Criptoactivos y delincuencia organizada: impacto económico y perspectivas del marco de legalidad penal en Colombia. Su participación en el lavado de activos
Crypto-assets and organized crime: economic impact and perspectives of the criminal legal framework in Colombia -Their role in money laundering
Criptoativos e crime organizado: impacto econômico e perspectivas do marco legal penal na Colômbia. Sua participação na lavagem de dinheiro
Arley Alexander Ramírez Pérez*
* Abogado del Politécnico Grancolombiano, perito en Documentología y Grafología Forense de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia, técnico profesional en Servicio de Policía de la misma casa de estudios, investigador criminal por diez años en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía de Colombia. En la actualidad es docente de pregrados en el Tecnológico de Antioquia y litigante. Correo electrónico: arley.ramirez@est.uexternado.edu.co. ORCID: https://orcid.org/0009-0008-0012-5264 DOI: https://doi.org/10.18601/16926722.n27.07
Artículo recibido el 12 de noviembre de 2024. Aprobado por par 1 el 10 de enero de 2025. Aprobado por par 2 el 27 de enero de 2025.
Resumen
En el presente trabajo de investigación se propone un análisis legislativo para Colombia en relación con la delincuencia organizada y el lavado de activos, con un enfoque especial en el uso de criptoactivos. Se busca abordar las brechas en la normativa penal y financiera que son aprovechadas por grupos criminales, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el sector financiero. Además, se plantean soluciones normativas para enfrentar los desafíos éticos y legales en la prevención y persecución de estos delitos, promoviendo la transparencia y la integridad institucional en esta nueva era digital.
Palabras clave: criptoactivos, lavado de activos, delincuencia organizada, marco legal, bitcoin, prevención.
Abstract
The present paper lays down a legislative proposal for Colombia considering this new digital era in which an alternative to regulate the matter of taxing online advertising is proposed. Hence, we propose the implementation of a new digital tax in Colombia since the allocation of taxation rights over revenue accruing from inbound online advertising services rendered to Colombian customers should imply for the country an increase in tax collection bearing in mind the present economic crisis triggered by the coronavirus.
Keywords: digital tax, online advertising, income tax, e-commerce.
Resumo
O presente documento apresenta uma proposta legislativa para a Colômbia, tendo em conta esta nova era digital, na qual se propõe uma alternativa para regular a questão da tributação da publicidade em linha. Assim, propomos a implementação de um novo imposto digital na Colômbia, uma vez que a atribuição de direitos de tributação sobre as receitas provenientes de serviços de publicidade em linha de entrada prestados a clientes colombianos deverá implicar para o país um aumento da cobrança de impostos, tendo em conta a atual crise económica desencadeada pelo coronavírus.
Palavras-chave: imposto digital, publicidade em linha, imposto sobre o rendimento, comércio eletrônico.
Introducción
La delincuencia organizada y el lavado de activos representan desafíos significativos para la seguridad, la estabilidad económica y el desarrollo social en Colombia. Estos fenómenos no solo impactan en la integridad de las instituciones y la confianza ciudadana, sino que también afectan la competitividad del país y su capacidad para atraer inversiones y promover un entorno propicio para el crecimiento económico sostenible.
Durante décadas, Colombia ha enfrentado la presencia arraigada de grupos criminales que operan de manera sofisticada, aprovechando las brechas en el sistema legal y financiero para llevar a cabo una amplia gama de actividades ilícitas. Estas actividades incluyen el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el tráfico de armas, el lavado de activos, la evasión tributaria y la minería ilegal, entre otros delitos graves. Estas organizaciones delictivas han generado impactos profundos y multifacéticos en la sociedad colombiana, creando un entorno de inseguridad, violencia y desconfianza en las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
Como plantea Ortiz (2022), el narcotráfico, en particular, ha sido una de las principales fuentes de financiamiento para estos grupos criminales, lo cual ha alimentado un ciclo de violencia y corrupción que ha afectado a todos los niveles de la sociedad. Las ganancias ilícitas derivadas del tráfico de drogas han permitido a estas organizaciones expandir sus operaciones y consolidar su poderío, infiltrando sectores clave de la economía y la política colombiana. Esta influencia nefasta ha minado la integridad de las instituciones públicas y el desarrollo económico del país, y ha debilitado la capacidad del Estado para combatir eficazmente la delincuencia organizada.
En el ámbito económico, el lavado de activos ha sido una estrategia utilizada por estas organizaciones para legitimar sus ganancias ilícitas, el cual se infiltra en sectores legítimos de la economía y distorsiona la competencia en el mercado. Esto no solo afecta la integridad del sistema financiero, sino que también socava la confianza de los inversionistas y empresarios en el país, obstaculizando el crecimiento económico y la generación de empleo.
