José María Torres Caicedo: el nacimiento de la identidad latinoamericana, las construcciones nacionales y el derecho de autor

The birth of the latin america identity, the national constructions and the copyright

Jhonny Antonio Pabón CaDavid*

* Investigador de la Universidad Externado de Colombia. Magíster en Historia de la Universidad Javeriana. Ph.D. Candidate, Victoria University of Wellington, New Zealand. Contacto: j4207732@hotmail.com.

Fecha de recepción: 6 de marzo de 2012. Fecha de aceptación: 6 de junio de 2012.

Resumen

La propiedad literaria surge en Colombia a finales del siglo XIX de forma simultánea a la construcción de la identidad colombiana y latinoamericana. La vida de José María Torres Caicedo y su papel en la Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI) muestran que el discurso sobre la propiedad intelectual reforzó la idea de la existencia de una literatura nacional y la nacionalidad, tanto a nivel de América Latina como de Colombia. En este artículo, el interés poscolonial en el mercado editorial y en la propiedad intelectual será estudiado como parte del imperialismo pacífico o imperialismo cultural, en relación con el surgimiento del hispanismo y la identidad latinoamericana. Este enfoque resalta el carácter simbólico y ritual de los acuerdos internacionales y de la legislación nacional sobre derechos de autor y las ganancias para el capital político y cultural de los promotores de la propiedad intelectual. En Colombia la propiedad literaria le permitió a la élite letrada conservadora la aceptación de España y el establecimiento de su hegemonía cultural en Colombia.

Palabras clave: historia del derecho de autor, historia de Colombia, José María Torres Caicedo, hispanismo, imperialismo cultural, propiedad literaria, derecho de autor internacional, Ciudad Letrada.

Abstract

Literary property emerges in Colombia at the end of the 19^th century and intersects with the construction of Colombian and Latin-American identity. The life of José María Torres Caicedo and his role in the International Literary and Artistic Association (ALAI) shows that the discourse regarding intellectual property reinforced the idea of the existence of a national literature and nationhood with two boundaries, that of Latin America and national identityin Colombia. In this paper, the postcolonial interest in the printing market and in intellectual property will be studied as part of pacific imperialism or cultural imperialism in conjunction with the rise of Hispanism and Latin American identity. This approach emphasizes the symbolic and ritual character of international agreements and national legislation concerning copyright and the benefits for the political and cultural capital of those who promoted intellectual property. In Colombia literary property was a trophy for the ultramontane elite in order for them to gain acceptance in Spain and to establish their cultural hegemony in Colombia.

Keywords: copyright history, Colombian history, José María Torres Caicedo, hispanism, cultural imperialism, literary property, international copyright, Lettered City.

Introducción

El origen del derecho de autor en Colombia se interseca con la construcción de la identidad colombiana y latinoamericana. Al rastrear la historia de la propiedad literaria emerge la figura de José María Torres Caicedo como agente de primer orden en el surgimiento del sistema internacional del derecho de autor, pero, más allá de este rol contingente, Torres Caicedo fue el promotor de la idea de América Latina.

A continuación se describe el surgimiento de la propiedad literaria en Colombia y su rol dentro de la idea de nación y de identidad latinoamericana. Se busca, con ello, contextualizar histórica y culturalmente un fenómeno jurídico, para lo cual, primero se explica y limita el concepto de nación como una construcción retórica de los letrados, y se observa la vida de Torres Caicedo como el hilo conductor del rol de la élite en el surgimiento de la propiedad intelectual. Luego, se estudia el interés poscolonial en el mercado editorial y en la propiedad intelectual como parte del imperialismo pacífico o imperialismo cultural, aunado al surgimiento del hispanismo y de la identidad latinoamericana en el marco de la Exposición Universal de 1878 y de la Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI). Se concluye que la concomitante creación de los imaginarios nacionales por parte de los mismos forjadores del derecho de autor permite evidenciar el carácter simbólico y ritual de los tratados internacionales y de la legislación nacional de propiedad literaria.

Nación y élites letradas

El nacionalismo y la nación, como artefactos culturales construidos por una clase social particular, fueron usados en las repúblicas americanas independizadas de España, en el siglo XIX, como una estrategia de la élite letrada para consolidar un imaginario sobre una identidad cultural colectiva. La élite capaz de programar y configurar la retórica del sentido de lo nacional, basada en ciertos intereses y en una ideología que los representaba, designó un corpus literario y a determinados autores como constitutivos de una literatura y una historia nacionales.

A mediados del siglo XIX, de forma paralela, se empieza a crear un imaginario y un discurso sobre la existencia de una identidad regional: es entonces cuando surge el concepto de Latinoamérica. La construcción de este concepto se basó en los mismos imaginarios locales, pero amplificados a una escala subcontinental. La lengua castellana, el catolicismo, el sistema legal y los elementos históricos y culturales comunes serían integradores de esa identidad llamada raza latina.

La independencia de las colonias españolas promovió el deseo de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y España de consolidar su hegemonía política y comercial en América. España, antigua metrópoli, tuvo la desventaja de sufrir la animadversión por parte de las élites americanas durante el periodo siguiente a las independencias. Ambos discursos de identidad, el local y el regional, estuvieron fortalecidos por la oposición y diferenciación de cara a referentes concretos; el discurso local, en oposición a España, y el de Latinoamérica, a los valores, la política y la cultura angloamericanos.

Las élites letradas de las nuevas repúblicas americanas, desde una óptica eurocéntrica, intentaron construir su propia identidad; en Francia se concentraron las relaciones culturales, intelectuales y políticas para formar la idea de nación y el discurso de la identidad de Latinoamérica.

La relación entre creación literaria y patriotismo fue una fórmula usada desde la independencia para representar no solo la liberación material de la metrópoli sino también la espiritual. El imaginario de nación plasmado en impresos representaba la identidad intelectual de las nuevas repúblicas de acuerdo a los valores e intereses de las élites locales que buscaron consolidar su poder a nivel local y su reconocimiento a nivel internacional.

De acuerdo con Anderson, en la configuración de esa comunidad imaginada, el periódico y la novela "proveyeron los medios técnicos necesarios para la representación de la clase de comunidad imaginada que es la nación" (2007, p. 47).

Las novelas y las obras literarias generan mundos imaginarios similares y simultáneos; el periódico, como objeto con un alto grado de obsolescencia y de una popularidad efímera, se convirtió en un producto, dentro del mercado de los impresos, con un alto consumo y de circulación extensiva. Como señala Rama, el fenómeno latinoamericano de ilustración no se tradujo en el crecimiento de la industria editorial alrededor de las monografías: "los nuevos lectores no robustecieron el consumo de libros sino que proveyeron de compradores a diarios y revistas" (2004, p. 108).

Siguiendo la categoría de ciudad letrada propuesta por el propio Rama, los letrados fueron aquella clase dirigente que mediante un ejercicio escriturario generaron los "lenguajes simbólicos de la cultura", que sirvieron a un poder: el del signo y la metrópoli. Estos lenguajes fueron construidos desde una percepción netamente urbana; la relación ciudad-civilización, opuesta a la relación campo-barbarie, se discutió de forma clara en los proyectos políticos del siglo XIX para crear el modelo de sociedad. El avance intelectual que generó el grupo dirigente de la ciudad letrada se dio en el campo de la escritura como tal, mas no en el de la ciencia. El manejo de la gramática se convirtió en una plataforma para ascender socialmente y constituir nuevos campos de poder.

Hasta finales del siglo XIX no existía una industria editorial, un mercado de impresos, una oferta de libros o un público lector. En Colombia, por ejemplo, hacia finales del siglo XIX, alrededor del 80% de la población era analfabeta. El medio más común de divulgación eran las publicaciones periódicas, en las cuales el anonimato fue la regla. Ante la inexistencia de una economía para la difusión de escritos, la producción y circulación retornaba a quienes los producían. Sin embargo, las leyes de educación que ensanchaban el público lector y la demanda de textos hicieron que el monopolio incipiente sobre las letras se empezara a difuminar para generar nuevos espacios que requerirían de intelectuales.

A finales del siglo XIX se evidenció una avanzada de la ciudad letrada en medio de una nueva realidad; se dio un lento incremento del alfabetismo y se produjo la incursión de la filología en la política de manera especializada. La ciudad letrada se encargaba de "la redacción de códigos y de leyes; para la cual obtuvieron la contribución del nuevo equipo filológico que se desarrolló, fortaleciendo el tradicionalismo, para compensar el trastorno democratizador que se vivía" (Rama, 2004, p. 109).

Los textos legales, como instrumentos jurídico-literarios de "los letrados" para configurar la comunidad imaginada, se convirtieron en los documentos representativos de la nacionalidad por excelencia. El monopolio sobre el lenguaje y sobre la ley significó el dominio del poder simbólico de la ciudad letrada. La ciudad letrada se presentó en contraposición a la ciudad real. El fracaso material de los principios liberales de libre comercio, desarrollo científico, gobierno secular, libertad de prensa, desarrollo material y educación, así como de la realización de los ideales de progreso, se intentó compensarlo, por parte de los letrados, con la construcción simbólica de una nación literaria y legalista basada en su monopolio.

La existencia de un título jurídico, en particular de propiedad o privilegio, sobre los textos educativos, históricos, legales y literarios, contribuyó a la construcción de una estructura semiológica que permitió la creación de los imaginarios de nación en el siglo XIX.

Las relaciones culturales establecidas por medio de tratados internacionales entre las antiguas colonias y España contribuyeron a la recuperación de espacios poscolo-niales de importancia estratégica; en especial, se rehabilitaron canales diplomáticos, económicos y políticos. Además, la consolidación de academias de la lengua locales (la primera en América, y la más constante, fue la de Colombia) permitieron un restablecimiento del poder e influjo intelectual de España en América.

