10.18601/16577558.n33.10

Migraciones hacia Estados Unidos y la Unión Europea en el contexto de la seguridad e inseguridad humana en el siglo XXI

Migrations to the United States and the European Union in the context of human security and insecurity in the 21st century

Octavio Alonso Solórzano*

* Posdoctor por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP/México). Doctor en ciencias sociales con especialidad en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco (UAM - Xochimilco/México). Maestro en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS-UNAM/México). Licenciado en economía por la Unam. Investigador-catedrático del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad del Mar Campus Huatulco/México. Líneas de investigación: Asia Pacífico, Unión Europea, Geopolítica, Gobernanza Global, Política Internacional, Seguridad e Inseguridad Global, Cambio Climático, Globalización, Sociedad Global, Migración Internacional. (México). [alonsolorzano@yahoo.com.mx]; [https://orcid.org/0000-0001-7997-2838].

Recibido: 20 de marzo de 2020 / Modificado: 26 de mayo de 2020 / Aceptado: 3 de junio de 2020

Para citar este artículo:

Alonso Solórzano, O. (2021). Migraciones hacia Estados Unidos y la Unión Europea en el contexto de la seguridad e inseguridad humana en el siglo XXI, OASIS, 33, pp. 167-192. DOI: https://doi.org/10.18601/16577558.n33.10

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RESUMEN

La seguridad humana como categoría analítica es relativamente reciente, surge a finales del siglo XX. Los acontecimientos mundiales, como las invasiones, ataques e incursiones militares de Estados Unidos a Irak, Afganistán, Siria e Irán, y los desplazamientos masivos provocados por las incursiones militares visibilizaron la fragilidad del entorno internacional, y a cambio de la seguridad nacional de Estados Unidos se vulneran la seguridad humana y los derechos humanos de civiles en regiones del mundo. El retiro de Estados Unidos de las agendas globales en materia climática y migratoria, sumado a la política anti-migratoria de Norteamérica y la Unión Europea, están produciendo desequilibrios que, en un futuro cercano, podrían atentar contra la seguridad humana global, de ahí que la reflexión en torno al concepto cobra especial relevancia; sobre todo, cuando el discurso de seguridad nacional de Donald Trump legitima acciones en detrimento de la seguridad humana internacional; a pesar de que esta es inherente al ser humano e incorpora la importancia de cubrir necesidades básicas.

Por ello, el artículo analiza los factores que vulneran la seguridad humana de migrantes que por motivos diversos se desplazan fuera de sus naciones. Examina los alcances y limitaciones de las medidas de organismos internacionales encaminadas a salvaguardar la seguridad humana de migrantes de África y Medio Oriente que van a la Unión Europea, o aquellos que desde México, Centroamérica y Sudamérica se dirigen a Estados Unidos. El fenómeno será analizado con un enfoque holístico considerando los factores que obligan a los migrantes a desplazarse en un contexto de (in)seguridad humana, tales como guerras e invasiones, cambio climático, pandemias, neoliberalismo y violencia.

Palabras clave: migración internacional, seguridad humana e inseguridad, México, Centroamérica, África, medio oriente; guerras e invasiones militares, Estados Unidos, Unión Europea; neoliberalismo, violencia.


ABSTRACT

Human security as an analytical category is relatively recent, it emerged at the end of the 20th century. World events, such as the US military invasions, attacks and incursions into Iraq, Afghanistan, Syria and Iran, and the massive displacements caused by the military incursions made the fragility of the international environment visible, and in exchange for the national security of the United States, they violate the human security and human rights of civilians in regions of the world. The withdrawal of the United States from global climate and migration agendas, added to the anti-migration policy of North America and the European Union, are producing imbalances, which in the near future could threaten global human security, hence, reflection on the concept takes on special relevance; above all, when Donald Trump's national security speech legitimizes actions to the detriment of international human security; despite the fact that this is inherent to the human being and incorporares the importance of meeting basic needs.

For this reason, the article analyzes the factors that violate the human security of migrants who for various reasons move outside their nations. It examines the scope and limitations of the measures of international organizations aimed at safeguarding the human security of migrants from Africa and the Middle East who go to the European Union, or those who from Mexico, Central and South America go to the United States. The phenomenon will be analyzed with a holistic approach considering the factors that drive migrants to move in a context of (in) human security, such as wars and invasions, climate change, pandemics, neoliberalism and violence.

Keywords: International migration, human security and insecurity, Mexico, Central America, Africa, Middle East, wars, military invasions, United States, European Union, neoliberalism, violence.


INTRODUCCIÓN

El incremento de los flujos migratorios en el mundo, atribuido a múltiples causas que van desde el desplazamiento de personas derivado de las guerras civiles; intervenciones militares; violencia producida por grupos delincuenciales, pandillas y narcotráfico; hasta migraciones por motivos ambientales; por la búsqueda de mejores condiciones laborales o por reunificación familiar, ha originado que la migración se convierta en uno de los grandes problemas globales. De ahí que, desde distintas ópticas, Estados, organismos supranacionales, Organizaciones No Gubernamentales y Sociedad Civil Global busquen mecanismos para abordar el tema.

La agenda migratoria de los últimos años se ha visto empañada por factores que imposibilitan que los Estados puedan materializar acuerdos. El retiro de Estados Unidos de la Agenda Global sobre Cambio Climático y del Acuerdo de París -en el contexto de la COP-21, en 2015-, y de la Agenda Global en materia migratoria y el Pacto Mundial sobre Migración en 2018, así como el ataque militar a Irán en 2020 por parte de Estados Unidos para adueñarse del petróleo, están produciendo un futuro con mayores desequilibrios que pueden incrementar los peligros que atenten contra la seguridad humana global, por lo que dicho concepto cobra especial relevancia. Cabe destacar que el gobierno de Donald Trump justifica gran parte de sus acciones en la seguridad nacional del Estado norteamericano, en detrimento de la seguridad humana internacional. A pesar de que esta es inherente al ser humano e incorpora la importancia de cubrir necesidades básicas.

La seguridad humana como categoría analítica es relativamente reciente, surge a finales del siglo XX. Los acontecimientos mundiales, como las invasiones, ataques e incursiones militares de Estados Unidos a irak, Afganistán, Siria e Irán, y los desplazamientos masivos provocados por las incursiones militares visibilizaron la fragilidad del entorno internacional, y a cambio de la seguridad nacional de Estados Unidos se vulneran la seguridad humana y los derechos humanos de civiles en varias regiones del mundo.

Los migrantes indocumentados carecen de seguridad en los países de tránsito y comparten muchas veces la injusticia y las diversas violencias por parte de cuerpos policiacos y militares que, en teoría, deberían resguardar la seguridad.

En América Latina, las políticas neoliberales emanadas del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se traducen en constantes crisis económicas, concentración de la riqueza, mientras que la mayor parte de migrantes no cuentan con trabajos y oportunidades de empleo, es decir, en sus países de origen los trabajos están mal remunerados.

También, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) ha sido un instrumento del neoliberalismo, que ahora se denomina United States-México-Canadá Agreement (USMCA, por sus siglas en inglés) o T-MEC en su versión mexicana, y fue aprobado en 2019 a mano alzada por los diputados y senadores de México, sin hacer una revisión profunda del mismo y sus consecuencias en el ámbito de la seguridad humana y de derechos humanos de los migrantes mexicanos. El Tratado ocasionaría mayor dependencia económica y migración de mexicanos hacia Estados Unidos a costa de la seguridad de miles de connacionales traducido en la pérdida de vidas y afectación de sus derechos humanos, debido al poco crecimiento económico que se ha registrado en México y porque los salarios y las condiciones laborales en Norteamérica seguirán siendo un foco de atracción. En el ámbito de alimentación, muchos deciden migrar al no tener las condiciones mínimas para su sobrevivencia y seguridad, aunado a que en el trayecto migratorio se enfrentan a privaciones de alimentos y al incremento de inseguridades humanas.

En el caso de la Unión Europea en los últimos años los esfuerzos se han encaminado, como en el caso de Estados Unidos a profundizar las políticas y acciones anti inmigratorias para evitar y restringir la entrada de migrantes provenientes principalmente de África y Medio Oriente. Del mismo modo, las estrategias se han concentrado en el uso de la tecnología y de elementos militares, la construcción de muros, la construcción de Centros de Internamiento para alojar a migrantes.

En la Unión Europea la política anti inmigratoria está conformada por mecanismos y acciones por mar, tierra y aire para contener el acceso. En opinión de Solórzano (2017a, p. 35) estos países utilizan a Frontex como agencia encargada de costear y coordinar el retorno forzoso y la deportación de migrantes indocumentados. Realiza misiones vía terrestre y marítima para vigilar y proteger las fronteras. Las mismas operaciones y la agencia han sido criticadas por instituciones, gobierno, entidades y organizaciones de derechos humanos. Incumple algunos de los objetivos como el establecimiento de modelos de evaluación común e integrada de los riesgos y el despliegue de equipos de intervención rápida; ello se refleja en el incremento de mortandad de migrantes en el mar Mediterráneo. Cabe recordar que Frontex se creó en 2002 con la finalidad de administrar las fronteras exteriores de la UE. En abril de 2005 estableció su sede en Varsovia e inició operaciones ese mismo año. Gran parte del presupuesto de inmigración lo concentran Frontex, los Centros de Detención y la policía, quienes operan criminalizando a los migrantes.

