Estrategias de control ciudadano: una aproximación a la intervención megaminera en Cajamarca, Tolima. 2007-2013

Strategies of civil control: an approximation to the megamining intervention in Cajamarca, Tolima, 2007-2013

Diana Cristina Corredor Gil*

* Politóloga, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, Colombia. diancri123@hotmail.com

Recibido: 28 de febrero de 2014 / Modificado: 2 de mayo de 2014/ Aceptado: 18 de mayo de 2014

Resumen

El presente estudio de caso busca describir y analizar, a la luz de los conceptos de resistencia civil y acción colectiva, cómo las movilizaciones sociales en el Tolima han logrado generar cambios en el modo de operar de la transnacional minera Anglo Gold Ashanti en la mina La Colosa entre los años 2007 y 2013. Con este fin se realizaron una serie de entrevistas y visitas de campo que permitieron un acercamiento al movimiento de los Comités Ambientales y Campesinos del Tolima. Este acercamiento dio como resultado una reconstrucción del panorama de la problemática que enfrentan las comunidades locales cuando las empresas megamineras llegan a sus territorios transformando, en diferentes aspectos, la dinámica del lugar. Dicho panorama se constituye en un insumo que puede ser utilizado por las comunidades para empoderarse frente al derecho de decidir sobre el uso que le quieren dar a su territorio.

Palabras clave: megaminería, comunidades locales, impacto socioambiental, resistencia civil, acción colectiva.

Abstract

This document describes and analyzes, through the concepts of civil resistance and collective action, how mobilizations in Tolima have generated changes in the modus operandi of the transnational miner Anglo Gold Ashanti in "La Colosa" mine between 2007 and 2013. A number of interviews and field visits were conducted to allow the construction of an approximation to the Environmental and Rural Committees of the Tolima movement. This approximation led to a reconstruction of the understanding of the problematic situations that local communities face when the mining corporations come to their territories transforming, in different aspects, the local dynamics. This understanding constitutes an input that can be used by communities to empower themselves regarding the right to decide at to how they want to use their territory.

Key words: Mining industry, local communities, social and environmental impact, civil resistance, collective action.

"Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado, un arquitecto.
Pero todos los días, tres veces al día, vas a necesitar un agricultor".
Anónimo

A partir de la década de los noventa, con la expansión del neoliberalismo como un nuevo modelo económico fortalecedor del extractivismo, se da una masiva intervención megaminera en el continente latinoamericano, en donde se crearon códigos y leyes que facilitaron la entrada de las transnacionales mineras, sin exigirles de manera clara e inflexible la responsabilidad en materia social, cultural y ambiental que deben tener para con las comunidades locales, presentándose así múltiples violaciones de los derechos humanos (Velásquez, 2012, p. 54).

La definición de extractivismo dada por Simon Tremblay-Pepin y Guillaume Hébert (2013) establece que este puede entenderse como un modelo de desarrollo en el que se elimina un recurso (minerales, petróleo, agricultura, ganadería, silvicultura, etc.) para luego ser vendido en el mercado, por lo general internacional. De esta manera el Estado, a través del cobro de tarifas, aumenta las cifras económicas del país, porque el pib crece de manera gradual a medida que los recursos no explotados anteriormente se integran en el proceso económico.

Debido a esta dinámica, y como consecuencia de la flexibilidad y debilidad de la legislación minera en el caso colombiano, llegaron al país empresas de la minería metalífera como la AngloGold Ashanti, cuyo trabajo se centra en la extracción de oro, actividad que ha tenido gran auge en los últimos años gracias al significativo aumento en los precios internacionales de este metal (Velásquez, 2012, p. 48).

Si bien esta forma de extractivismo impulsa el crecimiento económico, el cual debería redundar en mejores condiciones de vida para el resto de la sociedad, al mismo tiempo "trae consigo la negación y represión de las protestas ciudadanas por los impactos culturales, sociales y ambientales de la explotación" (Gudynas, 2012, p. 132).

El concepto de protesta para el presente artículo (Schuster y Pereyra, 2001; Schuster y Scribano, 2001) ha sido definido como una forma de acción colectiva de carácter contencioso e intencional que adquiere visibilidad pública y que se orienta al sostenimiento de demandas, centralmente, frente al Estado. Esta definición se aleja un poco del concepto de movilización social que será el eje de este análisis, porque se centra en un sentido político unívoco, que da cuenta de la consolidación de movimientos que en general tienen una matriz identitaria constante en el tiempo (por ejemplo, derechos humanos, feminista, etc.).

Por su parte, el concepto de protesta hace referencia, en un sentido más amplio, a todas las expresiones de acción colectiva teniendo en cuenta dimensiones como la identidad, la localización, la diversidad de temas involucrados en las protestas y los formatos de la misma. En otras palabras, la noción de protesta aborda la segmentación de intereses que se pueden dar en la acción colectiva, mientras que la de movilización social apela por su unidad frente a un fin específico (Schuster y Pereyra, 2001; Schuster y Scribano, 2001).

Para ejemplificar esta distinción se puede decir que la Red de Comités Ambientales y Campesinos del Tolima hace uso de la movilización social en la medida en que su objetivo único es la conservación del territorio libre de extracciones megamineras, pero en este proceso se dan diversas protestas de múltiples sectores que establecen un sinnúmero de demandas particulares como los arroceros, los agricultores, los ambientalistas, los jóvenes. Todos confluyen en la resistencia contra el proyecto minero pero con diferentes intereses.

Teniendo en cuenta la anterior distinción conceptual, para el presente análisis se hará uso de ambos conceptos -movilización social y protesta-, que encierran una serie de prácticas conocidas como acción colectiva, resistencia civil y desobediencia civil. La acción colectiva se entiende, desde Sidney Tarrow (1997a, p. 49), como la movilización de una comunidad en torno a un objetivo compartido, que surge como respuesta a los cambios en la estructura de las oportunidades y las restricciones políticas como se desarrollará más adelante.

Por su parte, la resistencia civil tiene que ver con la acción política que se centra en estrategias generalmente no violentas contra el adversario con el fin de seducir a la opinión pública y lograr que los individuos decidan voluntariamente no obedecer ni cooperar con quien detenta el poder. En ella se utilizan "medios sociales, psicológicos, económicos y políticos sin recurrir a las amenazas o la violencia incluyendo acciones, omisiones o una combinación de ambas" (Sharp, 2005, p. 52).

Finalmente, la desobediencia civil es una práctica de resistencia que implica desacatar una disposición legal o normativa por considerarla violatoria de los derechos humanos e injusta (Dworkin, 1989, pp. 304-326).

