Incidencia de las organizaciones de la sociedad civil globales en el combate a la trata de personas
THE IMPACT OF GLOBAL CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN COMBATING HUMAN TRAFFICKING
Goretti Danaé Salinas Gómez*
Jesús Rubio Campos**
* Licenciada en Relaciones Internacionales, Universidad de Monterrey (México). [goretti.salinas@udem.edu]; [https://orcid.org/0009-0004-0796-2007].
** Doctor en Políticas Públicas, Tecnológico de Monterrey (México). Profesor investigador titular de El Colegio de la Frontera Norte A. C. y profesor adjunto de la Universidad de Monterrey (México). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conahcyt, México, Nivel 2. [rubio@colef.mx / jesus.rubio@udem.edu]; [http://orcid.org/0000-0001-5381-732X].
Recibido: 18 de junio de 2024 / Modificado: 26 de septiembre de 2024 / Aceptado: 30 de septiembre de 2024
Para citar este artículo: Salinas Gómez, G. D. y Rubio Campos, J. (2024). Incidencia de las organizaciones de la sociedad civil globales en el combate a la trata de personas. Opera, 36, 85-111. DOI: https://doi.org/10.18601/16578651.n36.05
Resumen
El objetivo de la presente investigación es analizar la incidencia que tienen las organizaciones de la sociedad civil (OSC) globales en la prevención, atención y lucha contra la trata de personas. La investigación se hizo mediante el método de estudios multicaso. Se analizaron seis OSC: The A21 Campaign, Coalition to Abolish Slavery & Trafficking, Stop the Traffik: People Shouldn't be Bought or Sold, International Justice Mission: End Slavery in Our Lifetime, Polaris Project y Free the Slaves. En una primera fase se utilizó una metodología documental, a partir del uso de informes anuales de las OSC investigadas, artículos académicos, datos e información existente en los portales oficiales de las OSC, de organismos internacionales y páginas gubernamentales. La segunda fase fue cualitativa, mediante entrevistas semiestructuradas a directivos de OSC y expertos académicos. Las principales acciones directas realizadas por las OSC tienen que ver con apoyo médico, psicológico y acompañamiento a víctimas; programas de reinserción social y asentamiento para las víctimas sobrevivientes; operación de refugios, albergues y casas hogar de protección y rehabilitación para víctimas; asesoramiento jurídico a víctimas; campañas de capacitación, identificación y prevención; educación a través de plataformas sociales; charlas públicas y testimonios; talleres de concientización; líneas nacionales e internacionales de atención y denuncia; aplicaciones tecnológicas de denuncia anónima, y georreferenciación digital de rutas de la trata de personas para el uso de autoridades. Las acciones de incidencia están relacionadas con la incidencia legislativa: copatrocinio de leyes, revisión y apoyo a creación o modificaciones de leyes; colaboración con organismos internacionales, instituciones privadas y otras OSC; participación en consejos y comités gubernamentales; participación en reuniones intergubernamentales e interinstitucionales; participación en foros regionales; creación de grupos de trabajo; marchas y protestas pacíficas.
Palabras clave: trata de personas; explotación sexual; sociedad civil; incidencia en políticas públicas.
Abstract
The objective of this research is to analyze the impact that global civil society organizations (CSOs) have in the prevention, care and fight against human trafficking. The research was carried out using the multi-case study method. Six CSOs were analyzed: The A21 Campaign; Coalition to abolish slavery & trafficking; Stop the traffic: people shouldn't be bought or sold; International Justice Mission: End Slavery in Our Lifetime; Polaris Project; and Free the slaves. In the first phase, a documentary methodology was used, based on the use of annual reports of the CSOs investigated, academic articles, data and information existing on the official portals of the CSOs, international organizations and government pages. The second phase was qualitative, through semi-structured interviews with CSO managers and academic experts. The main direct actions carried out by CSOs have to do with: medical, psychological support and accompaniment to victims; social reintegration and settlement programs for surviving victims; operation of shelters, shelters and homes for protection and rehabilitation for victims; legal advice to victims; training, identification and prevention campaigns; education through social platforms; public talks and testimonials; awareness workshops; national and international attention and complaint lines; technological applications for anonymous reporting; and digital georeferencing of human trafficking routes for the use of authorities. While advocacy actions are related to: legislative advocacy: co-sponsorship of laws, review and support for the creation or modifications of laws; collaboration with international organizations, private institutions and other CSOs; participation in government councils and committees; participation in intergovernmental and inter-institutional meetings; participation in regional forums; creation of work groups; and peaceful marches and protests.
Keywords: Human trafficking; sexual exploitation; civil society; public policy incidence.
INTRODUCCIÓN
El objetivo de la presente investigación es analizar la incidencia que tienen las organizaciones de la sociedad civil (OSC) globales en el combate contra la trata de personas. La trata de seres humanos es uno de los delitos más graves que alguien puede padecer (Anderson y O'Connell, 2002), es una forma de esclavitud moderna y está presente en cualquier país del mundo. Se les niega a millones de mujeres y hombres su derecho fundamental a la libertad, al someterlas a trabajar para el beneficio de sus explotadores (Le y Creegan, 2007), siendo la mayoría de las víctimas mujeres y niñas en situación de pobreza o migración, fenómenos que están presentes de manera aguda en América Latina (Guadiana y Rubio, 2020).
La lucha contra la trata de personas se ha convertido en una prioridad política cada vez más reconocida por diversos gobiernos del mundo, pero de forma incipiente en América Latina, donde existe una gran debilidad institucional y una gran presencia del crimen organizado ligado a este delito. Se han dedicado mayores esfuerzos y recursos a la lucha contra esta problemática y también existe un acuerdo generalizado en la comunidad internacional sobre la necesidad de una respuesta multilateral, como se refleja en los Protocolos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la trata y el tráfico de personas firmados en Palermo (Italia) en el año 2000 (Tyldum y Brunovskis, 2005).
El Índice Mundial de la Delincuencia Organizada de 2021 reveló que la trata de seres humanos es el mercado ilícito mundial más extendido, lo que lo convierte en una de las economías delictivas más rentables del mundo (Salomón, 2022). El Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime) (2022) registra un aumento acelerado del número de personas víctimas de trata en el mundo. Se puede observar un crecimiento acentuado de este delito en los últimos años. En 2015 se incrementó un 25% en comparación con el año anterior, y en 2017 se observó un aumento del 82% respecto a 2016. Una excepción engañosa fue el año 2020, en el cual el número de víctimas detectadas descendió por primera vez en 20 años, ya que la pandemia del covid-19 dificultó las denuncias y la persecución de la trata de personas, que se volvió aún más clandestina y limitó la capacidad de las fuerzas de seguridad para combatir el fenómeno (2022), o bien pudo estar influenciado por las dificultades para denunciar, dado que muchas oficinas gubernamentales permanecieron parcial o totalmente cerradas durante la pandemia (figura 1). Durante la pandemia, la sociedad se vio afectada a escala mundial y las implicaciones que el virus provocó en el mundo fueron más allá del ámbito de la salud. Por ejemplo, dentro del contexto de la explotación laboral, autoridades del gobierno de Bulgaria han informado sobre un aumento de los casos de trata por captación a través de Internet y las redes sociales. Se cree que esto se aceleró por el brote de covid-19 y las medidas de salud pública relacionadas (Campana, 2022), además de que la pandemia contribuyó a la profundización de las desigualdades económicas y sociales, que se encuentran entre las causas de la trata de personas. El informe publicado por la sección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la UNODC (2021), titulado "Los efectos de la pandemia COVID-19 en la trata de personas y las respuestas a los retos" expuso que, debido a que las víctimas fueron menos visibles durante la pandemia, se complicó la detección y la investigación del delito, lo que se agravó aún más con la reducción de las operaciones de la justicia y los obstáculos a la cooperación internacional por el cierre de fronteras. El informe agregó que los tratantes encontraron formas de adaptarse a la "nueva normalidad" sacando provecho de las tecnologías de la comunicación para captar y explotar víctimas, dirigiéndose a personas vulnerables a causa del desempleo, la pobreza y el hambre agudizadas por la pandemia.
Pruebas presentadas por OSC han determinado que el internet y las redes sociales pueden ser usados en todas las fases de la trata de seres humanos, y en particular en relación con la captación, la explotación y el ejercicio de control y presión sobre las víctimas (Campana, 2022). El cifrado de datos y aplicaciones de navegación anónima son considerados entre los principales retos a los que se enfrentan las autoridades a la hora de llevar a cabo investigaciones sobre la trata de seres humanos, lo que puede impedir la recuperación de pistas relevantes durante una investigación. Encima, los tratantes tienen la posibilidad de usar los medios de tecnología, incluidas las redes sociales y dichas aplicaciones encriptadas, para mantenerse en contacto con las víctimas de trata de personas una vez que han abandonado la situación de explotación, para evitar que presenten denuncias y sean expuestos (Campana, 2022).
