10.18601/16578651.n32.09

Salida, voz y lealtad: el rearme de las FARC-EP tras cinco años de la firma del Acuerdo Final de Paz en Colombia^*

DEPARTURE, VOICE AND LOYALTY: THE REARMAMENT OF THE FARC - EP FIVE YEARS AFTER SIGNING THE FINAL PEACE AGREEMENT IN COLOMBIA

Jorge Andrés Baquero Monroy^**

^* Este artículo es fruto de una parte de la investigación adelantada por un grupo de trabajo del proyecto "Infraestructuras de Paz, agendas políticas y dinámicas organizacionales en la implementación efectiva del Acuerdo final en Colombia (2016-2022)", perteneciente al grupo de investigación "Organización, gestión y políticas públicas", de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Véase en: https://www.jfpolitics.com/investigacion-contruccion-de-paz/

^** Magíster en Administración Pública; licenciado en Ciencias Sociales. Miembro del grupo de investigación Redes de la ESAP (Colombia). Investigador de temas sobre conflicto armado, formas de gobierno en territorios en conflicto, impacto regional de las FARC y el paramilitarismo. [jorgebaqueromon@hotmail.com]; [https://orcid.org/0000-0001-9396-8827].

Recibido: 5 de julio de 2022 / Modificado: 19 de agosto de 2022 / Aceptado: 19 de agosto de 2022

Para citar este artículo: Baquero Monroy, J. A. (2022). Salida, voz y lealtad: el rearme de las FARC-EP tras cinco años de la firma del acuerdo final de paz en Colombia. Opera, 32, pp. 163-183. DOI: https://doi.org/10.18601/16578651.n32.09

Resumen

En este texto se intenta analizar el curso del desarme de la guerrilla de las FARC-EP desde la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP) hasta el final del mandato presidencial de Iván Duque, con esto se quiere dar una explicación causal de las fallas en la implementación del AFP con relación a las razones del rearme de excombatientes, disidentes y nuevos grupos emergentes armados que se consideran parte de las FARC-EP. El método de observación de esta investigación fue la contrastación entre diferentes informes sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz y el estudio de archivos de prensa relacionados con la presencia e incidencia de las disidencias, rearmados y grupos emergentes. Dicho esto, el texto plantea hipotéticamente que el Estado colombiano, por medio de una "simulación del Acuerdo de Paz" y una "perfidia" hacia los excombatientes de las FARC-EP ha generado en gran medida el nuevo ciclo de guerra por el que Colombia está atravesando.

Palabras clave: FARC-EP; rearme; disidencias; grupos emergentes; Acuerdo de Paz.

Abstract

This article attempts to analyze the course of the disarmament of the FARC-EP guerrillas from the signing of the Final Peace Agreement (AFP) to the end of the presidential mandate of Iván Duque. Furthermore, this text intends to provide a causal explanation for the rearmament of ex-combatants, dissidents and newly emerging armed groups that consider themselves part of the FARC-EP in the relation to the failures in the implementation of the AFP. The methodology of this research was designed to contrast different reports on the implementation of the Final Peace Agreement and the study of press files related to the presence and incidence of dissident, rearmed and emerging groups. Following the analysis, this text suggests that the Colombian State may hold some responsibility for the new cycle, through a "simulation of the Peace Agreement" and its "perfidy" towards former FARC-EP combatants.

Key words: FARC-EP; rearmament; dissidences; emerging groups; peace agreement.

El primer desafío del Centro Democrático será hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final con las FARC.¹

INTRODUCCIÓN

Tras la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP) entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP)² el día 26 de septiembre de 2016, se dio fin a la beligerancia armada por parte de la organización guerrillera comandada por Rodrigo Londoño alias Timoleón Jiménez "Timochenko". El mencionado AFP tuvo seis puntos centrales que serían la columna vertebral de la finalización del ciclo de guerra en Colombia que había durado desde el año 1964 hasta 2016, los puntos eran: 1) la reforma rural integral para construir un nuevo campo colombiano, 2) una reforma a la participación política, 3) el acuerdo sobre el fin definitivo de las hostilidades, 4) la propuesta de solución al problema de las drogas ilícitas, 5) el acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado, 6) un pacto sobre la implementación, verificación y refrendación del AFP (Estado colombiano y FARC, 2016).

A pesar de lo anterior, algunos reconocidos académicos han sugerido que Colombia puede estar cerca de un tercer ciclo de guerra (Gutiérrez, 2020), otros hablan de profundas dificultades que tienen herido de muerte al proceso (Cepdipo, 2021a) y hasta los más optimistas hablan de grandes bloques de incumplimiento del Estado colombiano con el AFP (Cinep-Cerac, 2021). Estas diversas lecturas se encuentran en una idea medular, la implementación del Acuerdo Final de Paz pasa por serias dificultades, cuestión que ha decantado en la profundización de problemas como la inequidad rural, el aumento de cultivos de hoja de coca y la reactivación de la violencia en más de una tercera parte del país; en efecto la "segunda Marquetalia" de Iván Márquez actúa en 61 municipios, las FARC-EP de Gentil Duarte actúan en 119 municipios, el ELN en 183 y el Clan del Golfo en 241 municipios (Pares, 2021).

Haciendo énfasis en lo anterior, la reactivación de la guerra en numerosos lugares del país es la prueba reina de que en Colombia actualmente no hay un "cese definitivo de las hostilidades" o un "fin del conflicto", en consecuencia, se puede plantear que el punto 3 del AFP, "Fin del conflicto", está pasando por una profunda crisis. Las razones que explican la persistencia del conflicto armado son diversas, mayoritariamente se deben a problemas a corto, mediano y largo plazo, los cuales son, respectivamente, la lentitud en la implementación de las reformas sociales y políticas que eran urgentes, el fracaso a mediano plazo de la sustitución de cultivos de uso ilícito y el fracaso de la reforma rural integral. A pesar de lo anterior, un número importante de los rearmes de excombatientes, presencia de disidencias y generación de nuevas estructuras emergentes que se autodenominan FARC-EP, se debe al incumplimiento del Estado colombiano con la seguridad física, jurídica y económica de los miembros de la antigua guerrilla.

