10.18601/16578651.n26.12
Participación electoral en el Magdalena Medio colombiano. Un análisis del posacuerdo con las Farc
ELECTORAL PARTICIPATION IN THE COLOMBIAN MAGDALENA MEDIO. AN ANALYSIS OF POST-AGREEMENT WITH THE FARC
Flor Manuelita Barrios*
* Magíster en Políticas Públicas, Universidad Externado de Colombia, Bogotá (Colombia). Estudiante de doctorado en Ciencias Políticas, Administración y Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid (España). Profesional de Investigación, Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio (CER), Barrancabermeja (Colombia). [manuelitabarrios@gmail.com]; [https://orcid.org/0000-0003-3378-2398].
Recibido: 13 de mayo de 2019 / Modificado: 9 de agosto de 2019 / Aceptado: 20 de agosto de 2019
Para citar este artículo:
Barrios, F. M. (2020). Participación electoral en el Magdalena Medio colombiano. Un análisis del posacuerdo con las Farc. OPERA, 26, 241-267. DOI: https://doi.org/10.18601/16578651.n26.12
Resumen
La región del Magdalena Medio colombiano es uno de los territorios mayormente afectados por el control político y social que ejercieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en especial en los municipios ubicados en la periferia, caracterizados por estar en zonas de difícil acceso y con poca presencia estatal. En este sentido, en este documento se contrasta el comportamiento político durante la refrendación de los Acuerdos de Paz con las elecciones al Senado de la República de 2018 -en las que las Farc por primera vez participaron como partido político-. Esto con el fin de analizar la configuración política antes y después de la implementación de los acuerdos, así como su incidencia en la región del Magdalena Medio, en comparación con el resto del país.
Palabras clave: conflicto armado; comportamiento electoral; democracia; participación política; violencia.
Abstract
The Colombian Magdalena Medio region is one of the most affected territories by the political and social control exercised by the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), especially in the municipalities located in the periphery, which are in areas of difficult access and with poor state presence. In this sense, this document contrasts political participation during the endorsement of the Peace Agreement with the 2018 Senate elections-in which the FARC participated for the first time as a political party. An analysis of the political configuration before and after the implementation of the agreements is conducted, as its incidence in the Magdalena Medio region is analyzed in comparison with the rest of the country.
Key words: Armed conflict; electoral behavior; democracy; political participation; violence.
INTRODUCCIÓN
El gobierno colombiano, con el fin de atender los problemas de violencia armada que ha vivido el país por más de 60 años, ha avanzado en la búsqueda de la construcción de paz a través de: el proceso de desarme, desmovilización y reincorporación (DDR) de grupos paramilitares, en el marco de la Ley 975 del 2005; la atención a víctimas del conflicto armado desde el año 1985, a partir de la Ley 1448 del 2011; la implementación del los Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), mediante el cual se han estipulado diferentes normas, decretos y documentos CONPES que buscan darle viabilidad a los términos firmados. Por último, el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual no ha logrado consolidarse.
La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc es un hito histórico que plantea grandes retos para la participación política, puesto que, durante la época de violencia, gran parte de la población se vio afectada por la cooptación política ejercida por ese grupo. Algunos de los retos que se presentan para la implementación de dichos acuerdos son: los participantes del programa de reincorporación constantemente son estigmatizados y tienen dificultades para insertarse a la vida laboral. Las víctimas corren el riesgo de ser revictimizadas, y muchas de ellas desconfían de los programas de Gobierno, en especial en el proceso de restitución de tierras. Su implementación ha tenido diversos obstáculos jurídicos, en especial lo relacionado con las Circunscripciones para la Paz; por último, la negociación con el ELN se ha suspendido en varias ocasiones por las acciones bélicas de este grupo.
La región del Magdalena Medio es uno de los territorios más afectados por el control político y social que ejercieron los grupos armados ilegales, en especial en los municipios ubicados en la periferia, caracterizados por estar en zonas de difícil acceso y con poca presencia estatal. Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2003, citado por Mandarriaga, 2006) la región ha sido:
… históricamente escenario de un alto índice de conflictos sociales, políticos, económicos y culturales, marcados por un número de formas de exclusión que se han hecho manifiestas, principalmente en el conflicto por la apropiación de los recursos del (petróleo, oro) y por el acceso a la tierra […] Esto propicia la creciente disputa territorial entre los diferentes actores, legales e ilegales. (p. 41)
Esta región abarca 30 municipios de los departamentos de Bolívar, César, Santander y Antioquia, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: nueve municipios en el departamento de Bolívar (Regidor, Tiquisio, Río Viejo, Arenal, Morales, Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo, Cantagallo; cinco en César (La Gloria, Gamarra, Aguachica, San Martín, San Alberto); trece en Santander (Sabana de Torres, Rionegro, Puerto Wilches, Barrancabermeja, Betulia, San Vicente del Chucurí, El Carmen, Puerto Parra, Cimitarra, Simacota, Landazurí, El Peñón y Bolívar) y tres en Antioquia (Yondó, Puerto Berrío y Puerto Naré) (figura 1).
De esta manera, en el periodo 1990-2006 en el Magdalena Medio se registraron 14.111 homicidios, con una tasa de 59 homicidios por cada 100 mil habitantes. Barrancabermeja fue el municipio con la tasa más alta; seguido de San Pablo que tuvo su pico más alto en 1999. En ese mismo periodo ocurrieron 1759 confrontaciones armadas entre guerrilla y paramilitares y 138 masacres que produjeron 737 víctimas. Especialmente, desde 1997 los paramilitares adelantaron acciones con el fin de derrotar al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la mayoría de ellas en los municipios de Barrancabermeja, San Pablo, Puerto Wilches y Cimitarra (Dávila, 2010).
Los altos índices de violencia en la región lo hacen un lugar significativo -desde la perspectiva sociopolítica- para los actuales diálogos de paz y para el proceso del posconflicto, ya que en este lugar se entre mezclan tres actores relevantes: las víctimas del conflicto armado, que demuestran resistencia y desconfianza hacia el Estado. Los excombatientes de grupos armados guerrilleros y paramilitares que, como se señaló, son estigmatizados y, por otra parte, están expuestos a participar dentro de bandas criminales emergentes (bacrim), el microtráfico, la delincuencia común, entre otras actividades delictivas. Y la sociedad civil en general, que desconoce y no se ha involucrado adecuadamente dentro de las actuales políticas estatales para la construcción de paz. A partir de ello, se pregunta ¿cómo involucrar a los actores estratégicos en el proceso de construcción de paz en la toma de decisiones políticas para el fortalecimiento de la gobernabilidad en el posconflicto?; como señala Pino, este contexto amerita:
… adelantar estudios sobre la forma específica en que nuevos grupos armados, conocidos como los grupos posdesmovilización, se relacionan con las reglas e instituciones de la democracia a nivel subnacional, (Corpo-visionarios, 2017) y mejoran el acceso a la información sobre sus acciones por parte del Estado nacional (Fernández de Lara Gaitán, 2016) en un contexto de mayor movilización social (Cepeda, 2016). (2017, p. 382)
En este sentido, el presente documento tiene como propósito analizar el comportamiento electoral de la población de la región del Magdalena Medio, teniendo en cuenta que es uno de los puntos fundamentales que quedaron plasmados en el Acuerdo de Paz con las Farc; asimismo, que es un elemento clave para el empoderamiento de la ciudadanía en el proceso de fortalecimiento de la gobernabilidad.
