El "orden institucionalizado del mal: Colombia*
The "institutionalized order" of evil: Colombia
Alfonso Insuasty**
Alejandro Cometa***
* Producto derivado de la investigación Criminalidad corporativa, Colombia, que se adelanta entre grupos de investigación de la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), Medellín, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), la Universidad de San Buenaventura (USB), el Grupo de investigación y la Editorial Kavilando, todos integrantes de la Red Interuniversitaria por la paz (Redipaz).
** Magíster en Pensamiento y Cultura para América Latina (IPECAL - México). Docente-Investigador Universidad de San Buenaventura, Medellín; docente de cátedra en la Maestría en Ciencia, Tecnología e innovación (ITM). [alfonso.insuasty@gmail.com]; [https://orcid.org/0000-0003-2880-1371].
*** Candidato a Doctor en Estudios Políticos, Universidad Externado de Colombia (Colombia); magíster en Educación y Derechos Humanos, Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), Antioquia (Colombia). Docente-investigador universitario. Grupo de investigación y Editorial Kavilando. [alejandro.cometa@ipecal.edu. mx] ; [https://orcid.org/0000-0003-4472-8098].
Recibido: 20 de junio de 2024 / Modificado: 24 de septiembre de 2024/ Aceptado: 30 de septiembre de 2024
Para citar este artículo: Insuasty, A. y Cometa, A. (2024). El "orden institucionalizado" del mal: Colombia. Opera, 36, 113-132. DOI: https://doi.org/10.18601/16578651.n36.06
Resumen
En el contexto colombiano, el Estado se ha transformado en un instrumento que, en algunos casos, incluye la gestión criminal a través de prácticas y dinámicas que han permeado diversos niveles de la sociedad y las instituciones. El presente texto hace una breve introducción en perspectiva histórica para ubicar la dimensión de la situación. Luego, con base en un cúmulo de documentos oficiales y la línea investigativa adelantada por el grupo Kavilando sobre este tema, se presentan características y rutas de la génesis de este orden institucional del mal, de esta reconfiguración del Estado que incluye el orden criminal como parte de su estructura real. Este fenómeno ha instaurado un modelo de administración pública de corte corporativista, que constantemente impide y se opone a la implementación de reformas y ajustes institucionales democráticos necesarios. Estas reformas son cruciales para lograr equidad, justicia, ética en lo público, participación real, verdad y no repetición de violencias pasadas, que son condiciones fundamentales para avanzar hacia una paz participativa, transformadora, sostenible y duradera.
Palabras clave: criminalidad; empresa; Estado; despojo; violencia; multinacionales; sectores de poder; hegemonías.
Abstract
In the Colombian context, the State has, at times, transformed into an instrument that integrates criminal management through practices and dynamics permeating multiple layers of society and institutional structures. This text offers a concise historical overview to contextualize the issue's breadth. Drawing on a collection of official documents and research by the Kavilando group and REDIPAZ, it examines the origins and mechanisms underlying this institutionalized system of criminal order and the State's reconfiguration, now embedding criminal dynamics within its structure. This phenomenon has given rise to a corporatist model of public administration that obstructs and resists essential democratic reforms and institutional changes. Such reforms are vital to fostering equity, justice, ethical governance, meaningful participation, truth, and nonrecurrence of past violence-core prerequisites for progressing toward a participatory, transformative, sustainable, and enduring peace.
Keywords: Criminality; enterprise; State; dispossession; violence; multinationals; power sectors; hegemonies.
INTRODUCCIÓN
El Estado colombiano se ha transformado en un instrumento que incluye la criminalidad a través de prácticas y dinámicas que han permeado diferentes niveles de la sociedad, la institucionalidad y el modelo de administración pública de corte corporativista (Audelo, 2005).
El 15 de abril de 2024, National Security Archive (NSA), entidad fundada en 1985 como un instituto de investigación y centro de periodismo que se especializa en clasificar, ordenar y difundir un amplio cúmulo de información oficial que se libera periódicamente, gracias a la ley de libertad de información de Estados Unidos, publicó en su página web documentos oficiales que incluyen comunicaciones de alto nivel entre funcionarios de Colombia y Estados Unidos, memorandos y otros documentos que respaldan acusaciones de corrupción. Estos documentos señalan la relación del entonces candidato Julio César Turbay Ayala, presidente de Colombia entre 1978 y 1982, con el narcotráfico a través de su sobrino Aníbal Turbay Bernal, quien pertenecía a la red narcotraficante de José Manuel Parra Urrea (National Security Archive, 2024).
Además, los informes indican que Aníbal Turbay influía en la elección de los jefes de las fuerzas del orden, según varios memorandos oficiales. Los documentos también revelan la estrecha cooperación y protección que Julio César Turbay Ayala brindaba a funcionarios que facilitaban operaciones de narcotráfico. Nombrar altos cargos militares y proteger a funcionarios que favorecían estas operaciones se convirtió en un modelo de gestión pública criminal, creando un manual de operación de facto.
Uno de estos funcionarios fue Álvaro Uribe Vélez, quien sería nombrado director de la Aeronáutica Civil de Colombia el 25 de marzo de 1980. Este nombramiento, reportado por El Tiempo, fue un regalo para los narcotraficantes, permitiéndoles operar aeronaves y pistas durante los 18 meses que Uribe mantuvo el cargo. El 2 de agosto de 2004, un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos afirmó que Uribe, entonces senador y presidente de Colombia, era un amigo cercano de Pablo Escobar y colaborador del cartel de Medellín en altos niveles gubernamentales (National Security Archive, 2004).
El 25 de mayo de 2018, nuevos documentos desclasificados presentaron más pruebas de los vínculos de Álvaro Uribe, otros políticos de alto nivel y altos rangos militares con el narcotráfico. El senador Luis Guillermo Vélez Trujillo afirmó en 1993 que la familia Ochoa Vásquez había financiado la campaña de Uribe. El 31 de agosto de 2020, más documentos revelaron comunicaciones de alto nivel que seguían señalando la relación de Uribe con el narcotráfico y la conformación de grupos paramilitares (National Security Archive, 2018).