El número de víctimas debe ser mucho más grande debido a la cifra negra, que no es captada por estadísticas oficiales, ya que este delito tiene un muy bajo índice de denuncia, ya sea por el miedo originado por amenazas de muerte, falta de confianza en las autoridades o por la condición de las víctimas, ya sea su situación de pobreza, falta de educación, o por temor a denunciar por ser migrantes sin papeles (Rubio y Guadiana, 2021; UNODC, 2018 y 2022). Otras razones de la cifra negra y de la impunidad del delito tienen que ver con la deficiencia de la autoridad y falta de credibilidad, la desconfianza que se tiene hacia las autoridades, el miedo a los agresores, las amenazas y extorsiones hacia el afectado y la actitud hostil de parte de las autoridades hacia las víctimas (CNDH, 2019). Por otro lado, hay problemas con la calidad de las cifras existentes, ya que muchas veces los datos no distinguen entre las modalidades de explotación, por ejemplo, qué casos son con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad forzada, extracción de órganos, etc., lo que dificulta el diseño de políticas públicas especiales para su combate (Guadiana y Rubio, 2020).
Los escasos ingresos de hombres y mujeres en Latinoamérica los llevan a intentar desesperadamente cruzar la frontera a cualquier precio y los migrantes se vuelven más vulnerables a los tratantes que se hacen pasar por contrabandistas de personas y terminan formando parte de estas redes (ONU, 2001). Las víctimas tienden a ser traficadas desde países pobres a otros más ricos, y los flujos transregionales de trata se detectan principalmente en los países ricos de Oriente Medio, Europa Occidental y Norteamérica (ONU, 2001). Estos flujos suelen implicar a víctimas del Sur global, principalmente el este y el sur de Asia y el África subsahariana. Las estadísticas muestran una correlación entre la riqueza del país de destino y la proporción de víctimas de la trata de personas procedentes de otras regiones menos favorecidas. Los países más ricos atraen a víctimas de diversos orígenes, incluso de otros continentes, mientras que los países menos ricos se ven afectados principalmente por flujos de trata nacionales o subregionales (ONU, 2001).
En los últimos años se ha registrado un aumento del número de publicaciones y noticias sobre el fenómeno de la trata, que refleja la creciente preocupación nacional e internacional por el tema y los medios disponibles para combatirla (Tyldum y Brunovskis, 2005), no solo por parte de los diversos órdenes de gobierno, sino también con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil (OSC), por medio del desarrollo de diagnósticos e iniciativas de prevención y apoyo a las víctimas (Guadiana y Rubio, 2020), lo que puede significar que este problema se está insertando en la agenda pública.
En la primera sección del presente artículo se detalla la metodología para cumplir con el objetivo planteado y se presentan los conceptos sobre la trata de personas y sus diversas modalidades, el papel de las OSC contra este delito y la incidencia de estas en la política pública. En la segunda sección se plantea el marco legal internacional sobre la trata de personas, el marco contextual de la problemática y los tipos de participación de las OSC en la lucha contra el delito. En la tercera sección se presentan los hallazgos de la presente investigación en las seis OSC investigadas para, a manera de conclusión, analizar los retos enfrentados por las OSC y brindar algunas recomendaciones.
METODOLOGÍA
Esta investigación siguió el método de estudios multicaso, que implica el análisis empírico de un fenómeno dentro de su contexto de la vida real, utilizando múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger o bien contradecirse (Yin, 1994, p. 13), mediante el estudio de seis OSC internacionales que comparten el objetivo de contrarrestar el delito de la trata de personas por medio de acciones directas y de incidencia en políticas públicas. Las OSC fueron seleccionadas debido a que han logrado un desarrollo de diversos métodos de incidencia contra la trata de personas, generando cooperación internacional, visibilidad del problema y ayudando a su combate. La selección se basó en una lista de criterios por cumplir: tener presencia o reconocimiento internacional; cumplir con más de diez años de haber sido fundada; tener carácter puramente social; contar con transparencia en sus reportes anuales. Bajo dicha lista de criterios se seleccionaron las siguientes OSC: The A21 Campaign; Coalition to Abolish Slavery & Trafficking; Stop the Traffik: People Shouldn't be Bought or Sold; International Justice Mission: End Slavery in Our Lifetime; Polaris Project; y Free the Slaves. En conjunto cuentan con un total de cuarenta oficinas alrededor del mundo, socios globales que cubren todos los continentes y ofrecen servicios de rescate a víctimas, campañas de concientización y capacitación, entre otros.
En una primera fase, se utilizó una metodología documental, a partir del uso de informes anuales de las OSC investigadas, artículos académicos, datos e información existente en los portales oficiales de las OSC, de organismos internacionales y páginas gubernamentales. La segunda fase fue cualitativa, a fin de complementar los hallazgos de la fase inicial, mediante entrevistas semiestructuradas a directivos de OSC y expertos académicos a fin de conocer sus contribuciones y colaboraciones para lograr avances y cumplir sus objetivos referentes al delito de la trata. Se entrevistó a directivos de A21 en América Latina, así como al doctor Arun Kumar Acharya, quien ha sido profesor e investigador especializado en temas de trata de personas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en México, y actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Sambalpur en la India. Tanto en las entrevistas realizadas como en la investigación documental se buscó comprender las formas en que las OSC contribuyen a la lucha contra la trata de personas. El aporte de la presente investigación es generar una comprensión más profunda sobre la manera en que las asociaciones civiles internacionales contribuyen de manera directa tanto en el apoyo a las víctimas como en la incidencia en políticas públicas para el combate contra este delito.
MARCO TEÓRICO SOBRE LA TRATA DE PERSONAS Y SU RELACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
La trata de personas y sus modalidades
La definición con más consenso sobre la trata de personas es la elaborada por el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, que señala que es:
La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. (ONU, 2001, p. 2)
Según Maus (2020), dicha definición se compone de tres elementos principales: conductas, medios comisivos y fines. Esto quiere decir que las conductas como captar, transportar, trasladar, acoger y recibir se refieren a la fase previa a cualquiera de las formas de explotación, que pudiera llegar a materializarse y convertirse en una forma de esclavitud. Las características de las personas, como edad, género, aspecto físico, su origen, entre otros, pueden influir en la forma de explotación que enfrentarán las víctimas de trata. En ese "comercio" la persona es tratada como mercancía y se convierte en un producto objetualizado (López, 2019).
Las prácticas para capturar a las víctimas de trata de personas son diversas y, en muchas ocasiones, se recurre al engaño y el chantaje. De acuerdo con Steverson y Wooditch (2021), la trata de seres humanos involucra el traslado ilegal de personas por medio de la imposición o el engaño con fines de trabajo, explotación sexual o actividades de las que otros se benefician económicamente. La UNODC identifica tres retos principales en la aplicación de respuestas integrales a la trata de personas: la falta de conocimientos e investigación, la falta de capacidad y la falta de seguimiento y evaluación (UNODC, 2012). La trata es un problema internacional que afecta a personas de todas las edades y de ambos sexos, por lo que resulta relevante considerar las diferentes modalidades de trata a las que se ven sometidas las víctimas, ya que aunque existe una enorme cantidad de estas, hoy en día resulta complicado identificar las diversas formas de explotación (Anderson y O'Connell, 2002), pues con frecuencia los medios de comunicación y las campañas de concientización se enfocan particularmente en la trata de personas con fines de explotación sexual, lo que da como resultado la invisibilidad de otras formas de explotación (Davy, 2016). Por consiguiente, uno de los principales problemas del fenómeno consiste en que tanto el delito como las víctimas de trata de personas pasan desapercibidos (Schirrmacher, 2013). No obstante, en esta investigación se reconocen las diversas modalidades de de este delito que sufren las personas afectadas. La trata de personas puede producirse con diversos fines de explotación, aunque la mayor parte de la atención se centra, con justa razón, en sus víctimas más vulnerables, como lo son las mujeres y niñas con fines de explotación sexual, dejando a las víctimas masculinas y a otros tipos de trata comparativamente ignorados (Cockbain y Bowers, 2019). Las víctimas de la trata de personas pueden ser trasladadas tanto dentro de los países como fuera de ellos por diversos medios y con distintas finalidades, incluyendo la explotación sexual, la extracción de órganos, la servidumbre doméstica (trabajo en hogares privados), la explotación en mercados laborales lícitos e ilícitos, entre otros (2019), por lo que es necesario diferenciar entre la trata con fines de explotación sexual, la laboral, la extracción de órganos y la mendicidad forzada, en lugar de ser englobados en un solo concepto, lo que es fundamental para poder formular políticas eficaces específicas contra las diversas modalidades de trata (tabla 1). Por ejemplo, la mendicidad forzada muchas veces pasa desapercibida entre las múltiples formas de explotación, particularmente en América Latina, donde, aunque es muy visible en las calles, llega hasta el punto de su normalización y muchas veces no se percibe que las personas en ella pueden estar siendo víctimas de explotación, sobre todo los infantes, indígenas y personas con alguna discapacidad. La mendicidad con fines de explotación o mendicidad forzada corresponde aproximadamente al 1% de las víctimas detectadas en todo el mundo hasta 2020 (UNODC, 2022), sin embargo, recordemos que la cifra negra de estos delitos es muy grande y puede serlo más en este caso por la gran vulnerabilidad de las víctimas. Según los informes recopilados por la UNODC desde 2012, las víctimas obligadas a mendigar pueden ser adultos con discapacidades físicas, niños explotados por sus propios padres en relación con prácticas sociales abusivas, niños sin hogar y sin atención parental o familias en condiciones de extrema pobreza. Otro caso es el de las víctimas de trata para actividades delictivas forzosas que no suelen ser identificadas, sino procesadas como delincuentes. Por ejemplo, las víctimas de trata para trabajos forzados en cultivos de cannabis, los sicarios o halcones,1 suelen ser procesadas y encarceladas sin antes analizar las circunstancias de la persona. Así, políticas de seguridad como las relacionadas con la guerra contra las drogas, pueden estar perpetuando el problema sin saberlo (Anti-Slavery International, 2014).