De esta manera, se analiza el comportamiento electoral durante la refrendación del Acuerdo de Paz mediante el plebiscito de 2016, así como en las elecciones al Senado de la República en 2018 -en las que las Farc por primera vez participaron como partido político-. Si bien son dos elecciones de connotaciones distintas, la primera de aprobación o desaprobación de los Acuerdos de Paz, y la segunda de elección de representantes políticos, se considera que son hitos históricos significativos que permiten analizar la configuración política antes y después de la implementación de los acuerdos, así como su incidencia en la región del Magdalena Medio, en comparación con el resto del país.
METODOLOGÍA
Para la elaboración de este documento se realizó revisión documental con el objetivo de tener elementos conceptuales para analizar la transición de las Farc de grupo armado a partido político, en este sentido, se revisaron conceptos claves como democracia y participación política. Posteriormente, se sistematizaron los resultados del plebiscito y las elecciones al Senado de la República de 2018 en los municipios que componen la región del Magdalena Medio, a partir de los cuales se identificó el porcentaje de participación y abstencionismo de cada una de las elecciones. Asimismo, se contrastaron los resultados obtenidos en estos municipios con el Índice de Pobreza Multidimensional, con el fin de corroborar la hipótesis que señalaba que el plebiscito ganó en los municipios más pobres.
Igualmente, se correlacionó el porcentaje de votación que obtuvo el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) con los que votaron por el Sí en los municipios que componen esa región. Esto con el propósito de identificar si los municipios que estaban de acuerdo con el plebiscito tenían simpatía con el nuevo partido político.
DE LA DEMOCRACIA RESTRINGIDA A LA COOPTACIÓN
El análisis de la participación política en la región del Magdalena Medio implica varios retos, entre ellos, definir qué se entiende por política, democracia, participación y comportamiento electoral. En este recorrido, se podrá evidenciar que existen diferentes perspectivas, que pueden explicar las razones subyacentes en la decisión del voto de los colombianos en un contexto de violencia. Un elemento clave para este análisis es delimitar la relación entre el contexto social y las dinámicas políticas que se configuran en la región del Magdalena Medio, en contraste con el resto del país, teniendo en cuenta los desafíos que implica la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.
Según Castoriadis (1998), discutir acerca de democracia es hablar de política. Por su parte, Almagro (2016) señala que "la existencia de una verdadera democracia está condicionada a la participación real e influyente del conjunto de los ciudadanos en la formación de la voluntad política" (p. 177), de esta manera, desde su concepción, la participación y la democracia son conceptos simbióticos. A su vez, el autor dice que hay diferentes formas de democracia, a partir de ello, define la representativa como uno de sus principales exponentes. Una de las características de este modelo es que la participación del ciudadano se reduce a elegir representantes políticos, mediante elecciones periódicas. Sin embargo, este método supone, de forma implícita, que la participación política se configura a partir de una libertad negativa. Esto basado en la siguiente premisa: "una mayor participación ciudadana implicaría, ante la exigencia de satisfacer continuamente las demandas sociales, la sobrecarga del sistema político" (Almagro, 2016, p. 179). Esta premisa parte de considerar que los ciudadanos no tienen la capacidad de comprender los problemas técnicos de la política, por ello, la toma de decisiones se delega a unos representantes que conforman una élite.
Al respecto, Bourdieu (2000) distingue entre los profesionales, que son aquellos que poseen el conocimiento técnico político, y los profanos, es decir, los ciudadanos del común, los cuales según él no tienen el conocimiento suficiente para participar en democracia. Al respecto, Almagro (2016) dice que, desde esta perspectiva, un poco de apatía es síntoma de buen funcionamiento político; según él "Nada es más peligroso para la democracia, […] que el exceso de democracia" (p. 180).
En contraste con este modelo, la democracia participativa entiende la libertad en un sentido positivo, puesto que considera que las instituciones funcionan mejor en la medida que los ciudadanos tengan un mayor involucramiento en las decisiones políticas; en consecuencia, son sujetos capaces de entender su problemática con mayor o igual eficacia que los políticos. Al respecto, Almagro dice: "Mientras la democracia representativa restringe básicamente la participación a la electoral, la filiación partidista y el asociacionismo civil, la democracia participativa persigue una mayor implicación ciudadana mediante el robustecimiento de los canales de participación directa y semidirecta" (2016, p. 181).
Por consiguiente, una mayor participación permite ampliar la conciencia pública, así como la capacidad de incidir en la toma de decisiones; de la misma manera, contribuye a disminuir la desigualdad social. En consecuencia, se considera que la democracia es tan importante que no se puede dejar en las manos de una élite política; es por ello que uno de sus principales enfoques es la participación ciudadana.
Dentro de los modelos que hacen parte de la democracia participativa están: 1) el deliberativo, en el que las decisiones se toman con base en argumentos que den lugar a una solución compartida y legítima, a través de la negociación; a diferencia del representativo que los realiza por medio de la votación; 2) el directo, el cual busca que las leyes sean realizadas por la ciudadanía; y 3) el pluralismo, el cual considera que el conflicto por la obtención del poder es inevitable e inherente a la democracia, por lo cual parte de reconocer el pluralismo antagónico.
No obstante, diversos académicos señalan que las dinámicas políticas en Colombia se caracterizan por la configuración de una "democracia restringida", producto del momento histórico que se denominó Frente Nacional (1958-1974), en el que los partidos liberal y conservador se repartieron el Gobierno nacional y los poderes durante cuatro periodos gubernamentales, como una forma de resolución pacífica de la violencia armada que se venía llevando a cabo entre estos dos partidos, desde el año 1946. Según Pino (2017, p. 371) una de las razones de los surgimientos de los grupos armados durante este periodo se debió a la exclusión que se generó a las nuevas formas de configuración política, en especial, desde una ideología comunista. En esta medida, autores como Pécaut (2001, p. 30) resaltan: "El Estado colombiano difícilmente llega a ser un agente político de constitución de la nación […] constantemente parece estar atrapado permanentemente en las tormentas de una sociedad civil que se hace sentir, arrastrado por sus divisiones, sometido a sus exigencias".
Posteriormente, la Constitución Política de 1991 permitió generar un marco de inclusión y de participación política que contribuyó a superar las restricciones que surgieron en la época de la violencia, y se insertaron los mecanismos para implementar una democracia participativa. De esta manera, en el artículo 1 de la Constitución quedó plasmado que Colombia es una nación democrática y participativa que promueve el pluralismo político, étnico y cultural.