Por ello, es indispensable realizar un análisis crítico de la noción de seguridad humana, sobre sus significados y usos políticos actuales, pero sobre todo evaluar los alcances que pueda tener en un mundo de riesgo global (Beck, 2002).

Examinar si es que lo propuesto por los organismos supranacionales y los Estados para la seguridad humana en qué medida se ha logrado, o solo son medidas o acciones paliativas para grandes males. Considerando lo señalado por Naciones Unidas (United Nations Trust Fund for Human Security, 2009, p. 9) en cuanto al énfasis en el bienestar humano y el impulso de la seguridad humana a través de valores como la seguridad, estabilidad, sostenibilidad de los beneficios para el desarrollo.

El artículo propuesto analiza los factores que vulneran la seguridad humana de migrantes que, por motivos diversos, se desplazan fuera de sus naciones. Examina los alcances y limitaciones de las medidas de organismos internacionales encaminadas a salvaguardar la seguridad humana de migrantes de África y Medio Oriente que van a la Unión Europea, o aquellos que desde México, Centroamérica y Sudamérica se dirigen a Estados Unidos. Centra su atención en las caravanas centroamericanas de migrantes en su larga travesía y paso por México. El fenómeno es analizado con un enfoque holístico considerando los factores que orillan a migrantes a desplazarse en un contexto de (in)seguridad humana, tales como guerras, invasiones, pandemias, cambio climático, neoliberalismo, terrorismo y violencia.

1. REFLEXIONES TEÓRICAS SOBRE SEGURIDAD HUMANA Y MIGRACIÓN

La seguridad humana como categoría analítica es relativamente nueva, surge a finales del siglo XX, en la post guerra fría, justo en el período unipolar, cuando Estados Unidos era la hiper potencia. Sin embargo, la noción de seguridad humana se ha resignificado y ampliado a tal punto de integrar otras nociones. En un primer momento, la propuesta se condensó en el Informe sobre Desarrollo Humano de 1994 en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual se sustentó en dos ejes nodales, según Roses (2012, p. 351): "libertad para vivir sin miseria" y "libertad para vivir sin temor". En esta misma línea argumentativa, Rojas menciona que:

El concepto de seguridad humana no reemplaza, ni subestima las condiciones clásicas de la seguridad, más bien las complementa. La seguridad humana se preocupa y ubica el centro de la seguridad en las personas y las comunidades más que la seguridad tradicional del Estado (Rojas, 2012, p. 5).

No obstante, la realidad y los hechos superan las expectativas y los buenos deseos que puedan generar las iniciativas encaminadas a materializar y cubrir la seguridad de las personas y pueblos, más allá de los territorios de los Estados-nación en que se ubiquen. Por ejemplo, los ataques, incursiones e invasiones militares de Estados Unidos a Irak (2003), Afganistán (2001), Siria (2017) e Irán (2020), así como las migraciones masivas, por señalar solo dos de los grandes problemas globales, han derivado en una fragilidad del entorno internacional, incrementando la espiral de las violencias, cediendo y limitando derechos a cambio de una seguridad humana ausente.

Muñoz (2018, p. 29) menciona que la noción de seguridad ha contado con el respaldo de Canadá y Japón. No obstante, cuando Canadá era miembro del Consejo de Seguridad de la ONU apoyó los bombardeos sobre Kosovo en 1999 y fue integrante de la coalición de Estados que declararon la guerra internacional contra el terrorismo e intervinieron militarmente en Afganistán en 2001. En el caso de Japón, la seguridad ha sido parte central de su política exterior. En 2001 creó la Comisión Humana de Japón, la Unidad de Seguridad Humana y el Fondo Fiduciario, siendo este país nipón el principal donante de recursos.

Cabe advertir que, mediante su política exterior, Japón apoyó desde 1991 con cuantiosos recursos (financieros y materiales) los bombardeos masivos y ataques militares a Irak con el pretexto de que esa nación poseía armas de destrucción masiva, lo que nunca se comprobó. Al respecto, Nakanishi Hiroshi (2011) menciona que el gobierno del primer ministro Kaifu Toshiki impuso sanciones económicas a Irak el 5 de agosto, un día antes de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también lo hiciera. Después de que Estados Unidos hiciera patente su malestar ante Tanba, Japón anunció el 29 de agosto que contribuiría con fondos a la coalición internacional contra Irak. Sin embargo, el anuncio oficial se refirió a una cifra de diez millones de dólares. No obstante, al día siguiente y tras la respuesta norteamericana desagradable, el Ministerio de Finanzas presentó una nueva cifra: mil millones de dólares. Ansioso por no importunar más a Estados Unidos, el gobierno japonés complementó después esa cantidad con más fondos, alcanzando un total de aproximadamente trece mil millones de dólares1

A pesar de los esfuerzos en materia de seguridad humana, existen elementos que condicionan su falta de aplicación; como el retiro del gobierno de Estados Unidos de la Agenda Global sobre Cambio Climático y del Acuerdo de París en el marco de la COP-21 en 2015, así como la salida de la Agenda Global en materia migratoria, es decir, del Pacto Mundial sobre Migración en 2018.

Por otro lado, los ataques e intervenciones militares de Estados Unidos y la Unión Europea en oriente medio han producido la salida masiva de miles de personas que huyen por miedo y buscan refugio en otras latitudes. En el entorno internacional esas acciones producen un futuro con más desequilibrios, aumentado las inseguridades, incrementando las violencias, alentando los peligros que atentan contra la seguridad humana global.

En el contexto mundial, el concepto de seguridad humana cobra especial importancia, sobre todo por los usos discursivos y políticos que se le dan; convirtiéndose en un tema urgente a discutir en el ámbito internacional, en los foros globales y en los espacios académicos. De ahí el énfasis por discutir y abordar el tema migratorio, ya que las políticas anti-inmigratorias implementadas por Estados Unidos y la Unión Europea hace más difícil el resguardo de la seguridad humana durante las largas travesías de los migrantes.

A lo anterior, se suma el retiro de algunos países en diciembre de 2018 del Pacto Mundial sobre Migración. Siendo Estados Unidos el primero en abandonar las negociaciones y después le siguieron República Dominicana, Hungría, Austria, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Australia, Israel, Chile, Brasil, Italia, Letonia, Bélgica, Eslovaquia y Suiza, quienes alegaron múltiples pretextos. Es pertinente señalar que Estados Unidos, la UE y los gobiernos de los países supeditados, han abordado el tema migratorio a partir de los intereses de seguridad nacional o regional y no con un enfoque de seguridad humana.

Estas naciones han dejado en claro que la soberanía está por encima de cualquier tratado o acuerdo internacional; así lo enfatizaron Estados Unidos y Australia. Representantes de algunos países señalaron que los acuerdos deben ser aprobados por sus parlamentos o autoridades; otros señalaron que el tema migratorio se debía debatir en sus sistemas parlamentarios. El gobierno chileno manifestó que migrar no era un derecho y que cada país tenía el derecho de imponer sus políticas migratorias. En este sentido, la administración de Trump ha justificado gran parte de sus acciones en la seguridad nacional del Estado norteamericano, en detrimento de la seguridad humana internacional y la seguridad de otros Estados.

Las acciones de algunos Estados han recibido serias críticas de organizaciones sociales y grupos que auxilian a migrantes. Algunas de estas han señalado su desconfianza en las entidades internacionales como la ONU, cuando utilizan el tema de seguridad humana como pretexto o justificación para invadir militarmente a otros países, o cuando realizan intervenciones humanitarias. Para Pérez (2007, p. 72) existe el riesgo de que el objetivo de seguridad humanase utilice como justificación para realizar "intervenciones humanitarias" por parte de países occidentales ricos en países periféricos en conflicto y crisis humanitarias.

Sin duda, uno de los grandes problemas globales que provocan inseguridad humana son las migraciones y sus corolarios: crisis humanitarias y de refugiados; así como el cambio climático que provoca catástrofes naturales en diversas latitudes incrementando la vulnerabilidad de los seres humanos. A pesar de que la seguridad es inherente al ser humano, en tanto busca cubrir necesidades básicas para la supervivencia de la especie.

Durante buena parte del siglo XX, la seguridad fue un concepto propio de las élites políticas y militares y como tal estaba fuertemente relacionado a factores como el Estado, la defensa, las carreras armamentistas, la insurgencia, la contrainsurgencia, la represión, etcétera (Rojas, 2012, p. 9). Es evidente que el surgimiento del concepto nace en un mundo caótico y lleno de inseguridades.