Esta historia ilustra en un largo periodo de tiempo, cómo políticos de alto nivel, presidentes, altos rangos militares, se articulaban en torno negocios ilícitos, todo bajo el conocimiento de Estados Unidos, un actor central en el constante giro pendular de la guerra en Colombia. Así mismo, da cuenta, en un lapso de tiempo extenso, de la financiación de campañas presidenciales y la forma en que se ocuparon cargos de congresistas, gobernadores y alcaldes, que facilitaron el tráfico de influencias para nombrar funcionarios facilitadores de negocios ilícitos, elementos que configuran un modelo de Estado bajo la lógica de la gestión criminal.
Curiosamente, Estados Unidos, quien aparentaba ignorar estos niveles de corrupción y criminalidad, deja entrever que gobernar con criminales sumisos a sus directrices garantiza el cumplimiento ciego de sus intereses, sin importar el caos, el impacto social y el dolor para las comunidades.
Muchos nombres que permanecen ocultos, protegidos por Estados Unidos, plantean más interrogantes frente a la "guerra contra las drogas": ¿esta en realidad es un arma conveniente para alcanzar objetivos de interés compartido entre sectores de poder real? Y si esta información circulaba y los paramilitares se financiaban entre otras del narcotráfico, entonces ¿contaban con la bendición de Estados Unidos? Parece entonces que se trata de un perverso juego, similar a como se ha utilizado el dinero del narcotráfico en otras luchas contrainsurgentes en el continente.
Este es solo un pequeño hilo de acontecimientos que nos demuestran cómo el control del Estado y, por ende, la administración de lo público, fue especializando un componente de gestión criminal, que ha transformado al Estado en una gran institución de beneficios, ascenso y sostenimiento de carteles.
No fue corto el tiempo en el que élites criminales de altísimo nivel lograron configurar la institucionalidad del Estado a sus intereses refinando una serie de normas, instituciones, redes de relación, redes de funcionarios y cargos al servicio de partidos convertidos en empresas dadas a la captura del recurso público, gestionando la garantía de la impunidad y su continuidad en el poder.
Como hipótesis tenemos que la configuración histórica del Estado colombiano ha sido moldeada por la interrelación entre la criminalidad, el empresariado y las instituciones gubernamentales, lo que ha facilitado la perpetuación de la corrupción y la impunidad, obstaculizando el desarrollo de un sistema democrático efectivo y el respeto por los derechos humanos, a favor de una pequeña élite política y económica que han tomado las decisiones esenciales del país a su favor (Pearce y Velasco, 2023), en detrimento de la equidad social, aumentando la violencia estructural, el conflicto y la violencia armada, en desmedro del medio ambiente.
Por ello nos preguntamos: ¿Cómo han influido las alianzas entre grupos criminales, sectores empresariales y el Estado en la configuración de las dinámicas de poder en Colombia, y de qué manera estas interacciones han afectado la implementación de reformas democráticas y la justicia social?
NARCO-PARAMILITARES (1997-2003), GESTORES DE ESTA RECONFIGURACIÓN
Algunos aspectos relevantes derivados de los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instancia de justicia transicional nacida del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano (2016) (JEP, 2024), los procesos de Justicia y Paz, instancia transicional nacida del proceso de desmovilización y sometimiento de los grupos paramilitares, mal llamados autodefensas (2005) (ICTJ, 2012) y los informes de la Comisión de la Verdad, instancia nacida del Acuerdo de Paz (2016) (Comisión de la Verdad, 2022) y del Centro de Memoria Histórica (2024), así como de informes alternos de la sociedad, advierten que el papel del paramilitarismo se resume en:
Colaboración con el Estado. El paramilitarismo ha mantenido una relación de colaboración con sectores del Estado colombiano, incluyendo fuerzas militares y políticos, lo que ha permitido su legalización progresiva y su accionar en contra de ideologías alternativas y de izquierda. Esta colaboración ha facilitado la consolidación de un sistema de control territorial y de recursos, en el cual el paramilitarismo ha actuado en beneficio de intereses económicos y políticos.
"El problema en Colombia es que el fenómeno paramilitar no fue solamente criminal, sino también social y político. Sus tentáculos se extendían en todas las áreas de la vida social, política y económica", explica Paul Seils, vicepresidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ - International Center for Transitional Justice). "Y eso significa que las investigaciones deberían incluir a personas de los sectores financieros y políticos, aquellos sin los que hubiera sido imposible que existieran este tipo de organizaciones" (ICTJ, 2012).
El paramilitarismo en Colombia ha sido un actor clave en el entramado de la criminalidad corporativa, colaborando estrechamente con el Estado, las empresas y otros sectores de poder para consolidar un sistema de violencia, corrupción y control territorial que beneficia a unos pocos a costa de la población y el medio ambiente. Su papel ha sido fundamental en la perpetuación de la impunidad y la injusticia en el país.
El narcotráfico y el paramilitarismo. Entrelazados y en plena coordinación con empresarios y diversas instituciones del Estado, hasta ser el Estado mismo en amplias regiones del país, han desempeñado un papel fundamental en el entramado de criminalidad corporativa en Colombia, interactuando estrechamente con el Estado, las empresas y otros actores poderosos para consolidar un sistema de violencia, corrupción y control territorial. Valencia et al. (2024) en su libro Parapolítica: historia del mayor asalto a la democracia en Colombia, describen un episodio culmen de un proceso de toma y control narco-paramilitar, la toma de control del Congreso de la República, se trató del mayor ataque a la democracia en Colombia, más devastador y significativo que el golpe militar del general Gustavo Rojas Pinilla en los años cincuenta, que los indicios de fraude en las elecciones de 1970, y que el asedio de las guerrillas a las instituciones durante los últimos sesenta años (Valencia et al., 2024). Mientras las fuerzas subversivas atacan al Estado por considerarlo ilegítimo y criminal, las organizaciones de la parapolítica lo hicieron desde dentro, tomando control del Estado y reconfigurándolo a la medida de sus auspiciadores nacionales e internacionales, y de un modelo económico impuesto.