Sin embargo, se podría decir que su construcción fue tardía, puesto que, en ese momento, los grupos armados Farc y ELN se habían extendido en las regiones, "experimentando un crecimiento significativo en número de hombres, capacidad logística y armada" (Pino, 2017, p. 34), que difícilmente iba a permitir que estos grupos guerrilleros restablecieran la confianza en el Estado, abandonaran sus armas y el poder que habían logrado en los territorios. En este sentido, era más fuerte la concepción de lo político desde la perspectiva amigo-enemigo (Schmitt, 2009), así como el interés de los grupos guerrilleros de ejercer el control territorial.
En esta coyuntura sociopolítica, diversos investigadores concluyeron que la democracia en Colombia se caracterizaba por la cooptación institucional por parte de los grupos armados ilegales. Estos estudios demostraron una relación significativa entre la baja participación electoral y la presencia guerrillera; en contraste, en las zonas con presencia de grupos paramilitares, la votación por los políticos tradicionales aumentó; aunque es importante señalar que esto depende de la zona de influencia (Pino, 2017). Al respecto, Sánchez y Chacón (2005) encontraron que: "los grupos armados ilegales asesinaron un total de 70 candidatos a alcaldías, 92 a concejos y 14 a otros tipos de cargos públicos, siendo 1997 el año más crítico con 57 candidatos asesinados, 100 secuestrados y 369 retirados de la contienda electoral por presión de los actores armados" (p. 19).
Esto coincide con que en esta época comenzó el proceso de elección popular en los municipios, lo cual permitió que surgieran nuevos liderazgos dispuestos a competir por el poder local, el cual se caracterizó tanto por convertirse en un negocio rentable como una ocupación familiar. Se trata de la configuración de lo que diversos autores denominaron "clientelismo armado", es decir, la relación entre los grupos armados y la política fundamentada en la movilización de recursos económicos para la financiación de campañas electorales, a cambio de permitir el control territorial de estos. Al respecto, el entonces comandante de las Farc, Manuel Marulanda Vélez (1999) en una declaración dijo:
Nosotros somos la autoridad en una gran parte del territorio nacional. Usted lo puede presenciar visualmente en todos los frentes nuestros. Usted va a una inspección de policía, llegan dos guerrilleros y el inspector les dice: tengo un problema y necesito que me lo ayuden a arreglar. La autoridad en estos territorios es de la guerrilla. Los alcaldes no pueden trabajar mientas no hablen con la guerrilla de cómo ser buen gobierno. En la práctica somos otro gobierno dentro del gobierno por eso estamos buscando el reconocimiento como fuerza beligerante.
Mediante este método se generó un proceso de captura de las instituciones que creó "contextos totalitarios" y "territorios autoritarios". Al respecto, una de las personas entrevistadas por Bolívar (2006, p. 448) dijo: "La clase dirigente local, mientras la dejen gobernar, se asocia con el que sea. O sea, ellos no tienen problema con que la guerrilla los obligue a mandar parte del presupuesto para la vereda tal".
Según Pino (2017), la relación entre violencia y democracia ha sido, por un lado, procesos de construcción del Estado, que se puede evidenciar en la conformación de un país que busca el pluralismo y la participación política, así como por el uso de diferentes medios de negociación con los grupos armados; por otro lado, de destrucción del Estado, que se ve reflejado en su debilidad para tomar el control de los territorios. Por su parte, Pino (2017) cita a Orjuela quien señala que la relación entre debilidad estatal, falencias en la democracia y violencia política se debe a las dificultades que ha tenido la institucionalidad de ejercer poder en las regiones, dando cabida a que los grupos armados guerrilleros y paramilitares conformen lo que denomina proto-Estados subnacionales.
LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADO: ENTRE EL AGONISMO Y LA DELIBERACIÓN
Hasta el momento se ha planteado que la violencia hace parte de la política. Sin embargo, Franzé et al. (2014) plantean que existen diferencias conceptuales entre la perspectiva agonista y deliberativa. La primera, señala que el conflicto es inherente a la política, mientras que, la segunda, considera que se puede resolver por medio del ejercicio de la política. El modelo deliberativo plantea que existe una racionalidad procedimental para resolver los conflictos, que se ve reflejada en dos estilos: aquellos basados en los valores, que suelen resolverse por el consenso argumentativo que se genera entre las partes. Y el de intereses, fundamentado en el racionalismo instrumental de Rawls, y más orientado a establecer compromisos entre las partes, a través de un proceso de negociación; desde esta perspectiva se entiende el conflicto como un problema de distribución de recursos.
La diferencia entre ambos radica en que, desde el planteamiento de Rawls, las relaciones de poder no implican que haya que llegar a un acuerdo. Mientras que, el modelo agonista se basa en los planteamientos de Max Weber, quien sostiene que "no hay valores inherentes al hombre ni se puede demostrar que unos sean superiores a otros" (Franzé et al., 2014, p. 65). En el agonismo el conflicto es inherente a la política, porque, parte de considerar que el desacuerdo no resulta de un malentendido, ni de la argumentación, sino en el objeto de la discusión. En este sentido, "El desacuerdo no tiene lugar porque un actor diga 'blanco' y el otro 'negro', sino porque los dos al decir 'blanco' o 'negro' dicen en parte lo mismo, en parte cosas diferentes" (p. 72). Es por ello que desde esta perspectiva no es posible resolver los conflictos por medio de la negociación. Según Franzé (2006, p. 164), "La política, la violencia y la legitimidad son inseparables", puesto que la política es el medio para expandir la violencia a toda la comunidad.
La prolongación del conflicto armado en Colombia por más de 60 años, así como las dificultades de lograr una negociación pacífica con los grupos armados plantea varios desafíos para la forma en que se concibe la política. Pues si bien la guerra es un presupuesto político, como lo plantea Schmitt (2009), y es muestra del antagonismo entre amigo-enemigo, también evidencia que hay falencias en la democracia participativa. Es decir, en la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar en las decisiones de gobierno por vías pacíficas. En consecuencia, se considera que el conflicto colombiano se puede explicar mediante la perspectiva agonista; no obstante, la firma del Acuerdo Final da muestra de la búsqueda del Estado de insertarse dentro del enfoque deliberativo.
Esto es importante, puesto que la discusión política en Colombia durante los últimos periodos gubernamentales se ha centrado en si el conflicto armado se debe solucionar por la vía armada -lo cual significaría continuar prolongando un conflicto que llevaba más de 60 años sin ser resuelto- o, por el contrario, usar mecanismos deliberativos, es decir, el diálogo y la concertación para darle fin. Sin embargo, en la actualidad se puede evidenciar que el conflicto armado continúa.
Las situaciones de violencia en Colombia han causado graves deterioros en las relaciones sociales de la población. Los diferentes cuatrienios gubernamentales han adelantado políticas que combinan esfuerzos por conseguir la paz tanto por la vía negociada como la armada, sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha logrado darle fin al conflicto armado. En esta medida, ha habido procesos de desmovilización y reinserción dirigidos específicamente a las guerrillas, los cuales iniciaron en los años ochenta con el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986), el cual estableció la búsqueda de salidas políticas al conflicto. Para cumplir con este fin, comenzó por enmarcar al conflicto en un contexto político y no militar, con lo cual se reconoció el carácter político de la insurgencia. De esta manera, definió la negociación política como el camino por seguir para la reconciliación nacional.