Ahora bien, al interior de la organización política que surgió posteriormente a la guerrilla de las FARC-EP hay una crisis profunda, pues no solo existen disidentes, rearmados y emergentes, sino que a ello se le suman los excombatientes que continúan cumpliendo con lo pactado, pero se alejaron completamente del Partido Político FARC-EP y otras organizaciones que impulsaban el AFP, es decir, la crisis del proceso de paz se vivió y se vive en el grueso de la sociedad, pero también al interior del partido político Comunes³. En consecuencia, como lo ha señalado Francisco Gutiérrez Sanín, desde el 2 de octubre de 2016 hasta el día de hoy, ha trascendido en Colombia una "paz caliente", de allí se puede evidenciar que cientos de los firmantes de las FARC-EP han pasado de ser leales a la organización política excombatiente, y se han convertido en contradictores de la organización y del AFP, estos son excombatientes con voz de protesta, y otros excombatientes que tuvieron su salida definitiva del AFP bien sea como disidentes, rearmados o emergentes.

LOS LEALES, LOS QUE SE QUEDAN CON REPAROS Y LOS QUE SE VAN⁴

Identificar a los leales, a los que tienen voz y a los que salieron de la organización FARC⁵ y Comunes no es cosa fácil, ya que esto no es una cuestión estática en el tiempo y en el espacio; sin embargo, esto es posible rastrearlo en los diferentes momentos que ha fallado el agenciamiento de las infraestructuras de paz⁶ del AFP, es decir, en la medida que diferentes dimensiones del proceso entraron en crisis, distintos sectores de los excombatientes se fueron alejando de la lealtad con FARC y Comunes, e incluso se apartaron del AFP hasta conformar disidencias, rearmados y grupos emergentes (figura 1).

Dicho lo anterior, en el caso de la lealtad con FARC y Comunes, allí se encuentran los excombatientes que por convicción con el AFP, incentivos colectivos y beneficios individuales han estado impulsando la paz, dentro de ello es posible encontrar a varios excombatientes como Julián Gallo Cubillos alias Carlos Antonio Lozada, Carlos Alberto Carreño, Luis Alberto Albán, Omar de Jesús Restrepo, Jairo Cala Suárez, Pablo Catatumbo y Griselda Lobo, todos ellos miembros de la línea más importante de Comunes. Cabe resaltar que, dentro de los leales están cientos de excombatientes que regionalmente impulsan el AFP por medio de iniciáticas sociales, productivas y de reconciliación (Partido Comunes, 2021).

En segundo lugar, varios excombatientes que se quedaron con reparos hacia el AFP, pero continuaron cumpliéndolo, pueden ubicarse en el personal con "voz", una voz de protesta al considerar que el Estado colombiano estaba provocado un rompimiento con el espíritu del AFP. Del mismo modo, si bien los reparos iniciaron a raíz del incumplimiento estatal del AFP, estos decantaron en críticas hacia las organizaciones lideradas por los leales, pues estos últimos fueron considerados como tolerantes ante el incumplimiento estatal con el AFP (Red Más, 2018). A raíz de lo anterior, los excombatientes con "voz" abandonaron las FARC y Comunes, pues estos últimos se comportaron como instituciones totales⁷ en los primeros años de vida, castigando severamente a sus antiguos camaradas, ahora críticos de FARC. Esta voz procedía de líderes de primer nivel de la extinta guerrilla como los senadores Victoria Sandino e Israel Zúñiga, y excomandantes guerrilleros como Fabián Ramírez, Andrés París o Joaquín Gómez; todos son líderes naturales de excombatientes que hoy en día continúan en el proceso de paz, pero ya están fuera de FARC y COMUNES.

Finalmente, en tercer lugar, los excombatientes que no solo salieron de FARC y Comunes, sino que también salieron totalmente del Acuerdo Final de Paz, serán entendidos en este texto como los miembros en salida o simplemente los de salida; estos excombatientes en principio cumplieron con lo pactado, pero luego reincidieron en la rebelión y ahora se encuentran dentro de tres tipologías de "hombres de guerra" las cuales son, por un lado, los disidentes de las FARC-EP, es decir, combatientes que venían de la mencionada guerrilla y no se desmovilizaron; la mayoría de ellos aglutinados en el mando de Néstor Vera alias Iván Mordisco y Miguel Botanche alias Gentil Duarte, máximos jefes de los frentes primero y séptimo respectivamente.

Estas disidencias han incrementado su personal desde el año 2016 con base en excombatientes que se apartan de la implementación del AFP e ingresan a las disidencias (Aguilera, 2020, p. 269) y nuevos reclutamientos en las zonas donde la guerrilla tiene mayor incidencia (El Tiempo, 2022).

A pesar de lo anterior, existen fuerzas disidentes que son independientes de las estructuras de alias Iván Mordisco y Gentil Duarte; estas disidencias independientes tienden a realizar alianzas pragmáticas con carteles mexicanos e incluso con la estructura posparamilitar del Clan del Golfo, todo ello en pro de obtener armas, establecer rutas del narcotráfico y dominar territorios (El pacifista!, 2019). Estas disidencias tienen un componente de sedimentación interna: el discurso regional en contra de la inequidad y las desigualdades estructurales, dicho discurso también es ideología con la cual construyen simpatías, solidifican bases sociales, adhieren personal y oxigenan logísticamente a la organización.

Puntualizando sobre lo anterior, estos emprendimientos regionales son estructuras como las Guerrillas Unidas del Pacífico en el departamento del Cauca, los fieles a Géner García alias John 40, el Frente Décimo en Arauca, el Oliver Sinisterra en Nariño, el Frente 49 en el Caquetá, y otras decenas de estructuras. Es necesario señalar que FARC y Comunes responden parcialmente por este fenómeno de disidencia, pues si bien no existe incumplimiento por parte de los excombatientes, sí hubo incumplimiento por parte de los negociadores de FARC-EP hacia el Estado colombiano, ya que se comprometieron a la desmovilización total de la organización guerrillera, y estos disidentes que no dejaron las armas hacían parte de la organización armada.