Tal como lo afirma el profesor Anthony Bebbington (2013), dichas protestas se presentan porque la noción de modernidad que pregona la industria extractiva se contrapone a otras nociones de la misma. Adicionalmente, este autor resalta cinco aspectos que han sustentado los procesos de resistencia frente a la gran minería siendo el primero de ellos, el hecho de que los ciudadanos son más conscientes de ser sujetos de derechos y buscan hacerlos respetar; el segundo es que hay una mayor educación rural formal y no formal que crea ciudadanos más capacitados; el tercero es el reconocimiento de nuevas identidades, por ejemplo, para el caso de los indígenas y afrodescendientes, otorgándoles un gran valor patrimonial; el cuarto aspecto es la noción de que dichas identidades tienen raíces en ciertos espacios geográficos que se deben conservar, y el último aspecto es que hay una mayor conciencia ambiental y un reconocimiento de que los recursos naturales son vulnerables y limitados.

A partir del análisis realizado por el profesor Anthony Bebbington, es relevante el estudio del caso de la mina La Colosa en el Tolima, al evidenciar cómo se ha desarrollado el proceso de movilización social contra el proyecto y cuál ha sido la incidencia que ha tenido dicha movilización en las dinámicas de intervención de la multinacional AngloGold Ashanti.

En coherencia con lo anterior, la hipótesis que se planteó para esta investigación es que desde 2007 hasta 2013, la movilización social en el Tolima, expresada a través de la acción colectiva, la resistencia y la desobediencia civil, ha logrado canalizar diferentes iniciativas de protesta frente al desarrollo del proyecto megaminero de La Colosa en el municipio de Cajamarca, posicionándose como la alternativa más efectiva a la hora de retrasar la extracción del mineral porque hace uso de múltiples mecanismos legales, sociales, políticos y culturales, ampliando de esta manera el público receptor del mensaje de resistencia, y logrando un nivel mayor de persuasión de la opinión pública.

El eje de esta investigación es el análisis de narrativas de ciudadanos directa o indirectamente involucrados en el proceso de movilización social en contra del proyecto La Colosa, que hacen uso de diversas estrategias para evidenciar los daños que AngloGold Ashanti ha generado y podría generar en su comunidad y en la región.

El enfoque de la investigación es cualitativo en virtud de que el interés principal es el estudio del comportamiento de la comunidad de Cajamarca frente a la empresa megaminera, con el fin de hallar irregularidades y matices que permitan depurar o elaborar una imagen detallada a nivel social del comportamiento humano ante este fenómeno extractivista.

El trabajo de campo incluyó tres visitas a comunidades y actores aledaños al proyecto con quienes se realizaron dieciséis entrevistas semiestructuradas a campesinos, trabajadores, políticos, empresarios, periodistas, académicos y activistas, que permitieron la obtención de los testimonios en los que se basa la investigación.

Cajamarca-Tolima: ¿despensa agrícola o área de estrategia minera en colombia?

El municipio de Cajamarca, ubicado al occidente del departamento del Tolima (Orjuela, 2009a, pp. 25-37), cuenta con un área de 516,2 kilómetros cuadrados, de los cuales el 0,2%, corresponde al área urbana y el 99,8% al sector rural (p. 150), lo que lo hace un municipio esencialmente agrícola.

Como sustento de lo anterior, es posible afirmar que su economía depende del sector agropecuario "dedicando al mismo el 56 % del territorio" (Cajamarca 2012, p. 149). Por su parte, la ganadería ocupa el 54,6 % del espacio productivo del municipio (p. 109), lo que evidencia la importancia de Cajamarca en la producción de bienes alimentarios que permiten cubrir las necesidades internas de la población y las demandas del mercado externo en ciudades como Ibagué, Bogotá, Cali y Armenia (p. 109).

En términos hídricos, el municipio de Cajamarca hace parte de la mayor cuenca hidrográfica del río Coello a la cual le aporta el 37,5 %. Este aporte es el segundo en importancia después de Ibagué y en esta cuenca se localizan las fuentes abastecedoras de los acueductos urbanos de Cajamarca, Ibagué, Espinal y Flandes que representan más del 60 % de la población del departamento (Cajamarca, 2012, pp.150-151).

Esta descripción socioeconómica del municipio de Cajamarca muestra que durante los cien años de existencia de la localidad, los habitantes han logrado preservar los recursos agrícolas, hídricos y ambientales con los que cuentan, apoyando en cierta medida la teoría expuesta por la politóloga Elionor Ostrom, quien afirma que "en algunas comunidades, los individuos han confiado en instituciones ajenas al mercado y al Estado para regular la utilización de ciertos recursos y han alcanzado grados razonables de éxito durante largos periodos de tiempo" (Ostrom, 2000, p. 35).

No obstante, en contraposición a este proceso de autorregulación descrito por Ostrom, a partir del 2007 se anunció el proyecto de la mina La Colosa por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez (Eltiempo.com 2007) en donde varios agentes externos a la comunidad, en este caso, el gobierno central y la empresa megaminera AngloGold Ashanti, están imponiendo un modelo extractivista no consensuado con quienes actualmente administran el territorio y que se verían directamente afectados por la extracción del mineral, dado que minería y agricultura no pueden coexistir en un mismo espacio porque es necesario eliminar la capa vegetal para dinamitar la roca que contiene las partículas de oro.

Con relación a las dinámicas de intervención de la empresa AngloGold Ashanti en la mina La Colosa, y con base en el estudio realizado por el ingeniero químico Alejo Pulido (2013) para la organización Colombia Solidarity Campaign, resulta relevante caracterizar a la empresa teniendo presente que es la tercera multinacional minera de oro a nivel mundial, tiene su sede en Sudáfrica, y en el 2005 la ong Human Rights Watch denunció que AngloGold Ashanti había financiado a grupos paramilitares en el Congo. También cabe mencionar que en el 2011, Greenpeace le otorgó el premio Public Eye Award por ser la empresa más irresponsable del mundo, debido a la contaminación de fuentes de agua potable ocasionada por sus operaciones en Ghana (Pulido, 2013, p. 21).

En el caso específico de Colombia, AngloGold Ashanti (AGA) llegó al país en 1999, no obstante, la filial colombiana de AGA fue legalmente constituida en 2003, bajo el nombre de Sociedad Kedahda S.A., que le permitió operar durante varios años, pero sin el nombre de AngloGold Ashanti, identidad que solo se dio a conocer a finales de 2007, ocho años después de su llegada, cuando el expresidente Álvaro Uribe anunció el proyecto de la mina La Colosa (Pulido, 2013, p. 27).

Así mismo, a partir de la investigación realizada por Alejo Pulido (2013, p. 32) se deduce que el uso de una identidad diferente le permitió a la empresa adquirir un gran número de títulos mineros en el país¹, manteniendo un bajo perfil y evitando de esta manera el surgimiento temprano de movilizaciones sociales que se opusieran al proyecto.