La recopilación de información sobre la trata resulta complicada debido a los prejuicios que conlleva formar parte del fenómeno, ya sea como víctima o partícipe, lo que genera una población oculta, que suele implicar un comportamiento estigmatizado o de carácter ilegal, lo que lleva a los individuos a negarse a cooperar o a dar respuestas poco fiables para proteger su identidad (Heckathorn, 1997, en Tyldum y Brunovskis, 2005). Gran parte de los ámbitos que se relacionan con la trata de personas, como la prostitución, los mercados laborales y la inmigración están muy politizados, lo que agrava aún más la situación. Además, los actores clave con acceso a información relevante pueden poseer agendas políticas que inciden en la forma en que deciden utilizar la información que tienen a su disposición (Vandekerckhove, 2003, en Tyldum y Brunovskis, 2005), y un número considerable de publicaciones sobre la trata con fines de explotación sexual está condicionado por los debates políticos en torno a estos temas (Tyldum y Brunovskis, 2005).
Rubio y Guadiana (2021) añaden que México es un país de destino para migrantes procedentes de Centroamérica, muchos de los cuales tienen como objetivo llegar a Estados Unidos de América y otros desean trabajar y establecerse en México. En general, los migrantes que entran por Guatemala y Chiapas son jóvenes con pocos años de educación formal que realizan actividades económicas en condiciones precarias, a veces de forma indocumentada. Esta situación, ya sea en México, Estados Unidos de Norteamérica, o en cualquier otro país, pone a los migrantes en una condición de vulnerabilidad, ya que la migración irregular puede aumentar las posibilidades de que los jóvenes se conviertan en víctimas de la trata de personas. De acuerdo con Mario Cordero Véjar, jefe del Programa sobre Delincuencia y Drogas de la UNODC (2021), al menos el 25% de los casos de trata de personas que afectan a mujeres y niñas son de migrantes. Rubio y Guadiana (2021) añaden que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual está relacionada con los procesos migratorios, especialmente los que se llevan a cabo de forma irregular, que ponen a las mujeres jóvenes y a las niñas en una situación de riesgo importante. Muchos de los migrantes que son víctimas de la trata de personas en el camino hacia su destino, o una vez han llegado, deciden no denunciar debido al trauma que sufrieron. La falta de reconocimiento y erradicación del fenómeno origina una preocupación e iniciativa de tomar medidas en el asunto por parte del público.
La sociedad civil y su incidencia en las políticas públicas contra la trata de personas
Para Fernández (2012), la presencia de espacios civiles diferentes de las instancias políticas ha abierto la posibilidad de iniciar discusiones públicas sobre los diversos aspectos de la vida en sociedad, lo que posibilita la libre expresión de ideas y da pie a la formulación de planteamientos sociales ante instituciones, a la par de controlar y vigilar las actividades del Estado, así como participar para influir en la definición de políticas públicas y para legitimar a las autoridades cuando estas cumplen sus funciones bajo el marco de la ley. La sociedad civil tiene la posibilidad de fomentar la buena gobernanza, mediante el análisis y la defensa de políticas, así como el control de la actuación del Estado, y la acción y el comportamiento de los funcionarios públicos. Dentro de este contexto, según Rosenblum y Post (2002), la sociedad civil se describe tanto como una asociación con el gobierno, como un sustituto ante las deficiencias de este. La sociedad civil apoya la creación de capital social y la capacitación de los ciudadanos para identificar y articular sus valores, creencias, normas cívicas y prácticas democráticas. Permite, además, la movilización de grupos específicos, en particular los sectores vulnerables y marginados de la población, para que participen más plenamente en la política y los asuntos públicos, a fin de mejorar el bienestar de sus propias comunidades.
Ghaus-Pasha (2005) menciona que las características clave de la sociedad civil incluyen: la separación del Estado y del mercado; está formada por personas que tienen necesidades, intereses y valores comunes como la tolerancia, la inclusión, la cooperación y la igualdad; el desarrollo a través de un proceso fundamentalmente endógeno y autónomo que no puede controlarse fácilmente desde el exterior. En este sentido, Ghaus-Pasha (2005) define la sociedad civil como "toda la gama de grupos e instituciones organizados que son independientes del Estado, voluntarios y al menos en cierta medida, auto generadores y autosuficientes". La sociedad civil suele abarcar una diversidad de espacios, actores y estructuras institucionales, que se diferencian por su grado de formalidad, autonomía y poder. Las sociedades civiles usualmente están formadas por asociaciones como organizaciones benéficas registradas, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, grupos comunitarios, organizaciones de mujeres, organizaciones confesionales, asociaciones profesionales, sindicatos, grupos de autoayuda, movimientos sociales, asociaciones empresariales, coaliciones, grupos de defensa, entre otros. Por ello, la sociedad civil se describe como parte de la sociedad, pero no directamente del Estado, formada por diferentes organizaciones que actúan en interés del bien común (Kastrati, 2016).
El surgimiento de las OSC en los últimos años ha generado la apertura de espacios de expresión, colaboración y participación con los organismos gubernamentales, con otras OSC y con la misma sociedad en general, convirtiéndose en agentes de atención a los problemas sociales, como la trata de personas en este caso. Las OSC llevan a cabo no solo acciones directas, sino también de incidencia en las políticas públicas. Campillo et al. (2010) señalan que incidir en políticas públicas implica participar de manera organizada en la persuasión de otros actores de la esfera pública, para transformar sus percepciones, ideas, decisiones o acciones. Específicamente, en la incidencia en políticas públicas se tratan de llevar a cabo actividades confrontativas y cooperativas que involucren interacciones con el gobierno y diversas instituciones públicas. Esto, con la finalidad de crear un cambio, ya que las OSC, por sí mismas, no disponen de autoridad para decidir sobre política pública, dado que esa es facultad casi exclusiva de autoridades de gobierno. No obstante, para el logro de una incidencia significativa, las OSC proporcionan información, buscan hacer presión e incitan al público y a las personas que toman decisiones para influenciar de forma activa en la orientación, la representación, el cumplimiento y la eficacia de las políticas públicas existentes (Campillo et al., 2010). Existen diferentes formas en las que las OSC pueden llegar a incidir en la solución de los problemas públicos. Las OSC tienen la posibilidad de decidir entre ejecutar sus propios proyectos, programas o campañas con la finalidad de beneficiar a un sector o población específica con el alcance que sus medios le permiten. Por otro lado, pueden llevar a cabo acciones de incidencia e influir directamente en la política pública para que, eventualmente, las autoridades se comprometan a tomar decisiones y acciones atendiendo al problema público.
Las personas que forman parte de las OSC y realizan estos cambios sobresalientes dentro de las políticas públicas son conocidas como activistas, quienes crean redes para ejercer presión nacional y transnacional, a fin de atraer la atención al problema de su lucha en cuestión. Los activistas transnacionales se definen como "personas y grupos que están arraigados en contextos nacionales específicos, pero que se dedican a actividades políticas polémicas que los involucran en redes y contactos transnacionales" (Tarrow, 2005, p. 29). El término activismo se refiere a las actividades políticas que están basadas en un conflicto de intereses, desafían o apoyan las estructuras de poder existentes y tienen lugar, al menos en parte, fuera de las instituciones políticas formales (Piper y Uhlin, 2009). Los grupos activistas transnacionales siempre se han mostrado firmes en la defensa y promoción de normas y estándares multilaterales como protección ante los abusos de los gobiernos, buscan crear incidencia dentro de estos, y reconocimiento del problema que pretenden resolver.
