LOS LÍMITES DE LA EFICIENCIA ECONÓMICA EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

THE LIMITS OF ECONOMIC EFFICIENCY IN A DEMOCRATIC SOCIETY

Alejandro Agafonow*

* Magíster en Ciencias Políticas, candidato a Doctor en Economía Política de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de la Universidad Antonio de Lebrija, Madrid, España, a.agafonow@gmail.com Por sus valiosas críticas estoy en deuda con Diego Guerrero y Carlos Rodríguez Braun, el primero marxista y el segundo cercano al austro-liberalismo, profesores de la Universidad Complutense de Madrid. También agradezco los comentarios de Emilio Fontela, Decano de la Universidad Antonio de Nebrija. No se les puede atribuir ningún error en el que yo haya incurrido. Fecha de recepción: 19 de marzo de 2006, fecha de modificación: 14 de junio de 2006, fecha de aceptación: 29 de enero de 2007.

RESUMEN

[Palabras clave: eficiencia económica, democracia, Rawls, JEL: A11, P20, P16]

Durante el siglo XX, el marxismo y el liberalismo no igualitario o clásico discutieron las propiedades del cálculo económico, es decir, la forma en que las instituciones económicas asignan valores a los diversos fines. Este debate produjo un consenso implícito entre socialistas de mercado y liberales no igualitarios, acerca de la democracia. En este consenso, la voluntad general de Rousseau fue sustituida por voluntades individuales convenientemente jerarquizadas y la soberanía popular reflejada en la soberanía del consumidor. El ensayo adopta una perspectiva rawlsiana para explorar los límites de la eficiencia económica en una sociedad democrática.

ABSTRACT

[Key words: economic efficiency, democracy, Rawls, JEL: A11, P20, P16]

INTRODUCCIÓN

Este trabajo parte de la preocupación por las condiciones institucionales para el ejercicio equitativo de las libertades en una democracia. Esto nos lleva a reconocer la interferencia potencial que el ejercicio de nuestra libertad puede ocasionar en la libertad de los demás. Dicho conflicto se manifiesta en el campo económico cuando reconocemos que la dimensión positiva de la libertad –relacionada con nuestra capacidad real de acción– implica el acceso a recursos escasos en relación a su demanda, de ahí que tengamos que examinar la manera en que se asignan los recursos en una economía de mercado.

Con este propósito analizaremos dos de las teorías más importantes que defienden las virtudes de este mecanismo de asignación de recursos: la teoría walrasiana (que llamaremos “paretiana” por la relevancia del maximando que Vilfredo Pareto propuso y en torno al cual se ha desarrollado esta teoría) y la teoría austro-liberal, cuyas interpretaciones del funcionamiento del mercado y del concepto de eficiencia son diferentes. El marginalismo paretiano considera que la asignación mediada por el mercado retribuye en forma adecuada el esfuerzo productivo marginal de cada individuo y contempla casos que, ante un cambio social caracterizado por un incremento del producto social agregado, sólo beneficiarán a algunos individuos y dejarán sin retribución adicional a otros. No ve ningún conflicto distributivo y mucho menos un menoscabo de la libertad positiva de los individuos menos favorecidos.

En cambio, el marginalismo austriaco¹ concibe el mercado como un mecanismo que transmite, a través de promesas de ganancias y amenazas de pérdidas, la información necesaria para coordinar la producción y el consumo de sociedades numerosas o extensas que en ausencia del mercado no podrían poner en marcha los procesos productivos para satisfacer sus preferencias de consumo. Tampoco ve conflictos distributivos porque la producción se entiende como un proceso de creación de nuevos productos o servicios que suscitan nuevas necesidades o de oportunidades que permiten que el empresario aproveche las necesidades existentes, reivindicando el pleno derecho sobre los beneficios de aquello que ha descubierto con su sagacidad.

Estas dos teorías ocultan que el mercado funciona como un mecanismo de discriminación de acceso a recursos, que opera basado en las diferencias de poder de compra de los individuos. Mecanismo que, si bien en ausencia de frenos reduce la libertad positiva de los menos favorecidos, es indispensable para una valoración correcta y barata de las alternativas de inversión y consumo, es decir: el cálculo económico. El problema democrático e institucional que se investiga en este artículo es el de los frenos que debe imponerse al mercado para evitar la erosión de la libertad compartida equitativamente por todos. Para identificar los límites del mercado y al mismo tiempo admitir su funcionamiento en el marco de una democracia (que haya o no propiedad privada de los medios de producción no es un problema inherente al funcionamiento del mercado, como muestran los socialistas de mercado) se necesita una teoría dualista del valor que reconozca el papel de los bienes primarios provistos universalmente por el Estado para asegurar la dimensión positiva de la libertad y encargue al mercado la asignación de los bienes superfluos, con sus virtudes de economía de información y dinamismo.

Podemos dividir el liberalismo en dos familias, una “no igualitaria” o “clásica” cuyo resurgimiento a finales del siglo XX inspiró a muchos gobiernos y partidos políticos conservadores del planeta, que hoy conocemos como neoliberalismo, y otra “igualitaria” o “revisionista” que a comienzos de ese siglo dio origen al nuevo liberalismo que hoy es una fuente doctrinal de la socialdemocracia. En este trabajo adoptamos una posición crítica frente al marginalismo paretiano y austriaco o austro-liberalismo, y reservamos el término “liberalismo” sin adjetivos para esta familia de corrientes no igualitarias. Este artículo se inscribe en la tradición contractualista de Rousseau, Kant y Rawls², y suscribe las premisas éticas del orden social democrático expresado en la institucionalidad del Estado de bienestar.

EL SORPRENDENTE CONSENSO ENTRE SOCIALISTAS Y LIBERALES SOBRELA DEMOCRACIA

A comienzos del siglo pasado hubo un importante debate entre socialistas y liberales que contribuyó a entender mejor el funcionamiento del mercado pero que condujo a planteamientos normativos inquietantes sobre la libertad. El problema era la posibilidad del cálculo económico en una economía planificada en la que no existiera el mercado y los recursos para la producción y el consumo fueran asignados por un planificador central, que no podía conocer plenamente las preferencias de todos los individuos. En ese debate sus interlocutores sostuvieron que la “democracia” era aquella forma de organización social que permitía la expresión libre de las preferencias de los sujetos en la elección de bienes y servicios. Ludwig von Mises la denominó “democracia de mercado”, transformando la “voluntad general” de Rousseau en “voluntades individuales” convenientemente jerarquizadas y la “soberanía popular” en “soberanía del consumidor”.

Lo que se ha llamado democracia de mercado se manifiesta en el hecho de que las empresas que buscan el lucro están sujetas, incondicionalmente, a la soberanía del público comprador [...] Quizás, el crítico objete esto sobre la base de que él considera que p es un bien vital, mucho más importante que q, y que por lo tanto se debe producir más de p y menos de q. Si éste es el verdadero significado de su crítica, entonces discrepa con la valoración de la producción por parte de los consumidores. Se quita entonces la máscara y muestra sus aspiraciones dictatoriales. A su juicio, la producción no se debería regir por los deseos de la sociedad sino por su propia discreción (von Mises, 1982, 42-45, y 1949, 465).