En este contexto complejo, con el presente proyecto se propone realizar un análisis exhaustivo y multidimensional de la delincuencia organizada y el lavado de activos en Colombia, con un enfoque especial en las criptomonedas. El proyecto abarcará diferentes aspectos relacionados con la delincuencia organizada, incluyendo su origen histórico, sus manifestaciones actuales y sus vínculos con actividades ilícitas que socavan la seguridad y el bienestar de la población. Se analizarán los métodos utilizados para el lavado de activos, desde la inversión en bienes raíces hasta el uso de criptomonedas, destacando los desafíos que estos representan para las autoridades y las instituciones financieras en términos de detección y prevención.
Además de explorar la economía informal y su impacto en el lavado de activos, es crucial analizar en detalle los casos de estudio que hasta la fecha se han desarrollado en la materia, en los que se evidencia el uso de los criptoactivos, con diferentes puntos críticos generados por las actividades ilícitas; es manifiesta la existencia de lugares y actividades comerciales que no solo sirven como plataformas para el intercambio ilegal de bienes y dinero, sino que también son espacios donde se desarrollan prácticas de evasión fiscal, contrabando y corrupción. Así mismo, se abordarán las implicaciones éticas y legales de la lucha contra estos fenómenos. Se analizará el marco normativo existente en Colombia y se evaluará su eficacia en la prevención y persecución de la delincuencia organizada y el lavado de activos. Se examinarán también los desafíos éticos que enfrentan las autoridades y los actores involucrados en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, así como las posibles soluciones para fortalecer la integridad institucional y promover la transparencia en todos los niveles de la sociedad.
I. Criptoactivos en Colombia: desafíos legales
En el contexto de los avances digitales y financieros actuales, los criptoactivos representan una innovación que desafía las normas tradicionales de economía y regulación. Colombia, al igual que otros países, se enfrenta al reto de comprender y regular estos activos digitales, cuya relevancia radica en su impacto directo en la economía y en la seguridad de las transacciones en línea. Es fundamental entender tanto el origen como el funcionamiento de los criptoactivos, junto con su relación con tecnologías como blockchain, para adaptarse y tomar decisiones informadas en un entorno dinámico en el que la concepción y gestión del dinero están en constante evolución.
A. Origen de los criptoactivos
Para explorar el desarrollo conceptual e histórico de los criptoactivos, también conocidos como criptomonedas, es importante analizar la criptografía, una disciplina clave que asegura su funcionamiento. Andrade y Cedillo (2004) mencionan que, según la Real Academia Española, la criptografía se define como el arte de crear mensajes en clave o de forma enigmática, utilizando matemáticas como base y el soporte de la informática y telemática. Su objetivo es proteger mensajes o archivos mediante algoritmos complejos, asegurando confidencialidad e integridad y evitando la interceptación de terceros. Aunque fundamental para la tecnología de blockchain y las criptomonedas modernas, la criptografía tiene un desarrollo histórico que se remonta a civilizaciones antiguas.
Según Schulz y Seidel (1997), la criptografía tiene antecedentes de hace 3.500 años, pero su auge ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se necesitó asegurar las comunicaciones militares. La invención de la máquina Enigma por Scherbius y los esfuerzos de Alan Turing por descifrar sus códigos destacaron su importancia estratégica en momentos críticos y establecieron las bases de la criptografía moderna. Este conocimiento, mantenido en secreto durante años, subraya el impacto histórico de la criptografía, ahora un componente esencial en las criptomonedas.
B. Fundamentos de las criptomonedas
Algunos autores sostienen que el desarrollo del dinero electrónico responde a la necesidad de agilizar transacciones en línea. Este avance ha sido impulsado por la demanda de los consumidores y la evolución del comercio digital, lo que ha permitido a las personas convertir su dinero físico en digital y realizar transacciones seguras. Internacionalmente, el término "dinero electrónico" carece de una definición uniforme, lo cual refleja la diversidad de métodos de pago en línea.
En este trabajo, el dinero electrónico incluye métodos de pago en comercio electrónico, como tarjetas de débito y crédito, y aplicaciones como Nequi, Daviplata o Rappi cuenta, pero excluye las criptomonedas. Este tipo de dinero no es anónimo, ya que requiere la identificación del cliente y queda registrado en sistemas contables y bancarios. En cambio, el anonimato que ofrecen las criptomonedas fue una motivación clave para su creación, como señaló Rice (2013). Aunque el registro en blockchain garantiza la trazabilidad de las transacciones sin revelar la identidad de los usuarios, como subrayan algunos autores, es posible verificar los datos de las transacciones sin comprometer la privacidad del usuario.
Por otro lado, la descentralización es una característica central de las criptomonedas, según Lelart (1991). Desde la concepción del e-cash se buscó evitar la concentración de los bancos centrales, lo que plantea retos en la prevención de actividades ilícitas, ya que los bancos tienen un rol clave en la detección de delitos financieros y fiscales. Las características de las criptomonedas varían según la regulación en cada país y evolucionan con el tiempo. En este trabajo se explorarán en el contexto de la regulación colombiana.