Control territorial y despojo de tierras. Los grupos paramilitares han ejercido un control territorial significativo en diversas regiones de Colombia, utilizando la violencia y el terror para desplazar a comunidades locales y apropiarse de tierras y recursos naturales, así como ocupar y controlar alcaldías, gobernaciones, hasta llegar al Congreso y la misma Presidencia. Este despojo de tierras ha beneficiado a empresas nacionales y transnacionales que buscan expandir sus operaciones a costa de la población local, generando un entramado de complicidad entre el paramilitarismo, las empresas y el Estado.
Protección de intereses económicos. El paramilitarismo ha servido como un mecanismo de protección de intereses económicos, tanto de empresas locales como de multinacionales, que buscan asegurar sus operaciones en zonas de conflicto. A través de la violencia y la intimidación, los grupos paramilitares han garantizado la estabilidad necesaria para la explotación de recursos naturales y la expansión de proyectos empresariales, contribuyendo así a la consolidación de un modelo económico basado en la acumulación de capital a cualquier costo.
Reconfiguración cooptada del Estado. Se menciona que agentes sociales, grupos ilegales y sectores empresariales se han unido para ejercer violencia y reconfigurar el Estado a su favor. Esta alianza ha permitido la hiperacumulación de tierras, bienes, capital y poder, facilitando la consolidación de grupos de poderosos y la imposición de condiciones en los territorios.
Corrupción como práctica generalizada. La corrupción se ha convertido en una práctica común que ha permeado todos los niveles del Estado, desde lo municipal hasta lo nacional. Esta corrupción ha facilitado la conexión entre acciones estatales e intereses privados, llegando incluso a involucrar a funcionarios de alto rango en el gobierno. Casos de Ecopetrol, sector salud y educación, de los cuales salieron dineros para el pago de la nómina de los paramilitares, entre otros.
Impunidad y captura de la justicia. Se señala que la impunidad en casos de corrupción y delitos contra la administración pública ha sido una constante en el país, con procesos que no avanzan y facilitan la prescripción y el archivo de casos. Esto refleja una captura de la justicia a favor de sectores de poder que utilizan el Estado para sus intereses privados.
El Estado en Colombia, en últimas, ha sido configurado y utilizado por grupos de poder legales e ilegales para sus propios fines, lo que ha generado una situación en la que la corrupción, la violencia y la impunidad son prácticas comunes que benefician a unos pocos a expensas del bienestar y los derechos de la población en general.
Otro tema central es el control de medios de comunicación por sectores de poder empresarial que se han imbricado en esta reconfiguración del Estado y han logrado controlar los medios de comunicación masiva, lo que les permite influir en la opinión pública y perpetuar su dominio. Además, han promovido una cultura de la banalidad, la desinformación y beneficio a particulares en detrimento de la sociedad.
CRIMINALIDAD, EMPRESA Y ESTADO. LA RECONFIGURACIÓN COOPTADA DEL ESTADO
Si bien De León Beltrán (2014) utiliza los conceptos de capital social y racionalidad criminal para explicar el fenómeno de la parapolítica en Colombia, en este artículo los aplicamos para analizar cómo se configura la criminalidad corporativa. Esta criminalidad surge cuando se alinean los intereses de grupos empresariales, grupos ilegales/criminales y sectores gubernamentales o políticos. De León Beltrán denomina esta alineación como cooptación, aunque él se refiere únicamente a la convergencia entre intereses empresariales criminales y gubernamentales. Esta cooptación se facilita gracias a la gestión del denominado capital social perverso.
El capital social se entiende como la ventaja que obtiene un individuo por pertenecer a una red específica, generando beneficios según los propósitos individuales. Cuando estos propósitos son legales y morales, se llama capital social, pero si no lo son, se denomina capital social perverso. Las empresas y los grupos criminales, buscando maximizar sus beneficios, a menudo requieren apoyo institucional o político. Este apoyo se obtiene mediante la cobertura de huecos estructurales, que son lagunas en la conexión entre redes (De León Beltrán, 2014, p. 92).
La criminalidad corporativa, en primer lugar, involucra crímenes cometidos por personas con alto estatus social en sus ocupaciones (De Oliveira, 2015, p. 203). Aquí, el beneficio no es solo para el individuo, sino también para la corporación que representa. Esta criminalidad tiene varios matices, como la alianza entre empresas y grupos armados para gestionar recursos y obtener beneficios económicos, actuando bajo una racionalidad criminal que De León Beltrán (2014) denomina capital social perverso.
En Colombia, esta dinámica se refleja en casos como la financiación de grupos paramilitares por sectores económicos para asegurar el control territorial, facilitando actividades económicas y el despojo de tierras, esto sin duda asociado al narcotráfico y la creación de todo tipo de carteles. Además, sectores políticos y gubernamentales claves se integran en estas redes híbridas (lícitas e ilícitas), facilitando la creación de conexiones con instituciones estatales. Esta cooptación del Estado permite a las redes criminales alcanzar y maximizar sus objetivos, tal como lo describen Garay y Salcedo-Albarán (2012).
La criminalidad corporativa articula sectores empresariales, mafias, grupos militares, políticos y funcionarios del Estado, reordenando el territorio violentamente y reconfigurando el Estado para imponer sus condiciones y cambiar las reglas del juego. La gestión del capital social perverso es evidente cuando empresarios buscan acumular tierras y recursos a través de relaciones con funcionarios del Estado y políticos, utilizando la violencia como instrumento facilitador.
Garay y Salcedo-Albarán (2014) identifican características de la Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE): participación de individuos y grupos sociales legales e ilegales, beneficios económicos y de legitimación social, coerción y alianzas políticas, y afectación de diferentes ramas del poder público y niveles de administración. En Antioquia, especialmente en Urabá, estas prácticas ilegales modifican el régimen político, influenciando la formulación y aplicación de políticas públicas para obtener beneficios sostenidos y legitimidad social.