Estos dos movimientos consolidan el proyecto nacional: por un lado, logran el reconocimiento internacional de la existencia de las repúblicas letradas americanas por medio de la firma de tratados bilaterales y multilaterales; y por otro, conforman una identidad lingüística y literaria nacional, que si bien está atada a la antigua metrópoli, logra una confirmación y validación.

La propiedad literaria, como tema esencial de las relaciones diplomáticas del siglo XIX, estuvo contenida en los tratados culturales y comerciales. Además, las academias de la lengua, sus corresponsales y miembros fueron artífices de la legislación de propiedad literaria.

José María Torres Caicedo y Miguel Antonio Caro son arquetípicos representantes de la ciudad letrada. Además, estos letrados proyectaron, el primero, la formación de la identidad latinoamericana, y el segundo, la de la nación colombiana. Ambos consagraron su capital literario y político a un mutuo interés: la propiedad literaria.

Torres Caicedo, líder la ciudad letrada

La vida de Torres Caicedo, como la de Caro, es la sumatoria, elevada a la enésima potencia, de las actividades que Rama considera distintivas de la ciudad letrada del siglo XIX: el estudio de la filología, la legislatura, la educación, el periodismo y la diplomacia. Torres Caicedo es el más excelso representante del periodismo y la diplomacia latinoamericana en Europa en el siglo XIX, y Miguel Antonio Caro un acérrimo filólogo y autoritario legislador teólogo.

José María de los Dolores Torres Caicedo, como es su nombre de pila, nació en Bogotá el 30 de marzo de 1827, hijo de Julián Torres y Peña, ilustre erudito, profesor y bibliotecario, y de Tadea Caicedo Villegas, mujer de rancio abolengo y fortuna. La familia de Torres Caicedo pertenecía a una fuerte tradición eclesiástica y realista, opositora y aguda crítica de la revolución contra España, de ideas firmemente religiosas y apoyo a la corona española¹. Los Torres Caicedo vivieron austeramente, habiendo sido ricos antes de la independencia, debido a que fueron expropiados por la revolución. El tío de José María, Santiago Torres, fue el último inquisidor de Santa Fe y su otro tío, José Antonio Torres, fue afamado clérigo y poeta realista.

Al quedar huérfano, Torres Caicedo pasó bajo la protección de monseñor Manuel José Mosquera, de manera que fue auspiciado por la familia más poderosa de Colombia en el siglo XIX. En el año de 1834 monseñor Mosquera fue el segundo Arzobispo de Bogotá de la época republicana, época en la cual su hermano Joaquín Mosquera, era vicepresidente de la república, siendo a la vez hermano del general y posterior presidente Tomás Cipriano Mosquera. La proximidad de Torres Caicedo con el ritual religioso sería fundamental para el desarrollo de su habilidad diplomática².

Torres Caicedo cursó la carrera literaria en la Universidad del Primer Distrito y obtuvo el título de abogado del Colegio San Bartolomé. Su rol dentro de la ciudad letrada inició en 1846, antes de terminar sus estudios, cuando comenzó a participar en la publicación, edición y redacción de los periódicos El Día y La Civilización. Luego del 7 de marzo de 1849, fecha en la que el partido liberal tomó el poder presidencial de Colombia, Torres Caicedo se convirtió en el mayor panfletario y oposicionista del gobierno.

Sus incisivos escritos contra el régimen liberal y la agitada polarización partidista en la política habían provocado incidentes desagradables a Torres Caicedo, que se agudizaron al punto de recibir una herida que puso en peligro su vida. "Torrecitos", así llamado por su baja estatura y cuerpo delgado, insinúo que Germán Gutiérrez de Piñeres, uno de los editores del afamado periódico satírico El Alacrán, había participado en el hurto cometido en la tienda del señor Vicente Azcuénaga. Luego de un rifirrafe el asunto terminó en un desafío a duelo, en el cual Torres Caicedo salió herido³.

Durante el siglo XIX el duelo se convirtió en una práctica común de las élites letradas latinoamericanas, las cuales se reconocían como herederas de la tradición europea. En el periodo posterior a las independencias, el duelo fue un recurso simbólico de naturaleza ritual usado como una práctica de distinción social que buscaba solucionar conflictos relacionados con el honor y el buen nombre⁴ (Gayol, 2008).

En sus funciones como editor de El Día, Torres Caicedo cumplía un papel importante en la prensa de oposición del partido conservador. Los juicios de imprenta que se llevaban a cabo en contra de periodistas, al igual que la politización y polarización partidista de todas las instancias judiciales y administrativas del país, generaban un ambiente de incertidumbre para la continuación por parte de aquel de su labor de escritor virulento. Fue así como el martes 29 de octubre de 1850 la nota editorial del periódico El Día se tituló "Despedida", anunciando Torres Caicedo su marcha. Entre otras cosas, después del duelo con "los alacranes" este no había logrado recuperarse ni conseguir médico que le extrajera la bala alojada en su cuerpo, "porque entonces en Bogotá no había cirujanos, ni instrumentos que pudieran garantizar el éxito de tan delicada operación" (Quijano, 1919), por lo que tomó la decisión de partir para Francia en busca de tratamiento médico. Torres viajó con la intención de volver, pensando en ese entonces en radicarse en Estados Unidos o Europa hasta que la situación política le fuera más favorable.

A su turno, José Eusebio Caro, fundador del partido conservador de Colombia, en medio de la fuga que emprendió para evadir el juicio de imprenta iniciado en su contra, había enviado cartas a Torres Caicedo para que fueran publicadas en El Día o en La Civilización. El hecho es que el 12 de diciembre de 1850 Torres Caicedo y Caro salieron juntos, desde Cartagena, rumbo a Nueva York, a bordo del vapor inglés "El Jay", ambos en una situación anímica lamentable.

"El Jay" salió de Cartagena con destino a Londres, y llegó a San Tomás el 18 de diciembre de 1850, donde Torres Caicedo y Caro hicieron transbordo a otro vapor dirigido a Nueva York. Llegaron a su puerto el 3 de enero de 1851, luego de un viaje que para Torres Caicedo fue terriblemente tortuoso. La situación dramática en la que se encontraba no podría ser peor: "Torres se mareó como de costumbre, es decir, horriblemente y durante toda la navegación. El pobre muchacho, si la navegación hubiera durado más tiempo, habría corrido riesgo de morirse de hambre y de extenuación, porque en él el mareo es más que una incomodidad, es una enfermedad muy seria que no le permite ni pasear, ni comer, ni aún estar de pie".

Más tarde, Torres Caicedo salió de Nueva York para París, donde estuvo en los primeros meses de 1851, desde donde, el 15 de marzo, avisó que el doctor Velpeau le operaría al día siguiente. En 1852 volvió a Nueva York, participando entonces en periódicos que se editaban en español, y publicó su primer libro; se trató de una obra de poesías. Finalmente viajó de nuevo a París⁵, donde se radicó definitivamente hasta su muerte⁶.

Tan solo un año después de la partida de Torres Caicedo, su mayor protector, el Monseñor Mosquera, fue expulsado del país y siguió la misma ruta: primero viajó a Nueva York y de allí a París. En medio de la persecución y la violencia de todos estos viajes, murió en Marsella el 10 de diciembre de 1853. Evidentemente el clima político y social no era el más favorable para el regreso de Torres a la Nueva Granada.

Como ahijado de José Antonio Cualla, promotor del arte tipográfico en Colombia, Torres Caicedo tuvo toda la pericia técnica propia del mundo editorial. Además, fue propietario en Bogotá de una imprenta junto con Mariano Ospina Rodríguez, cofundador del partido conservador y posterior presidente de Colombia. Ya en Francia, continuó sus actividades en el mundo del periodismo, trabajó como cajista, corrector y luego redactor en El Correo de Ultramar, publicación en español editada en París. El momento en que Torres Caicedo se instaló en París coincidió con las primeras discusiones diplomáticas sobre los tratados de propiedad intelectual entre naciones europeas cuyo propósito fue poner dique a la disputa por el interés económico, político y cultural respecto de las repúblicas hispanoamericanas.

Los tratados bilaterales entre España y Francia y el mercado pirata con destino a Latinoamérica

Durante la segunda mitad del siglo XIX, España hizo los primeros tratados internacionales para la protección de los autores nacionales. Los primeros tratados entre España y Francia tienen como telón de fondo las tensiones propias de los intereses poscoloniales sobre la hegemonía cultural, política y económica de las repúblicas recién creadas en América.

La independencia de las colonias americanas, en especial las antiguas colonias inglesas y españolas, tuvo implicaciones económicas y políticas que marcaron la reconsideración del modelo legal de protección de las obras literarias, en especial en lo relacionado con el sistema internacional de protección, las formalidades para el otorgamiento del derecho, la duración y su naturaleza.

Una de las características de las obras intelectuales es la tendencia a la circulación transfronteriza, y debido a ello el mercado y la difusión internacional de bienes intelectuales plantearon una serie de necesidades jurídicas de derecho internacional para brindar protección a los autores y editores fuera de sus países de creación y producción.

Latinoamérica pasó a ser un punto de atención en la geopolítica del conocimiento. La producción de tratados internacionales entre países europeos tenía como objetivo principal obtener un lugar en la disputa de mediados de siglo por el mercado latinoamericano, en particular respecto de la propiedad literaria y artística.

Luego de la constitución de las repúblicas americanas se inició un proceso de "internacionalización del mercado editorial", en un contexto de explosión demográfica, de desarrollo de medios de transporte y sistema postal, de crecimiento urbano seguido de planes de alfabetización, reducción de costos en la producción editorial y de libertad de imprenta (Fernández, 1998).