A partir de allí, los gobiernos siguientes incluyeron dentro de sus agendas planteamientos para la negociación política con los grupos armados. Esto quiere decir que las administraciones de Virgilio Barco (1986-1990), César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018) incluyeron dentro sus planes de gobierno una negociación política con los grupos insurgentes o con los grupos paramilitares.
Uno de los contrastes más plausibles de la discusión entre las perspectivas agonista y deliberativa son las políticas de los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. El primero, invirtió buena parte de los recursos en los sectores de Seguridad y Defensa, con lo cual logró que Colombia se convirtiera en el país de América Latina con mayor cobertura de fuerza pública por número de habitantes, con un pie de fuerza pública que aumentó en un 40 %. Esta inversión en recursos económicos y humanos dio como resultado que las Farc y el ELN perdieran su fuerza de combate en un 83 y 77 % respectivamente. Según Jerónimo Ríos (2016), este panorama transformó la dinámica de beligerancia entre el Estado y la guerrilla de manera que se propició un escenario óptimo para negociar.
Por su parte, el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se enfocó en realizar un proceso de negociación con las Farc, que se consolidó el 18 de octubre de 2012 en la Mesa de Negociación en Oslo (Noruega), para posteriormente ubicarse en La Habana (Cuba). Se podría decir que la perspectiva agonista -es decir, la concepción de que la violencia y la política son inseparables-, fue el escenario propicio para la puesta en marcha de un proceso de negociación con las Farc, puesto que esto se dio cuando este grupo armado se encontraba debilitado militarmente Sin embargo, se reconfiguró la concepción de amigo-enemigo, así como los medios para solucionar los conflictos, de esta manera, este grupo armado pasó de ser un enemigo del Estado a un aliado de la paz.
De esta manera, en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe, la guerrilla era claramente el enemigo, a quien se le desdibujó su estatus político, al negar la existencia de un conflicto armado interno, categorizándolos como un grupo terrorista. Es durante el gobierno de Juan Manuel Santos que las Farc restituyen su estatus político y se convierten en un aliado para defender los acuerdos de paz. Esto generó una polarización política interna que plantea la siguiente concepción del enemigo: para el expresidente Uribe y sus seguidores son las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, puesto que desde su perspectiva la vía armada debe ser la única forma de resolver el conflicto armado.
Para el gobierno de Juan Manuel Santos, los enemigos son todos aquellos que se oponen a resolver el conflicto por medio de la negociación política. Esto generó una pugna que se vio reflejada en las campañas del plebiscito. En este sentido, uno de los grandes retos para el partido Farc es lograr la aceptación política por parte de la ciudadanía colombiana, para así poder consolidarse como un actor político.
Cabe señalar que el Acuerdo de Paz y el plebiscito dieron protagonismo a un actor que ha sido excluido de la toma de decisiones políticas con respecto al conflicto armado: la ciudadanía o el tercer excluido como lo denomina Arditi (1995), refiriéndose a la masa de electores que ha sido dejada de lado en la relación binaria amigo-enemigo. A partir de ello, surge la pregunta sobre cuál y cómo ha sido la participación política durante el proceso de firma de los Acuerdos de Paz y en las elecciones legislativas en el 2018; asimismo, cómo se llevaron a cabo en la región del Magdalena Medio; para ello, es importante establecer qué se entiende por este concepto, en medio de una democracia imperfecta.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA, UNA DISPUTA ENTRE LO CONVENCIONAL Y LO NO CONVENCIONAL
El ciudadano es la unidad básica de la organización social y política, pues con el solo hecho de hacer parte de un Estado adquiere unos derechos y deberes, que inician desde una conciencia de pertenencia a una colectividad, de la cual debe ser un miembro activo. Como señala Julia del Carmen Chávez (2003) "la ciudadanía significa fundamentalmente participación social e integración" (p. 71). Por su parte, Miguel Sánchez (2009) señala que está relacionada con el interés del ciudadano en lo público, en el que es importante la identidad de pertenencia a un pueblo.
A partir de ello, es necesario distinguir las formas de participación del ciudadano entre las cuales están: la comunitaria, la ciudadana y la política. Para Sánchez (2009), la participación comunitaria se enfoca en atender los intereses que pertenecen a grupo específico, más no de todos los que integran el Estado; de igual manera, está centrada en atender los pendientes inmediatos de una comunidad. Por su parte, la participación ciudadana es "la intervención de los ciudadanos en los asuntos que son de su interés o en dónde pueden decidir". En este sentido, se considera que tiene un papel central en la democracia, puesto que se convierte en el mecanismo adecuado para expresar los intereses de los ciudadanos frente a un ente gubernamental, lo que contribuye a la redistribución del poder, en especial de aquellos que han sido excluidos tradicionalmente. Autores como Araceli Mateos (2003) consideran que la participación ciudadana tiene diferentes niveles, el máximo de ellos es cuando el gobierno es realizado por la gente (government by de people) hasta aquella que se enmarca en el proceso de delegar el poder a un representante político.
Por su parte, la participación política se materializa en acciones orientadas a influir en las decisiones políticas. Suele relacionarse con el derecho al voto; no obstante, autores como Sabucedo (1988) consideran que las huelgas y protestas son formas de participación no convencional, que suponen enfrentamientos con la legalidad establecida. En este sentido, involucra aquellas "conductas más convencionales y demandadas por el sistema, como el voto, etc.; hasta aquellas otras que podrían ser calificadas como ilegales, violentas, etc." (p. 166).
Al respecto, Sabucedo (1988) clasifica la participación política como convencional y no convencional, la primera está más relacionada con los procesos electorales que se materializan en el voto; mientras que la segunda desborda los mecanismos instituidos de participación y supone un enfrentamiento con la legalidad establecida (p. 167). Kaase y Marsh (1979, citados por Delfino y Zubieta, 2010) definen la participación política como las acciones que se realizan para influenciar de forma directa o indirecta la política, es por ello que consideran que debe contemplar la protesta y la violencia.
El Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc el 24 de noviembre de 2016 es un hito histórico que permite analizar el tránsito de una guerrilla con mecanismos de participación política no convencionales -basados en la violencia armada- a los convencionales -es decir, en el marco de la legalidad-. El objetivo principal que quedó plasmado en este documento fue construir una paz estable y duradera con la participación de todos los colombianos. A partir de ello, se definieron seis puntos, que se consideran los pilares fundamentales de todo el proceso: 1) Reforma rural integral, que busca cerrar las brechas entre campo y ciudad; 2) Participación política: apertura democrática para construir la paz, la cual tiene como objetivo fortalecer el pluralismo y la inclusión política; 3) Cese al fuego bilateral y la dejación de armas, para de esta manera dar por terminadas las acciones ofensivas; 4) Solución al problema de las drogas ilícitas, por medio de un enfoque de salud pública y derechos humanos; 5) Víctimas, por medio del cual se busca resarcirlas a través de la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y 6) Mecanismos de implementación y verificación, en los que deben participar representantes del Gobierno y las Farc-EP con el propósito de hacer seguimiento a la implementación legislativa.
