10.18601/16577558.n33.04
Desafíos y contradicciones del "Estado moderno" en el orden mundial liberal
Challenges and contradiction of the "modern state" in the liberal world order
Daniel Ramiro Pardo Calderón*
* Máster en relaciones internacionales y estudios africanos. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid (España). Investigador de la Fundación Ideas para la Paz (Colombia). [danielpardocalderon@gmail.com]; [https://orcid.org/0000-0003-4228-6740].
Recibido: 15 de noviembre de 2019 / Modificado: 18 de junio de 2020 / Aceptado: 23 de junio de 2020
Para citar este artículo:
Pardo Calderón, D. R. (2021). Desafíos y contradicciones del "Estado moderno" en el orden mundial liberal. OASIS, 33, pp. 29-48. DOI: https://doi.org/10.18601/16577558.n33.04
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RESUMEN
El orden mundial liberal que lidera Estados Unidos desde el fin de la guerra fría está basado en un estándar de civilización que contempla dentro de sus requisitos la protección, promoción y difusión del modelo del Estado moderno: soberano, independiente, democrático, respetuoso de las libertades y derechos fundamentales, capitalista y globalizado. Con el fin de garantizar la preservación del orden liberal, Estados Unidos y sus aliados adelantan desde hace más de tres décadas acciones diplomáticas, políticas, sociales, económicas y culturales en defensa del cumplimiento de dicho modelo de estatalidad. Sin embargo, estos esfuerzos paradójicamente lejos de contribuir a la consolidación del Estado moderno, indirectamente han terminado socavando sus principios fundamentales, comprometiendo el estándar de civilización y, en consecuencia, la estabilidad y perdurabilidad del propio orden liberal que pretenden salvaguardar.
Palabras clave: Estado, orden mundial, estándar de civilización, Estados Unidos.
ABSTRACT
The liberal world order that the United States has led since the end of the Cold War is based on a standard of civilization that includes within its requirements the protection, promotion and dissemination of the modern state model: sovereign, independent, democratic, respectful of freedoms and fundamental, capitalist and globalized rights. In order to guarantee the preservation of the liberal order, the United States and its allies have been carrying out diplomatic, political, social, economic and cultural actions for more than three decades in defense of compliance with this model of statehood. However, these efforts, paradoxically far from contributing to the consolidation of the modern state, have indirectly ended up undermining its fundamental principies, compromising the standard of civilization, and consequently the stability and durability of the liberal order itself that they seek to safeguard.
Keywords: Modern state, world order, standard of civilization, United States.
INTRODUCCIÓN
El Estado es el principal actor de la política internacional y por eso la unidad básica de análisis de las teorías y enfoques predominantes en la disciplina de las relaciones internacionales. Hasta hace poco esto se asumía a priori al analizar la realidad mundial sin indagar mucho sobre la naturaleza y esencia misma del Estado. Sin embargo, con el transcurrir de los acontecimientos en la escena global, en los que el Estado ha sido el más visible protagonista, y ante los giros ontológicos y epistemológicos que ha experimentado la disciplina, se ha vuelto más común encontrar debates y análisis en los que se aborda el origen, funcionamiento y evolución del Estado, y especialmente el impacto que esto tiene dentro del orden mundial.
Entender el mundo de hoy sin comprender el Estado es imposible. Aunque la realidad internacional la conforman varios actores, el comportamiento del Estado determina, en gran medida su configuración, de ahí que cualquier análisis del acontecer mundial conduce a la revisión de la esencia y funcionamiento del Estado. En parte podría decirse que existe una relación de dependencia a nivel teórico y empírico entre el Estado como ente propiciador y el mundo internacional como expresión de su funcionamiento, por lo que entender el orden mundial significa comprender lo que lo origina, lo que lo crea y le da su identidad. En consecuencia, cualquier cambio o ruptura en las bases de ese modelo organizativo de la vida política y social puede generar desbalances que automáticamente harán que se altere el orden establecido.
Bajo esta perspectiva, este ensayo plantea que los esfuerzos hechos, desde hace décadas por parte de Estados Unidos y sus aliados para garantizar la prevalencia a toda costa de dicho orden por medio de la difusión y el mantenimiento del "estándar de estatalidad moderno y occidental", contradicen los principios y atributos del propio modelo de Estado que se busca defender, con lo cual la estabilidad y sostenibilidad misma del sistema a largo plazo puede verse comprometida.
Ahora bien, el objetivo, más allá de hacer una disertación filosófica acerca de la naturaleza del Estado, o de proponer un enfoque o teoría para comprender su funcionamiento o su comportamiento en el contexto internacional, consiste en revisar algunos de los principales problemas y desafíos que actualmente acaparan la atención en las discusiones acerca del presente y futuro del Estado como referente organizativo y de cómo esto genera cambios y puede llegar a incidir en la configuración del orden internacional.
El documento se divide en dos secciones cada una con dos sub acápites. La primera sección se refiere al modelo de Estado moderno como fundamento del orden mundial liberal actual. En el primer sub acápite se abordan sus principales características, atributos y funciones, así como los principales desafíos que enfrenta y que han llevado a plantear que su supuesto incumplimiento en determinadas regiones como África o América Latina supone un "fallo" o un "colapso" que debe "corregirse". En el segundo sub acápite, se revisa la instrumentalización de la idea de los conflictos armados internos uno de los efectos de dichos fallos en el modelo de Estado para la justificación de la acción internacional.
La segunda sección se refiere a los mecanismos de intervención empleados por la comunidad internacional para "corregir" los fallos que impiden el cumplimiento del estándar de estatalidad y sus contradicciones inherentes. El primer sub acápite de esta sección aborda el papel de las organizaciones internacionales en este proceso, concretamente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como ente regulador del orden liberal. Mientras que el segundo acápite enfatiza en los efectos de la aplicación de la agenda de la llamada "paz liberal" en la "construcción/reconstrucción" del modelo de Estado moderno. Finalmente, se presentan unas reflexiones generales.
1. EL ESTADO MODERNO EN EL ORDEN MUNDIAL LIBERAL
Aunque hablar del "Estado moderno" de entrada es problemático porque aún hay discusiones en torno a los alcances de su significado y la viabilidad y conveniencia de su uso, existe relativo consenso entre un amplio sector de académicos, teóricos y analistas de que su origen se remonta a 1648 con los acuerdos de paz de Westfalia que pusieron fin a las llamadas guerras religiosas de los treinta años en Europa (Jackson, Sorensen & Moller, 2019, pp. 18-20). Sin hacer un análisis histórico del evento, cabe señalar que este acontecimiento es visto generalmente como el punto de quiebre que dio paso a la "modernidad": una nueva era cuyos primeros rasgos distintivos se expresaron justamente a través de la noción del "Estado" como nueva forma de organización política, social y económica (Jackson, Sorensen & Moller, 2019, p. 12).