Desde el siglo XVIII Francia había generado una posición dominante en el mercado editorial europeo, esto con la contribución de impresiones piratas y de la circulación clandestina de impresos. Durante el siglo XIX Francia desarrollaría un mercado editorial capaz de abastecer en gran parte la demanda de libros en Hispanoamérica y España, generando en la segunda mitad del siglo una red comercial de circulación de libros más grande que la de España en Latinoamérica. Solo a comienzos del siglo XX algunas casas editoriales españolas ampliarían su comercio con América Latina.

El mercado editorial de Francia en Latinoamérica se llevó a cabo en gran medida con ediciones piratas. En las primeras décadas de la independencia se incrementó el número de ediciones británicas de textos en español producidas en la imprenta de Rudolph Ackermann con destino a Latinoamérica (Roldán, 2003). Tanto los editores ingleses como los españoles sufrían los perjuicios de los impresores franceses; en 1826, el editor inglés Rudolph Ackermann publicó la siguiente nota al final de una de sus ediciones:

El Editor de esta obra ha sabido que se estan imprimiendo en Francia todas las que ha publicado en lengua Castellana, con el designio de introducirlas en América, y venderlas á precios mas cómodos, como es fácil hacerlo cuando no hai que pagar los originales. Los Congresos de las Repúblicas Americanas le han asegurado la propiedad literaria, y es de esperar que el público justo é ilustrado de aquellos paises la confirme, reusando todo estímulo y favor á una violación tan escandalosa de un derecho sagrado. El Editor ha tomado la precaución de comunicar su catálogo á las oficinas de las Aduanas, á fin de que se impida la entrada de estas ediciones ilegales (Saverio, 1826, p. 450).

Ackermann emprendió la tarea de contratar autores españoles de ideología liberal emigrados y exiliados en Londres para la confección de obras en español destinadas a la enseñanza en las escuelas de Hispanoamérica. Desde 1830, Ackermann dedicó su negocio al mercado latinoamericano, y su hijo llegó a viajar a México para atender el negocio editorial (Grases, 1955).

En 1825 la Gaceta de Colombia anunció el éxito de las obras de este editor:

Los catecismos de química, historia antigua, geografía y agricultura, y los demás libros que ha remitido a esta capital, el señor Ackermann para su despacho, se han vendido inmediatamente: el almacén donde se expendieron no podía recibir el golpe de gentes que ansiaban comprarlos. Esta ansiedad prueba el deseo de los colombianos por ilustrarse y adquirir los conocimientos de que les tenia privados el antiguo régimen (Gaceta de Colombia, 1825).

De igual manera, el 10 de diciembre de 1827, Simón Bolívar agradeció desde Bogotá a Ackermann "el interés que Vd ha tomado en propagar en los nuevos estados de América, las obras que sirven a la educación pública de nuestras escuelas y adorno de la juventud".

Ackermann solicitó que se le concediera el privilegio del gobierno para la protección y exclusividad de impresión, venta e importación a Colombia de las obras que imprimía en Londres, en especial ante la piratería de la que era objeto en Francia. Así mismo, Darthes y Compañía solicitaron privilegio para la traducción e impresión de obras selectas (Gaceta de Colombia, 1826).

Aunque el periódico El Colombiano anunciaba con alegría la concesión del privilegio a las obras de Ackermann⁷, la Cámara de Representantes había decidido todo lo contrario; así el legislativo: "de conformidad con el dictamen de la comisión de policía ha resuelto negarse a la concesión del privilegio exclusivo que solicitaban los señores Ackermann, Darthes y Compañía para la traducción o impresión de algunas obras" (Gaceta de Colombia, 1826).

En 1828, por medio de una carta, Ackermann le comunicó de nuevo a Bolívar los problemas que le estaban suscitando los actos de piratería de las editoriales francesas: "Algunas de mis ediciones se han reimpreso furtivamente en Francia, donde la avaricia de ciertos especuladores no repara ni en este medio poco delicado de apropiarse lo ajeno". Sin embargo, Ackermann no logró obtener los privilegios para la protección a sus obras, y años más tarde decidió abandonar el negocio editorial.

La creación de un mercado lector en las repúblicas americanas, sumada a una mayor demanda de impresos, generó un negocio altamente rentable para Francia y constituyó además una forma de colonización cultural que estaba siendo disputada esencialmente con Inglaterra, Estados Unidos y España. La escasa producción editorial americana, por el reducido número de imprentas y los altos costos de producción, causó una gran demanda de importaciones de libros de Gran Bretaña, Francia y España.

El informe confidencial del 6 de septiembre de 1851, redactado por el comisario inspector de la Librería Francesa, indica que múltiples editores franceses estaban dedicados al tráfico ilegal de impresos en castellano con destino a Latinoamérica. De acuerdo a las investigaciones de Pura Fernández, el gobierno francés protegió a sus editores piratas.

El tratado bilateral de protección de obras literarias entre España y Francia estuvo precedido de litigios entre los autores españoles y las editoriales francesas. Un informe de 1860 señala que el tratado entre España y Francia redujo el número de obras francesas editadas sin autorización, aunque no el de las españolas editadas en Francia.

Además de tener la posición dominante en el mercado editorial, París pasó a ser la capital de los hispanoamericanos residentes en Europa. Esta situación fue evidente, y de hecho, en el curso de la segunda mitad del siglo XIX la construcción conceptual de Latinoamérica se efectuaría por intelectuales americanos radicados en París, particularmente por Torres Caicedo.

Torres Caicedo escribió en 1856 el poema "Las dos Américas", en el cual por primera vez se usa el término América Latina como referente geográfico y cultural en contraposición a Norteamérica. Se señala allí el peligro del imperialismo estadounidense para el resto de repúblicas americanas, en particular en los siguientes versos:

"La raza de la América Latina,
al frente tiene la sajona raza,
enemiga mortal que ya amenaza".

En 1861 Torres Caicedo escribió en Francia las bases de la unión latinoamericana y abogó explícitamente por la creación de una confederación de acuerdo con las ideas de Simón Bolívar, planteando una sola nacionalidad y una sola patria para todos los habitantes de las repúblicas de habla hispana en América. La nación que proyectó Torres Caicedo estuvo basada en el canon letrado: se trató de un proyecto inscrito en la colonialidad en el cual "the Creole elite responsible for building nation-states according to the new dictates of the European idea of modernity needed to refashion their identity" (Mignolo, 2005, p. 67).

En 1863, Tomás Cipriano de Mosquera, presidente de Colombia, indicó la necesidad de estrechar la unión de las repúblicas hispanoamericanas como mecanismo de defensa ante Estados Unidos y España:

Un Congreso de Plenipotenciarios, que afianze la independencia nacional de las diferentes Repúblicas i que se uniforme en el reconocimiento de los principios de derechos internacional. Que adopten el mismo sistema monetario i el de pesos, pesas i medidas oficiales; que se establezca un plan uniforme de correspondencia postal; i finalmente que garantize la propiedad literaria (Mosquera, 1863).

El gobierno de España, ante esta situación y luego de los últimos intentos de intervención militar en Suramérica (en 1866 bombardeó Valparaíso y El Callao), cambió su estrategia hacia la persuasión, e intentó disminuir el apoyo de las repúblicas americanas a la independencia de Cuba y Puerto Rico, lugares geoestratégicos para Estados Unidos. El giro hacia una intervención cultural y diplomática fue el inicio de la recuperación del poder colonial español en América por medio del "imperialismo pacífico" (Schoonover, 1994, p. 118).

El hispanismo, las academias de la lengua y la propiedad literaria

En 1868, el español José María Gutiérrez de Alba escribió una memoria dirigida al ministro de Estado español Manuel Silvela, en la cual indicó la necesidad por parte de España de restablecer relaciones con sus antiguas colonias e hizo énfasis en la importancia de la firma de tratados internacionales que aseguraran la propiedad intelectual de los autores ibéricos, como un mecanismo eficaz para la unión hispanoamericana y para el porvenir de la influencia intelectual de España en las nuevas repúblicas.

Las ediciones piratas realizadas en Francia que defraudaron los derechos de los editores españoles e ingleses fueron uno de los motivos para que Gutiérrez de Alba justificara el inicio de nuevas relaciones diplomáticas entre España y América:

Mi emigración a Francia en 1857 y 1858 y mi permanencia en París por espacio de algunos meses, me hicieron comprender que la decadencia de las letras españolas sería mayor cada día, hallándose explotadas por editores franceses, que hacen con sus productos un activo comercio con la América española; y que el remedio único para cortar este mal es la celebración de Tratados literarios y comerciales entre España y sus antiguas Colonias, estableciendo hasta donde posible fuese, una ley común de propiedad literaria, lo cual no podía menos de abrir un inmenso horizonte a la actividad intelectual de todos los pueblos de nuestra raza, y como consecuencia del comercio constante de las ideas, el aumento de mutua simpatía, la uniformidad de aspiraciones y el influjo natural en los destinos del mundo, de cincuenta millones de habitantes, que hablan al mismo idioma, tienen un mismo origen e intereses idénticos, y se hallan animados por el mismo espíritu⁸.

La iniciativa de Gutiérrez de Alba fue acogida por el gobierno español con la finalidad de iniciar las relaciones oficiales entre ambos países, desde una perspectiva tanto comercial como cultural, especialmente con los autores y escritores españoles y el mercado editorial:

Ya que siendo tan mezquino y ruin nuestro comercio de libros con la América española, ni allí se conoce cómo debería nuestra literatura contemporánea, ni nosotros podemos apreciar aquí los adelantos científicos y literarios de nuestros hermanos de ultramar, que por falta de cambio quedan limitados a su propio suelo, porque los demás mercados de Europa casi no existen para sus producciones por lo poco que en ellos se cultiva el idioma de Cervantes (Ospina, 1988, pp. 181-182).