Es importante aclarar que estos disidentes se movieron en una "zona gris" donde por un tiempo no fue claro sí estaban o no dentro del AFP, pues varios de ellos, en el año 2016, ingresaron a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), pero posteriormente las abandonaron, sin tener claro si estaban abandonando las ZVTN o si abandonaban la implementación del AFP (Revista Semana, 2019), sin embargo, tiempo después se aclaró por parte de FARC que estas personas eran disidentes del AFP y, por tanto, fueron expulsados del partido (El Espectador, 2016).

Por otro lado, dentro de los excombatientes que se encuentran en salida del AFP está el personal que se mantuvo un tiempo importante en el proceso de implementación, aportaron a la reinserción económica, política y social de las FARC, pero terminaron decidiendo rearmarse; dentro de ellos se encuentran Hernán Darío Velázquez alias El Paisa, Henry Castellanos Garzón alias Romaña, Seuxis Pausias Hernández Solarte alias Jesús Santrich, Germán Amado Porras alias Cipriano e incluso Luciano Marín alias Iván Márquez, todos ellos, mandos medios de la FARC-EP que en el pasado tuvieron un papel protagónico en el aspecto militar y político, un poder de mando considerable sobre la guerrillerada de base, y conocían a la perfección el funcionamiento actual de la guerra. Así mismo, estos mandos medios en los primeros años de la implementación del AFP fueron los líderes de varias zonas y sectores de los excombatientes, negociadores del AFP, encargados de los Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización (ETCR)⁸, encargados de la reincorporación económica y demás tareas regionales de la implementación.

En tercer lugar, de los excombatientes que hacen parte de la salida se encuentran un grupo importante de bases sociales, simpatizantes y milicianos de las FARC-EP que decidieron edificar nuevos grupos guerrilleros, su motivación principalmente se centró en suplir la presencia de la organización insurgente que se encontraba en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) para los años 2016 a 2018 (Canal UNO, 2017); estos grupos emergentes tuvieron el ADN de las FARC-EP, aprendieron hacer la guerra en las guerrillas, apropiaron el discurso político de la insurgencia, su identidad ideológica es bolivariana, y sus fines teleológicos al parecer están anclados a las ideas de alias Manuel Marulanda Vélez; estos miembros en salida nacieron como emprendimientos localistas y en el fragor del tercer ciclo de guerra en Colombia (2016 a la actualidad) han terminado vinculados, relacionados e incluso absorbidos por los disidentes y rearmados (Canal Caracol, 2017).

Como se puede observar, dentro de todos los excombatientes de las FARC-EP que realizaron su salida del AFP existió una gama compleja de disidencias, rearmados y grupos emergentes, estos grupos tomaron la decisión jacobina de utilizar las armas para combatir al Estado colombiano, al igual que tienen una participación importante en la captura de rentas ilegales como la extorsión, el secuestro, la minería ilegal y la economía cocalera; en otras palabras, dentro de estos grupos en salida hay reivindicaciones políticas y captura de rentas ilegales (El Heraldo, 2017), por tanto, no es posible determinar hacia qué características se inclinan, aunque tiene más de un grado de verdad decir que los grupos en salida tienen muchas motivaciones económicas e incentivos selectivos para continuar en la guerra.

En honor a la verdad, la organización FARC y Comunes no tienen el mismo grado de responsabilidad política en la salida de estos grupos; en efecto, la organización excombatiente que produjo el AFP no tenía la capacidad de obligar a la dejación de armas a los grupos de disidencias, en otras palabras no fue un incumplimiento de FARC y Comunes hacia el AFP, por ende, puede entenderse como "propaganda engañosa" de los negociadores hacia el Estado colombiano; así mismo, en los grupos de emergentes no existe una responsabilidad de FARC-Comunes sobre la decisión de sus bases sociales y simpatizantes de conformar estructuras guerrilleras, tal vez la responsabilidad recae sobre sus milicianos, pero esta es una responsabilidad muy tenue de FARC y Comunes.

Ahora bien, con respecto a los rearmados sí existe una responsabilidad de FARC y Comunes, pues a pesar de que los defensores del AFP le resten importancia, indudablemente la tiene, debido a que los rearmados firmaron el AFP y estuvieron en procesos de capacitación y reincorporación; así mismo, varios de los rearmados tuvieron un papel crucial en la implementación, por ende, es un error plantear que estos rearmados actúan en "operaciones avispa" y que por ello FARC no tiene responsabilidad sobre sus acciones, incluso Iván Márquez, exnegociador de paz en La Habana, era el jefe natural de la guerrillerada de base, por encima de Timochenko (Pacifista!, 2016), por ende, decir que su rearme es irrelevante es un error.

En otro sentido, si bien la decisión jacobina de realizar la guerra es exclusiva de los disidentes, rearmados y grupos emergentes, las motivaciones para que ellos llegaran a esta decisión es compartida, incluso es posible plantear que un gran porcentaje de las motivaciones para que estos grupos estén en salida del AFP son responsabilidad del Estado colombiano, pues ante las débiles ofertas institucionales consagradas en el Acuerdo, y los incumplimientos estatales hacia los excombatientes y hacia la sociedad civil, los excombatientes contaron con un grueso número de motivaciones para que se iniciara un nuevo ciclo de guerra en Colombia.

LAS FALLAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PAZ QUE MOTIVARON LA SALIDA

El AFP dispuso una gran cantidad de infraestructuras de paz para que se implementara el Acuerdo en Colombia, estas tuvieron cuatro características organizacionales: en primer lugar, algunas tenían un carácter transitorio e iban a desaparecer rápidamente; en segundo lugar, otras tenían un carácter permanente y se iban a mantener a largo plazo; en tercer lugar, algunas iban a ser una modificación organizacional dentro de infraestructuras de paz ya existentes, y, finalmente, en cuarto lugar, algunas infraestructuras de paz iban a requerir una creación desde cero por parte del Estado y la sociedad, es decir, infraestructuras complemente nuevas.

La creación de las infraestructuras de paz en el AFP tenía aparentemente cohesionadas a las FARC-EP en su propósito de la dejación de armas (FIP, 2016), sin embargo, las ofertas del AFP que estaban dirigidas hacia la guerrillerada no fueron atractivas para algunos de ellos (Resumen latinoamericano, 2021), esto hizo que muchos excombatientes tuvieran diversas motivaciones para que algunas estructuras armadas dieran su salida del AFP. En efecto, para algunos guerrilleros de base la negociación de paz fue a sus espaldas, la seguridad física de líderes sociales y combatientes comprometidos con el proceso de paz no se estaba salvaguardando, y la violencia contra miembros políticos de izquierda estaba intacta (Cosmovisión, 2021).