Para entender mejor las criptomonedas y su relación con las diversas representaciones del dinero, Bech y Garrant (2017) proponen la "flor del dinero" (ilustración 1).
Esta ilustración expone las diferencias entre las cuentas tradicionales y los tokens. Muestra cómo se transfiere el dinero entre cuentas bancarias en comparación con la rapidez y eficiencia de las transacciones con tokens, en las que se eliminan intermediarios y se reducen costos y tiempos considerablemente.
C. Métodos de comercio de criptomonedas
Dado que las criptomonedas son una tecnología de evolución veloz y tienen un impacto social considerable, sus características y prácticas pueden cambiar rápidamente. Esto también implica que muchas transacciones en este ámbito ocurren en un marco de legalidad ambigua, o incluso ilegal, lo que dificulta comprender completamente los métodos utilizados, especialmente aquellos asociados con actividades fraudulentas (Krugman, 2021).
1. Persona a persona (peer-to-peer)
El método de intercambio conocido como "escrow" o fideicomiso es una opción popular para quienes se inician en las criptomonedas. Este tipo de intercambio, según algunos autores, se realiza de persona a persona a través de plataformas de fideicomiso, las cuales generan contratos de depósito en garantía a cambio de una pequeña comisión. El dinero o la criptomoneda utilizada para el intercambio se reserva hasta que ambas partes confirmen el cumplimiento de sus obligaciones. Una vez cumplidas las condiciones, la plataforma libera los fondos del fideicomiso.
Este tipo de intercambio destaca por su anonimato, ya que no se requiere proporcionar información personal y los usuarios no conocen la identidad de sus contrapartes. Sin embargo, este anonimato plantea riesgos, ya que el fideicomiso asume cierto nivel de responsabilidad en caso de que el intercambio involucre actividades ilícitas.
2. Casas de cambio (exchanges)
Las casas de cambio de criptomonedas operan de manera similar a una bolsa de valores tradicional. El precio de las criptomonedas en estos exchanges se ajusta de acuerdo con la oferta y la demanda del mercado, y la plataforma actúa como intermediaria entre compradores y vendedores. Sin embargo, estas transacciones no son completamente anónimas, ya que las plataformas exigen que los usuarios proporcionen sus datos personales.
A pesar de este requisito, existe preocupación por la veracidad de los datos proporcionados, ya que pueden no ser auténticos o incluso pertenecer a terceros. Esta falta de verificación adecuada de identidad podría facilitar actividades fraudulentas o ilícitas en estas plataformas.
3. Billeteras o monederos (wallets)
Las wallets o monederos son herramientas esenciales en el manejo de criptomonedas y permiten almacenar y transferir activos digitales. Gil-Cordero et al. (2018) describen dos tipos principales de monederos: las hot-wallets y las cold-wallets. Las hot-wallets son monederos en línea conectados a internet que permiten realizar transacciones de manera rápida, mientras que las cold-wallets son monederos fuera de línea que funcionan como una "caja fuerte virtual" que proporciona mayor seguridad frente a posibles amenazas cibernéticas.
Las hot-wallets son ideales para transacciones frecuentes, aunque son más vulnerables a ataques informáticos. Las cold-wallets, por otro lado, son recomendadas para el almacenamiento seguro de grandes cantidades de criptomonedas a largo plazo, ya que, al no estar conectadas a internet, son menos susceptibles a hackeos.
4. Cajeros automáticos
La comercialización de criptomonedas a través de cajeros automáticos (ATM) representa una de las formas más innovadoras de intercambio financiero. En Colombia, como señala Lince (2023), existen actualmente 48 cajeros de criptomonedas distribuidos en varias ciudades. Estos cajeros permiten a los usuarios acceder a sus monederos y convertir criptomonedas en moneda fiduciaria. Según Quirós (2020), el proceso es simple: los usuarios seleccionan la cantidad de criptomonedas que desean intercambiar por dinero en efectivo, lo cual facilita el uso cotidiano de activos digitales. Este avance subraya la creciente aceptación y adopción de criptomonedas en Colombia, al ofrecer métodos accesibles y alineados con las tendencias globales de innovación financiera.
D. Riesgos de las criptomonedas
Las criptomonedas han introducido varios desafíos a los mercados financieros. Cabrera y Lage (2022), citando a la Autoridad Bancaria Europea (2014), destacan más de setenta riesgos potenciales, entre los que resaltan:
E. Bitcoin
Bitcoin, como plantean Yahanpath y Wilton (2014), revolucionó el sistema financiero en 2008 con el documento de Satoshi Nakamoto, el cual proponía una moneda digital descentralizada y accesible. Esta moneda no requeriría intermediarios, como los bancos o los gobiernos. En 2009, el primer bloque de Bitcoin, conocido como "Genesis block", fue minado, y la criptomoneda alcanzó un valor de 1.309,03 btc por un dólar estadounidense (Zúñiga, 2019).