Por su parte, de acuerdo con los informes a los inversionistas presentados por la empresa, la mina La Colosa, en Cajamarca-Tolima, podría llegar a una reserva de 35 millones de onzas de mineral, equivalentes a casi 60.000 millones de dólares, ubicándola como la quinta mina productora de oro (por año) en el mundo (Pulido, 2013, p. 48).

Adicionalmente, Pulido (2013) cita al doctor Mark Muller, quien afirma que "dada la magnitud de la mina así como la concentración y distribución del mineral en La Colosa, es improbable que la explotación únicamente sea subterránea". Esta decisión se explica porque el yacimiento de oro encontrado en La Colosa contiene el mineral en micro partículas que, al ser invisibles, resultan muy difíciles de extraer por medio de un socavón, siendo más práctico y rentable el método de minería a cielo abierto, en donde se hace necesario retirar la corteza vegetal y con ella toda manifestación de vida animal y vegetal, para luego explotar fragmentos de la montaña con la utilización de dinamita, posteriormente la roca es separada del oro a través de un proceso químico de lixiviación en grandes piscina de agua con cianuro o diques de cola (p. 51)

Tal como afirma Pulido (2013, p. 49), en Cajamarca sería un peligro construir las piscinas de lixiviación mencionadas dada su alta inestabilidad sísmica y topográfica, puesto que una ruptura podría significar el derrame de residuos altamente tóxicos a la cuenca del río Coello, lo que afectaría a todas las poblaciones ubicadas en la ladera de la montaña.

Por esta razón, el 5 de diciembre 2012, en el corregimiento de Doima del municipio de Piedras ubicado a 92 kilómetros de distancia de Cajamarca, representantes de AGA tuvieron una reunión informativa con la comunidad para explicarle que se estaba buscando el lugar para el procesamiento del mineral; sin embargo, la comunidad le expresó su descontento por las actividades realizadas en el municipio durante casi un año sin previo conocimiento por parte de la población (Pulido, 2013, pp. 48-49).

Con base en lo descrito y para finalizar este apartado, es necesario mencionar los impactos que traería consigo el proyecto La Colosa para los colombianos: en términos ambientales, se vería afectado el recurso hídrico, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, los pasivos ambientales pueden llegar a ser incalculables y se atentaría contra el derecho a un ambiente sano de las generaciones venideras. Esto teniendo en cuenta que para el proceso de extracción de oro, específicamente para 50 mil toneladas diarias de roca, se utilizarían 2 millones de litros de agua por hora. Esto equivale al agua que consume una persona en 35 años de vida (ilsa, 2013, p. 7).

En términos sociales, en países como Perú y Argentina los grandes proyectos megamineros como La Colosa han evidenciado que la precariedad de los programas de responsabilidad social y la vulneración de los derechos humanos pueden llegar a exacerbar el conflicto social y político generando una polarización social caracterizada por los desplazamientos, la lesión a las culturas y a la cohesión de las comunidades locales, el encarecimiento de los productos y servicios y, principalmente, el incremento de la violencia, la prostitución y otros indicadores de deterioro social (Instituto de Estudios Peruanos, 2009, pp. 85-122).

En materia económica se presenta evasión de las obligaciones fiscales por parte de las empresas mineras que operan en Colombia e incoherencia entre las exenciones tributarias y las regalías (por cada 100 pesos que pagaron de regalías en los últimos cinco años se les devolvieron por exenciones tributarias 200 pesos) (Rudas y Espitia, 2013, p. 148), así como baja generación de empleo de calidad y poca capacidad de absorber la mano de obra que hoy ocupan las actividades agropecuarias, además de la extranjerización del subsuelo y los bienes ambientales (Ilsa, 2013, p. 7).

Por su parte, Julio Fierro, en el portal Razón Pública, denuncia la evasión del pago del canon superficiario² con la manipulación de las áreas de los títulos mineros, hecho que involucra directamente a aga por ser la mayor poseedora de títulos (Fierro, 2012). Esta denuncia ha sido sustentada por la Contraloría General de la República al encontrar deficiencias en el cobro del canon superficiario que beneficiaba a aga por una suma de 7.000 millones de pesos (3,9 millones de dólares) (La F.M., 2013).

Comités ambientales y campesinos protagonistas de la movilización social en el tolima, 2007-2013

Tal como lo afirma Jairo Estrada Álvarez (2011), aunque el escenario frente a las extracciones megamineras es desalentador para las comunidades, es llamativo ver cómo se están generando formas de resistencia social y popular a la par del surgimiento de proyectos de desarrollo alternativos.

Siguiendo a teóricos como Sidney Tarrow (1997a, p. 49) es posible afirmar que estos procesos colectivos por parte de las comunidades direccionan su interés hacia la acción política con base en las oportunidades y las restricciones políticas, lo que quiere decir que, en materia de acción colectiva, la movilización de una comunidad en torno a un objetivo compartido surge como respuesta a los cambios en la estructura de las oportunidades y las restricciones políticas.

Según Tarrow (1997a, p. 49), la estructura de oportunidades y restricciones políticas es entendida como "dimensiones del entorno político que ofrecen incentivos para que la gente participe en acciones colectivas al afectar sus expectativas de éxito o fracaso" proponiendo entonces cuatro dimensiones (p. 156) que permitirán analizar cómo se ha venido consolidando el movimiento social contra el proyecto minero en la conformación de la Red de Comités Ambientales y Campesinos del Tolima.

La primera dimensión es el incremento de acceso a la participación por parte de los ciudadanos, la cual se ve limitada por las oportunidades para poderosas empresas mineras como la aga, respaldadas por el Código Minero colombiano, el plan de desarrollo del presidente Juan Manuel Santos con la locomotora minera y el Decreto 0934 de 2013 por medio del cual se establece que el Ordenamiento Minero no hace parte del ordenamiento territorial (Cante y Corredor, 2013) y, por ende, tampoco hace parte de las competencias o facultades de las entidades territoriales, con lo cual quedan municipios y departamentos imposibilitados para decidir sobre su vocación productiva en caso de que su subsuelo cuente con recursos mineros. Siguiendo a Tarrow, para el presente caso de estudio, esta dimensión se expresa como una restricción política más que como una oportunidad, puesto que en lugar de un incremento de acceso a participación lo que se da es una constricción de la misma, siendo esto a su vez una motivación para que los sectores que se oponen al proyecto se organicen y exijan su derecho a intervenir en la toma de decisiones.

La segunda dimensión aborda los cambios en los alineamientos de los gobiernos con la creación de coaliciones que generan incertidumbre en las comunidades como en el caso de los vínculos de la empresa con el gobierno nacional; la tercera hace referencia a la división de las élites, aspecto que también se evidencia en el presente caso de estudio, al ver la disputa de las élites regionales que quieren conservar sus terrenos para la agricultura, frente a una élite nacional que busca extraer el oro de la montaña.