Otro de los peligros o riesgos que no ha pasado inadvertido para algunos críticos, es el posible uso del término para justificar actuaciones que pueden considerarse más una extensión de la agenda tradicional del realismo político, que una aproximación genuinamente alternativa a la seguridad (Rodríguez, 2005, p. 6).

La seguridad humana se salvaguarda cuando existen medidas de prevención. Sin embargo, el modelo económico neoliberal implementado en diversos grados en cada país, provoca el adelgazamiento del Estado y vacíos de poder que ocupan transnacionales, crimen internacional y cárteles de la droga, ello ha implicado que el Estado disminuya su poder y pierda el monopolio de la violencia.

Asimismo, el neoliberalismo origina que el Estado se retire de áreas básicas y estratégicas, lo que ha producido crisis económicas e ingobernabilidades, impactando negativamente en las condiciones de vida y la seguridad humana. También, se generan cambios en los ordenamientos jurídicos de cada nación para apuntalar el modelo económico en detrimento de la seguridad, y con ello se causa el debilitamiento del Estado de derecho en cada país.

En opinión de Rodríguez (2005, p. 6), el concepto de seguridad humana puede acabar desempeñando funciones diferentes, incluso opuestas, a las inicialmente pensadas: proponer una concepción alternativa de la seguridad, basada en el desarrollo humano, a justificar nuevas variantes de realismo político y, en particular, las intervenciones unilaterales de grandes potencias fuera de sus fronteras.

Siguiendo esta línea argumentativa, la propuesta de Muñoz (2018, p. 24) coloca en el centro de discusión la crítica al concepto, en cuanto a los usos políticos y discursivos. Plantea que su significado será contingente debido al contexto en el que se usa y los usos concretos que hacen los actores. Para este autor, la seguridad humana ha sido utilizada como discurso en el escenario internacional:

Funciona como un dispositivo de control que posibilita la administración de los desórdenes y la gestión de riesgos derivados de la inseguridad que algunos Estados débiles, fallidos o subdesarrollados representan para la seguridad de otros asumidos como fuertes o desarrollados, que a su vez hablan en nombre de la seguridad global (Muñoz, 2018, p. 24).

En los últimos años, las medidas de prevención, atendidas por las entidades internacionales como la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), han tenido poco nivel de resolución y muchas de las asistencias no son preventivas sino "ayudas humanitarias", paliativos que en términos generales no resuelven el problema de raíz, en ocasiones, forman parte de un discurso que justifica intervenciones e invasiones militares, lo que a la larga vacía de contenido real la noción de seguridad humana.

En este contexto, da la impresión que la Organización de las Naciones Unidas trata de justificar las acciones militares y las amenazas externas que realiza Estados Unidos desde finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI. A pesar de que en su retórica indica:

[…] la Organización de las Naciones Unidas propuso modificar el concepto de seguridad, de manera que no le diera excesiva importancia a las armas y la defensa del territorio, sino que fuera un concepto más amplio que incorporara como componemes esenciales de la seguridad el acceso equitativo a la educación, el trabajo y la salud, así como el respeto por los derechos humanos. Este cambio de paradigma, aun cuando no exime a los gobiernos de su obligación de garantizar la seguridad nacional a sus ciudadanos, cambia el centro de la atención, alejándolo de las amenazas externas y el conflicto para acercarlo al desarrollo interno pacífico, cooperativo y sostenible de las naciones y sus pueblos (Roses, 2012, p. 352).

En un contexto internacional como el actual, se torna prioritario salvaguardar y proteger a los seres humanos de los desastres naturales, los eventos generados por el hombre y por las potencias que han invadido y declarado guerras, incrementando la espiral de violencia, cediendo y limitando derechos a cambio de una supuesta seguridad global. El cambio climático es otro gran tema en la agenda global, debido a sus efectos: migrantes y refugiados ambientales, pandemias, inundaciones, sequías, huracanes, hambrunas, pobreza, entre otros.

2. PROPUESTAS E INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE DONALD TRUMP CONTRA CARAVANAS DE MIGRANTES INDOCUMENTADOS

Debido al recrudecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos iniciadas en la era Obama y continuadas en la administración Trump, uno de los mecanismos utilizados por migrantes, en particular centroamericanos, han sido las caravanas. En un principio, estas fueron organizadas por madres y familiares, con el objetivo de buscar a lo largo y ancho del territorio mexicano a sus migrantes desaparecidos. Bajo esta consigna, las caravanas buscan visibilizar la trata de personas y la desaparición de migrantes realizadas por el crimen organizado y los cárteles de la droga. Exigir al gobierno mexicano la protección de la vida y el respeto a los derechos humanos de migrantes centroamericanos, mexicanos y de cualquier otra nacionalidad.

Sin embargo, la llegada de Trump y como antesala sus declaraciones xenófobas, racistas y discriminatorias hacia los migrantes latinos durante su campaña, la puesta en marcha de iniciativas contra migrantes al interior de Estados Unidos, sus declaraciones en Twitter y en medios de comunicación en cuanto a que obligaría a México a pagar la construcción del muro, prendieron las alarmas entre los ciudadanos, la mayoría centroamericanos, que huyendo de la pobreza y la violencia buscan materializar el "sueño" americano, convertido en pesadilla.

Estas caravanas masivas de centroamericanos iniciaron en abril de 2018. En la primera caravana denominada "Viacrucis Migrantes en Lucha", participaron alrededor de mil quinientos migrantes que ingresaron a la frontera sur de México por Tapachula Chiapas y se dirigieron a Tijuana para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Lo anterior dio pie para que Donald Trump y Kirstjen M. Nielsen, secretaria de seguridad nacional, realizaran una serie de declaraciones que mostraron la injerencia del país vecino en la política doméstica de México. Por ejemplo, declararon que trabajaban a la par con funcionarios mexicanos para tomar medidas y acciones contra la migración.

En un principio, dicho Viacrucis se organizaba anualmente con el objetivo de denunciar la corrupción y violencia en Guatemala, Honduras y El Salvador, y para evitar que el gobierno norteamericano cancelara el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a Honduras, Nicaragua y El Salvador. Ya que el TPS es un beneficio provisorio emitido por la Secretaría de Seguridad Nacional, que considerando las condiciones de violencia en esos países centroamericanos permite a migrantes permanecer en Estados Unidos para vivir y trabajar legalmente. Sin embargo, el gobierno norteamericano pretende cancelar permisos a aproximadamente 300 mil inmigrantes, dicho proceso invalida a los inmigrantes a realizar diversos trámites para regularizar su estancia en septiembre de 2019. Cabe decir que la primera magna caravana se realizó en el contexto de la cancelación de la Acción Diferida (DACA), y de las protestas masivas a dicha cancelación.

Una de las medidas que ha levantado protestas a nivel global y al interior de la Unión Americana es la separación de menores de edad de sus familias, al momento de cruzar la frontera, quienes son conducidos a centros de acogida o albergues. Por ejemplo, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS) señaló a mediados de junio de 2018 que retuvo a dos mil menores. Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos mencionaron que el número de infantes retenidos oscila entre dos mil quinientos y tres mil. Amnistía Internacional advirtió que los menores son encerrados en jaulas como un mecanismo de tortura. Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) enfatizó que esas medidas causarán problemas en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes (Solórzano, 2019, p. 30).

En la segunda caravana participaron alrededor de 500 migrantes hondureños que se concentraron en San Pedro Sula Honduras, donde iniciaron la caravana denominada "Todos somos americanos de nacimiento". La consigna fue: "No nos vamos porque queremos, nos expulsan la violencia y la pobreza". La convocatoria se realizó por redes sociales y tuvo considerable éxito.

Como respuesta a estos eventos, el 17 de octubre, haciendo gala de su "diplomacia twittera", Trump alertó que si México no frenaba a los migrantes mandaría al ejército estadounidense a la frontera sur de Estados Unidos. El anuncio se dio tres semanas antes de las elecciones del Congreso de Estados Unidos. En ese contexto se llegó a especular que las caravanas habían sido patrocinadas y alentadas por el mismo gobierno norteamericano, ya que Trump ha utilizado el tema migratorio y la construcción del muro -con cargo al erario mexicano- para ganar adeptos y votos.

Cuando la segunda caravana cruzó la frontera sur de México, el gobierno mexicano indicó que solicitaría ayuda a la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, esta se ha visto rebasada para atender y resolver el fenómeno migratorio a nivel global, interviniendo algunas veces con declaraciones tímidas. En opinión de Pérez (2007, p. 75) las instituciones de gobernanza global y la agenda de desarrollo global están basadas en un modelo de desarrollo neoliberal y en el paradigma del libre mercado, alejadas del paradigma de las necesidades básicas, que han ocasionado un incremento de las diferencias socioeconómicas a escala global y una mayor inseguridad para muchas personas.