Para von Mises, los empresarios y propietarios de los medios de producción no eran más que representantes de los consumidores cuyo mandato era renovado o revocado diariamente. Los socialistas de mercado aceptaron en parte esa idea de democracia introduciendo en su propuesta la libertad de los individuos para vender su fuerza de trabajo y comprar bienes y servicios, como en una sociedad capitalista, pero el Estado sería el propietario de los medios de producción. Esto permitiría que las preferencias de las personas, en principio inaccesibles en el “socialismo de planificación total”, fueran reveladas en el acto del consumo y monitorizadas a través de la demanda agregada de bienes y servicios. Los desequilibrios de oferta y demanda se ajustarían por ensayo y error variando los llamados “precios paramétricos”, para distinguirlos de los genuinos precios de mercado, buscando alentar o desalentar el consumo de acuerdo con la oferta disponible. Así, la inversión sería dirigida a una industria u otra en función de los cambios de las preferencias agregadas.

La competencia se podía introducir en el socialismo gracias a la forma de organización que la sociedad debía adoptar durante la transición al comunismo que propuso Marx³, en la que se desplegarían al máximo las fuerzas productivas para hacer posible una etapa superior donde desaparecería la escasez de recursos. En el comunismo los recursos se distribuirían de acuerdo con las necesidades de las personas, pero la transición requería incentivar al máximo la producción y exigir a las personas tanto como permitieran sus capacidades:

Aquí [en el socialismo] reina, evidentemente, el mismo principio que regula el intercambio de mercancías, por cuanto éste es intercambio de equivalentes [...] Por eso, el derecho igual sigue siendo aquí, en principio, el derecho burgués [...] No reconoce ninguna distinción de clase, porque aquí cada individuo no es más que un obrero como los demás; pero reconoce, tácitamente, como otros tantos privilegios naturales, las desiguales aptitudes de los individuos [...] En la fase superior de la sociedad comunista [...] cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en su bandera: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades! (Marx, 1891, 22-24).

Tradicionalmente hostiles con la democracia⁴, marxistas y liberales llegaban a un acuerdo: la democracia sería la libre expresión de las preferencias de bienes y servicios, lo que permitía que las diferencias naturales de capacidades –para el marxismo– y de patrimonio acumulado –para el liberalismo– produjeran desigualdades sociales. Pero no había consenso en esta primera generación de socialistas de mercado, cuyos planteamientos iniciales fueron expuestos en la literatura económica alemana⁵, sobre la adopción del mercado sin restricciones –siempre en un régimen sin propiedad privada de los medios de producción⁶. Abba Lerner (1934, 1935, 1936 y 1937) –quien sería conocido como uno de los “cuatro grandes” por su participación en el seminario de Hayek en el London School of Economics⁷–, antes de la publicación de su Teoría económica del control, y Fred Taylor (1929) –partidario del laissez-faire y convencido de la viabilidad del socialismo de mercado– proponían adoptar el mercado casi sin restricciones, excepto las enmiendas dirigidas a corregir sus fallos. Mientras que Oskar Lange (1966) y sobre todo Henry Dickinson (1933 y 1939) proponían restricciones por razones de equidad, como el “dividendo social” que se deduciría de las ganancias de las unidades productivas y se distribuiría equitativamente entre los miembros de la comunidad. En Teoría económica del control, Lerner retomó los principios igualitarios que descuidó en sus primeras exposiciones y desarrolló un argumento original⁸ en defensa de la distribución igualitaria del ingreso, fundado en la ley de la utilidad marginal decreciente del ingreso de la economía del bienestar pigouviana.

La razón de este sorprendente acuerdo fue la aceptación de un objetivo común: el aumento del producto social. Para el marxismo era la forma de alcanzar la fase superior de la sociedad comunista, donde el producto social se distribuiría según las necesidades de cada cual. Mientras que para el liberalismo no igualitario era la expresión del aumento del bienestar colectivo y posteriormente sus escuelas asociarían a la eficiencia un imperativo de libertad o acogerían la eficiencia sin reservas. La eficiencia es un concepto central en la ciencia económica actual, pero no está fundado tan sólidamente como creen los economistas profesionales; de hecho, no hay consenso sobre qué es una economía eficiente.

LA EFICIENCIA EN EL SENTIDO DE PARETO

Distorsionada la democracia y aceptadas sus premisas, socialistas de mercado y liberales debatirían acerca de la mayor virtud instrumental de sus modelos: la eficiencia. Pero los socialistas de mercado y los liberales paretianos, por un lado, y por otro los austro-liberales, no daban el mismo sentido al concepto de “eficiencia económica” aunque todos aceptaban la libre expresión de las preferencias como requisito para un orden social democrático. Las dos primeras escuelas lo entendían como “eficiencia en el sentido de Pareto” cuando aceptaban la posibilidad del cálculo económico en el socialismo. Pareto creía posible descubrir las reglas de distribución apropiadas a través de la sociología y reorganizar la economía de acuerdo con las reglas así descubiertas para alcanzar el mayor grado de bienestar de los individuos.

Hay dos problemas a resolver para lograr el máximo bienestar para una colectividad. Es necesario, en primer lugar, determinar las reglas de distribución que se consideren adecuadas. La solución de este problema descansa en gran medida en los dominios de la sociología. Establecidas las reglas de distribución, se puede investigar qué posición proporcionará el mayor nivel de bienestar consistente con esas reglas a los individuos que forman la colectividad (Pareto, 1911, 262).

Pero los economistas paretianos –preocupados por expulsar los juicios de valor de sus teorías– nunca se preguntaron por qué Pareto introdujo arbitrariamente su propio juicio distributivo:

El bienestar de algunos [individuos] se puede mantener constante sin que nuestras conclusiones resulten afectadas. Pero si, por el contrario, el pequeño movimiento [de un estado social X a otro Y] aumenta el bienestar de algunos individuos y disminuye el de otros, no puede afirmarse que el cambio es ventajoso para la colectividad en su conjunto (ibíd.).

Según Pareto, en una economía que alcance el estado óptimo o eficiente no habría más intercambios que mejoren la utilidad de un individuo sin empeorar al mismo tiempo la utilidad de otro. Esto no es más que un “juicio distributivo” que en su criterio podía materializarse a través de la pugna entre consumidores y productores, por bienes y servicios los primeros y por capital los últimos, es decir, a través del mercado. En una economía de este tipo, los productores no controlarían arbitrariamente el precio de sus bienes o servicios y estarían obligados, por la existencia de otros productores que intentan vender sus productos, a alcanzar los “coeficientes técnicos de producción” que les permitan producir a menor costo y vender al mejor precio. Este fue el reto que aceptaron los teóricos del socialismo de mercado. Tal como lo había expresado previamente Barone (1908, 334-335):

Para la solución del problema no es suficiente que el ministro de producción haya llegado a identificar el sistema de ecuaciones de equilibrio mejor adaptado para obtener el máximo colectivo en el sentido bien conocido (que no es preciso repetir). Es necesario, después de esto, resolver las ecuaciones. Y éste es el problema […] La determinación de los coeficientes económicamente más ventajosos sólo puede hacerse de forma experimental: y no en pequeña escala, como puede hacerse en un laboratorio; sino con experimentos a gran escala […] Es sobre esta base que las ecuaciones de equilibrio con el máximo colectivo de bienestar no son solubles a priori sobre el papel.

