10.18601/16578651.n30.05
El pasado no perdona: conducta de las FARC y desempeño electoral del partido surgido del Acuerdo de Paz*
THE PAST DOES NOT FORGIVE: FARC'S ARMED BEHAVIOR AND ELECTORAL PERFORMANCE OF THE POLITICAL PARTY AFTER THE PEACE AGREEMENT
Camilo Echandía Castilla**
Irene Cabrera Nossa***
* Este artículo es producto del proyecto de investigación "Implementación del Acuerdo de Paz y persistencia de la violencia en Colombia", del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Los autores agradecen a la auxiliar de investigación Valentina Jiménez.
** Economista y profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia. Profesor-investigador del CIPE de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia (Colombia). [camilo.echandia@uexternado.edu.co]; [https://orcid.org/0000-0002-6536-9090].
*** Magíster en Public and International Affairs, University of Pittsburgh (Estados Unidos). Profesora-investigadora del CIPE de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia (Colombia). [irene.cabrera@uexternado.edu.co]; [https://orcid.org/0000-0002-6313-9777].
Recibido: 21 de junio de 2021 / Modificado: 9 de agosto de 2021 / Aceptado: 10 de agosto de 2021
Para citar este artículo: Echandía Castilla, C. y Cabrera Nossa, I. (2022). El pasado no perdona: conducta de las FARC y desempeño electoral del partido surgido del Acuerdo de Paz. OPERA, 30, pp. 55-78. DOI: https://doi.org/10.18601/16578651.n30.05
Resumen
Este artículo busca responder a la pregunta de si es posible establecer una relación de causa y efecto entre la conducta previa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el desempeño del partido Farc en las elecciones locales de 2019. El trabajo aplica una metodología cualitativa basada en soporte documental, una triangulación con fuentes secundarias y análisis espacial de variables electorales y del conflicto mediante el software ArcGis. Esta investigación encuentra que el lánguido desempeño electoral del partido surgido del Acuerdo de Paz de 2016 se relaciona con el hecho de que la escogencia de los municipios donde este grupo político presentó candidatos no fue estratégica. De hecho, como parte de los hallazgos se revela que dos terceras partes de estos municipios corresponden a escenarios que registraron los niveles más elevados de intensidad del conflicto armado y la más baja participación del partido Farc en la competencia por alcaldías y concejos.
Palabras clave: desempeño electoral; Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc); FARC; métodos de guerra; intensidad del conflicto armado.
Abstract
This article intends to answer whether or not it is possible to determine a cause-effect relationship between the previous behavior of the Revolutionary Armed Forces of Colombia and the performance of the Farc Party in the local elections of 2019. This work applies a qualitative methodology based on documental review, a triangulation with secondary sources and spatial analysis of electoral and armed conflict variables using the software ArcGis. This research finds that the languid electoral performance of the party created from the Peace Accords of 2016 is related with the fact that the choice of the municipalities where this political group presented candidates was not strategic. In fact, as part of the findings it is revealed that two thirds of these municipalities correspond to scenarios with the highest levels of intensity of the armed conflict and the lowest level ofparticipation of the FARC party in the competition for mayors and councils.
Key words: Electoral performance; ex-combatant party; FARC; war methods; armed conflict intensity.
INTRODUCCIÓN
Aunque en las elecciones locales y regionales de 2019, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) presentó de forma directa, por coaliciones o contando con el aval de diferentes colectividades, 17 candidatos para las asambleas de ocho departamentos, 21 a igual número de alcaldías, más de 250 a 75 concejos municipales y 15 a once Juntas Administradoras Locales (JAL), solo logró posicionar dos ediles en Bogotá, cuatro concejales en los municipios de Dabeiba (Antioquia), Palmar (Santander), Icononzo (Tolima) y La Macarena (Meta), y tres alcaldes en los municipios de Guapi (Cauca), Puerto Caicedo (Putumayo) y Turbaco (Bolívar).
El debut del partido Farc se llevó a cabo en medio del aumento de la violencia que afecta tanto a excombatientes como a líderes sociales. La nueva colectividad política, surgida del Acuerdo de Paz de 2016, enfrenta un complejo panorama de inseguridad y de falta de apoyo electoral.
Sin duda, los integrantes del ahora Partido Comunes1 enfrentan un problema de inseguridad; la mayoría de los homicidios de excombatientes no se produce en zonas donde exista necesariamente un potencial electoral importante, sino, más bien, donde hay disputas por el control del territorio y los recursos. Según las cifras disponibles, al cierre del primer semestre de 2021 cerca de 280 excombatientes habían sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.
La reincorporación política de las FARC se está llevando a cabo en un contexto poco común. Aunque las partes se hayan propuesto cumplir el Acuerdo de Paz, en la actualidad Colombia se encuentra inmersa en un conflicto que tiene protagonistas distintos de esta antigua guerrilla. En algunas regiones donde antes operaban las FARC, persisten grupos armados como el ELN, el EPL, La Constru, El Clan del Golfo, Los Caparros o las propias disidencias de aquella guerrilla que se han constituido en la mayor amenaza para los desmovilizados en proceso de reincorporación (Ríos y González, 2021). La continuidad de actores armados, economías criminales, asesinatos de excombatientes y líderes sociales implica, por lo tanto, que el Estado tiene pendiente la tarea de consolidar su presencia en amplias zonas del territorio nacional.
El desempeño electoral del partido Farc contrasta con el de la Unión Patriótica (UP), una vez que surgió del proceso de paz adelantado en el gobierno Betancur (1982-1986) en el marco del Acuerdo de La Uribe. En efecto, la participación electoral de los partidos y movimientos de izquierda en elecciones presidenciales, que había sido marginal hasta 1986, con la candidatura presidencial de Jaime Pardo Leal por parte de la Unión Patriótica (UP) alcanzó un nivel histórico cercano al 5 % (con 328.752 votos). De igual forma, el partido obtuvo 14 congresistas para Senado y Cámara, 18 diputados para 11 asambleas departamentales y 355 concejales para 187 concejos (Acuña y Pérez, 2020, p. 269).
Así mismo, entre 1987 y 1991 se produjo un elevado número de asesinatos de carácter político que recayeron principalmente en miembros de la UP, seguidos por los dirigentes sindicales, así como los integrantes de los partidos Liberal y Conservador y de movimientos cívicos. Entre las víctimas se encuentra una variada gama de dirigentes de los niveles local, departamental y nacional. El año más crítico del periodo fue 1988 en el que 23 miembros de la UP fueron elegidos alcaldes, 16 de forma directa y siete a través de coaliciones. Igual que en otros tipos de asesinatos y violaciones, en este de cuadros políticos y de movimientos sociales, los autores de tales repertorios violentos tuvieron múltiple procedencia.
