más guerra; no se trata solamente de una situación de cese del fuego y de las hostilidades, sino de la actitud y el talante de las fuerzas insurgentes, que han abandonado la violencia como instrumento de la lucha política.

La noción de posconflicto no deja de ser engañosa y confusa. El posconflicto no describe una nación exenta de conflictos sociales y políticos. Refleja una situación en la que todos los conflictos se resuelven apaciblemente, sin la constricción ilegal de la libertad mediante el uso de la fuerza armada.

Se habla mucho de la negociación de la paz pero, como insistió tanto al final de sus días mi amigo Jesús Antonio Bejarano, se habla poco de que se trata de una negociación política. Así, el problema es mucho más complejo que el de establecer reglas, mecanismos, agentes y procesos de negociación en general; un orden social nuevo, y no otra cosa, es lo que se obtiene de una negociación política eficaz.

El comienzo del posconflicto será el inicio de un nuevo orden social, la organización de una nueva comunidad política como resultado -en parte- de la negociación política del conflicto armado; los actores del conflicto son los propios actores armados, y un actor fundamental, vago y difuso, que es la sociedad civil colombiana.

Dicho brevemente: la sociedad civil tendrá que acordar consigo misma, en un proceso de trámite político con los mecanismos apropiados -referendos, plebiscitos, leyes y consensos no escritos-, un nuevo orden social; y la realización de este trámite político solo parcialmente será resultado de la existencia del conflicto armado y de la negociación con las guerrillas.

Solo parcialmente, porque hay grandes sectores sociales con interés histórico en la consolidación de una democracia liberal en Colombia, y que no creen en la lucha política armada, ni la patrocinan, ni simpatizan con las guerrillas. Pero es necesario reconocer que la negociación política con la insurgencia es una oportunidad propicia para promover los principios de la democracia liberal.

Tanto más propicia cuanto que el régimen político ha sido incapaz de consolidar más que una precaria y limitada democracia en esta patria.

La participación de la sociedad civil en la mesa de negociación no puede consistir, entonces, en ser testigo, en diluirse en medio de las fuerzas armadas en conflicto o, peor, en terminar representada por la insurgencia. Tremendo error sería que los movimientos armados lograran asumir el papel de representantes de los movimientos sociales promotores de la democracia.

Como también decía Bejarano, la sociedad civil no es esa "montonera ad hoc" representada espuriamente por voluntarios de buena fe.

Aquí está el gran problema y el gran desafío: la sociedad civil colombiana, si bien ha tenido en la historia reciente un gran avance orgánico, está muy lejos de poder jugar el papel que le corresponde en el proceso de negociación política del conflicto armado; básicamente, porque está huérfana de instrumentos, de organizaciones políticas disciplinadas, democráticas y con plataforma política discernible; porque no constituye ciudadanía organizada en torno de sus propios intereses históricos.

Esta falta de definiciones sobre lo que se puede negociar, y hasta dónde, y lo que no se puede negociar, es el principal bloqueo de una negociación política.

No tenemos alternativa: para aprovechar la coyuntura de la negociación política, es el Presidente de la República el llamado a liderar el proceso de convocatoria y de consolidación de la sociedad civil como actor fundamental del proceso de negociación política del conflicto armado.

Lo diré con las palabras de Marco Palacios escritas hace un par de años: "El Presidente está en mora de formular una poderosa visión que concite la inteligencia, la voluntad, la imaginación y el entusiasmo de los colombianos".

Esa visión no existe, y por ello es simplemente realista expresar hoy algún grado de pesimismo sobre la evolución del conflicto armado.

El intercambio humanitario de prisioneros, la definición de una estrategia para enfrentar el problema paramilitar, la participación extranjera en el proceso, son cuestiones que requieren acuerdos y actos concretos de parte y parte. Pero ellas son apenas las condiciones necesarias para sentarse, por fin, a negociar. A negociar un nuevo orden social y una nueva comunidad política.

¿Cuál es la agenda de negociación -el programa mínimo- de los sectores sociales y de las fuerzas políticas que quisieran para Colombia una democracia liberal moderna? Es impresionante el silencio nacional en este campo.