Desde entonces el Estado fue y ha sido el modelo bajo el cual se rige la vida de los pueblos y probablemente seguirá siendo así durante mucho tiempo. Aunque eso no significa que no pueda cambiar o que tal vez no vaya a desaparecer para ser reemplazado por otras formas organizativas, dando lugar a un nuevo estándar u orden. Lo que si es un hecho es que el Estado está en constante progreso y movimiento en su estructura y sus funciones (Milliken & Krause, 2002, pp. 753-754; Jackson, Sorensen & Moller, 2019, p. 27).
En efecto, lo que conocemos hoy como Estado moderno es el resultado de un largo y complejo proceso histórico de evolución en el que ha venido dotándose de unas características particulares en lo político, social y normativo hasta llegar a lo que vemos y experimentamos actualmente. Se suele afirmar que, como resultado de dicho proceso, la esencia del Estado moderno está dada estructuralmente porque es una unidad soberana con control sobre un territorio y una población (mitología estatal) y funcionalmente porque le corresponde proveer a sus asociados como mínimo seguridad, representación y bienestar (Clapham, 2002, p. 777; Milliken & Krause, 2002, p. 753). Hoy el mundo está dividido en cerca de 200 países, cada uno con sus propias particularidades desde el punto de vista territorial, político, social, económico y cultural. Pero al margen de esas diferencias todos, sin excepción, están conformados como Estados en sentido estructural y funcional y como tal hacen parte del sistema internacional de Estados (Jackson, Sorensen & Moller, 2019, pp. 22-23).
Cualquier figura distinta, por ahora, no es reconocida por los que sí son Estados modernos y en esa medida no hacen parte del sistema. Y es allí donde radica su vital importancia a la luz de la estabilidad del orden mundial. Así, entonces, podría señalarse que el Estado moderno: soberano, delimitado territorialmente por fronteras, con una población y un aparato burocrático que representa los intereses de los ciudadanos y se encarga de proveerlos de bienes y servicios básicos para su subsistencia como nación, desde 1648 ha sido el referente, el modelo, el estándar de organización de la realidad internacional por excelencia.
1.1. Incumplimiento del "estándar de estatalidad" como ¿amenaza?
Considerando lo anterior habría consenso frente a la existencia de un "estándar de estatalidad"; una forma ideal, efectiva y apropiada de organizar la vida política y social que ordena la realidad internacional (Clapham, 2002, p. 778; Milliken & Krause, 2002, pp. 755-75 6). En los términos de Boege et al. (2008), el Estado cumple una "función interna" de establecer un orden interno y una "función externa" de servir como unidad básica para el sistema internacional. De acuerdo con Jackson, Sorensen & Moller (2019) a nivel externo, a su vez, el Estado tiene dos dimensiones: como institución formal que es independiente o soberano y que es reconocida como tal por los demás, y que posee derechos y obligaciones a la luz del derecho internacional ("estatalidad jurídica"). Y como institución política eficiente; aparato económico sólido y unidad nacional compacta ("estatalidad empírica").
De hecho, el orden liberal que emergió en la década de los noventa con el fin de la guerra fría, se basa, entre otras cosas, en esta premisa y de hecho el estándar civilizatorio que lo fundamenta incluye, como criterio definitorio y de condicionalidad de acceso y consecución del "progreso" y la "modernidad", precisamente el cumplimiento del modelo de Estado descrito, en particular un tipo de Estado caracterizado por ser democrático, capitalista e inmerso en las redes de interconexión global a nivel económico, comercial y cultural (Hobson, 2008, pp. 83-85; Buzan, 2014, p. 585). En otras palabras, la existencia y el funcionamiento del orden liberal vigente depende, en gran medida, del Estado moderno -dotado de estatalidad jurídica y empírica- y por esa razón la estabilidad y sostenibilidad de dicho orden se supedita, en parte, a la prevalencia del estándar de estatalidad sobre el cual descansa (Jackson, Sorensen & Moller, 2019, pp. 25-27).
Sin embargo, su cumplimiento en el llamado "tercer mundo" se ha visto comprometido porque allí el proceso de formación del Estado se ha conducido entre incongruencias y obstáculos que impiden una fuerte estatalidad empírica (Jackson, Sorensen & Moller, 2019, p. 26). Estos problemas pueden entenderse a la luz de dos ideas. La primera, entraña dos aspectos: por un lado, el alto costo que implica crear y sostener este tipo de forma organizativa y, por otro, el hecho de que no en todas partes el proceso de formación del Estado moderno ha sido natural y autónomo ya que en muchos casos ha sido inducido o impuesto. Y la segunda, está relacionada con el impacto que otras dinámicas configurativas del mismo orden mundial liberal (por ejemplo, la globalización) han tenido sobre la esencia del modelo estatal moderno.
En relación con la primera idea, se ha advertido que con la consolidación del estándar de estatalidad por su aparente eficacia a la hora de controlar, proteger y abastecer a las sociedades frente a otras formas de orden social, político y económico, se ha asumido que la única y mejor forma de dividir el mundo y darle un sentido como estructura es a través de Estados soberanos y que, por lo tanto, es necesaria su universalización, sin tener en cuenta que no en todas partes existen las condiciones necesarias y suficientes para la construcción de ese modelo organizativo (Clapham, 2002, pp. 777-778).
Lo anterior debe considerarse, en primer lugar, porque no siempre están disponibles los recursos económicos para financiar el funcionamiento de la súper estructura burocrática de poder que en el Estado moderno se encarga de gobernar y, a su vez, de proveer los bienes y servicios a la población, cuyo costo puede ser muy alto en función de múltiples factores como el tipo de sistema de gobierno, el tamaño del territorio y de la población (Clapham, 2002, p. 779).
Y en segundo lugar, porque el funcionamiento de esa súper estructura demanda altos niveles de capital social, los cuales son difíciles de alcanzar dado que no todas las sociedades están cultural ni psicológicamente preparadas para renunciar al interés particular por servir al bienestar general y, en ese sentido, para servir dentro de la administración pública, ni tampoco obedecer ni ser reguladas por dichas estructuras de autoridad; ya sea porque son incompatibles con sus creencias y tradiciones o porque no estaban acostumbradas ya que vivían bajo otras formas de organización (Clapham, 2002, 779).