Con la primacía que las FARC dieron a la estrategia militar en detrimento de la conquista de bases sociales de apoyo, a partir del momento en que la violencia dirigida contra la UP registraba el mayor número de víctimas, el grupo guerrillero comienza a cosechar odios (Pécaut, 2019, pp. 164-186). Entre los métodos de guerra implementados por las FARC con posterioridad a la realización, en 1993, de la Octava Conferencia, las tomas de poblados y ataques a puestos de policía generaron un creciente repudio, que se hizo más fuerte cuando la guerrilla comenzó a utilizar los cilindros bomba como morteros (Aguilera, 2016). Además, las FARC se encargaron de generalizar el secuestro, una práctica reconocida por la legislación internacional como crimen de guerra (JEP, 2021) y que fue rechazada por amplios sectores de la sociedad2. Así mismo, con el uso de minas antipersonal (MAP), las FARC apelaron a un método de guerra contrario al respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, no solo por los daños y sufrimientos innecesarios que causó, sino porque además viola el principio de distinción3.
Este trabajo busca responder a la pregunta de si es posible establecer una relación causal entre la conducta previa de las FARC, y el desempeño del partido Farc en los 87 municipios donde presentó candidatos de forma directa, por coaliciones o contando con el aval de otras colectividades en las elecciones a alcaldías y concejos de 2019. El objetivo específico es analizar en qué medida las estrategias militares y los métodos empleados por las FARC para llevarlas a la práctica inciden en el apoyo electoral al partido creado por los excombatientes.
Si bien existe una literatura especializada que ha venido creciendo en relación con la transformación de grupos rebeldes en partidos políticos, a la vez, muy pocos estudios se han enfocado en estudiar cómo el pasado violento de grupos armados influye en su desempeño electoral. Dentro de la mayoría de las investigaciones es posible encontrar análisis más generales respecto a asuntos como el contenido del Acuerdo de Paz en las garantías para la participación política de rebeldes, como también estudios que examinan la influencia de factores políticos y organizacionales en la transformación de grupos rebeldes en partidos políticos (De Zeeuw, 2008; Manning, 2008; Söderberg, 2007; Wittig, 2016; Manning y Smith, 2018).
De esta manera, respecto a la temática de este estudio particular, es clave considerar los hallazgos de Allison (2006), Ishiyama y Wedmaier (2013) y Hertman (2009) en relación con la dinámica previa del conflicto y los resultados electorales de grupos armados convertidos en partidos en Centroamérica, Tadjikistán, Nepal y Sierra Leona. Como se discutirá más adelante, a la luz de estas investigaciones, el nivel de votación favorable obtenido por estos partidos de excombatientes guarda una estrecha relación con su capacidad previa de control territorial y la violencia o coerción ejercida contra los civiles durante el conflicto.
Esta es una investigación cualitativa, con soporte documental y triangulación de fuentes secundarias que además utiliza el software ArcGis para establecer una correspondencia espacial entre variables de interés de tipo electoral y del conflicto armado. En primer lugar, con el fin de establecer el desempeño electoral del partido Farc, se adelantó una consulta y procesamiento de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil relativos a los resultados en términos absolutos y a las votaciones para concejos y alcaldías de 2019. Esta información permitió determinar a nivel municipal la participación que alcanzó el partido Farc en términos del porcentaje de votos obtenidos dentro de las elecciones locales dentro del total de votos por los distintos partidos.
En segundo lugar, en función de establecer el impacto de la conducta de las FARC -a través de los seis bloques que se encontraban activos al momento de su desmovilización- sobre el desempeño del partido Farc, los 87 municipios, que aparecen en la figura 1, donde la colectividad presentó candidatos a las elecciones locales de 2019 se clasifican en cuatro niveles según la intensidad del conflicto.
Tal como se muestra en la tabla 1, seis variables fueron tenidas en cuenta para establecer el nivel de intensidad del conflicto en los municipios que estuvieron bajo la influencia de los bloques de las FARC en el pasado y donde el partido Farc presentó sus candidatos: 1) La tasa promedio de homicidio entre 1990 y 2016; 2) El promedio de las acciones de la confrontación armada entre 1986 y 2016; 3) Los ataques a poblaciones registrados entre 1986 y 2013; 4) El promedio de víctimas de MAP entre 1990 y 2016; 5) La tasa promedio de secuestro entre 1990 y 2016 y; 6) El promedio de personas desplazadas entre 1984 y 20164.
En tercer lugar, se revisaron fuentes secundarias en términos de bibliografía especializada sobre variables de éxito y riesgo para la participación electoral de excombatientes, así como documentos analíticos e informativos de prensa y de centros de pensamiento.
Los hallazgos de la investigación sugieren que el pobre desempeño del partido Farc en las elecciones locales de 2019, se relaciona con el hecho de que dos tercios de los municipios donde presentó candidatos se ubican en los niveles más elevados de intensidad del conflicto armado y, en consecuencia, donde fue aún más baja la participación de la nueva colectividad en la competencia por alcaldías y concejos debido al rechazo de la población a los métodos de guerra empleados por las FARC para alcanzar sus fines. También se pudo evidenciar que el mejor desempeño del partido Farc en las elecciones a Concejos se registra en los municipios que, estando en el pasado bajo la influencia de los bloques Oriental, Occidental y Magdalena Medio de las FARC, fueron menos impactados por la intensidad del conflicto armado. El triunfo de los excombatientes en las alcaldías de Guapi (Cauca) y Turbaco (Bolívar) se produce en municipios que, estando en la órbita de acción de los bloques Occidental y Caribe respectivamente, también se ubican en los niveles más bajos de intensidad del conflicto.
El texto consta de tres apartados fuera de esta introducción: 1) Evolución de la conducta de las FARC; 2) Desempeño del partido surgido del Acuerdo de Paz según bloques de las FARC e intensidad del conflicto armado; 3) las conclusiones y reflexiones finales.
EVOLUCIÓN DE LA CONDUCTA DE LAS FARC
Los orígenes de las FARC se remontan al periodo 1948-1966, pero es solo a partir 1982, cuando se llevó a cabo la Séptima Conferencia, que se comienza a denotar la existencia de un planteamiento estratégico. El "plan estratégico" definido por la organización no era complejo; de hecho, la faceta inicial era sencilla: constituir un ejército y luego, lentamente, rodear las grandes ciudades. La organización pasó a llamarse Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), significando que contaba con características asociadas a un ejército (Pizarro, 2011).
A la estrategia de expansión territorial y la disponibilidad de recursos provenientes principalmente de la coca para financiarla, se sumó como circunstancia favorable el cese al fuego pactado en el gobierno Betancur (1982-1986) en el marco del llamado Acuerdo de La Uribe. El uso táctico que las FARC dieron al proceso de paz le permitió al grupo guerrillero expandirse territorialmente, aumentar su pie de fuerza, diversificar sus finanzas e incrementar su poder de fuego (Escobedo, 1992).
Mediante el Acuerdo de La Uribe se inició un proceso de paz gradual facilitado con la creación de la UP, un partido que tuvo un importante desempeño electoral en el ámbito nacional y, sobre todo, local. Hacia comienzos de 1988, las FARC, que registraban un bajo protagonismo armado mientras que la UP ganaba las elecciones en 23 municipios, parecían más concentradas en la estrategia política al tiempo que los enemigos de la UP aumentaban cada día (Dudley, 2008, pp. 84-122).