En la frontera sur de México siempre han existido altos niveles de violencias e inseguridades, a los gobiernos mexicanos y centroamericanos les había resultado conveniente invisibilizar a los migrantes, ya que sus instituciones presentan altos niveles de corrupción. Los gobiernos no han sido capaces de crear economías prósperas, ven la conveniencia de invisibilizar a sus connacionales a pesar de que envían una gran cantidad de divisas a un alto costo en materia de afectación de derechos humanos, y múltiples inseguridades que provocan muertes. Los políticos y gobiernos de ambos lados de las fronteras solo se han concentrado oportunamente en tomarse las fotos con migrantes, buscar su apoyo y respaldo en procesos electorales.

La tercera caravana partió de San Pedro Sula Honduras con alrededor de 5 mil a 7 mil migrantes centroamericanos, algunos de ellos cruzaron nadando el río Suchiate, otros cruzaron en balsas la frontera con Tapachula, Chiapas (México). En esta ocasión, la caravana enfatizó en el tema de las bandas delictivas que operan en Honduras, y la violencia y pobreza que generan.

En su momento, el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael R. Pompeo, dio los posicionamientos y acciones que debería adoptar el gobierno mexicano. Señalando lo siguiente:

Entendemos que México detendrá y repatriará a los migrantes que entren a México violando las leyes de este país, y en los casos en que los migrantes soliciten asilo, procesarán las solicitudes de acuerdo con la ley mexicana. También entendemos que aquellos que no califiquen serán devueltos a través de un proceso seguro y ordenado consistente con las leyes de México.

Al respecto, Obrador todavía siendo candidato a la presidencia de México, pidió respetar los derechos de migrantes. Mientras que la policía federal mexicana era enviada en aviones a la frontera sur de México para evitar que avanzara la caravana. En ese mismo contexto, Trump, en su acostumbrada "diplomacia twittera", exigió a los integrantes de la caravana de migrantes que pidieran la solicitud de refugio en México, y de no hacerlo, Estados Unidos les negaría la entrada2.

En la cuarta caravana, los integrantes de las caravanas se transportaron en camiones, camionetas y auto buses. Donald Trump señaló que las "caravanas eran ilegales" y eran "invasiones" a territorio norteamericano, por lo que no se les dejaría ingresar a los Estados Unidos. Para lo cual el gobierno enviaría alrededor de 15000 efectivos militares a la frontera sur y anunció que si los militares, que estaban en dicha frontera, eran atacados con piedras, responderían como si fueran realizadas por fusiles.

El 18 de noviembre de 2018 se realizó la quinta caravana en la cual participaron aproximadamente 200 migrantes, muchos de los cuales eran salvadoreños, quienes salieron de la Plaza El Salvador del Mundo en San Salvador, ingresando a Guatemala por la zona denominada Hacha Dura. En el contexto de la quinta caravana y debido al incremento en la llegada de migrantes a la frontera norte de México. El gobierno de Estados Unidos desplegó alrededor de 5.500 militares a lo largo de su frontera sur.

Iniciando el año 2019, el anuncio de la sexta caravana produjo nuevas tensiones entre el go bierno norteamericano, y los gobiernos centroamericanos y mexicano. Esta salió el 15 de enero de 2019, siendo los contingentes mayoritarios ciudadanos salvadoreños y hondureños. Más de mil migrantes se aglutinaban en esta caravana que irrumpió el cerco policiaco para entrar a Guatemala.

Los eventos dieron elementos idóneos al presidente Trump en su lucha contra el Congreso, en cuanto a su exigencia de que este aprobara el presupuesto de 5700 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México. Aumentaron las tensiones entre congresistas que no lograban ponerse de acuerdo3. Trump aprovechó la coyuntura para señalar que los drones y sensores que se han utilizado para detener el flujo migratorio no han sido suficientes y por ello su insistencia en la construcción del muro.

Como un mecanismo para detener la sexta caravana, Heide B. Fulton, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, realizó vanos esfuerzos, viajando a la frontera entre Honduras y Guatemala para filmar un llamado dirigido a los migrantes, el cual insistía en que no perdieran su tiempo y dinero en un viaje destinado a fracasar4

Por el lado mexicano, la Secretaría de Gobernación declaró en ese momento, que tan solo en 2018 habían entrado 300,000 centroamericanos a México, la mayoría de manera irregular. Por lo que el gobierno mexicano insistió en que los migrantes que no respondieran al llamado de registro, serían deportados a sus países de origen5.

Las caravanas están integradas por familias completas, mujeres, niños y hombres de todas las edades. A este fenómeno de las caravanas de migrantes lo han denominado de formas diversas: "las caravanas de la miseria", "las marchas de la esperanza", "éxodo centroamericano", "caravana hacia la tierra prometida". Cabe recalcar que los integrantes de las caravanas tienen que soportar malos tratos, violencias, sortear inseguridades y problemas que ponen en riesgo su vida y salud: climas adversos, incremento y descenso de temperaturas, deshidratación, condiciones insalubres; además de presiones y amenazas de grupos policiales, militares y navales de México y de grupos delincuenciales.

Durante el largo y sinuoso recorrido, hombres, mujeres con hijos, niños, adolescentes desertan. Otros tramitan el refugio en México sin tener alguna certeza de dicha solicitud. Se han dado casos en que los agentes del Instituto Nacional de Migración solicitan a los migrantes grandes sumas de dinero para venderles las solicitudes de refugio. Muchos albergues están sobrepoblados, debido a que los migrantes esperan la aprobación de solicitudes para ser considerados refugiados; otros son deportados o repatriados por el gobierno mexicano; mientras que un número menor logra llegar a la frontera norte de México.

Cabe advertir que algunos de los migrantes indocumentados en su paso por México llegan a los albergues y las casas de migrantes que ofrecen los siguientes servicios: hospedaje, alimentación, atención médica, aseo personal, ropa y calzado, orientación legal, acompañamiento a personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, acceso a teléfono, apoyo en el traslado, orientación sobre derechos humanos, orientación espiritual, trabajo social, acompañamiento a personas víctimas del delito de trata de personas, ayuda psicológica, talleres (inglés, derechos humanos, artesanías) talleres de empoderamiento. La mayoría de los integrantes de las casas respaldan sus labores y acciones en los instrumentos de derechos humanos internacionales (Solórzano, 2017b, p. 55).

A pesar de lo anterior, los albergues y casas de migrantes se enfrentan a diversos peligros e inseguridades: reubicación por diversos motivos, incremento de la población alojada, inconformidad de la población local, amenazas del crimen organizado y cárteles de la droga, intimidaciones de gobiernos y entidades locales, estatales y federales. Las casas y los albergues son estigmatizados por las poblaciones locales, mencionan que se incrementa la inseguridad e insalubridad (Solórzano, 2017b, p. 56).

Las caravanas de indocumentados han sido organizadas por defensores de derechos humanos de migrantes y uno de sus objetivos es visibilizar en los medios de comunicación las violencias, inseguridades y afectación de derechos humanos que padecen los migrantes en su travesía a Estados Unidos y que la aplicación de décadas de neoliberalismo en Centroamérica ha incrementado los niveles de pobreza y marginación de las poblaciones.

Las caravanas tienen como objetivo ingresar a Estados Unidos y reducir las inseguridades generadas por las extorsiones del crimen organizado y por las corporaciones militares y policiacas mexicanas. Desde la primera caravana hasta la última, el gobierno mexicano anterior y el actual han tratado a los migrantes con acciones punitivas.

Teniendo como preámbulo las constantes caravanas, el 30 de mayo de 2019, Donald Trump amenazó que si no se frenaba el flujo de indocumentados mexicanos y centroamericanos a partir del 10 de junio de 2019 impondría aranceles del 5 por ciento a todos los productos mexicanos que ingresaran a Estados Unidos. También se había contemplado que esta tasa impositiva llegaría al 25% en octubre de ese año. En caso de que el gobierno mexicano no detuviera a los migrantes mexicanos y deportara a los centroamericanos.

Sin embargo, Trump utilizó el tema comercial para presionar a México con el tema migratorio y, en consecuencia, manipular su economía doméstica en diversos rubros. Por ello, acordó con el gobierno mexicano desplegar a la Guardia Nacional para detener migrantes, sin garantizar la protección de su seguridad humana y sus derechos humanos, además dejando de lado la atención de la seguridad del país dados los altos niveles de violencia y de inseguridad, labor para la que fue creada constitucionalmente. Cabe señalar que a México le ha costado cuantiosos recursos económicos el despliegue policíaco y militar para perseguir y encarcelar migrantes.