De acuerdo con Milliken & Krause (2002), estas dos dificultades han sido particularmente evidentes en países de América Latina, de Asia y, en especial, en la mayoría de las ex colonias africanas. Allí, a pesar de la salida de las metrópolis, se heredaron muchas estructuras administrativas de autoridad coloniales -caracterizadas por ser altamente clientelares, corruptas y represivas con todo y lo que eso conlleva en términos de legitimidad y bienestar- o donde estas mismas lo impusieron como una forma de seguir manteniendo cierto tipo de control, dando lugar a "pseudo-Estados" o "cuasi- Estados". Además, como lo señalan Boege et al. (2008), el modelo de Estado se "suministró como si fuera algo terminado en territorios sin tradiciones de gobierno unitario ni identificación nacional por lo que no estaban realmente preparados para el proyecto estatal occidental".
Estas dificultades llevan a la segunda idea, asociada a la inserción en el sistema global actual como rasgo definitorio del estándar de estatalidad en el marco del orden liberal actual. De acuerdo con Buzan (2014), uno de los criterios de condicionalidad de acceso al nuevo estándar civilizatorio tiene que ver con la adopción de sistemas económicos y sociales que se conecten con las redes globales de intercambio que actualmente existen. Esto significa que un Estado moderno lo es en tanto haga parte del orden mundial liberal y su pertenencia exige como requisito fundamental que cuente con la capacidad para participar activamente de la "globalización" económica y cultural (Clapham, 2002, pp. 779-782).
El problema es que estos procesos implican una serie de condiciones (costos sobre todo económicos y sociales), que muchos Estados en proceso de formación no satisfacen, lo que dificulta aún más que puedan alcanzar el estándar de estatalidad y, en consecuencia, el estándar civilizatorio. La configuración de esas redes de interconexión favorece la aparición de diversos fenómenos y procesos políticos, sociales y económicos como el terrorismo trasnacional, el crimen organizado, los conflictos armados y los flujos migratorios, que afectan la construcción del Estado, su soberanía e integridad territorial, así como su seguridad y capacidad para brindar protección, representación y suministrar bienestar (Clapham, 2002, pp. 786-792). Es decir, compromete sus funciones básicas en virtud del modelo de Estado moderno, dificultando el cumplimiento de ese mismo estándar de estatalidad y de paso del estándar civilizatorio, que a su vez da acceso al orden liberal de modernidad y progreso.
A esto se suma que la globalización, entendida como proceso empírico de interconexión, a través, por ejemplo, de la integración regional, supone relativizar principios básicos de estatalidad como la soberanía al promover la eliminación de barreras políticas y legales para garantizar la liberalización económica, la libre movilidad de capitales, bienes, servicios, personas y comunicaciones, y además implica contar con un aparato productivo lo suficientemente competitivo como para poder obtener ganancias de ese intercambio que sean trasladables a la población por medio de mejores condiciones de subsistencia (Clapham, 2002, pp. 792-794).
Las dificultades descritas arriba develan una gran contradicción: el orden mundial liberal descansa en gran medida sobre la conservación y perdurabilidad del estándar del Estado moderno, pero las características básicas de ese modelo no son fáciles de satisfacer por lo que no siempre se puede cumplir y si no se cumple entonces la estabilidad y sostenibilidad de ese orden no puede estar garantizada alargo plazo. De hecho, es un estándar que solo cumplen plenamente un minúsculo grupos de Estados (Boege et al., 2008, p. 3). Es importante tener en cuenta esto porque es a partir de las supuestas consecuencias prácticas derivadas del incumplimiento que se han construido las narrativas de los llamados "Estados fallidos" o "Estados colapsados", las cuales a su vez han guiado las decisiones y políticas por demás anacrónicas de la comunidad internacional para salvaguardar el orden mundial liberal.
Según la narrativa de Estados Unidos y sus aliados europeos no cumplir efectivamente conlleva el riesgo de desestabilizar el sistema del cual se benefician y, por lo tanto, se considera que esos "pseudo-Estados" o "cuasi-Estados" son una anomalía o una desviación que amenaza la prevalencia del orden y que debe ser corregida a través de medidas encaminadas a "construir Estado moderno". En palabras de Boege et al. (2008) "los gobiernos de los Estados más desarrollados presentan a los "Estados frágiles" como un desafío para sus políticas de desarrollo y seguridad". O como lo expresan Milliken y Krause (2002) "son una potencial fuente de inseguridades tanto para sus poblaciones como para los Estados que componen el núcleo de la sociedad internacional y un fenómeno que amenaza y socaba el orden mundial". Incluso los llamados "Estados fallidos y colapsados" se perciben como una potencial amenaza para la estabilidad misma del sistema de Estados (Raeymaekers, 2005, p. 2).
Sin embargo, el hecho de que no cumplan con un estándar que -como se vio- está diseñado al parecer para que solo sus precursores puedan cumplirlo, lleva a pensar que no alcanzarlo en realidad no significa que deban ser considerados como "Estados fallidos o colapsados". Desde un enfoque posestructuralista, y de los estudios críticos de seguridad, estas parecen más etiquetas creadas para "securitizar" dinámicas políticas y sociales que permitan justificar accio nes tendientes a satisfacer intereses nacionales específicos, bajo la excusa de la preservación de un orden concreto del cual solo unos pocos se benefician.
En ese sentido, es necesario reconceptualizar la construcción del Estado, abandonando categorías desde visiones estatocéntricas que solo distorsionan la realidad y reconocer que el Estado es una entre diversas formas de organización social y política, que pueden incluir opciones basadas en costumbres y tradiciones autóctonas y procesos históricos locales que no son incompatibles sino que pueden coexistir (Boege et al., 2008, pp. 7-11). Se debe transformar la narrativa hegemónica que se ha impuesto sobre los "Estados fallidos y colapsados" ya que se basa en una interpretación unidireccional de la modernidad que no tienen en cuenta los procesos históricos y empíricos, los cuales, en muchos casos, demuestran la coexistencia de la modernidad y la tradición en los estilos de vida de muchas sociedades, y entender los cambios como parte de un proceso histórico de disputas entre diferentes fuerzas sociales por intentar ejercer control sobre la sociedad (Raeymaekers, 2005, pp. 6-7).
1.2. Las nuevas guerras: efectos de la inacción y causa de la acción
A pesar de los llamados que se hagan para reenfocar la comprensión de la construcción del Estado, ante las claras paradojas que entraña y los efectos que genera la concepción generalmente aceptada, lo cierto es que el proceso se ha conducido y, con seguridad, seguirá desarrollándose bajo el discurso de los "Estados fallidos y colapsados", ya que es la única forma que los garantes del modelo tienen para legitimar la defensa de orden que propugnan, aunque irónicamente también puede ser la forma de socavarlo aún más.
