Gustavo Duncan, Más que plata o plomo.
El poder político del narcotráfico en Colombia y México.
Bogotá: Debate, 2014.

* Magíster en Estudios Políticos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia). juan_dav1@hotmail.com

El libro del profesor Gustavo Duncan, Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y México, representa un avance importante en los estudios sobre la formación del Estado en América Latina durante los siglos XX y XXI.

A continuación enumero los tres aspectos que considero más relevantes del libro de Gustavo y planteo unas reflexiones críticas.

1. Las organizaciones criminales que se vinculan al narcotráfico, se especializan en la producción de poder político

Lo que muestra Duncan es que las organizaciones que participan en alguno de los eslabones productivos del narcotráfico deben especializarse en la producción de poder político para poder sobrevivir.

En términos coloquiales, significa que para sembrar coca, procesarla en laboratorios o transportarla hasta sitios de embarque o envío aéreo, las organizaciones deben desplegar mecanismos de dominación social: por eso vigilan comportamientos de civiles para mantener el orden; "cobran impuestos" a los comerciantes, propietarios de tierras o trabajadores informales como ejercicio de autoridad; le exigen a las personas su lealtad y obediencia en caso de requerirlas para afrontar guerras, entre otros ejemplos.

Es interesante en este punto el argumento que da Duncan para explicar la coexistencia que en México y Colombia se presenta entre instituciones liberales-democráticas en los centros poblados del Estado y los autoritarismos criminales en las regiones de frontera agrícola o en las periferias urbanas de ciudades capitales.

Para este autor, existen fuertes incentivos para que el Estado central "tolere" las prácticas de regulación social ejercidas por las organizaciones criminales en vastas regiones de México y Colombia. Por un lado, cuando los señores de la guerra —mafiosos, narcotraficantes o paramilitares— regulan el orden social, los costos de intervención directa del Estado en estas regiones se aumentan desde el punto de vista fiscal y político.

Así, desde el punto de vista fiscal, llevar instituciones (colegios, jueces, carreteras, hospitales, etc.) resulta costoso cuando la geografía montañosa, altillana o desértica está por fuera de los centros productivos nacionales (que más contribuyen al PIB). ¿Qué sentido tiene concentrar el gasto público en regiones que no jalonan la economía formal, y que debido a la regulación mafiosa, no constituyen amenazas para el orden nacional?¹.

Si las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico pueden fungir como jueces, inspectores de policía y soldados en regiones aisladas de los circuitos productivos nacionales, ¿qué incentivos tendría el Estado para intervenirlas si el orden social en la periferia ya está asegurado?

Por otro lado, desde el punto de vista político, la intervención directa del Estado en regiones donde el narcotráfico alteró la estructura social, es bastante costosa porque abre la posibilidad para que las masas campesinas y semiurbanas se rebelen contra las instituciones legales.

Por ejemplo, cuando el Estado colombiano militarizó las comunidades cocaleras en Putumayo y el Sur de Bolívar en los años noventa, y cuando fumigó con glifosato extensas áreas sembradas de coca, cientos de familias campesinas se rebelaron². Igualmente, cuando el Gobierno mexicano en los años setenta intervino la región de Sinaloa por medio de la "Operación Cóndor", recibió como respuesta una aguda y violenta movilización campesina, y una posterior legitimación social de los cultivos ilícitos.

En ese orden de ideas, la coexistencia entre instituciones liberales en el centro y los autoritarismos criminales en las regiones periféricas donde el narcotráfico es la principal fuente de capital, tiene fundamentos racionales que deberían incorporarse a las teorías sobre la formación del Estado en el mundo contemporáneo.

Por otra parte, afirma Duncan que estos "equilibrios" se pueden romper cuando los gobernantes nacionales se ven presionados por potencias hegemónicas (en este caso, Estados Unidos)³, o cuando las organizaciones criminales acumulan tanto poder que llegan a amenazar la estabilidad de las élites nacionales⁴.

2. La criminalización de los agentes que participan en la cadena productiva del narcotráfico es diferenciada

Aunque el artículo 382 del Código Penal colombiano establece castigos relativamente uniformes para las personas que cultivan, procesan, almacenan, distribuyen o comercializan drogas psicoactivas⁵, en la práctica, la persecución del Estado contra los diferentes agentes que se "lucran" del narcotráfico no es uniforme.

Duncan lo llama "la criminalización diferenciada de la mercancía y el capital". Lo interesante de este punto, es que el autor señala la correspondencia entre clases sociales, eslabón productivo del narco y persecución estatal.

Por ejemplo, tanto en Colombia como en México, los cultivadores de coca, amapola o marihuana (la mercancía), representan un sector de colonos que, por explotar ilícitamente baldíos, concentran la mayor parte del riesgo del negocio pues su actividad es fácilmente detectable por las autoridades (solo basta con una imagen satelital para ser descubiertos).

Por tanto, se trata de clases bajas rurales que a pesar de ser reprimidas por el Estado, encuentran en el narcotráfico una opción atractiva de sustento material. Por su parte, los traficantes internacionales y "especialistas en violencia" provienen de las clases sociales medias y bajas de "regiones muy particulares"⁶.