Para estimular la fraternidad y el restablecimiento de las relaciones económicas y culturales entre España y Colombia, tres meses después de haber presentado su memoria, se designó a Gutiérrez de Alba como agente confidencial en la Nueva Granada y enviado del gobierno español al resto de las repúblicas hispanoamericanas.

Además, la misión tenía como propósito la difusión del pensamiento y de los autores españoles, "de suerte que no sólo popularicen en ellos [los países de América Latina] los nombres de nuestros más distinguidos escritos, sino que los editores de obras encuentren un nuevo mercado para este importante ramo de la industria" (Ospina, 1988).

Gutiérrez llegó a Bogotá en mayo de 1870 y en junio comenzó a enviar información relacionada con los puntos de su misión. Notó el sentimiento antiespañol que existía en determinados sectores, pero así mismo que empezaba a variar de forma significativa. El 30 de septiembre de 1870 Felipe Zapata, secretario del Interior de los Estados Unidos de Colombia, comunicaba a Torres Caicedo la llegada de Gutiérrez de Alba a Bogotá y de la misión confidencial encaminada al restablecimiento de las relaciones con España.

Zapata encomendó a Torres Caicedo realizar averiguaciones extraoficiales de las condiciones diplomáticas para estrechar las relaciones de amistad con el país ibérico, y el 30 de noviembre de 1870 Torres Caicedo avisó, desde Bruselas, el comienzo de los diálogos con el agente español Eduardo Asquerino, haciendo evidente su entusiasmo al notar que Gutiérrez de Alba había tomado la iniciativa (Torres Caicedo, 1870)⁹.

Dentro de los proyectos más importantes para la integración cultural de las repúblicas americanas con la antigua metrópoli, se planteó la realización de la unión literaria hispana, la cual sería liderada por España. Es así que, simultáneo a la llegada del agente confidencial, en el año de 1870 la Real Academia Española autorizó la fundación de academias correspondientes en los países de Latinoamérica.

Entre 1868 y 1871, Torres Caicedo fue ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de Colombia en Francia e Inglaterra, y llevó a cabo los primeros contactos diplomáticos para evaluar la posibilidad de restablecer las relaciones entre Colombia y España. En julio de 1869 se nombró a José María Vergara y Vergara como secretario, quien empezó a ejercer funciones desde el 30 de agosto¹⁰. Este aprovechó las relaciones de Torres Caicedo¹¹ y realizó todos los contactos necesarios para fundar en Colombia la primera de las academias de la lengua en Latinoamérica correspondiente a la de España.

José María Vergara y Vergara, José Manuel Marroquín y Miguel Antonio Caro, quien redactó la ley de propiedad literaria de 1886, fundaron en Bogotá la Academia Colombiana de la Lengua, y José María Gutiérrez de Alba fue designado miembro honorario extranjero de la misma. La academia se presentó como un foro adecuado para la diseminación de las ideas que abogaban por un régimen de propiedad literaria en Colombia y para la difusión del hispanismo, el cual se puede entender como "the existence of a unique Spanish culture, lifestyle, characteristics, traditions and values, all of them embodied on its language; the idea that Spanish American culture is nothing but Spanish culture transplanted to the New World; and the notion that Hispanic culture has an internal hierarchy in which Spain occupies a hegemonic position" (Del Valle, 2002, p. 6).

Además, la Academia fue un espacio privado que sirvió de manera fundamental para consolidar el proyecto político de establecer relaciones diplomáticas formales entre Colombia y España. En el año de 1871 el director de la Academia Española fue don Mariano Roca de Togores, Marqués de Molins (Guzmán, 1978, pp. 7-9), quien en calidad de ministro plenipotenciario de España firmó en 1881, en París, el Tratado de Paz y Amistad entre Colombia y España. Esto abrió las relaciones formales entre los dos países luego de la independencia. De otra parte, el propio Marqués de Molins firmó en representación de España, en el año de 1880, el tratado bilateral con Francia para la protección de las obras literarias.

Al igual que muchos otros diplomáticos latinoamericanos del siglo XIX, Torres Caicedo trabajó para diferentes gobiernos. Su última y más extensa misión diplomática fue para el gobierno del Salvador, encontrando en esa ocasión toda la libertad necesaria para continuar sus proyectos políticos y culturales en aras de consolidar el imaginario de la identidad latinoamericana en Europa. Torres Caicedo había pedido autorización al gobierno colombiano para empezar a ejercer funciones diplomáticas para la República Centroamericana del Salvador, y por medio de la Ley 57 de 15 de junio de 1870 se le había autorizado para ser ministro de dicho país en Bélgica. En los años siguientes, Torres Caicedo sería representante diplomático del Salvador en París.

El gobierno del Salvador había restablecido relaciones con España en 1865, y en 1872 Torres Caicedo inició las negociaciones en España para fundar la Academia Salvadoreña de la Lengua, la cual se formalizó en 1875. La academia estrechó las relaciones entre los letrados salvadoreños y españoles y consolidó el vínculo político-cultural entre ambas naciones.

El lazo lingüístico entre América y España jugó un papel político y cultural como elemento generador del ideal de nación de los letrados. En Colombia, el interés por la gramática, la filología, la redacción e interpretación de las leyes y por el manejo lingüístico del español fue un elemento simbólico de supremacía intelectual, que intentó ser dominado por el partido conservador desde la fundación de la Academia de la Lengua Colombiana en 1871.

La lengua española, como elemento vinculante entre América y España, se convirtió en una empresa ideológica de grandes consecuencias en el proceso de restablecimiento de la injerencia española a América.

En el mismo momento en que se inició en Colombia la reforma educativa radical liberal con el decreto orgánico de 1870 que buscaba la revolución en la instrucción pública convirtiéndola en laica, universal y obligatoria, el partido conservador encontró un fortín en la academia, la cual fue entendida como "fruto de la iniciativa de un grupo reducido de intelectuales que entendieron que su lucha y compromiso con la nación y con la causa española solo podía traducirse en la literatura y en estudios sobre la lengua y la literatura de la América española" (Padilla, 2008, p. 86).

La unificación de los usos lingüísticos se convirtió en símbolo de tradiciones comunes e identidad nacional tanto a nivel local como en toda Latinoamérica.

La discusión por la corrección del lenguaje, las reglas y las autoridades estuvo inmersa dentro del debate de la construcción de nación. Más aún, la Academia de la Lengua se convirtió en un eslabón hispanista de primer orden que buscaba configurar un sentido de lo nacional enfocado y programado desde los valores españoles.

Las convergencias y diferencias entre los intereses gramaticales de las academias correspondientes y de la academia de Madrid facilitaron y dificultaron, según el caso, la consecución de los tratados de propiedad literaria entre España y los países americanos. Así, mientras la relación pacífica de las academias de Colombia y El Salvador con la española abrió el camino para la firma de un tratado sobre propiedad literaria, en Perú, Ricardo Palma le justificaba a su par académico español, Benito Pérez Galdós, que la actitud autocrática de la academia de Madrid generaba la resistencia suficiente para obstaculizar la firma de un tratado de propiedad literaria los dos países (Rama, 1982, p. 176).

La relación armónica entre la academia española y su correspondiente colombiana, así como el interés de los académicos por la propiedad literaria, son palpables en la publicación seriada que discutió el tema de la propiedad intelectual de 1879 a 1886: El Repertorio Colombiano, la cual fue fundada en 1878 y sirvió como órgano de difusión del pensamiento hispanista y de los trabajos de los miembros de la Academia.

En 1878, con la fundación de la Asociación Literaria Internacional, se dieron las condiciones necesarias para que se pusiera en marcha la firma de tratados de propiedad literaria entre Colombia, El Salvador, España y Francia.

La asociación artística y literaria internacional, la propiedad literaria y latinoamérica

La insuficiencia de los tratados bilaterales para la protección efectiva a nivel internacional de las obras del espíritu encaminó los esfuerzos de los juristas, literatos y editores para plantear la discusión de un sistema multilateral de protección, lo que implicaba también el debate sobre el contenido mismo de la propiedad literaria y el régimen internacional que se debería adoptar.

El paso decisivo que cristalizó más de medio siglo de discusiones internacionales en la formación de un convenio multilateral de protección de las obras literarias y científicas fue la creación de la Asociación Literaria Internacional (ALI), fundada formalmente en 1880 por el colombiano Torres Caicedo y por los literatos franceses Pierre Zaccone y Jules Lermina, bajo la autorización del Ministerio del Interior francés del 3 de marzo de ese año. La ALI tuvo como objetivo principal la defensa del principio de la propiedad literaria.

La fundación de la ALI, que desde 1884 se llamaría Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI), fue el resultado del Congreso Literario Internacional de 1878 celebrado en París bajo la presidencia de Víctor Hugo, en el marco de la Exposición Universal. Dicho congreso fue convocado por la Sociedad de Gentes de Letras de Francia (SGDL) con el propósito de debatir y plantear un sistema internacional de propiedad literaria.

Para esta época la labor creativa de un autor había pasado, de ser una actividad desinteresada, a ser aceptada como un trabajo intelectual, de manera que como un acto de justicia merecía ser remunerada. Así lo expresó la Sociedad de Gente de Letras en su crónica de abril de 1878, al referirse a la organización del Congreso de París:

Yo sé que se nos va a reprochar de preocuparnos especialmente por el dinero en nuestras cuentas, en lo que en definitiva es la vida misma de nuestra Sociedad y de nuestros asociados. ¿Qué podemos hacer? Nosotros queremos ser libres, y para serlo debemos ser independientes. Ya no hay más mecenas para las letras, además, todo mecenas es un jefe y para hacerse respetar hoy en día debemos poder vivir de nuestro instrumento de trabajo (Cavalli, 2006, p. 138).