Para sellar el acuerdo migratorio con Estados Unidos, un día antes, el 5 de junio de 2019, el gobierno mexicano detuvo y encarceló, por más de una semana, a Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, dos activistas defensores de los derechos humanos de migrantes. Bajo la orden de la Fiscalía General de la República (FGR) se les criminalizó, se les fabricaron delitos y sin tener pruebas se les acusó de traficar con personas. La acusación se elaboró (desde febrero de 2019) en la Secretaría de Gobernación en un foro en Washington del Instituto de Políticas Migratorias y de diversos funcionarios del gobierno de Obrador, a pesar de que el "nuevo" gobierno comentó que las secretarías no se utilizarían de modo faccioso, como en el pasado, para perseguir a opositores6.

A los activistas se les vinculó con las caravanas, ya que forman parte de un grupo de activistas y abogados que defienden y protegen a migrantes. La detención arbitraria provocó la protesta y el reclamo de colectivos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. A la par se desplegaron diversas fuerzas policíacas, militares y navales para cerrar carreteras, detener a migrantes en diversos lugares y encarcelar a migrantes provenientes de la frontera de Tapachula, Chiapas7.

En materia migratoria, el 7 de junio de 2019, Trump acordó con el gobierno de México un pacto, sin cancelar la posibilidad de aplicar un arancel a las mercancías mexicanas, anunciando solo la suspensión de dicha medida. Cabe destacar que el gobierno de México aceptó militarizar las fronteras sur y norte, detener a cualquier migrante indocumentado y deportarlo a su país de origen, es decir, continuar realizando el trabajo sucio.

Cabe señalar que dicha negociación del acuerdo migratorio entre el gobierno de Donald Trump orilló al gobierno de López Obrador a sellar sus fronteras sur y norte, vigilar concienzudamente el territorio nacional, tarea que están realizando diversas corporaciones policíacas, militares y navales que no tienen preparación y educación para salvaguardar la seguridad humana y proteger los derechos humanos de la población y de los migrantes.

Mack realiza una diferenciación entre seguridad humana y nacional y sus ámbitos de aplicación:

National security is about the protection of states; human security is about the protection of individual. States should be the primary security providers for their citiznes. Often, however, they fail in this task. Indeed, sometimes they violendy persecute the very citizens they are required to protect (Mack, 2004,pp. 47-48).

Los gobiernos de Estados Unidos, de México y Centroamérica no han atendido oportunamente la migración o, en su caso, han tratado de invisibilizar el flujo migratorio a pesar de que les aporta cuantiosas divisas. Por ejemplo, México ha establecido acciones punitivas contra los migrantes, por ello se movilizó gran parte de la tropa militar convertida en la "nueva" guardia nacional, con el fin de disminuir el flujo migratorio hacia Estados Unidos. En caso de que México no logre cumplir el acuerdo, el gobierno norteamericano amenazó con imponer aranceles a todas las mercancías mexicanas. En este encuentro las autoridades norteamericanas no estuvieron satisfechas con los resultados obtenidos y también urgieron a seguir trabajando con agencias de inteligencia de los Estados Unidos.

Para evitar medidas punitivas, la prevención puede ser una opción. Tal como lo señala Fuentes:

La prevención pone de manifiesto la necesidad de generar respuestas integradas […] El riesgo es que si no existe coordinación se tienda a privilegiar la agenda de seguridad de carácter tradicional […]. El resultado sería la militarización de las políticas y con ello la militarización de la sociedad y el consiguiente grave deterioro de la situación de derechos humanos (Fuentes, 2012, p. 48).

A finales de septiembre de 2019, Trump aseveró "que estaba utilizando a México para proteger la frontera sur de Estados Unidos". Declaración que no fue ratificada por el gobierno de México. Cabe señalar que, en algunos casos, la cancillería mexicana ha prestado poca atención a eventos que ponen en juego la seguridad y los derechos humanos de inmigrantes indocumentados mexicanos, justifica otros, como las redadas masivas en plantas procesadoras de alimentos en Misisipi, donde 700 migrantes fueron aprendidos y alrededor de 140 eran mexicanos, todos fueron encarcelados en centros de detención; al mes de octubre de 2019 solo habían sido liberados alrededor de 35. Según el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es la mayor redada de la década, lo anterior suscitó alarma entre vecinos y familiares de migrantes. Para organizar y coordinar las redadas el gobierno norteamericano utilizó la vigilancia data para introducirse en cuentas de Facebook y tener información de los migrantes.

La polarización y el rechazo a los migrantes en Estados Unidos, si bien es de larga data, han tenido como preámbulo los comentarios despectivos de Trump hacia los migrantes. Por ejemplo, la matanza de 22 personas en Texas el 3 de agosto de 2019, el mismo día en que Trump visitó esa ciudad. Hechos realizados por un tirador que afirmaba en un manifiesto combatir la "invasión" de hispanos en Estados Unidos.

Lo anterior, puede ser comprendido a la luz de lo planteado por Wieviorka (1991, pp. 63, 85) cuando señala que el racismo como ideología es un racismo institucionalizado en el Estado y en las fuerzas políticas. Afirma que el Estado se organiza de acuerdo con orientaciones racistas, desarrolla políticas y programas de exclusión, destrucción y discriminación masiva; exige a los intelectuales que co ntribuyan; moviliza los recursos del derecho para afirmar sus categorías raciales y estructura las instituciones en función de esas categorías.

La ausencia de respuesta del gobierno mexicano a las declaraciones de Trump coincide con las medidas impuestas por dicho presidente, quien propuso gravar al 5 por ciento las exportaciones mexicanas en caso de que México no frene la migración con el despliegue de la guardia nacional en las fronteras sur y norte de México, y a lo largo del territorio nacional, dicho acuerdo pone en una situación de mayor vulnerabilidad e inseguridad a los migrantes mexicanos y a todos los migrantes latinos, alentando la criminalización desde México, sobre todo a quienes presten auxilio a migrantes.

Al respecto, la respuesta política del gobierno mexicano se ha concentrado en la detención de migrantes en las fronteras sur y norte, ha propuesto un plan llamado "Sembrando Vida", el cual operará en 19 estados de la República. Para materializarlo, en julio de 2019, el gobierno aportó 30 millones de dólares, los cuales están inmersos en el Fondo Yucatán, creado en el sexenio de Calderón y que permaneció en el de Peña Nieto; dicho plan pone énfasis en la infraestructura. Del 2012 al 2016 se realizaron 16 proyectos con una inversión de 13O millones de dólares aproximadamente. Sin embargo, el fondo adolece de un análisis o estudio de los factores que prevalecen de violencias e inseguridades, y de la afectación de los derechos humanos, por ejemplo, no menciona los mecanismos para crear empleos. En junio de 2019, durante el sexenio de Obrador se le incorporó la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe (Fondo Yucatán)8 dicho mecanismo se enmarca en la política de cooperación internacional con el que se pretende frenar la migración, además forma parte del Plan de Desarrollo para el Sur de México y Centroamérica9. A pesar de que el desarrollo se genera con crecimiento económico. Con el modelo neoliberal implementado en México de 1982 a 2020 solo se ha alcanzado un crecimiento promedio menor al 2 por ciento, lo que se traduce en un ínfimo desarrollo para el país.

Cabe destacar que el 9 de septiembre de 2019 el gobierno de Estados Unidos propuso al gobierno de México ser tercer país seguro para la migración, ello implicaría que los migrantes que piden asilo en Estados Unidos esperen en México la respuesta a su requerimiento, o en su caso pedir la solicitud de asilo al gobierno mexicano. Esta petición se planteó en la reunión entre los representantes de la cancillería mexicana y Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, con el fin de evaluar los avances del acuerdo migratorio bilateral que se acordó en junio de 2019. En este sentido, México no puede ser tercer país seguro debido a los grandes niveles de violencia e inseguridad que padecen los ciudadanos mexicanos.

A finales de junio de 2019, el gobierno de Estados Unidos presionó al gobierno de Guatemala para convertirse en un Tercer País Seguro, según propuesta de Kevin McAleenan, secretario de seguridad nacional de Estados Unidos. El acuerdo permitiría que Estados Unidos llevara a Guatemala a los solicitantes de asilo. Cabe destacar que, en teoría, Guatemala y México no pueden fungir como terceros países seguros, porque no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de seguridad y protección de derechos humanos de sus propios habitantes, son naciones expulsoras de migrantes, presentan altos niveles de violencia, marginación y pobreza. No cuentan con los mecanismos idóneos para otorgar seguridad a sus ciudadanos y a migrantes indocumentados que transitan por su territorio.

3. LA (IN)SEGURIDAD HUMANA DE LOS INMIGRANTES EN LA UNIÓN EUROPEA

Con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en 1991, y la caída del muro de Berlín, en 1989, concluyó la era bipolar y se pensó que finalizaría la idea de construir murallas para separar poblaciones y países. No obstante, el aumento de la movilidad internacional ha desempolvado viejas formas de blindaje y se han creado nuevas estrategias de securitización para impedir el ingreso de migrantes a algunos países.