La tecnología base de Bitcoin es el blockchain o cadena de bloques, una estructura de datos encriptada que permite un registro seguro y descentralizado de las transacciones. Esta tecnología revolucionaria se ha aplicado en diferentes sectores para mejorar la transparencia y seguridad de sus operaciones (Durán y Noguera, 2019).
1. Proceso de creación de un bitcoin
Como plantea Valencia (2021), Bitcoin ha surgido como un sistema de pago revolucionario, respaldado por la tecnología blockchain, que es la base de su confiabilidad y seguridad. Sin embargo, la creación o emisión de bitcoins no ocurre de forma arbitraria o centralizada como la de las monedas tradicionales. En lugar de ello, se lleva a cabo a través de un proceso conocido como minería, que es fundamental para el funcionamiento y la integridad de la red Bitcoin. La minería de bitcoins implica la verificación y el registro de las transacciones en la cadena de bloques, que es esencialmente un libro contable público y descentralizado compartido por todos los participantes de la red. Este proceso se realiza mediante la resolución de complejos problemas matemáticos por parte de los mineros, quienes utilizan potentes computadoras para agregar nuevos bloques a la cadena. Cada vez que un minero agrega un bloque con éxito recibe una recompensa en forma de bitcoins, lo que incentiva la participación continua en la red.
La red Bitcoin, a través de la minería y la recompensa en bitcoins, como plantea Esparragoza (2018), crea un sistema de incentivos que promueve la integridad y la seguridad de las transacciones. Los mineros también reciben comisiones por las transacciones que procesan, lo que constituye otra fuente de ingresos y motivación. Además, la distribución descentralizada de la cadena de bloques en miles de nodos en todo el mundo garantiza que las transacciones individuales sean validadas de manera rápida y precisa, eliminando la necesidad de intermediarios como los bancos o el gobierno.
F. Regulación de criptomonedas en Colombia
En Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y el Banco de la República han emitido múltiples circulares y comunicados desde 2014 con los que alertan a las entidades vigiladas y a los ciudadanos sobre los riesgos de adquirir y comerciar con criptomonedas. Estos riesgos incluyen la falta de respaldo de una autoridad monetaria o de un activo físico, la volatilidad extrema y el potencial para actividades ilícitas, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
A continuación, se presentan algunas circulares y normativas relevantes:
1. Circular 29 de 2014, Circular 78 de 2016 y Circular 52 de 2017 (Superintendencia Financiera de Colombia)
Estas circulares de la Superintendencia Financiera destacan preocupaciones sobre la naturaleza pseudoanónima de las criptomonedas, la cual dificulta la identificación de los beneficiarios finales y podría facilitar actividades ilícitas. Además, resaltan la falta de respaldo de criptomonedas como bitcoin por parte de bancos centrales o activos físicos, lo que contribuye a la volatilidad extrema y al riesgo financiero para los usuarios. Los puntos clave abordados en estas circulares incluyen:
La SFC ha citado además informes de organizaciones internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Oficina Europea de Policía (Europol), que advierten sobre los riesgos relacionados con las criptomonedas en términos de seguridad, legalidad y estabilidad económica.
A pesar de la creciente adopción de criptomonedas en Colombia, los proyectos de ley propuestos para su regulación han enfrentado críticas por su falta de conocimiento técnico y por no abordar adecuadamente los problemas esenciales asociados con el comercio de criptomonedas. Estas críticas sugieren que es necesaria una regulación más comprensiva y técnicamente informada para integrar estos activos digitales de forma segura y efectiva en el sistema financiero colombiano.
2. Concepto JDS-27301 de 2017 (Banco de la República)
La posición oficial del Banco de la República sobre criptomonedas indica que estas no son consideradas valores en Colombia según la Ley 964 de 2005, es decir, no forman parte del mercado de valores ni son inversiones válidas para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. La regulación también prohíbe a los operadores de criptomonedas asesorar o gestionar transacciones relacionadas, con lo que se busca proteger a los inversionistas de riesgos inherentes como la volatilidad y la falta de respaldo. Este enfoque también responde a las preocupaciones por el uso de criptomonedas en actividades ilegales, dada su naturaleza descentralizada y pseudónima.
3. Concepto 977 de 2017 y Documento de Orientación Técnica No. 20 (Consejo Técnico de la Contaduría Pública)
Desde 2017, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública considera las criptomonedas como activos contables. La guía de gestión contable actualizada en 2023 establece que estos activos deben registrarse inicialmente al costo y ajustarse en valor según las normas de la NIC 38, aplicando el modelo de revaluación basado en un mercado activo. Estos lineamientos de contabilidad y auditoría buscan reflejar adecuadamente los criptoactivos en los estados financieros de las entidades que los poseen o gestionan, considerando los cambios en el mercado y aplicando criterios de reconocimiento financiero en activos intangibles.