Para los marginalistas paretianos y socialistas de mercado, una economía eficiente sería capaz de conseguir los coeficientes técnicos de producción correspondientes al máximo producto social posible. Un objetivo inalcanzable en el socialismo de planificación total por cuanto era imposible que la autoridad central conociera el universo de preferencias en pugna. Puesto que las economías socialistas pretendían sustituir el “valor de cambio” de la economía capitalista recurriendo a un cálculo más sustancial que determinara la combinación óptima de insumos y productos para conseguir “valores de uso” que satisficieran necesidades reales, los planificadores socialistas enfrentaban un problema práctico y técnico de gran envergadura: cómo conocer las necesidades de consumo de una sociedad numerosa para orientar eficientemente los procesos productivos. Por ejemplo, si hay más consumidores dispuestos a consumir pan de trigo que pan de centeno, el planificador debería tener ese dato para destinar más recursos a la producción de pan de trigo. Multipliquemos este caso por los cientos de miles de productos que se comercian en un país de 40 millones de personas y consideremos, además, las combinaciones de insumos y productos necesarios para satisfacer el cambio de preferencias de los consumidores. Pareto (1909, 178) planteó así el problema:

Con la introducción de la libre demanda de bienes y servicios en la economía socialista, se revelarían las preferencias y los coeficientes técnicos se ajustarían experimentalmente para satisfacer las preferencias más urgentes, facilitando un mecanismo para regular el exceso o defecto de la oferta ante la fluctuación de la demanda, un “servomecanismo” según Lange (1967). Aunque los socialistas de mercado coincidieron con todos los liberales en la definición de democracia, sólo los marginalistas paretianos coincidieron con los socialistas de mercado en la definición de economía eficiente, pues adoptaron como fin último el aumento del producto social sin mayores requisitos de libertad; de ahí que las objeciones al socialismo definido en esos términos fueran más bien tímidas. Durante el siglo XX, el marginalismo paretiano se desarrolló a partir de unos débiles supuestos de objetividad que lo llevaron a defender repetidamente el statu quo, pero cuando el cambio social fue definido convenientemente no hubo impedimentos lógicos para adherirse a él. Knight (1936, 255; 1938, 268; 1939, 600, y 1940, 259), paretiano de la Universidad de Chicago, sostuvo que el socialismo era un problema político que se debía discutir en términos de psicología social y política, y que la teoría económica tenía poco que decir.

El menosprecio por los valores extraeconómicos también se hizo patente en el apoyo de los economistas de la Escuela de Chicago a la dictadura de Augusto Pinochet. De los 26 cargos directivos del equipo económico de la dictadura que implementó los programas de liberalización económica después de 1975, 23 fueron ocupados por economistas formados en Chicago gracias a un convenio de cooperación establecido con la Universidad Católica de Chile en 1955⁹. Milton Friedman –uno de los principales exponentes de la Escuela de Chicago– subestimó el papel de su departamento en el diseño de la política económica de Pinochet y dijo que nadie protestó por la charla que dictó en China comunista y que los alumnos chilenos que contribuyó a formar eran casi los únicos economistas disponibles en Chile (López, 2005). Pero, como recuerda Barber (1995, 1944), antes de confiar la política económica a los Chicago boys la dictadura recurrió a economistas del partido cristiano demócrata, que condicionaron su participación al respeto de los derechos humanos, cosa que Pinochet no aceptó.

No obstante, esos exponentes del marginalismo paretiano han matizado su adhesión a una ciencia económica estrictamente positiva. Friedman (1952, 1953 y 1955) pasó de un concepto de utilidad limitado a las probabilidades que enfrenta un individuo cuando elige entre alternativas de consumo e inversión, a una vaga idea de bienestar asociada a la libertad de elección en el consumo y la inversión (Friedman, 1962 y 1979). Knight (1941, 1946 y 1950) también reflexionó sobre valores extraeconómicos como la libertad y la democracia. Sin embargo, tienden a hacer una asociación muy simplista entre libertad económica y libertades políticas y civiles.

En cambio, los austro-liberales tienden a fijar imperativos extraeconómicos a la búsqueda de la eficiencia, aunque no sin contradicciones teóricas. No obstante, es inquietante saber que la constitución promulgada por la dictadura de Pinochet en 1980 fue conocida como “La Constitución de la libertad” aludiendo al título de un famoso libro de Friedrich Hayek, quien visitó Chile a comienzos de los ochenta. Durante ese viaje lo entrevistó el periodista uruguayo Walter Martínez en Dossier, un programa de televisión transmitido desde Venezuela a varios países latinoamericanos¹⁰. Martínez dijo que tras bastidores Hayek le había manifestado su pesimismo sobre la posibilidad de establecer su modelo de sociedad en un marco de libertades políticas y civiles. Es revelador que ese pesimismo fuera característico de Ludwig von Mises¹¹.

LA EFICIENCIA EN EL SENTIDO AUSTRIACO

La idea de eficiencia del marginalismo austriaco era más compleja y lo llevó a hacer críticas demoledoras al marginalismo paretiano y a postular la imposibilidad del cálculo económico socialista. Antes de desarrollar su concepto de eficiencia, sus primeras críticas a la economía socialista se referían al problema del cálculo en ausencia de una unidad de valor universal. El argumento inicial fue propuesto por Pierson (1902), aunque se encuentra un argumento similar pero críptico en von Mises (1920)¹², a saber, que ante las limitaciones para conocer las necesidades de grandes grupos de consumidores y en ausencia de una unidad de valor como el dinero, habría un trueque de cupones o certificados que dan derecho al consumo de bienes y servicios para rectificar, fuera de los circuitos oficiales de distribución, los errores de asignación que haya cometido el Estado. El problema era entonces la falta de una tarifa que valorara esos intercambios al margen de los circuitos oficiales.

Ya que es impensable tomar en cuenta las necesidades de cada individuo, supondré que la población se divide en los siguientes grupos: (A) personas solteras; (B) familias sin niños, y así sucesivamente. Cuanto más numerosos sean los grupos, mejor; pero por más numerosos que sean, siempre habrá individuos cuyas características no se adapten a ningún grupo particular; y las condiciones fluctuarán tan continuamente que ningún grupo reunirá individuos idénticos. Es por tanto indispensable un correctivo. Se puede suponer que cada individuo recibirá certificados de bienes para obtener las cosas que necesite como miembro de su grupo, siendo válidos estos certificados por un período de tiempo (semanales, mensuales, anuales y así sucesivamente). El correctivo consiste en que los almacenes del Estado permitan el intercambio de certificados. Una persona que, en su criterio, ha recibido muy pocos certificados para cualquier artículo particular será capaz de obtener más al intercambiarlos por certificados de otros artículos. El problema del valor es obvio. Una persona que está dispuesta a intercambiar una cosa por otra valora más la segunda que la primera. El problema del valor es establecer una tarifa adecuada para este intercambio legítimo (Pierson, 1902, 73-74).

Para los austriacos una economía eficiente no es una economía en equilibrio. El máximo producto social posible que define a la economía paretiana, no es un óptimo que se pueda determinar ex ante para luego seleccionar los coeficientes técnicos adecuados a una producción más económica. La selección de esos coeficientes exigiría información perfecta y cero incertidumbre, y en esa situación ideal la demanda de dinero cesaría (Rothbard, 1997, 270). También se detendría todo intercambio, pues no se podría mejorar la utilidad de un individuo sin empeorar la utilidad de otro. El equilibrio paretiano es inalcanzable y contradictorio con una economía dinámica¹³.