Cada uno de los puntos establecidos denotan los temas de interés del grupo armado, no obstante, las garantías de participación es uno de los más preponderantes y más polémicos; de hecho, dentro del documento de Acuerdo se menciona que "la participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final" (Gobierno de Colombia y FARC, 2016, p. 7). De esta manera, en el documento las palabras garantías y sus diferentes formas de conjugación (garante, garantizar, garantizando) son repetidas 259 veces, seguidas de la palabra participación y sus conjugaciones (participar, participativa), las cuales se mencionan 235 veces. Mientras que el término rural es repetido 129 veces, dejación 24 veces, drogas 28 veces, víctimas 28 veces y verificación 21 veces.
Esto es interesante por los siguientes aspectos: en primer lugar, el contexto histórico que explica la consolidación de una democracia restringida, en la que los grupos de pensamiento de izquierda fueron excluidos de la participación política, por lo cual buscaron acceder al poder por mecanismos no convencionales. En segundo lugar, es uno de los temas que generó más polémica en la opinión pública, en especial lo relacionado con las garantías para la conformación y participación política del partido Farc.
COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN EL PLEBISCITO. EL TRÁNSITO DE LAS FARC A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA CONVENCIONAL
Uno de los fundamentos del proceso de negociación del Acuerdo Final ha sido la participación política, por ello, antes de su firma el 02 de octubre de 2016 se realizó un plebiscito que buscaba que la ciudadanía votara si estaba de acuerdo o no con estos. Esto generó una gran polarización política entre quienes tienen una visión agonista de la política y los que tienen una concepción deliberativa. De esta manera, este fue el tema central en los medios de comunicación y en las redes sociales por varios meses. Aunque esto generó gran polémica en el país, también presentó un gran abstencionismo (63 %) en el momento de acudir a las urnas, lo cual plantea varios interrogantes sobre las razones subyacentes al comportamiento electoral de la población colombiana. Para ello, en primer lugar, se delimitará qué se entiende por comportamiento electoral, para posteriormente analizar cuáles fueron las características propias de la región del Magdalena Medio, en comparación con el resto del país, a la hora de votar en el plebiscito y en las posteriores elecciones del Senado de la República.
El comportamiento electoral es definido por Peschard (2000) como una "conducta que vincula a la población con el poder, es decir, a la sociedad con el Estado y que se manifiesta a través del voto". De esta manera, la autora considera que la cultura, entendida como el conjunto de símbolos, valores y creencias, es uno de los factores que inciden en la decisión de votar o no del ciudadano del común; por lo cual, dice que las culturas pluralistas tienen mayor tendencia a votar, en contraste con los contextos autoritarios. Asimismo, define el voto como: "el acto político más importante en las sociedades democráticas en las que la fuente última y fundamental del poder reside en la voluntad de los ciudadanos, que son los que determinan quiénes y con qué proyecto político acceden al poder y conforman representación nacional" (p. 68).
Por su parte, el enfoque sociológico o modelo Columbia se basa en la premisa que considera que el comportamiento electoral está relacionado con las características sociales, es decir, el nivel socioeconómico, tipo de residencia (rural o urbana), religión; de esta manera, "una persona pensará políticamente de acuerdo a como sea socialmente" (Montecinos, 2007, p. 16; Peschard, 2000); esto también ha sido denominado como "determinismo social". En esta perspectiva, el voto se constituye en un acto colectivo.
La Geografía Electoral es una de las vertientes de ese enfoque, la cual da cuenta de la forma en que se distribuye el voto en las regiones. Según esta, el espacio en sí mismo tiene un aspecto social que influye en la conducta de quienes lo habitan. En este sentido, un candidato tiene mayores probabilidades de obtener votos en su lugar de residencia; asimismo, los lemas de campaña tendrán mayor impacto en la medida que sean representativos del problema del lugar. En consecuencia, esta vertiente permite explicar las conductas electorales, así como los cambios constantes que se puedan presentar (Peschard, 2000).
A su vez, este enfoque ha sido influenciado por la Teoría de la Modernización, que se caracteriza por cambios culturales, a partir de procesos de interdependencia dados por los procesos de industrialización, urbanización y secularización. Esta teoría se basa en la idea de que las poblaciones urbanas tienden a ser políticamente más activas, puesto que tienen mayor acceso a la información; asimismo, cuentan con población con mayores niveles académicos (Peschard, 2000).
Los resultados del plebiscito de 2016 van en línea con los postulados de la Geografía Electoral, esto se evidencia en la cartografía de la votación, puesto que el Sí ganó en los departamentos ubicados en la periferia del país, mientras que el No, en aquellos ubicados en el centro. Al respecto, Basset (2018, p. 247) señala que "al parecer, las poblaciones más afectadas por el conflicto tendieron a apoyar el Acuerdo, mientras las que se opusieron no lo sufrieron de forma tan directa". De la misma manera, Muñoz y Herreño (2016) encontraron que el Sí ganó en el 86 % de los municipios más pobres, el 67 % con más acciones violentas y el 62 % más desiguales, mientras que el No ganó en los municipios más integrados a los centros urbanos (figura 2).
Esta realidad contrasta con los resultados de la votación en el Magdalena Medio, puesto que el Sí ganó solo en el 37 % de los municipios que componen la región, cuando estos tienen un índice de pobreza multidimensional del 76 % -27 % más alto que el del promedio nacional-, y han sido altamente afectados por la violencia, lo que se evidencia en las cifras de desplazamiento forzado. En este sentido, en el Magdalena Medio el No ganó en los municipios más pobres, violentos y desiguales, lo que indica que las dinámicas políticas en este territorio son diferentes al ámbito nacional. Esto lleva a profundizar sobre el contexto sociocultural y las dinámicas propias de estos municipios, por ejemplo, el tipo de grupo armado ilegal, partidos políticos y liderazgos que han influido tradicionalmente en estos territorios.
El Sí ganó en once municipios de la región: cinco del Sur de Bolívar (Arenal, Regidor, Cantagallo, Rio Viejo y Tiquisio), cuatro de Santander (Simacota, Landazurí, Bolívar y Barrancabermeja), uno de Antioquia (Puerto Nare) y uno del César (La Gloria). En la mayoría de municipios la diferencia entre el Sí y el No fue mínima, no obstante, Arenal se destaca porque el 88 % de la población voto por el Sí, seguido de Regidor (77 %), Cantagallo (72 %) y Río Viejo (70 %). Mientras que en el Carmen de Chucurí el No ganó con el 73 %, seguido de Sabana de Torres (69 %), Puerto Berrío (69 %) y Aguachica (69 %). En los municipios de Simití y el Peñón el No ganó solo por un 0,9 % de diferencia con el Sí (figura 3).
En consecuencia, una manera de explicar el comportamiento electoral de la región del Magdalena Medio puede ser desde la psicología política que es definida como el "estudio de aquellos fenómenos históricos y colectivos, ya estén representados en individuos o en comunidades, que constituyen la motivación de un pueblo para organizarse socialmente y adquirir una identidad propia" (Seoane, 1988, p. 31).