Por ejemplo, Duncan señala que un número significativo de capos del narcotráfico en México provienen de la región de Sinaloa, y en Colombia, provienen del Valle del Cauca, los Llanos Orientales y Antioquia. Asimismo, señala el autor que las condiciones de pobreza o explotación laboral vividas durante la adolescencia de los capos, les generaron un resentimiento social, hasta el punto de que narcotraficantes como Pablo Escobar y el Chapo Guzmán (entre otros), justificaron políticamente el narcotráfico al presentarlo como una reivindicación de las clases subordinadas⁷.

Lo llamativo es que los traficantes internacionales y especialistas en violencia, al concentrar gran parte de las rentas del negocio, pueden neutralizar la persecución del Estado de varias maneras (cosa que los campesinos cocaleros no pueden hacer): sobornando o coaccionando a policías, militares y fiscales, financiando a políticos para que legislen a su favor, sobornando o amenazando a jueces para que no sancionen sus delitos cometidos, etc.

Por su parte, los lavadores de activos (que ya manejan capital y no mercancía), tienden a ocupar los estratos más altos de sociedades urbanizadas y globalizadas. A pesar de que las rentas del narcotráfico se "hacen invisibles" en este eslabón, lo que acarrearía problemas para los empresarios legales (que sí pagan impuestos y cuyos márgenes de utilidad no llegan en muchas ocasiones al 12%), las autoridades nacionales no los persiguen con la misma intensidad que a los colonos cultivadores, los especialistas en violencia y los traficantes internacionales.

3. La relación entre régimen político, violencia y narcotráfico

La lectura que hace Duncan sobre la relación entre régimen político, violencia y narcotráfico es innovadora porque muestra cómo los regímenes democráticos poco competitivos son más eficientes a la hora de "disciplinar" y controlar a las organizaciones criminales.

En México, por ejemplo, durante la hegemonía política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico estaban subordinadas a las élites priistas y las fuerzas de seguridad estatales⁸. Todo cambia a finales de los años noventa e inicio del nuevo siglo, cuando integrantes del Partido de Acción Nacional (PAN) comenzaron a ganar gobernaciones hasta llegar finalmente al Palacio Presidencial de los Pinos con Vicente Fox.

La transición hacia una política competitiva le permitió a los carteles del narcotráfico independizarse del "corporativismo priista"⁹. La "apertura del régimen" les brindó unos canales institucionales a los jefes del narcotráfico para moldear el Estado en lo local ya sea por vía de las elecciones o por vía del manejo de la coerción (un político que no contara con el respaldo de un cartel, no podía hacer proselitismo electoral).

Esto mismo ocurrió en Colombia con la erosión del sistema bipartidista a finales de los años noventa y comienzo del 2000. De esa forma, el tránsito hacia el multipartidismo abrió las posibilidades para que "nuevos partidos" avalaran a candidatos vinculados con el narcotráfico y el paramilitarismo (el proceso 8.000 y la "parapolítica" son dos muestras del botón). Fue "curiosamente" la apertura democrática promovida por la Constitución de 1991, la que se correlacionó con mayores niveles de violencia, pues las élites políticas nacionales perdieron control sobre las organizaciones criminales de la periferia (guerrillas, paramilitares y narcotraficantes).

En conclusión, Duncan aporta nueva evidencia para robustecer los argumentos que ya venían planteando otros académicos en el mundo¹⁰, sobre la relación entre apertura democrática y violencia. Esto plantea un reto enorme para los "ingenieros institucionales" y hacedores de política pública, pues urge pensar en un modelo de seguridad nacional que sea consciente de los límites que los regímenes competitivos tienen en países subdesarrollados, para organizar y centralizar los aparatos de coerción.

4. Reflexión crítica

Aunque Duncan propuso una teoría en la que se demuestra la correspondencia entre geografía, cultura, crimen y presencia estatal (capítulos 2 y 3 del libro), esta se queda un poca corta en dos aspectos.

Por un lado, cuando Duncan afirma que "no es casual que la mayoría de capos que controlan el narcotráfico provengan de regiones y comunidades muy específicas", le faltó especificar por qué algunas regiones con similares características demográficas, sociales o económicas en Colombia, produjeron liderazgos criminales tan significativos como los que se formaron en Antioquia, los Llanos Orientales y el Valle del Cauca.

Para citar un ejemplo —que Duncan pasa por alto pero que es representativo en Colombia—: varios de los "grandes jefes" paramilitares nacieron y vivieron parte de su infancia y adolescencia en el municipio de Yacopí (Cundinamarca): Luis Eduardo Cifuentes Galindo (alias El Águila), Arnubio Triana Mahecha (alias Botalón), Ramiro Vanoy (alias Cuco), Manuel de Jesús Pirabán (alias Pirata), entre otros.

¿Por qué, entonces, el florecimiento de estos liderazgos criminales tendió a darse por fuera de las tres regiones que describe Duncan? Casos como estos, por tanto, merecieron recibir una mayor profundización.