La cuarta dimensión involucra la participación de aliados influyentes y que pueden incidir en la toma de decisiones, por ejemplo, la participación que han tenido diferentes universidades, ONG, entidades gubernamentales como la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y demás organizaciones en la consolidación de la movilización de las comunidades en el departamento.

En el caso de la mina La Colosa, siguiendo al profesor Freddy Cante (2007, p. 156), es posible afirmar que estos cambios en la estructura de oportunidades y las restricciones políticas constituyen factores exógenos, es decir, externos a las organizaciones, que han motivado el levantamiento de diversos sectores de la población colombiana que se oponen al proyecto. Estas estrategias han logrado planearse gracias a las oportunidades endógenas, que son condiciones propias de las organizaciones, como la coordinación e interacción estratégica entre los líderes de los diferentes grupos, que además se han visto fortalecidos a través de las habilidades y los recursos canalizados en la Red de Comités Ambientales y Campesinos en Defensa de la Vida, la cual ha permitido que la movilización en el Tolima se consolide y se fortalezca progresivamente (p. 156).

Por su parte, Kurt Schock plantea que los factores endógenos, como la existencia de organizaciones paraguas, son determinantes a la hora de mantener la resiliencia, porque generan un amplio apoyo para agregar y coordinar las acciones no violentas, de lo contrario se corre el riesgo de que las diferentes organizaciones terminen compitiendo entre ellas, aun teniendo un mismo objetivo, puesto que es la organización paraguas la que puede facilitar el surgimiento de una infraestructura organizacional que coordine los intereses, facilite la formulación de demandas previamente acordadas y, en últimas, le permita a todas las organizaciones que se adhieran actuar de manera estratégica para conseguir sus objetivos y consolidar las ganancias (Schock, 2008, p. 190).

Retomando los testimonios de los locales, después del anuncio del descubrimiento de la mina La Colosa a finales del 2007 la empresa empezó a dar charlas sobre los beneficios que traería el proyecto para el municipio y la región, y en ellas varios líderes de Cajamarca iniciaron su proceso de acercamiento con la empresa en cuestión:

Cuando llegó la empresa todos un poco ingenuos caímos y nos esperanzamos pensando que de verdad había llegado el desarrollo porque nunca se había visto que una empresa llegara con tantas maravillas a arreglar carreteras, a pintar escuelas […] Yo fui uno de los que les dije que necesitábamos que nos arreglaran la vía de tal punto a tal punto, así es que engañan a las comunidades, así fue como nos engañaron a nosotros, fueron a todas las veredas a hacer lo mismo (Torres, entrevista, 2013).

En coherencia con Tomas Schelling, este tipo de acercamientos obedece a una estrategia de negociación implementada por la empresa en la que se aprovecha de las necesidades de la comunidad para hacer promesas de inversiones sociales que legitimen el proyecto y comprometan a los beneficiarios a apoyarla; sin embargo, aunque dichas promesas puedan ser verdaderas, incurren en engaño al omitir los efectos reales que implica la extracción de los recursos minerales en su territorio, por lo que la ciudadanía cuenta con una información parcial que le impide efectuar una negociación en la que sus intereses también se garanticen (1964, p. 37).

No obstante, algunas personas como Jimmy Torres, ciudadano y líder campesino del municipio de Cajamarca, entre otros que tenían cierta formación en temas forestales, ecológicos y biológicos, empezaron a formarse en materia minera y a transmitir la información a los demás pobladores, lo que dio paso al inicio de la movilización cuya primera expresión se materializó el día en que AngloGold ofreció unos materiales para pintar la escuela de la vereda El Águila, y la respuesta por parte de la comunidad fue enviarle una carta al alcalde de Cajamarca manifestándole su inconformidad puesto que ese tipo de responsabilidades las debería asumir la institucionalidad pública; así mismo, radicaron una carta en la empresa en donde se les pedía que fueran a recoger las pinturas pues la comunidad no pensaba utilizarlas.

En esta parte inicial de la movilización una organización llamada Ecotierra tomó la iniciativa de organizar a la comunidad y de empezar a generar un proceso de concientización sobre lo que era la minería y sus consecuencias. Para lograrlo contactaron a una organización religiosa llamada Pax Christi, la cual empezó a trabajar en la formación de la gente en materia minera y las consecuencias de esta actividad económica (Vargas, entrevista, 2013). Esto obedece a lo que ha sido denominado por algunos autores, entre ellos Kurt Schock, como liberación cognitiva por medio de la cual se logra disminuir el fatalismo, percibir claramente las condiciones injustas y reconocer que estas se pueden cambiar con el accionar colectivo (Schock, 2008a, p. 82).

En ese proceso de liberación cognitiva una de las iniciativas apoyada por Pax Christi fue la de llevar a varios ciudadanos de Caja-marca a visitar la mina Yanacocha en el Perú para que vieran la realidad de una mina de grandes magnitudes, lo que fortaleció considerablemente el criterio de estas personas volviéndolas multiplicadoras de los argumentos en contra de los procesos megamineros (Ocampo, entrevista, 2013). En torno a ese grupo se fueron uniendo personas a quienes les llamaba la atención y les preocupaba el tema. Tal como lo expresa Julio Vargas, estudiante de Trabajo Social de la Universidad del Quindío:

Cuando se debilitó el proceso con Ecotierra por razones internas de la organización, hubo una pausa casi de un año, lo que motivó a que distintas organizaciones del municipio y de una multiplicidad de sectores le propusiéramos a Pax Christi que nos siguiera apoyando con la premisa de que se iba a respetar la autonomía de cada organización (Vargas, entrevista, 2013).

Pax Christi apoyó la iniciativa de trabajar en red, y es esta la dinámica que empieza a asumir la movilización social en el Tolima dando paso al surgimiento de lo que será la Red de Comités Ambientales y Campesinos en Defensa de la Vida del Tolima, la cual agrupa todo tipo de organizaciones y voluntarios, que puede ser analizada a partir del enunciado de Tarrow (1997a, p. 56) quien afirma que "la acción colectiva se puede presentar de manera consolidada o de forma disgregada en diversidad de sectores, que no necesariamente pertenecen a un mismo grupo".

El Comité Ambiental y Campesino en Defensa de la Vida de Ibagué empezó a promover diferentes actividades como la marcha carnaval que inició en el 2011, y desde este se coordina toda la gestión a nivel departamental. Posteriormente se conformó el comité en Cajamarca y en el corregimiento de Anaime para que las organizaciones no trabajaran independientemente sino que tuvieran un espacio donde pudieran confluir; es así que los comités no son organizaciones como tales, sino un espacio lleno de estas para diseñar estrategias de acción y mecanismos de apoyo mutuo en cada iniciativa (Vargas, entrevista, 2013).

