Sustentación, aceptación y legitimación de los extractivismos: múltiples expresiones pero un mismo basamento
Support, acceptance and legitimization of extractivism: multiple expressions but the same base
Eduardo Gudynas*
* Master en Ecología social. Investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Investigador en el Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay, Montevideo, Uruguay. egudynas@ambiental.net
Para citar este artículo: Gudynas, E. (2014). Sustentación, aceptación y legitimación de los extractivismos: múltiples expresiones pero un mismo basamento. OPERA, 14, pp 137-159.
Recibido: 18 de marzo de 2014 / Modificado: 21 de abril de 2014 / Aceptado: 13 de mayo de 2014.
Resumen
Los extractivismos se expanden y profundizan a pesar de sus impactos y la resistencia ciudadana. Esto es posible porque distintas argumentaciones les brindan sustentación, permiten su aceptación y los legitiman. Entre las más importantes se analizan las siguientes: optimismo científico-técnico para evitar, amortiguar o remediar los impactos ambientales; flexibilización de las exigencias sociales y ambientales; énfasis en beneficios sociales y ocultamiento o minimización de los impactos; reduccionismo económico y mercantilización de la Naturaleza; ampliación de las compensaciones económicas; defensas políticas y una reformulación democrática que acota derechos y participación. Estos factores se organizan en discursos que están presentes tanto en gobiernos conservadores como progresistas. Por tanto, más allá de la diversidad en las argumentaciones para sostener y legitimar los extractivismos, todas comparten un mismo cimiento en las ideas del desarrollo contemporáneo. Esto hace que cualquier opción de cambio sustantivo frente a los extractivismos solo sea posible si se construyen alternativas a las concepciones del desarrollo.
Palabras clave: extractivismos, desarrollo, flexibilización ambiental, flexibilización social, compensaciones económicas, conflictos ambientales.
Abstract
Despite its impacts and social resistance, the number of extractivist projects continues to increase and grow. This is possible due to different argumentations that provide acceptance and legitimation. Among the most important, the following are analyzed: Scientific-technological optimism in evaluation, reduction or remediation of environmental impacts; Flexible social and environmental enforcement; Emphasis on social benefits while concealing the impacts; Economic reductionism and commodification of Nature; Wide use of economic compensation of social and environmental impacts; Political support and redefinition of democracy, with limitations on rights and participation. Many of these arguments are organized in extractivist discourses, promoted either by conservative or progressive governments. Beyond this diversity in the support and legitimation of extractivisms, they all share the same foundation, rooted in contemporary conceptions of development. Thus, any substantive change from these extractivist strategies is only possible after the promotion of alternatives to the conceptions of development.
Key words: Extractivism, development, environmental flexibility, social flexibility, economic compensations, environmental conflicts.
Introducción
En los últimos años, los llamados extractivismos se han diseminado en América Latina. Se han convertido en uno de los principales factores de presión sobre el ambiente y las comunidades locales, desencadenan fuertes resistencias ciudadanas, y sus reales beneficios económicos son cuestionables. Pero a pesar de sus impactos negativos, continúan avanzando (Gudynas, 2014).
Esto solo es posible por un activo despliegue de argumentos en diversas dimensiones, desde el papel de la ciencia y la tecnología hasta los beneficios sociales y económicos, entre otros. Los principales argumentos son examinados en el presente artículo, en tanto brindan las bases para la sustentación, aceptación y legitimación de los extractivismos. Estos aparecen en discursos ampliados que organizan y brindan coherencia a las estrategias extractivistas, ocultan sus efectos negativos y permiten su reproducción. Como los extractivismos se reproducen bajo regímenes políticos diversos, tanto conservadores como progresistas, queda en claro que los distintos argumentos tienen profundas raíces que están más allá de las corrientes político partidarias. Ese basamento corresponde a las ideas básicas del desarrollo contemporáneo. Por tanto, uno de los principales desafíos actuales es reconocer que cualquier verdadera alternativa a los extractivismos no puede restringirse a los planos instrumentales ni político partidarios, sino que deberá también abordar, en un plano más profundo, las alternativas a las concepciones del desarrollo.
Diseminación y diversificación
Los extractivismos corresponden a un caso particular de apropiación de recursos naturales. En el presente artículo se los define como una extracción de grandes volúmenes o intensiva de dichos recursos, que son esencialmente destinados a la exportación como materias primas, o como productos de escaso procesamiento (la definición en Gudynas, 2013). Es un conjunto que incluye, entre otros, a emprendimientos megamineros, petroleros, monocultivos de exportación y ciertas actividades pesqueras o forestales.
En todos los países sudamericanos los extractivismos están creciendo a un ritmo acelerado, tanto en los volúmenes extraídos como en el valor exportado. Los gobiernos profundizan los sectores extractivistas que ya existían, pero además se amplían a nuevas áreas. Por ejemplo, Colombia ha buscado relanzar la gran minería, mientras que países que no la tenían, como Ecuador y Uruguay, se mueven en el mismo sentido. El mayor extractivista del continente es Brasil, tanto por la minería como por los monocultivos de exportación. A modo de ejemplo, la producción minera de Brasil ha pasado de 231 millones de ton en 2000, a 410 millones en 2011 (en el conjunto de sus principales minerales, liderados por hierro y bauxita), lo que representa casi el triple de la producción del resto de Sudamérica sumada (que alcanzó 147 millones de ton)1.
Buena parte de los emprendimientos actuales expresan extractivismos depredadores, dados sus graves impactos sociales y ambientales. Se remueven enormes volúmenes de recursos con amplias repercusiones ambientales, afectación de sitios de alta biodiversidad, limitadas capacidades de remediación ambiental, etc. A su vez, están involucrados impactos sociales de todo tipo, desde afectación de territorios indígenas hasta destrucción de economías locales. Por este tipo de razones se generan resistencias ciudadanas en todos los países de la región, y que escalan a una alta conflictividad como ocurre en Bolivia, Ecuador y Perú. Esta situación viene siendo ampliamente documentada (ejemplos para distintos países en CAV, 2011; Sacher y Acosta, 2012; Toro, Fierro, Coronado y Roa, 2012; Garay, 2013; Hoetmer, Castro, Daza, De Echave y Ruiz, 2013).
Una vez que se reconoce este carácter depredador, surge una pregunta: ¿cómo es posible que este tipo de actividades siga avanzando? ¿Por qué tantos gobiernos y sectores sociales insisten en la minería, el petróleo o los monocultivos? También es sorprendente que no se aprende de errores pasados, y en más de un país se reincide en repetir explotaciones para las cuales existen antecedentes muy negativos. Las respuestas a estas interrogantes obligan a considerar las variadas dimensiones sobre las que se sustentan los extractivismos. Estas se basan en argumentos diversos que pueden ser agrupados en, al menos, los siguientes grupos: científico-técnicos, ambientales, sociales, económicos y políticos. Desde allí se brindan condiciones de posibilidad, aceptación y legitimación de los extractivismos. Esas dimensiones no están separadas nítidamente entre ellas, y existen superposiciones y apoyos recíprocos. Todas ellas se expresan en discursos, sea cuando se los aborda en textos y dichos (como por ejemplo en van Dijk, 2009), pero también en su materialidad, incluyendo sensibilidades, institucionalidades y acciones (entendido aquí en un sentido posestructuralista inspirado en M. Foucault (Castro, 2011). Los aspectos más importantes se analizan seguidamente.