Como se señaló antes, uno de los principales argumentos esgrimidos por los defensores de la preservación del estándar de estatalidad occidental, tiene como eje la seguridad y plantea que los Estados "fallan" o "colapsan" porque no cumplen las funciones que están llamados a desempeñar en virtud de lo que dicta dicho modelo. Y también porque al ser incapaces de hacerlo generan unas condiciones que resultan ser favorables para el surgimiento de conflictos armados y otros fenómenos que terminan agudizando sus supuestas condiciones de fragilidad y debilidad interna, truncando así la posibilidad de su consolidación como Estado bajo ese esquema y convirtiéndolos en una "amenaza" para el statu quo mundial.
En ese sentido, existe una estrecha relación entre la narrativa de la fragilidad estatal, en tanto anomalía del estándar occidental, y la narrativa de las "nuevas guerras", categoría en la que son comúnmente agrupados los conflictos que surgieron con posterioridad al fin de la guerra fría. Según Mary Kaldor (1999, pp. 1-12), este tipo de conflictos, a diferencia de sus predecesores, se originan por motivaciones económicas más que políticas, son locales y al tiempo transnacionales, y han fomentado una economía de guerra.
Llama la atención de la descripción de estas guerra el énfasis hecho en la necesidad de comprenderlas en el contexto de la globalización económica y política, un proceso que ha sido promovido como un criterio de pertenencia al orden internacional imperante, y que, paradójicamente, ha sido un obstáculo en el proceso de formación del modelo de Estado que se propugna en el marco de ese orden mundial. Esto se comprende mejor a partir del rol que este proceso juega en el origen y prolongación de las "nuevas guerras", al favorecer la obtención de ingresos y rentas por parte de los actores armados para financiar sus esfuerzos bélicos a través de la desregulación y liberalización de los mercados que, a su vez, crean las redes comerciales transfronterizas de materias primas (Arnson & Zartman, 2006, p. 130).
Por lo anterior, una vez más salta a la vista la contradicción del discurso del estándar de estatalidad como condición necesaria para garantizar el orden liberal, pues aunque sea parte de un Estado que es completamente moderno, en la medida en que participe activamente de la globalización, su inserción en contextos donde no están dadas otras condiciones necesarias para captar los réditos que esto en principio supone, genera consecuencias inesperadas al ser también un factor facilitador de tensiones sociales y de conflictos, los cuales, en ese mismo contexto de globalización, adquieren un alcance transnacional que los convierte en una amenaza para el sistema en su conjunto.
Además, es preciso señalar la importancia que esta narrativa da a la dimensión económica de los conflictos, la cual encuentra gran parte de su sustento en las responsabilidades que tienen los Estados -bajo el modelo occidental-, en términos de gobernanza política y económica (Ballentine & Sherman, 2003, p. 3). Es decir, en la medida en que un Estado no pueda o no quiera1 atender las expectativas de sus ciudadanos, proveyéndolos de seguridad y distribuyendo equitativamente sus recursos entre la población, habrá un quiebre de gobernanza y de legitimidad que generará una sensación de privación, de descontento e inconformismo social que se traducirá posiblemente en sublevaciones armadas (Arnson & Zartman, 2006, pp. 130, 136).
Al igual que como ha ocurrido con la seguridad, la defensa del estándar de estatalidad, y de la construcción de Estado bajo esos parámetros, ha encontrado una base argumentativa importante en la idea del desarrollo, concretamente de la ausencia de desarrollo o del "subdesarrollo" como amenaza. Si un Estado es incapaz de movilizar sus recursos para la generación de bienestar a su población, no puede producir desarrollo entendido este bajo la lógica teleológica de progreso, civilidad y modernidad, sobre la cual se basa el modelo estatal liberal. Y esa condición de "subdesarrollo" entonces crea unas condiciones de pobreza, desigualdad, opresión, que se canalizan a través del inconformismo social y en el peor de los casos de conflictos, impidiendo cualquier intento por construir o fortalecer instituciones y creando un riesgo para la comunidad internacional (Duffield, 2004, pp. 168-161).
Si bien estos relatos pueden parecer, en cierta medida, cuestionables, no se puede desconocer que la interpretación predominante de las nuevas guerras encaja bastante bien en el discurso del fallo o el colapso estatal en la medida en que, ciertamente, estas confrontaciones, en muchos casos, constituyen la expresión de las carencias, ausencia e incapacidades institucionales (en regiones como África), para cumplir las responsabilidades que les corresponden conforme al estándar establecido. Sin embargo, tampoco es correcto afirmar que las nuevas guerras, en tanto manifestación de fragilidad, son procesos estáticos. De hecho, si no lo son entonces también sería válido pensar que la fragilidad institucional que, en apariencia, las soporta no es algo que se mantiene incólume en el tiempo sino que también puede cambiar para bien o para mal, condicionando los efectos que hacen que se agudice o cese la violencia.
En ese orden de ideas, contrario a lo que comúnmente se cree, los conflictos armados internos, guerras civiles o guerras nuevas no son eternas sino que pueden mutar y de hecho han venido haciéndolo en regiones como África subsahariana donde las confrontaciones han empezado a marcar una tendencia descendente en términos de riesgo de ocurrencia, frecuencia e intensidad (Straus, 2012, p. 182).
Ahora bien, esto no quiere decir que no haya conflictos, que estos vayan a superarse completamente en el corto o mediano plazo, o que no sigan representando tanto un efecto de la inacción del Estado como un factor de desestabilización. Lo que significa es que las nuevas guerras están mutando y que cada vez es menos frecuente encontrar -al menos en regiones como África- ejemplos de conflictos a gran escala que respondan exclusivamente a las características descritas, en especial en lo que respecta a su relación con las motivaciones económicas derivadas de vacíos institucionales en la provisión de bienes y servicios a la población.
Lo que viene mostrando la realidad es que una parte importante de esos conflictos ahora se relaciona más con cuestiones que tienen que ver con cambios institucionales que han tenido lugar dentro de algunos Estados y que podrían dar cuenta de procesos más amplios de transformación que distan de las lógicas de anomalía y ruptura como tradicionalmente se ha hecho creer. Un ejemplo de esto es la violencia electoral provocada por cambios de regímenes de partido único a sistemas multipartidistas (Straus, 2012, pp. 193-194).