La diferencia fundamental entre esas dos nociones de eficiencia es la definición de los costos. Mientras que para el marginalismo paretiano habría una sola manera de producir más económicamente dado un conjunto de preferencias individuales, para el marginalismo austriaco los menores costos de una economía eficiente están relacionados con técnicas de producción no exploradas y preferencias no descubiertas, es decir, costos de oportunidad. Hayek (1933, 226-229) plantea así esta diferencia:

[...] tan pronto como dejemos el terreno de la competencia extensa y el estado estacionario, y consideremos un mundo donde la mayoría de los medios de producción existentes son resultado de procesos particulares que probablemente nunca se repetirán; donde, como consecuencia de cambios incesantes, el valor de la mayoría de los medios de producción más durables tiene poca o ninguna conexión con los costos en los que se ha incurrido en su producción [...] El valor de cualquier medio particular y en consecuencia el valor de sus servicios que tendremos que contar como costos, debe ser determinado considerando los retornos esperados, teniendo en cuenta todas las formas alternativas mediante las cuales se pueda obtener el mismo resultado y todos los usos alternativos a los que se puedan destinar los medios de producción.

Nunca podríamos saber con certeza si una economía ha alcanzado el máximo producto social posible. Sólo podemos acercarnos a este ideal garantizando que las unidades productivas sean inducidas mediante incentivos a explorar las alternativas que tengan menores costos de oportunidad. Así, el cálculo económico no sólo sería imposible en una economía socialista sino también en una economía capitalista organizada según las premisas paretianas. El problema del costo de oportunidad es central en el cálculo económico y sin la facultad de previsión e innovación del empresario capitalista, inducida por la expectativa de ganancias y la amenaza de pérdidas, no habría manera de garantizar que el producto social agregado llegue en este otro caso al mayor nivel probable. El austro-liberal Murray Rothbard (1991, 66) lo expone así:

Pero en lo que está interesado un agente capitalista, al comprometer recursos en la producción y venta, es en los precios futuros, y el presente compromiso de recursos es llevado a cabo por el empresario, cuya función es prever los precios futuros y asignar recursos de acuerdo con esta previsión. Es precisamente este rol central y vital del empresario previsor, dirigido por la búsqueda de ganancias y la reducción de pérdidas, el que no puede ser sustituido por el Comité Central de Planificación, por la ausencia de un mercado de medios de producción. Sin este mercado no hay precios monetarios genuinos y, por lo tanto, no hay medios para que el empresario calcule y prevea en términos de cardinalidad monetaria.

Esto sería igualmente aplicable al empresario paretiano que sólo tiene que calcular los mejores coeficientes de producción en un mundo de información perfecta o, al menos, en un mundo de información imperfecta pero limitado a las inversiones más seguras, sacrificando la experimentación con nuevos e inexplorados métodos (Hayek, 1933, 235). Si bien la primera generación de socialistas de mercado no comprendió este concepto de eficiencia y replicó teniendo en mente la noción paretiana de eficiencia, la última generación sí hizo frente a la crítica austro-liberal, cuya piedra de toque está en los incentivos que la propiedad privada brinda a los productores capitalistas para que exploren eficaz y creativamente los costos de oportunidad so pena de reducir sus ganancias o llevarlos a la bancarrota.

Esta última generación, que reivindica “precios genuinos de mercado” por oposición a los precios paramétricos, dio una respuesta ingeniosa basada en la aguda observación de precisamente un austro-liberal: Joseph A. Schumpeter (1942, 142), quien reflexionó sobre un fenómeno que llamó la “evaporación de la sustancia material de la sociedad”. En el capitalismo la gestión de los medios de producción no está necesariamente ligada a la propiedad privada sino que puede ser encargada a juntas directivas que responden ante los propietarios del capital, que buscan la gestión lucrativa de su patrimonio gracias a los incentivos de un mercado de trabajo que permite sustituirlas si su desempeño no es el esperado. Este fenómeno se conoce hoy como la relación principal-agente y se manifiesta en un abanico de fórmulas institucionales, que van desde cooperativas con directivos elegidos por los trabajadores hasta los keiretsu japoneses, donde las empresas responden a instituciones bancarias que supervisan su desempeño¹⁴.

Sorprende que algunos teóricos austro-liberales o cercanos a esta corriente omitan en sus recensiones este aspecto central de las economías capitalistas¹⁵. Otros, en cambio, simplemente siguen a von Mises (1920, 116) cuando ochenta y seis años atrás expresaba su escepticismo sobre la importancia de este fenómeno¹⁶ que sin embargo no ha disminuido la capacidad innovadora del mercado. Pero según los marginalistas austriacos un mercado eficiente tendría una función aún más importante: la adecuada jerarquización de los fines en una sociedad extensa, función que permite entender las limitaciones del mercado y del modelo de democracia que propone esta corriente¹⁷.

DEMOCRACIA DE MERCADO Y JERARQUIZACIÓN DE LOS FINES SOCIALES

El logro del producto social probablemente más alto no es un fin en sí mismo, como lo es para el marginalismo paretiano la búsqueda del máximo producto social posible. Este nivel de riqueza sería el resultado de un orden social cuyo fin último es el mayor grado posible de libertad. Pero el tipo de libertad que ofrece el libre mercado enfrenta un problema fundamental en las sociedades extensas: debe dar una solución al conflictivo universo de preferencias que las caracteriza. ¿Cómo jerarquizar el amplio conjunto de preferencias plurales? ¿Con qué criterio podremos asignar una importancia variable a los fines que persigue cada individuo?

Éste es el clásico problema de la intransitividad de las preferencias en teoría política¹⁸, que eluden sistemáticamente las corrientes no igualitarias del liberalismo. Sólo es posible reconciliar las preferencias divergentes y lograr un acuerdo unánime que no lesione la libertad si admitimos la idea de “voluntad general rousseauniana”, pero al sustituirla por las “voluntades individuales” el marginalismo austriaco quedó condenado a defender una ficción de libertad plagada de contradicciones. El problema del desconocimiento de las utilidades individuales deja intacto el problema de la intransitividad de las preferencias, pues aunque el libre mercado las revelara, su plena satisfacción sólo sería posible con recursos ilimitados. En un escenario de recursos escasos, el desconocimiento de las utilidades es un problema menor frente a la jerarquización adecuada del universo de fines plurales, y el marginalismo austriaco ha elaborado su crítica acentuando ese problema menor.

El austro-liberal Huerta de Soto (2002, 203-204, y 2004, 47-48) llega a afirmar que el problema de cómo distribuir los recursos sólo sería relevante si estuvieran dados, pero como son “creados de la nada” –apoyándose en la noción dinámica de eficiencia como búsqueda del producto social probablemente más alto, expuesta en términos de “creación ex nihilo” por Kirzner (1989)– la justicia distributiva carece de sentido. Huerta de Soto deja sin responder preguntas fundamentales. ¿Cómo solucionaría el problema de asignar recursos “escasos” y “dados” aun conociendo plenamente el universo de preferencias? ¿Qué escala de valores utilizaría para asignarlos? ¿Cómo armonizaría las preferencias en conflicto? Las críticas del austro-liberalismo al socialismo de planificación total y a los Estados de bienestar democráticos señalan sus límites para acceder a la mente de los sujetos, como impedimento insalvable para determinar con precisión el universo de preferencias y distribuir los recursos escasos de acuerdo con esta información. Hayek (1933, 17) plantea claramente esta objeción:

Es este aspecto formal, el hecho de que una autoridad central tiene que resolver el problema económico de distribuir un monto limitado de recursos entre un número prácticamente infinito de propósitos en competencia, que constituye el problema del socialismo como método. Y la cuestión fundamental es si en las complejas condiciones de una sociedad extensa moderna es posible que la autoridad central lleve a cabo las implicaciones de tal escala de valores con un grado razonable de precisión, con un grado de éxito similar o aproximado a los resultados del capitalismo competitivo.