La promesa del desarrollo se desmorona cuando las empresas captan recursos públicos para beneficios privados, con funcionarios comprometidos y gobernadores con intereses económicos directos. Estas estrategias, aunque inmorales, se legitiman bajo el pretexto del interés nacional y el progreso. Los efectos estructurales de estas prácticas son evidentes en la afectación de instituciones democráticas y en la influencia empresarial sobre la planificación territorial.
METODOLOGíA
La metodología de este trabajo de investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo y hermenéutico, diseñado para ofrecer una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno de la parapolítica en Colombia. Este enfoque permite a los investigadores analizar no solo los discursos de los actores presentes ya sea en procesos judiciales o en medios de comunicación, sino también las narrativas históricas que han influido en la configuración del Estado y sus dinámicas de poder. A través de un análisis crítico, se examinan las interacciones entre las instituciones, los actores políticos y los grupos armados, considerando su evolución a lo largo del tiempo. La investigación se estructura en torno a tres áreas clave: las investigaciones académicas y periodísticas, los debates parlamentarios y sus repercusiones, y los procesos judiciales relacionados con la justicia transicional. Este enfoque integral no solo busca desentrañar las complejidades de la reconfiguración criminal del Estado, sino también emitir juicios éticos sobre las acciones de empresas y gobiernos, evaluando sus repercusiones en la democracia y los derechos humanos. Al combinar diversas fuentes de información y metodologías, se proporciona una visión holística que permite entender las dinámicas de poder en Colombia y su impacto en la sociedad.
En este estudio macro, del cual se deriva este avance o producto, los investigadores han optado por un enfoque cualitativo centrado en la interpretación de discursos y experiencias de los participantes, valorando las construcciones de sentido individuales y colectivas. Este modelo flexible y abierto no sigue un proceso lineal o estandarizado, sino que se adapta a lo emergente y permite una profundización en el estudio de fenómenos específicos.
Siguiendo a Weber (1999) y Gadamer (2002), el enfoque hermenéutico utilizado en el estudio se dedica a una comprensión integral de los conceptos y acontecimientos, considerando su evolución histórica y su proyección futura. Este enfoque analiza los hechos históricos en diferentes momentos, permitiendo reconstruirlos como un "todo con sentido", integrando pasado, presente y futuro. Además, examina las narrativas del pasado y su influencia en las decisiones presentes y futuras, tomando en cuenta los significados históricos que las permeaban.
Se emplea un análisis crítico y contextual, emitiendo juicios éticos sobre las acciones de empresas y gobiernos, y sus repercusiones en la democracia y los derechos humanos, partiendo del desarrollo de las sentencias del Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionó en Colombia de 2006 a 2008, y en 2021. Se tienen en cuenta los procesos adelantados en el marco de Justicia y Paz, un instrumento de justicia transicional creado en el marco del proceso de desmovilización y reintegración implementado en Colombia entre 2005 y 2014, dirigido a los grupos paramilitares y establecido bajo la Ley 975 de 2005, y los avances de la JEP, el sistema de justicia transicional creado en Colombia en 2017 como parte del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC, cuyo objetivo principal es investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes graves cometidos durante el conflicto armado. Así mismo, recoge la experiencia vivida por los investigadores en el acompañamiento y la participación de estos históricos procesos.
RESULTADOS
El fenómeno descrito está estrechamente relacionado con el modelo económico del país
La guerra y el conflicto armado en Colombia han sido utilizados por grupos armados ilegales y legales para acelerar la acumulación de tierras y recursos hacia empresas nacionales e internacionales. Estos grupos han facilitado el avance del modelo económico imperante neoliberal, el libre mercado, la globalización, generando rentas altas que alimentan el crecimiento económico y benefician a sectores específicos como la minería, la agroindustria y la ganadería.
En este ámbito de análisis, aún falta más y más verdad, este ejemplo nos da luces al respecto:
Freddy Rendón Herrera, el Alemán, dijo ante la Fiscalía que su grupo paramilitar creció en Urabá con complicidad de empresarios de la región, que los militares tenían una línea de apoyo al paramilitarismo y que el narcotráfico fue una actividad esencial en la consolidación de este poder regional, que, por supuesto, contó con el apoyo de los políticos. Quedó claro que eran cuatro pilares que sostienen al paramilitarismo y narcotráfico: Empresarios, Fuerza Pública, Narcotráfico y Políticos, en impunidad y sin avance de la fiscalía general sobre 11.127 víctimas entre asesinatos, desapariciones y desplazamientos, reportados por Justicia y Paz, al tiempo que se dejó de lado la investigación del vínculo paramilitar con acciones militares, sociales y electorales que promovieron su expansión. (Restrepo Domínguez, 2023)
Esto va en línea con el documento de sustento de la sentencia del tribunal permanente de los pueblos que sesionó en Colombia en el año 20211 y que juzgó al Estado colombiano por crímenes contra la paz, genocidio político y una alta impunidad; también condenó en su sentencia final a los sucesivos gobiernos de Estados Unidos desde 1946:
… por la exportación de la ideología criminal que avala la consideración de parte de la población como enemigo interno, el paramilitarismo, la represión de la oposición política y social, y la tortura en América Latina; y como se ha detallado en uno de los apartados de esta sentencia, por su participación decisiva en el apoyo a los gobiernos de Colombia, en concreto, en los planos político, económico y militar, para la creación y el mantenimiento del marco general de violación de los derechos humanos y en la comisión del genocidio y los crímenes que se han relatado. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2021)
A su vez, fruto del proceso llevado a cabo, los testimonios y las pruebas allegadas, se condenó a las empresas nacionales y transnacionales que hubiesen participado en las graves violaciones de derechos humanos descritas en esta sentencia. En unos casos, mediante una participación directa y activa; en otros, mediante una participación como instigadores, financiadores o cómplices; frecuentemente, beneficiándose económicamente de la existencia y de las características del conflicto armado en Colombia y de las violaciones de derechos que en ese marco se han producido, en especial de los desplazamientos forzados de población. Su incidencia es particularmente señalada en cuanto a las violaciones de los derechos laborales, específicamente de la libertad sindical; del derecho a la vida y la dignidad; de la vida de los trabajadores y de sus comunidades; y de los derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, al autogobierno y a la identidad cultural, y al desarrollo propio de los pueblos originarios y afrodescendientes (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2021)
A esta sentencia le antecede otra del mismo tribunal que sesionó también en Colombia entre los años 2006-2008. Luego de un extenso proceso de investigación, audiencias y análisis de material probatorio, el TTP emitió una condena ética y moral contra 43 empresas extranjeras por violar derechos fundamentales en Colombia, y también condenó al gobierno del presidente de Colombia de ese entonces, Álvaro Uribe. Este tribunal estaba presidido por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2008).