Así las cosas, las primeras disidencias se crearon en los departamentos del Cauca, Nariño, Valle del Cauca, algunos lugares de Medellín, Bogotá, Meta, y Vichada, sobre todo la columna móvil Daniel Aldana (CeDeMa, 2017) y el Frente Primero (CeDeMa, 2016). No es de menor importancia decir que la "nave nodriza" de estas disidencias estaba en un lugar de cultivo, procesamiento y explotación de cocaína en el suroccidente del país, al igual que estaban políticamente a cargo de comandantes curtidos en el agenciamiento político y militar de la guerra (El Tiempo, 2015), en otras palabras, estas disidencias vienen de las estructuras más fuertes en términos políticos, económicos y militares de las antiguas FARC-EP

A estos problemas que se venían configurando rápidamente, se le agregó un problema relevante, el plebiscito por la paz,⁹ con el que la sociedad colombiana, por medio del voto popular, pretendía refrendar el AFP, pues el resultado de lo anterior fue el triunfo de las personas que NO querían el Acuerdo Final de Paz, no lo refrendaban y solicitaban finalizarlo (FIP, s. f.); de esta forma, en los frentes disidentes hubo una adhesión vertiginosa de excombatientes que retornaban a las armas, es decir, las infraestructuras de paz pensadas para la refrendación del AFP fallaron rápidamente, por ejemplo, solo el Frente Armando Ríos para finales del año 2016 tenía 400 combatientes (El País, 2016).

Hasta ese momento, las iniciativas localistas de las disidencias tenían motivaciones pero no estructuras sólidas, cohesionadas e interconectadas, sin embargo, en el trascurso del año 2017, diferentes mandos medios de las FARC-EP no se unieron al proceso de dejación de armas, varios de ellos fueron: Néstor Gregorio Vera Fernández alias Iván Mordisco, Géner García Molina alias Jhon 40, Euclides España Caicedo alias Jonnier, Luis Alfonso Lizcano Gualdrón alias Euclides Mora, Miguel Díaz Sanmarín alias Julián Chollo, Mesías Salgado Aragón alias Rodrigo Cadete, Eulícer Hernández Fonseca alias Alirio Matavaca, Alexander Díaz Mendoza alias Calarcá, Jorge Eliécer Jiménez alias Arturo y Miguel Botache Santillana alias Gentil Duarte; estos mandos medios tenían las características que les faltaban a las disidencias, pues eran autoridades de mando, articuladores de estructuras, cohesionadores de la tropa y hábiles en la gerencia de la guerra.

Si se apela a lo transcurrido desde el año 2017 hasta 2018, estos fueron periodos de tiempo muy cortos que dieron estímulos para que se fortalecieran militar y económicamente las disidencias; en efecto, la cantidad de exguerrilleros disidentes del AFP se incrementó, pero también creció el número de los reclutamientos en departamentos como Arauca, norte de Antioquia, Putumayo, Caquetá, Guainía, Chocó, Cauca, Nariño, la región del Catatumbo y otros lugares periféricos de Colombia. De allí que hubiera sido tan urgente realizar rápidamente reformas sociales, políticas y económicas en áreas empobrecidas, rurales y poco conectadas con el centro del país (Ávila y Londoño, 2013); no obstante, estas reformas no generaron una transformación rápida y efectiva, buen ejemplo de ello fue la demora en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz¹⁰, y decenas de reformas urgentes¹¹ (Kroc, 2020, pp. 33-34).

Con respecto a lo anterior, este fue un momento de importante crecimiento de las disidencias de las FARC-EP, del Frente séptimo "Comandante Jorge Briceño", del Frente 43 "Comandante Jacobo Arenas", del Frente 42 "Camilo Tabaco" y el Frente 27 "Manuel Marulanda Vélez" (CeDeMa, 2019), todos estos frentes motivados a salir del AFP por la falta de éxito a corto plazo de las infraestructuras de paz creadas para transformar el campo colombiano, reparar a las víctimas del conflicto, solucionar el problema de los cultivos ilícitos, y, por supuesto, deficiencias estatales para salvaguardar la seguridad física de los excombatientes (Revista Semana, 2021).

Por otro lado, para abril del año 2018 era muy posible que llegara -y en efecto llegó- a la presidencia de la república una tendencia política anti-AFP, por ende, las diferentes ramas del Estado colombiano que estaban fuera del gobierno, como la Fiscalía General de la Nación y el Congreso de la República, se fueron aglutinando en un proyecto "antipaz", de este modo, las reformas sociales, económicas y políticas se fueron estancando aún más, marcando el inicio de la salida gruesa de excombatientes. La palabra entrampamiento es tomada de la misma boca del fiscal general de la nación de la época, el señor Néstor Humberto Martínez Neira, el cual capturó al exnegociador de paz de las FARC-EP Seuxis Pausias Hernández Solarte alias Jesús Santrich (El Espectador, 2018) en una operación ilegal, de delito provocado, con falsas pruebas, que meses más tarde generó que alias Jesús Santrich recuperara la libertad (Razón Pública, 2020).

La "operación entrampamiento" fue una de las heridas más grandes contra la implementación del AFP, ya que desde la fecha de la captura de Jesús Santrich, hasta su libertad, un número importante de excombatientes tuvieron un miedo creciente por su seguridad jurídica. En efecto, las infraestructuras de paz que habían surgido para garantizar la seguridad jurídica de los excombatientes fueron insuficientes (La Silla Vacia, 2018). De esta forma, el 28 de agosto del año 2019, el exjefe negociador de las FARC-EP, Iván Márquez, anunció su rearme y la creación de un grupo guerrillero llamado la "segunda Marquetalia"; junto con Iván Márquez se rearmaron El Paisa, Jesús Santrich, Romaña, José Vicente Lesmes alias Walter Mendoza, José Manuel Sierra alias Zarco Aldinever, Olivio Merchán alias Loco Iván, Alberto Cruz Lobo alias Enrique Marulanda, Nelson Enrique Días alias Iván Alí (FIP, 2021), todos ellos líderes de la guerrillerada de base, mandos medios en la guerra y protagonistas del proceso de implementación del AFP.