Esto motivó a que diferentes municipios que se verían afectados por el proyecto La Colosa, entre ellos el de Piedras y el corregimiento de Doima, crearan su propio Comité Ambiental y Campesino en Defensa de la Vida, lo que le dio una mayor fortaleza a la red de comités. De esta manera, se empezó a consolidar la oposición a través de los comités³ quienes reconocen que esta dinámica les ha permitido unirse frente a un objetivo en común, tener más fuerza e incidencia, y visibilizarse en Colombia y en otros países; igualmente, afirman que el trabajo en red les ha permitido contrarrestar el individualismo, la inseguridad para los líderes y que se interrumpa el proceso si alguna organización desiste.

De acuerdo con Kurt Schock (2008a, p. 84), quien además retoma a Sidney Tarrow (1997), la idea es que se conformen organizaciones que sean tan robustas como para estructurar relaciones sostenidas con las autoridades, pero a la vez, que sean flexibles para permitir la vinculación de nuevas personas. Organizaciones que sean parcialmente autónomas, con estructuras conectivas que faciliten una meso movilización, es decir, una movilización que se caracterice por una campaña conjunta, ejecutada por una coalición de organizaciones en una organización paraguas, tal como lo es cada Comité Ambiental y Campesino del Tolima.

Retomando la dimensión de los aliados influyentes, uno de los factores que ha sido determinante en la consolidación de la Red de Comités Ambientales y Campesinos ha sido la participación de diferentes universidades. La Universidad del Tolima se vincula al proceso en el marco de un proyecto llamado Ecovida, y en el 2009 se le abrió un espacio a Evelio Campos de Ecotierra quien hizo una presentación sobre la mina La Colosa y lo que esta representaba para la región:

En esta presentación todos quedamos sorprendidos por la amenaza que significaba el proyecto para el Tolima y para toda la cordillera Central colombiana. Ahí comenzamos a coordinar cosas y empezamos a organizar proyectos en la universidad con una red cultural y ambiental que se llamaba La Reversa (García, entrevista, 2013).

En esta universidad, algunos estudiantes y profesores se retiraron de otros campos de investigación y empezaron su formación en materia minera, comenzaron a hacerle seguimiento a la multinacional y en el 2010 algunos participantes viajaron con el grupo de ciudadanos de Cajamarca -ya mencionado- a la mina de Yanacocha en el Perú, gracias a la financiación de Pax Christi, que además ha facilitado intercambios académicos con expertos en el tema como el hidrogeólogo y geoquímico estadounidense Robert Moran, lo que ha permitido que los ciudadanos ganen elementos técnicos y logren discutir y rebatir los argumentos expuestos por la multinacional (García, entrevista, 2013).

A la par con este proceso de formación, el grupo de la Universidad del Tolima ha venido realizando visitas a la comunidad de Cajamarca y a través de jornadas puerta a puerta intentan sensibilizar a los pobladores frente al tema e informarlos sobre el proyecto y sus implicaciones.

Por su parte la Universidad del Quindío, con el programa de Trabajo Social, inicia su movilización motivada en principio por estudiantes que trabajaban con Ecotierra; de esta manera, con la ayuda de algunos profesores, empezaron a estudiar y a difundir el tema de la gran minería realizando conferencias, trayendo expertos en el tema y generando una red de sensibilización de los ciudadanos frente a proyectos como el de La Colosa (Vargas, entrevista, 2013).

Así mismo, la Universidad Javeriana de Bogotá ha apoyado especialmente el Comité Ambiental de esta ciudad que se constituye a través del esfuerzo de varios grupos de trabajo que han centrando su gestión en cuatro objetivos específicos, a saber: mantener en la agenda pública nacional el tema de la resistencia frente al proyecto megaminero de La Colosa, incidir en el ámbito legislativo, establecer relaciones a nivel internacional y poner la academia al servicio de la lucha popular facilitando procesos de asesoría, formación y sensibilización de las comunidades (Castro, entrevista, 2013).

Principios de la movilización social

El profesor Renzo García (entrevista, 2013) especifica los principios que han guiado el proceso de movilización de los Comités Ambientales y Campesinos frente a la minería de alto impacto, señalando en primer lugar que sus esfuerzos no se pueden concentrar de manera exclusiva en el tema jurídico sino que se le debe apostar a diversos frentes especialmente al del empoderamiento social.

El segundo principio que guía el actuar de la movilización en el Tolima es la necesidad de defender la vida en todas sus manifestaciones, y para ello, según el profesor García, se deben crear prácticas y un discurso de la resistencia que sea legitimado por las comunidades, con el fin de evitar que la multinacional o el gobierno estigmaticen el proceso social, catalogando a quienes participan de este como guerrilleros o miembros de cualquier grupo al margen de la ley.

El tercer principio que se han planteado es que los activistas y ciudadanos no pelean ni descalifican a quienes facilitan los proyectos megamineros, dado que son los actores en los cuales se debe centrar el trabajo de socializar y sensibilizar sobre los daños que puede generar la explotación del mineral: "Esta actitud frente a la posición contraria a la resistencia ha permitido que se unan personas al movimiento que han trabajado como funcionarios de AngloGold Ashanti y que empiezan a cuestionar el objetivo de la empresa, por lo que deciden cooperar con la movilización" (García, entrevista, 2013).

Finalmente, un cuarto principio que menciona el profesor García es que los actores de las universidades que están apoyando el proceso y los activistas externos a las comunidades deben ser conscientes de que su rol de estudiar e investigar en torno al tema hace parte del trabajo como facilitadores; sin embargo, la lucha es directamente de las comunidades, por esta razón todo lo que hagan los facilitadores "jamás podrá tener un derecho de propiedad intelectual porque debe ser compartido y replicado libremente" (García, entrevista, 2013).

Obstáculos de la movilización social

En materia de obstáculos se identificaron tres problemas generales que limitan la movilización social, el primero de ellos es que quienes participan deben asumir los costos de transporte y logística; el segundo tiene que ver con las falencias existentes en materia de conectividad, comunicaciones y articulación, y el tercer obstáculo es que la cultura política dominante -caracterizada por la desconfianza, el miedo y el individualismo- no permite generar diálogos abiertos y con intereses comunes, lo que inevitablemente dificulta cualquier acción colectiva (Castro, entrevista, 2013).

En torno al caso específico de la mina La Colosa, el primer obstáculo es la desinformación de la comunidad por un periodo de casi nueve años, dado que la empresa minera llegó al territorio nacional en 1999 pero la población se enteró a partir de diciembre del 2007. "Este proceso de desinformación impidió que las comunidades sentaran una posición frente a lo que se pensaba hacer en su territorio" (Ocampo, entrevista, 2013).