Los trabajadores que no logran un nivel de vida adecuado en un mercado laboral flexible, las mujeres que no pueden entrar al mercado de trabajo o que reciben salarios menores que los hombres por un trabajo del mismo tipo, los desempleados que ven marcharse capitales domésticos hacia economías que reconocen precariamente los derechos económicos y sociales, y los inmigrantes que en los países ricos son condenados a los peores empleos por su raza o su procedencia, tienen preferencias razonables cuya satisfacción exige el ejercicio de la libertad positiva que es coartada por la falta de regulación económica. Esto nos impide ver en el libre mercado la solución¹⁹ a la ansiada armonización de las preferencias de los individuos que componen una sociedad democrática. En su búsqueda de coherencia, una vez el marginalismo austriaco allana el camino para acceder al universo de preferencias individuales, debe minimizar el conflicto entre preferencias divergentes para superar el problema de la intransitividad. El oscurecimiento de este problema es patente en von Mises (1951, 126) cuando sostiene:

[...] hay tendencia a olvidar que la estructura filosófica del género humano y la unidad de puntos de vista y de emoción que surgen de la tradición crean una extensa similitud de opiniones respecto a las necesidades y a los medios para satisfacerlas. Y es esa similitud de opiniones lo que hace posible la sociedad. Por el hecho de tener metas comunes los hombres pueden vivir en comunidad. Frente a esta situación de que la mayoría de los fines (los más importantes) son comunes a la gran masa humana, el hecho de que existan fines que sólo interesan a unos pocos reviste escasa importancia (ver también von Mises, 1949, 793-803).

Hayek (1988, 309) siguió esta estrategia argumental cuando sostuvo que el mercado aumenta las ganancias de los participantes sin perjuicio de nadie. Huerta de Soto (2004, 30) hace lo mismo cuando sostiene que todos los agentes saldrían ganando pues la creatividad empresarial –no limitada por la intervención del Estado– aumentaría las posibilidades de todos expandiendo la frontera de posibilidades de utilidad. El descuido por parte de estos teóricos del problema de la intransitividad y del hecho de que el mercado no lo resuelva se debe a la supervivencia de un principio fundamental para el “liberalismo clásico”: la limitación del poder público para impedir la violación de las libertades individuales por las monarquías absolutas. Amparados en este principio, ven una amenaza a la libertad individual en la democracia rousseauniano-kantiana y en el Estado del bienestar democrático al que en parte inspiró. Rodríguez Braun (2000, 72) expresa claramente este punto de vista:

La democracia se convierte en algo fundamentalmente nuevo, porque ya no se limita a ser un mecanismo de sustitución incruenta de gobernantes con participación popular sino una presión sobre el poder para que redistribuya rentas con objeto de conseguir la “justicia social” [...] Dada la insuperable desigualdad humana, y el hecho de que virtualmente no hay actividad de la que no puedan derivar consecuencias que eventualmente perjudiquen a alguna persona, el campo de acción política ahora no tiene fronteras. La democracia pasa de ser un límite al poder a ser un estímulo para su intervención y para una politización creciente.

Siguiendo esta argumentación, los teóricos liberales de la “elección pública positiva” proponen dar rango constitucional a prohibiciones para la intervención del Estado en la economía, especialmente en materia fiscal, amparados en el supuesto de que los burócratas y los políticos sólo actúan en función de sus intereses y aumentan tanto los gastos del Estado, que la recaudación fiscal se tornaría confiscatoria. Uno de sus exponentes es Buchanan (2003), cuya cuestionable estrategia argumental consiste en fundar sus juicios morales acerca del Estado en un dudoso supuesto de racionalidad instrumental que animaría a todo burócrata y político, negando su capacidad de racionalidad moral y borrando el papel de las ideologías en el ejercicio de gobierno²⁰.

El gran problema para la coherencia de las corrientes liberales no igualitarias es que la libertad no sólo enfrenta las amenazas del Estado totalitario –monárquico o comunista– ocasionadas por la dominación, también puede ser vulnerada por la extensión excesiva de las libertades de algunos individuos que produce el fenómeno de no-libertad²¹. La no-libertad es el resultado de la manera como el mercado jerarquiza las preferencias individuales, con una escala de valores monista que ahoga la pluralidad de preferencias y privilegia las preferencias amparadas por un mayor poder de compra, menoscabando la libertad de los menos favorecidos. El marxista Maurice Dobb (1933, 591), quien cuestionó el consenso sobre la democracia entre socialistas de mercado y liberales, sostuvo que en la esfera económica no había nada parecido al sufragio universal; todo lo contrario, los votos de algunos valen miles de veces más que el voto de otros.

MERCADO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS: EL FENÓMENO DE NO-LIBERTAD

Para el liberal igualitario Isaiah Berlin (1969, 221) es plausible decir que un hombre carece de libertad si es tan pobre que no puede permitirse algo sobre lo que no existe impedimento legal –una hogaza de pan, un viaje alrededor del mundo o recurrir a los tribunales–, y añade que se lo puede considerar víctima de coacción u opresión. No obstante, en la erosión de su libertad de ser o de hacer no interviene directamente ningún agente, bien sea un Estado despótico o un ladrón. El menoscabo de su libertad proviene de la arbitrariedad de la naturaleza en la asignación de capacidades que le impidió acumular un patrimonio o del infortunio de no haber nacido en una familia acaudalada que le diera posibilidades para desarrollar sus capacidades, si descartamos que dilapidase un patrimonio bien ganado.

Su falta de libertad se entendería mejor si reconociéramos que el hecho de haber nacido en una familia pobre o de no tener capacidades innatas para conquistar recursos valiosos, que no sólo se limitan al dinero, determina arbitrariamente su perspectiva de vida. Si no vemos este hecho como un condicionante ilegítimo de su destino tendríamos que recurrir a una “teoría del karma” para justificar su desigualdad de partida en la carrera de la vida y, que yo sepa, ningún liberal se ha atrevido a llegar tan lejos. El austro-liberal Tibor Machan²² reconoce que en la asignación natural de dotes y patrimonio hay un elemento de suerte, y sobre esto fundamenta un supuesto derecho inalienable a la propiedad privada, sin dar solución a la arbitrariedad del azar. Por otro lado, al plantearle el mismo problema al profesor Huerta de Soto –en el seminario de doctorado que dicta en la Universidad Rey Juan Carlos (España)²³– lo eludió manifestando que el mercado brinda oportunidades a todos. L as diferencias de patrimonio a las que conduce la naturaleza constituyen el criterio a través del cual el mercado valora las preferencias individuales para asignar los recursos, es decir, las diferencias de poder de compra que encontramos naturalmente en una economía.

Gráfica 1
Curvas de demanda individuales agrupadas por clase social
Adaptación de Bowen (1943)

Preguntemos a los miembros de una comunidad provisionalmente agrupados por clase social el precio que estarían dispuestos a pagar por una unidad de servicio médico. Si respondieran sinceramente considerando sus preferencias personales limitadas por la dotación presupuestaria de cada uno, obtendríamos tres precios promedio correspondientes a los tres grupos de curvas de demanda que se presentan en la gráfica 1. Corresponde a las curvas de demanda de línea continua de la clase alta un precio que representa el costo medio por unidad de servicio médico para este grupo. Así obtendríamos costos medios distintos para las curvas segmentadas de la clase media y para las curvas punteadas de la clase baja. Si dejáramos actuar al mercado para asignar las hipotéticas unidades de servicio médico, obtendríamos un precio único²⁴ que representa el costo medio general que la comunidad tendría que pagar. Con este precio general, el consumo de la clase alta aumentaría porque el precio sería inferior al que estaba dispuesta a pagar originalmente (la flecha con signo positivo del eje horizontal). Pero en el caso de la clase baja, el precio de mercado sería superior al que estaba dispuesta a pagar originalmente y su consumo se reduciría (la flecha de signo negativo del eje horizontal).