A pesar de que el rearme de la "segunda Marquetalia" fue a mediados del año 2019, esta era una idea que se venía madurando tiempo atrás, no solo por la falla de las infraestructuras de paz dedicadas a la seguridad jurídica de los excombatientes, sino también por las infraestructuras de paz dedicadas a la seguridad económica de los excombatientes, que funcionaron con mucha lentitud. En efecto, varios excombatientes que impulsaron el AFP en diferentes territorios como Romaña y El Paisa no contaron con una acción rápida y robusta por parte del Estado colombiano para continuar con el desarrollo de proyectos productivos y colectivos (Colombia+20, 2018). Lo anterior da pie para hablar sobre la época de mayor fragilidad en la implementación del AFP, el periodo presidencial de Iván Duque Márquez, del 7 de agosto de 2018 hasta el 7 de agosto de 2022.

El periodo de implementación del AFP del expresidente Iván Duque Márquez fue totalmente diferente al desarrollado en los 18 meses anteriores, para algunos académicos este es un periodo de simulación de la implementación y perfidia hacia los excombatientes (Cepdipo, 2019); ello puede sustentarse en cuatro elementos centrales: en primer lugar, el partido político Centro Democrático (partido del expresidente) se planteó organizacional y públicamente "hacer trizas la paz" (Canal Uno, 2017); en segundo lugar, el Plan de Desarrollo del gobierno Duque, es decir, la hoja de ruta política y económica por cuatro años del país, no tenía un capítulo dedicado al cumplimento del AFP (Periodico UNAL, 2019); en tercer lugar, el Estado colombiano demoró los avances más significativos del AFP, buen ejemplo de ello fueron las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, en último lugar, hubo un contradictorio discurso gubernamental en torno a la implementación del AFP (Vasquez, 2022).

Dicho lo anterior, la desaceleración en la implementación del AFP fue sin precedentes, por ejemplo, la reforma rural integral se desarrolló con extrema lentitud, el impulso y la voluntad política del presidente Iván Duque hacia la paz fueron aspectos muy limitados (Cepdipo, 2021b, pp. 43-89); a su vez, el Estado colombiano desconoció lo acordado y simuló en materia de participación política, incluso la reforma política fue rechazada y las curules de paz debieron ser revividas por el Poder Judicial (Cepdipo, 2021b, pp. 91-95). De forma similar, en materia de reparación simbólica y física de las víctimas del conflicto armado hubo una acción leonina por parte del gobierno colombiano, colocó dentro de las agencias estatales dedicadas a la atención de víctimas personas abiertamente detractoras del AFP como Miguel Ceballos, Darío Acevedo y Jorge Tovar Téllez¹², comisionado de paz, director del Centro Nacional de Memoria Histórica (La Linea del Medio, 2022) y director de la Unidad de Víctimas en el departamento del Cesar (La Hojarasca, 2022), respectivamente.

Vale la pena acotar que decenas de infraestructuras de paz tuvieron un importante desarrollo en la implementación del AFP, como el caso del Centro de Pensamiento y Diálogo Político, Ecomún, y el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición (SIVJRNR), sin embargo, muchos de estos "éxitos" fueron generados por la presión social, el apoyo internacional, el compromiso de los excombatientes y la independencia de algunas infraestructuras de paz, buen ejemplo de ello fueron los buenos oficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), todas ellas infraestructuras de Estado pensadas para las víctimas, en donde el Poder Ejecutivo tenía muy poca influencia (JEP, 2019).

Dicho lo anterior, la implementación del AFP en el periodo presidencial de Iván Duque Márquez hizo que se incrementaran los incentivos para la creación de estructuras armadas emergentes que se reivindican a sí mismas como las FARC-EP, al igual que se fortalecieron militar, económicamente y en número de hombres las estructuras rearmadas como: el Frente 18 "Román Ruiz Cacique Coyara", el Frente 36 "Los de Cabuyo", el Comando Coordinador de Occidente o "Nuevo Sexto Frente", el "Frente Fuerza Unida del Pacífico"; las columnas móviles "Jaime Martínez", "Dagoberto Ramos", "Franco Benavides", "Miller Perdomo", el Frente 48, las "Guerrillas Sinaloa", el Frente "Carolina Ramírez" y otra decenas de estructuras insurgentes. Las mencionadas organizaciones tienen un alto grado de independencia, pero desarrollan tareas conjuntas en materia militar y económica con otras estructuras al mando de Gentil Duarte e Iván Márquez, y actividades económicas ilegales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y carteles mexicanos del narcotráfico (Revista Cambio, 2022).

Del mismo modo, en épocas del gobierno de Iván Duque se agravaron dos fenómenos relacionados con el conflicto armado colombiano; por un lado, el sur del Pacífico colombiano se convirtió en una zona apetecida por los carteles de la cocaína, ya que la frondosa selva vuelve casi inexpugnables las montañas sembradas con hoja de coca, los abundantes ríos abaratan los costos del transporte de la cocaína, la mano de obra barata de raspa; también, los servicios violentos son muy económicos ante el profundo desempleo de la región, y hay una salida al mar para conectar con regiones como Sinaloa y Centroaméricam (Rodríguez, 2015).

El caso de la región pacífica no es exclusivo, por el contrario, regiones como el Catatumbo, Urabá, Frontera con Ecuador y Frontera con Venezuela son un terreno óptimo para la eclosión de la delincuencia, sobre todo en lugares como las franjas: La Guajira-Zulia, Táchira-Norte de Santander y Apure-Arauca, pues son fronteras porosas afectadas por las inexistentes relaciones diplomáticas entre los dos países (La Línea del Medio, 2022).