De otro lado, un obstáculo que han tenido que enfrentar quienes han sido líderes en el proceso de movilización frente al proyecto minero han sido las diversas amenazas recibidas por parte de personas anónimas, aunque en una oportunidad el entonces vicepresidente de Asuntos Corporativos del proyecto, Rafael Herz, y el exgerente de comunicaciones del proyecto La Colosa, Iván Malaver, fueron denunciados penalmente por los campesinos del sector de Anaime en Cajamarca, luego de que en el desarrollo de la mesa ambiental organizada por Cortolima, el 22 de febrero de 2013, fuera captada una imagen del celular cuando estos funcionarios intercambiaban mensajes mencionando que dentro del público había presencia de guerrilleros (El Espectador, 2013). Afirmación peligrosa en un contexto de conflicto armado como el colombiano, en donde una acusación como esta le puede costar la vida a los líderes de la movilización.

Otro obstáculo señalado por los ciudadanos de Cajamarca en las entrevistas realizadas es que aunque en la zona rural los ciudadanos presentan un categórico rechazo a la intervención de la empresa, en la zona urbana un gran porcentaje de los pobladores cree que el proyecto realmente le traerá progreso al municipio porque el flujo de trabajadores y empresarios aumentará sus ventas (Torres, entrevista, 2013).

El arte y la música como herramientas de resistencia civil

A la par de las dificultades mencionadas en el proceso de movilización, es necesario resaltar el papel que han jugado el arte y la música. Tal como lo afirma el profesor Renzo García, se ha demostrado un alto nivel de compromiso por parte de los niños y jóvenes de colegios y universidades quienes han asumido de manera protagónica la defensa del territorio, del agua y la vida a través de recursos que buscan sensibilizar a la población tolimense y colombiana.

Las acciones simbólicas y las manifestaciones lideradas por los Comités Ambientales y Campesinos se enmarcan, tal como lo describe el profesor Julio Quiñones Páez (2008, p. 151), dentro de un proceso de resistencia civil en el que la acción política se centra en estrategias generalmente no violentas contra el adversario con el fin de seducir a la opinión pública y lograr que los individuos decidan voluntariamente no obedecer ni cooperar con quien detenta el poder. En ella se utilizan "medios sociales, psicológicos, económicos y políticos sin recurrir a las amenazas o la violencia incluyendo acciones, omisiones o una combinación de ambas" (Sharp, 2005, p. 52).

Siguiendo a Quiñones (2008, pp. 157158), "el significado político de la resistencia civil, según Hanna Arendt (1999, p. 158), es el retiro del apoyo por parte de la opinión pública respecto a determinado orden u organismo, dejándolo sin poder", presionando de esta manera una reforma institucional a través de formas de acción que no necesariamente son ilegales como las manifestaciones públicas, los paros, las huelgas y la utilización de mecanismos institucionales de participación ciudadana.

En coherencia con esto, en Ibagué y en varios municipios del Tolima se han realizado cinco marchas carnaval en defensa de la vida, lo que muestra un incremento significativo de los participantes puesto que a la primera marcha realizada el 3 de junio 2011 asistieron cerca de 12.000 personas que se movilizaron por las calles de Ibagué, y a la última marcha realizada el 5 de junio de 2013 asistieron aproximadamente 30.000 personas, y en ella se logró que el director de la Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima), Jorge Enrique Cardozo, así como el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, y el alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, ratificaran públicamente su rechazo al proyecto megaminero y respaldaran las manifestaciones de los ciudadanos (Periódico el Nuevo Día, 2013b).

Así mismo, los Comités Ambientales y Campesinos del Tolima se unen para celebrar la fiesta de San Isidro Labrador, una de las celebraciones más importantes porque les da la posibilidad de mostrar la riqueza cultural y agrícola que tienen en lo local y que quieren hacer visible a nivel nacional, con el fin de resaltar que se oponen al proyecto minero porque tienen otras alternativas como la agricultura, actividad acorde con su legado histórico y con el saber hacer aprendido en la región (Tocora, entrevista, 2013).

La desobediencia civil como forma de resistencia

Otra forma de movilización social es la expuesta por Ronald Dworkin (1989, pp. 304326) quien sostiene que un acto de desobediencia civil implica la resistencia de un grupo de ciudadanos frente al actuar de las instituciones democráticas, cuando consideran que lo que exige la ley afecta sus derechos políticos y personales fundamentales, sosteniendo así que lo dispuesto en la legislación ha sido erróneo y, por tanto, no están excediendo sus derechos sociales si se niegan a aceptar como definitiva una disposición legal. En este caso, los ciudadanos de Piedras y Doima desacataron lo establecido en el Decreto 0934 de 2013 en el que se establece que las autoridades municipales y las departamentales no podrán establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería.

A pesar de la anterior disposición legal, las autoridades del municipio de Piedras y el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima autorizaron la Consulta Popular realizada el 28 de de 2013 en el municipio de Piedras y en el corregimiento de Doima, Tolima, en donde se le preguntó a los ciudadanos si querían que en su jurisdicción se llevaran a cabo actividades relacionadas con explotación minera aurífera a gran escala. Esto debido a que la multinacional minera AngloGold Ashanti tiene previsto establecer en Doima los procesos de lixiviación por medio de los cuales separan el oro de la roca molida utilizando componentes químicos como el cianuro. Este material provendría de la mina La Colosa ubicada en Cajamarca, Tolima, a más de 80 km de Doima (Corredor, 2013).

La consulta popular dio como resultado 2.971 votos en contra y 24 votos a favor, lo que evidencia avances en la consolidación de un tejido social que se opone a los proyectos de gran minería a través de los procedimientos que la Constitución Política garantiza a los colombianos, aun cuando se están oponiendo a un decreto presidencial. Esto se enmarca en un proceso de desobediencia civil, entendida como una práctica comunitaria más que individual, en la que un grupo organizado de personas que poseen una opinión común toman la decisión de adoptar una postura opuesta a la política de gobierno por considerarla inconstitucional (Arendt, 1999, p. 59).

A manera de conclusión de este apartado se tiene que las diversas alternativas de movilización social como la acción colectiva, la resistencia civil y la desobediencia civil impulsadas por los Comités Ambientales y Campesinos del Tolima han atraído la atención de múltiples sectores locales y nacionales, que si bien aprueban o se oponen al movimiento, lo reconocen como una organización cuyos métodos de acción hacen de sus participantes interlocutores válidos que bajo la dinámica de una organización paraguas han logrado adelantar una serie de acciones en defensa de sus comunidades.

Movilización social como dinamizadora de cambios en las intervenciones megamineras

En el tercer apartado se analizará el impacto de la movilización social sobre las dinámicas de intervención de la empresa Anglo-Gold Ashanti en la mina La Colosa, evidenciando de qué manera el accionar de los individuos y las comunidades ha logrado generarle a la empresa minera problemas para adquirir la licencia social, así como la imposición de las sanciones medioambientales por parte de Cortolima. Estos hechos causaron una serie de repercusiones económicas y retrasos en la ejecución del proyecto, sumado a una disminución del respaldo político local y regional, razón por la cual AngloGold ha intentado aumentar la inversión social y política y acercarse a las comunidades involucradas.