Esta concepción del ejercicio del pensamiento como trabajo implicó la constitución de un derecho de propiedad sobre el resultado del esfuerzo intelectual del individuo.

El Congreso Literario de 1878 creó un comité de honor compuesto por doce personas, entre ellas Víctor Hugo, Torres Caicedo, Jules Simon y Emilio Castelar. Así mismo, Torres Caicedo fue nombrado miembro de la comisión para la creación del boletín de la asociación, el cual se convirtió en uno de los medios más efectivos de difusión internacional del derecho de autor durante finales del siglo XIX.

La primera reunión de la asociación se convocó para el 14 de diciembre de 1878 en la habitación de Torres Caicedo¹². Allí se organizó el Congreso de Londres de 1879 y se discutió la convención de propiedad literaria entre Francia y Alemania. Luego, el 21 de diciembre de 1878, en la sesión de la ALI se designó una comisión (integrada por dos miembros del comité de honor: José da Silva Mendes y José María Torres Caicedo, y por tres miembros del comité ejecutivo) que visitó a Víctor Hugo (presidente de honor de la asociación) para informarle sobre el inicio de las actividades y entregarle un ejemplar del primer número del boletín de la ALI.

Durante la Exposición Universal de 1878, de forma simultánea al congreso donde se fundó la ALAI, Torres Caicedo participó en múltiples conferencias de diferentes sociedades académicas, que siempre giraron en torno a la difusión del discurso latinoamericanista. El 17 de julio, en el Palacio de Trocadero, Torres Caicedo presidió la sesión de la sociedad etnográfica con una intervención titulada: "L'Ethnographie, la Nationalité Normale et les Nations Latines de l'Amérique". De manera concomitante a su rol en la ALAI, Torres Caicedo fundó en París la Sociedad de la Unión Latinoamericana, la cual tuvo un comité en Roma (Rivadeneira, 1989, p. 103).

La Exposición Universal de París fue el escenario de la exaltación de la ideología capitalista encaminada al desarrollo industrial y el progreso, al igual que las anteriores y las posteriores. En efecto, como dijera Benjamin, "world exhibitions are places of pilgrimage to the commodity fetish" (2002, p. 17). Los letrados latinoamericanos actuaron en este contexto, intentando por todos los medios posibles incluir a las repúblicas latinoamericanas dentro de la representación de lo que se llamó mundo civilizado, recurriendo básicamente al único recurso que les permitía asimilarse al contexto intelectual europeo: el manejo del lenguaje, la literatura, el derecho y la retórica de las instituciones políticas republicanas.

Desde la publicación de la Unión latino-americana, pensamiento de Bolívar para formar una liga americana (1865), de Torres Caicedo, este se consolidó como el principal difusor de la identidad latinoamericana. A su vez, en su calidad de editor de El Correo de Ultramar obtuvo una posición privilegiada para publicitar y editar en Europa las obras de los letrados latinoamericanos, además de ser prologuista de numerosas ediciones y de publicar desde 1863, en tres volúmenes, los Ensayos biográficos y de crítica literaria sobre los principales poetas y literatos hispano-americanos. Esta amplia colección de estudios publicada en Francia en el siglo XIX consolidó su prestigio tanto en Europa como en las repúblicas americanas, y lo consolidó como el máximo agente de la literatura latinoamericana.

El tema principal del Congreso de la ALI de 1879 fue la discusión sobre el derecho de traducción y de adaptación. Torres Caicedo, "qui, de ce jour, devint le plus fervent appui de l'Association qu'il présida pendant plusieurs années" (Lermina, 1889, p. 14), fue el presidente de las sesiones de 1879 y 1880 y presentó un estudio sobre la literatura de América Latina, el cual fue publicado en el boletín número 4 de la asociación. Este trabajo de Torres Caicedo es el más claro ejemplo de su interés en la ALAI y en la propiedad literaria como un recurso para consolidar un imaginario latinoamericano. Con dicho estudio de la literatura de América Latina:

He clearly believed that Latin Americans needed to represent their countries with more than the desiccated animals and indigenous feather ornaments that had dominated their contributions to the recent Universal Expositions of London and Paris. He must have suspected that a mostly "anthropological orientation" in Latin American self-representation merely bolstered Europe's already well-demonstrated colonizing vocation in his part of the World (González, 2003, p. 230).

El estudio tiene ocho partes y sirvió para ubicar a América Latina en el plano internacional. Se definió como una construcción histórica con identidad propia y con una literatura en gestación. La primera parte describe los adelantos y desarrollos por los que Estados Unidos de Norteamérica, o en palabras de Torres Caicedo la "América Anglosajona", es objeto de admiración a nivel internacional. En contraposición, muestra los maltratos que se daban al momento de hablar de la América Latina y señala sus riquezas geográficas y biológicas. El discurso de Torres Caicedo es la representación de la ciudad letrada; rediseña la realidad de la región y plantea un imaginario de una historia, lengua, religión y cultura homogéneos, teniendo como fundamento la ciudad y la herencia europea.

Torres Caicedo hizo referencia a los avances políticos de los países latinoamericanos, a las libertades que se habían consagrado, y a los derechos y sistemas políticos de estirpe liberal que se habían establecido. Así mismo, hizo énfasis en el crecimiento demográfico y en la ventaja de compartir elementos comunes: forma de gobierno, lengua, culto. Destacó que en Europa se denigraba y se difamaba a América Latina pero que su proceso y sus revoluciones eran tan normales como las de Europa. También, de forma aguzada, dijo lo siguiente:

Si un Latino-Americano ignora el nombre de un condado de Inglaterra o el de uno de los departamentos de Francia; si no conoce las proezas de tal o cual hombre de Estado, de tal o cual actor célebre […] entonces, se le llama en seguida salvaje. Por el contrario, parece muy natural que se ignore en Europa, que en nuestra rica y fecunda América hay gentes que saben pensar y escribir, que piensan con acierto y luchan por la verdad (Torres Caicedo, 1879).

El congreso literario era el lugar para divulgar la existencia de autores latinoamericanos. Torres Caicedo indicó que "esos revolucionarios en estado crónico" tienen literatura y literatos. Dividió la literatura latinoamericana en tres periodos e indicó sus exponentes más representativos y sus características: la del régimen colonial, la de la guerra de la independencia y la que comprende desde el fin de la guerra de la independencia hasta sus días (1879). Defendió la existencia de una literatura latinoamericana e indicó algunos autores originales y otros imitadores. Todo ello lleva implícita su fervorosa idea de una nación latinoamericana.

Justamente la cuarta parte de su estudio se enfocó en la originalidad. Torres señaló la forma en que es posible aprovechar el recorrido de la literatura europea. Al respecto dijo que "nuestra literatura es original en cuanto a la descripción de los objetos, imitativa en todo lo demás". Sin embargo, afirmó que la imitación es una constante en el progreso de las letras. También exploró el futuro de la literatura latinoamericana y señaló las características que debe tener. Propuso que debería ser democrática en el sentido de tener como referencias temáticas al "hombre, la sociedad, la humanidad, Dios", y a la vez la contrastó con aquella que denominó la "literatura aristocrática".

Torres Caicedo señaló los progresos tecnológicos del hombre en materia de transporte, salud y telecomunicaciones, para luego sentenciar que el papel de la literatura latinoamericana es el de impulsora del progreso de la humanidad. En este sentido, enumeró una cantidad representativa de autores latinoamericanos y narró brevemente algunas biografías como las de Andrés Bello, Heredia, José Joaquín Olmedo y Zea.

También dedicó un apartado a la prensa periódica mediante un listado de autores (poetas y literatos) de diferentes países de América Latina y abordó la solución a diferentes interrogantes alrededor del periodismo y de las publicaciones periódicas: ¿cuál es el rol del periodismo en la América Latina?, ¿cuál es la situación de los periodistas?, ¿cuál es la influencia que ejercen?

Afirmó que la prensa en América Latina es un sacerdocio, no siendo los periódicos vistos como negocios rentables y siendo su remuneración insignificante. A excepción de casos de gran prestigio y talento literario, dijo, los escritores no suelen recibir un buen salario. Con ello, Torres Caicedo ubicaba a la prensa latinoamericana como un espacio de discusión literaria y científica.

En consonancia con el tema del congreso, la traducción y la propiedad literaria, Torres señaló la cantidad de traducciones que se realizaban en el momento en América Latina, la libertad de prensa y las leyes que intentaban impedir dicha libertad. Describió a los latinoamericanos como defensores de la propiedad literaria. Además, mostró la forma en que los extranjeros recibían los privilegios de propiedad y señaló la disposición de los países latinoamericanos de firmar tratados internacionales que garantizaran la propiedad literaria, industrial y artística.

De manera simultánea al estudio de la literatura latinoamericana, en el boletín número 4 de la ALI se publicaron estudios sobre literatura noruega y portuguesa. En 1879, la ALI inició una serie de conferencias sobre la literatura internacional en la cual Torres Caicedo participó, presentando la literatura hispana. El afianzamiento y divulgación de las construcciones nacionales, con hincapié en sus literaturas, sostuvo, sería un fenómeno ligado y concomitante al desarrollo del derecho de autor.

Torres Caicedo fue designado presidente de la ALAI en el Congreso de Londres de 1879. Los miembros designados como parte del comité de honor por Latinoamérica fueron: Torres Caicedo, ministro plenipotenciario del Salvador, y Rafael Zaldívar¹³, presidente del Salvador.