Para hablar de psicología política es importante tener en cuenta la obra de Le Bon (1895), autor que en su libro la Psicología de las masas relaciona lo irracional, emocional y afectivo en la naturaleza humana (Seoane, 1988). Desde esta perspectiva, plantea la Ley de la Unidad Mental Colectiva, por medio de la cual busca explicar el comportamiento colectivo, basado en la idea de que toda multitud sigue a un jefe, lo que implica la dejación de la voluntad individual. En este sentido, para el autor las multitudes son impulsivas e irracionales, es por ello que para manipularlas se debe utilizar "la afirmación pura y simple, desprovista de todo razonamiento y prueba" (p. 38).
De esta manera, se considera que el papel de los medios de comunicación, en especial de las redes sociales, fue clave para los resultados de votación del plebiscito. Al respecto, Salazar (2016) encontró que "la audiencia se manifestó emocionalmente frente al plebiscito, donde los comentarios negativos fueron protagonistas de la conversación, dado que algunos usuarios que apoyaron tanto el Sí como el No, se comunicaron en tono irrespetuoso e intolerante" (pp. 38-39). Estas emociones estaban asociadas con la rabia, la decepción, la indignación y el miedo.
Como parte de una estrategia enmarcada en una psicología de masas, la estrategia política del No se basó en difundir noticias falsas, tomando provecho de la falta de información sobre los avances en el Acuerdo de Paz, así como del uso de herramientas pedagógicas que dieran explicación sobre el proceso. Al respecto, Restrepo y Ramírez (2016) encontraron que:
El secretismo oficial dejó libre un amplio espacio de opinión, que fue inundado por falsos rumores de la oposición ("castrochavismo", "venezolanización", ataque a la propiedad privada, reducción de las fuerzas militares, 1.800.000 pesos -casi 600 dólares- mensuales para los exguerrilleros financiados con la reducción de las pensiones, "ideología de género", debilitamiento de la familia tradicional, etc.).
Según Freud (1974), "las multitudes siempre dan preferencia a lo real sobre lo irreal y lo irreal actúa sobre ellas con la misma fuerza que lo real" (pp. 18-19). En este sentido, se considera que gran parte de la población prefirió creer las mentiras que fueron difundidas sobre el proceso de paz. Al respecto, para ello fue clave, en primer lugar, el liderazgo y la credibilidad del expresidente Álvaro Uribe. Al respecto, Juan Carlos Vélez Uribe, jefe de la campaña del No, tres días después de los resultados del plebiscito admitió públicamente que se manipularon los mensajes con el objetivo de que la gente estuviera molesta con lo acordado en La Habana, en su declaración dijo: "apelamos a la indignación, queríamos que la gente saliera a votar berraca (de mal genio)" (El Espectador, 2016).
En segundo lugar, fue estratégico aprovechar el boom mediático que se generó alrededor de la crisis política en Venezuela, producto de una ideología de izquierda, para difundir el mensaje de que la aprobación del Acuerdo de Paz generaría las posibilidades de que el partido Farc llegara al poder, lo que conduciría a que en Colombia se posicionara el castrochavismo. Básicamente, lo que se decía era que si se votaba por el Sí en el plebiscito, el jefe del partido Farc sería el presidente de Colombia (figura 4). Esto fue clave para difundir el temor de que en el país se viviera esa misma realidad. Al respecto, Freud (1974) explica que las multitudes tienden a ser conservadoras y a rechazar la novedad.
En tercer lugar, la indignación que generó el hecho de que el exgrupo guerrillero obtuviera beneficios económicos, lo cual se basó en la difusión de noticias falsas. Al respecto, por distintos medios se difundió que las Farc obtendrían un salario mensual de 1.800.000 pesos, cuando en el acuerdo quedó estipulado que recibirían el 90 % de un salario mínimo, lo que equivaldría aproximadamente a 620.000 pesos. Con respecto a esto, el presidente de la campaña de No dijo (figura 5):
… Descubrimos el poder viral de las redes sociales. Por ejemplo, en una visita a Apartadó, Antioquia, un concejal me pasó una imagen de Santos y 'Timochenko' con un mensaje de por qué se les iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla. Yo la publiqué en mi Facebook y al sábado pasado tenía 130.000 compartidos con un alcance de seis millones de personas. (El Espectador, 2016)
En cuarto lugar, el abrigo de ideas conservadoras por parte de las multitudes, como señala Freud (1974), se evidenció con mayor fuerza en la discusión que se generó alrededor de que el Acuerdo Final contenía acciones orientadas a promover una ideología de género. "El objetivo era que los votantes, especialmente los cristianos y los más conservadores, asociaran los acuerdos con la controversia política frente al aborto y el matrimonio igualitario" (Botero, 2017, p. 378), en consecuencia, se desvirtuó el enfoque de género que buscaba generar condiciones de igualdad para la participación política de la mujer.
En la campaña del Sí también se promovieron noticias falsas, aunque estas no provinieron de los líderes oficiales, puesto que la estrategia se enfocó, en mayor medida, en explicar los Acuerdos. Según Andrei Gómez (citado por Botero, 2017, p. 380) "la campaña del gobierno fue racional, intentando explicar el proceso y los pros y los contras de lo negociado. Se quedó corta frente a la estrategia emocional del No, que le apostó a la indignación y la rabia, con un líder popular y personalista como Uribe de vocero".
En este sentido, mientras que Álvaro Uribe publicó 57 tuits de rechazó a las negociaciones, cargados de "emocionalismo", Santos solo publicó 6 tuits invitando a la reflexión, uno de los que tuvo mayor difusión fue el que hacía alusión a la pregunta que se formuló para el plebiscito: "¿apoya usted el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?", el cual obtuvo 1517 likes; mientras que el expresidente Uribe publicó: "Nuestra contradicción No es con los del Sí, es con acuerdos del Gob.-Farc para imponer agenda Socialismo Siglo XXI", que obtuvo 1576 likes (González, 2017). En este caso, cabe recordar el enunciado de Freud que señala: "Para influir sobre ella [la multitud] es inútil argumentar lógicamente. En cambio, será preciso presentar imágenes de vivos colores y repetir una y otra vez las mismas cosas" (Freud, 1974, p. 16). De esta manera, se observa que uno de los aspectos claves para la victoria del No fue movilizar las emociones de la comunidad, lo que se evidencia en la difusión de noticias falsas que buscaban desvirtuar el proceso de paz.
EL ABSTENCIONISMO EN EL PLEBISCITO Y LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DEL 2018, UN ANÁLISIS DESDE EL ENFOQUE DE ELECCIÓN RACIONAL
En la actualidad, la participación electoral ha venido alcanzando unos niveles altos de abstencionismo, que evidencian el poco interés político de la ciudadanía (Almagro, 2016). Prueba de ello son los resultados del plebiscito. En el Magdalena Medio el promedio general fue del 64 %, solo un punto porcentual más alto que el resto del país (63 %). De los 29 municipios, los que presentaron mayores cifras fueron: Tiquisio (75 %), Puerto Berrío (74 %), Puerto Parra (71 %) y Simití (69 %); mientras que Barrancabermeja (54 %), Yondó (56 %) y Cantagallo (56 %) fueron los que registraron los porcentajes más bajos (figura 6).