El optimismo científico-técnico
Un primer conjunto de componentes utilizados como justificación de los extractivismos está basado en la gestión científico-técnica. Se afirma que ya se cuenta con los saberes científicos para predecir los impactos y, consecuentemente, se dispone de medidas para evitarlos, reducirlos a niveles aceptables o bien remediarlos.
Por tanto, los extractivismos no tendrían efectos insalvables, sino que todo depende de una buena aplicación de una cierta ciencia y tecnología. En esto se presupone que se dispone de conocimientos casi perfectos sobre muy distintos ecosistemas latinoamericanos, se conoce adecuadamente su composición en especies y las dinámicas entre ellas y con el medio físico, se tienen certezas sobre las respuestas ecosistémicas ante distintas intervenciones. Finalmente, se afirma que ya se poseen medidas tecnológicas para revertir, mitigar o remediar cualquier efecto, e incluso que es posible su restauración2.
Un componente importante en esta dimensión son las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) convencionales. Su racionalidad se basa en identificar los impactos esperados y proponer medidas para evitarlos, amortiguarlos o remediarlos. Los ejemplos clásicos son los planes que afirman evitar la contaminación del agua en la gran minería, los que aseguran que las perforaciones petroleras tampoco contaminan, o que los agroquímicos son inofensivos para la salud y el ambiente. Seguidamente se imprime un gran optimismo en contar con tecnologías óptimas que resolverían o controlarían los efectos negativos.
De esta manera, los defensores de los extractivismos afirman que ya se cuenta con los saberes y las tecnologías para evitar cualquier impacto. Las alertas sobre posibles efectos negativos serían, por tanto, infundadas3. Pueden llegar a reconocer riesgos, pero sostienen que casos como graves derrames o contaminaciones son cosas del pasado.
Esta postura adolece de muchos problemas. En primer lugar, emprendimientos como la megaminería involucran afectaciones radicales y extensas, que en el caso de los tajos a cielo abierto configuran lo que podría calificarse como "amputaciones ecológicas" por la destrucción de ecosistemas y la remoción de grandes volúmenes de materia. Esto no tiene soluciones posibles, y en realidad la discusión gira alrededor de los efectos secundarios que genera esa extirpación (como puede ser el manejo de la contaminación de suelos y aguas). La explotación petrolera en bosques tropicales acarrea efectos negativos en sitios de alta biodiversidad y endemismo. La expansión de los monocultivos conlleva similares problemas, comenzando por el avance de la frontera agropecuaria sobre otros ecosistemas, o por la afectación de suelos y aguas. Por tanto, en todos estos casos los impactos son de gran magnitud, severos, y las capacidades para remediar y amortiguar son tan escasas, que difícilmente podrían serían aprobadas por evaluaciones de impacto ambiental que fuesen rigurosas (Gudynas, 2014).
En segundo lugar, el conocimiento sobre la estructura y dinámica de los ecosistemas latinoamericanos dista mucho de ser completo (por ejemplo, Loreau et al., 2001). Existen enormes lagunas de información, incluso a niveles tan básicos como el elenco de especies de fauna y flora presentes en un sitio. Todavía menos se sabe sobre las respuestas de esos ambientes ante distintos impactos, sus fragilidades, capacidades de resiliencia, etc. No se niega la importancia del aporte científico y, por el contrario, es indispensable. Pero esa misma contribución, si es hecha con rigurosidad, en realidad debería generar eia que alerten sobre las limitaciones de la información disponible, no exageren las capacidades de amortiguación de los ecosistemas locales, o dejen de trasplantar a nuestros ecosistemas estudios realizados en el hemisferio norte (en ecosistemas mucho más simples). En América Latina se debería reconocer que prevalece la incertidumbre, tanto por las limitaciones en el conocimiento científico como en modelar las respuestas ecosistémicas.
En tercer lugar, se sobrestiman las capacidades tecnológicas para evitar los impactos ambientales, o bien para remediarlos (véase por ejemplo a Huesemann, 2001). Ejemplos de ello son propuestas tales como presas de relaves mineros de contaminación cero, la supuesta anulación de los impactos de la explotación de petróleo en la Amazonia por medio de aerotransportación de personal e insumos, o sostener que se anulan los efectos de agroquímicos pasando desde el laboreo convencional a la siembra directa con herbicidas. Una vez más se debe recordar que no existen soluciones técnicas para muchos de los impactos de los extractivismos, que algunas de las que se plantean son tan caras que tornan a los emprendimientos inviables desde la óptica empresarial convencional, que otras tienen resultados inciertos, e incluso que pueden agravar los problemas ambientales.
Es importante señalar que en los puntos anteriores ese optimismo lleva a promover las mejores prácticas o el uso de las "mejores tecnologías disponibles" (BAT, por su sigla en inglés), evitándose considerar que en muchos casos eso finalmente no se cumple. Más allá de reconocer que ese es un problema frecuente, lo que se señala en la presente sección es la postura conceptual que asume que todo extractivismo siempre tiene soluciones científico-técnicas, y que si estas son aplicadas, se eliminarían los posibles problemas.
Finalmente, en cuarto lugar, en muchos casos se genera un ciclo de informes de expertos asociados a gobiernos o empresas, que son cuestionados y enfrentados por otros saberes expertos, pero que parten desde la sociedad civil (un ejemplo reciente fue la batalla de los peritajes sobre el proyecto minero Conga en Perú) (De Echave y Diez, 2013). Estos últimos son muy efectivos en indicar omisiones, exageraciones o errores en las evaluaciones ambientales o los planes de gestión. Pero también debe reconocerse que desde esos dos ámbitos se termina defendiendo un mismo espacio de debate, propio de conocimientos expertos en manos de académicos. Se asume que habría una resolución objetiva y neutra que sería propuesta desde las ciencias, limitándose otras consideraciones, tales como políticas, culturales, espirituales, etc.
Flexibilizar la política y la gestión ambiental
Otra dimensión de sustento de los extractivismos se apoya en ajustar las exigencias y la institucionalidad de las políticas y la gestión ambiental, e incluso de las concepciones sobre la Naturaleza.
Muchos emprendimientos extractivistas del pasado reciente se enmarcaron en políticas e institucionalidades ambientales muy heterogéneas y débiles. No solo eso, sino que como muchos nuevos proyectos son todavía más grandes, implican impactos mayores, o ponen en riesgo áreas naturales claves que están protegidas o son territorios indígenas, aumentando las presiones por recortar y debilitar las políticas y la gestión ambiental. Ante esta situación, los gobiernos transitan en la llamada "flexibilización ambiental".
Este es un término que posiblemente se originó al analizar las medidas ambientales bajo el primer mandato de Lula da Silva. En sus dos presidencias repetidamente se dejó en claro que los controles ambientales entorpecían la inversión y promoción productiva. La respuesta fue flexibilizar, aligerar o reducir los controles y las exigencias ambientales. El término "flexibilización" seguramente fue inspirado por las medidas de "flexibilización laboral", una postura análoga de reducción de exigencias y salvaguardas para los trabajadores, recortes en sus coberturas sociales, etc.
Uno de los componentes de esta flexibilización es debilitar las evaluaciones de impacto ambiental (EIA). Por ejemplo, el gobierno Lula consideraba que las eia eran muy largas, cuestionaba las acciones de fiscales independientes que paralizaban obras por infracción y las demandas judiciales de la sociedad civil. Bajo una fuerte presión extractivista, tanto los gobiernos de Lula como el actual de Dilma Rousseff, buscaron reducir el tiempo de evaluación ambiental, acotar mecanismos de salvaguarda o transferir las licencias desde el ámbito federal al local. La oposición de la sociedad civil bloqueó esos intentos.