Dificultades para adquirir la licencia social en las comunidades por parte de AngloGold Ashanti

Tal como lo expresan Juan Fernando Lucio y Manuel Godoy (2012, p. 10), la licencia social es la aceptación de actividades mineras por parte de la comunidad, y para que una empresa logre obtenerla generalmente debe tener buenos estándares laborales, ser cuidadosa con el medioambiente, generar escenarios de diálogo con la comunidad, cumplir los compromisos previamente adquiridos, proveer de equipamientos sociales a las comunidades aledañas, respetar los derechos humanos y, en definitiva, construir confianza con los locales.

No obstante, en el caso de AngloGold Ashanti en la mina La Colosa, debido a las múltiples movilizaciones emprendidas por las comunidades que se verían afectadas por el proyecto minero, y con base en las entrevistas realizadas para esta investigación, es posible afirmar que cada vez más ciudadanos ponen en duda los beneficios de dicho proyecto y la posibilidad de reducir el impacto ambiental y social que se generaría en la región. Asimismo, el descontento de los ciudadanos del municipio de Piedras frente a la posibilidad de que construyeran en su territorio los diques de cola, y el apoyo recibido por organizaciones de diferentes partes del país en la consulta popular son hechos que evidencian la imposibilidad que al momento tiene AngloGold Ashanti para conseguir la licencia social que viabilice la ejecución de la etapa de explotación.

Restricciones en términos técnicos y medioambientales para el desarrollo del proyecto la colosa por parte de cortolima

Al descontento social se le suman las diferentes disputas que se han dado entre la multinacional AngloGold Ashanti y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) quien decidió en el 2008 imponer como medida preventiva la suspensión de la actividad minera llevada a cabo por la compañía en la mina La Colosa argumentando que la empresa debía haber solicitado ante el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible la sustracción del área de reserva forestal central, y al no hacerlo violó la Ley 2 de 1959 y el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. No obstante, en octubre de 2009 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible ratificó la sustracción de 6,39 hectáreas del sector, por lo que Cortolima se vio en la obligación de levantar la medida preventiva de suspensión de la actividad de exploración minera impuesta contra la firma (Cortolima, 2010a).

A pesar de que se levantó la suspensión, la tensión entre las dos entidades no disminuyó, porque ante la emergencia ambiental que se presentó en el 2010 en el departamento del Tolima por desabastecimiento de agua en las fuentes hídricas como consecuencia del fenómeno del niño, Cortolima suspendió las concesiones de agua que AngloGold estaba solicitando, con el fin de reservar el recurso hídrico para las labores agropecuarias y el consumo humano.

Igualmente, gracias a las denuncias presentadas por la ciudadanía ante Cortolima se evidenció que en Doima, corregimiento de Piedras, se estaban adelantando actividades exploratorias por parte de AngloGold Ashanti que generarían inminentes riesgos y eventuales afectaciones al suelo y al agua en un área de uso agropecuario de alta fragilidad. Por estas razones, en el 2013 la dirección general de Cortolima procedió a suspender las actividades adelantadas por la empresa minera en el municipio de Piedras por estar ejecutando trabajos de exploración sin el correspondiente permiso que ordena el artículo 146 del Decreto 1541 de 1978, así como por la intervención de una área de alta fragilidad y de uso prohibido conforme lo establece el esquema de ordenamiento territorial (EOT) del municipio de Piedras (Cortolima, 2013).

Adicional a lo anterior, Cortolima ratificó su apoyo a la comunidad de Piedras y Doima a través del pronunciamiento que realizó el director de la entidad, Jorge Enrique Cardoso, señalando que "la decisión tomada por los ciudadanos en la consulta popular no es ilegal y que se debe respetar la decisión que adoptaron los habitantes de Piedras de manera contundente" (El Nuevo Día, 2013a).

Repercusiones económicas para anglogold ashanti y retrasos en la ejecución del proyecto

En el ámbito económico se ha logrado evidenciar el impacto de la movilización social en el desarrollo del proyecto La Colosa, especialmente porque los primeros anuncios aseguraban que el proceso de explotación se iniciaría en el año 2011 (Eltiempo.com, 2007); sin embargo, en el 2010, en una entrevista realizada por Portafolio, el entonces presidente de AngloGold Ashanti para Colombia, Rafael Herz, sostuvo que "si el proyecto de oro La Colosa no hubiese presentado dificultades en la obtención de los permisos de operación, ya se hubiera podido terminar la fase exploratoria y avanzar hacia la siguiente etapa" (Portafolio, 2010).

Por su parte, Sandra Ocampo Kohn, la directora nacional de Comunicaciones de AngloGold Ashanti, indicó que la suspensión del proyecto por parte de Cortolima, la consulta popular y la resistencia civil que se presentó en el municipio de Piedras, Tolima, en el 2013, obligó a la compañía a suspender la inversión en el proyecto cuyo cálculo es de más o menos 50 millones de pesos por día, lo que hace que esta no logre obtener la información que necesita y, por supuesto, no pueda continuar con el estudio (Ecosdelcombeima.com, 2013).

Asimismo, en el 2013 el presidente actual de la compañía, Ken Kluksdahl, declaró que los imprevistos en el proyecto La Colosa habían retrasado el itinerario de trabajo de AngloGold Ashanti en cerca de dos años, lo que representaba para la compañía una pérdida que oscila entre los 60 y 70 millones de dólares (Portafolio.co, 2013).

En coherencia con lo anterior, aunque inicialmente la explotación se tenía prevista para el 2016, dadas las diferentes restricciones y dificultades que ha tenido el proyecto, en el 2012 la compañía reveló que la exploración durará por lo menos tres años más, por lo que la explotación podría iniciar solo hasta el 2019 (Dinero.com, 2012).

Los Comités Ambientales y Campesinos del Tolima argumentan que las pérdidas económicas para la multinacional, los retrasos presentados en la ejecución del proyecto La Colosa, así como las dificultades técnicas, deben estar acompañas de una amplia campaña informativa que se extienda a nivel internacional con el fin de que las acciones de AngloGold Ashanti se desvaloricen desincentivando la inversión en el proyecto por parte de los socios.

Menor respaldo de la política local y regional

De otro lado, en términos políticos es posible mencionar que en los primeros foros y audiencias que se realizaron tanto en el Tolima como en el Quindío sobre la mina La Colosa no se evidenció una posición claramente definida por parte de los gobernantes, en parte por desconocimiento del proyecto. Sin embargo, tal como lo relató Néstor Ocampo, en el caso del Quindío la situación se presentó de la siguiente manera:

El 5 de agosto del 2011 realizamos el primer Foro Departamental sobre Minería en el Quindío […] El gobernador tuvo que mandar a cerrar las puertas a las 9:00 a.m. porque a esa hora no solo estaban llenas todas la sillas sino también los pasillos de gente sentada en la alfombra, […] eso evidenció un compromiso realmente muy grande, tanto que el gobernador estuvo presente en todo el evento hasta las 3:45 p.m. De ese foro salieron unas conclusiones comprometiendo tanto a la Gobernación como a la Defensoría del Pueblo que nos acompañó en el proceso de la convocatoria y uno de los acuerdos fue asumir a La Colosa como el caso paradigmático en la confrontación contra los procesos de gran minería (Ocampo, entrevista, 2013).