A su vez, Almagro (2016) dice que es común que la participación se reduzca a la representación política, lo que no implica que haya participación ciudadana; es decir, el interés de la población en incidir en los asuntos públicos. En congruencia con este planteamiento, se encontró que fue mayor la participación en las elecciones al Senado de 2018 (53 %) que en el plebiscito (37 %). En el Magdalena Medio, en las del Senado fue del 50 %, mientras que en las del plebiscito fue del 36 %. A parir de ello se puede plantear que, en la región, al igual que el país, hubo mayor movilización para intervenir en la democracia representativa que en la participativa.
Es interesante resaltar que los municipios en los que disminuyó de manera significativa el abstencionismo entre una elección y otra fueron Tiquisio (33 %), Río Viejo (29 %), Regidor (28 %) y Gamarra (26 %). Mientras que, municipios como San Vicente de Chucurí (3 %), Barrancabermeja (4 %), Sabana de Torres (4 %) y el Carmen de Chucurí (5 %) mantuvieron el mismo nivel de participación en ambos comicios. Al respecto, es importante tener en cuenta que estos municipios se caracterizan por ser más urbanos y con mejores vías de acceso.
Por su parte, Bourdieu (2000), en su texto Sobre el campo político, señala que es un error pensar que la gente intencionalmente tiene poco interés en la política, cuando se ha demostrado que las oportunidades de participar están desigualmente distribuidas, empezando por los temas de género, seguido del nivel de instrucción, de esta manera dice: "la gente se interesa tanto más en la política cuanto más instruidos están y sabemos que las abstenciones obedecen también a esta ley" (p. 2). Asimismo, señala que "cuando hay más del 50 % de ciudadanos que no votan, ello plantea problemas para la democracia, sobre todo cuando esos 50 % no están distribuidos aleatoriamente, sino que se reclutan por privilegio del lado de los más desposeídos económica y culturalmente" (p. 11).
Al respecto, Almagro (2016) dice que la clave para fortalecer la democracia representativa es fortalecer la democracia local, según él, "la respuesta es la descentralización competencial a favor de la esfera local" (p. 189). Esto se encuentra relacionado con la propuesta de conformación de una "democracia eficientemente orientada", que busca tanto disminuir los costes de participación como aumentar los beneficios. Este autor parte de considerar que la apatía se debe a la desproporción entre los costes y beneficios de participar en la democracia.
Esto se puede explicar mediante el enfoque de elección racional, el cual considera que el acto de votar es un cálculo entre costos y beneficios, que se configura como una decisión individual. "La idea principal es que el beneficio de votar debe ser mayor que el costo, de otra manera la persona se abstendría" (Montecinos, 2007, p. 11). En consecuencia, las personas tendrán la tendencia a no votar, porque consideran que los costos de desplazarse al lugar de votación serán mayores que los beneficios que se pueden obtener, más cuando existe una probabilidad muy baja de que su voto sea determinantes en los resultados de las elecciones.
Es importante tener en cuenta que Montecinos (2007) cuestiona el hecho de que el enfoque de elección racional supone que las personas tienen las posibilidades de acceder a una información completa sobre el candidato y sus propuestas, cuando -desde su parecer- existe una gran parte de la población que tiene dificultades para acceder a los medios de comunicación, carece de competencias de lecto-escritura o simplemente no le interesa la política.
Esta puede ser una de las razones por las que las cifras de abstención en el plebiscito fueron tan altas, puesto que los municipios que componen la región del Magdalena Medio se caracterizan porque gran parte de su población está ubicada en áreas rurales, con vías de acceso en mal estado, y por tener bajos niveles educativos. En este sentido, se plantea que una posible explicación del alto grado de abstencionismo es que era mayor el costo de desplazamiento para acudir a las urnas, y pocos los beneficios que se obtendrían del proceso de paz. Más cuando varios de estos municipios continúan siendo afectados por la violencia ejercida por el ELN y las bacrim.
¿POR QUÉ EL PARTIDO FARC PERDIÓ LAS ELECCIONES AL SENADO?
Las elecciones legislativas de marzo de 2018 fueron un hito histórico para el país, pues después de 60 años se llevaron a cabo sin la cooptación armada que ejercía el grupo guerrillero Farc. Como resultado de ello se obtuvo: primero, mayor participación de los ciudadanos en las urnas; según la Misión de Observación Electoral (MOE) (2018), las elecciones de 2018 fueron las más votadas, puesto que desde hacía 20 años la participación oscilaba entre el 43 y 46 %, y en el 2018 se llegó al 53 %; segundo, disminuyeron de manera significativa los índices de violencia. Según el periódico El Tiempo (2018):
Por primera vez desde los años 70, en una jornada electoral no hubo una sola acción directa contra votantes o autoridades por cuenta de los grupos al margen de la ley. Como consecuencia, por primera vez en casi cinco décadas el derecho al voto se pudo ejercer en el 100 por ciento del territorio nacional.
Sin embargo, uno de los grandes perdedores fue la Farc, pues fue uno de los partidos que obtuvo menor cantidad de votos: 52.532, es decir, el 0,34 % del total de personas que votaron para estas elecciones. La mayor votación la registró en Bogotá con 10.093 sufragios, seguida de 1772 votos en Medellín. Paradójicamente, la mayor votación la obtuvo en los centros urbanos del país, cuando su presencia ha sido más rural. En el Magdalena Medio obtuvo solo 829 votos, lo que equivale al 2 % del total de votos en esa región. De otro lado, los municipios en los que obtuvo mayor porcentaje de votación, tomando como referencia el total de personas que accedieron a las urnas, fueron: Yondó (0,9 %), Cantagallo (0,8 %), Sabana de Torres (0,7) y Barrancabermeja (0,6 %). Aunque este último fue el municipio en el que obtuvo el mayor número de votos (420), estos solo representaron el 0,6 % del total de votantes.
En la figura 7 se compara el porcentaje de votos que obtuvo el partido Farc con la votación por el Sí en el plebiscito, en la región del Magdalena Medio, con el fin de identificar si existe una correlación entre las poblaciones que estaban a favor del Acuerdo de Paz y aquellas en las que tuvo mayor aceptación el partido. En este sentido, se halló que esta correlación solo se dio en los municipios de Cantagallo y Barrancabermeja. Es decir que las poblaciones que votaron por el Sí lo hicieron porque estaban de acuerdo con una perspectiva deliberativa de la solución del conflicto, mas no porque simpatizaran con las Farc.
De otro lado, las votaciones legislativas demostraron que las poblaciones del Magdalena Medio votaron por los partidos tradicionales, mientras que el partido Farc quedo rezagado (figura 8). Esto se puede explicar desde el enfoque psicológico, según el cual el voto es un acto inminentemente individual, motivado por orientaciones personales y subjetivas. Desde esta perspectiva, el comportamiento electoral es entendido como el resultado de los rasgos personales del elector, por lo cual se considera que un elemento clave a la hora de acceder a las urnas es la identificación del sujeto con el partido, es decir, "una apropiación consciente o inconsciente del simpatizante respecto de los principios doctrinarios del partido político" (Peshard, 2000, p. 70).