Otro componente es recortar, limitar o redefinir la institucionalidad ambiental. Siguiendo con el ejemplo de Brasil, se embistió contra la agencia federal encargada de esos controles ambientales, el Instituto Brasilero del Medio Ambiente (IBAMA). Esto desembocó en presiones y sucesivas renuncias y reemplazos de autoridades hasta hallar a quien firmara los permisos, y en dividirlo en dos nuevas instituciones.
Los gobiernos utilizan esta flexibilización para contar con estándares más bajos, tolerar excepcionalidades o debilitar el control, y con ello generan la ilusión de que nunca dejan de cumplir las normas. Eso les permite afirmar que se están cumpliendo las evaluaciones y que se seguirán rigurosos controles.
El proceso es muy claro en varios países además de Brasil. Por ejemplo, en Colombia, el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, propuso en 2013 promover licencias ambientales "exprés". Esto se debería a que la autoridad ambiental nacional (ANLA) pide información "más allá de lo razonable", obliga a repetir las "líneas de base" o a "irse más allá de la consulta previa". El mensaje está claro y apunta a acelerar el trámite de los permisos, a no "extenderse" en otras áreas o en no "complicarla"4. En Perú, el ministro de Energía y Minas, a inicios de 2014, llamó a exonerar de eia a la exploración sísmica petrolera para "acelerar" las inversiones, descansando en la autorregulación de las empresas5.
En varios países las eia se terminan convirtiendo en un trámite. En Chile, por ejemplo, llamó mucho la atención que en siete años (2005 a 2012), de los 600 proyectos examinados por el Servicio de Evaluación Ambiental, solo se rechazaron un 7% (39); en un 90% de los casos no se consultó a las comunidades locales6. En Perú, una revisión independiente de la calidad y rigurosidad de las eia encontró un enorme número de problemas ya en el primer caso examinado, por lo que el Gobierno suspendió el ejercicio7. Problemas similares se repiten en las evaluaciones ambientales en otros países.
Los gobiernos también insisten en defender la importancia de sus autoridades ambientales, pero simultáneamente las cuestionan. Esto viene haciendo el presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, atacando a la unidad ambiental de su Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, llegando al extremo de postular, en 2012 y 2013, su desmembramiento. Esa agencia se ha convertido en un obstáculo para promover la megaminería de hierro a cielo abierto.
Paralelamente, la fiscalización es débil y cuando se detectan incumplimientos, en muchos casos nunca se concretan las sanciones o son muy acotadas. Por tanto, también hay una cierta impunidad para los infractores ambientales (Barreto et al., 2009). Tampoco pasa desapercibido que hay gobiernos que si bien no atacan directamente las normas, lo que hacen es despojar a las agencias ambientales de recursos financieros suficientes, les recortan la plantilla de técnicos, o la aíslan políticamente, limitando seriamente sus capacidades de trabajo.
En otras situaciones, las innovaciones ambientales más importantes no se aplican. El caso extremo ocurre en Ecuador, donde los derechos de la Naturaleza reconocidos en la nueva Constitución no son debidamente atendidos por el propio Gobierno. Esto ocurrió, por ejemplo, en 2013, con la decisión de explotar petróleo dentro del Parque Nacional Yasuní, lo que es una clara violación del mandato ecológico constitucional. Además, el presidente Correa abiertamente calificó a los derechos de la Naturaleza como "supuestos derechos"8.
Mientras los discursos gubernamentales sostienen los extractivismos afirmando que se realizan buenos controles, que se cuenta con una institucionalidad de avanzada, etc., las prácticas de la gestión, las políticas y la institucionalidad son todavía más débiles. Los argumentos para justificar estas posiciones pueden ser distintos, pero las expresiones concretas son similares. Esto hace que la flexibilización ambiental no sea un conjunto de problemas aislados, sino que expresa una preocupante tendencia en las políticas ambientales sudamericanas para hacerlas tolerantes y funcionales a los extractivismos. En lugar de obligar a los proyectos extractivos a revisarse y adaptarse a adecuadas medidas de gestión ambiental, lo que está en marcha es un proceso inverso, donde se reformulan estas para que no entorpezcan ese tipo de emprendimientos.
Las empresas aprovechan están circunstancias y operan en el mismo sentido, repitiendo que aplicarán la mejor tecnología y los más altos controles disponibles. En muchos casos esto no ocurre. Una recordada situación en la Amazonia ecuatoriana involucró a la petrolera Oxy (también conocida como Occidental), que durante años sostuvo que utilizaba las mejores tecnologías, seguía normas internacionales y más, para descubrirse que nada de eso era cierto en las áreas de explotación (Kimberling, 2006). Más recientemente, Barrick Gold presentó su mina de oro de Pascua Lama, en los Andes de Argentina y Chile, como ejemplo de la mejor gestión ambiental. A pesar de ello, ese emprendimiento fue suspendido por la justicia chilena en 2013, por incumplimientos y faltas ambientales, aplicándole una enorme multa de us$16 millones9.
Un paso más en el rediseño de la gestión y política ambiental apunta a concebir la Naturaleza como un agregado de recursos que deben ser aprovechados. Estos pueden ser bienes o servicios ambientales, o bien recursos naturales que aprovecharán los extractivismos. De esta manera se cae en aceptar una mercantilización de la Naturaleza, donde deberá probarse que su conservación es mejor "negocio" para el país que la extracción de las materias primas. Es una Naturaleza fragmentada en distintas mercancías, revestidas de valores económicos en algunos casos.
La dimensión social, entre la exhibición y los ocultamientos
En la dimensión social los extractivismos son defendidos y legitimados de variadas maneras, desde la exhibición de atributos que se consideran positivos hasta el ocultamiento de los efectos negativos. Es muy común que se insista en mejoras en el empleo, sean estas puestos de trabajo directos o indirectos en los emprendimientos y en nuevos sectores que brindan servicios. En algunos casos también se anuncia que se contratará mano de obra más calificada y técnicos nacionales, que se promoverán carreras de estudios técnicos asociadas, etc. También se otorga mucha importancia a distintas compensaciones locales, como la construcción de escuelas o centros de salud.
A escala nacional, los extractivismos se defienden como generadores de empleo y de mejores condiciones económicas, y con ello, de avances sociales. Paralelamente, distintos gobiernos han pasado a defender los extractivismos como fuente de financiamiento para sus programas sociales, y en especial aquellos de lucha contra la pobreza (algunos de estos aspectos también se abordan más abajo).
El empleo que demandan los distintos extractivismos es limitado. Su mejor desempeño ocurre durante las fases de construcción, por ejemplo, de una planta de procesamiento minero. Pero aun en esos casos, los puestos de trabajo con mayor salario quedan en manos de contratistas extranjeros, mientras que la fase de operación cuenta con plantillas de empleados limitadas. También es muy común que los proyectos exhiban altas estimaciones de puestos de trabajo (véase sobre este tema los correspondientes mitos analizados en CAV, 2011). Permanecen los problemas en las condiciones laborales, como bajos salarios, precariedad en el empleo, desconocimiento de derechos sindicales, malas condiciones ambientales y de seguridad, etc., sin que puedan escalar en el debate nacional. Por tanto, también ocurre una flexibilización social.