Esto indica que el libre mercado juzga más urgentes las preferencias de la clase alta, facilitando su mayor consumo, gracias al mayor poder de compra resultante de sus mayores recursos. El mercado actúa como mecanismo de discriminación de acceso a recursos, reduciendo el consumo de los menos favorecidos y facilitando el de los más acaudalados. La movilidad entre estratos sociales que permitiría que un pobre consuma mañana más unidades de servicio médico sería posible, si las instituciones políticas garantizaran que las actividades productivas estuvieran estrictamente abiertas a las capacidades, independientemente del credo, raza, género o preferencia sexual. En tal estructura institucional una persona pobre con grandes capacidades innatas podría hacerse con un gran patrimonio si antes no es aniquilada por una necesidad médica que no pueda satisfacer.

Esto es lo que Giovanni Sartori (1987, 411) llama “justicia proporcional”, aunque erróneamente atribuye esta propiedad al mercado, pues éste por sí sólo no puede evitar la discriminación por las razones enunciadas y requiere instituciones políticas diseñadas con ese propósito. No obstante, quedaría sin atender un hecho discriminatorio fundamental: las diferencias de patrimonio al comienzo de la carrera de la vida, que determinan en alguna medida el éxito o el fracaso del modo de vida que preferimos llevar, son impuestas por la lotería de los dones naturales (Rawls, 1971, 103-110). La creación de recursos del empresario aun si se hiciera de la nada, como plantea Huerta de Soto (2002, 203-204 y 2004, 47-48), estaría determinada en alguna medida por la arbitrariedad de la naturaleza. Mangabeira Unger (1975, 174) sostiene que las desigualdades naturales determinan la distribución del poder y convierten a la meritocracia, entendida estrechamente, en una ascendencia o subordinación personal. A la luz de este argumento es sorprendente que los liberales no igualitarios, tan sensibles a las amenazas del Estado contra la libertad, hayan descuidado la amenaza que implica la capacidad de cualquier hombre suficientemente acaudalado para comprar voluntades.

La responsabilidad de otros en la falta de libertad del pobre está determinada por el usufructo de un exceso de libertad concedida sin merecimiento alguno por la lotería de la naturaleza. Ni el pobre ni el acaudalado tuvieron la posibilidad de pactar libremente las reglas institucionales que favorecen al afortunado que nace en una familia acaudalada o que goza de una dote genética extraordinaria. De ahí que la noción de contrato social rousseauniano sea tan sólo una idea reguladora que permite entender las correcciones que debemos introducir en el orden social natural para disfrutar equitativamente de la libertad de ser y de hacer. Esto nos lleva a los dos conceptos de libertad que son el anverso y el reverso de una misma moneda: la libertad positiva y la libertad negativa²⁵. Para distinguirlas, Berlin (1969) dice que la libertad negativa responde a la pregunta: “¿en qué medida interviene en mí el gobierno?”. Mientras que la libertad positiva responde a la pregunta: “¿qué soy libre de hacer o de ser?”. Su texto está salpicado de variantes de estas preguntas²⁶.

En la historia del pensamiento político se han propuesto soluciones al abuso de estas dos dimensiones de la libertad, aunque sin distinguirlas claramente. Rousseau (1762, 14) señaló así el camino:

Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y gracias a la cual cada uno, en unión de todos los demás, solamente se obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes. Este es el problema fundamental que resuelve el contrato social.

Kant (1797, 232), refiriéndose a la doctrina del derecho, propuso seguir: “la máxima según la cual la libertad del agente ha de poder coexistir con la libertad de cualquier otro, siguiendo una ley universal”. Rawls (1971, 67) propuso que “cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás”. De manera que el difícil equilibrio entre estas dos libertades es el propósito de una democracia. Ésta pretende asegurar que un exceso de libertad negativa –garantías excesivas de no intervención en las formas de ser y hacer de los sujetos, que cuestionan la existencia misma de un principio equitativo de regulación– no se extienda hasta la monopolización de recursos socialmente apreciados que impida a otros una participación razonable en esta masa de valores. También debe garantizar que un exceso de libertad positiva –la libertad de una instancia reguladora, que podría ser el Estado, para frenar el libre accionar de las propias voluntades– no vulnere iniciativas razonables para ser y para hacer. Esto nos lleva a una teoría dualista del valor que acentúe la importancia de un conjunto de bienes primarios suministrados universalmente por el Estado necesarios para ejercer la libertad positiva y que reconozca el papel del mercado en la asignación de bienes superfluos con todas sus virtudes de eficiencia y coordinación. Incluso Menger (1871, 158-159), el fundador de la economía austriaca, consideró con beneplácito un tipo de bienes equivalentes a los primarios. Los llamó bienes cuasi-no-económicos y los identificó con las culturas altamente evolucionadas²⁷.

EL DUALISMO ENLA CIENCIA ECONÓMICA

El término “dualismo” tiene varios significados en ciencia económica. Hace referencia a un rasgo de las economías menos desarrolladas donde coexiste un sector avanzado, donde opera el mercado generalmente orientado a la exportación, y otro sector vinculado a la agricultura, donde los intercambios de mercado están menos extendidos y las instituciones de parentesco determinan las relaciones económicas (Kanbur y McIntosh, 1998, 921). También hace referencia a un problema matemático en la representación de preferencias individuales que no responden a un óptimo único (Newman, 1998, 924). Otro significado, que proviene del diálogo entre la filosofía del derecho y la ciencia económica, alude al problema de dar un valor de mercado a un bien que para su dueño tiene un valor sentimental inconmensurable (Duxbury, 1998, 615). Este último significado se extendió hasta cuestionar la mercantilización de ciertos bienes cuyo valor social es inalienable y coincide con los bienes primarios en la tradición rousseauniano-kantiana.

Sin conexión con la teoría económica, la sociología del bienestar recurre a los conceptos de mercantilización y desmercantilización para explicar el papel que juega el Estado del bienestar al sustraer del mercado el suministro de ciertos bienes que se consideran de importancia superior en una sociedad democrática. La sociología del bienestar se ha desarrollado lejos del debate sobre la posibilidad de hacer comparaciones interpersonales de utilidad, como lo ha reconocido Johansson (2001, 2), uno de sus máximos exponentes, lo cual la hace muy vulnerable a las acusaciones de paternalismo de las corrientes neoliberales. Dentro de la familia de teorías subjetivas del valor, algunos teóricos han propuesto enmiendas que remiten a un dualismo en la escala de valores propuesta, aunque estas teorías no han sido plenamente reconocidas como alternativa a las teorías del valor subjetivo y del valor trabajo. Estas dos últimas serían monistas en el sentido de que apelan a una sola escala de valores para jerarquizar los fines sociales: la teoría del valor subjetivo basada en la pugna de preferencias en el libre mercado y la del valor trabajo basada en el valor añadido que la capacidad productivas de cada obrero transferiría a los bienes (de cada cual según sus capacidades).