Dentro de la variada gama de enemigos de la UP había miembros de los partidos tradicionales que veían al partido de la guerrilla como un nuevo desafío electoral, especialmente en las áreas rurales. Había miembros de la fuerza pública que veían el plan nefasto de las FARC de utilizar a la UP como parte de la estrategia de la "combinación de todas las formas de lucha", y, lo que es más importante, había narcotraficantes -entre los que se destacaba Gonzalo Rodríguez Gacha, aliado de Pablo Escobar- que veían a la UP como una amenaza para su recién obtenido estatus de terratenientes y ganaderos, y a su progenitor, las FARC, como un potencial competidor en el negocio de la coca. Pécaut (2008) ha señalado que la tragedia de la UP también radicó en que las FARC se encargaron de impedir que en el movimiento prosperara la vertiente que propugnaba por el distanciamiento de la lucha armada.
La fuerte expansión de los cultivos de coca en las zonas bajo la influencia de las FARC implicó la aceptación del grupo guerrillero por parte de los habitantes ya que ejercía una estricta regulación de la actividad económica y, mediante la imposición reglas de conducta a la población, garantizaba cierto orden. Pécaut (2002), ha puesto de presente que esto podía ir a la par con la adhesión al discurso de las FARC pero que se trataba de una relación funcional dentro de un cálculo que se asemeja a la lógica de protección.
La prevalencia que las FARC le confirieron a la estrategia propiamente militar en detrimento del apoyo de las bases sociales comienza a tomar fuerza a partir de 1988, cuando la violencia dirigida contra el movimiento surgido del Acuerdo de La Uribe se expresaba en un pico de asesinatos de líderes sociales y políticos.
Con todo, es solo hasta 1996 que se establece el punto de partida de una serie de acciones de las FARC que revelan una mayor capacidad ofensiva derivada de la reorganización que el grupo guerrillero llevó a cabo en 1993, en el marco de la Octava Conferencia. Con la reorganización de los frentes en siete bloques al mando de un miembro del Secretariado se buscó desbordar la capacidad de combate y contención de las Fuerzas Militares (Echandía y Cabrera, 2017, p. 134).
En la figura 2 se advierte que la dinámica de las manifestaciones del conflicto armado en los 87 municipios donde el partido Farc presentó candidatos a las elecciones locales de 2019 está integrada a la dinámica observada a nivel nacional. En efecto, se observa que la actividad guerrillera comienza a escalar a partir de 1996 en los municipios previamente identificados en la figura 1 y en el conjunto nacional, como resultado de la ejecución de una serie de ataques contundentes, y del elevado número de secuestros de integrantes de la fuerza pública con el propósito de presionar el intercambio de guerrilleros privados de la libertad y la desmilitarización de parte del territorio5.
Un peso muy significativo en la degradación del conflicto tuvo el recurso de los ataques a los municipios llevados a cabo por las FARC con el propósito de destruir las instalaciones de policía, sin reparar en el altísimo impacto humanitario que estaban generando estas acciones, sobre todo cuando comenzaron a utilizar morteros hechizos que no tenían precisión (El Tiempo, 2021).
La intensificación de estos ataques entre 1996 y 2002, como se advierte en la figura 2, tuvo un propósito estratégico, orientado a lograr el control de zonas específicas cada vez más amplias que se constituyeron en núcleos de expansión de control militar. En este contexto cabe destacar cómo las comunidades indígenas -particularmente del nororiente del Cauca- que cuentan con una larga tradición de resistencia, pusieron toda esta experiencia en función de oponerse pacíficamente a la acción hostil de las FARC (Peñaranda, 2006).
La distribución geográfica de los ataques en este periodo pone de presente el interés por consolidar un corredor entre los departamentos del suroriente colombiano y la costa Pacífica, atravesando municipios de Huila, Tolima, Cauca y Nariño6. La forma sistemática en que fueron atacados estos municipios obedece al propósito de las FARC de compensar la pérdida de acceso al mar por el golfo de Urabá, donde la fuerte presencia paramilitar había logrado contener los múltiples intentos de la guerrilla para recuperar esta posición estratégica en el noroccidente del país.
En lo concerniente a la dimensión política, con los reiterados ataques las FARC buscaron el reconocimiento de su influencia en la gestión local del país. Al constituirse como poder de facto en estos municipios, pretendían ganar legitimidad y representatividad política en la negociación con el poder central. Este objetivo también quedó claramente expresado en el sabotaje a los comicios del 26 de octubre de 1997, cuando las FARC presionaron por medio de amenazas y secuestros la renuncia de un conjunto importante de candidatos a concejos y alcaldías en 162 municipios7.
Si bien es cierto que el ataque a Mitú en noviembre de 1998 constituyó el logro más significativo de las FARC, la recuperación del control en pocos días por parte de la fuerza pública, mediante una importante operación militar, significó el inicio de una serie de acciones exitosas contra esta guerrilla, resultado del proceso de transformación militar y la cooperación de Estados Unidos a través del Plan Colombia (Duncan, 2021, pp. 80-87).
A partir de 1999, la fuerza pública comenzó a recuperar la iniciativa gracias al incremento en la movilidad y a la mayor capacidad de reacción aérea8. Entre 1999 y 2001, los combates por iniciativa de las Fuerzas Militares registraron un crecimiento sostenido que incrementó de forma significativa la confrontación armada en 2002.
Así mismo, la fuerte expansión territorial registrada en este periodo por los grupos paramilitares llevó el conflicto armado a su punto de mayor escalamiento9. Estos grupos, que registran su más fuerte expansión principalmente por la búsqueda de mayores rentas provenientes del narcotráfico, chocaron con el proceso de fortalecimiento de las FARC.
En efecto, el fortalecimiento militar de las FARC registrado desde de la Octava Conferencia de 1993, se expresaba en que la organización había ampliado sus frentes a 66 distribuidos en siete bloques por regiones: bloque Caribe; bloque Magdalena Medio; bloque Noroccidental o José María Córdoba; bloque Occidental; bloque Sur; bloque Central y bloque Oriental. Aun así, la actividad armada de estas estructuras, que dependía de la disponibilidad de recursos económicos, el número de integrantes y la ubicación en el territorio, era bastante heterogénea (Echandía y Cabrera, 2017, p. 140).
El pico registrado en la confrontación armada, así como en las víctimas del desplazamiento forzado y los índices de homicidio y secuestro en 2002, tal como se muestra en la figura 2, también se explica por la ruptura del proceso de paz entre el gobierno y las FARC, que dio paso a una escalada del accionar armado del grupo guerrillero sin precedentes.
La mayor arremetida de las FARC hasta el momento se expresó también en la intimidación contra alcaldes y concejales a quienes forzó a renunciar. En 2002, 166 municipios del país se encontraban sin presencia policial, por los reiterados ataques a las poblaciones, mientras 131 alcaldes amenazados se habían visto obligados a salir de sus localidades (Echandía y Cabrera, 2017, p. 144).