De esta manera, en la mayoría de los municipios el Partido Liberal (14 municipios) fue el que obtuvo mayor votación, seguido del Partido de la U (7 municipios), Cambio Radical (4 municipios), Centro Democrático (2 municipios), Conservador (1 municipio) y Opción Ciudadana (1 municipio). Una de las mayores conclusiones es que el hecho de que en la mayoría de los municipios haya ganado el No, no quiere decir que sean afines con el uribismo, puesto que el Centro Democrático -partido liderado por el expresidente- solo tuvo una representación significativa en dos municipios; mientras que en el ámbito nacional fue el que tuvo mayor votación con 2.513.320 votos.
En este sentido, es de destacar la influencia tradicional del Partido Liberal en la región del Magdalena Medio, en especial en Santander, como señala Archila:
… el Magdalena Medio parece ser una zona liberal -como lo fueron desde el siglo XIX-. Aquí puede darse […] un liberalismo que se adapta a las características locales y las hegemonías armadas, en forma tal que, así como hubo liberalismo "comunista" o proclive a las Farc en Puerto Boyacá y un liberalismo "elenos" en el Sur de Bolívar, hoy puede haber un liberalismo "paramilitar" en la mayoría de la región. (2006, p. 488)
Al respecto, Sats y Ferejohn (1994, citados por Montecinos, 2007) consideran que la decisión de votar está más relacionada con la posición que tiene una persona dentro de la estructura social, en donde es importante el partido político al que pertenece. De otro lado, Overbye (1995, citado por Montecinos, 2007) dice que el voto, desde este enfoque, puede ser considerado como un tipo de reputación: "Por tanto, el origen de la motivación expresiva del voto son los beneficios derivados de mantener cierta reputación" (Montecinos, 2007, p. 14). Es decir, una aceptación por parte de la familia, los vecinos, los amigos y demás actores de su entorno social.
Las preguntas clave para determinar las razones por las que las personas votan son: 1) el contexto social, 2) el modelo de influencia espacial, y 3) la teoría de redes sociales. De esta manera, Montecinos (2007, p. 16), con respecto a los contextos sociales, dice que: "determinan las características, el tipo y el grado de interacciones que establezca el ciudadano y eso de alguna manera determina la preferencia electoral de él". De otro lado, el modelo de influencia social supone que existe cohesión social, es decir, la capacidad de influir unos sobre otros en la decisión del voto, en la que es importante la existencia de intereses compartidos. Por ello, Montecinos (2007) señala que el voto no se puede definir por un razonamiento previo, sino que se requiere el trabajo de redes que realicen los partidos, a través de la relación con líderes sociales.
CONCLUSIONES
Una de las mayores deficiencias que tiene el sistema democrático es la participación política desigual entre las personas que viven en las cabeceras urbanas con las ubicadas en las zonas rurales, en especial por la presencia de grupos armados en sus territorios, los cuales ejercen cooptación política. Este escenario simboliza una transformación en las relaciones de poder con las Farc, puesto que la firma del Acuerdo significó que su participación, en el campo político, pasara de la ilegalidad a la legalidad, con la oportunidad de hacer parte del sistema democrático y electoral. Esto también trajo cambios en la participación política de los ciudadanos, en especial, aquellos que viven en los lugares periféricos del país, pues, en algunas ocasiones, sus decisiones electorales se vieron cooptadas por las acciones armadas de este grupo armado.
Los municipios del Magdalena Medio se caracterizan porque están ubicados en la periferia de los departamentos, tienen altos indicadores de pobreza, son mayormente afectados por la violencia, pero son políticamente heterogéneos, en especial en los temas de paz. No obstante, se halló que no existe una correlación directa entre pobreza, conflicto armado y los resultados del plebiscito, como sí sucedió en el resto del país. De otro lado, los municipios del Sur de Bolívar son los que más se ajustan a las características de aquellos que votaron por el Sí en el ámbito nacional. Cantagallo es uno de los más coherentes a la hora de votar en el marco del posconflicto, por las siguientes razones: no hubo mayor variación entre los niveles de abstencionismo en las elecciones del plebiscito (2016) y el Senado de la República (2018), ganó el Sí por la implementación de los Acuerdos de Paz y es uno de los de mayor apertura a la reincorporación política, puesto que fue uno de los municipios en los que las Farc obtuvo mayor votación.
De otro lado, se halló que la participación electoral en el Magdalena Medio es heterogénea, y no se puede explicar desde un solo punto de vista. Esto también evidencia que las votaciones en la región son coyunturales y dependen del contexto sociopolítico debido a que, hasta el momento, no se han podido hallar similitudes en el comportamiento electoral en los municipios que componen la región. Pero, se encontró que este no corresponde a las preferencias de votación que se dan en el ámbito nacional.
De esta manera, el comportamiento electoral en el Magdalena Medio se puede interpretar desde tres perspectivas: en primer lugar, la de los abstencionistas que, a partir de la teoría de elección racional, permite explicar que para estas personas era mayor el costo de desplazarse para asistir a las urnas que el beneficio que pudieran obtener de los Acuerdos de Paz. En segundo lugar, el de las personas que salieron a votar, lo cual se puede abordar desde la psicología de masas, debido al boom mediático y la polarización política que generaron las campañas del Sí y el No. Desde esta perspectiva, se halló que los colombianos -y en el Magdalena Medio, en particular- somos más emotivos que racionales a la hora de votar, lo que se evidencia en la victoria de la campaña del No, la cual utilizó estrategias orientadas a movilizar las emociones de la población.
En tercer lugar, el de las personas que salieron a votar en las elecciones legislativas al Senado; este comportamiento se explica también desde el enfoque psicológico, según el cual el voto es un acto inminentemente individual, en el que es importante la identificación con el partido político. De esta manera, se halló que esta población, en su mayoría, se identifica con el partido liberal, que tradicionalmente ha hecho presencia en el territorio.
Por consiguiente, la implementación de los Acuerdos ha avanzado de manera significativa en el tránsito de las Farc, de grupo guerrillero a partido político, puesto que fueron asignadas las diez curules comprometidas. Sin embargo, la baja votación que obtuvieron en las elecciones legislativas deslegitima la representatividad del partido, así como la poca aceptación política que tienen dentro de la ciudadanía colombiana. Esto, sumado, a los problemas judiciales en los que se encuentran implicados sus representantes políticos, entre ellos el caso de Zeuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, a quien se le acusa de cometer delitos de narcotráfico posterior a la firma del Acuerdo Final.
Por último, es importante resaltar que los Acuerdos son un avance en la consolidación de una democracia participativa en el país, no obstante, su implementación requiere superar la oposición política que tienen, en especial, en el Congreso de la República, instancia en la que se está discutiendo la aprobación de elementos claves para el fortalecimiento de la democracia como es la reforma electoral.
Asimismo, es importante señalar que esta apuesta no significa necesariamente el fin del conflicto, puesto que en el país continúa la presencia de grupos armados ilegales que ejercen violencia en los territorios.
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