Paralelo a estas limitaciones, las empresas insisten en que ellas mismas se pueden autorregular, por lo que no son necesarias mayores fiscalizaciones. Aparecen de esta manera los programas de responsabilidad social empresarial (RSE), códigos de conducta, etc. Si bien este tipo de herramientas tienen algunas potencialidades, como acceso a ciertas informaciones o estándares de desempeño, en casi todos los casos se distorsionan sus fines sociales y ambientales (véase, por ejemplo, a Slack, 2012 para una revisión conceptual y un caso de minería en Guatemala). Su efectividad real es cuestionada, y no se conocen casos de empresas que siguiendo esos códigos de RSE cerraran sus emprendimientos en caso de serios impactos ambientales o sociales. En cambio, ese tipo de códigos sirven como justificación del extractivismo y escudo ante las demandas ciudadanas. A su vez, tienen un efecto negativo colateral en suplantar las monitorizaciones y fiscalizaciones que debe realizar el Estado o que pueden estar en manos de comunidades locales. En muchos casos las agencias gubernamentales, en lugar de asumir esas obligaciones, se recuestan en las supuestas bondades de la RSE.
Paralelamente se aplican mecanismos diversos para ocultar o acallar los efectos sociales negativos. Los reclamos locales son desestimados, en unos casos invisibilizando a los actores involucrados, y en otros casos, aunque estos sean reconocidos, se minimizan o desechan sus denuncias. Bajo las primeras circunstancias se ignoran comunidades indígenas o campesinas, comunidades afro, caboclos, etc., como si estas simplemente no existieran. Desde la segunda postura se desestiman denuncias de impactos sociales o ambientales -por ejemplo, señalando vicios en sus presentaciones-, se los banaliza como expresiones de creencias indígenas, se les exigen pruebas adicionales una y otras vez, etc. Esto incluye un amplio abanico de problemas locales que van desde el deterioro de la salud al aumento de la violencia, de la desaparición de circuitos económicos tradicionales a la proliferación de la prostitución, todos los cuales parecería que se desvanecen en el aire. En otros casos simplemente se impiden las consultas locales sobre proyectos extractivistas o se limita el acceso a la información. Estas y otras posturas en la dimensión social requieren un esfuerzo intenso donde participen activamente el Estado, los grupos políticos partidarios gobernantes y sus bases de apoyo.
Estas situaciones se repiten en casi todos los países -ejemplos para el caso colombiano en los ensayos en Garay (2013), para Perú en Hoetmer et al. (2013), y para Ecuador en Sacher y Acosta (2012)-.
Avanzando a un plano más profundo, en muchos casos se observan diversos impactos sociales que muestran incumplimientos en asegurar los derechos humanos. Estos son de variado tipo, tales como contravenir los derechos de acceso a la información o participación, violar aquellos sobre la salud y calidad de vida tolerando la contaminación, o no asegurar los derechos políticos y sociales criminalizando la protesta ciudadana. Un caso extremo radica en la represión con violencia, o la tolerancia a los asesinatos de manifestantes o líderes sociales. Esto ha sucedido, por ejemplo, con la muerte de manifestantes por la policía en Perú, o los asesinatos de conocidos líderes locales en Brasil y Colombia. A su vez, en Ecuador se incumplen en algunas circunstancias los derechos de la Naturaleza. Estas distintas situaciones corresponden a las llamadas extrahecciones, denominación aplicada a los casos donde se "arrancan" con violencia los recursos naturales (otros ejemplos y definición en Gudynas, 2013). Actualmente, las extrahecciones no son efectos aislados e indeseados en algunos emprendimientos, sino que se están convirtiendo en una condición necesaria para poder aprobar e imponer distintos proyectos extractivistas.
Reduccionismo económico y contabilidad distorsionada
Buena parte de las defensas de los extractivismos se basan en argumentos económicos.
Se subrayan especialmente los ingresos por las exportaciones e inversiones, los impuestos y las regalías, y desde allí, por efectos derrames sobre las economías nacionales. Por tanto, el núcleo de argumentación exhibe a esos emprendimientos como aportes fundamentales para el crecimiento económico, y que este a su vez representa la esencia del desarrollo. Además, los gobiernos y sus bases de apoyo, junto a muchos analistas, consideran que los altos precios de las materias primas brindan una oportunidad que no se debe dejar pasar. Siguiendo esa perspectiva, se denuncia que los críticos de los extractivismos no solamente están cuestionando emprendimientos específicos, sino que ponen en riesgo el crecimiento económico de todo el país.
Buena parte de estas posiciones descansa en un reduccionismo de la valoración económica, ya que solo se adjudican precios a las materias primas finales (por ejemplo, la tonelada de carbón o el barril de crudo), sin incorporar costos de materiales desechados o de los impactos sociales y ambientales. Es una perspectiva convencional, donde esa contabilidad distorsionada no contabiliza los impactos en los análisis costo/beneficio, y por ello concluye que son negocios jugosos. Sin embargo, si se añaden esos costos y se corrigen los precios, queda en claro que muchos emprendimientos extractivistas son en realidad malos negocios que involucran amplias externalidades.
Desde una y otra postura económica se observa una clara insistencia en una valoración económica convencional basada en los valores de uso o cambio, y por tanto terminan recostadas sobre el utilitarismo. Solo se valorará aquello con claras utilidades para los usos humanos, lo que explica que factores como los altos precios de las materias primas terminen por justificar la expoliación de la Naturaleza. Ese tipo de valoración se ha vuelto tan dominante que excluye otras escalas, tales como las ecológicas, estéticas, culturales, etc. La presencia de especies en peligro o el valor ritual de un cerro no pueden ser expresados en dinero y, por tanto, se invisibilizan en los análisis costo/beneficio convencionales. Las comunidades locales que desean proteger sus localidades desde valoraciones que no son económicas, son relegadas, y su única opción es "traducir" los valores ambientales o culturales en una escala monetaria. Pero esas respuestas representan, por un lado, una distorsión en los valores originales y, por el otro, imponen una racionalidad mercantil.
La prevalencia de la valoración económica también promueve una fragmentación de la Naturaleza en bienes y servicios ambientales. En este caso también se termina por buscar valoraciones económicas para algunas especies o funcionalidades ecológicas, esperando con ello justificar su protección. Esto excluye otros aspectos de las valoraciones, y muy especialmente los derechos de la Naturaleza (tal como son reconocidos en la nueva Constitución de Ecuador), ya que no pueden ser monetarizados.
Los discursos de sustentación y legitimación potencian todos esos aspectos propios de la economía convencional, y relegan otras escalas de valoración. Dicho de otra manera, se pierde la multiplicidad que se encuentra en otras escalas de valor. Ese reduccionismo económico es mucho más que un procedimiento técnico, ya que hace que casi todo se mercantilice, y se abren las puertas para que se expresen posturas basadas en la competencia y utilidad como criterios predominantes en las políticas públicas.
Compensaciones económicas
La relevancia creciente que se da a los factores económicos, resumidos arriba, se articula con perspectivas similares que parten de otras dimensiones, como las sociales. Esto desemboca en la creciente importancia que revisten las compensaciones económicas como medio para justificar los extractivismos. En su esencia, esta postura sostiene que, más allá de los posibles impactos, los extractivismos pueden ser justificables si se compensa económicamente a las personas.