En el lapso que corresponde a los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se produjo una ruptura en la dinámica de la confrontación armada, dado que por primera vez los combates librados por las Fuerzas Militares superan de manera sostenida las acciones lanzadas por las FARC (Duncan, 2021, pp. 8791). La ofensiva militar contra la guerrilla le permitió al gobierno mantener un alto nivel de apoyo, debido al fuerte rechazo de la población urbana al secuestro10.
El cambio a favor del Estado en la correlación de fuerzas, la pérdida de territorio por parte de las estructuras armadas de la guerrilla, y el incremento y la efectividad de las operaciones militares en las zonas hacia donde los bloques se replegaron constituyen una fuerte barrera que impidió dar cumplimiento al "plan estratégico" trazado a comienzos de los años ochenta.
Es importante señalar que, de los 66 frentes con que contaban las FARC hacia finales de la década de los noventa, solamente la mitad registra presencia activa en el momento previo a su desmovilización. La mayoría de las estructuras con presencia en el centro del país (Cundinamarca, Boyacá y Santander) habían sido desmanteladas, y otras en el norte, noroccidente y nororiente habían disminuido de manera ostensible su accionar debido a que fueron diezmadas por efecto de la ofensiva militar en su contra. El declive de las FARC también se expresó en que los 300 integrantes del debilitado bloque Central, que tuvo presencia en los departamentos de Tolima, Quindío y Huila, terminaron sumándose al bloque Occidental (Medina, 2011, p. 68).
Aun así, el grupo guerrillero estaba lejos de estar derrotado militarmente, como lo evidencia el repunte de su accionar armado a partir de 2009, resultado de la puesta en marcha del "Plan Renacer": una serie de lineamientos por medio de los cuales se buscaba retomar la iniciativa militar y reconquistar territorios perdidos privilegiando la movilización en pequeños grupos (Echandía y Cabrera, 2017, pp. 160-162).
En este contexto, se impuso en las FARC el uso de minas antipersonal (MAP), para obstaculizar el paso por tierra de unidades del Ejército y, de esta forma, proteger territorios estratégicos no solo para su resguardo, sino también para los cultivos de coca, conducta que resultó ser especialmente costosa no solo para la Fuerza Pública, sino también para la población civil. La táctica en ascenso de recurrir al uso de MAP se convirtió en uno de los mayores obstáculos de la Fuerza Pública, pues comprometía la movilidad por tierra de sus unidades militares y, por ese medio, entorpecía las operaciones contra la guerrilla.
En el periodo 2002-2010, como se advierte en la figura 2, se destaca la convergencia temporal entre la intensificación del conflicto armado y el elevado número de víctimas por eventos relacionados con MAP, que geográficamente se concentran en Caquetá, Meta, Valle, Cauca, Oriente antioqueño, bajo Cauca, Montes de María y Catatumbo (Paicma, 2010). También es ostensible la correspondencia entre los principales polos de producción de coca y el alto número de víctimas de MAP en Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Oriente antioqueño, Bajo Cauca y sur de Córdoba, sur de Bolívar, Arauca y Catatumbo (UNODC, 2019).
Entre el segundo periodo del gobierno Uribe (2006-2010) y los dos cuatrienios del gobierno Santos (2010-2018), se impuso el repliegue territorial y la pérdida de capacidad ofensiva de las FARC, que fueron determinantes del desescalamiento de la confrontación armada. Aunque en medio de las negociaciones entre el gobierno Santos y las FARC se produjo por momentos el repunte del accionar de la guerrilla a partir de ataques armados que requerían un número reducido de hombres y poder de fuego, esta conducta, en lugar de mostrar al grupo irregular fortalecido y reactivado, puso al descubierto la pérdida de poder militar (Duncan, 2021, pp. 92-98).
Con las negociaciones de paz entre el gobierno Santos y las FARC, que se iniciaron en octubre de 2012 en La Habana y se sellaron en noviembre de 2016 en Bogotá, se impuso una tendencia descendente en la confrontación armada que, al mismo tiempo, se expresó en la ostensible reducción del desplazamiento, las víctimas por MAP y las tasas de homicidio y secuestro, como se colige de la evidencia presentada en la figura 211.
DESEMPEÑO DEL PARTIDO SURGIDO DEL ACUERDO DE PAZ SEGÚN BLOQUES DE LAS FARC E INTENSIDAD DEL CONFLICTO ARMADO
Como se ha visto, en Colombia la correlación militar de fuerzas favorable al Estado propició la solución negociada que incluyó la reintegración política de las FARC desde una lógica gana-gana. La guerrilla, en medio de su retroceso militar y territorial, encontró en el Acuerdo de Paz una oportunidad para lograr incidencia política y, de manera paralela, el Gobierno, ante la imposibilidad de alcanzar la victoria militar, optó por una apertura democrática que favoreciera el fin de las hostilidades y la violencia contra los civiles pese a la reticencia de varios sectores políticos a competir electoralmente con el partido de los excombatientes (De la Calle, 2019). Como resultado, Colombia ingresó al reducido listado de países donde la participación política de una nueva fuerza se constituye en pieza clave de los acuerdos de paz para poner fin al conflicto armado.
En la literatura internacional se advierte que en contextos de construcción de paz son múltiples los desafíos que rodean el éxito de la participación política del grupo que abandona las armas. Mientras que para algunos analistas este éxito radica simplemente en que se logre establecer un partido político, para otros, existen asuntos más complejos que inciden en el sostenimiento de la reintegración política de excombatientes como el tipo de organización interna del nuevo partido, su historia previa de apoyo social, así como la existencia de garantías institucionales para su participación (De Zeeuw, 2008; Manning, 2008; Söderberg, 2007; Wittig, 2016).
En las contribuciones de Manning y Smith (2018) sobre el estudio de grupos rebeldes convertidos en nuevas fuerzas políticas, a partir de la observación de 77 partidos y 37 países, los resultados electorales que obtienen estas colectividades desde su inicio afectarían considerablemente su futuro político. Adicionalmente, a través del estudio del desempeño electoral no solo sería evidente en qué medida el grupo desmovilizado en contexto de posconflicto cuenta con bases de apoyo para acceder a cargos públicos hacia futuro, sino que, además, las tendencias de votación a nivel regional permitirían notar en qué medida las zonas de influencia previa del grupo armado constituyen escenarios con favorabilidad electoral para la nueva colectividad (Wood, 2001).
Tal influencia previa del grupo armado ha sido un asunto clave dentro de los estudios sobre El Salvador por parte de Allison (2010), y en los estudios comparados de Ishiyama (2013) quienes analizaron, respectivamente, el desempeño electoral del partido Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), por un lado, y el Partido de Renacimiento Islámico de Tadjilistán (IRPT) y el Partido Comunista de Nepal Maoísta, por otro. Entre sus hallazgos se encuentra que el nivel de votación favorable obtenido por estos partidos de excombatientes guarda una estrecha relación con dos variables centrales: su capacidad previa de control territorial y el nivel de violencia ejercido contra los civiles.