En el caso de las FARC, es evidente su interés por sostener un larguísimo proceso de conversaciones, en un ambiente propicio para la agitación de sus banderas de reivindicación social en general, y de redención campesina en particular. Ello explica por qué han acordado comenzar las "negociaciones" ocupándose de temas como el crecimiento económico y el empleo.

Sería un tremendo error proceder de esa manera. Y una gran paradoja: ¿varias décadas de lucha armada para terminar dándoles precedencia en la agenda a puntos muy importantes per se, pero realmente periféricos frente al núcleo central de una negociación política?

La ausencia de visión sobre lo fundamental en la mente de quienes dirigen el proceso desde el lado del "establecimiento" es lo que explica la inversión de prioridades que se expresa en la agenda planteada. Esta es, lamentablemente, la mejor fórmula para la dilación y para la falta de eficacia del proceso de negociación política.

La sensatez reclama, entonces, que de la élite política, económica y cultural emerja un liderazgo que ponga al frente lo más importante. Que genere consensos suficientemente amplios para imprimirle momentum a esta oportunidad que brindan los procesos de paz con las guerrillas. Desde la perspectiva de los amigos de una democracia moderna, dichos consensos debieran gravitar en torno de principios como los siguientes:

-La renuncia al uso de la violencia como método de lucha política.

- La preeminencia de los derechos y libertades individuales, incluyendo los derechos de propiedad. Téngase en cuenta, a título de ejemplo, que alrededor de la tercera parte de la propiedad territorial, rural y urbana, no cuenta con título legal eficiente.

- La separación clara de poderes estatales.

- La primacía del debido proceso judicial.

- El carácter esencial e intangible de la unidad nacional.

- La necesidad de construir un Estado inclusivo, abierto, capaz de arbitrar los conflictos entre intereses contrapuestos. Un Estado que garantice la oposición política, y una administración pública -incluyendo el estamento militar- susceptible de ser llamada a cuentas en el terreno político y judicial. Un Estado que garantice la nítida separación y distinción entre "lo público" y "lo privado".

- La necesidad de construir un Estado promotor de la igualdad y en lucha continua contra la pobreza. Un Estado comprometido con la satisfacción de las demandas sociales (salud, educación, vivienda, integración de las comunidades…) a partir de una condición fuerte y estable en lo tributario y financiero.

- La preeminencia de la economía de mercado como agente organizador de los procesos económicos, en un ambiente de intervención estatal que combata eficazmente el abuso de posiciones dominantes, la subutilización de la propiedad territorial y el deterioro de los bienes ambientales.

La falta de un consenso explícito alrededor de una agenda de este estilo (que no es más que el edificio central de una democracia liberal) es, como ya se ha dicho, la peor amenaza contra una eficaz negociación política de los conflictos armados: de una pronta llegada al posconflicto. La verdad es: si no hay claridad sobre el programa mínimo, menos certidumbre existe sobre los posibles compromisos coincidentes de la insurgencia con una agenda como la señalada.

La construcción de un orden social y político apacible comienza, precisamente, con el advenimiento del posconflicto. Allí habrá de darse comienzo a un largo y delicado proceso de reconstrucción nacional sobre bases nuevas. Con nuevas reglas del juego político. Con una nueva distribución del poder entre fuerzas políticas y entre sectores sociales, y entre el Estado Central y las instituciones regionales y locales.

Innumerables tensiones se harán presentes en el escenario de la vida pública. Dichas tensiones tendrán estrecha relación, por una parte, con el nuevo rol social y político de los compatriotas hoy incorporados a las filas de las organizaciones armadas y, por la otra, con una gran explosión de demandas sociales en una nación descaecida por la guerra, la debilidad actual de la economía y los desafueros causados por los cultivos ilícitos y su erradicación, y por la gravitación del narcotráfico. Aliviar la tragedia de los millones de desplazados va a demandar enormes recursos de solidaridad, administrativos y financieros.

Colombia en posconflicto será una nación pobre, desigual y urgida de asistencia internacional. Solo una correcta estructura institucional, surgida de acuerdos políticos escritos y tácitos, permitirá hacer el tránsito hacia una nación apacible y democrática.

Hay que reconocer que no estamos dando todos los pasos necesarios para alcanzar ese objetivo. Que podríamos estar perdiendo una nueva oportunidad.