Según Keck y Sikkink (2014), el origen de las redes transnacionales se encuentra en la interpelación realizada por OSC locales a redes internacionales en busca de apoyo para modificar las conductas del Estado hacia una problemática. Dichos activistas pueden buscar movilizarse desde dentro o dirigirse a las organizaciones internacionales vía internacional-organizativa, a otros Estados o regiones, vía bilateral, o a las empresas transnacionales y los acuerdos reguladores privados, vía el mercado. Sin embargo, no basta con observar los principales estratos normativos para captar todas las formas de influencia transnacional (Zajak, 2014). El apoyo transnacional de las organizaciones nacionales de la sociedad civil permite una importante vía de influencia, por un lado, el empoderamiento de los actores locales de la sociedad civil puede fortalecer su capacidad para exigir y hacer realidad sus derechos, y, por otro, la participación de los actores locales en las redes transnacionales puede impactar en los resultados locales (Zajak, 2014).
En conclusión, se puede decir que las OSC buscan fortalecer la lucha contra la trata de personas provocando incidencia en las políticas públicas por medio del activismo y de redes transnacionales. A continuación, se analiza brevemente el marco legal internacional para el combate a la trata.
MARCO LEGAL INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Aquí se presenta el marco legal existente contra de la trata de personas a nivel internacional, los organismos encargados de atender la problemática y cómo se ha intentado combatir en algunas partes del mundo. El "Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños", mejor conocido como el Protocolo contra la Trata de Personas, es la principal herramienta de referencia que utilizan los países para desarrollar sus enfoques nacionales de lucha contra este delito, configurar los marcos políticos regionales y orientar la cooperación internacional en este ámbito. En diciembre de 2000 en Palermo, Italia, se suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; de esta manera, la comunidad internacional manifestó la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción global. Entró en vigor en solo tres años, el 25 de diciembre de 2003, y en febrero de 2009 fue ratificado por 124 países, entre ellos México, el 25 de diciembre de 2003 (Annan, 2004).
Dicho Protocolo ofreció la primera definición consensuada de la trata de personas en el derecho internacional, ya que antes de la aprobación del Protocolo no existía una definición unificada de este crimen (Weissbrodt, 2002). El Protocolo ha reconocido que las víctimas transnacionales también pueden ser explotadas después de su entrada regular a un país. Por ende, el hecho de que una persona ingrese en un país de manera regular o irregular carece de importancia en lo que respecta a su condición de víctima de la trata. Normalmente, la manera de operar y capturar a las personas es mediante engaños acerca del tipo de trabajo que tendrán que hacer al migrar o de las condiciones en las que van a vivir (Weissbrodt, 2002). Sin embargo, una situación migratoria irregular los pone en mayor riesgo de ser víctimas de explotación al ser más vulnerables ante autoridades, redes de tratantes y miembros de la delincuencia organizada (Rubio y Guadiana, 2021).
El Protocolo contra la Trata de Personas estipula que los Estados parte deben cooperar con las OSC en la adopción de medidas de prevención para combatir la trata, y de medidas de asistencia y protección. En el párrafo tres del artículo nueve se pide a los Estados parte que adopten medidas para prevenir la trata de personas, y se recomienda que: "Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad con el presente artículo, incluirán cuando proceda, la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil" (ONU, 2001). De ahí la importancia de la presente investigación, para analizar el papel que han jugado las OSC en su relación con el gobierno.
Según la Unión Interparlamentaria (UIP, 2009), el protocolo contra la trata de personas complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada contenida en el artículo primero del Protocolo. Por consiguiente, el cumplimiento de las normas internacionales de lucha contra la trata exige la aplicación de ambos instrumentos jurídicos internacionales. Además, existen otros convenios internacionales adoptados a lo largo de los años que contienen disposiciones que abordan la trata de personas y, como tales, constituyen un compromiso por parte de los Estados parte para combatir esta violación de los derechos humanos. Con el Protocolo contra la Trata de Personas, estas disposiciones constituyen parte integrante del marco jurídico internacional de lucha contra la trata de seres humanos, al igual que varias declaraciones internacionales que exhortan a los Estados a comprometerse en la lucha contra este fenómeno.
El manual de la Unión Interparlamentaria (UIP, 2009) contiene un listado de aquellos convenios internacionales relevantes en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la trata, entre ellos resaltan: el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949; el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados del año 2000; el Convenio de La Haya de 1993 sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional; el Convenio sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil de 1999 (Convenio 182 de la OIT); la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (UIP, 2009, pp. 2-3).
En México, en el año de 2010, se publicó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, siendo el primer instrumento legal del país que estableció de forma detallada y precisa las diferentes estrategias y acciones para la prevención de este delito, así como las políticas y los programas para proteger y dar asistencia a las víctimas (Guadiana y Rubio, 2020), lo que estableció el marco legal para crear el Programa y el Consejo Interinstitucional contra la Trata, y los esfuerzos equivalentes a nivel estatal, y permitió asignar presupuesto, recursos humanos, técnicos y materiales a la lucha contra la trata en todo el país.
Una vez planteado el marco teórico y legal sobre la trata de personas, a continuación se analiza cómo las OSC han contribuido al combate contra la trata de personas.
HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN: APORTACIONES DE LAS OSC ESTUDIADAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Las contribuciones de las OSC en el tema de la trata de personas han impulsado su reconocimiento por parte de instituciones internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que las consideran aliadas estratégicas en la lucha contra este delito, ya que actúan como intermediarias entre los proveedores de asistencia y las comunidades vulneradas, o bien brindan servicios directos a las víctimas y realizan acciones de prevención e incidencia. Es esencial que las OSC participen plenamente en toda iniciativa gubernamental contra la trata (UIP, 2009), y es deber de los legisladores garantizar y alentar la participación de la sociedad civil no solo mediante su inclusión en las políticas de lucha contra la trata, sino también mediante la asignación de financiamiento adecuado y suficiente para lograrlo. Según el manual para parlamentarios de la lucha contra la trata de personas de la Unión Interparlamentaria (UIP), la participación de las OSC es un componente fundamental de todo enfoque integral de la lucha contra la trata de personas. Las OSC apoyan la lucha a diversos niveles y extienden una amplia diversidad de actividades, entre ellas la sensibilización: informan al público, influyen en la opinión pública; vigilancia: evalúan los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos contraídos, contribuyen a la investigación, reunión y análisis de datos; crean redes y coordinan acciones con otras OSC; prestan asistencia directa a las víctimas brindándoles apoyo médico, psicológico y jurídico; e influyen en la formulación de políticas nacionales e internacionales en materia de trata de personas (UIP, 2009, p.104).
Las OSC son consideradas colaboradoras fundamentales en todas las iniciativas de prevención, protección y enjuiciamiento. También, ayudan a los gobiernos a identificar las víctimas de la trata y ofrecen servicios directos como asistencia jurídica, atención médica y ayuda psicológica a lo largo de las actuaciones judiciales; pueden contribuir a un proceso digno de repatriación, de ser solicitado por la víctima, o a la reinserción e integración en la sociedad cuando se otorga a la víctima la condición de residente (UIP, 2009). Diversas OSC intervienen activamente en todo el mundo en la elaboración de instrumentos jurídicos y políticas internacionales, y jugaron un papel significativo durante la negociación del Protocolo contra la Trata de Personas, en particular dos grandes alianzas de organizaciones no gubernamentales, la Human Rights Caucus y la Coalition Against Trafficking in Persons (UIP, 2009), que es una de las seis organizaciones estudiadas en la presente investigación.
La UIP (2009) detalla diversas formas en las que los parlamentarios pueden y deben apoyar a optimizar el papel de las OSC en la lucha contra la trata de personas:
En este apartado se exponen las evidencias y aportaciones directas e indirectas que cada una de las seis organizaciones analizadas han realizado para combatir la trata de personas. Se realiza una recapitulación de los conceptos relevantes presentados en el marco teórico y se hace un análisis de sus acciones. Además, se comparten las opiniones de los directivos de las OSC y expertos que aceptaron la invitación a las entrevistas. Enseguida, se presentan las seis OSC analizadas en la investigación que, por medio del activismo nacional y transnacional, han tenido como objetivo asistir a las víctimas de la trata de personas y frenar el fenómeno de múltiples formas.