En términos del control territorial, estas investigaciones habrían encontrado que la creación de estructuras locales de autoridad por parte de grupos armados antes de desmovilizarse sería una variable decisiva para su apoyo electoral posterior. A través de tales estructuras, los grupos previamente armados habrían creado sistemas para proveer beneficios y servicios a la población, convirtiéndose en un Estado paralelo o autoridad "contrasoberana" capaz de brindar protección, administrar justicia, cobrar impuestos, e incluso crear programas sociales. Bajo estas condiciones, en territorios donde los grupos armados adelantaron este tipo de acciones de influencia, en tiempos electorales contarían con mayores niveles de apoyo electoral que en áreas que no estuvieron bajo su control (Ishiyama, 2013; Allison, 2010).
Con todo, en estos mismos estudios se señala que en los casos donde el control territorial se adelantó mediante coerción y terror, tal conducta en el pasado tendría un efecto negativo en el desempeño electoral del nuevo partido. De acuerdo con Allison (2010) e Ishiyama (2013), la violencia ejercida contra la población civil antes de su desmovilización y, en particular, contra sectores de la población considerados en su momento como colaboradores del gobierno o de fuerzas opuestas, llevarían a que los votantes no apoyen el nuevo partido tras la terminación de la guerra.
Estas conclusiones se derivaron de lo ocurrido con los estudios de caso antes señalados. Por un lado, en las primeras elecciones en las que participó el partido Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) se encontró que las áreas bajo influencia previa de este grupo efectivamente presentaron una votación más favorable que en las áreas donde no ejerció control territorial. En este caso particular, el desarrollo de estructuras de autoridad durante el conflicto fue clave para el periodo posterior al acuerdo de paz y los resultados electorales. No menos importante, a partir de un estudio de regresión de mínimos cuadrados ordinarios, Allison encontró que en áreas de El Salvador donde se registró un nivel desproporcionado de violencia durante el conflicto, luego se presentó una tendencia favorable a nivel electoral para el FMLN (Allison, 2010).
Por otro lado, en los estudios comparados de Ishiyama, los hallazgos de cada caso presentarían evidencias con tendencias diferentes. Para el caso del Partido Comunista de Nepal Maoísta se encontró que las áreas bajo influencia previa de este grupo presentaron una votación más favorable por el partido conformado por excombatientes. Esto también se explicaría porque en sus áreas de mayor control previo se registró menos violencia que en las áreas donde ejerció un control limitado, dado que en estos últimos espacios se impuso la violencia del Estado (Ishiyama, 2013). Por su parte, en el caso del IRPT, las áreas donde tuvo influencia territorial de manera previa presentaron niveles de votación menos favorables, pues en comparación con los otros partidos de excombatientes en mención, el nivel de violencia del IRPT fue mayor en los lugares donde tuvo alguna presencia y, de hecho, en estos escenarios el grupo armado tuvo un bajo control político-militar (Ishiyama, 2013).
Otro caso clave en este sentido fue el del Frente Unido Revolucionario (RUF) en Sierra Leona, cuyas tácticas militares de alto impacto humanitario y la ausencia de una agenda política definida se expresaron en el bajo apoyo de la población durante y después del conflicto armado (Söderberg, 2007). De acuerdo con lo anterior, la conducta, las motivaciones, las estrategias militares y la legitimidad social de los grupos alzados en armas durante la guerra, no únicamente su presencia territorial, incidirían en el apoyo político que reciben cuando estos se convierten en partidos (Hertman, 2006; Allison, 2006).
Ahora bien, las reflexiones académicas sobre al caso colombiano sugieren que los legados de violencia durante el conflicto tuvieron un impacto significativo sobre la decisión de voto en la elección presidencial de 2014: municipios con niveles muy bajos o altos de violencia insurgente votaron menos por la reelección del entonces presidente Santos y la continuación del proceso de paz con las FARC (Weintraub et al., 2015).
Estas contribuciones han podido constatar que, desde las negociaciones de paz en La Habana, los dirigentes de las FARC apostaban por ganar espacio político y reconocimiento en los territorios donde habían tenido presencia históricamente, tratándose de regiones rurales y apartadas en las que habían pretendido ser autoridad por otros medios; por eso, las elecciones locales se constituyen en un medidor de la influencia de la estrategia política en sus territorios, con más de cincuenta años por la vía armada (Acuña y Pérez, 2020).
También se ha planteado que la decisión del partido Farc de presentar candidatos en un municipio en las elecciones de 2019, por tratarse de una colectividad nueva y sin mucho apoyo electoral, fuera tomada estratégicamente, es decir, que compitiera solamente donde la probabilidad esperada de obtener por lo menos una curul fuera lo suficientemente alta. Con todo, el análisis de esta contienda electoral a nivel local sugiere que, si bien la participación del partido Farc aumentó la competitividad, su impacto dependió del legado de la violencia reciente que cada municipio experimentó (Fortou y Sosa, 2020).
Teniendo en cuenta este marco conceptual, en este apartado se analiza el impacto de la conducta previa de las FARC, expresada en la intensidad del conflicto, en el desempeño electoral del partido surgido del Acuerdo de Paz en las elecciones locales de 2019. A partir de la evidencia disponible, en la figura 3 se muestra que dos terceras partes de los 87 municipios donde el partido Farc presentó candidatos se ubican en los niveles 2 y 3 de intensidad del conflicto y, adicionalmente, en estos mismos escenarios la participación de la nueva colectividad política en la competencia por alcaldías y concejos obtuvo los resultados más bajos.
Es importante tener en cuenta que el partido Farc presentó candidatos a las alcaldías de 21 municipios, con una participación promedio de 11,36 % y, al mismo tiempo, compitió por los concejos de 75 municipios, con una participación promedio de 1,53 %. En el primer conjunto de 21 municipios, donde el partido Farc aspiró a las alcaldías, cuatro se ubican en el nivel 0 de intensidad del conflicto, cinco en el nivel 1, cuatro en el nivel 2 y (8) en el nivel 3. En el segundo conjunto de 75 municipios, donde el partido Farc compitió por los concejos, quince se ubican en el nivel 0 de intensidad del conflicto, doce en el nivel 1, diecinueve en el nivel 2 y veintinueve en el nivel 3.
La ausencia de una visión estratégica en la escogencia de los escenarios donde el partido Farc presentó sus candidatos también se evidencia al constatar que los 87 municipios con aspirantes a concejos y alcaldías, distribuidos de acuerdo con los bloques de las FARC que tuvieron influencia en estos, solo en el caso del bloque Caribe un poco más de la mitad se ubica en los niveles 0 y 1 de intensidad del conflicto. En la órbita de acción de los bloques Oriental, Occidental y Magdalena Medio, cerca del 40 % de los municipios se ubica en los niveles inferiores de intensidad del conflicto, mientras que el 94 % de los municipios influenciados en el pasado por el bloque Noroccidental y la totalidad de los que se incluyen en la que fuera el área del bloque Sur se encuentran en los niveles 2 y 3 de intensidad del conflicto.