Las 43 empresas investigadas fueron condenadas por violaciones de derechos laborales, derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales y medioambientales, así como por vulnerar los derechos colectivos de los pueblos originarios. Además, el TPP repudió a los Estados que facilitan estas violaciones.
El gobierno colombiano fue condenado por prácticas genocidas, incluyendo matanzas, lesiones graves a la integridad física y mental, y condiciones de vida que pueden llevar a la destrucción de grupos, esto por medio de la alianza narco-paramilitar en articulación con el Estado y empresas como quedó claro. El dictamen también condenó al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial (BM) y a la Organización Mundial del Comercio (OMC) por promover políticas neoliberales y por facilitar la "invisibilización jurídica" de las multinacionales, dificultando exigirles responsabilidades legales internacionales (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2008)
Esta afirmación que retomamos por la relevancia de este tribunal internacional de carácter ético, derivado del llamado Tribunal Russel, se ratifica en los procesos de Justicia y Paz y en los resultados que van emergiendo del proceso que adelanta la JEP, se ratifica incluso con la sentencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) (2023) frente al exterminio del partido Unión Patriótica y el reconocimiento como sujetos de reparación colectiva, como una deuda histórica, a sindicatos (Portafolio 2023), el movimiento cívico del oriente antioqueño, a la central nacional de vivienda Cenaprov, entre otras.
Al tiempo, podemos sumar y relacionar estos casos en rastreo de prensa que, en línea, corroboran lo argumentado:
Chiquita Brands admitió haber entregado $1,7 millones de dólares a las AUC entre 1997 y 2004, y permitir el transporte de armas para las AUC. Fue condenada a pagar $38 millones a las familias de las víctimas (Colombia Informa, 2024).
British Petroleum (BP) reconoció haber financiado a la XVI Brigada del Ejército, alegando que era legal en ese momento. Empresas palmeras fomentaron el paramilitarismo para proteger sus propiedades y operaciones, varios fallos y procesos lo corroboran (Canal1, 2013); respecto a Ecopetrol, Salvatore Mancuso, un exlíder paramilitar, afirmó que la empresa pagaba a las AUC un porcentaje de sus contratos e incluso promovió homicidios (Naranjo, 2024); Alias HH, un exjefe paramilitar, confesó que Postobón entregaba bebidas y dinero a los paramilitares a cambio de seguridad (Aristizábal, 2024); la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) integró la estructura del Bloque Catatumbo, utilizando su poder económico para cumplir objetivos criminales. Entre 1994 y 1998, Vicente y Carlos Castaño Gil, exjefes máximos de las AUC, junto con el Fondo Ganadero de Córdoba, despojaron y sacaron de sus tierras a 130 familias campesinas de más de 105 predios de la región de Tulapas (JEP, 2021); Drummond, empresa carbonífera, fue acusada de financiar al Bloque Norte de las AUC y estuvo involucrada en el asesinato de líderes sindicales (W Radio, 2023).
El modelo económico neoliberal en Colombia, de apertura económica y globalizado, ha privilegiado la inversión y los intereses extranjeros, facilitando la acumulación de capital a través de la explotación de recursos naturales como la minería, la energía y la agroindustria. Este enfoque extractivista ha sido impulsado por élites locales que han colaborado con intereses extranjeros, generando un entramado de acciones que benefician a sectores empresariales nacionales e internacionales.
La corrupción y el despojo de recursos públicos ha sido una constante ya naturalizada. La corrupción generalizada y la impunidad en Colombia han permitido que sectores de poder se aprovechen de los recursos públicos de manera indebida, desviando fondos y beneficios para intereses particulares en lugar de invertir en el bienestar de la población. Esta relación entre corrupción, despojo de recursos y modelo económico extractivista refleja cómo la captura del Estado por parte de grupos criminales afecta directamente la distribución equitativa de la riqueza y el desarrollo sostenible del país.
La relación entre el fenómeno de criminalidad corporativa en el Estado colombiano y el modelo económico del país es un eje de investigación y de construcción de verdad aún pendiente y que emerge como un necesidad sentida para transitar hacia condiciones de paz territorial con transformaciones esenciales. La JEP, en el desarrollo del Macrocaso 08, aún hoy investiga cómo algunos empresarios habrían financiado o colaborado con grupos paramilitares, facilitando el despojo de tierras, el desplazamiento forzado y la violencia contra comunidades rurales y campesinas, buscando esclarecer la responsabilidad de sectores privados que, en su búsqueda de control territorial o económico, habrían contribuido a graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado en beneficio propio; vale decir que este macrocaso recibe declarantes voluntarios.
La impunidad como sello
En el entramado de criminalidad corporativa en Colombia, la justicia y la Fiscalía General de la Nación han desempeñado roles cruciales que han impactado significativamente en la perpetuación de la corrupción, la impunidad y la captura del Estado por parte de grupos de poder. A continuación, se abordan algunos aspectos relevantes.
La Fiscalía General de la Nación ha sido señalada por mantener vínculos estrechos con el poder político y por actuar de manera selectiva en la persecución de delitos, lo que ha generado un ambiente de impunidad que beneficia a ciertos sectores políticos y económicos. Esta falta de imparcialidad y transparencia en la actuación de la Fiscalía ha contribuido a la perpetuación de la corrupción y la impunidad en el país.