El informe elaborado por Ruiz y Brunet (2018, p. 5) sobre las políticas del miedo y securitización advierte que desde los años 90 los Estados miembros de la Unión Europea y el Espacio Schengen han alzado cerca de 1.000 km de muros, lo equivalente a más de seis Muros de Berlín, con el objetivo de frenar la entrada de personas desplazadas por la fuerza. Estos muros físicos van acompañados de los aún más largos "muros marítimos", operaciones navales patrullando el mar Mediterráneo, así como los "muros virtuales", sistemas de control fronterizo que buscan detener a personas que intentan ingresar, incluso aquellas que están viajando por el continente. También buscan controlar el movimiento general de la población. Europa se ha convertido en una fortaleza que excluye a personas que están fuera y en este proceso se ha incrementado el uso de vigilancia a través de tecnologías militarizadas, hecho que conlleva implicaciones importantes para la ciudadanía dentro de la fortaleza.

En los primeros años del siglo XXI se incrementó la seguridad en diversas fronteras del mundo. Que a decir de Solórzano (2017d, p. 21), estas políticas de restricción migratoria fueron una respuesta a los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y a la crisis económica iniciada en 2008, provocando que Norteamérica y la Unión Europea priorizaran el tema de seguridad nacional, incrementando el abanico de acciones para detener la migración indocumentada, y agudizando la criminalización hacia los migrantes y a todos los que les presten auxilio.

Por ejemplo, en octubre de 2015 arribaron alrededor de un millón de migrantes a la Unión Europea, gran parte de ellos ingresaron a Grecia. Según Acnur, en 2018 arribaron alrededor de 40,000, por lo que a finales de junio de 2018, en Bruselas, 28 países se congregaron en la Reunión del Consejo Europeo para elaborar un acuerdo sobre inmigración, abordando los siguientes temas:

  1. La creación de centros para migrantes con el objetivo de devolverlos o deportarlos a sus países de origen.
  2. La creación de centros para migrantes y refugiados fuera de la Unión Europea.
  3. El acuerdo de la Unión Europea de destinar más apoyos a África, incluso se propuso que los migrantes desembarquen en África del norte.
  4. El acuerdo de destinar a África un apoyo de alrededor de 500 millones de euros.
  5. En cuanto a la ruta del Mediterráneo Central, se acordó respaldar a las fuerzas de las costas de Libia para detener a los traficantes de migrantes en Libia y otros lugares.
  6. Con respecto a la ruta del Mediterráneo Oriental, se acordó evitar los cruces desde Turquía.
  7. Respecto a España, se acordó apoyar las iniciativas con otros países como Marruecos para evitar la migración ilegal.
  8. Acuerdo para establecer Centros Controlados de Inmigración al interior de la Unión Europea con el objetivo de devolver a los inmigrantes que rescataron en el mar.
  9. Se propusieron los desembarcos regionales, lo que implica que estos se practiquen fuera de la Unión Europea, no obstante Marruecos ya desechó dicha posibilidad.

El Consejo y la Comisión de la Unión Europea dio cuenta de estos mecanismos como plataformas de desembarco regional en terceros países, como Egipto y Libia, a pesar de que este último se encuentra en una guerra civil desatada y patrocinada por Occidente, todo lo anterior con la participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización Internacional de la Migraciones (OIM) (Solórzano, 2017a).

En el encuentro de junio de 2018 del Consejo Europeo y en el texto redactado no se hizo alusión a un aspecto extremo de la inseguridad, es decir, los miles de migrantes muertos en su intento por llegar a la Unión Europea, tampoco no se abordó el tema de salvaguardar sus vidas. Lo que si se señaló en el documento fue el pacto de 2016 con Turquía, que redujo la llegada de sirios. Cabe destacar que la Unión Europea establece, en sus planes migratorios, la seguridad nacional en detrimento de los derechos humanos y de la seguridad humana.

Lo anterior es solo una extensión y se refuerza con los diversos operativos marítimos que se han implementado en el mar Mediterráneo y que no buscan en ningún momento salvar la vida de los migrantes y mucho menos otorgarles seguridad humana.

El informe elaborado por Ruiz y Brunet (2018, pp. 6-7) arroja datos interesantes sobre las operaciones marítimas implementadas por la Unión Europea, muestra que de las 8 principales operaciones (Mare Nostrum, Poseidón, Hera, Andale, Minerva, Hermes, Tritón y Sofía) ninguna tiene mandato exclusivo del rescate de personas. Todas ellas han seguido, o siguen, el objetivo general de combatir la criminalidad en zonas fronterizas. Solo una de ellas (Mare Nostrum) incluyó organizaciones humanitarias en su flota, pero fue reemplazada por la operación Tritón de Frontex (Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea) (2013-2015) que tenía una creciente orientación a la persecución de los crímenes fronterizos. La operación (Sofía) incluyó una colaboración directa con la organización militar de la Otán con el mandato centrado en la persecución de aquellos que trasladan personas a rutas migratorias. El análisis de estas operaciones muestra que el trato dado a los actos criminales es a menudo similar al de las personas refugiadas, enfocándolo como una cuestión de seguridad y considerando a los refugiados como una amenaza.

Tanto en los países de origen, cruce, destino, en la deportación y devolución se criminaliza a migrantes, a los que auxilian y prestan ayuda, tanto en Estados Unidos como en países de la Unión Europea, como en el caso de Italia donde el primer ministro del interior Matteo Salvini ha criminalizado toda ayuda o auxilio hacia migrantes. Por ejemplo, a finales de junio de 2019, Carola Rackete, capitana del barco humanitario Sea-Watch 3 de la ONG alemana, ingresó a Lampedusa con 40 migrantes libios, luego de esperar medio mes para desembarcar en alta mar. Por este acto fue encarcelada en Porto Empedocle y después liberada gracias a las protestas. Salvini ha denominado "criminales" a los tripulantes de barcos que están salvando a migrantes y ha multado a embarcaciones que logran salvar vidas.

A inicios de julio de 2019, el barco de una ONG italiana mediterránea tripulada por el capitán Tomasso Stella llegó al puerto de Lampedusa con alrededor de 40 migrantes, quienes fueron conducidos a un centro de internamiento en Lampedusa, lo cual no evitó la sanción económica e investigación judicial de Tomasso.

A la embarcación de Alan Kurdi de la Organización No Gubernamental alemana Sea-Eye que salvó en el Mediterráneo alrededor de 70 migrantes, Salvini le negó la entrada al puerto de Lampedusa y mandó a Malta a dicho barco, en una primera instancia Malta también negó el ingreso, pero después de gestionar el asunto con el resto de los gobiernos de la Unión Europea ofreció distribuir a los migrantes entre los diversos paises del bloque europeo. A las acciones de Matteo Salvini de no dejar ingresar a barcos que salvan vidas de los numerosos naufragios, algunos lo han denominado "política de puertos cerrados a las Organizaciones No Gubernamentales", la cual pone en extremo peligro la seguridad y el salvamento de cientos de vidas de migrantes y promueve la inseguridad de la tripulación de las embarcaciones al criminalizarlos, a pesar de que los tripulantes velan por la seguridad de los migrantes.

La Organización No Gubernamental alemana aludió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin embargo este no intervino. En sus inicios, el tribunal no recibía denuncias de migrantes. Actualmente está en crisis, dado que los Estados que integran la Unión Europea no han resuelto los casos de afectaciones de derechos humanos al interior de sus paises, por ello se han turnado al tribunal generando sobresaturación, a las denuncias no se les ha podido dar cauce, se pudiera pensar en una crisis de derechos humanos acumulados en la Unión Europea.

Las Organizaciones No Gubernamentales y asociaciones que auxilian, salvan vidas y preservan los derechos humanos de los inmigrantes, también están expuestos a la inseguridad y la violencia. Algunos gobiernos han propuesto o reforzado iniciativas, decretos y leyes que son caldo de cultivo para la violación de derechos. Como el decreto seguridad Bis aprobado por el gobierno de Salvini, el cual establece que cualquier ONG de salvamento de vidas humanas que ingrese sin permiso será multada con 15 años de cárcel y 50.000 mil euros.

A finales de septiembre de 2019, se desmanteló el mayor campo de inmigrantes en Europa, denominado campamento de Moria, ubicado en la isla de Lesbos en Grecia, que con altos niveles de inseguridad servía de refugio a migrantes. Argumentaron que el cierre se debió al incendio y al enfrentamiento entre refugiados y migrantes contra la policía y los bomberos, hecho que cobró la vida de una persona y produjo heridos. Cabe destacar que el centro estaba saturado, vivían hacinados entre 7000 y 12000 migrantes. La mayoría eran de origen sirio, que huyeron de su pais por la guerra civil y las intervenciones militares alentadas por Estados Unidos. Antes, en octubre de 2016, ya se había presentado el desmantelamiento de otro campo de refugiados y migrantes en la Jungla de Calais, en Francia, donde se presentó una represión policiaca y un incendio que cobró la vida de personas.