A partir de estos hallazgos, se impone profundizar en el análisis del desempeño del partido Farc en las elecciones locales de 2019, distribuyendo los 87 municipios donde presentó candidatos a concejos y alcaldía en los seis bloques de las FARC que allí tuvieron influencia hasta su desmovilización (bloque Oriental o Comandante Jorge Briceño; bloque Occidental o Alfonso Cano; bloque Noroccidental o José María Córdoba o Iván Ríos; bloque Magdalena Medio; bloque Sur y bloque Caribe, también conocido como Martín Caballero) y clasificando los municipios en los cuatro niveles de intensidad del conflicto armado, tal como se aprecia en la figura 4 y en el mapa de la figura 5.
El partido Farc presentó candidatos en 16 municipios ubicados dentro de la que fuera el área de influencia del bloque Oriental. Es importante señalar que esta estructura, que hacia finales de la década de los noventa y principios del nuevo milenio llegó a reunir el mayor número de frentes y a tener un elevado accionar armado, en el momento previo a su desmovilización, con cerca de 3.500 integrantes, atravesaba por el peor momento de su historia. En efecto, su principal objetivo, que era movilizar una fuerza considerable hacia Cundinamarca para rodear Bogotá, estaba por fuera de su alcance. Con todo, en Meta se cuentan once frentes con tres unidades móviles de apoyo. Los frentes 10 y 45 se replegaron hacia el sur de Arauca; al igual que lo hicieron los frentes 16 y 39 hacia las márgenes del río Orinoco en Vichada y Guainía. Varios frentes, entre ellos el histórico frente primero, se replegaron al área selvática de Guaviare y Vaupés, en coincidencia con los cultivos de coca localizados en el suroriente (Escobedo, 2015).
En concordancia con la situación descrita, los municipios donde el partido Farc tuvo su mejor desempeño en las elecciones locales de 2019 se ubican dentro del nivel 1 de intensidad del conflicto; entre ellos sobresalen, con participaciones superiores al promedio nacional a concejos, Pasca y Venecia (Cundinamarca). En el nivel 2 de intensidad del conflicto, Cumaribo (Vichada) supera el promedio de la participación nacional a concejos. Entre los municipios que corresponden al nivel 3 de intensidad del conflicto los que superan la participación promedio a concejos a nivel nacional son La Macarena, Uribe y Puerto Rico (Meta). En el primero de estos municipios una excombatiente de las FARC y líder de sustitución de coca llegó al Concejo contando con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Es importante tener en cuenta que a pesar de la presencia histórica de las FARC en este municipio y estar ubicado allí un número importante de excombatientes en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Yarí, no se postularon listas ni candidatos directamente a nombre del partido Farc (Acuña y Pérez, 2020, p. 304).
En el área correspondiente al bloque Occidental, que tuvo influencia sobre los departamentos de Nariño, Cauca, Tolima, Huila, Quindío y Valle, el partido Farc presentó candidatos en 14 municipios. Esta estructura, que contaba con cerca de 1.130 integrantes al momento de su desmovilización, había adquirido protagonismo debido al desplazamiento de varios frentes del suroriente al Pacífico, región a donde se trasladaron los cultivos y laboratorios para el procesamiento de coca. Además, terminó absorbiendo al bloque Central que fue debilitado de manera crítica debido al elevado número de bajas que le causó la ofensiva militar en su contra (Medina, 2011, p. 68). En este escenario, los municipios donde la colectividad surgida del Acuerdo de 2016 registra su mejor desempeño electoral se ubican dentro del nivel 1 de intensidad del conflicto y entre ellos sobresalen Coyaima e Icononzo (Tolima), con participaciones superiores al promedio nacional a concejos, y Guapi (Cauca), con una participación por encima del promedio del país a alcaldías. En el nivel 2 de intensidad del conflicto sobresalen Caldono (Cauca) y Buga (Valle), con participaciones a los concejos superiores al promedio nacional. En Icononzo, donde se encuentra ubicado un grupo importante de excombatientes en el ETCR La Fila, el partido Farc, en coalición con Colombia Humana y la UP ganó, a través de un candidato que no tiene origen en la guerrilla, una curul al Concejo (Acuña y Pérez, 2020, p. 303). Así mismo, en Guapi la coalición denominada Frente Amplio por Guapi, conformada con MAIS, UP y Colombia Humana, le permitió al candidato apoyado también por el partido Farc llegar a la Alcaldía (p. 294).
En la que fuera el área de influencia del bloque Noroccidental, que comprendía los departamentos de Antioquia, Risaralda, Chocó y Córdoba, los candidatos del partido Farc se presentaron en 14 municipios. Esta estructura contaba al momento de su desmovilización con cerca de 1.200 integrantes, distribuidos en los frentes 57 y 58, que se replegaron hacia el Darién y Urabá, el norte del Chocó y la frontera con Panamá, y el frente 34 que replicó esta conducta hacia el occidente y límites con Córdoba. Cabe señalar que el frente 36, con influencia en el bajo Cauca antioqueño, recibió apoyo de la columna Mario Vélez proveniente del sur de Córdoba para garantizar las rentas ilegales producto de la extorsión a la minería y el narcotráfico, ante el debilitamiento que había sufrido por los operativos desarrollados por la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo (Echandía y Cabrera, 2017, p. 158). En relación con la situación del bloque, la mayor participación de los candidatos del partido Farc se registra en tres municipios de Antioquia y la capital de Chocó, que se ubican en los niveles superiores de intensidad del conflicto. En efecto, mientras que en el nivel 2 se destaca Toledo, en el nivel 3 lo hacen Dabeiba, Ituango, Anorí y Quibdó, municipios que en su conjunto superan la participación promedio nacional del partido Farc a concejos. Cabe destacar que, en Dabeiba, el componente de excombatientes de las FARC ubicado en el ETCR Llanogrande contribuyó a que uno de ellos lograra una curul al Concejo mediante lista cerrada del partido Farc (Acuña y Pérez, 2020, p. 302).
En la territorialidad correspondiente al bloque sur, que se extendió sobre los departamentos de Caquetá, Huila, Putumayo y la bota caucana, cinco municipios fueron escenario de la participación de candidatos del partido Farc en las elecciones locales de 2019. Pese a que este bloque recibió golpes contundentes del Ejército y sus integrantes se redujeron a unos 1.400, mantuvo hasta su desmovilización una estrecha relación con los cultivos de coca y una presencia muy funcional sobre la frontera sur del país (Echandía y Cabrera, 2017, p. 158). Entre los municipios donde el partido surgido del Acuerdo de Paz presentó candidatos a los concejos, que en su totalidad corresponden al nivel 3 de intensidad del conflicto, se destaca La Montañita (Caquetá), donde se ubica el ETCR El Carmen (Agua Bonita), con una participación superior al promedio registrado por la colectividad a nivel nacional. De otra parte, en Puerto Caicedo (Putumayo), municipio que también se ubica en el nivel máximo de intensidad del conflicto, un desmovilizado de las FARC llegó a la Alcaldía contando con el aval de la Alianza Social Indígena (Acuña y Pérez, 2020, p. 296).