Los nexos con el poder político permitieron que la Fiscalía fuera utilizada para encubrir operaciones de narcotráfico, favorecer a figuras influyentes y obstaculizar procesos judiciales que podrían afectar a sectores de poder. Esta conexión estrecha con el poder político ha generado desconfianza en la institución y ha alimentado la percepción de que sus actuaciones están influenciadas por consideraciones políticas en lugar de buscar la verdad y la justicia.
El doble estándar en el manejo de casos como principio de actuación de la Fiscalía generó formas diferenciadas de la justicia que dependían de si se trataba de personas comunes o de "gente de bien", como altos funcionarios con fuero constitucional y poder económico y político. Esta disparidad en el tratamiento de los casos refleja un posible favoritismo hacia ciertos sectores de la sociedad, lo que socava la credibilidad y la legitimidad de la justicia en el país.
Una élite poderosa ha mantenido el control del Estado bajo este entramado, configurando así una escala de valores públicos que, más allá del discurso, está mediada por la componenda, la facilidad para tramitar dineros públicos sin controles reales, aprestarse para el desvío de recursos pero, al tiempo, facilitar el entramado institucional a los deseos insaciables del gran empresariado. Poco a poco, bajo estos valores y argucias en los procesos de nombramientos, se logra llegar al aparato de justicia y a la Fiscalía en Colombia, quienes han sido señaladas por su papel en la perpetuación de la corrupción, la impunidad y la captura del Estado por parte de grupos de poder. La falta de independencia, imparcialidad y transparencia en su actuación ha contribuido a debilitar el Estado de derecho y a socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar la justicia y la legalidad. Así se deja entrever, por ejemplo, en el informe de transparencia presentado en el mes de julio de 2023, en el que se revela que ente los años 2010 a 2022, de un total de 57.582 denuncias por corrupción, el 93,99% de estas no ha llevado a ninguna condena, el 89,7% no ha resultado en capturas y el 77,15% permanece en etapa de indagación (Presidencia de la República de Colombia, 2023).
Un entramado genocida como garantía
Una serie de sucesos y hallazgos se suman para ratificar la existencia de un orden institucional adecuado para impulsar y sostener procesos de extermino contra población organizada que defiende derechos y construye autonomías en territorios estratégicos, constituyéndose en contradictores del avance del extractivismo, la presencia rápida y sostenida de multinacionales en los territorios, el avance de la ganadería y una agroindustria voraz.
Contra estas poblaciones resistentes se ha aplicado -y se sigue aplicando- toda una pedagogía del terror como mensaje para quienes piensen seguir luchando. Hechos que se develan y dan cuenta de un complejo aparato institucional que se ensañó -y lo sigue haciendo- contra los pueblos, con constantes incumplimientos, ausencias orientadas y presencia de fuerza pública que actúa en connivencia con grupos paramilitares y hoy, herederos del paramilitarismo.
Este "orden institucionalizado" del mal es, en el fondo, el resultado directo o indirecto de la imposición de un modelo económico neoliberal-globalizado en la región, que implicó una alianza estrecha entre poderes hegemónicos locales e intereses de mercado transnacionales, con una negociación de base y un reordenamiento criminal de los territorios para satisfacer las demandas del poder económico global. Se impuso así un orden esencialmente extractivo, que implicó de suyo la rápida adecuación integral de sus condiciones de posibilidad para estos procesos de híperacumulación.
Se sofisticó y constituyó en este orden un andamiaje de leyes, instituciones, dinámicas y hasta una cultura proclive a la violencia y la corrupción. Estos dos elementos, sumados, posibilitaron a grupos de poder y presión usurpar el Estado, saltar las normas y comprar conciencias para que los negocios no se detengan, aunque esto cueste ampliar los márgenes de desigualdad, pobreza y exclusión.
Se trata en últimas del montaje institucional, prefabricado y heredado de una perversa alianza entre élites, criminalidad, empresas y Estado (Mesa e Insuasty, 2023).
Uno de los instrumentos claves de este armazón del orden institucionalizado del mal es el sector defensa, esa suma militar-paramilitar que, como recubrimiento validador, gestó un andamiaje de control cultural que exaltó y aupó un complejo ejercicio de combinación de múltiples formas de eliminación bajo el revestimiento de una narrativa muy fuerte, la de "héroes", donde se les premiaba, condecoraba y ascendía por cometer crímenes contra su propio pueblo.
Se refieren a continuación algunos hechos que así lo corroboran, y que han emergido en un proceso de compleja reconstrucción de la verdad histórica en el país, en el que la JEP ha venido jugando un papel importante.
La obediencia ciega. El falso positivo
El desarrollo del Caso 03 en la JEP: "Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado", va dejando al descubierto una realidad del horror. Se reiteran los patrones macrocriminales en los avances regionales desarrollados en los departamentos de Antioquia, Meta, Norte de Santander, Huila, la Costa Caribe y Casanare. Coincidencia que no es casualidad.
La cifra de personas asesinadas por la fuerza pública y presentadas falsamente como bajas en combate ("falsos positivos") según la JEP es de, al menos, 6.402 personas. En la medida que avanzan las investigaciones, sin duda, esta cifra crecerá.