A decir de Ruiz y Brunet (2018, p. 6) se ha configurado la respuesta europea en la era post-11S por una ampliación del paradigma de seguridad, basada en la securitización de las cuestiones sociales. Todo ello ha transformado las políticas europeas, convirtiendo una agenda social en otra focalizada en la seguridad, en la que las migraciones y la libre circulación de personas han pasado a ser consideradas como amenazas a la seguridad del Estado. Como consecuencia, este fenómeno ha sido tratado con las herramientas tradicionales de seguridad: militarismo, control y vigilancia.

El terrorismo ha sido otro elemento central que ha configurado e incentivado la política de contención a la inmigración y la securitización en la Unión Europea, este mismo fenómeno se observa en Estados Unidos, queso pretexto de la lucha contra el terrorismo invade militarmente naciones y cierra sus fronteras.

El terrorismo es uno de los problemas y desafíos en el mundo occidental. Solórzano (2017d, p. 24) señala que a raíz de los fenómenos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, 11 de marzo de 2004 en Madrid, noviembre de 2015 en Francia y agosto de 2017 en Barcelona, las fuerzas políticas en cada país toman como bandera los discursos de odio, concibiendo a los migrantes indocumentados como los portadores del desempleo y de la inseguridad. Las detenciones en el metro, calles, carretas, centros de trabajo, transportes, estaciones de trenes, autobuses y aviones, se establecen con perfiles raciales. El nuevo racismo se practica a las personas provenientes de África bajo el supuesto de que están infectados de ébola (epidemia presentada de 2014 a 2016) ya los sudamericanos -migrantes y no migrantes- se les denomina despectivamente "sudacas".

El discurso en torno a la protección de la seguridad interior y exterior de los países occidentales contra el terrorismo ha sido utilizado para invadir y atacar militarmente otras naciones. Un ejemplo es Libia, atacada de nuevo en 2011 por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, en la operación denominada Odyssey Dawn, que respaldó la ONU bajo el pretexto de "ayuda humanitaria". Estas naciones se acogieron al mecanismo de exclusión aérea, como lo hicieron en el norte de Irak con los kurdos. Por otro lado, con ayuda de los oponentes de Muammar Gadafi en Bengasi (ubicado al noreste), las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) bombardearon Libia; mientras que Estados Unidos atacó con misiles, desde el mar. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, presionó a los miembros de la Unión Africana para que no respaldaran a Gadafi, con el fin de que Norteamérica y la Unión Europea se apropiaran de las reservas de petróleo (Solórzano, 2017a, pp. 30-31). En esta misma línea, Mack enfatiza:

The neglect of civil war as a field of research within the security studies community is remarkable (Mack, 2004, p. 48).

Libia ha sido denominada la "ruta de la migración del Mediterráneo Central" una de las más peligrosas, donde diariamente transitan niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres provenientes de países africanos y de Oriente Medio que buscan arribar a la Unión Europea por Italia (Solórzano, 2017a, p. 31).

Actualmente la lucha contra el terrorismo tiene un impacto negativo sobre la agenda europea respecto al Mediterráneo. La preocupación por la seguridad está presente en todos los programas de ayuda de la Unión Europea hacia el sur del Mediterráneo (Thieux, 2005, p. 107).

En consonancia con lo anterior, la Unión Europea emplea un sistema de vigilancia masiva con tecnología de punta, supeditando la seguridad a sistemas de vigilancia (que data de la fortaleza europea), el binomio tecnología­ seguridad impulsado por el Consejo Europeo.

El 7 de marzo de 2017 el Consejo Europeo adoptó un nuevo reglamento que modifica el Código de Fronteras Schengen con el objetivo de reforzar los controles fronterizos, y obliga a los Estados miembros a realizar y aplicar controles sistemáticos en sus fronteras y a verificar la información en las bases de datos que desarrolla la Unión Europea. Otro mecanismo es la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (EU-LISA) que entró en funcionamiento en 2012 y se ha ido fortaleciendo. Este tiene la tarea de gestionar algunos de los principales sistemas informáticos relacionados con el control de fronteras y movimientos. Lo anterior es fortalecido con diversos sistemas de control de movimientos tecnológicos que conforman las fronteras virtuales: Eurodac (1993); VIS (Sistema de Información de Visados) (2008); SIS II (Sistema de Información Schengen) (2013); Sistema Smart Borders ( 2013); PRV (Sistema de Viajeros) Seiav (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes) (2017); Sistema I-Checkit (2002) diseñado por la Interpol; Eurosur (2013) (Ruiz y Brunet, 2018, pp. 34-36).

Cabe advertir que la vigilancia data de la fortaleza europea se extiende a todas las organizaciones y ciudadanos que intentan auxiliar y salvaguardar la seguridad humana de los inmigrantes, promoviendo los derechos humanos en la Unión Europea, lo que significa extender la criminalización a los ciudadanos europeos, lo anterior es caldo de cultivo para patrocinar, promover y potenciar posturas y discursos discriminatorios y xenófobos, y para incrementar la inseguridad de los habitantes de la Unión Europea, para recuperar y fortalecer una seguridad que supuestamente se ha perdido.

El establecimiento de los Centros de Internamiento tiene origen en los Acuerdos de Schengen de 1995. De ese año a la fecha, se han instalado en todas las naciones de la Unión Europea. Cada país impone sus propios mecanismos de administración de los CIE y la temporalidad de internamiento. Por ejemplo, en Grecia se encierra a todos los migrantes indocumentados sin excepción, por un período de 18 meses, negándoles la oportunidad de pedir asilo. En España solo se les recluye si existe una orden de deportación (Solórzano, 2017a, p. 34).

Antes del ataque en Francia en noviembre de 2015, la Unión Europea formalizó la detención de extranjeros que no mostraran identificación y registro. Alemania está considerando crear Centros de Internamiento para deportar rápidamente a los miles de migrantes, pretendiendo restringir la reunificación familiar de estos. Francia fue uno de los países que contaba con el campo improvisado de refugiados más grande de Europa, la Jungla de Calais donde hacinaban a miles de migrantes que querían ingresar por el eurotúnel a Reino Unido. Sin embargo, a finales de octubre de 2016 el gobierno de François Hollande ordenó desmantelarlo (Solórzano, 2017a, p. 35).

Los centros donde retienen a los migrantes cuentan con muros y alambradas con cuchillas afiladas. Ahí los migrantes viven en condiciones inhumanas y de inseguridad. A estos lugares se les denomina de múltiples formas: campo de refugiados, asentamiento temporal para refugiados, centro de detención, campos de concentración. Además de sirios, hay alojados iraquíes, afganos, kurdos, palestinos, libios, somalíes, sudaneses, entre otros.

Otros eventos han marcado a la Unión Europea, como el Brexit que promocionó Reino Unido para separarse de la Unión Europea y utilizó los discursos anti-inmigratorios y de oposición a la globalización como elementos centrales para impulsar la separación. El 23 de junio de 2016 se realizó el referéndum promovido por grupos nacionalistas. Los ciudadanos votaron a favor de la separación, lo que impactará a mediano y largo plazos en los ámbitos económico, político y social, tanto en la Unión Europea como en Reino Unido. En primera instancia, afectará la libre circulación de personas. Reino Unido tendrá la potestad de revisar, elaborar e implementar políticas inmigratorias diferentes a la Unión Europea (Solórzano, 2017d, p. 31).

CONCLUSIONES

La guerra fría y las consecuentes tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue el contexto idóneo para que el paradigma de seguridad nacional tuviera auge. En opinión de Fuentes (2012, p. 33), la seguridad humana irrumpe en el debate internacional en los años noventa en respuesta a las agudas, severas y masivas amenazas que afectan a las personas y que no son resueltas bajo el paradigma tradicional de seguridad estatal.

Con el paso del tiempo, la noción de seguridad humana se fue reforzando y proponiendo una perspectiva integral, debido a los cambios generados en el entorno internacional; a los procesos de globalización; a la emergencia de nuevos fenómenos sociales y políticos, como guerras, invasiones, guerrillas y conflictos políticos; y debido a los desplazamientos humanos que estos generan, además de crisis humanitarias, pobreza y creación de campos de refugiados.

Un tema que no se puede dejar de lado, son los problemas derivados del cambio climático, como el aumento de desastres naturales y sus consecuentes resultados, el fenómeno de los refugiados ambientales. Otros problemas globales son la trata de personas, narcotráfico y terrorismo. Tal como lo menciona Sorj (2005, p. 47):

The fight against terrorism and resulting American interventions were made under the guise of protecting human rights. This caused some doubts about the right of justifying external intervention in the name of human security.