En el área influenciada por el bloque Magdalena Medio, que se extendió a sectores de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Santander, Boyacá y Norte de Santander, el partido Farc presentó candidatos en 21 municipios. Aunque esta estructura vio disminuida su territorialidad con la pérdida de cuatro frentes con presencia en Boyacá y Santander, al momento de su desmovilización se mantenía activa a través de 500 integrantes del frente 33 y la columna móvil Arturo Ruiz, que tuvieron que replegarse hacia la región del Catatumbo en el área montañosa limítrofe con Venezuela (Medina, 2011, p. 77). De ahí que el mejor desempeño del partido de los excombatientes de las FARC en las elecciones a concejos se registre en los municipios que no fueron impactados por el conflicto, particularmente en Palmar (Santander), donde la colectividad conquistó con lista propia una curul. Con todo, en el conjunto de municipios que se ubica en el nivel superior de intensidad del conflicto armado se destacan Yondó y Remedios (Antioquia) y Tibú y San Calixto (Norte de Santander). En este último municipio no solamente la participación del partido Farc supera el promedio nacional a concejos, al igual que en los municipios mencionados, sino también a alcaldías a través de una coalición con el Polo Democrático Alternativo (Coalición por la Paz y la Democracia).
Por último, en el escenario conformado por los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre y Cesar, donde actuó el bloque Norte, el partido Farc presentó candidatos en 17 municipios. El también llamado bloque Caribe, con baja actividad armada desde los años noventa y un número cercano a 300 integrantes, fue afectado en sus mandos medios y aislado de los demás (Fundación Ideas para la Paz, 2009). La ofensiva militar en su contra obligó a los frentes 19, 41 y 59 a buscar refugio en la serranía del Perijá, lo que permitió que gran parte del engranaje logístico y económico del bloque sirviera de correa de transmisión para apoyar los debilitados frentes 35 y 37 que conservaban alguna presencia en la zona montañosa de Montes de María hasta su desmovilización. En este escenario se registra en Turbaco (Bolívar), municipio que no fue impactado por el conflicto armado, la mayor participación obtenida por un excombatiente de las FARC que llegó a la Alcaldía contando con el aval de otro partido12. En lo concerniente a la participación del partido Farc en la elección a concejos, sobresalen Ciénaga (Magdalena) y Montecristo (Bolívar), municipios que superan la participación promedio a nivel nacional y que se ubican en el nivel de mayor intensidad del conflicto. Cabe mencionar también a Manaure (Cesar) donde, al igual que los municipios mencionados anteriormente, el partido Farc registra una participación por encima del promedio del nacional, pero se ubica en el nivel 1 de intensidad del conflicto.
CONCLUSIONES
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), que no alcanzó el umbral de votos requerido para acceder a una curul en las elecciones al Senado en 2018, tan solo logró elegir dos ediles, cuatro concejales y tres alcaldes en las elecciones locales de 2019. Aun así, los resultados de esta última contienda son representativos por ser los primeros miembros de la colectividad en obtener sus puestos mediante elección popular, ya que las curules que hoy tienen en el Congreso fueron asignadas por el Acuerdo de Paz de 2016.
Incluso en las zonas de implantación histórica de las FARC los resultados no fueron los esperados. En estos escenarios, una parte significativa de la votación a concejos y alcaldías se originó en los excombatientes reunidos en los ETCR y la mayoría de los candidatos que resultaron elegidos no se postuló directamente a nombre del partido Farc, sino en coalición o contando con el aval de otras colectividades políticas. La resistencia a las aspiraciones del partido Farc se habría producido debido a la desconfianza que suscitan las divisiones internas, el rearme de sectores disidentes y el error cometido al haber adoptado el mismo nombre que tuvo la organización alzada en armas responsable de múltiples atrocidades.
El pobre desempeño en las elecciones locales de 2019 también estaría relacionado con la ausencia en el partido Farc de una visión estratégica en la escogencia de los municipios donde presentó candidatos. De hecho, dos tercios de estos municipios se ubican en los niveles más elevados de intensidad del conflicto armado; donde fue aún más baja la participación de la nueva colectividad en la competencia por alcaldías y concejos debido al repudio de la población a los métodos de guerra empleados por las FARC.
Entre los métodos a los que apelaron las FARC, con posterioridad a la realización en 1993 de la Octava Conferencia, las tomas de poblados y ataques a puestos de policía entre 1996 y 2002 afectaron particularmente a la población del suroccidente colombiano y produjeron múltiples manifestaciones de resistencia y la activación de mecanismos de defensa. El clamor en contra de los estragos ocasionados por ese tipo de acciones, la actividad paramilitar y la reorganización de la fuerza pública limitaron la capacidad de movilidad de las FARC, haciendo cada vez más difícil que volvieran a ejecutar incursiones a las poblaciones.
El recurso sistemático al secuestro, que contribuyó como ningún otro método a generar rechazo a las FARC, respondió al desarrollo de las estrategias para alcanzar sus fines. En efecto, el grupo guerrillero, a través del secuestro, fuera de obtener importantes recursos para su financiamiento, también logró afectar la gobernabilidad y los mecanismos democráticos de elección. En este sentido, los registros más elevados de plagios de funcionarios y dirigentes políticos coinciden con los momentos previos a las elecciones locales. Por otra parte, mediante el secuestro de miembros de la Fuerza Pública se quiso imponer el intercambio con guerrilleros privados de la libertad y la desmilitarización de parte del territorio.
El repudio social a las FARC también se deriva de la utilización de MAP a partir de 2001, cuando paradójicamente entra en vigor en Colombia la Convención de Otawa como instrumento que establece el compromiso de destruir las existencias de minas antipersonal. A partir de este momento, el país empezó a experimentar el escalamiento del conflicto armado y, en este contexto, un mayor uso por parte de las FARC de estos artefactos explosivos en espacios o regiones de alto valor estratégico para la organización.
Los hallazgos de la investigación evidencian que el mejor desempeño del partido Farc en las elecciones a concejos se registra en los municipios que, estando en el pasado bajo la influencia de los bloques Oriental, Occidental y Magdalena Medio de las FARC, fueron menos impactados por la intensidad del conflicto armado. Pero también se advierte que en los municipios que estuvieron bajo la influencia de los bloques Noroccidental y Caribe, la mayor participación del partido Farc en las elecciones a concejos se encuentra en los niveles de mayor intensidad del conflicto armado.