El coronel retirado del Ejército, Luis Fernando Borja Aristizábal, excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, con sede en el municipio de Sincé, quien también confesó cometer más de 50 falsos positivos (Tarazona, 2021), manifestó en un evento virtual organizado por la Red Interuniversitaria por la paz (Redipaz):
Los campesinos vergonzosamente de este país nunca fueron nuestros amigos o sea ese es el discurso que tienen algunos mandos, decir que, nosotros somos campesinos y que queremos los campesinos y que los campesinos son nuestra defensa y que por ellos estamos, eso es mentira. Nosotros nos volvimos un ejército de cuidadores de ricos, un ejército cuidadores de haciendas, un ejército de cuidadores de políticos, eso es el ejército que nos convertimos, solamente en cuidar los ricos de este país, a los pobres los maltratamos mire yo ahora que conozco mis víctimas yo digo Dios mío yo el mal que hice durante toda mi vida que hice mucho mal a estas personas y verlos a unas personas humildes pero que valen más que cualquier rico, unas personas de gran corazón y de gran generosidad una riqueza que no se compra con todo el oro del mundo a esos a esas personas eran los que yo rechazaba ¿Qué tan equivocado estábamos? ¿Qué tan equivocado estaba yo? Y esto debe cambiar (…) Me di cuenta de que no era un héroe, sino un asesino. (Borja y Rojas Bolaños, 2022)
Por su parte, el coronel retirado de la Policía, Omar Eduardo Rojas Bolaños, sociólogo e investigador de estos temas, quien para proteger su vida tuvo que salir el país, manifestó:
Creo que la escuela militar y la escuela policial no forma, a pesar de que en el currículo dice muchas materias derechos humanos, pero para eso no nos forman es para asesinar, para torturar hay es un adoctrinamiento al interior de la escuela militar y de policías un adoctrinamiento donde cogen a esas personas de diecisiete años, de dieciocho años, lo someten a una formación dura, en la que le dicen sus enemigos quienes son, su enemigo no es solamente el que se alza en armas y se va para la guerrilla, su enemigo es el comunista, su enemigo es el de la izquierda, es el socialista, es el profesor, es el maestro, es el líder social, es el líder ambiental, es el sindicalista, ahí está el enemigo. Bueno, el problema en las fuerzas militares y de policía es que desde la escuela le enseñan a ese recluta a perseguir es al comunista y no a perseguir al criminal, entonces los honores se los llevaban esas personas, mientras quienes hacían trabajos criminales, asesinaban, secuestraban, se vendían al narcotráfico y que todo el mundo sabíamos quiénes eran, ellos eran los primeros que mandaban al exterior, a comisiones, agregados militares, agregados y las personas que veíamos que trabajaban fuertemente no los dejaban ni ascender, les colocaban obstáculos. (Borja y Rojas Bolaños, 2022)
"Si usted no me trae muertos no es un buen soldado" o "Tráigame bajas, no me traiga problemas", eran los mensajes verbales reiterados a los militares, tanto en el discurso oficial como en las comunicaciones y la cultura organizacional de las unidades militares (JEP, 2023), pero se cuidaron de no emitir estas órdenes directas de manera escrita.
En septiembre de 2023 se realizó la audiencia por el caso Casanare, por parte de la JEP: durante tres días de audiencia en Yopal, 21 militares retirados, un exfuncionario del DAS y dos civiles reconocieron su responsabilidad en los falsos positivos cometidos en esa región del país, se reconocieron 303 casos de civiles asesinados por la fuerza pública ocurridos entre 2005 y 2007.
El general Henry Torres Escalante reconoció ser "el máximo responsable" de estos casos de falsos positivos, y manifestó que las presiones que llevaron a estos crímenes venían del general (r) Montoya.
"Eran órdenes directas de Presidencia", aseguró en dicha audiencia Orlando Rivas Tobar, quien también reconoció su responsabilidad por falsos positivos. Así mismo, reconoció que fue "parte de un aparato criminal organizado que se creó en la Brigada 16", cuyo objetivo era obtener resultados operacionales, especialmente, es decir "supuestas bajas en combate a toda costa".
Esta articulación criminal entre el DAS y la brigada tiene su asidero en la política de seguridad del momento: "Con la implementación de la política de seguridad democrática del alto gobierno (…) la intención no era otra que poner las funciones de policía judicial que el DAS ejercía de forma permanente al servicio de las fuerzas militares".
La estigmatización fue el origen y el motor de esta maquinaria criminal en Casanare, afirmó. Describió, además, todo un procedimiento ilegal para hacer perfilamientos de la población para seleccionar a posibles víctimas que señalarían falsamente como colaboradores de la guerrilla y así aumentar los resultados. "Hicimos un empadronamiento o un censo poblacional rural de esos municipios. Eso es lo que se llama estigmatización (porque) ese campesino quedaba ya registrado con esa anotación judicial", afirmó.
Vale decir que ya la JEP había imputado cargos al general Montoya en el mes de agosto de 2023:
Por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas "en combate", emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados, la JEP imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad al general (r) Mario Montoya Uribe. La decisión, adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, contra el excomandante del Ejército Nacional se da por 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos cuando el oficial fue comandante de la IV Brigada, con sede en Medellín, entre el 2002 y el 2003. (JEP, 2023)
La Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó en septiembre de 2023 la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander, los cuales tenían el propósito de desaparecer a las víctimas del entonces Bloque Catatumbo de las AUC (paramilitares). Se confirmó así uno de los testimonios del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien señaló la existencia y ubicación de estos hornos del horror en audiencia para la JEP el mes de mayo de 2023. En este contexto, afirmó:
La orden de desaparecer a estas personas vino de la fuerza pública. En nuestro teatro de guerra la lógica era dejar los cuerpos para causar terror en la población donde ejercíamos control. Carlos Castaño me dio la orden de coordinar esa desaparición de víctimas a partir de una reunión de altos mandos militares (…) todas las fuerzas militares sabían, porqué todas hacían presiones sobre nuestros hombres. Esas presiones se hacen mucho más fuertes cuando se hace la transición de [Andrés] Pastrana a [Álvaro] Uribe (…) Este paramilitarismo surge de la mano del Estado. (El Nuevo Día, 2023)
En octubre de 2023, el columnista Yohir Akerman, del medio escrito alternativo Cambio, aseguró que, en el gobierno de Uribe, existió una estructura sistemática para pagar a militares, civiles y paramilitares para cometer las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos". Resaltó, por ejemplo, que se destinaron casi 50.000 millones de pesos de los impuestos de los contribuyentes en dos años para ayudar a asesinar a los ciudadanos que tenían que proteger, hechos demostrados con sentencias judiciales, aunque el expresidente Uribe intente ignorarlo o reescribir la historia con argumentos abiertamente falaces (Akerman, 2023).
Las víctimas de estos asesinatos cometidos por la fuerza pública, llamados "falsos positivos", eran campesinos, gente sencilla, indígenas, comunidades negras, urbanos empobrecidos; se denota así un odio hacia un pueblo que sobrevive y resiste. Esta matriz de pensamiento no se genera de manera espontánea, se fabrica y hacia allá deben también apuntar las investigaciones con el fin de realizar acciones sostenidas para las garantías de no repetición.