En el comité ejecutivo del Congreso de Lisboa de 1880 se encontrarían, por Latinoamérica, el colombiano Lázaro María Pérez¹⁴, Cecilio Acosta de Venezuela, Victoriano Lastarria de Chile y V. E. Quesada de Argentina.

El 3 de julio de 1879 Torres Caicedo, Silva Mendes y Fréderic Thomas se reunieron en con el presidente de Francia para informarle sobre su designación como miembro del comité de honor de la ALAI. En la sesión de la ALAI del 25 de octubre de 1879, Torres Caicedo informó la aceptación de la designación de Rafael Zaldívar, presidente del Salvador, como miembro del comité de honor. Asimismo, anunció el otorgamiento de plenos poderes para concluir la convención con Francia, y en 1880 Francia y El Salvador firmaron un tratado de propiedad literaria y artística. El tratado entre España y Francia de 1880 fue iniciativa de Torres Caicedo, quien convirtió estos primeros tratados en el modelo a seguir para los convenios bilaterales de protección a las obras literarias y artísticas; tal como lo señaló Lermina en 1882:

Le traité Franco-Espagnol et le traité Franco-Salvadorien, du à l'initiative d'un des plus illustres et des plus anciens fondateurs de l'Association, à M. Torrés Caicedo, l'éminent diplómate des Républiques latines, marquent une étape nouvelle dans la marche de notre oeuvre. lis consacrent ce principe que la traduction est assimilée à la contrefaçon, que les écrivains de tous pays doivent être traités dans tout autre pays do la même façon que les nationaux, et fixent pour terme à cette propriété devenue réelle et complète le terme de cinquante ans après la mort. Ces deux traités, Messieurs, doivent servir de type à toutes les conventions à conclure entre les divers pays. Ils sont l'expression de la probité universelle et le Congrès de Lisbonne leur a donné la consécration de voeux solennels¹⁵.

En 1883, Torres Caicedo se acercó de forma oficial al gobierno inglés¹⁶ para proponer la firma de un tratado entre El Salvador e Inglaterra en términos más amplios que los establecidos en tratados bilaterales anteriores, convenio que nunca se realizó. Torres Caicedo era consciente de que los tratados bilaterales impulsados por él eran de clara ventaja económica y cultural para las naciones europeas, y así lo manifestó explícitamente durante las negociaciones¹⁷. Uno de los intereses predominantes del propio Torres Caicedo y de los latinoamericanos que intervinieron en estos tratados fue el de ganar capital cultural y capital simbólico al formar parte de lo que aquel llamó la República Universal de las Letras. Un claro ejemplo de la puesta en escena de este capital simbólico es la firma en 1884 en Madrid del tratado entre España y El Salvador.

El presidente del Salvador, Rafael Zaldívar, había llegado a Madrid gracias a una autorización dada por el Congreso para ausentarse del país por ocho meses. Allí, junto a Torres Caicedo, recibió numerosos honores de la Academia, de la Corona Española y del gobierno madrileño. En esa oportunidad, luego de haber firmado el tratado de propiedad literaria con el Marqués del Pazo, Torres Caicedo fue condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Lo último que Zaldívar hizo en Madrid antes de marcharse a París fue visitar al poeta Gaspar Núñez de Arce, uno de los principales promotores de la propiedad literaria en España. El mismo año se creó oficialmente, en la Universidad de Madrid, la Unión Iberoamericana, la cual creó comités en diferentes países de Latinoamérica (Schoonover, 1994, p. 123).

Con su excelsa habilidad diplomática, Torres Caicedo se encargó de la firma de estos tratados y de dar inicio a la organización de las reuniones para un convenio multilateral de propiedad literaria. Todas estas actividades como presidente de la ALAI ameritaron que por decreto del presidente de la república francesa, del 30 de diciembre de 1879, fuera elevado a la dignidad de Gran Oficial de la Legión de Honor. La ALAI le ofreció entonces un banquete, en el café Riche¹⁸, para celebrar la distinción merecida al diplomático, literato y defensor de la propiedad intelectual.

En el reporte de las sesiones de 1879-1880, elaborado por Lermina, se señaló la conformación de grupos nacionales de la ALI. Se crearon los dos primeros, el alemán, en Berlín, bajo el impulso del Dr. Loewenthal, y el colombiano, con sede en Bogotá, bajo la presidencia de Rafael Núñez, presidente de Colombia. La eficacia de estos comités la demuestra el hecho de que Colombia empezara en 1882 las negociaciones para su primer tratado de propiedad literaria, luego firmado en 1885 y ratificado en 1886. Por su parte, entre 1880 y 1885 Alemania firmó cuatro tratados bilaterales para la protección de obras literarias y artísticas, con Suiza (1881), Francia (1883), Bélgica (1883) e Italia (1883).

Durante el periodo de 1878 a 1886, la firma de tres tratados bilaterales por parte de las repúblicas latinoamericanas, dos por El Salvador y uno por Colombia, fue cuantitativa y cualitativamente insignificante en el contexto general del derecho internacional del derecho de autor. Estos tratados fueron importantes para España, Francia y las élites latinoamericanas, encabezadas por Torres Caicedo, para usar el derecho internacional como un instrumento de colonialidad cultural que se desplegó a través del hispanismo y del latinoamericanismo. Al mismo tiempo, para Francia y España estos tratados fueron una herramienta del imperialismo pacífico que, entre otras cosas, buscaba defender los intereses de Cuba, Puerto Rico y el Canal de Panamá de la intervención norteamericana.

Durante los siguientes años, las principales actividades de la ALAI consistieron en continuar la firma de tratados bilaterales y acelerar el proceso diplomático con el fin de hacer posible una convención multilateral. En una comunicación a los ministros del interior y de justicia de Francia, la ALAI instó a la toma de acciones contra la piratería extranjera, especialmente la norteamericana. Ante esta denuncia y solicitud, Lepere, el ministro del interior francés, dirigió una carta a Torres Caicedo explicando que la firma de un tratado de propiedad literaria entre Francia y los Estados Unidos de Norteamérica dependía únicamente de Washington, pues los esfuerzos diplomáticos de Francia eran inútiles ante la reticencia norteamericana de proteger los derechos de los extranjeros. Así, se exhortó a la ALAI a cumplir un papel fundamental para la consolidación de estos convenios.

Bajo la coordinación diplomática de Méndez Leal, de Torres Caicedo y de Pierre Zaccone, se organizó el congreso de 1880 en Lisboa, en conmemoración de los 300 años de la muerte del poeta Camoens. Torres Caicedo no pudo viajar a Lisboa a presidir el congreso, mas envío un saludo fraternal e insistió en el papel fundamental de la ALAI:

La Asociación Literaria Internacional realizó la vasta federación de los pueblos inteligentes; fundó la república universal de las letras. Ha elevado muy alto el estandarte glorioso de la emancipación del pensamiento: derribó la Bastilla de los explotadores de las ideas del otro; denunció a aquellos que mantenían el último vestigio existente de esclavismo: los trabajos forzados del productor de ideas al servicio del traficante de libros que, más ávido que el plantador de Cuba, no se ocupa siquiera de dar un pedazo de pan a sus esclavos¹⁹.

Luego de los congresos de Londres y Lisboa se realizaron congresos en Viena (1881), Ámsterdam (1883) y Roma (1882). Respecto al último, Paul Schmidt, representante de la Asociación Alemana de Editores de Libros, propuso la creación de la Unión Internacional para la Protección de los Derechos de los Autores.

Torres Caicedo, presidente perpetuo de la ALAI, que no había asistido al Congreso de Roma, fue informado inmediatamente de la propuesta, así que hizo contacto con el gobierno suizo para emprender las acciones diplomáticas necesarias para la realización de la unión de la propiedad literaria, análoga a la unión monetaria y postal. Desde 1883, a cargo del jurisconsulto suizo Numa Droz, se realizaron las conferencias de Berna para la consolidación del convenio internacional.

Durante las diferentes conferencias de 1883, 1884, 1885 y 1886 en Berna se discutieron de nuevo múltiples asuntos relacionados con la naturaleza de la propiedad literaria y el sistema de protección a las obras literarias y artísticas. Como resultado se firmó la Convención Diplomática de Berna, el 6 de septiembre de 1886, entre Alemania, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Haití, Italia, Liberia, Suiza y Túnez.

La agitación política del Salvador durante estos años y el derrocamiento de Zaldívar hicieron imposible que Torres Caicedo tuviera la autorización para la firma del convenio como ministro plenipotenciario. Sin embargo, como presidente de la ALAI y reconocido experto en derecho internacional, realizó todas las gestiones preliminares que hicieron posible el convenio.

La función de Torres Caicedo como facilitador de los canales diplomáticos necesarios para crear una convención multilateral se había agotado desde el momento mismo de la iniciación de las negociaciones. En 1887, Édouard Clunet, el fundador del Journal du Droit International (1874), publicó el primer libro sobre la recién firmada convención de Berna, en donde destacó la importancia diplomática del colombiano para la realización de la convención²⁰. Posteriormente, al no haber sido un teórico o académico de la propiedad intelectual, Torres Caicedo desaparecería del derecho de autor. Así mismo, el discurso sobre la existencia de una literatura latinoamericana dentro del contexto de la ALAI cambiaría radicalmente. El hecho es que en el discurso inaugural del congreso de la ALAI de 1887, organizado en Madrid, se hizo hincapié en los intereses y las relaciones poscoloniales respecto a la propiedad literaria, a la vez que se argumentó que la ausencia de producción literaria en Latinoamérica era la causa de que las repúblicas americanas no tuvieran tratados con España:

Bélgica, bajo el punto de vista literario, vivía a expensas de Francia; el Brasil usurpa su propiedad a los literatos portugueses; la América del Norte despoja a los ingleses, y las del Centro y el Sur saquean a los españoles.