The A21 Campaign2
A21 es una organización internacional que tiene como objetivo "abolir la esclavitud en todas partes, para siempre", a través de la concientización educativa y la prevención, la protección de las víctimas y la persecución de los tratantes. La organización tiene oficinas en diferentes lugares del mundo como Australia, Bulgaria, Camboya, Dinamarca, España, Estados Unidos, Grecia, México, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Tailandia y Ucrania. Como parte de los movimientos de concientización que realiza A21 se encuentra "Walk for freedom" ("Marcha por la Libertad"), que es considerada una expresión externa, una campaña mundial de recaudación de fondos y sensibilización del deseo interno de A21 de liberar a todas las personas esclavizadas en el mundo. En el año 2021, el movimiento llegó a 257'719.533 personas en 71 países. En la entrevista con uno de los directivos de A21, comentó que en 2023 hubo alrededor de 114 caminatas en Latinoamérica (comunicación personal, abril 2023).
Durante 2021, la organización tuvo varios logros destacables que incidieron en la lucha contra la trata. Por mencionar algunos, en colaboración con las fuerzas de seguridad, el equipo de A21 en Ucrania llevó a cabo la mayor operación de su historia, liberando a 130 víctimas de la trata, personas que antes eran explotadas y ahora viven en libertad. Además, se identificaron y asistieron a 587 víctimas, lo que representa casi el 25% del total de víctimas asistidas en la historia de A21. Esto fue el resultado de una mayor concientización pública, llamadas de denuncia a líneas directas, formación profesional y ampliación de las asociaciones locales y mundiales. Se asistió a 390 sobrevivientes en total durante el año, incluidos 42 menores. Los equipos de cuidados posteriores observaron que menos sobrevivientes abandonaron la atención prematuramente, lo que significa que más sobrevivientes se graduaron del programa de atención a víctimas de A21 o realizaron la transición una vez que estaban listos.
Un directivo de A21 entrevistado para la presente investigación señaló que como población también tienen ciertas responsabilidades y obligaciones:
El tema de trata de personas no es una problemática únicamente del gobierno, de nuestro país o países de forma singular. En A21 creemos que la trata de seres humanos es un problema que debe ser atacado como sociedad porque entre más personas estén capacitadas, más fácil será identificar este tema, prevenir y sancionar. (Comunicación personal, 11 de abril de 2023)
Además, el directivo de A21 señaló que si trabajamos en equipo estamos creando un grupo de presión en contra de la trata que produce mucha más fuerza en contra del problema. Por su parte, el coordinador del Equipo de Recaudación de Fondos de A21 que también fue entrevistado, señaló: "Las OSC como A21 tienen un impacto significativo en la lucha contra la trata de seres humanos por su capacidad para sensibilizar, abogar por el cambio de políticas, prestar servicios de apoyo a las víctimas y promover los esfuerzos de prevención" (comunicación personal, 11 de marzo de 2023).
Agregó que el trabajo de las OSC es esencial en la lucha contra este crimen atroz y es fundamental para construir un mundo más seguro y justo para todos, ya que trabajan para prevenir la trata de seres humanos abordando las causas profundas,
… mediante la educación a las comunidades sobre los peligros de la trata de personas y proporcionar formación y recursos a las poblaciones vulnerables y abogando eficazmente por el cambio de las políticas locales, nacionales e internacionales, impulsar leyes y políticas más estrictas que tipifiquen como delito la trata de seres humanos, protejan a las víctimas y eviten en primer lugar que este delito se produzca. También prestan servicios de apoyo fundamentales a las víctimas de la trata, incluido el asesoramiento jurídico y atención sanitaria, además de proporcionar un espacio seguro para que las víctimas accedan a estos servicios, ayudando a los supervivientes a reconstruir sus vidas y recuperar su independencia. (Comunicación personal, 11 de marzo de 2023)
Un representante de A21 internacional entrevistado señaló que los principales retos en el combate contra la trata es la vulnerabilidad de las personas, la explotación y la revictimización que sufren al ser rescatadas o juzgadas (comunicación personal, 11 de marzo de 2023), por lo que propone crear una estrategia de tres pasos para combatir la trata de personas en todo el mundo:
El primer paso es la "prevención", que consiste en educar y equipar a todos para que comprendan, identifiquen y reduzcan el riesgo de trata de seres humanos mediante planes de estudios, programas preventivos y campañas de sensibilización; el segundo paso es el "rescate" que trata sobre colaborar con las autoridades para garantizar la libertad de las víctimas y la condena de los tratantes de seres humanos mediante programas como líneas directas de denuncia, centros de defensa del menor, identificación de casos y apoyo jurídico; y el tercer paso es la "restauración" que se basa en capacitar a los sobrevivientes de la trata en su viaje hacia la restauración y la independencia a través de programas como el cuidado posterior integral, alojamiento seguro y servicios de reubicación. (Comunicación personal, 11 de marzo de 2023)
El directivo de A21 entrevistado mencionó obstáculos dentro de los sectores privado, público y de la sociedad en general. Primero, señaló que en el sector privado los retos se relacionan con las oportunidades, los contactos y los tiempos que disponen en las empresas, los cuales son muy reducidos. Agregó que tal vez se han cerrado puertas u oportunidades por temas de tiempos o de contactos, pero, en la mayoría de los casos, cuando es posible la colaboración esta ha sido muy benéfica (comunicación personal, 11 de abril de 2023). Segundo, acerca del sector público comentó que, por ejemplo, en México se encubre mucho a los tratantes e incluso se tienen tratos con los mismos criminales y se tropieza mucho al dar seguimiento a casos en proceso. Tercero y último, sobre la sociedad en sí, el directivo de A21 señaló que la falta de conocimiento y la normalización del tema es uno de los retos más grandes debido a que está demasiado arraigado en la sociedad y se minimiza o es ignorado por completo, por lo que es necesario concientizar a las personas. Por ello, el directivo añadió que la colaboración es la que hace que realmente ocurran los cambios: "Para A21 Latinoamérica la colaboración es indispensable, la colaboración entre el Estado, el sector público, la ciudadanía y todos, es indispensable" (comunicación personal, 11 de abril del 2023), para que exista una comprensión colectiva y se ataque desde todos los ámbitos, desde el privado, el público y la sociedad en general. Cada uno tiene la oportunidad de contribuir a la solución y hacer cada vez más rápido y fácil el combate a la trata de personas.
Coalition to Abolish Slavery & Trafficking (CAST)3
CAST es una organización que, durante dos décadas, se ha dedicado a apoyar a miles de sobrevivientes de la trata de personas en su camino hacia la libertad, brindando asesoramiento jurídico, apoyo a vivienda, educación y formación en liderazgo. Esta organización aborda la problemática de la trata desde un enfoque de derechos humanos y reconoce los problemas sistémicos que hacen a personas vulnerables a la trata de personas y que las mantienen así incluso después de escapar de sus tratantes.
CAST dispone de diversas herramientas, campañas y programas que han incidido de manera significativa en la lucha contra la trata de seres humanos. Por ejemplo, creó el Grupo de trabajo contra la esclavitud y la trata de Los Ángeles, California, el primer grupo de trabajo contra la trata de Estados Unidos, que finalmente se convirtió en el Grupo de trabajo contra la trata de personas del área metropolitana de Los Ángeles en la actualidad. Desde entonces, su liderazgo en el grupo de trabajo metropolitano se ha ampliado a una asociación multiinstitucional de todo el condado encabezada por CAST y el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles. CAST también ha actuado como copatrocinador de leyes estatales y apoya las iniciativas de creación de leyes a favor del apoyo a víctimas de la trata. Por mencionar algunas como: la Ley de ayuda a los supervivientes de la trata de 2022; la Ley de transparencia en las cadenas de suministro de California; la Ley de ayuda a los sobrevivientes de la trata y la Ley de calles más seguras para todos.
Stop the Traffik (STT)4
Stop the Traffik (STT) es una campaña internacional que pretende poner fin a la trata de personas en todo el mundo por medio de diversas herramientas tecnológicas creando alianzas con múltiples organizaciones globales. A lo largo de los años, esta campaña ha logrado grandes avances y aportaciones para el combate de la trata de personas. Por ejemplo, en 2015, STT se unió con IBM para proporcionar asistencia técnica y financiación para el desarrollo de la aplicación STOP, que funciona como un método de denuncias anónimas, para que cualquiera que conozca, haya visto o incluso haya oído hablar de una situación que se considere trata de seres humanos, pueda hacer una denuncia sobre la situación en un espacio seguro.