A raíz de los dos fenómenos señalados, un importante número de grupos emergentes y rearmados se fueron fortaleciendo, en primer lugar, los grupos emergentes que actúan en la frontera con Venezuela bajo el mando de Javier Alonso Veloza alias John Mechas, un miliciano de las FARC-EP en la región del Catatumbo (Norte de Santander) que en el pasado tenía un pírrico poder, pero ahora es uno de los comandantes guerrilleros más fuertes de las disidencias de la región Catatumbo y tiene estrechas relaciones con alias Gentil Duarte (El Espectador, 2022). En segundo lugar, los grupos de rearmados que actúan en los municipios de Barbacoas, El Charco, Tumaco, Mangui Payan, Roberto Payán y en las regiones fronterizas con el Ecuador, son los autodenominados Frente Oliver Sinisterra y "La gente del orden" en donde han estado al mando diversos cabecillas de rearmados, como Carlos Landázuri alias Gringo, Walter Patricio Arrízala alias Guacho, Yeison Segura alias Don ye y David Segura alias Don David (Aguilera, 2020)

Es importante señalar que estas últimas estructuras de rearmados y grupos emergentes muestran una forma de operar pragmática, pues no tienen cabecillas indispensables, los"objetivos de alto valor" son reemplazados rápidamente, actúan con mucha autonomía, y, al parecer, su motivación es la captura de economías primarias e ilegales. Por tanto, este tipo de grupos emergentes y rearmados muestran una falla irreparable para el AFP, pues en la administración de Iván Duque Márquez los PNIS fallaron casi de forma definitiva; en otras palabras, después de 5 años de implementación, estos programas, que venían mal desde el inicio de la implementación del AFP, no fueron exitosos, y estas infraestructuras de paz dedicadas a la solución del problema de las drogas han tenido una implementación sumamente lenta (Kroc, 2022, p. 54).

El anterior panorama de la implementación del AFP tuvo el agravante de la distorsión en la información sobre lo que era o no parte del AFP y estaba siendo implementado por el gobierno del expresidente Iván Duque. En efecto, muchas de las obras rotuladas PDET y parte de la "implementación de la paz" eran acciones dispersas en diferentes sectores del gobierno (Cepdipo, 2021c, p. 216). Del mismo modo, muchas obras rotuladas como parte de la implementación del AFP son materia de investigación periodística, los montos del aparente desfalco de la paz oscilan alrededor de los 500 mil millones de pesos (La Silla Vacía, 2022), en un solo año se agotó el presupuesto de 10 años (Canal UNO, 2022).

HIPOCRESÍA ORGANIZACIONAL: UNA EXPLICACIÓN

Ante el panorama de "simulación" del Acuerdo Final de Paz y la perfidia hacia los excombatientes por parte del Estado colombiano (Cepdipo, 2021b), es difícil comprender los discursos pronunciados por el expresidente Iván Duque en organizaciones internacionales y contextos de verificación internacional donde él defendía su programa de "paz con legalidad", proclamaba como victoriosa su gestión en materia de paz y hablaba de un cumplimiento del AFP (France 24, 2022). Ante lo anterior, las actuaciones del expresidente de Colombia pueden ser comprendidas como una hipocresía organizacional (Brunsson, 2002), en la que el Estado colombiano cumple defectuosa o parcialmente el AFP, lo desfinancia, le coloca trabas, y después vuelve a darle cumplimiento, es decir, una hipocresía en la medida que quiere cumplirle a dos sectores interesados en el AFP, por un lado, a la comunidad internacional y la sociedad civil que quiere la paz, y, por otro lado, a su partido de gobierno antipaz.

Haciendo énfasis en lo anterior, la hipocresía organizacional, más allá del juego de imagen a nivel internacional, en estos casi cuatro años de implementación del AFP intentó convencer a la sociedad internacional de que el gobierno Duque logró terminar la guerra (El Espectador, 2021), sin embargo, esto confunde porque no se materializa en la agenda pública (Verdad Abierta, 2018), y abusa de los tiempos en pro de dilatar la implementación (Pares, 2020). En este sentido, la acción del gobierno del expresidente Iván Duque está medularmente atendiendo a una suposición de normas morales o intenciones que no se ajustan a las conductas de facto, con lo cual se satisfacen los diversos intereses sociales (Brunsson, 2002).

Pero no toda la responsabilidad cae en la personalidad del expresidente Iván Duque, pues parte de la estructura política que estuvo detrás del Congreso de la República entre los años 2018 hasta 2022 fue una estructura que filosóficamente perseguía la intención de incumplir el AFP con una postura totalmente opuesta a lo acordado entre las FARC-EP y el Estado colombiano, en otras palabras, estas eran dos ideas contradictorias (Brunsson, 2002). Dicho esto, era de esperarse que la implementación del AFP estuviese afectada de manera negativa en el transcurso del gobierno del expresidente Duque, incluso que la implementación de la paz actualmente esté desfinanciada (Mora, 2022).

A contracorriente de la anterior lectura sobre la implementación del AFP, las cifras de cumplimiento del Acuerdo mostradas por el gobierno nacional hasta el 30 de junio de 2022 son sumamente positivas, la reforma rural integral en un 63,1%, la participación política en un 51,76%, el fin del conflicto en un 71,41%, la solución al problema de las drogas en un 65,33%, la atención a víctimas en un 57,9% y la verificación del AFP en un 82,1% (SIIPO, 2022) (figura 2). Los anteriores datos son la base empírica utilizada por el expresidente Iván Duque para respaldar su idea de haber estado comprometido con la legalidad, la reducción de los cultivos ilícitos y la garantía plena al proceso de reincorporación de excombatientes de las FARC-EP (Ríos y Morales, 2022).

Ante esta disonancia entre los argumentos del texto suscrito y las cifras que presentó el Gobierno nacional, es necesario hacer una lectura detallada de los datos expuestos por la administración Duque. En primer lugar, el cumplimiento de los indicadores propuestos por el Gobierno nacional no garantiza el "fin del conflicto"; en segundo lugar, no todas las acciones de Estado tienen el mismo valor; en tercer lugar, hay acciones que si no se llevaron a cabo rápidamente no pueden ser reencausadas a futuro; en cuarto lugar, hay aspectos del AFP que si fallan es imposible presentar un balance positivo.

Haciendo énfasis en las anteriores críticas, en el primero de los casos el gobierno nacional dispuso de una serie de indicadores para medir el cumplimiento, por ejemplo, para el punto 6 titulado "Verificación" se situaron 38 indicadores para garantizar la verificación del AFP, pero el inconveniente es que muchos de estos aportan esfuerzos para la implementación, pero no son la médula de una verificación del Acuerdo, bien pueden citarse los casos de: la producción y emisión semanal de los avances en la implementación en el canal institucional, páginas web, emisoras privadas y comunitarias, pues todos estos indicadores no muestran que se esté verificando efectivamente la paz, tan solo que hay difusión de los datos desde agencias del mismo gobierno central (SIIPO, 2022).