2. INTERVENCIÓN CORRECTIVA: CONTRADICCIONES Y EFECTOS
Con todo y las contradicciones que entrañan las narrativas acerca del supuesto peligro que para el orden liberal representan los Estados "fallidos" y "colapsados", y a pesar de los cambios en la naturaleza de los conflictos que se derivan de esa fragilidad institucional, lo que sigue predominando es una lógica securitizadora según la cual todo aquello que incumpla, o vaya en contra de los parámetros formales que rige y regula a las sociedades "modernas", es una amenaza y debe ser combatido e intervenido para ser reformado y así garantizar la estabilidad y sostenibilidad del sistema.
Sin embargo, la cuestión de fondo que se busca resaltar aquí es que esos esfuerzos por "corregir" las "anomalías" y "desvíos", lejos de propiciar las transformaciones esperadas, indirectamente han contribuido a reforzar algunas de esas dinámicas y, en consecuencia, han terminado por comprometer ese orden que se pretende preservar. En términos coloquiales, el "remedio" presuntamente ideal ha resultado peor que la supuesta "enfermedad".
Además de los regímenes internacionales, uno de los principales "remedios" empleados por la comunidad internacional para enfrentar los retos que para el orden mundial liberal plantean los "Estados frágiles" son las organizaciones internacionales. Al respecto cabe señalar que si bien una parte importante de la arquitectura institucional internacional vigente se originó con anterioridad a la caída del muro de Berlín, en realidad fue con el ascenso de Estados Unidos como única súper potencia que logró consolidar su vocación liberal. Organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la ONU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán), entre otras, son la materialización de un proyecto liberal que desde mediados del siglo XX veía en la cooperación y el respeto y protección de los derechos humanos la vía para no repetir la devastadora historia de las guerras mundiales, y así lograr la justicia, el desarrollo, el progreso y la máxima aspiración de la paz mundial (Barnett & Finnemore, 2005, pp. 165-170).
El "triunfo" de Estados Unidos en esa carrera estratégica por el poder global, y su intención de crear un orden basado en los principios y valores liberales, propició una ventana de oportunidad para que esas estructuras organizativas de corte liberal pudieran avanzar, expandirse y consolidarse. De hecho, como es bien sabido, a partir de ese momento se produce una proliferación de instituciones y organizaciones internacionales como nunca antes. Mientras tanto, el nuevo hegemón establecía un marco procedimental y operativo de la realidad internacional en el que este grupo de organizaciones jugaría un papel preponderante como plataforma de difusión y consolidación del estándar civilizatorio occidental, globalista y capitalista dentro del que el modelo del Estado moderno jugaría un papel fundamental.
2.1. El doble rol de las organizaciones internacionales en el orden mundial liberal
De acuerdo con lo anterior, el andamiaje institucional internacional jueg un doble rol que es importante considerar para entender su alcance e impacto dentro de la construcción del Estado moderno. Por un lado, al tener una naturaleza eminentemente liberal es, en gran parte, responsable del surgimiento y consolidación del orden mundial actual. Esto significa que las organizaciones internacionales encarnan los principios y valores liberales por excelencia como lo son el progreso, la modernidad, la justicia, la paz, el desarrollo, la libertad, la autonomía, la democracia y el capitalismo. Por otro lado, las organizaciones internacionales son reguladoras y defensoras de ese orden liberal, lo que quiere decir que están diseñadas y funcionan para hacer valer y respetar dichos valores, y para preservar y garantizar la perdurabilidad del estándar civilizatorio que da acceso al sistema.
Dentro de este gran aparato institucional, uno de los ejemplos emblemáticos y más claros de esta doble función en el marco del orden mundial liberal fue la Liga de las Naciones, creada luego de la primera guerra mundial, más tarde la ONU, instituida después de la segunda guerra mundial. Su creación -en ambos casos- respondió justamente al proyecto liberal de impedir una nueva confrontación armada a gran escala, promover la cooperación entre las naciones y, de esa manera, lograr la paz y la seguridad mundial. Fueron organizaciones internacionales diseñadas cada una en su respectivo contexto para "producir un mundo más liberal" (Barnett & Finnemore, 2005, p. 166).
En cumplimiento de sus deberes, como precursora y garante de ese orden mundial liberal, la ONU ha venido desempeñando un activo rol como máxima instancia de deliberación y de decisión a nivel multilateral, llevando a cabo diferentes acciones y adoptando medidas orientadas a salvaguardar los principios y valores liberales; creando normas, principios y procedimientos para la toma de decisiones que ayuden a regir el comportamiento de los Estados (regímenes internacionales)2. Pero, sin duda, uno de los ámbitos en los que la ONU ha tenido mayor participación e influencia es el que tiene que ver con la capitalización de la transición desde la era de los imperios a la era de los Estados soberanos; concretamente su papel en la construcción y concreción del modelo de Estado moderno.
Así quedó demostrado durante la guerra fría a través de su intervención en el proceso de descolonización en África y Asia, bajo la idea de la autonomía y la autodeterminación que resultó en la aparición de un grupo de nuevos Estados, bajo el estándar de modernidad en los términos señalados en la primera parte de este documento. Y más recientemente, desde la década de los noventa, de su papel en las labores de "rescate" en los llamados Estados "fallidos" y "colapsados", en particular en África, Asia y América Latina, por medio de la difusión de los principios y valores liberales, y en esa línea de la creación de las condiciones necesarias para que cumplan con los parámetros estructurales y funcionales del estándar de estatalidad liberal (Barnett & Finnemore, 2005, p. 167).
Sin embargo, la intervención de la ONU así como de las demás organizaciones internacionales con competencias dentro del proceso de "corrección" (Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, etc.) para la instauración del Estado moderno liberal, no ha estado exenta de dificultades. De hecho, ha estado llena de contradicciones que han generado un efecto adverso porque, en la aplicación de los principios y valores liberales a los que se supone que debe responder la estructura y funcionamiento de los Estados "débiles", se terminan generando tensiones que llevan a que empeoren las condiciones que propician las llamadas fallas y el colapso institucional en lugar de corregirlo.
Una de las primeras y más visibles contradicciones es la derogación de la soberanía estatal. La mayoría de las intervenciones llevadas a cabo por la ONU desde el fin de la guerra fría con el objetivo de "salvar" a los Estados frágiles en nombre de la defensa del orden liberal, han implicado la relativización de regímenes internacionales creados por los mismos promotores liberales como una forma de garantizar la estabilidad del orden mundial, a través de la reinterpretación o desconocimiento de principios fundamentales como el de igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados o la proscripción del uso de la fuerza en contra de otros Estados (Dodge, 2013, p. 1192). Irónicamente estos mismos principios son los que se buscan implantar por medio de estas intervenciones porque son los que soportan el modelo de estatalidad "ideal y más efectivo" para guardar el orden. Desde un enfoque realista sería entonces posible deducir que las normas internacionales no son más que instrumentos creados por los Estados más poderosos para cumplirlas o incumplidas, al vaivén de los acontecimientos y en función de lo que les convenga, según sean sus intereses y el contexto en el que se desenvuelven.