Esta postura se expresa de variadas maneras. Las más conocidas son las compensaciones económicas administradas por el Estado, donde este recolecta impuestos y regalías que supuestamente regresarán a la sociedad. Más recientemente se refuerza su importancia por medio de transferencias directas o casi directas hacia las zonas donde se realizan las actividades extractivas (alcaldías o gobernaciones). Por tanto, se insiste en un discurso donde se busca convencer a las comunidades locales sobre las bondades de un emprendimiento extractivo ofreciéndoles retener directamente parte de los dineros recaudados. Otras compensaciones operan de manera similar, y entre ellas se encuentran empresas que financian distintas obras locales (por ejemplo, construir escuelas o centros de salud). No siempre esta dinámica es una imposición externa a las comunidades, ya que existen casos donde distintos grupos ciudadanos son los que reclaman dineros como indemnización y compensación por el acceso a recursos locales o por los daños sufridos.
La cuestión que deseo subrayar aquí no apunta a los mecanismos específicos, sino a que poco a poco se está generalizando y aceptando la idea de que los impactos sociales y ambientales pueden ser compensados en dinero. Este es un cambio sustancial en las ideas utilizadas para sostener a los extractivismos, ya que puede llegarse al extremo de admitir impactos, y la solución deja de estar en anularlos, restaurar ambientes o generar comunidades autónomas, sino que las únicas respuestas que se consideran giran alrededor de compensaciones monetarias. Son posturas cada vez más comunes y con efectos muy negativos.
La discusión pública deja de estar centrada en los impactos sociales y ambientales, y se desplaza a disputas sobre cuánto debería ser el monto de la compensación, y quiénes la deberían recibir. Incluso se generan luchas y divisiones dentro de comunidades y organizaciones en la disputa por acceder y controlar esos fondos. Los extractivismos quedan legitimados a partir de establecer las adecuadas compensaciones en dinero a las comunidades locales. Los líderes locales saben esto, y algunos de ellos quedan atrapados en la misma lógica, alentando cierto tipo de resistencia pero que en realidad es usada para negociar montos mayores. Sea por una vía o por otra, se asume que los extractivismos no tienen problemas en sí mismos, sino que todo depende del dinero que se reciba por aceptarlos. Por tanto, una sustentación mercantilizada se extiende tanto en promotores como en detractores de los extractivismos.
Es evidente que esta posición es errada. Una compensación en dinero no soluciona, por ejemplo, la desaparición de especies o la pérdida de sitios naturales. Esos dineros los reciben personas, y no implican en lo absoluto una restauración ambiental. De la misma manera, la indemnización en dinero no hace desaparecer enfermedades sufridas, problemas en el crecimiento, etc. Las compensaciones monetarias no configuran por sí solas medidas de remediación ambiental ni instrumentos suficientes de justicia social.
Los gobiernos progresistas también utilizan intensamente las compensaciones económicas para sostener sus proyectos extractivistas. Las defienden no solo por el beneficio económico general, sino que dicha compensación aparece específicamente en los programas monetarizados de lucha contra la pobreza (tales como pagos mensuales a personas bajo extrema pobreza o riesgo). Esta es una justificación que repetidamente usan, por ejemplo, Rafael Correa y Evo Morales, al sostener que explotar minerales o petróleo es indispensable para financiar sus paquetes de ayudas económicas a los más pobres. Dicho de otra manera: los extractivismos serían necesarios para acabar con la pobreza.
Esta situación genera un nuevo tipo de legitimación política, ya que cualquier crítica a esos emprendimientos es tomada como una oposición a reducir la pobreza. Pero a la vez, se limitan las dimensiones de la justicia social a instrumentos redistributivos, y en especial a los bonos de asistencia monetarizados (como los pagos mensuales a grupos pobres en riesgo).
Las empresas también contribuyen a fortalecer esta mercantilización de la justicia social con sus discursos de la responsabilidad social, programas de asistencialismo local, etc. En varios casos esos programas, antes que empoderar comunidades locales, tienen el claro fin de apaciguar la protesta ciudadana o cumplir con exigencias de relaciones públicas impuestas desde las casas matrices. Solo llegan hasta donde no ponen en peligro la rentabilidad empresarial o la viabilidad del extractivismo.
Política y democracia
Los extractivismos revisten una enorme importancia política para actores como los partidos políticos, el Estado, los empresarios o los sindicatos. Su control político permite incidir en las estrategias económicas nacionales, acceder a inversionistas, decidir los usos de los excedentes, etc. Hay políticos que se publicitan como promotores de ciertas inversiones extractivistas, y con ello, de las promesas de empleos, exportaciones y demás, con intereses electorales. Incluso existe evidencia de empresas que financian campañas políticas, sobornos a funcionarios estatales, entre otros. Paralelamente, grupos burocrático-técnicos dentro del Estado sostienen su poder en controlar esas actividades. No debe olvidarse además que hay "puertas giratorias" con personas que provienen de cámaras empresariales o corporaciones y alternan en puestos políticos, incluso ministerios.
Su importancia es tan elevada que cuentan con su propia institucionalidad estatal (recordemos aquí que la institucionalidad y las prácticas son parte de la materialidad de los discursos). Todos los gobiernos tienen agencias gubernamentales de alto rango, tales como ministerios en minería, hidrocarburos o agropecuarios (tabla 1). En muchos gobiernos subnacionales o municipios se repite una institucionalidad similar. A su vez, esos ministerios o agencias trabajan en coordinación con los de economía y finanzas (para asegurar diversos tipos de exoneraciones o subsidios a las inversiones extractivistas), y con los de obras públicas (encargados de proveer vías de transporte, energía, etc.). También controlan los recursos financieros que se pueden trasladar a los programas sociales de asistencia económica. Por este tipo de razones, en todos los países estos son cargos importantes, políticamente codiciados, disputados por los partidos políticos y los sectores empresariales.
Las agencias estatales y los actores políticos, más allá de matices, operan para defender y promover los extractivismos. Existen disputas, pero buena parte de ellas son sobre cómo instrumentalizar los extractivismos, y con ello se refuerza la necesidad y legitimidad de esos emprendimientos. Se discuten cuestiones tales como el papel del Estado, la imposición de regalías, las formas de control, etc. Eso explica que tanto gobiernos conservadores como progresistas, si bien muestran importantes diferencias en este terreno, de todos modos persisten en estrategias extractivistas (una cuestión que se analiza más abajo).
Sea desde administraciones conservadoras o progresistas, los extractivismos son aprobados desde regímenes que, en todos los casos, son formalmente democráticos. Esto ocurre a pesar de la creciente oposición ciudadana a muchos emprendimientos, que en algunos casos escala a una conflictividad intensa. A su vez, como se señaló, muchos emprendimientos en realidad son extrahecciones, y las violaciones de los derechos implican rupturas con condiciones democráticas. Por tanto, son necesarios ajustes y redefiniciones en las concepciones y dinámicas políticas para, por un lado, imponer los extractivismos y, por el otro, hacerlo bajo condiciones que a pesar de todo pueden ser presentadas como democráticas y aceptadas por la población.
Es posible señalar algunos aspectos sobresalientes de esta problemática. Se observan acotamientos o anulaciones de mecanismos democráticos de tipo consultivo o deliberativo, mientras se refuerza un electoralismo enfocado en la presidencia. Esto explica que las consultas ciudadanas locales sobre extractivismos siguen siendo raras, y por lo general son combatidas desde los gobiernos centrales (como ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina, Colombia y Perú). También se resisten plebiscitos nacionales sobre extractivismos (el gobierno Correa se opone a una consulta sobre la explotación petrolera en la zona de Yasuní, y el de Mujica obstaculiza un plebiscito para impedir la megaminería). Se recortan los mecanismos de información y consulta previa de diversas maneras, y se apela a las flexibilizaciones. Como muchas resistencias a los extractivismos parten de minorías, como campesinos o indígenas, se las ignora (incluso en sus derechos ciudadanos), aprovechando que las mayorías en los centros urbanos están alejadas de estos temas, y son más proclives a esos emprendimientos10.