Los analistas de STT transforman los datos brutos en información útil y se plasman en informes visualizados, informativos y fáciles de digerir, que luego se comparten con las autoridades, organizaciones, comunidades y particulares pertinentes para permitir una respuesta informada y específica con el fin de prevenir y combatir la trata de seres humanos. En el año 2017, STT e IBM crearon el primer centro mundial de datos para facilitar el intercambio de información sobre la trata de seres humanos en todas las industrias y sectores conocido como Traffik Analysis Hub, que se convirtió en una base de datos mundial sobre la trata de personas que contiene más de un millón de incidentes registrados y han construido un mapa mundial interactivo de los focos de trata de personas, lo que permite tener un mapeo, conocer las rutas usualmente tomadas por tratantes e interceptar sus trayectos.
International Justice Mission (IJM): End Slavery in Our Lifetime5
International Justice Mission (IJM), al igual que STT, es una organización internacional, con oficinas en Camboya, República Dominicana, Ghana, Sur de Asia, Myanmar, Filipinas, Rumania, Tailandia, Países Bajos, Alemania y Reino Unido. Se dedica a combatir la trata y apoyar a las víctimas del delito. Uno de los proyectos más reconocidos de la IJM es el Proyecto Linterna, el cual duró cinco años y se llevó a cabo en Cebú, Filipinas. Su finalidad era demostrar la eficacia de una estrategia basada en la aplicación de la ley para reducir la incidencia de la trata y la explotación sexual comercial de menores en la zona metropolitana de Cebú. De manera eficaz, el proyecto logró contribuir a mejorar significativamente las operaciones policiales, los servicios a las víctimas rescatadas y el enjuiciamiento de los delincuentes, así como a un sistema de justicia pública cada vez más capaz y movilizado para tomar medidas enérgicas y disuadir a los tratantes con fines de explotación sexual.
Durante el proyecto, la intención de IJM también era mejorar el sistema público de justicia de Filipinas mediante diversas actividades. Por ejemplo, impartiendo formación a fiscales, jueces y personal de los tribunales, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el Departamento de Trabajo y Empleo, el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, proveedores privados de servicios de postratamiento, gobiernos locales y organizaciones comunitarias sobre las leyes, reglamentos y mejores prácticas aplicables. Lo anterior, redactando y difundiendo manuales de mejores prácticas, guías, planes de formación y otros materiales de referencia para garantizar que las partes interesadas dispongan de información precisa y accesible con la cual equipar a su propio personal para las actividades de lucha contra la trata, y movilizando a los defensores individuales y organizacionales de la lucha contra la trata de personas para que presionen a los funcionarios del sistema público de justicia a fin de que adopten medidas concretas para mejorar la lucha contra la trata de personas.
IJM también ayudó al Departamento de Asistencia Social y Desarrollo, y a otros proveedores de servicios de postratamiento a garantizar que todas las víctimas rescatadas en Filipinas recibieran refugio, atención médica, asesoramiento, reintegración y servicios jurídicos. Hoy en día, el Proyecto Linterna está invirtiendo en varios refugios y proveedores de servicios privados de asistencia poshospitalaria. El proyecto está buscando ceder progresivamente cada vez más responsabilidad y liderazgo a aquellos grupos comunitarios que se hayan distinguido sobre el terreno y hayan demostrado el mayor potencial para dirigir con el ejemplo el desarrollo y la puesta en práctica de normas exigentes. Por ejemplo, en el ámbito de la asistencia jurídica, donde el proyecto considera la posibilidad de invertir más en grupos de la sociedad civil, como el Children's Legal Bureau, que han demostrado un alto nivel de exigencia y compromiso, y podrían asumir un papel cada vez más importante en los próximos años en la creación y la asistencia en la tramitación de causas judiciales para las víctimas de la trata con fines de explotación sexual.
Polaris Project (PP)6
La organización Polaris Project (PP) tiene un acercamiento a la trata de personas de manera más técnica. Desde 2007, Polaris creó la línea nacional de trata de seres humanos de Estados Unidos, a la que se ha accedido casi 330 mil veces y ha dado lugar a casi 74 mil denuncias de trata de personas. De esta forma, Polaris opera la línea que ofrece apoyo 24 horas al día, siete días a la semana, y una variedad de opciones para que las víctimas de la trata se pongan en contacto con ayuda y se mantengan a salvo. A través de una red de casi cuatro mil proveedores de servicios asociados, los defensores formados de la línea directa reciben información de los miembros de la comunidad sobre posibles casos de trata de seres humanos y ayudan a los afectados a formular planes para que puedan abandonar su situación de forma segura u obtener la ayuda que necesitan para reconstruir sus vidas. Dentro de la línea de ayuda contra la trata de personas se pueden comunicar por teléfono en más de 200 idiomas, así como por mensaje de texto, web chat, correo electrónico y formulario web en inglés y español. Dicha línea es reconocida como la mayor base de datos conocida sobre trata de seres humanos en Norteamérica.
El equipo de investigación de Polaris ha analizado los datos obtenidos y desarrolló un sistema de clasificación que identifica los distintos tipos de trata de personas en Estados Unidos. Adicionalmente, Polaris abrió una sede en Japón conocida como Polaris Project Japan (PPJ), ubicada en Tokio, para luchar contra la trata de seres humanos y la explotación sexual comercial de menores. El PPJ sigue siendo la única organización de Japón dedicada exclusivamente a combatir todas las formas de trata de seres humanos y a dar voz a sus víctimas. Se considera por muchos en el sector gubernamental y de servicios sociales como el principal experto en trata de seres humanos en Japón. La oficina de Japón lleva a cabo actividades directas de divulgación del tema e identificación de víctimas, les presta servicios sociales, gestiona una línea telefónica nacional de ayuda, aboga por una mejora de la legislación contra la trata y participa en iniciativas locales y nacionales de base para concienciar sobre la trata de seres humanos.
Free the Slaves (FTS)7
Free the Slaves (FTS) se enfoca principalmente en reforzar la capacidad de acción de las organizaciones de base, los organismos gubernamentales, las coaliciones de defensa y los medios de comunicación. Busca apoyar a las comunidades vulnerables mediante la educación, la movilización y el aumento del acceso a la educación, la formación profesional y los servicios esenciales. FTS logró liberar a más de doscientas personas que eran víctimas de esclavitud en Ghana y Haití, además de liberar a niños de la explotación laboral pesquera y la servidumbre doméstica, brindándoles apoyo para reinsertarse en la sociedad.
Así mismo, proporcionaron ayuda a más de mil personas en la India durante la pandemia del covid-19, ya que, debido a la desesperación por alimentos y servicios básicos, las familias se volvían personas vulnerables a los tratantes de seres humanos. La organización logró ampliar su presencia en siete regiones alrededor del mundo y ha contribuido a extender la formación y asistencia técnica de FTS a organizaciones de base en nuevas regiones. Gracias a su incidencia legislativa, FTS representa a la sociedad civil en la Alianza 8.7, que trabaja sobre el Objetivo 8.7 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible: "Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas"8. Para finalizar, debido al reconocimiento internacional que FTS tiene, convocó a 325 organizaciones contra la esclavitud, sobrevivientes, organismos gubernamentales y activistas a través de foros regionales. Su programa ampliado de foros "Freedom from Slavery" garantiza que las voces locales y regionales informen el debate mundial.
Una vez expuestos los casos anteriores, en la tabla 2 se propone una tipología de acciones realizadas por las OSC las cuales se pueden dividir en dos categorías. La primera trata sobre acciones directas que consisten en obras de apoyo inmediato hacia las víctimas o de instrucción y formación al público en general. Por otro lado, están las acciones de incidencia en política pública, las cuales están relacionadas con el cambio o influencia que pueden llegar a alcanzar dentro del ámbito legal o político. La acción indirecta sobre la colaboración con organismos internacionales se puede ejemplificar con lo que hace Free the Slaves (FTS), que se enfocó en ayudar a crear y codirigir la "Alianza para Acabar con la Esclavitud y la Trata de Personas", una coalición de otras 15 organizaciones estadounidenses líderes en la lucha contra la trata de personas. Por otro lado, respecto a la incidencia legislativa, Polaris Project (PP) la manifiesta al trabajar para promover políticas estatales y federales contra la trata de personas que protejan a las víctimas y exijan responsabilidades a los tratantes.
El trabajo de Polaris Project (PP) ha contribuido a lograr la aprobación de legislación federal clave y de leyes contra la trata en decenas de estados, creando el marco jurídico a largo plazo necesario para erradicar la trata de seres humanos. El programa de políticas de PP rastrea, redacta y analiza legislación, modelos de leyes y directrices; ofrece y presenta testimonios, involucra al público a través de la defensa de políticas y la divulgación a nivel de base. Asimismo, International Justice Mission (IJM), por medio del Proyecto Linterna, ha contribuido a reforzar el sistema de aplicación de la Ley contra la trata RA 9208 de Filipinas, principalmente mediante la creación y el desarrollo del "Grupo operativo regional contra la trata de seres humanos", una unidad de la policía cada vez más independiente, comprometida y eficaz dedicada a combatir la trata de personas con fines de explotación sexual.