4. Proyecto de ley 028 de 2018
El proyecto de ley, introducido por el senador Jiménez, buscaba regular el uso y las transacciones con criptomonedas, promoviendo la seguridad, la transparencia y la protección de los usuarios. Allí se propusieron medidas como la obligatoriedad de revelar información personal y los detalles de las transacciones para mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Sin embargo, la propuesta recibió críticas, especialmente del sector tecnológico y financiero, que argumentó que el proyecto reflejaba un desconocimiento sobre las criptomonedas y podría inhibir la innovación y adopción de la tecnología blockchain en el país.
5. Proyecto de ley 028 de 2019
Este proyecto representó uno de los primeros intentos de regulación de las criptomonedas en Colombia, enfocado en los "servicios de intercambio de criptoactivos ofrecidos a través de las plataformas de intercambio". Destacó las necesidades de eliminar el anonimato en las transacciones y de exigir a los usuarios datos personales, esto con la intención de mitigar riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
6. Proyecto de ley 268 de 2019
Este proyecto reforzó la propuesta anterior al hacer énfasis en la creación de un sistema para detectar y prevenir actividades ilícitas. Además, pretendió establecer límites específicos para los prestadores de servicios de intercambio, buscando garantizar transparencia y seguridad en las transacciones.
7. Proyecto de ley 139 de 2021
Enfocado en la creación del Registro Único de Plataformas de Intercambio de Criptoactivos (RUPIC), este proyecto estableció varios requisitos para los prestadores de servicios, incluyendo la obligación de registrar las plataformas de intercambio en cámaras de comercio y adoptar medidas contra el lavado de activos. Incluyó, asimismo, obligaciones relacionadas con la protección de datos y la implementación de medidas de conocimiento y diligencia del cliente (KYC y DDC).
8. Proyecto de ley 267 de 2022
Este proyecto buscó consolidar el marco regulatorio para los criptoactivos al abarcar aspectos como la definición de términos clave, los requisitos específicos para los prestadores de servicios de intercambio de criptoactivos, la creación de un programa de seguridad informática y la implementación de un manual de operaciones. También quiso imponer obligaciones de divulgación de riesgos, inspección y control, y establecer un enfoque sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
9. Recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Aborda la necesidad de que los países y las instituciones financieras realicen una evaluación exhaustiva de los riesgos antes de implementar nuevos productos y tecnologías en el sector de criptomonedas, enfocándose en prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esto incluye la exigencia de regulaciones específicas para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), quienes deben someterse a sistemas de monitoreo eficaces y cumplir con medidas contra el lavado de activos (ALA) y la financiación del terrorismo (CFT). El enfoque basado en riesgos es fundamental, de modo que la supervisión sea proporcional a los riesgos identificados y gestionados adecuadamente.
En Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha implementado esta recomendación a través de un marco regulador para las actividades con criptomonedas, creando el Registro Único de Plataformas de Intercambio de Criptoactivos (RUPIC). Este registro centraliza la supervisión de las plataformas de intercambio, exigiendo que los PSAV reporten actividades sospechosas y apliquen debida diligencia a sus clientes, en línea con las disposiciones de la Recomendación 15. Estas medidas ayudan a mitigar los riesgos inherentes de anonimato y transacciones transfronterizas de las criptomonedas, fortaleciendo el control y la supervisión en el país. Sin embargo, la adaptación a estas regulaciones implica desafíos, como los costos adicionales para las plataformas y la necesidad de una mayor capacidad de supervisión por parte de las autoridades.
En contraste, la Unión Europea (UE) adoptó en 2023 el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), el primer marco regulador integral para criptomonedas a nivel mundial. Este reglamento, que entrará en vigor entre 2024 y 2025, establece derechos y obligaciones uniformes para los emisores y proveedores de servicios de criptoactivos, excluyendo ciertos tokens. La regulación busca proteger a consumidores e inversores, garantizar la estabilidad financiera y fomentar la innovación en un marco seguro. Los avances en Europa reflejan el interés por aprovechar el potencial de las criptomonedas para dinamizar la economía y crear empleo. Sin embargo, el aumento de los riesgos asociados, como el lavado de activos y las estafas, subraya la importancia de una regulación sólida y adaptable que incluya trazabilidad y seguridad en las transacciones, junto con la colaboración entre los sectores público y privado.
Ambas jurisdicciones, la de Colombia y la UE, reconocen la necesidad de una regulación dinámica y colaborativa que permita controlar riesgos sin obstaculizar el desarrollo de nuevas tecnologías.