En cuanto a la elección de alcaldes, el triunfo del partido Farc en los municipios de Guapi (Cauca) y Turbaco (Bolívar) se produce en escenarios que, ubicados en el área de acción de los bloques Occidental y Caribe respectivamente, corresponden a los niveles más bajos de intensidad del conflicto. A diferencia de estos dos casos, en Puerto Caicedo (Putumayo), la elección de un desmovilizado de las FARC, que fue avalado por otro partido, se produce en la que fuera la zona de influencia del bloque Sur donde la intensidad del conflicto alcanzó el nivel más elevado.
En los municipios donde la actividad cocalera ha sido dinámica, como Ituango y Anorí (Antioquia), dentro de la órbita de acción del bloque Noroccidental; Montecristo (Bolívar), bajo la influencia del bloque Caribe; La Macarena, La Uribe y Puerto Rico (Meta) y Cumaribo (Vichada) que hicieron parte del área donde actuó el bloque Oriental; Puerto Caicedo (Putumayo) y La Montañita (Caquetá) dentro de la territorialidad del bloque Sur; Tibú y San Calixto (Norte de Santander) y Remedios (Antioquia) en la zona que correspondió al bloque Magdalena Medio, la participación del partido Farc en las elecciones locales fue superior al promedio nacional, aun cuando la intensidad del conflicto fue elevada. Esto obedecería al reconocimiento hecho a las FARC en la medida en que aseguraban la protección a los cultivadores y la regulación del mercado.
Con todo, el análisis de la reincorporación política de las FARC, desde la perspectiva de la participación en las elecciones locales de 2019, sugiere la existencia de una relación causal entre la conducta previa del grupo guerrillero y el desempeño del partido surgido del Acuerdo de Paz de 2016. De hecho, la falta de apoyo a la nueva colectividad política adquiere un significado especial en las poblaciones donde fue mayor el impacto de los métodos implementados durante el conflicto.
NOTAS
1 Con el propósito de enmendar el error cometido al haber elegido el mismo nombre que tuvo la organización armada, la colectividad recientemente adoptó el nombre Comunes. En realidad, el nombre inicial, que se asoció a los múltiples excesos cometidos por las FARC contra la población civil, fue impuesto por las personas que ahora hacen parte de las disidencias, lideradas por Iván Márquez. Quienes se mantienen en el proceso de paz tomaron distancia de este sector que estuvo poco comprometido con el éxito de las negociaciones de La Habana (De la Calle, 2019).
2 Ninguna otra práctica contribuyó tanto al rechazo a las FARC, como se vio en las manifestaciones contra el secuestro del 4 de febrero, el 20 de julio y el 28 de noviembre de 2008. Cubides (2001) destaca la forma como las FARC empezaron a realizar secuestros en forma sistemática como recurso de financiación, cuando los índices en el país eran muy bajos, y que el papel jugado por esta guerrilla fue determinante en la propagación de esta práctica, que después se expandió por cuenta de la participación de otros grupos guerrilleros, el narcotráfico y la delincuencia común.
3 En el periodo 2002-2010, Colombia, con 7.982 víctimas registradas por MAP o municiones sin explotar (MUSE) entre muertos (20 %) y heridos (80 %), se ubica como el tercer país más afectado a nivel mundial. De las víctimas registradas por el Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), 60 % son integrantes de la Fuerza Pública y 40 % civiles. El uso de estos artefactos se expresa dramáticamente en los efectos sobre la población rural y, particularmente, sobre los niños, que representan el 10 % de los fallecidos o mutilados (CNMH y Fundación Prolongar, 2017).
4 Se utilizó la información secundaria de la plataforma de datos multitemporal del Proyecto de seguimiento del conflicto armado en Colombia del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia. Esta plataforma, construida por los autores de este artículo, consolida información sobre variables de conflicto armado y violencia de distintas fuentes institucionales como el Ministerio de Defensa, Medicina Legal, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia, el Observatorio de Drogas de Colombia, la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal y datos independientes de la Fundación Ideas para la Paz, la prensa nacional, el portal Vedad Abierta, entre otros.
5 Cabe anotar que el recurso sistemático al secuestro por parte de las FARC fue un medio de presión en el ámbito regional por cuanto su intensificación fue la etapa previa a la expansión territorial y al cobro regular de sus exigencias económicas. En sentido contrario, la caída en los plagios fue una expresión inequívoca del repliegue de las estructuras armadas del grupo guerrillero (Pécaut, 2002).
6 Neiva, capital del departamento del Huila, fue el eje del avance de las FARC hacia el suroccidente, escenario en donde multiplicaron las acciones armadas y los secuestros que exacerbaron a la población. Una de estas acciones se llevó a cabo el 26 de julio de 2001, cuando la columna Teófilo Forero, mediante una operación tipo comando, asalta el edificio Miraflores en Neiva y secuestra a los dos hijos del senador Jaime Lozada, a su esposa, Gloria Polanco, y a doce vecinos, quienes fueron sacados de la ciudad y conducidos a la Zona de Distensión (Echandía y Salas, 2009, p. 86).
7 Cabe destacar que los registros más elevados de secuestros de funcionarios y dirigentes políticos coinciden con los momentos previos a la elección de alcaldes en marzo de 1988, las elecciones de los meses de marzo y mayo de 1990, y octubre de 1994 y 1997 (Echandía y Salas, 2009, p. 59).
8 La reforma militar, que dotó al Ejército de nuevas capacidades para enfrentar a los grupos guerrilleros, frustró el objetivo de las FARC de alcanzar el equilibrio estratégico con el Estado, e impidió que utilizaran de manera táctica la zona de distensión.
9 Los enfrentamientos entre paramilitares y guerrillas, en medio de la negociación entre las FARC y el gobierno Pastrana, elevaron los homicidios, las masacres y los asesinatos de líderes sociales a niveles que no se volvieron a registrar en el país. Cabe anotar que en medio de los enfrentamientos la guerrilla no se preocupó por defender a la población que decía proteger, sino por garantizar su propia seguridad (Pécaut, 2019, p. 178).
10 El alto nivel de apoyo al gobierno se combinó con un rechazo cada vez mayor a las acciones de la guerrilla, como se vio en las manifestaciones llevadas a cabo en 2008. El 3 de febrero, un día antes de que se realizara una de las marchas contra el secuestro, las encuestas revelaban que el 96 % de los entrevistados en las principales ciudades del país rechazaba a las FARC (Echandía y Cabrera, 2017, p. 145).
11 Es importante destacar que la determinación de las FARC de abandonar el secuestro fue decisiva para generar respaldo a la negociación como medio para superar el conflicto. En efecto, un sector importante de la dirigencia empresarial del país había condicionado su apoyo al proceso de paz a que las FARC mostraran voluntad de paz mediante actos contundentes, entre ellos, y quizás el más importante, el abandono definitivo de la práctica del secuestro como método de guerra (Fundación Ideas para la Paz, 2012).
12 No obstante que la candidatura de Guillermo Torres, "el cantante de las FARC", a la Alcaldía de Turbaco fue avalada por otro partido (la coalición Colombia Humana-UP), la dirigencia del partido Farc celebró su victoria en las cuentas oficiales (Acuña y Pérez, 2020, p. 300).
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