Igualmente, según Barnett y Finnemore (2005) algunas de estas contradicciones incluyen, por ejemplo, las desigualdades en la distribución de las riquezas generadas por el establecimiento de políticas de desregulación y liberalización de la economía, lo que a su vez impide el goce efectivo de los derechos humanos fundamentales de muchas personas al interior de esos Estados. También el riesgo que supone la celebración de elecciones democráticas, de que puedan ser elegidos candidatos con agendas políticas contrarias a los manuales liberales; o también el efecto al interior de estos Estados que tiene la aplicación del capitalismo de libre mercado ya que compromete la autonomía estatal, en concreto el principio de libre determinación al imponerse desde afuera las normas y reglas que deben guiar el destino económico de las naciones, para que se ajusten a la globalización económica.
En esta misma línea, Raeymaekers (2005) advierte que algunas medidas como los programas de ajuste estructural (PAE), las políticas de privatización de la economía, la asistencia humanitaria, la cooperación técnica para el desarrollo, entre otras, lejos de generar transformaciones que permitan alcanzar los requisitos del estándar de estatalidad, han contribuido en parte a acelerar el deterioro de las instituciones y han incluso aumentado el riesgo de ocurrencia o la prolongación de conflictos en algunos de estos Estados. Lo anterior se debe a que estas acciones terminan siendo aprovechadas e instrumentalizadas, bajo lógicas de extroversión, por los regímenes locales a favor de sus propios intereses particulares, o porque el desconocimiento de las realidades locales conduce a la creación de aparatos institucionales paralelos de provisión de bienes y servicios con claros desbalances demográficos y geográficos.
Volviendo a la primera sección de este documento, las mencionadas inconsistencias y contradicciones entre la intensión de intervenir a través de las organizaciones internacionales para "corregir" las anomalías y fallos estructurales y funcionales, y los resultados conseguidos en la preservación del orden mundial, en cierta medida se explican por la prevalencia de las narrativas en torno al supuesto fallo y el colapso de los Estados como manifestación del incumplimiento del estándar de estatalidad que rige el orden mundial liberal, y de la idea de que la construcción del Estado moderno necesariamente pasa por llenar los supuestos vacíos de poder y autoridad existentes, y suministrar los bienes y servicios que las élites locales no han sido capaces de brindar de manera autónoma.
Como se vio, esta versión no siempre es fiel con la realidad porque el hecho de que en algunos lugares no se cumpla con los atributos y características de ese modelo de estatalidad moderna no es sinónimo de fracaso político o de colapso de la sociedad que la lleva a quedar supuestamente sumida en el "barbarismo", el conflicto y el atraso (Raeymaekers, 2005, p. 5; Duffield, 2004, pp. 149-154). El problema es que la acción de las organizaciones internacionales como la ONU se ha guiado por este discurso ambiguo y securitizador, y es por eso que su impacto ha sido, en muchos casos, limitado y hasta contraproducente para el proceso mismo de formación institucional de los Estados donde intervienen.
De acuerdo con Michael Barnett y Martha Finnemore (2005), las organizaciones internacionales pueden ser autónomas e independientes porque, a pesar de que son creadas por Estados, estos no siempre intervienen en la ejecución de sus mandatos ya que son las burocracias que las componen las que tienen la experticia para hacerlo. Además, pueden tener autoridad al defender y promover los principios y valores liberales, lo cual a la luz de lo planteado en este análisis las convierte en referentes morales dentro del orden mundial imperante que es eminentemente liberal. A esto se suma que pueden tener recursos materiales como dinero o armas e inmateriales como normas y reglas, lo que les confiere una gran maniobrabilidad al momento de interpretar realidades, priorizar temas, definir problemas y formular soluciones, todo lo cual les confiere a su vez un gran poder para guiar en una u otra dirección el comportamiento de los Estados y, en consecuencia, el orden establecido.
Esta visión socio constructivista puede ser válida a la luz del alcance e impacto que puede llegar a tener el accionar de organizaciones como la ONU en la definición de la identidad y los intereses de los Estados; tanto de aquellos que impulsan intervenciones a favor de la preservación del orden mundial como de aquellos que son objeto de esas operaciones, especialmente en ámbitos concretos como la construcción del Estado. Sin embargo, no se puede subestimar el hecho de que organizaciones internacionales como la ONU finalmente son creadas por Estados, muchas veces, como mecanismos de gobernanza global y de regulación del orden internacional, o también como instancias encargadas de desempeñar funciones cruciales como la provisión de bienes, la recolección de información, el establecimiento de compromisos y el monitoreo de acuerdos.
En ese sentido, dada su esencia eminentemente liberal y el enorme peso que la ONU ha tenido en la difusión y propagación de los principios y valores liberales que rigen el actual orden mundial entonces también sería válido, desde un enfoque realista, pensar que ha sido y es un instrumento al servicio de los intereses de los Estados que propenden por protección y preservación de dicho orden mundial y por extrapolación del estándar de estatalidad sobre el cual se rige.
Ahora bien, en el caso de la ONU, en lo que respecta a su poder, autoridad y legitimidad, si se le analiza desde la perspectiva constructivista, lo que se aprecia es que desde hace varias décadas la imagen de la organización viene deteriorándose, entre otras cosas, por las consecuencias negativas que han generado muchas de sus decisiones, acciones o "inacciones", sobre todo en cuestiones atenientes precisamente a las intervenciones por medio de las cuales ha buscado ejercer su influencia o poder en la resolución del problema de los llamados Estados "fallidos" y "colapsados", siendo el papel del Consejo de Seguridad uno de los aspectos que más ha recibido cuestionamiemos y críticas.
Si de autonomía y legitimidad se trata, lo que ocurre con el Consejo de Seguridad es un claro ejemplo de que las organizaciones internacionales no siempre actúan al margen de los intereses de los Estados que las crean, como se cree desde el constructivismo. Como es bien sabido este órgano está compuesto por quince miembros, diez no permanentes y cinco permanentes con derecho a veto, de los cuales tres encaran la esencia pura del proyecto liberal: Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El hecho de que las decisiones en materia de paz y seguridad internacional dependan de un número reducido de países, plantea una seria dificultad para entender su verdadera legitimidad en términos de representatividad.