En el segundo de los casos, todas las acciones de Estado no tienen el mismo peso a la hora cumplir con el AFP, algunas son irrelevantes e incomparables con otras acciones que son la médula del éxito en la implementación, por ejemplo, no es lo mismo que se tenga 100% de éxito en el indicador de "Crear la Jurisdicción Especial para la Paz" -que, a propósito, el gobierno de Iván Duque quiso acabar- (Vásquez, 2022), a que se tenga el 0% de avance en la reducción significativa de los casos de amenaza, hostigamiento y asesinato de integrantes de organizaciones sociales, o el 0% de avance en la reducción significativa de organizaciones criminales continuadoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo desmanteladas (SIIPO, 2022).

En el tercero de los casos, como se dijo, hay cuestiones que si no se llevaron a cabo rápidamente no pueden ser rencausadas en el futuro, este es el caso de las medidas y los mecanismos de seguridad y protección reforzadas individuales y colectivas implementadas para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, las cuales no tuvieron ningún avance según datos del mismo Gobierno nacional (SIIPO, 2022), y son medidas que debieron tomarse desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el año 2027, en suma, implementarlas desde hoy no cambiará los altos índices de líderes sociales que fueron asesinados en estos 5 años de implementación del AFP; es de resaltar que en el periodo presidencial de Iván Duque se asesinaron 930 líderes sociales, muchos de ellos provenientes de pueblos étnicos en departamentos como el Cauca, Putumayo y Nariño (Indepaz, 2022).

Finalmente, como se advertía, hay aspectos que no se pueden presentar como "pequeños lunares" de la implementación del AFP, pues representan, como lo decía Francisco Gutiérrez Sanín (2020), cuestiones inviolables del Acuerdo, por ejemplo, no es posible decir que Colombia ha cumplido, si el líder negociador de las FARC-EP se rearmó, según él por "un incumplimiento sistemático al AFP y una paz traicionada por el establecimiento" (El Tiempo, 2019).

A modo de conclusión de este aspecto estadístico y de exhibición del cumplimiento del AFP por parte del Gobierno nacional frente a las grandes rupturas, crisis y fracasos en algunas infraestructuras de paz, al parecer hubo un afán de mostrar cumplimiento en los indicadores del AFP que el mismo gobierno Iván Duque se trazó, mas no un interés frontal por implementar el Acuerdo y sacar al país de la guerra.

Según las críticas anteriores, la argumentación sobre el cumplimiento o no del AFP es mucho más compleja que realizar un check list sobre los indicadores de cumplimiento o no en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), por el contrario, requiere un complejo análisis cuantitativo y cualitativo sobre el cumplimiento de lo pactado; por ejemplo, es gravísimo que una de las mayores aristas del incumplimiento por parte del Gobierno nacional sean los resultados de la gestión en las infraestructuras de paz creadas para salvaguardar la seguridad física de los excombatientes, por ejemplo: el cuerpo élite de la Policía nacional para la paz, la mesa técnica del cuerpo de seguridad y protección, la Subdirección Especializada de Seguridad de la Unidad Nacional de Protección, la Unidad Especial de Investigación de grupos sucesores del Paramilitarismo, entre otros (Estado Colombiano y FARC, 2016), es decir, la hipocresía organizacional consistió en hablar de una forma para satisfacer a una parte, y obrar de otra forma para satisfacer a la parte contraria (Brunsson, 2002).

De este modo, si bien existió una hipocresía organizacional hacia variados aspectos del AFP por parte de la administración anterior, es posible decir que el aspecto más hipócrita del gobierno central fue el incumplimiento con la seguridad física de los excombatientes, pues las acciones del Estado sobre "dejar hacer, dejar pasar" motivaron la salida de excombatientes del AFP, lo cual incrementó las disidencias, los grupos de rearmados y emergentes.

REARMES DEFINITIVOS Y MUERTOS DE ALTO VALOR

El contexto del país para finales del gobierno de Iván Duque en temas de disidencias, rearme y grupos emergentes de las FARC-EP fue bastante complejo; una diversa gama de organizaciones posdesmovilización de paz con las FARC-EP ronda por el país y no hay consenso sobre las cifras de sus integrantes; para 2019, algunos investigadores señalaban más de 2.500 combatientes (Aguilera, 2020), otros hablaban para el año 2021 de 5.200 (Indepaz, 2021), y otros ubican 7.000 personas en armas (Revista Semana, 2021). En todo caso, sí es posible ver un rearme preocupante y nuevos reclutamientos cuantitativamente significativos.

Por otro lado, cuantitativa y cualitativamente, las estructuras más significativas son los disidentes aglutinados al mando de Gentil Duarte y otras independientes que se encuentran en los departamentos de Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, Frontera con Ecuador, Caquetá, Meta, Guaviare, Amazonas, Vaupés, Guainía, Antioquia, Arauca, Casanare y Norte de Santander (Aguilera, 2020); al parecer, el éxito de alias Gentil Duarte fue descentralizar la organización, coordinar estructuras y permitir el tránsito de ganancias de rentas ilegales a lo largo de las estructuras y comandancias, de este modo, sus leales difícilmente ingresarían al AFP y se saldrían de esa alianza-subordinación (Insight Crime, 2019).

No hay que olvidar que las muertes de Gentil Duarte e Iván Mordisco no significan el fin de las disidencias, por el contrario, esto se traduce en más "anarquía criminal", independencia de mando y violencia por controlar espacios que han quedado vacíos (El país, 2022). Así mismo, un gran número de disidencias se comportan como "ruedas de bicicleta", no están subordinadas completamente a un mando, y al faltar su máximo líder, tienen una compleja red de relevos y jerarquías que evitan su desarticulación (Ávila, 2019).