Por tanto, se cae en una versión de la "democracia de las mayorías", en el sentido de Sartori (2009), en detrimento de una democracia relativa que respeta las minorías. La primera implica que "los más tienen todos los derechos, mientras que los menos, la minoría, no tienen ningún derecho" (2009), mientras que la segunda reconoce aquellas mayorías pero respeta los derechos de las minorías. En la misma línea, esto refuerza la constitución de democracias delegativas (O'Donnell, 2010), donde se otorga un enorme papel a los presidentes.
En estas condiciones, el ganador de las elecciones se considera revestido de toda legitimidad democrática para imponer los extractivismos. Entiende que aquellos que se oponen representarían, en realidad, una oposición política que fue vencida en las urnas, mientras que la mayoría le ha otorgado todas las potestades para promover este modelo. Ese presidencialismo delegativo no acepta restricciones parlamentarias o judiciales.
A su vez, desde el revestimiento de la formalidad democrática se lanzan embates contra movimientos sociales y ONG. Entre los casos extremos más recientes, los gobiernos de Bolivia y Ecuador entorpecen la autoorganización ciudadana, y han llegado a la clausura, expulsión o intervención de ONG.
Los discursos extractivistas
Las diferentes dimensiones que sostienen y reproducen los extractivismos que se acaban de describir no operan aisladamente, sino que existen amplias superposiciones y correspondencias entre ellas. Se articulan en documentos, dichos o relatos que los defienden, e incluso enaltecen, les otorgan legitimidades que pueden ser científicas, económicas o políticas, y los revisten con una pátina democrática. Las distintas dimensiones que se repasaron arriba se complementan entre sí. Por ejemplo, si la insistencia en soluciones científico-técnicas deja de ser convincente, se la complementa con los supuestos beneficios económicos, y así sucesivamente. A su vez, el sesgo mercantil cruza todas las dimensiones, otorgando cierta coherencia a todo el conjunto.
Estos discursos de fundamentación de los extractivismos expresan un esfuerzo intenso, activo y extendido para asegurar la aceptación de las mayorías, y la legitimidad de los gobiernos que los imponen. No olvidemos que como los extractivismos rápidamente generan rechazos ciudadanos y se hacen evidentes las limitaciones en todas las dimensiones examinadas arriba, es esperable que la opinión pública comience primero a dudar y después a oponerse. Bajo condiciones normales, todo indicaría que esos cuestionamientos terminarían derrumbando a los extractivismos. Pero eso no ocurre, y ello se debe a varios factores como los descritos arriba, que son articulados y repetidos en discursos que los publicitan como necesarios y beneficiosos, los vinculan al desarrollo y, desde allí, los presentan como necesarios para asegurar el bienestar social11. Los extractivismos se convierten en un componente esencial de los desarrollos actuales.
Se cultiva la seducción afirmando que los extractivismos convertirán al país en un líder tecnológico o incluso en una "economía emergente". Sus pretendidos beneficios son atados a la imagen de intereses nacionales, donde quienes los defienden representarían la esencia de la nación (o del pueblo). A su vez, las voces críticas atentarían contra ese mismo pueblo, con lo cual el discurso se convierte en arma política contra muchos grupos ciudadanos. Se busca cautivar con ejemplos presentados como casos exitosos; el más repetido es citar a Noruega como un país que explota hidrocarburos pero que no cayó en los vicios o retrocesos de otras naciones petroleras.
Los discursos de apoyo también vinculan los extractivismos a las necesidades tecnológicas. Es común que se diga que aquellos que critican la megaminería buscan un futuro sin metales, que si se denuncia la contaminación petrolera no se podrá viajar en automóvil, o que se nos impondrá un regreso a la "edad de piedra". Todos estos son discursos defensivos, simplistas, que no diferencian entre extractivismo y otros usos de los recursos naturales de menor intensidad o volumen, bajo condiciones ambientales y sociales adecuadas.
Otras exageraciones van en un sentido político, calificando a las denuncias de la sociedad civil como expresiones de intereses políticos o geopolíticos ocultos. En los países conservadores los gobiernos los acusan de ser radicales de izquierda, y bajo los gobiernos progresistas se los señala como funcionales a la burguesía o el imperialismo.
Los eslóganes y las simplificaciones pueden llegar al terreno religioso, donde el extractivismo sería un mandato de Dios. Por ejemplo, un empresario minero colombiano ha defendido al sector recitando los pasajes del Génesis donde se dice que en la tierra de Havila "hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno". De la misma manera, el presidente de la petrolera estatal argentina YPF, sostuvo que el gas de esquito es "lo que Dios nos dio para comer", y por ello su país necesita muchos acuerdos con transnacionales como Chevron si quiere "acelerar el desarrollo" de esas actividades12.
Por estas vías, los discursos sirven para naturalizar estas políticas como algo aceptable, necesario y con las cuales se puede convivir. Crean la ilusión de extractivismos que serían intrínsecamente "buenos", cuyos impactos pueden ser anulados o manejados apelando a cierta ciencia y tecnología. Es más, también pueden servir a un desarrollo "bondadoso" en tanto financian programas de ayuda a los más pobres.
Es evidente que si estos y otros componentes son analizados desapasionadamente, se desploman. Las principales fallas en cada una de las dimensiones de sustento de los extractivismos se señalaron en las secciones anteriores. Pero a pesar de todo eso, los discursos al respecto se reproducen continuamente.
Por tanto, esos discursos de sustentación y legitimación no solo apelan a variedad de argumentos como se indicó, sino que se nutren de ideas profundamente arraigadas en nuestras culturas, y se organizan desde el poder13. Ejemplos de esas profundas raíces se encuentran en Bolivia, Chile o Perú, donde se insiste en concebir que el país es minero desde siempre, y solo eso puede ser. Es como si la condición minera estuviera arraigada genéticamente en sus habitantes o en el ambiente, y no hay alternativas posibles, sino que es un destino impuesto histórica y geográficamente. Los límites ecológicos son ignorados, asumiéndose que América Latina está dotada de reservas inagotables, y que aún en el improbable caso de agotamiento, seguramente la ciencia y la tecnología hallarían nuevas opciones.
Estos discursos son promovidos por diversos actores, desde los grupos político partidarios y empresas hasta distintos académicos, y desde allí incluso a líderes ciudadanos. Es un discurso que ha sabido adaptarse hacia posturas "políticamente correctas" que se refuerzan intensamente con la publicidad. Las defensas políticas en muchos casos parten desde los propios presidentes y sus bases de apoyo partidario, y los jerarcas gubernamentales. Todos los presidentes sudamericanos, de una manera o de otra, de derecha o de izquierda, defienden acaloradamente los extractivismos.
Sin duda las grandes corporaciones hacen otro tanto, aunque sus discursos vienen cambiando para lograr, también, posturas que sean "políticamente correctas". Esto es entendible dada la nefasta imagen pública que han acumulado en distintos países14. Como complemento, a nivel internacional promueven acuerdos sobre códigos de "responsabilidad" social y ambiental, y buscan posicionarse dentro unas particulares interpretaciones del desarrollo sostenible.