II. Delincuencia organizada y lavado de activos en el contexto de los criptoactivos
Este acápite examina cómo el intercambio de criptomonedas ha captado la atención de entidades nacionales e internacionales debido a su potencial para facilitar el lavado de activos. Instituciones como la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, el Banco de la República y la UIAF han expresado su preocupación por el uso de criptomonedas en actividades ilegales al señalar que características como el anonimato y la descentralización facilitan el ocultamiento del origen ilícito de fondos. Como argumenta Porras (2023), la falta de trazabilidad en las transacciones dificulta el rastreo de los fondos y, por ende, la detección de actividades ilícitas.
La descentralización también plantea dificultades adicionales para las entidades reguladoras. Al operar fuera del control de una autoridad centralizada, el sistema de criptomonedas reduce la posibilidad de supervisión efectiva sobre transacciones sospechosas, lo que incrementa las oportunidades para actividades ilícitas y plantea la necesidad de un marco regulatorio más robusto.
A. Control del lavado de activos en Colombia
Rúa (2023) sostiene que la Fiscalía General de la Nación ha incrementado sus esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos. La estrategia Argenta, desarrollada por la Fiscalía para combatir la criminalidad financiera, ha logrado imputar delitos relacionados con el lavado de activos por más de 27,8 billones de pesos, desarticular 1.094 redes criminales y arrestar a 956 individuos. Además, gracias a esta estrategia se han incautado más de 76.000 gramos de oro, un recurso comúnmente utilizado en operaciones de lavado. Entre los logros significativos de Argenta se destacan:
El programa Argenta ha permitido mermar el patrimonio de organizaciones delictivas como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, y revelar complejas redes de lavado que involucran la creación de empresas para blanquear dinero y distribuirlo a través de comisionistas. Un caso relevante en este sentido fue la captura de personas asociadas con alias "La Silla", vinculadas al lavado mediante inversiones y adquisición de bienes con recursos ilícitos.
Este enfoque integral ha mostrado resultados alentadores en la lucha contra el lavado de activos. Sin embargo, la Fiscalía reconoce la necesidad de ajustar constantemente sus estrategias frente a la evolución de las técnicas criminales. La creación de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales es un paso en este sentido, a fin de permitir una respuesta más efectiva a la evasión fiscal y fortalecer las medidas contra el lavado de activos en el país.
B. Tipos penales relacionados con el lavado de activos
La jurisprudencia colombiana ha caracterizado el delito de lavado de activos como un tipo penal de conducta alternativa, lo que implica que abarca varias categorías de comportamientos delictivos. En particular, en sentencias como la 43388 de 2014 y la 39220 de 2013, la Corte Suprema de Justicia ha desglosado el tipo penal en tres grupos principales:
Ejemplo práctico: lavado de activos con criptomonedas
Para ilustrar, imaginemos un caso en el que María, involucrada en el narcotráfico, utiliza criptomonedas para lavar el dinero obtenido de esta actividad. María se registra en una plataforma de intercambio de criptomonedas bajo un nombre falso y realiza transacciones pequeñas y constantes para evitar sospechas. Luego transfiere las criptomonedas a cuentas bancarias offshore y posteriormente las convierte en moneda local. Sin embargo, enfrenta barreras en cada etapa debido a controles de identificación, normas contra el lavado de activos y restricciones bancarias a transferencias relacionadas con criptomonedas. Este proceso, aunque desafiante, le permite integrar el dinero ilícito en el sistema financiero con apariencia de legalidad.
Este ejemplo destaca cómo el anonimato de las criptomonedas facilita su uso para el lavado de dinero. La dificultad de rastrear transacciones en este entorno crea retos tanto para la detección como para la investigación del delito. La falta de regulaciones y control adecuado en el mercado de criptomonedas incrementa la complejidad para abordar este tipo de delitos.
C. Autonomía del delito de lavado de activos
La jurisprudencia colombiana, en particular la Corte Suprema y la Corte Constitucional, considera que el lavado de activos es un delito autónomo, es decir, no depende de una condena previa por el delito fuente (por ejemplo, narcotráfico o fraude). Este enfoque permite sancionar el lavado de activos independientemente de la actividad ilegal que dio origen a los fondos. La Corte Constitucional ha establecido que el lavado de activos puede involucrar cualquier bien derivado de actividades ilícitas, destacando la afectación a la estructura económica y social del país.
D. Relación con el comercio de criptomonedas y regulaciones colombianas
La legislación colombiana, como se estableció en el artículo X del Código Penal, aumenta las penas para casos donde el lavado de activos involucra operaciones de cambio o comercio exterior, y para la introducción ilegal de bienes al país. Este aumento de penas refleja el riesgo adicional que representan estas actividades en términos de lavado de dinero, y subraya la importancia de contar con marcos normativos sólidos para disuadir y sancionar estas conductas.