Grandes dificultades tiene que vencer en este punto la Asociación Literaria Internacional.

Hasta el día solo se ha firmado el tratado franco-belga. Los brasileños se han limitado a dar buenas palabras; el Board of Trade inglés continua sus negociaciones con la América del Norte, y nuestras repúblicas americanas siguen publicando las novelas de Valera, Alarcón y Pérez Galdós, los poemas de Nuñez de Arce y de Campoamor; los libros de Castelar y de Menéndez Pelayo; los dramas de Echegaray y la música de Barbieri, sin honra ni provecho para sus autores.

Las ultimas comunicaciones recibidas de aquellas repúblicas sobre este particular expresan con cínica claridad que como allí no venden ni cambian nada, porque nada producen en la literatura, prefieren utilizarse de nuestra propiedad, sin darnos nada en cambio. A su tiempo llamaremos la atención del Congreso sobre este punto, que tan especialmente interesa a España, y pediremos que por las vías diplomáticas y por toda clase de medios se invoquen los sentimientos de equidad y la propia dignidad de los Estados usurpadores (Calzado, 1887, p. 230).

Al contrario de las demás repúblicas latinoamericanas, los letrados colombianos podían no sentirse aludidos por las palabras de Calzado en la ALAI. La firma del tratado de propiedad literaria entre Colombia y España en 1885 tuvo la función simbólica de reconocer la existencia y validez de la literatura nacional colombiana por parte de los letrados españoles, que se recalcó por medio de un vínculo jurídico entre los letrados de ambos países.

Además, la creación en 1878 de la ALI repercutió en Colombia: se promovió de forma indirecta una transformación jurídica del régimen de protección a las obras literarias. Entre 1880 y 1886 se presentaron tres proyectos de ley sobre el tema, y ese periodo de tiempo coincidió con la constitución de la ALI y la culminación de su proyecto fundacional: la firma de un tratado multilateral de vocación universal de protección a las obras literarias y artísticas.

El "efecto doppler" de la ALAI en la propiedad literaria en Colombia

En el censo de 1870 se registró la existencia de 77 literatos hombres y 5 mujeres, los cuales, en todos los casos, no podían subsistir de su pluma. Más del 80% de la población de Colombia era analfabeta. En Colombia, la configuración moderna de la figura del escritor profesional dentro de un mercado editorial que retribuyera el trabajo intelectual fue posterior a la asunción de la propiedad literaria.

El sistema de privilegios de protección a las obras literarias, artísticas y científicas en Colombia, que estuvo vigente de 1834 a 1886, era parte de una política de instrucción pública de carácter liberal. La producción intelectual protegida y estimulada por el gobierno, por medio de privilegios durante el periodo de 1858 a 1886, se caracterizó por la adaptación, traducción y compilación, y por tener fines de instrucción pública. El otorgamiento de privilegios, los cuales eran concedidos por el presidente de la república por un periodo de quince años, permitía el reconocimiento oficial de la producción intelectual protegida por el sistema legal y buscaba generar elementos culturales comunes para cohesionar la unidad nacional.

En el año de 1883 Antonio M. de Arrázola, jefe de la oficina de estadística, se propuso elaborar, como parte fundamental de su labor de organización y clasificación de información de importancia para el país, la bibliografía nacional de carácter oficial.

Las bibliografías nacionales son el listado de libros o de publicaciones realizadas en cada país. Las primeras compilaciones de bibliografías nacionales se empezaron a publicar a principios del siglo XIX, y se basaban en las bibliografías oficiales, semioficiales y en los catálogos de comercio de libros (Peddie, 1912).

Las obras colombianas de bibliografía nacional que aparecieron en las publicaciones extranjeras fueron: Apuntes sobre bibliografía colombiana de Isidoro Laverde Amaya, publicada en 1882; el listado de las obras de la colección del coronel Anselmo Pineda publicado en 1853 (Peddie, 1912) y la Revista Bibliográfica de la librería de José María Torres Caicedo (Courtney, 1905).

La primera bibliografía nacional de Colombia fue algo completamente diferente: se prescindió de un listado de los libros y revistas publicados y de los libros depositados en la Biblioteca Nacional. En el informe anual del jefe de la sección de estadística, para el año de 1884 se estableció como bibliografía nacional el listado de obras privilegiadas²¹.

La literatura nacional pretendió actuar como tábula homogeneizadora de la lengua, de la educación y de los imaginarios colectivos. Además, fue el lugar para la proyección de normas de ciudadanía y de fronteras simbólicas (Ramos, 2001).

El proyecto academicista conservador veía con total recelo el sistema radical y los privilegios como la promoción de la educación pública. Entre 1876 y 1877 Colombia se sumergió en una guerra civil cuyo principal tópico de confrontación entre liberales y conservadores fue la educación, razón por la cual se llamó guerra de las escuelas. El partido independiente asumiría el poder y daría paso al proyecto de regeneración administrativa promovido por Rafael Núñez. Uno de los propósitos del proyecto de la regeneración conservadora fue establecer, por parte de los letrados, un monopolio absoluto en el plano legal, religioso, cultural e histórico sobre la nación colombiana²². La llamada "Regeneración", que comenzó a gobernar en 1880 y que se consolidó en 1886, se reenfocó en la literatura, la lingüística y la religión católica como los valores predominantes en la sociedad.

Al respecto, es claro lo manifestado por Rafael Pombo en la junta del 6 de agosto de 1877 en la Academia Colombiana:

La elevada causa de la literatura como educadora del pueblo y verdadero apóstol del espíritu de la materia y de la razón contra la fuerza bruta […]. Las letras, las ciencias, las bellas artes, todo lo que suaviza los sentimientos y eleva o distrae el espíritu, suele ser apartado y olvidado como trasto inútil cuando la política de cierta laya es la preocupación dominante, y cuando el dinero sonante es reconocido por muchos como lo único ambicionado y positivo (Padilla, 2008, p. 87).

El gobierno que se erigió desde la Constitución de 1886 se fundamentó en el hispanismo como base de la nación según la conciencia de la élite conservadora. La consecución de un modelo de propiedad intelectual sería un capital simbólico de extremo valor dentro de esta noción que, para Miguel Antonio Caro, quien fue el principal artífice de esta transformación, dejaría de lado el sistema de privilegios que estimulaba el fanatismo de la instrucción pública:

Este abandono en que Gobiernos, por otra parte fanáticos de lo que llaman instrucción, dejan la actividad fecunda y gloriosa de la inteligencia de los colombianos, asimilando la profesión del escritor á la vagancia, de tal suerte que los que lo sean han de contentarse con su gloria y caminar al hospital, redunda por lo pronto en daño de los autores, pero á la larga perjudicará también a los editores nacionales, y será oprobio y mengua para el nombre colombiano, ya que, por desgracia, las naciones suelen identificarse con sus Gobiernos, por cuanto, según la filosofía recibida, cada una de ellas tiene ni más ni menos el que se merece (Caro, 1884).

Miguel Antonio Caro hizo uso de una estrategia retórica, filosófica y teológica dirigida a justificar y traducir los privilegios sociales y económicos de los letrados en derechos naturales, con lo cual impidió las transformaciones sociales promovidas por los radicales liberales (García, 2010, p. 38). El gobierno radical liberal en 1870 había establecido la educación obligatoria, laica y universal, a lo cual Caro se había opuesto con vehemencia.

En noviembre de 1879, en el número 17 del Repertorio Colombiano se publicó el artículo escrito por Torres Caicedo titulado "Sobre la propiedad literaria", que correspondía a la ponencia presentada para el Congreso de la ALAI en París en 1878. Este escrito sobre propiedad literaria dio inicio a un debate jurídico y político en Colombia que persistió hasta 1886. El artículo se publicó precedido de una breve nota introductoria realizada por el antiguo agente confidencial español José María Gutiérrez de Alba y por Lázaro María Pérez, líder conservador y propietario de la librería Torres Caicedo, ubicada en Bogotá.

Gutiérrez de Alba, en su memoria de diez años antes, había escrito sobre la necesidad de establecer tratados de propiedad literaria, ya que los editores extranjeros de manera fraudulenta

… estampan en sus prensas los productos de nuestro ingenio y su comercio de libros españoles con los españoles de América ha llegado a ser de tal importancia, que sólo París, Bruselas y Leipzig exportan anualmente para aquellas regiones obras impresas por valor de muchos millones de francos, cuando la exportación española llega apenas a algunos centenares de escudos (Ospina, 1988, p. 183).

En la nota introductoria al artículo de Torres Caicedo se mencionaba la importantísima posición que este había alcanzado, ya que había sido designado, junto a Víctor Hugo, presidente de la ALAI. Con ese panorama internacional, Gutiérrez de Alba veía el comienzo real de su plan de internacionalización de la protección de las obras literarias y artísticas en las antiguas colonias españolas. En su comentario preliminar, escrito por Lázaro María Pérez, sostenía:

Colombia, que ha tenido la fortuna y el honor de que uno de sus hijos más ilustres se halle al frente de una corporación tan respetable, debe ser la primera que en la América Latina se coloque a la vanguardia de sus hermanas, dictando en el próximo congreso una ley que asimile en todo la propiedad literaria á las demás propiedades que hoy se reconocen, lo cual será un gran paso en la senda del verdadero progreso, y un timbre de gloria para la nación que primero lo realice (Pérez, 1879).