De la misma manera, con respecto a la incidencia legislativa, Stop the Traffik (STT) trabajó en el proceso de cambio de política en torno a la transparencia de la cadena de suministro que condujo a una enmienda al proyecto de ley original y a la inclusión de la sección 54 en la Ley de esclavitud moderna del Reino Unido del año 2015. En cuanto a las acciones directas de las OSC, son diversos los actos realizados. Por ejemplo, CAST lanzó en 2020 el "Programa de realojamiento inmediato" que consiste en brindarle apoyo a los sobrevivientes de la trata que están listos para mudarse a un hogar permanente con ayuda para el alquiler de vivienda y la gestión de casos. Además, CAST creó una red nacional de supervivientes, una coalición de víctimas de la trata de seres humanos de Estados Unidos y del extranjero, en la cual buscan desarrollar, equipar y capacitar a los sobrevivientes que se dedican a la defensa, la educación, la tutoría entre pares, la prevención y el trabajo político. La red también educa y proporciona asistencia técnica a otras organizaciones sobre cómo comprometerse de manera significativa con los líderes de sobrevivientes, con el fin de construir un movimiento contra la trata dirigido por ellos mismos. Por otra parte, la organización A21 de América Latina se asoció con el Consejo Ciudadano y la Secretaría de Seguridad Pública de México para llevar a cabo una campaña de capacitación a 4.400 agentes de policía, personal de hospitales, diplomáticos de embajadas, entre otros servidores de primera línea sobre cómo identificar y denunciar actividades sospechosas relacionadas con la trata de personas.
Con respecto a la relevancia de la incidencia de las OSC, el doctor Arum Kumar, académico especialista en materia de trata de personas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, y de la Universidad Sambalpur en la India, mencionó que las OSC tienen un impacto significativo en la lucha contra la trata, ya que juegan un papel fundamental para la implementación de las políticas que el gobierno diseña (comunicación personal, 25 de abril de 2023). Es decir, el gobierno hace la política, los investigadores hacen esas recomendaciones y la sociedad civil exige las implementaciones. Sin embargo, Kumar agregó que cuando se habla de la trata de personas a nivel nacional o internacional, se necesitan cuatro pilares cruciales para el combate del delito:
Uno es el gobierno que genera las políticas públicas, las leyes y los instrumentos que diseña; el segundo los académicos que realizan las investigaciones, que dan "inputs" o la recomendación al gobierno; el tercero es la sociedad civil u organismos de la misma ya sean nacionales o internacionales, que hacen la implementación de esos instrumentos y también averiguan hasta qué punto son efectivos, qué está funcionando bien o no; el cuarto pilar es el público en general. Esos cuatro pilares deben de trabajar conjuntamente, siendo primordial que las OSC colaboren con los otros tres pilares. (Comunicación personal, 25 de abril de 2023)
Arum Kumar añadió que uno de los principales obstáculos dentro de la lucha contra la trata no es que se complique la colaboración entre los cuatro pilares, sino la falta de una agenda concreta que ponga a todos en sintonía con el problema. Para Kumar, debe de haber una conexión, comunicación y perspectiva unánime. No se trata de que cada uno tenga su manera de interpretar la trata de personas, el gobierno no debe hablar sobre algo diferente a lo que los académicos dicen o la sociedad civil, ni los académicos ni el público deben difundir mensajes diferentes. Entonces, Kumar sugiere juntar, sea de manera internacional o nacional, a todos los pilares y hacer que hablen en el mismo tono sobre el mismo tema. Sin embargo, sin abarcar todo al mismo tiempo, ya que se deben priorizar las necesidades de las víctimas de la trata y la vulnerabilidad en la que viven. Kumar sugiere crear una agenda a corto y a largo plazo, para definir los objetivos y cumplirlos con el tiempo en colaboración con todos los pilares y agentes importantes. Hay organizaciones, instituciones y diferentes organismos que se enfocan en la explotación de los niños y otras que se enfocan en la explotación de las mujeres, hay que priorizar por partes y en tiempos realistas (comunicación personal, 25 de abril de 2023).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Existe un marco legal internacional y subnacional contra la trata de personas, no obstante, parece ser insuficiente dado el crecimiento del delito a nivel internacional, por lo que resulta esencial la participación de las OSC en su combate, para colaborar con las diversas autoridades y organismos que tienen la facultad legal de combatirlo. Los gobiernos, las OSC, la academia y la ciudadanía en general deben trabajar en conjunto para establecer un frente sólido contra la trata de personas. De esta forma se podrá crear una cooperación transnacional verdaderamente efectiva, ya que con el intercambio de datos e información relevante entre estos actores se obtendrán cifras más precisas y diagnósticos acertados sobre la manera en que se comete este delito, sus modalidades, estrategias de captación y operación, lo que permitirá prevenirlo, rescatar más víctimas y reintegrarlas a la sociedad.
Como señalan los teóricos de la sociedad civil analizados en el presente trabajo, tales como Fernández (2012), Rosenblum y Post (2002), las OSC son relevantes en nuestra sociedad no solo para confrontar al gobierno, sino para apoyarlo y, en este caso, han tenido un gran impacto al realizar acciones directas para prevenir la trata de personas alrededor del mundo, mediante campañas de concientización al público en general, trabajando de la mano con las autoridades, o de manera independiente para visibilizar y analizar el delito, recibir reportes de casos de trata, apoyar a las víctimas con terapias psicológicas y asesoramiento legal, así como brindarles refugio temporal y ayudarles a reinsertarse en la sociedad. Además, como señalan Keck y Sikkink (2014), las OSC internacionales pueden influir en las conductas del Estado hacia una problemática y generar, como indican Campillo et al. (2010), acciones de incidencia en políticas públicas. Las acciones de incidencia realizadas por las OSC, encontradas en la presente investigación, son el copatrocinio de leyes, la revisión y el apoyo a la creación y modificación de leyes, participación en consejos y comités gubernamentales contra la trata y participación en reuniones intergubernamentales e interinstitucionales, así como en foros regionales e internacionales, visibilizando el problema y manteniéndolo en la agenda global. Las OSC han sido torales para que gobiernos que no estaban actuando en contra de la trata de personas lo hagan, al visibilizar el problema, subirlo a la agenda pública y obligar al gobierno a tomar acciones, formando consejos interinstitucionales, diseñando programas para la prevención y el combate a la trata, asignar recursos humanos, financieros y materiales contra el delito, así como realizar operativos para el rescate y la atención de las víctimas.
Así, las OSC han sido vitales para incidir directa e indirectamente en el combate contra este delito y su participación debe visibilizarse y apoyarse para que tenga un impacto cada vez mayor, sobre todo en América Latina, donde existe una gran debilidad institucional y, en ocasiones, no se previene ni combate el delito desde el gobierno. Entre los retos de las OSC se encuentran que estas se sustentan usualmente de donativos, por lo que en algunas ocasiones su buena labor se ve limitada por la falta de recursos, lo que hace necesario el apoyo del presupuesto gubernamental y mejores esquemas de deducibilidad de los donativos de la iniciativa privada. Por otro lado, las leyes deben ser actualizadas y adaptadas a la realidad local, ya que, aunque la trata es un delito de alcance global, se perpetra a nivel local. El crimen deberá de ser castigado con condenas más severas, dependiendo del agravio provocado a las víctimas y el número de estas, así como la reincidencia del delito. Con respecto a las OSC de carácter internacional, es necesario que sean incorporadas en las asambleas y los consejos interinstitucionales como participantes activos y no únicamente como entidades consultivas. Por otro lado, cada Gobierno nacional y subnacional debe contar una fiscalía dedicada especialmente a la trata de personas, ya que, para su combate, es crucial discernir las diversas formas de la explotación sobre todo por la participación en la mayoría de los casos del crimen organizado, que ha crecido en las últimas décadas en la mayoría de los países de América Latina. Las víctimas rescatadas de la trata de personas deberían ser absueltas de cualquier infracción que hayan cometido en su condición de víctimas, por ejemplo, la prostitución, la condición de migrante irregular o la participación contra su voluntad en conflictos bélicos o delitos de delincuencia organizada, ya que muchas de ellas fueron obligadas y sometidas a tortura o engaños para realizar tales actos.