Sin embargo, la Superintendencia Financiera ha aclarado que las criptomonedas en Colombia son consideradas activos digitales y no divisas tradicionales. Esto significa que las sanciones agravadas en el Código Penal para operaciones de cambio no aplican automáticamente a transacciones con criptomonedas. La interpretación de la ley en estos casos requiere un análisis detallado debido a la naturaleza particular de las criptomonedas, lo cual presenta nuevos retos para los reguladores en la lucha contra el lavado de activos.
La evasión fiscal en el contexto de las criptomonedas plantea retos críticos para la administración tributaria en Colombia debido a características como el anonimato y la falta de regulación específica para activos digitales. La facilidad con la que los criptoactivos pueden ocultarse permite a los contribuyentes eludir impuestos, defraudando el sistema fiscal mediante la omisión de activos y la inserción de pasivos no existentes, que son conductas sancionadas bajo el Código Penal colombiano. En este sentido, la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes y la defraudación o evasión tributaria son conductas que buscan proteger el patrimonio público al sancionar la manipulación de las declaraciones fiscales.
E. Criptoactivos y ocultación de activos
El anonimato de las criptomonedas facilita que los usuarios escondan activos o realicen transacciones sin dejar rastro claro de su identidad. Este fenómeno representa un desafío para las autoridades fiscales en cuanto a la identificación y penalización de las actividades de evasión, dada la capacidad de ocultamiento que ofrecen las criptomonedas. De igual manera, la falta de categorización tributaria para estos activos complejiza su declaración, lo que dificulta el cumplimiento tributario y expone el sistema fiscal a vulnerabilidades adicionales.
F. Relación entre evasión fiscal y lavado de activos
La evasión tributaria y el lavado de activos están estrechamente relacionados, dado que la primera puede ser una etapa inicial en un esquema de lavado. En Colombia, el delito de evasión tributaria (art. 434A del Código Penal) y el de omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes sancionan directamente las conductas que afectan la recaudación pública. En este sentido, la Ley 2277 de 2022 modificó el Código Penal para endurecer las sanciones y ampliar el alcance de estas figuras, reconociendo la necesidad de abordar la evasión por medio de criptoactivos.
La jurisprudencia colombiana, como en la Sentencia C-557 de 2019, ha subrayado la importancia de la intencionalidad en la evasión tributaria, donde se evalúa si hubo una voluntad de engañar al fisco. Casos recientes, como el de la Sentencia 1643 de 2022, destacan la complejidad de la evasión cuando se usan estructuras de empresas pantalla y otros mecanismos sofisticados para ocultar ingresos. Asimismo, la Sentencia C-132 de 2020 ha clarificado aspectos como la base gravable y los métodos que pueden usar las autoridades para la detección y sanción de evasores, lo que ofrece guías que fortalecen la aplicación de la ley.
G. Criptomonedas y el vacío regulatorio
La falta de una normativa clara y las prohibiciones bancarias para operaciones con criptomonedas dificultan que los contribuyentes declaren adecuadamente sus ingresos provenientes de criptoactivos. Esto crea un vacío que aprovechan algunos contribuyentes para eludir sus obligaciones tributarias. Investigaciones como la de Carvajal y Londoño (2019) estiman que la evasión del impuesto sobre la renta en Colombia ha representado hasta un 40 % de la recaudación esperada, lo que pone de relieve el impacto de estas prácticas en la economía. En este contexto, el anonimato y la desregulación de las criptomonedas complican la detección de activos y crean una coyuntura favorable para la evasión.
H. Modelo de delincuencia organizada: lavado de activos
El "Modelo de delincuencia organizada, Clan del Golfo", meticulosamente diseñado, es fruto del trabajo conjunto del autor de este documento, un miembro de la Policía colombiana, en colaboración y con el valioso respaldo y aporte de sus colegas. Producto de una amplia experiencia en la institución, este modelo fue diseñado para abordar de manera exhaustiva las complejidades de una de las organizaciones criminales más destacadas en Colombia: el Clan del Golfo.
Una de las características más distintivas de este modelo es su enfoque holístico, ya que abarca no solo las actividades operativas del Clan, sino también su estructura interna, estrategias financieras y relaciones dentro del mundo del crimen. Se ha desarrollado a partir de la observación directa y el análisis exhaustivo de múltiples casos relacionados con esta agrupación criminal.
Dentro del modelo se describe cómo opera esta organización en las ciudades clave del país y del exterior en Europa y Estados Unidos. En estas áreas, el Clan ha establecido una red compleja y bien estructurada que abarca desde la producción de drogas hasta su distribución y lavado de dinero.
En cuanto a la producción de drogas, el modelo identifica las estrategias utilizadas por el Clan para el cultivo, procesamiento y empaquetado de sustancias ilícitas como la cocaína. Se destaca la utilización de tecnologías avanzadas para maximizar la eficiencia y la discreción en estas operaciones, lo que le permite operar en la clandestinidad y evadir la detección de las autoridades.