En el caso del Tolima es a raíz de la mesa ambiental organizada por Cortolima el 22 de febrero del 2013 que la posición de esta corporación y la del gobernador del departamento, Luis Carlos Delgado Peñón, empezó a ser más cercana a la del movimiento social tal como lo expresó un integrante de la Fundación Vida Libre y del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime:

En la mesa ambiental, la gente explotó. El gobernador tuvo que decir de qué lado estaba, entonces tanto Cortolima como el gobernador mostraron un discurso más ambientalista. Pero en efecto la posición de la institucionalidad ha sido producto de la presión ejercida por la gente (Vargas, entrevista, 2013).

Aumento de la inversión social y cambios en el manejo de la comunidad

En respuesta a la movilización social en el Tolima la empresa ha tenido que aumentar las intervenciones e inversiones en las comunidades para intentar disminuir los procesos de resistencia, por lo que han generado espacios para informar a la ciudadanía sobre el proyecto y, en determinados casos, le permiten opinar y decidir sobre las acciones que la empresa debería emprender para mejorar las condiciones de la comunidad; asimismo, AngloGold Ashanti realiza campañas simbólicas, culturales, educativas e históricas que permitan persuadir a quienes tienen dudas sobre los beneficios del proyecto.

Por su parte, las inversiones han sido destinadas al arreglo de vías, a la financiación de una parte de la primera ambulancia de Cajamarca y a la promoción de diferentes proyectos agropecuarios; igualmente patrocinaron al equipo de fútbol Deportes Tolima y el Festival Folclórico del departamento. De la misma forma, desde finales del 2009 financiaron algunos viajes para mostrar casos de minería responsable, por lo que ambientalistas, periodistas locales, empresarios, políticos y gobernantes como el alcalde de Cajamarca, varios concejales y diputados del Tolima fueron invitados a Minas Gerais en Brasil para que conocieran las minas de oro de AngloGold en ese país (Rico, 2010), todo esto con el fin de disminuir los impactos de la movilización social y deslegitimar la acción colectiva que se ha emprendido en contra del proyecto minero La Colosa.

Conclusiones

En este documento se abordó el estudio de la movilización social representada en la acción colectiva, la resistencia civil y la desobediencia civil de los ciudadanos que se oponen al proyecto minero La Colosa, evidenciando cómo dicha movilización ha logrado generar cambios en las dinámicas de intervención de la empresa en este territorio, gracias a la canalización de las diferentes iniciativas de protesta.

Se sostiene así que la movilización social se posiciona como la alternativa más efectiva a la hora de retrasar la extracción del mineral porque hace uso de múltiples mecanismos legales, sociales, políticos y culturales, ampliando de esta manera el público receptor del mensaje de resistencia y logrando un nivel mayor de persuasión de la opinión pública.

Con relación a la acción colectiva se señaló que esta cumple un trabajo fundamental para la conformación de nuevos sujetos sociales que refuerzan el trabajo de otros ya existentes, tal como sucedió con la Red de Comités Ambientales y Campesinos del Tolima con el fin de oponerse al proyecto minero La Colosa, en virtud de que consideran que este conlleva una serie de efectos nocivos en materia socioambiental a cambio de dudosos beneficios económicos. Es así como la acción colectiva de los comités evidencia un trabajo organizacional y de acumulación de fuerzas cuyos objetivos finales son la conservación del territorio sin extracciones megamineras y la propuesta de otros proyectos alternativos de desarrollo como los procesos agrícolas.

Otra conclusión parte del proceso de resistencia civil puesto que a través de las estrategias no violentas y la creatividad de los comités se ha logrado seducir a una buena parte de la opinión pública en el Tolima y en Colombia, transmitiendo un discurso de resistencia frente a la ejecución del proyecto minero de La Colosa, que ha calado en el imaginario de la población, hecho que se ha evidenciado en el incremento progresivo de los manifestantes en las marchas carnaval en defensa de la vida, que pasaron de 12.000 participantes en la primera marcha a un aproximado de 30.000 en la quinta marcha carnaval, duplicando el número de asistentes en un periodo de dos años.

Por otro lado, la resistencia en el Tolima ha logrado que los habitantes del corregimiento de Piedras hayan decidido voluntariamente no cooperar con la empresa AngloGold Ashanti en el proceso de exploración que empezaron a realizar en su municipio; contrario a esto se unieron para negarle a los funcionarios de la empresa cualquier servicio de alimentación, transporte, vivienda, peluquería y demás, al mismo tiempo que les impiden la entrada de maquinaria y víveres al municipio. En este proceso de resistencia, tal como lo plantea Sharp (s.f.), se han utilizado medios sociales, psicológicos, económicos y políticos como la consulta popular en la que más del 90 % de la población se opuso al proyecto.

De esta manera los piedrunos y doimunos han combinado acciones y omisiones pero sin recurrir a la violencia, así se han negado a ceder a las expresiones de dominación tanto del gobierno nacional como de la empresa y han conseguido el apoyo de gran parte de la opinión pública, cuya presión ha logrado una mayor exigencia de los requisitos que debe cumplir la empresa para que las autoridades competentes otorguen los permisos y den viabilidad al proyecto, por lo que este se ha visto interrumpido en varias ocasiones.

La última conclusión tiene que ver con el uso de la desobediencia civil como una práctica de resistencia y de poder que invita a una reflexión sobre la efectividad y pertinencia de las instituciones y las normas por ellas establecidas, cuando estas no necesariamente contribuyen al bien común, así como se ha evidenciado con los procesos megamineros amparados por el gobierno nacional en detrimento de las comunidades locales y en oposición a la autonomía de los gobiernos regionales.

¹ En julio del 2012, según el Catastro Minero Colombiano, aga tenía 404 títulos con una extensión de 763.337 ha, y 625 solicitudes que corresponden a 865.649 ha en todo el país (Pulido, 2013, p. 25).

² El canon superficiario es el pago que el portador de un título minero debe hacer al Estado por el derecho a explorar la respectiva área.

³ Comité Ambiental en Defensa del Agua y la Vida (Ibagué), Comité Ambiental y Campesino de Anaime y Cajamarca, Comité Ambiental de Doima, Comité Ambiental de Piedras, Comité Ambiental Provincia de los Nevados, Comité Ambiental Sur del Tolima, Comité Ambiental Bogotá, Comité Ambiental del Líbano, Comité Ambiental de Pijao (Quindío).

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