Pero lo que resulta aún más preocupante es que las decisiones en temas sensibles como la guerra y la pacificación no siempre sean producto del consenso sino el resultado de la acción unilateral casi siempre de esos Estados precursores y defensores del orden liberal, movidos por sus intereses particulares asociados por lo general a la protección de esos valores y principios, lo cual igualmente desvirtúa su legitimidad y utilidad.
Así, por ejemplo, en el contexto de la guerra fría, cada vez que Estados Unidos tuvo la oportunidad trató de imponerse sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), ejerciendo su poder unilateralmente dentro del Consejo de Seguridad, haciendo o no uso de su legítimo derecho al veto de acuerdo con sus necesidades e intereses, y también por medio de la activación del sistema de seguridad colectiva ya fuera de manera individual, desplegando todas sus capacidades militares, o de manera colectiva a través de misiones de paz en el caso de Estados azotados por "nuevas guerras" (Kennedy, 2007, pp. 83-86). Ejemplos emblemáticos de lo anterior son las intervenciones en las cuestiones atenientes a las guerras de Corea y Vietnam, así como las crisis del Suez y del Congo entre las décadas del 50 y el 70 (Kennedy, 2007, pp. 88-92).
Asimismo, se destacan algunas actuaciones por parte de Estados Unidos cada vez que vio obstaculizadas sus pretensiones dentro del órgano, ya no haciendo uso del veto, sino esquivando sus obligaciones dentro del mandato y desplegando la retórica del intervencionismo liberal para justificar el uso de la fuerza militar con instrumentos como la Otán en los conflictos de Kosovo, Serbia, Bosnia y Somalia o de ejércitos privados en Nicaragua y más recientemente en Iraq y Afganistán para alcanzar sus objetivos geoestratégicos (Kennedy, 2007, pp. 103-104; Imber, 2006, pp. 330-331; Dodge, 2013, p. 1194).
El fracaso de la mayoría de estas acciones sumado a otros errores derivados de otras decisiones que sí se tomaron concertadamente como el despliegue y/o retiro de misiones de mantenimiento de paz y de intervenciones humanitarias en África y los Balcanes, han restado credibilidad al Consejo en particular y a la organización en general. Esto ha llevado a que desde la década de los noventa un grupo de países, liderado por varias naciones latinoamericanas, asiáticas y africanas, vengan impulsando reformas estructurales que permitan lidiar con los desequilibrios de poder y sus efectos sobre las naciones sin que hasta ahora se hayan logrado avances sustanciales (Imber, 2006, pp. 332-333; Kennedy, 2007, pp. 105-113). Después de todo cualquier enmienda a la Carta constitutiva debe pasar por la aprobación de los miembros del Consejo de Seguridad que tienen el poder de vetar cualquier cambio que afecte sus intereses como el de mantener la estructura bajo la cual pueden seguir instrumentalizando el discurso de la seguridad y la paz liberal.
2.2. La "paz liberal" y la construcción "fallida" del Estado
Al margen de lo que pueda pasar en el futuro con respecto a las reformas del Consejo de Seguridad, un aspecto que merece una atención especial por lo que este organismo ha hecho en el pasado y por su presente, tiene que ver con los efectos que han generado sus actuaciones cuando han sido adoptadas por consenso, específicamente frente a la "construcción del Estado" bajo el estándar liberal, el cual de hecho ha sido eje fundamental de los principales esfuerzos de pacificación de la organización desde el fin de la guerra fría.
Como se vio en la primera sección, bajo la lógica del estándar del Estado moderno, las "nuevas guerras" han sido interpretadas por los promotores del orden mundial liberal como una de las principales manifestaciones de las fallas y colapsos del Estado, es decir, del incumplimiento de las funciones básicas del modelo de estatalidad que rige el sistema. Dado el supuesto peligro que para la estabilidad y preservación del orden mundial representan estas supuestas "anomalías", los defensores de dicho orden han visto en la intervención directa (coercitiva y no coercitiva) en esos Estados "frágiles" la mejor manera de corregir esos "desvíos", haciendo uso de diferentes mecanismos como los regímenes y, especialmente, las organizaciones internacionales dentro de las que ha sobresalido la ONU.
La idea detrás de estas intervenciones, en el caso de la ONU, está recogida en la "Agenda para la Paz" de 1992 del otrora Secretario General Butros Butros-Ghali, o en los términos de Duffield, Paris y otros críticos, en la agenda para la "paz liberal", ya que su objetivo en últimas, además de contemplar medidas orientadas a la prevención de conflictos y el mantenimiento de la paz ("paz negativa"), procura la imposición de la paz y la construcción de la paz durante el posconflicto en aquellos casos extremos de debilidad institucional por medio del abordaje de las causas de los conflictos armados internos que resultaban de esa fragilidad y, en consecuencia, la promoción de los valores y principios liberales, y la creación de las condiciones políticas, sociales y económicas necesarias para que el Estado moderno florezca conforme a los requisitos exigidos por el estándar, evitando la continuación o el resurgimiento de la violencia ("paz positiva") (Duffield, 2004, p. 167; Kennedy, 2007, p. 130; Ruíz, 2013; Chandler, 2017, p. 21; Paris & Sisk, 2011, p. 7; Dodge, 2013, pp. 1194-1195).
En el terreno estas intervenciones han estado a cargo de operaciones de paz autorizadas por el Consejo de Seguridad con mandatos cada vez más amplios, multifuncionales y multidimensionales, con facultades y poderes suficientes para el establecimiento de instituciones democráticas como elecciones, parlamentos, etc., así como la liberalización y desregulación de mercados, la promoción del desarrollo y de los derechos humanos, la asistencia humanitaria y la provisión de seguridad a través del desarme, la desmovilización y reintegración de combatientes y de reformas al sistema de seguridad. En otras palabras, para "construir Estado" en el sentido moderno del término.
En el ejercicio de estas tareas, es preciso reconocer que la intervención de las operaciones de paz de la ONU, en el marco de la Agenda para la Paz, han tenido resultados importantes como lo demuestran a finales de los ochenta y a lo largo de la década de los noventa, los casos de El Salvador, Nicaragua, Suráfrica -con el fin del apartheid-, la independencia de Namibia, Mozambique, Burundi y República Democrática del Congo, entre otros. Allí los esfuerzos de construcción y reconstrucción institucional liberal en la transición del conflicto a la paz fueron relativa o parcialmente exitosos (Kennedy, 2007, pp. 132-133; Paris & Sisk, 2011, pp. 5-6).