Las zonas donde esto ocurrió con especial ensañamiento son territorios estratégicos para la inversión extranjera, negocios de petróleo, gas, minería, tierras fértiles, agroindustria, ganadería, entre otros. Esta relación también está pendiente de comprobación, y por ahora es una hipótesis que aún no emerge en las investigaciones (Rojas Bolaños et al., 2020).
El papel de Estados Unidos en la formación de los militares mercenarios también está en vilo. En este punto es importante señalar que la relación entre la formación militar de Estados Unidos y el aumento de violaciones de los derechos humanos es directamente proporcional, esto queda delineado en el informe entregado a la comisión de la verdad titulado: "Desde el principio hasta el final, EEUU en el conflicto armado colombiano" (FOR et al., 2020, pp. 5-7).
Es crucial profundizar en este fenómeno y ampliar investigaciones para comprender mejor la transformación territorial y su impacto en el conflicto armado, fortaleciendo rutas que aseguren la no repetición de estas dinámicas destructivas.
CONCLUSIONES
Las conclusiones de este estudio permiten comprender con mayor claridad la relación entre criminalidad, empresariado y Estado colombiano, evidenciando una tríada de intereses que ha moldeado profundamente las dinámicas de poder en el país. Se ha observado que el paramilitarismo, lejos de ser un mero fenómeno armado, ha sido un actor decisivo en el control territorial y económico, en colaboración con sectores del Estado y del empresariado. Esta simbiosis ha generado un ambiente de violencia y corrupción que ha debilitado las instituciones democráticas, favoreciendo la perpetuación de la impunidad en beneficio de unos pocos.
El análisis metodológico basado en enfoques cualitativos y hermenéuticos ha permitido no solo documentar estas prácticas corruptas, sino también develar los mecanismos que han facilitado la captura del Estado por actores ilegales y legales. En este contexto, la criminalidad se ha institucionalizado, afectando gravemente los derechos humanos y erosionando el tejido social, especialmente en las regiones rurales. Las consecuencias son evidentes en fenómenos como el despojo de tierras, el desplazamiento forzado y el aumento de la desigualdad.
Ante este panorama, resulta imperativo promover un proceso de justicia transicional que no solo aborde las violaciones de derechos humanos, sino que también desafíe las estructuras de poder que han facilitado esta captura del Estado. La rendición de cuentas y la transparencia son esenciales para desmantelar las redes de corrupción que han consolidado el control territorial y económico por parte de grupos de poder. La participación activa de la sociedad civil es crucial para recuperar la confianza en las instituciones y avanzar hacia un futuro más justo y equitativo.
El conflicto armado en Colombia ha sido instrumentalizado tanto por actores legales como ilegales para facilitar la acumulación de tierras y recursos en sectores estratégicos como la minería y la agroindustria. Esta instrumentalización ha sido favorecida por un modelo económico neoliberal-globalizado que, al privilegiar la inversión extranjera y la explotación de recursos naturales, ha consolidado una alianza entre élites locales y poderes transnacionales. Este modelo ha resultado en un reordenamiento criminal de los territorios, reforzando la corrupción y la violencia en complicidad con el Estado.
Hoy, las dinámicas de control paramilitar persisten, con clanes regionales reajustando sus estrategias para mantener su influencia sobre lo público, lo que ha consolidado un entramado de poder altamente corrupto. En paralelo, un aparato mediático sin ética, controlado por grandes corporaciones, intenta influir en la percepción y el pensamiento de la población. El Estado, en su configuración actual, se muestra vulnerable a las injerencias de estos grupos políticos y económicos, lo que perpetúa prácticas como el narcotráfico, la corrupción y el tráfico de influencias.
La interconexión entre la criminalidad corporativa y el modelo económico en Colombia refleja un complejo entramado de corrupción y violencia que privilegia a unos pocos mientras perpetúa la exclusión y la desigualdad. La sofisticación del entramado legal e institucional ha permitido a grupos de poder usurpar el Estado y manejar recursos esenciales para el bienestar de la población. Esta situación exige con urgencia profundas reformas sociales y resistencias colectivas para desmantelar estas estructuras de poder y lograr un desarrollo más equitativo y sostenible.
Develar esta verdad es un proceso social y político indispensable para garantizar la no repetición de estos ciclos de violencia y corrupción, y construir una paz sostenible en Colombia.
NOTAS
1 El fallo condenatorio rezaba así: "Se condena a los sucesivos gobiernos de Colombia desde 1946:
- Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de un genocidio continuado dirigido a la destrucción parcial del grupo nacional colombiano, que se ha proyectado sobre cualquier intento de construcción de espacios políticos que cuestionaran el modelo político imperante de desigualdad social y sobre cualquier intento articulado de protesta y resistencia contra los efectos del mismo (…)
- Por incumplimiento de sus obligaciones de prevención, investigación y sanción del genocidio (…)
- Por haber adoptado doctrinas militares y estrategias de seguridad basadas en la existencia de un enemigo interno, que destruyen la distinción básica del Derecho internacional humanitario entre combatientes y población civil.
- Por haber facilitado la expulsión de millones de personas de sus tierras
- Por haber promovido o permitido la afectación grave de los territorios y de los ecosistemas para la implantación de proyectos económicos diversos en conexión con el despojo
- Por el componente de racismo institucionalizado que denota la especial victimización de las comunidades indígenas y afrodescendiente
- Por haber alentado y facilitado la actividad de los grupos paramilitares, incluso mediante la creación de un marco jurídico apropiado, desde el decreto legislativo 3398 de 1965 (…)
- Por crear un relato a través de los medios de comunicación basado en el desprestigio, la deslegitimación y la estigmatización de cualquier reivindicación social (…)
- Por la utilización indebida del derecho penal para criminalizar a las personas y grupos que han ejercido el derecho de protesta y de defensa de los derechos humanos (…)
- Por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en todos los Acuerdos de Paz (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2021).
REFERENCIAS
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