En relación con el conocimiento y concientización de la problemática, el gobierno, en conjunto con las OSC, deberán impartir talleres sobre la trata de personas en escuelas y empresas clave como las del sector turístico, para conocer cómo prevenirla, así como conocer las líneas de atención y denuncia, ya que es necesario que se reconozca la magnitud del problema, se originen acciones de prevención, se fomente la empatía con las personas que sufren a causa del delito y se dé prioridad al tema en la sociedad en general y a nivel gubernamental.
NOTAS
1 En México, los llamados "halcones" son generalmente jóvenes que tienen como función avisar a miembros de la delincuencia organizada sobre la presencia de las fuerzas armadas, policiales o de grupos delictivos rivales en su territorio a fin de reaccionar de manera anticipada.
2 Para mayor información ver A21 (s. f.).
3 Para mayor información ver Coalition to Abolish Slavery & Trafficking (CAST) (s. f.).
4 Para mayor información ver Stop the Traffik (s. f.).
5 Para mayor información ver International Justice Mission (IJM) (s. f.).
6 Para mayor información ver Polaris Project (s. f.).
7 Para mayor información ver Free the Slaves (s. f.).
8 Para mayor información ver Alliance 8.7 (s. f.).
REFERENCIAS
A21 (s. f.). Abolishing injustice in the 21st century. https://www.a21.org/
Alliance 8.7. (s. f.). Home. https://www.alliance87.org/es
Anderson, B. y & O'Connell, J. (2002). Trafficking- a demand-led problem? A multi-country pilot study. Save the Children. https://documentation.lastradainternational.org/
Annan, K. (2004). Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. https://www.unodc.org/documents/treaties/
Anti-Slavery International. (2014). Trafficking for forced criminal activities and begging in Europe. Exploratory Study and Good Practice Examples. https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/trafficking_for_forced_criminal_activities_and_begging_in_europe.pdfhttps://www.antislavery.org/wpcontent/uploads/2017/01/trafficking_for_forced_criminal_activities_and_begging_in_europe.pdf
Campana, P. (2022). Online and technology-facilitated trafficking in human beings: Full report. Council of Europe. https://rm.coe.int/online-and-technology-facilitated-trafficking-in-human-beings-full-rep/1680a73e49
Campillo, B., Cruickshank, S., Morales, G. y Tapia, M. (2010). Manual de incidencia en políticas públicas. Alternativas y Capacidades A.C. https://alternativasycapacidades.org/wp-content/uploads/2019/04/Manual-Incidencia-en-Politicas-Publicas.pdf
Coalition to Abolish Slavery & Trafficking (CAST) (s. f.). Ending human trafficking one life at a time. https://www.castla.org/
Coalition to Abolish Slavery & Trafficking (CAST) (s. f.). Home. https://www.castla.org/
Cockbain, E. y Bowers, K. (2019). Human trafficking for sex, labor and domestic servitude: How do key trafficking types compare and what are their predictors? Crime, Law Social Change, 72(4), 9-34. https://doi.org/10.1007/s10611-019-09836-7
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). (2019). Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2019. CNDH. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-PDF
Davy, D. (2016). Anti-human trafficking interventions: How do we know if they are working? American Journal of Evaluation, 37(4), 486-504. https://doi.org/10.1177/1098214016630615
Fernández, J. (2012). El despertar de la Sociedad Civil. Océano.
Free the Slaves (FTS) (s. f.). Home. https://freetheslaves.net/
Ghaus-Pasha, A. (2005). Role of civil society organizations in governance. En Kertas Persidangan 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance. https://citeseerx.ist.psu.edu/document
Guadiana, C. y Rubio, J. (2020). Análisis de la implementación de la política pública contra la trata de personas con fines de explotación sexual en Nuevo León, México. Revista Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile, 13(1), 29-46. https://www.researchgate.net/publication/343725491
International Justice Mission (IJM) (s. f.). End slavery in our lifetime. https://www.ijm.org/
Kastrati, A. (2016). Civil society from historical to contemporary perspectives. European Journal of Multidisciplinary Studies, 1(1), 64-68. https://revistia.com/files/articles/ejms_v1_i1_16/Kastrati.pdf
Keck, M. y Sikkink, K. (2014). Transnational advocacy networks in international politics: Introduction. En Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics (pp.1-38). De Gruyer. https://doi.org/10.7591/9780801471292-002
Le, C. y Creegan, C. (2007). UPDATE: The exploitation of women and children-a comparative study of human trafficking laws between the United States-Mexico and China-Vietnam. En Hauser Global Law School Program. NYU. https://www.nyulawglobal.org/globalex/Human_Trafficking1.html
León, M. (2021). Reporte Global sobre Trata de Personas 2020. Comunicaciones UNODC. https://www.unodc.org/colombia/es/reporte-global-sobre-trata-de-personas-2020.html
López, S. (2019). Desaparición, esclavitud y trata de personas: Situación de las mujeres en México. Scielo, 26(74). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid
Maus, E. (2020) ¿Por qué no logramos erradicar la trata de personas? Revista Mexicana de Ciencias Penales, (11), 112-132. https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/02/article/view/322/169
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2001). Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Asamblea General, Resolución 55/25, Anexo II. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents
Piper, N. y Uhlin, A. (2009). New perspectives on transnational activism. En N. Piper y A. Uhlin (Eds.), Transnational activism in Asia: Problems of power and democracy (pp.1-25). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203563243
Polaris Project. (s.f.). Home. https://polarisproject.org/
Rosenblum, N. y Post, R. (Eds.). (2002). Civil society and government. Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv1ddd0qb
Rubio, J. y Guadiana, C. (2021). Irregular migration and human trafficking for the purpose of sexual exploitation: An analysis of public policy instruments for combating it in Chiapas, México. En A. Vila Freyer y L. Meza González (Eds.), Young migrants crossing borders to the north (pp. 75-90). Transnational Press London. https://www.tplondon.com/product/young-migrants-north/?mc_cid=d55e4ec2f9&mc_eid=7771b478c0
Salomón, J. (2022). Out of sight, out of mind: Latin America's struggle to tackle human trafficking. Global initiative against transnational organized crime. https://globalinitiative.net/analysis/latam-human-trafficking-ocindex/
Schirrmacher, T. (2013). Human trafficking: The return to slavery. The WEA global issues series, (12), 9-72. https://www.academia.edu//Human_Trafficking_The_Return_to_Slavery
Steverson, A. y Wooditch, A. (2021). Human trafficking. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/human-trafficking
Stop the Traffic. (s.f.). People shouldn't be bought or sold. https://www.stopthetraffik.org/
Tarrow, S. (2005). The new transnational activism. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017
The A21 Campaign. (s.f.). Home. https://www.a21.org/
Tyldum, G. y Brunovskis, A. (2005). Describing the unobserved: methodological challenges in empirical studies on human trafficking. En F. Laczko y E. Gozdziak (Eds.), Data and research on human trafficking: A global survey (pp. 17-34). Offprint of the Special Issue of International Migration. https://publications.iom.int/system/files/pdf/global_survey.pdf
Unión Inter Parlamentaria (2009). Combatiendo la trata de personas. Un manual para parlamentarios. (No. 16). https://www.refworld.org/docid/51e7ab2e4.html
United Nations Office on Drugs and Crime. (2012). Global report on trafficking in persons 2012 (United Nations publication, Sales No. E.13.IV.1). UNODC. https://www.unodc.org/documents/Trafficking_in_Persons_2012_
United Nations Office on Drugs and Crime (2014). Global report on trafficking in persons 2014. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_english.pdf.UNODC.
United Nations Office on Drugs and Crime (2018). Global report on trafficking in persons 2018 (United Nations publication, Sales No. E.19.IV.2). UNODC. https://www.unodc.org/documents-GLOTiP_2018_BOOK_
United Nations Office on Drugs and Crime (2020). Global report on trafficking in persons 2020 (United Nations publication, Sales No. E.20.IV.3). UNODC. https://www.unodc.org/documents
United Nations Office on Drugs and Crime (2021). The effect of the COV1D-19 pandemic on trafficking in persons and responses to the challenges: A global study of emerging evidence (United Nations publication: Covid and TiP report_final). UNODC. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2021/
United Nations Office on Drugs and Crime (2022). Global Report on Tracking in Persons 2022 (United Nations publication, Sales no.: E.23.IV.1). UNODC. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP_2022_web.pdf
Weissbrodt, D. (2002). La abolición de la esclavitud y sus formas contemporáneas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/slaverysp.pdf
Yin, R. K. (1994). Discovering the future of the case study. Method in evaluation research. Evaluation Practice, 15(3), 283-290. https://doi.org/10.1177/109821409401500309
Zajak, S. (2014). Pathways of transnational activism: A conceptual framework. Discussion Paper, 14(5). Max Planck Institute for the Study of Societies. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/96143/1/783130643.pdf