En Estados Unidos y la Unión Europea se han establecido centros de internamiento y/o retención, donde los migrantes viven en condiciones inhumanas que atentan contra su seguridad y violan flagrantemente sus derechos. En los últimos años, después de que el tema del terrorismo acaparó la atención internacional se recrudecieron las violencias e incrementaron las inseguridades en las fronteras.

Occidente ha tratado de establecer medidas de presión a países del tercer mundo, proponiendo establecer resguardo y retención en terceros países, ya sea fuera de Estados Unidos o de la Unión Europea. Parecería que no están interesados en salvar vidas humanas, en salvaguardar los derechos humanos y en proteger la seguridad humana de los migrantes.

A los gobiernos de países expulsores de migrantes muy poco les interesa la seguridad humana de sus connacionales, aunque envíen grandes montos de divisas con un costo altísimo en la afectación de derechos humanos. A los países receptores de migrantes no les interesa la seguridad de estos, por ello se explica el retiro de algunas naciones del Pacto Migratorio.

A pesar de la existencia de pocos instrumentos internacionales signados por naciones en materia de protección de derechos humanos para migrantes, parecería que en el plano real son poco efectivos. Mientras que el uso político que los gobiernos y clases políticas de países, así como entidades internacionales que intentan sacar provecho del discurso de la seguridad humana, no se materializa en acciones concretas, vaciando de contenido la noción. Por otro lado, se corre el riesgo de traslapar y encubrir el interés nacional con discursos de seguridad humana afectando los derechos humanos y aumentando la inseguridad de las personas y migrantes.

Estados Unidos y la Unión Europea han aplicado la estrategia de recorrer sus fronteras a otros países. Por ejemplo, la Unión Europea lo ha hecho con Turquía y con las naciones del norte de África y en el caso de Estados Unidos a México y Centroamérica. Occidente ha utilizado la estrategia de ofrecer recursos monetarios para "apoyar", vigilar, encarcelar y deportar vía terrestre o aérea a migrantes, sin prestar atención en la salvaguarda de la seguridad humana y los derechos humanos.

Los países que detienen a migrantes para que no lleguen a su frontera despliegan todo tipo de mecanismos, como la estrategia iniciada por el gobierno mexicano en enero de 2019 y que continúa en 2020, el cual consiste en desplegar a lo largo del territorio nacional y utilizar a la Guardia Nacional para detener migrantes, como un dispositivo para sellar las fronteras sur y norte de México, las acciones referidas carecen de elementos para salvaguardar los derechos humanos y la seguridad humana de los migrantes. Lo anterior a cambio de que Estados Unidos apruebe el resultado y dé el visto bueno a las acciones realizadas por el gobierno mexicano contra migrantes, y como condicionante para que Estados Unidos firme la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Del otro lado del mundo, entre 2018 y 2019, en Marruecos se utilizó a la gendarmería y a la marina real para detener por mar a los migrantes, sin establecer mecanismos de salvamentos y seguridad de vidas humanas. También se utilizó para deportar a migrantes subsaharianos. En este sentido, la Comisión de la Unión Europea contempló un acuerdo de asociación pesquera y agrícola por recursos de aproximadamente 140 millones de euros para contener la migración en Marruecos. Mientras que Occidente, que ha invadido e intervenido militarmente a países de África y Oriente Medio, no se hace responsable de la migración masiva que están originando sus injerencias y ataques militares, la cuales incrementan la inseguridad y afectan los derechos humanos no solo de los migrantes sino de la población en general.

Ya sea en el mar del Mediterráneo hacia la Unión Europea, en el río Bravo o en el desierto de la frontera México-Estados Unidos o por los traficantes de migrantes, existe un gran cementerio de millones de personas en tierra y mares que no han sido identificadas, y en otros casos, miles de migrantes desaparecidos. Al respecto, entidades internacionales como Acnur la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la de derechos humanos no han presionado lo suficiente a los Estados para que elaboren estadísticas confiables de migrantes muertos y sus causas, lo anterior reflejaría el alto costo de inseguridad y violencias que se traducen en pérdidas de vidas humanas.

Diversas políticas migratorias implementadas tienen un corte de racismo-institucional tanto en los países de origen, destino, deportación y cruce. Algunas veces, la sociedad está en contra de que se establezcan centros para alojar migrantes por motivos humanitarios y de seguridad, como el centro que quería establecer la Cruz Roja en Sevilla, España. Sin embargo, los grupos vecinales, con el respaldo del Partido Popular (PP) y el partido de ultraderecha Vox, alegaron problemas de seguridad y orden público, la protesta canceló la implementación del centro a mediados de septiembre de 2018.

En la Unión Europea y en Estados Unidos se presentan personajes políticos que no solo se quedan en declaraciones racistas y xenófobas, sino que promueven y elaboran políticas migratorias y de diversa índole, acciones y medidas que atentan contra la seguridad humana de migrantes y criminaliza a asociaciones, sindicatos y organizaciones no gubernamentales que buscan salvar vidas humanas. Como Donald Trump y Horst Seehofer, ministro del interior Alemán que coincide con las declaraciones y propuestas de Matteo Salvini de Italia. Pero la criminalización de los que auxilian a los migrantes se presenta en América y Europa con gobiernos de derecha y de "izquierda", como en los casos de Grecia y México, en este último para cumplir las exigencias de Donald Trump.

Cuando inició la pandemia en Estados Unidos, cientos de migrantes mexicanos comenzaron a contagiarse en sus lugares de trabajo. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, al 28 de abril de 2020 murieron 566 migrantes, de los cuales 448 habían fallecido en Nueva York. Al 12 de junio oficialmente han fallecido 1,308 mexicanos en toda la Unión Americana (SRE, 2020).

Un gran porcentaje de los fallecidos eran originarios de Puebla, Guerrero y Oaxaca, muchos no contaban con documentación y eran indocumentados en el país vecino. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México no facilitó los mecanismos para repatriar a los connacionales muertos bajo la justificación de que se podía expandir el contagio de coronavirus. A lo anterior, se suma el hecho de que en algunos casos los consulados estaban cerrados o no contestaban los teléfonos de atención. Cabe decir, que la Secretaría apoya la repatriación de cuerpos solo cuando se muestra documentación (pasaporte, credencial de elector, entre otros). Por no tener documentos muchos de los fallecidos fueron enviados a las fosas comunes que asignó el gobierno norteamericano para este fin (Ramírez, 2020).

Cabe recordar que así como miles de mexicanos no cuentan con seguridad social (atención médica) en México, los migrantes indocumentados tampoco cuentan con seguridad social en Estados Unidos lo que hace más difícil enfrentar la pandemia del Covid-19. En este sentido, los migrantes han afrontado la problemática con ayuda y respaldo de organizaciones, federaciones, frentes, iglesias y clubes que tradicionalmente se han encargado de apoyarlos.

De la misma manera, como el gobierno mexicano no ha aplicado pruebas a su población para la detección del coronavirus, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) no ha aplicado tests a los migrantes recluidos en los centros de detención de Aurora, Colorado, Tacoma y Washington (Ramírez, 2020).

Antes y en el contexto de la pandemia global del Covid-19, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ha tenido acciones claras y contundentes para salvaguardar la seguridad humana de la población mundial y mucho menos para los migrantes que, por su misma situación y condición, son más vulnerables en situaciones sanitarias.

La inseguridad humana que padecen los migrantes en sus países de origen, en el trayecto y en los de destino se materializa en la afectación de sus derechos humanos, en la injusticia ejercida por las instituciones que no generan condiciones para una movilidad segura y ordenada pero, por otro lado, están las violencias que ejercen cuerpos policíacos, militares, grupos delincuenciales y cárteles de la droga. Sumado a la falta de reconocimiento de identidad, ya que muchos de los migrantes no cuentan con documentos de identidad oficial.


NOTAS

1 Hiroshi, N. (2011). The gulf war and japanese diplomacy. 6 de diciembre. Disponible en https://www.nippon.com/en/features/c00202/the-gulf-war-and-japanese-diplomacy.html
2 Pompeo: Caravana de migrantes. Disponible en https://mx.usembassy.gov/es/pompeo-caravana-de-migrantes/
3 Una nueva caravana desde Honduras aviva las tensiones. Disponible en https://www.nytimes.com/es/2019/01/14/caravana-migrante-honduras/
4 Una nueva caravana desde Honduras aviva las tensiones. Disponible en https://www.nytimes.com/es/2019/01/14/caravana-migrante-honduras/
5 Ibid.
6 ¿Por qué detuvieron a Irineo y Cristóbal, defensores de derechos de migrantes?: https://www.animalpolitico.com/2019/06/por-que-detuvieron-defensoresmigrantes/
7 ¿Por qué detuvieron a Irineo y Cristóbal, defensores de derechos de rnigrantes?: https://www.animalpolitico.com/2019/06/por-que-detuvieron-defensoresmigrantes/
8 Diario Oficial de la Federación del Gobierno de México. Disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5563896&fecha=24/06/2019.
9 Ibid.


REFERENCIAS

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