Entre los economistas más conocidos que proponen estas enmiendas figuran Arthur Pigou, John Harsanyi y Amartya Sen. Quizá el más influyente haya sido Pigou, quien formuló una teoría paretiana del valor favorable a la intervención del Estado basada en criterios ad hoc, que al mismo tiempo acepta la institución del mercado²⁸. Uno de esos argumentos es la divergencia entre el producto marginal neto social y el producto marginal neto privado, que aparece cuando una actividad productiva genera externalidades que ocasionan costos o beneficios no merecidos a otros agentes. El problema con este concepto es que hay externalidades positivas o negativas en casi todas las actividades humanas. Por ejemplo, el austro-liberal Benegas Lynch (1998) sostiene que el perfume que usa una persona y que los demás olemos al pasar a su lado es una externalidad. ¿Debemos esperar que el Estado ponga una multa a la persona que usa el perfume si su olor no nos agrada? O siguiendo al marginalismo paretiano de Coase (1960) favorable al libre mercado, ¿debemos lograr una solución de mercado con la persona que usa el perfume que no nos agrada y esperar que nos compense?

El problema de la teoría pigouviana de los bienes públicos es que no define una teoría moral que permita discriminar entre los casos que merecen compensación y los que no la merecen. Además, Pigou utilizó otro argumento ad hoc para justificar una distribución igualitaria del ingreso. Como su idea de bienestar social prescribía una suma de utilidades mayor, recurrió a la ley de utilidad marginal decreciente del ingreso para justificar las transferencias de recursos de los más acaudalados a los más pobres:

[...] es evidente que toda transferencia de renta de un hombre relativamente rico a otro relativamente más pobre y de un temperamento similar, al permitirle satisfacer necesidades más intensas, incrementa la suma total de satisfacción. La vieja “ley de la utilidad decreciente” nos conduce así a la afirmación: toda causa que incrementa la participación absoluta de los pobres en el ingreso real, siempre que no motive, desde cualquier punto de vista, una reducción del volumen del dividendo nacional, incrementará, por lo general, el bienestar económico (Pigou, 1928, 76).

Esta teoría de las transferencias compensatorias era vulnerable a las críticas contra la solidez científica de esta ley –como fue el caso de Robbins (1938)–, pues Pigou suponía arbitrariamente que la utilidad total de una persona pobre era menor que la de una persona rica y, por lo tanto, la utilidad marginal de un pobre al recibir la transferencia de recursos del Estado añadía más utilidad al acervo común que la pérdida que experimentaba la persona acaudalada por estar más cerca de su nivel de saturación.

El dualismo de John Harsanyi consistía en diferenciar dos tipos de preferencias, las subjetivas y las éticas. Su objetivo era superar las contradicciones implícitas en la postulación del bienestar social a partir de las funciones individuales de utilidad, sin ningún criterio que mediara en los casos de conflicto de intereses donde había intransitividad de preferencias. Su argumento era el siguiente:

[...] no podemos permitir que se confunda la distinción existente entre la función de bienestar social de un individuo y su función de utilidad, si queremos (como me imagino que lo quiere la mayoría de nosotros) mantener el principio de que una función de bienestar social no se debe basar en la función de utilidad (preferencias subjetivas) de un individuo particular (o sea el individuo cuyos juicios de valor se expresan en esta función de bienestar), sino en las funciones de utilidad (preferencias subjetivas) de todos los individuos, para que represente una especie de “transacción justa” entre ellas [...] sus preferencias “éticas” (que definen su función de bienestar social) expresarán lo que sólo en un sentido especial pueden considerarse sus “preferencias”: por definición, expresarán lo que prefiere el individuo, en esos momentos probablemente raros en que se impone una actitud imparcial e impersonal especial (Harsanyi, 1955, 73-74).

Harsanyi incurrió en el mismo exceso de Pigou ubicándose en el espacio de las utilidades, para elaborar una hipótesis de uniformidad que respaldara cierto orden institucional, y supuso arbitrariamente un mismo tipo de preferencias compartidas por todos, que conduciría a la armonización de intereses en la sociedad.

Por último, el dualismo de Sen siguió un buen camino al abandonar el espacio de las utilidades individuales, aunque por razones incorrectas: hacer comparaciones interpersonales imposibles en el espacio de utilidades. La teoría de Sen (1996, 55-56) se desarrolla en el espacio de las capacidades, a las que define como un conjunto de “quehaceres y seres” que constituyen un vector de funcionamientos. Esta idea de capacidad no se diferencia mucho de la función de utilidad y, por tanto, la comparación de los vectores de funcionamientos entre distintos individuos está sujeta a las mismas restricciones que la comparación interpersonal de utilidades. Por ello introduce una idea de capacidad más elemental: las habilidades que permiten que un sujeto alcance los funcionamientos que prefiera. Así, su maximando prescribe que el Estado garantice a todos un conjunto de habilidades mínimas, al tiempo que el mercado sigue operando. El problema es que si se define un conjunto operacionalmente significativo de habilidades polivalentes, que ayuden a alcanzar una variedad de funcionamientos mucho mayor, es posible que estas habilidades sean insuficientemente polivalentes para alcanzar algunos funcionamientos fijados de manera autónoma por el individuo. Entonces, ¿con qué criterios discriminar entre los funcionamientos que debería apoyar la política social? Por ejemplo, Sen (1997, 81-84) menciona el caso de dos individuos, uno hambriento por falta de recursos y otro porque ayuna motivado por creencias religiosas. Si escogiéramos como habilidad polivalente la que nos llevaría a no padecer hambre, el asceta hambriento que escoge libremente el ayuno sería una anomalía. Sen no da una salida definitiva a esta contradicción.

Las teorías dualistas del valor aún deben entrar en la contienda histórica que mantienen las teorías del valor subjetivo –paretiana y austriaca– y la teoría del valor trabajo, pues todavía no han sido definidas unitariamente. Su sistematización debe eludir el problema de las preferencias no reveladas para convertirse en una alternativa seria.

CONCLUSIONES

Una muestra de la escasa influencia del contractualismo rousseauniano-kantiano en la economía es la definición del contractualismo moderno que hace Hardin (1998, 645-650) en The New Palgrave, que incurre en los temas que el liberalismo no igualitario usa para cuestionarlo: las preferencias no reveladas y el espectador omnisciente y benevolente. La influencia de este contractualismo en la economía política siempre ha estado mediatizada por la filosofía moral, y cuando contemplamos su producto más típicamente económico –el maximin rawlsiano– nos damos cuenta de que es una escueta reinterpretación utilitarista del maximando propuesto por John Rawls. Igual que las demás teorías dualistas del valor, el principio del maximin es vulnerable a la crítica neoliberal sobre la inaccesibilidad del universo de preferencias en una sociedad extensa. Un primer paso para superar el problema es reconocer que no representa ninguna ventaja tener pleno acceso a esta información. Aún tendríamos que lidiar con el problema de asignar recursos escasos a preferencias irreconciliables, y Rawls (1999, 275) sugirió esta vía argumental cuando sostuvo:

[...] los fuertes sentimientos y las aspiraciones entusiastas por ciertas metas no otorgan, en cuanto tales, una pretensión sobre los recursos sociales o una pretensión de diseñar instituciones públicas a fin de alcanzar esas metas. Los deseos y las necesidades, por muy intensos que fueren, no son por sí mismos razones en asuntos de justicia [...] Combinados con un índice de bienes primarios, los principios de la justicia separan las razones de justicia no sólo del flujo y reflujo de necesidades y deseos fluctuantes sino incluso de sentimientos y compromisos muy arraigados.