Tampoco puede dejar de observarse el papel desempeñado por actores académicos, ya que desde varios centros universitarios, equipos de consultores, etc., se ofrecen argumentos que se entienden como objetivos y certeros sobre las bondades de distintos extractivismos. Muchos sindicatos reproducen esos dichos, sea porque aspiran a lograr nuevos puestos de trabajo o por entender que, a partir de ellos, en el futuro se instalarán industrias.
A nivel más general, amplios sectores sociales, especialmente en los centros urbanos, creen con sinceridad que los extractivismos son necesarios para el futuro del país y su bienestar. Esto es comprensible ya que, por un lado no viven en carne propia los efectos negativos de esos emprendimientos, y por otro, la mayor parte de los mensajes que escuchan son favorables a esas actividades.
Los contenidos y actores involucrados no necesariamente coinciden en una posición única, ni han coordinado una campaña publicitaria unitaria. Existen múltiples expresiones, diferentes matices e incluso discrepancias intensas. Pero estas son sobre cómo instrumentalizar los extractivismos, sin dejar de concordar en la necesidad de ese tipo de estrategias y sus supuestos beneficios.
Son discursos que no solamente buscan que los extractivismos sean tolerados, sino que insisten en que deben ser deseados. Se esconden sus impactos y a la vez se los exhibe como beneficiosos. Cuando aparecen flancos débiles debido a la crítica ciudadana, rápidamente se presentan argumentos secundarios que refuerzan el núcleo central de ideas extractivistas.
Este repetido proceso ha desembocado en que el extractivismo, como concepto, quedara revestido de atributos performativos. Al ser expresados ya conllevan patrones sobre cómo organizar el desarrollo, sobre cómo actuar sobre el ambiente y las comunidades (una idea que se inspira en las observaciones de Antonelli, 2009). Al decirse que se es extractivista, inmediatamente se generan posturas de dominación sobre personas y el ambiente, las valoraciones se enfocan en la utilidad, la Naturaleza pasa a ser un agregado de recursos que deberían ser aprovechados cuanto antes para alimentar el crecimiento económico y con ello generar bienestar.
Las resistencias y los conflictos se deberían, según esa perspectiva, a la ignorancia de los sectores locales; a la agitación de militantes sociales, quienes también son ignorantes o manipulan información; a intereses políticos ocultos (sean nacionales o internacionales), o a un simple pensamiento infantil. La conflictividad, la violación de los derechos (extrahecciones) y los impactos ambientales son minimizados u ocultados, ya que si fuesen reconocidos, inmediatamente quedarían en evidencia las contradicciones de esos discursos.
Extractivismos conservador y progresista
En América del Sur, los extractivismos son defendidos y promovidos tanto por gobiernos conservadores como progresistas (sea en sus versiones moderadas o socialdemócratas, como aquellas nacional-populares, del socialismo del siglo XXI o bolivarianas), aunque, como se adelantó arriba, las estrategias son distintas. Por un lado, se observan extractivismos conservadores con reajustes recientes, propios de Colombia y Chile, con un fuerte componente empresarial y algunas rectificaciones como apelar a la responsabilidad social empresarial. Por otro lado, se pueden describir extractivismos progresistas, donde se proclaman intervenciones estatales más directas, se busca una mayor captación de excedentes en algunos sectores (tales como mayor participación de empresas estatales y altas regalías en la explotación petrolera en Bolivia, Ecuador y Venezuela), y se los presenta como financiadores clave de las políticas sociales (esta distinción en Gudynas, 2009).
Más allá de las diferencias tanto entre estos dos estilos extractivistas, como en los contextos políticos donde se insertan, lo relevante para el presente análisis son las coincidencias. ¿Por qué hay tantas similitudes en la defensa de la minería entre los gobiernos de Chile y Colombia, y las administraciones de Correa en Ecuador o Evo Morales en Bolivia? Todos subrayan la importancia de la minería, la conciben como una necesidad para promover el crecimiento económico, alientan la llegada de inversores y les conceden distintas facilidades.
El extractivismo progresista se diferencia del conservador en cuestiones tales como la apelación a un control estatal más directo sobre los recursos naturales y una mayor captura de los excedentes (por vías diversas, tales como empresas estatales, regalías, etc.). Las retóricas pueden ser muy distintas, ya que en países como Colombia o Chile se celebra el mercado y el empresariado, mientras que en Ecuador, Correa cita a un Karl Marx que sería extractivista.
Pero bajo las dos perspectivas se minimizan los impactos sociales o ambientales, se exageran los posibles manejos tecnológicos, se insiste en los beneficios económicos, se condicionan prácticas democráticas para que no afecten esas estrategias, etc. Ninguna de las dos opciones está dispuesta a dejar de ser extractivista, y al imponer ese tipo de actividades se repiten los impactos locales, los efectos derrame sobre el resto del país, y la escalada de resistencias ciudadanas.
Se constituyen estos dos tipos de extractivismos que en realidad expresan diferencias en cómo instrumentalizar esa apropiación intensiva de la Naturaleza, el papel que desempeñará el Estado y los empresarios, y posibles canales de redistribución de la riqueza económica que generan. Pero no se encuentran diferencias en las bases conceptuales sobre las que se sustentan, tales como una Naturaleza que es apenas una canasta de recursos para ser aprovechados, el desarrollo como crecimiento económico, la prevalencia de la valoración económica o la fe en la ciencia y las tecnologías convencionales.
Esto obliga a reconocer que los extractivismos se sustentan en un marco conceptual que es previo a las diferentes corrientes políticas actualmente mayoritarias en América Latina. Son ideas y sensibilidades propias de los cimientos que sostienen a las distintas ideologías políticas observadas en los diferentes gobiernos, y en las que coincide buena parte de la población.
Política y desarrollo extractivistas
Como puede verse, las posturas que sostienen y legitiman a los extractivismos, si bien son diversas, descansan en una misma base de conceptos y sensibilidades. Sus raíces son muy profundas, y es por ello que condicionan a posturas políticas conservadores o progresistas. Allí están los orígenes del optimismo científico-técnico, las flexibilizaciones sociales y ambientales, el reduccionismo de mercado y demás expresiones revisadas en las secciones anteriores. Esos cimientos corresponden al núcleo central de ideas y sensibilidades del concepto de desarrollo (en el sentido de Escobar, 1995).
Más allá de las diferentes formas de organizar y practicar estrategias específicas de desarrollo, los extractivismos expresan un núcleo central de ideas y sentires. Están profundamente arraigados en un plano que podría calificarse como ideológico, cultural o bajo un imaginario social15.
La profundidad de estas ideas queda en evidencia al comparar las dos posturas políticas posiblemente más disímiles en la actualidad latinoamericana: las administraciones de J. M. Santos de Colombia y José "Pepe" Mujica de Uruguay. Son dos gobiernos que muestran muy distintas gestiones en cuestiones como el papel del Estado, las formas de tramitar la política partidaria, los énfasis en la integración comercial, el abordaje sobre los derechos ciudadanos, etc. Estos gobiernos descansan en coaliciones políticamente también muy diferentes, ya que en un caso son de centro-derecha, y en el otro en distintos grupos de la izquierda. Además, las biografías personales no pueden ser más disímiles, ya que uno proviene de una acomodada familia y fue un activo político por muchos años, mientras que el otro fue un guerrillero, estuvo encarcelado bajo duras condiciones y tardíamente entró a la política formal. Uno expresa un nuevo conservadurismo menos ríspido, y el otro ha emergido como ícono de un progresismo democrático y austero.