Sin embargo, la evidencia histórica muestra que han sido más los fracasos de la organización en su rol como promotora del estándar de estatalidad liberal que los triunfos. Se destacan las intervenciones en Angola, donde la celebración de elecciones fue el detonante para el resurgimiento de la violencia; en Camboya, donde si bien se celebraron elecciones no se adoptaron medidas en contra de los principales responsables del genocidio y a su vez opositores de la paz; o los conocidos desastres de Somalia, donde la falta de consenso y de coordinación llevaron al despliegue de una fallida operación unilateral por parte de Estados Unidos en desmedro de los esfuerzos de la ONU para avanzar en una situación de democracia, justicia y paz, y donde la promoción de incursiones armadas desde Etiopía han exacerbado la situación de inestabilidad a nivel local y regional (Ruiz, 2013; Dias, 2013).
Igualmente, los casos de la ex Yugoslavia y Ruanda, donde no solo no se pudieron evitar dos grandes genocidios sino que incluso indirectamente se contribuyó a su desarrollo, y el caso de Sudán del Sur, donde la construcción de un Estado independiente canalizando apoyos al actor político supuestamente más fuerte, condujo a la reaparición de la violencia y la consecuente ampliación de los agravios de la población (Kennedy, 2007, pp. 134-145; Paris & Sisk, 2011, p. 7).
Asimismo, sobresale el caso de Timor Oriental, donde los intentos de construcción estatal fracasaron de manera contundente, entre otras cosas, porque la intervención de la ONU partió del supuesto de que era posible iniciar este proceso desde cero, lo que llevó a diseñar una intervención que privilegiaba la centralización gubernamental sin considerar las prácticas de gobierno tradicional de la mayoría de la población de las áreas rurales, es decir, desconociendo la existencia de lo que Boege et al,, (2008) denomina "órdenes políticos híbridos" pre existentes. Esto resultó en una total desconexión entre el gobierno y la población que no se sentía identificada como parte de esa nueva forma de organización política, y la generación de tensiones, violencia y un alto grado de inestabilidad.
Igualmente, están los muy conocidos casos de Afganistán e Iraq que tienen la particularidad de ser experiencias atípicas de intervenciones para la construcción de Estado luego de una invasión extranjera y no de una "nueva guerra" propiamente dicha (Paris & Sisk, 2O11, p. 5), aunque a la vez experiencias clásicas de intervención en nombre de la paz liberal. Al igual que como ocurrió en Timor y en la mayoría de los Estados donde se ha intervenido para preservar el orden liberal, en Afganistán e Iraq no se tuvieron en cuenta sus particularidades internas con consecuencias devastadoras, y es allí donde radica una de sus principales falencias legítimamente criticables, más allá de lo que puedan significar en términos de relaciones de poder e intereses hegemónicos ocultos (Chandler, 2017, p. 27).
Aunque no fueron intervenciones directas de la ONU, para efectos de este trabajo resultan especialmente llamativas tres cuestiones de estas experiencias. Por un lado, si bien fueron intervenciones en las que participaron organizaciones internacionales (por ejemplo, la ONU y la Otán), sus acciones fueron lideradas y coordinadas por Estados Unidos: el hegemón, creador, defensor y protector por excelencia del orden mundial liberal. Esto a su vez muestra que por más autonomía, autoridad y legitimidad que una organización internacional tenga -según el enfoque constructivista-, lo cierto es que al final, desde una lógica realista, terminan siendo instrumentos que responden a los intereses de los Estados poderosos, en este caso de un Estado en particular con un objetivo claro: preservar los valores, normas y principios liberales (Dodge, 2013, pp. 1199-1200).
Por otro lado, las intervenciones se basaron en una ampliación del concepto de "Estado fallido" y "colapsado", al incluir el discurso de la promoción del terrorismo internacional como uno de sus rasgos definitorios y también se basaron en una reinterpretación, por parte del hegemón y sus aliados, del principio de soberanía y del uso de la fuerza, al plantear la posibilidad de actuar de manera preventiva, justificando la "violación" de esa soberanía en nombre de la liberación de la población, de la reconstrucción del Estado luego del derrocamiento de sus respectivos regímenes, y de la defensa de la seguridad internacional. Al tiempo estas intervenciones establecieron como nuevo requisito dentro del estándar de estatalidad, y por extensión del estándar de civilización, para pertenecer al orden mundial, la lucha frontal contra el fenómeno del terrorismo trasnacional.
Una cuestión adicional aplicable a casi cualquier otra intervención para la construcción de paz liberal tiene que ver con los escasos resultados obtenidos. Según Dodge (20 13), más de una década después de las operaciones militares tanto en Afganistán como Iraq la situación tanto a nivel político como social y económico lejos de ser mejor, no solo es crítica sino incluso peor que antes de la intervención. Ni el establecimiento de gobiernos democráticos, ni la apertura de los mercados, ni la inserción en la globalización, ni la defensa de los derechos humanos han tenido los resultados esperados y muestra de eso es la prevalencia de altos niveles de inestabilidad institucional, corrupción, violencia, pobreza y desigualdad (Dodge, 2013, pp. 1208-1210).
Visto en perspectiva, el fracaso de la aplicación de la "paz liberal" para la construcción del Estado moderno, según se puede ver a partir de estas experiencias, no es más que el resultado lógico de una serie de contradicciones y dilemas inherentes a los propias intervenciones a través de las cuales se lleva a cabo el proceso y al discurso de la construcción del Estado. Se destaca, por ejemplo, la tensión entre la promoción del autogobierno por medio de una intervención externa altamente intrusiva por naturaleza; la injerencia en la elección de los líderes apropiados que contradice el discurso de la apropiación local; la aplicación de valores liberales universales sin tener en cuenta las prácticas sociales, políticas y culturales locales; y el afán por cumplir objetivos de corto plazo que impide crear instituciones sólidas que sean sostenibles a largo plazo (París & Sisk, 2011, pp. 8-9; Chandler, 2017, p. 27).
REFLEXIONES FINALES
La estabilidad y sostenibilidad a largo plazo del orden mundial liberal no está asegurada porque su preservación y consolidación avanza en medio de profundas contradicciones ideológicas, normativas y políticas:
NOTAS
1 En el caso de que sus élites gobernantes sean corruptas y codiciosas como ocurre en el caso de África sub sahariana bajo las lógicas de la denominada "extroversión", el "neopatrimonialismo", el clientelismo y la corrupción.
2 Como el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la cooperación al desarrollo, la no proliferación de armas de destrucción masiva, el cambio climático, la asistencia humanitaria, entre muchos otros.
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