Para asignar recursos en una sociedad extensa donde conviven diversas doctrinas filosóficas y religiosas, si no queremos parcializarnos por una de ellas y sofocar el pluralismo, sólo nos queda la alternativa de asegurar una dotación razonable de recursos –entendidos ampliamente– a cada cual, permitiendo la libre expresión de preferencias en un marco de garantías a las libertades equitativamente compartidas. En un contexto de intransitividad, el bienestar colectivo pierde el sentido utilitarista para significar una estructura social básica que facilite a cada cual la búsqueda de su propio bienestar, siempre compatible con la búsqueda de bienestar de los demás. En este sentido, Johansson (2001, 11) da una buena definición operativa del bienestar: “El bienestar se puede definir entonces como el control individual de recursos en términos de dinero, posesiones, salud, educación, familia, derechos sociales y civiles, etc., con los cuales el individuo puede dirigir su vida”.

Para que este contractualismo juegue su papel entre las teorías del valor debe alejarse de la retórica “bizantina” que caracteriza a los especialistas en filosofía moral y política. Esta retórica ha suscitado las acusaciones de pretensión de omnisciencia, de asumir la posición de un espectador imparcial capaz de conocer todas las transacciones realizadas y regularlas como si se tratara de un dios. Pero la voluntad general de Rousseau, el imperativo categórico de Kant o la posición original y el velo de la ignorancia de Rawls no son más que meros artificios teóricos que nos asisten en la reflexión sobre los principios de justicia que regulan una sociedad democrática. Aunque esta crítica proveniente del liberalismo obedezca a razones equívocas no deja de tener sentido, por cuanto el contractualismo rousseauniano-kantiano no ha abandonado su plácido Olimpo para sumarse a la contienda en la arena económica. La síntesis que Rawls logró de la doctrina rousseauniano-kantiana pretendía ser aplicable tanto a una democracia de propiedad privada como a un socialismo liberal (Rawls, 1971, 256)²⁹, pero su incursión en la economía política era todavía muy escolar.

NOTAS AL PIE

1. Soy consciente de la precaución que hay que tener al llamar “marginalista” a esta corriente (ver Jaffé, 1976).

2. La doctrina “contractualista rousseauniano-kantiana” aún no ha formado una corriente diferenciada dentro de la economía política heterodoxa. Sobre las corrientes heterodoxas, ver Barceló (1998) y Guerrero (1997). No obstante, en el pensamiento económico español hay un antecedente kantiano representado por el krausismo, ver Malo Guillén (2001 y 2005).

3. No obstante, el socialismo realmente existente se negó a introducir estas reformas a gran escala, excepto en el período de la NEP soviética y en los casos de Yugoslavia y Hungría (ver Brus, 1998).

4. Sobre la hostilidad del liberalismo del siglo XIX hacia la democracia, ver Gottfried (1996), y sobre la hostilidad del marxismo clásico, ver Moore (1985). Posteriormente marxistas de Oriente y Occidente han rechazado la inclinación totalitaria del marxismo clásico, como la escuela marxista de Budapest y el marxismo analítico anglosajón.

5. Ver Heimann (1934, 492, n. 1).

6. Aunque en el marxismo hay antecedentes de argumentos a favor del mercado (ver Blackburn, 1991, y Lange, 1966, apéndice), el carácter específico del socialismo de mercado empieza a ser reconocido en la literatura gracias a los teóricos que se mencionan a continuación, de ahí la denominación de “primera generación”.

7. Ver Bradley (1981, 26, n. 30).

8. Hoy en día su argumento se conoce como el “Segundo Teorema” de la economía del bienestar.

9. Para un análisis más detallado de la influencia intelectual de la Escuela de Chicago en la dictadura chilena y en el período democrático posterior, ver Silva (1991).

10. Televisado el 27 de febrero de 2004.

11. Sobre este aspecto del pensamiento de Ludwig von Mises, ver Raico (1996).

12. Von Mises (1920, 113-114) sí advirtió que una contabilidad basada en tiempo de trabajo dejaría sin tasar adecuadamente los recursos naturales escasos.

13. Prebisch (1981, 247-282) estaba equivocado al creer que esta teoría económica sólo era inaplicable a las economías periféricas. La estructura social de las economías del centro tampoco se adecua a las pretensiones explicativas y operacionales de esta teoría.

14. Ver Bardhan y Roemer (1992), Blackburn (1991), Milonakis (2003), Nove (1991) y Roemer (1992 y 1994).

15. Como Bradley (1981), Fontaine (1983), Hitos Santos (1998), Kirzner (1988) y Lavoie (1981).

16. Como Benegas Lynch (1997, 67), Huerta de Soto (2001, 281), Rothbard (1991, 58) y Vaughn (1980, 548). El trabajo de Coloma (1999, 42), aunque menciona la relación principal-agente, omite el argumento que se ha expuesto.

17. En estricto sentido, los austro-liberales no defienden una democracia sino una demarquía.

18. La solución de la teoría económica a este problema es restringir las alternativas sujetas a votación, de modo que se alcance un orden de preferencias unimodal y se logre una mayoría clara. Pero aun en este caso persiste la intransitividad, y algo hay que decir sobre las preferencias legítimas no satisfechas.

19. Sorprendentemente Friedman (1962, cap. I) sostuvo que el libre mercado garantiza que no se discrimine a las minorías por motivos raciales o políticos. En Estados Unidos, la inacabada integración de las minorías raciales ha sido adelantada por los programas de “acción afirmativa” diseñados por el Estado, que limitan la competencia entre grupos raciales por cargos públicos, cupos educativos, etc.

20. Downs (1957), otro de los teóricos asociados a esta corriente, define la racionalidad más ampliamente. Así, la Madre Teresa de Calcuta sería racional actuando de acuerdo con su peculiar función de utilidad.

21. Bobbio (1993, 145-148) se ha referido a la no-libertad en el plano económico como un problema de alienación en la tradición marxista. Como veremos, la idea de no-libertad está asociada a la pérdida de “libertad positiva” ocasionada por la extensión excesiva de las fronteras de la “libertad negativa” de algunos individuos.

22. “Self-ownership and the Lockean Proviso”, Austrian Working Papers, s. f., www.mises.org/

23. Seminario dictado el 20 de abril de 2005, al que amablemente me permitió asistir.

24. Bajo condiciones uniformes de acceso espacial y calidad del servicio.

25. Durante mucho tiempo la economía política ha descuidado la “libertad positiva”, aunque la idea básica fue implícitamente introducida con mucho éxito por la teoría de las capacidades de Amartya Sen. Una excepción es Dasgupta (1986), quien adopta explícitamente el concepto.

26. ¿Quién manda? ¿En qué ámbito mando yo? ¿Quién es el que manda? ¿Por quién he de ser gobernado? ¿En qué medida he de ser gobernado? ¿Quién me gobierna?

27. Desafortunadamente los economistas austriacos contemporáneos han rechazado esta idea y sus virtuosas consecuencias redistributivas.

28. Para una exposición reciente de la economía del bienestar pigouviana, ver Cooter y Rappoport (1984).

29. En el prefacio a la edición inglesa revisada de A Theory of Justice (1999), Rawls se opuso al Estado del bienestar entendido como arreglo institucional que garantizaba apenas un nivel de vida decente y despejaba toda duda al suscribir una democracia de propiedad privada, entendida como un arreglo institucional más igualitario cuyo propósito era poner en manos de todos los ciudadanos, y no sólo de unos pocos, los medios productivos para convertirse en miembros plenamente cooperadores.

30. Frente a esta misma elección social, los liberales no igualitarios invierten el orden de los factores, renunciando a las libertades equitativamente compartidas a cambio de un aumento de eficiencia.

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