Pero lo impactante es que estas dos personas, y sus administraciones, a pesar de todas esas diferencias, coinciden en defender los extractivismos. En los dos casos se apuesta a la megaminería, los hidrocarburos y las agroexportaciones. Por ejemplo, en el caso colombiano se postula una "locomotora minera", mientras que Mujica está presionando por la explotación de hierro a cielo abierto. Las ideas y sensibilidades del desarrollo están tan profundamente arraigadas que condicionan las opciones que se deben seguir, y en los dos países se cae en los extractivismos. Se repiten situaciones de flexibilización ambiental, se defienden los éxitos de la inversión y exportación extractivista, y se condiciona la información y la consulta democrática. Los extractivismos son un componente esencial del desarrollo deseado, y aunque hay diferencias entre esos gobiernos (donde muchas de ellas no son menores), de todos modos están enmarcados dentro de las ideas contemporáneas del desarrollo.
El núcleo central de esas ideas incluye la defensa del crecimiento continuado mediante la explotación de la Naturaleza entendida como inagotable. Esto generaría bienestar, que es entendido esencialmente como consumo material. El desarrollo sería un progreso continuado, bajo una visión lineal de la historia que todos deberían seguir. Se presenta la cultura moderna como ejemplo, con un fuerte optimismo científico-técnico, patriarcal y una política muy jerarquizada. Existe un fuerte dualismo, donde la sociedad es entendida como separada de la Naturaleza. Estas raíces no solo expresan entendimientos conceptuales sino incluso sensibilidades y espiritualidades.
Como son concepciones profundamente arraigadas, son a priori de las posturas políticas partidistas así como de varias de las dimensiones de sustentación, aceptación y legitimación revisadas. Es un desarrollo que tiene que ser extractivista, y serlo cada vez más. Ello es indispensable para mantener el crecimiento económico y el consumismo material. Como la Naturaleza será expoliada, debe necesariamente ser colocada por fuera de la sociedad, para poder fragmentarla y mercantilizarla. De la misma manera, la calidad de vida también se mercantiliza.
Las discusiones políticas que son permitidas residen en diferentes formas de organizar los extractivismos, pero escapa al entendimiento de esta sensibilidad una alternativa que prescinda de ellos. Por esto, las corrientes políticas conservadoras o progresistas terminan siendo extractivistas, cada una a su manera. Los discursos de sustentación, aceptación y legitimación pueden ser variados y múltiples, pero en todos los casos descansan sobre esta misma base. Desde allí se generan discursos que sostienen y reproducen los extractivismos, consiguiendo que buena parte de la sociedad los acepte, y que incluso reclame por más extractivismos o mejores compensaciones.
Este análisis muestra que uno de los mayores desafíos frente a los extractivismos consiste en aceptar que los cambios fundamentales difícilmente ocurrirán a partir de reformas instrumentales tales como las tecnologías de gestión ambiental, el monto de las regalías o la consulta previa. Las alternativas sustantivas deben ir mucho más profundamente, hasta alcanzar esa base de conceptos y sensibilidades compartidas sobre el desarrollo. Es indispensable atacar ese plano más profundo ya que, de no hacerlo, fatalmente resurgirá un extractivismo reformulado por las ideas del desarrollo. Los cambios radicales tampoco se lograrán desde distintas posturas político partidarias ya que, como hemos visto, el intento progresista, más allá de algunas modificaciones, terminó sucumbiendo a las ideas convencionales del desarrollo y reprodujo los extractivismos. Por tanto, las alternativas a los extractivismos solo son posibles si se actúa a un nivel más profundo, explorando y construyendo alternativas a la idea del desarrollo.
Pie de página
1 Información tomada de la base de datos del us Geological Service. Recuperado de: http://minerals.usgs.gov/minerals.
2 Como ejemplo se puede citar a Rafael Correa (Ecuador) quien afirma que la "pequeña minería es la que contamina y no la gran minería", y si bien esta última tiene "impacto", se "puede recuperar hasta el 95% de ese impacto"; Enlace Ciudadano, 375; El Comercio, 31 de mayo de 2014. José Mujica (Uruguay) ha defendido posturas muy similares; por ejemplo, señala que donde se le ponen "condiciones" a la minería se puede mitigar el daño y preservar las condiciones naturales "como sucede en Centro América, donde una vez culminado el proceso minero se pueden rellenar canteras gigantescas y sembrar bosques para ir recobrando la naturalidad"; La República, 29 de agosto de 2013.
3 El gobierno de Rafael Correa ofrece otros ejemplos en este terreno, sosteniendo que los impactos de mineras o pozos petroleros se pueden evitar o anular usando "tecnologías de punta" o "nuevas tecnologías"; "Extracción de petróleo en Yasuní usará ocho tecnologías", El Universo, 21 de agosto de 2013; "Correa se compromete con waoranis a extracción responsable del Yasuní", El Telégrafo, 17 de setiembre de 2013.
4 "Desde mayo, luz verde a títulos mineros", El Espectador, Bogotá, 22 de abril de 2013.
5 "Exploración de lotes petroleros estará exonerada de estudios de impacto ambiental", Gestión, 6 de marzo de 2014.
6 "Inversión minera: sistema de evaluación ambiental rechazó solo el 7% de 600 proyectos en 7 años", Centro de Investigación Periodística (CIPER), febrero de 2012. Recuperado de: http://www.ciperchile.cl.
7 "El silencioso escándalo de la UNOPS, el ministerio y Tía María", M. Salazar, ILD Reporteros, 30 de marzo de 2011. Recuperado de: http://www.idl-reporteros.pe.
8 Discurso de Rafael Correa, 15 de agosto de 2013, anunciando la cancelación de la moratoria petrolera en Yasuníitt.
9 "SMA sanciona y paraliza obras de Pascua Lama por incumplimientos ambientales", 24 de mayo de 2013, Superintendencia Medio Ambiente. Recuperado de: http://www.sma.gob.cl/index.php/noticias/comunicados/241-smasanciona-a-pascua-lama-por-incumplimientos-a-su-rca.
10 Un ejemplo de alta adhesión ocurre en Colombia, donde según una reciente encuesta, el 66% de los entrevistados a nivel nacional considera que la minería es favorable para el país; El Colombiano, 22 de febrero de 2014.
11 Ver un excelente análisis para el caso argentino en Antonelli (2009).
12 "El día que Dios respaldó la minería en Colombia", O. Güesguán S., El Espectador, 29 de mayo de 2013. "Galuccio: 'el shale gas es lo que Dios nos dio para comer…'", Observatorio Petrolero Sur, 22 de agosto de 2013. Recuperado de: http://www.opsur.org.ar.
13 Sobre las relaciones entre poder y discurso véase a van Dijk (2009).
14 Una reciente encuesta en Colombia encontró que el 55% de los entrevistados tiene una imagen negativa de las empresas mineras (en municipios mineros y no mineros); El Colombiano, 22 de febrero de 2014.
15 Se pueden seguir abordajes basados en conceptos de ideología, cultura, imaginario social, etc. Para cada uno de ellos hay diversas posturas teóricas, con sus ventajas y desventajas para analizar los cimientos del desarrollo. Aquí no se discute ese asunto por limitaciones de espacio.
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