Ahora bien, una de las estructuras relativamente débiles es la de Iván Márquez, esta última no ha logrado reunir a las disidencias en un proyecto nacional, por tanto, en términos de la cantidad de personal, es una estructura limitada; a pesar de lo anterior, en la "segunda Marquetalia" saben hacer la guerra, tienen un discurso político y una certificación social de "lucha genuinamente" fariana (El Reportero 24, 2021). Del mismo modo, hay que decir que la "segunda Marquetalia" está debilitada con los asesinatos de Romaña, Santrich y El Paisa (El Colombiano, 2021), aunque sus muertes no marcan el fin de la estructura, pues los "objetivos de alto valor" ya no existen, la guerrilla se ha adaptado a estos golpes, y muerto un cabecilla ya se encuentra listo su reemplazo.

En otro sentido, posiblemente Iván Márquez busque a la postre una salida de la guerra de forma negociada, pero hasta que no se logre una conversación abierta con "la segunda Marquetalia" no es posible saber las posibilidades de "reencause" del AFP frente a este tema, por ahora, las disidencias de la "segunda Marquetalia" se encuentran en las regiones de La Guajira-Cesar y Estado Zulia, Norte de Santander, Vichada-Apure, Arauca, Guainía-Estado Amazonas, Huila-Meta, Huila-Caquetá, Huila-Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo y norte de Antioquia-sur de Córdoba (FIP, 2021).

De igual forma, al parecer el país está ingresando a un nuevo ciclo de guerra (Gutiérrez, 2020), pues cumple con la mayoría de las características teóricas que la literatura al respecto ha concebido para ello (Sanbanies, 2004), ya que un grupo importante de las antiguas FARC-EP se ha rearmado, ha iniciado un reclutamiento considerable configurando una base local-territorial, la motivación de este grupo está plenamente identificada (al parecer es política) y conforman una organización política y militar propia y pública; la guerra produce un umbral entre 500 y 1.000 muertes por año, y el umbral de muertes por parte del gobierno es por lo menos de 100 muertes anuales. En otras palabras, el personal en salida entre disidentes, rearmados y grupos emergentes está creciendo tanto, que pueden cuantitativamente demostrar que la guerra en Colombia nuevamente comenzó.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El Acuerdo Final de Paz es un gran logro para el Estado y la sociedad colombiana, mucho más su implementación; sin embargo, no se estaba haciendo una revisión juiciosa sobre la cantidad de grupos en salida, tampoco sobre el valor cualitativo de estas salidas, restándole valor a este asunto. Este fenómeno no solo se presentó desde el gobierno central, sino por parte de los defensores del AFP, por ende, vale traer una frase de Antonio Gramsci para reaccionar a lo que viene mal y reconocer los daños irreparables: "pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad".

Por otro lado, la salida del AFP por parte de excombatientes tiene que ver con fallas en la implementación o en las infraestructuras de paz, muchas de estas fallas saltan a la vista de forma cuantitativa si se analiza el porcentaje de lo implementado, pero también hay un subregistro cualitativo sobre la gravedad de lo que se dejó de implementar; en este orden de ideas, se hace necesario que algunos informes, por lo menos los del Instituto Kroc, hagan esta salvedad, de lo contrario se estarían estirando los datos para mostrar una verdad menos dolorosa.

Por otro lado, la implementación del AFP por parte del Gobierno colombiano en cabeza de Iván Duque Márquez, entre los años 2018 y 2022, no puede concebirse como una "débil gestión de la paz", pues hay todo un discurso y agenciamiento del Estado comprometido con la lentitud en la implementación, la simulación de la paz y el incumplimiento con lo pactado, una hipocresía organizacional que él como presidente de la Republica decidió llevar a cabo por medio de acciones estatales de boicot a la paz y la no realización de otras acciones vitales para la implementación del AFP.

Finalmente, un aspecto muy controversial, pero de necesaria enunciación, es el definitivo rearme de muchas estructuras pos-FARC, varios grupos de las mencionadas a lo largo del texto se han salido del AFP y no muestran el menor asomo de reingresar o entrar en otra nueva negociación con el Estado colombiano; en otras palabras, los disidentes, rearmados y emergentes probablemente no van a salir de la guerra.

NOTAS

¹ Palabras del discurso de Fernando Londoño Hoyos (exministro de Álvaro Uribe) en la convención del partido político Centro Democrático meses antes de la victoria presidencial de Iván Duque Márquez.
² Este es el nombre exacto que desde 1982 adoptó la guerrilla de las FARC.
³ Partido Político que surgió del AFP, en principio se llamó Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, pero en el mes de enero del año 2021 cambió su nombre por Comunes.
⁴ Idea tomada del texto de Hirschman (1990).
⁵ En este texto la organización FARC será entendida como la organización excombatiente que surgió posterior al AFP, por tanto, estas provenían de la guerrilla de las FARC-EP pero son la organización posterior a las mismas, organización sin armas y en paz.
⁶ Según el grupo Redes apoyado en bibliografía de Silke Pfeiffer, John Paul Lederach, Ruppesinghe Kumar, Oliver Richmond, las infraestructuras de paz son las estructuras formales interconectadas y con un grado de horizontalidad o verticalidad de institucionalización, que tienen como mandato construir escenarios de paz. Estas infraestructuras realizan esfuerzos para construir la paz en el tiempo de la negociación entre las partes, construcción de los acuerdos de paz y su materialización; su origen puede ser estatal, multinacional, no gubernamental o social, pero, en cualquier caso, la participación del Estado es ineludible.
⁷ Según Erving Goffman, son organizaciones societales donde hay una autoridad única, existe un arraigo basado en el lugar de origen (en este caso las FARC-EP), el plan de la organización suprime totalmente la elección individual, la conducta es profundamente controlada, y las pautas comportamentales son estrictas.
⁸ Antes Zonas Veredales Transitorias de Normalización.
⁹ Del 2 de octubre de 2016.
¹⁰ Dieciséis curules en la Cámara de representantes para organizaciones de víctimas del conflicto armado colombiano.
¹¹ Según Francisco Gutiérrez Sanín, muchas de ellas renegociadas por los congresistas de la república al interior del capitolio nacional en el periodo conocido como fast track.
¹² Decenas de veces denunciado por organizaciones de víctimas en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, por no ser una víctima del conflicto armado y estar éticamente impedido para el cargo al ser hijo del exparamilitar Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40.

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