En el ámbito de la comercialización, el Clan del Golfo se vale de una red de distribución amplia y diversificada, con puntos de venta estratégicamente ubicados en diferentes zonas de las ciudades clave. Además, cuentan con sistemas logísticos eficientes para el transporte y la entrega de la droga tanto a nivel nacional como internacional, lo que les permite llegar a diversos mercados y mantener su posición en el negocio del narcotráfico.
En la ilustración 3 se presenta el modelo en cuestión.
Un aspecto crucial que el modelo aborda detalladamente es la integración de las criptomonedas en las actividades financieras del Clan. Se describen las plataformas digitales utilizadas, los métodos de lavado de dinero basados en tecnología blockchain y las estrategias para evadir la detección de transacciones sospechosas por parte de las autoridades financieras. Esta incorporación de la tecnología en sus operaciones financieras le otorga al Clan una ventaja significativa en términos de anonimato, rapidez y seguridad en el movimiento de grandes sumas de dinero.
Además de las operaciones cotidianas del Clan, el modelo también analiza su estructura interna e identifica roles clave como los de los sicarios y los de los contadores que actúan como asesores financieros. Se destaca la importancia de estas figuras en la toma de decisiones y en la ejecución de estrategias, tanto operativas como financieras, lo que evidencia la complejidad y sofisticación de la organización criminal.
Conclusiones
El estudio detallado de la delincuencia organizada, el lavado de activos y la economía informal en Colombia ha puesto de manifiesto una serie de retos complejos que afectan la seguridad, la estabilidad económica y el desarrollo social del país. Estas revelaciones evidencian la necesidad apremiante de adoptar enfoques integrales y colaborativos que permitan enfrentar estos problemas de manera efectiva y sostenible.
La amenaza de grupos delictivos organizados, herederos de años de conflicto armado y narcotráfico, sigue siendo un problema persistente que afecta la seguridad ciudadana y socava el Estado de derecho. En varias regiones del país, actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro continúan provocando violencia y desestabilización en comunidades vulnerables.
El lavado de activos se ha convertido en un elemento fundamental en las operaciones de estas organizaciones criminales, ya que les permite ocultar el origen ilícito de grandes sumas de dinero obtenidas a través de sus actividades delictivas. Estrategias como la creación de empresas ficticias, la inversión en bienes raíces y el uso de criptomonedas son prácticas comunes que generan importantes desafíos para las autoridades y las instituciones financieras.
Los centros comerciales también se han identificado como espacios propicios para el lavado de activos, dado que las redes comerciales se entrelazan de manera opaca y dificultan la detección y seguimiento del flujo de dinero ilegal.
A pesar de estos obstáculos, el análisis también revela diversas oportunidades para mejorar la respuesta contra la delincuencia organizada y el lavado de activos. La colaboración internacional, el intercambio de información y la implementación de estrategias de aplicación de la ley son esenciales para enfrentar estas amenazas de manera coordinada.
La adopción de tecnologías innovadoras para el análisis de datos financieros, junto con la capacitación especializada de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y el fortalecimiento de las capacidades institucionales son pasos clave para mejorar la prevención, detección y sanción del lavado de activos.
Las criptomonedas, que han ganado popularidad en la última década, han generado una serie de interrogantes que van más allá del ámbito financiero y que abordan aspectos académicos, políticos y sociales. Aunque se utilizan principalmente como instrumentos especulativos, su potencial para desafiar la concepción tradicional del dinero plantea preocupaciones por su impacto en la soberanía monetaria de los Estados.
El aumento de la preocupación en diversos sectores, incluidos organismos internacionales y administraciones tributarias, destaca la dificultad de regular estas nuevas formas de dinero y los riesgos asociados, especialmente por su posible utilización en actividades delictivas.
Además, las criptomonedas no solo despiertan inquietud por su situación actual, sino que también generan preocupación por sus posibles consecuencias futuras. Mientras que su uso puede contribuir a la desregulación del sistema financiero, también plantea desafíos para las autoridades monetarias, ya que permiten la privatización de la emisión de dinero, lo que podría debilitar el papel del Estado en la economía.
Es crucial reconocer que el atractivo creciente de las criptomonedas no garantiza que sean beneficiosas para la sociedad en su conjunto. Por el contrario, este fenómeno requiere un análisis exhaustivo y una regulación adecuada para mitigar los riesgos, asegurando que estas innovaciones financieras aporten positivamente al sistema económico y social.
Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo enriquecer el debate sobre las criptomonedas, al ofrecer perspectivas menos exploradas que son igualmente importantes para entender su impacto y desarrollar marcos regulatorios que fomenten su uso responsable y beneficioso para la sociedad y la protección del orden público económico del país.
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