Por otro lado, en la exposición de su teoría en el capítulo 3, le faltó al profesor Duncan profundizar en los rasgos polifacéticos que pueden expresar las organizaciones criminales que se vinculan con el narcotráfico en el espacio y el tiempo.

Es decir, en la tipología que elaboró donde explica el potencial de poder político de pandillas, mafias, guerrillas y señores de la guerra¹¹, no profundizó lo suficiente en la explicación de los casos que muestran que una organización criminal puede comportarse en un mismo periodo y en diferentes territorios como todas estas organizaciones descritas.

Si bien el profesor Duncan habla de "superorganizaciones criminales", como la que tuvo Diego Murillo (alias Don Berna) en la que se comportaba como "señor de la guerra" en Valencia (Córdoba) y como mafia en el Valle de Aburrá (Antioquia); no explicó de qué dependen este tipo de comportamientos criminales: ¿acaso del capital humano del líder?, ¿de la geografía?, ¿de la estructura territorial del Estado?

Vale la pena preguntarse, entonces, sí los líderes de estas organizaciones criminales multifacéticas —o "superorganizaciones criminales" como las llama Duncan— ¿corren los mismos riesgos si se comportan en un lado como señores de la guerra y en otro lado como mafiosos?, ¿esas circunstancias alterarían en algo su relacionamiento con la clase política?, ¿tendría validez su teoría sobre "la criminalización diferenciada" de capital y mercancía?

Esta pregunta reviste suma importancia en la actualidad, cuando reflexionamos sobre una estructura criminal como los Urabeños, pues en algunos casos se comportan como guerrillas (por ejemplo, cuando "decretaron" un paro armado en seis departamentos en el año 2012), en otros como paramilitares (cuando amenazan, desplazan o asesinan a defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, políticos de izquierda), en otros como mafiosos (cuando extorsionan a bicitaxistas, chanceros, maestros, vendedores de minutos, etc.), en otros como pandilleros (cuando pelean por parques para asegurar la territorialidad de la venta de drogas ilícitas), y en otras como narcotraficantes (cuando exportan cocaína a países sudamericanos, europeos y norteamericanos).

Sin embargo, estos comentarios críticos no comprometen la calidad del libro de Gustavo. Por lo demás, para observadores internacionales, burócratas y analistas, esta investigación debería convertirse en lectura obligada.

Notas

¹ Esto aplica especialmente para las regiones de frontera agrícola controladas por los jefes paramilitares (que Duncan denomina como "señores de la guerra") pues además de contener "la amenaza insurgente", también regulaban el uso visible de la violencia homicida, castigaban a ladrones y drogadictos, y, en ocasiones, construían obras públicas (redes eléctricas, vías carreteables, hospitales, etc.) para rellenar el déficit de servicios públicos.

² En lo que se conoció como "las marchas cocaleras".

³ Por lo general, la presión de Estados Unidos sobre los gobernantes colombianos y mexicanos aumenta cuando las organizaciones criminales asesinan funcionarios de la Drug Enforcement Administration (dea), o cuando se extiende el "rumor" de la penetración masiva del narcotráfico en las instituciones del Estado central.

⁴ Por ejemplo, en Colombia, los casos de Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela y los jefes paramilitares extraditados, son ilustrativos porque muestran cómo capos del narcotráfico que financiaron a muchos políticos del nivel nacional, terminan siendo perseguidos por ellos mismos cuando perciben que su poder desborda el umbral permitido por las élites. Lo mismo ocurrió en México con Miguel Ángel Félix Gallardo, Carlos Ramón Quintero, Amado Carrillo y el Chapo Guzmán, que después de haber financiado la carrera de gobernadores, congresistas y ministros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), terminaron siendo perseguidos por ellos.

⁵ Es decir, el código penal colombiano tipifica como delito de narcotráfico todas las conductas que van desde la siembra hasta el lavado de activos, sin discriminar por eslabón productivo.

⁶ No obstante, toda generalización en las ciencias sociales tiene sus excepciones. En el caso colombiano, los hermanos Ochoa del Cartel de Medellín, provenían de familias adineradas, y en México, los hermanos Arellano Félix tenían padres adinerados en Culiacán.

⁷ Vale la pena resaltar que Duncan critica la visión redentorista de algunos capos del narcotráfico, pues con casos concretos, mostró cómo estos criminales terminaron aliados con las élites políticas y económicas que tanto criticaron.

⁸ Incluso, cita Duncan, que los gobernadores de estados federales como Sinaloa y Tamaulipas, eran los "jefes" de los carteles del narcotráfico.

⁹ Este concepto lo utiliza Duncan para referirse a la organización piramidal, jerarquizada y burocratizada del Estado que propició el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¹⁰ Como Jack Snyder, por ejemplo, en su libro: From voting to violence: Democratization and Nationalist Conflict, The Norton Series in World Politics.

¹¹ Dichas variables fueron: "ubicación —de la organización criminal— con relación a la geografía del Estado" y "tipo de interacción con el Estado central". La primera variable ofrece dos opciones: distante o cercana. En la segunda variable se plantean igualmente dos opciones: mediación o represión.