De forma inmediata el tema entró a la agenda legislativa nacional. El 14 de mayo de 1880 se presentó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley sobre la propiedad intelectual el cual, siguiendo las ideas de Torres Caicedo, establecía la perpetuidad de la propiedad literaria. En los números 23 y 24 del Repertorio Colombiano, correspondientes a mayo y junio de 1880, Demetrio Porras publicó el artículo titulado "De la propiedad intelectual", cuyo principal objetivo era:

Contribuir en lo posible á la discusión del proyecto de ley que sobre esta materia acaba de presentarse en la Cámara de Representantes, en protección de los fueros del pensamiento, en favor de la instrucción pública y el bienestar de la humanidad (Porras, 1880)

El proyecto de ley presentado en 1880 fue archivado. En mayo de 1882, un grupo de ocho letrados, entre los cuales estaban los líderes de la Academia de la Lengua y del partido conservador: Miguel Antonio Caro, Manuel Marroquín y Rufino José Cuervo, dirigió una carta Congreso, en la que se requería la adopción de una legislación sobre la propiedad literaria. Como respuesta, en el año de 1882 José María Samper presentó ante la Cámara de Representantes un nuevo proyecto de ley sobre propiedad intelectual, el cual variaba sustancialmente del anterior, ya que era mucho más sencillo, corto y con una diferencia fundamental en lo que se refiere al periodo de protección. Samper era explícito en establecer la relación entre la construcción de nación y la propiedad literaria:

Y nada es mas lógico, ciudadanos Representantes, puesto que nada es mas nacional, nada estampa mejor en las páginas de la Historia el sello de la vitalidad de una nación, que las obras que dan testimonio de su estado intelectual, de su ingenio y de sus adelantamientos en la inventiva, ya sea esta literaria, ó científica, industrial ó artística. Lo que constituye la nacionalidad es la unidad sustancial de un pueblo en su lengua, en todas sus condiciones etnográficas, en sus sentimientos tradicionales, en su genio creador y en sus instituciones; y Colombia no sería verdadera nación, una como tal, si no tuviese como bases de unión un espíritu común y una común aspiración de esfuerzos, civilización y gloria²³.

Los lazos de la academia, el hispanismo y la propiedad literaria se hicieron evidentes. José María Samper, ponente y redactor del proyecto de ley, se posesionó en 1883 como miembro de la Academia Colombiana, con un discurso que trató de la importancia del acercamiento a la literatura española.

El proyecto de ley sufrió un grave revés en su primer debate debido al informe presentado por el general Juan Nepomuceno Mateus²⁴, quien expuso ante la cámara su concepto según el cual la propiedad intelectual no era justa, ni posible ni constitucional, con lo que logró la suspensión del trámite legislativo del proyecto.

Durante el periodo de 1880 a 1885 existió oposición legislativa y judicial a la instauración de un sistema de propiedad intelectual en Colombia. Durante los debates legislativos se expuso que la propiedad intelectual es injusta debido a que el conocimiento no puede convertirse en patrimonio de una o unas personas, ya que el estado actual de la sociedad y de las creaciones intelectuales corresponde al legado que se ha forjado de generación en generación, por lo tanto otorgar un derecho de esa clase cercenaría el derecho de toda la sociedad. Así mismo, la Corte Suprema Federal suspendió el artículo 704 del código civil de Cundinamarca tras considerarlo inconstitucional por el hecho de establecer el concepto de propiedad sobre las creaciones intelectuales: "No puede de ser de otro modo, porque los frutos del entendimiento no son una creación de su autor; ellos no son más que el resultado sintético de la labor de la humanidad al través de los siglos" (Diario Oficial, 1884).

Además de la declaración de inconstitucionalidad, en 1883 el literato y diplomático colombiano en España, Filemón Buitrago, comunicó oficialmente la inconveniencia de la firma de cualquier tratado de propiedad literaria con cualquier país europeo:

Respecto a los tratados sobre propiedad literaria, aunque creo que en principio no puede dejar de reconocerse tan sagrado derecho, me he convencido de que no nos conviene celebrarlos con ninguna nación de Europa, pues nuestra producción literaria y científica es aún deficiente y escasa y necesitamos de la europea sin las trabas y dificultades que traerían consigo los tratados en tal sentido. Me permito llamar la atención de Ud. sobre este punto, porque sé que el gobierno español quiere celebrar con Colombia tratado de propiedad literaria, y el resultado sería sin duda útil, beneficioso y productivo para España, al paso que para nosotros sería todo lo contrario, al menos por ahora²⁵.

Desde 1884 la agitación social indicaba una nueva guerra civil. Los excesos del gobierno regenerador y la exaltación de los liberales radicales llevaron a un conflicto armado que desembocó en la derogación violenta de la Constitución de Rionegro. En 1885 Rafael Núñez anunció con satisfacción que "la Constitución de 1863 ha dejado de existir". Se declaró así, a la vez, la muerte del régimen federalista liberal y de la Carta Política de 1863, y se convocó a una asamblea constituyente que plasmó los ideales conservadores hispanistas católicos.

Parafraseando a Núñez, con la derrota de los radicales en la guerra civil de 1885, los privilegios sobre las obras literarias dejaron de existir. El intento de los académicos por instaurar la propiedad intelectual sufrió la derrota en la arena política, legislativa, judicial y diplomática. Fue bajo el auspicio de las vías de hecho y de la exclusión política de la oposición que emergió la propiedad literaria.

La constitución redactada básicamente por Miguel Antonio Caro, hijo de José Eusebio Caro, estableció en su artículo 35 la propiedad literaria y abolió así el régimen de privilegios vigente desde 1834. En el debate legislativo, Caro expuso la reciprocidad de la protección con los demás países de habla hispana, en especial con España. Caro insistió en el atraso de la industria editorial colombiana y de nuevo se resignó a esta circunstancia, de manera que justificó la firma de tratados de propiedad intelectual con España, como un medio idóneo para el estímulo intelectual de los colombianos:

La imprenta colombiana no puede, ni podrá en muchísimos años, competir con la imprenta europea. No tenemos fundiciones de tipos ni fábricas de papel: todos los elementos de producción se introducen de fuera, y faltan además las industrias auxiliares. Impreso un libro aquí, sale de las prensas mismas más caro que en Europa y luego no tiene radio de consumo, por dos motivos: por lo escaso de la población diseminada en vasto territorio, y por falta de medios de transporte. Sale el producto caro y queda estancado. Resultados: que el autor y editor español (salvo las reproducciones de poe-millas, que nada pesan en esta cuestión extensa) están de hecho protegidos en nuestro país, y en general en la América Española, contra la usurpación industrial; y nuestros autores, y todos los autores hispano-americanos no sólo quedan expuestos á la falta de cortesía de los editores peninsulares, sino á la rapacidad de los especuladores sin patria ni lengua, que con este tráfico negocian en países que tienen imprenta barata y medios fáciles de publicidad y expendio (Diario Oficial, 1886).

Las escasas investigaciones existentes alrededor de la imprenta en Colombia en el siglo XIX dan cuenta de que el incremento en la producción y circulación de libros se dio por políticas relacionadas con el liberalismo radical, el incremento de la alfabetización y el apogeo de la instrucción pública.

Caro era uno de los líderes de la oposición a las políticas de instrucción pública de los radicales. Su retórica de la imposibilidad de expandir la industria editorial y de la necesidad de la firma de tratados con España estaba circunscrita al proyecto hispanista de reconquista intelectual y cultural. Instó a que no se realizaran convenios con Francia, lo que reflejó el deseo de trasladar el referente cultural colombiano de Francia a España. La hispanofobia y la francofilia de los primeros años de la independencia se transformaron a final de siglo en la idolatría respecto de lo hispano y el rechazo al afrancesamiento.

La ley de propiedad intelectual de España de 1879, complementada con el reglamento del 3 de septiembre de 1880, estableció la primera legislación basada en las discusiones de los congresos literarios. El principal redactor de la ley, el abogado español Manuel Danvila y Collado, publicó en el año de 1882 un tratado de propiedad intelectual que se convirtió en una obra guía para los estudiosos de la propiedad intelectual en el mundo hispano. Cuando en 1886 se estaba redactando la nueva constitución de Colombia que incorporaría el sistema de propiedad literaria, Pedro Ignacio Cadena, encargado del archivo diplomático, publicó un pequeño estudio que daba cuenta del estado de la legislación sobre propiedad intelectual en diferentes países. Sus anotaciones se basaron esencialmente en el libro de Danvila y Collado²⁶.

La circulación de la obra de Danvila aparece en los catálogos de venta de libros. La librería José María Torres Caicedo (ubicada en Bogotá y fundada en 1870, de propiedad de Lázaro María Pérez, miembro de la ALAI) tenía el mejor catálogo de obras entre las librerías colombianas, con un sistema de corresponsalías en más de una decena de ciudades de Colombia y en la mayoría de países de América Latina y de Europa. La única obra en venta sobre el tema de propiedad intelectual era la de Danvila y Collado, disponible en tomo de pasta por un valor de cuatro pesos.

La Academia de la Lengua manifestó oficialmente la complacencia por el nuevo régimen de protección a las obras literarias. Rafael Pombo, en la reseña elaborada sobre las actividades de la Academia para el año de 1886, destacó la importancia de la propiedad literaria para los académicos y para la nación:

No hay género de propiedad más trascendental en gloria, influencia y beneficio interior para cada país, que la de los que dedican su alma, su salud y su vida a la elevación y esplendor del nivel intelectual y moral de sus conciudadanos. No se observa menosprecio por ella en el Nuevo Mundo; pero, en la práctica y en su forma original, su costo de producción no está recompensando (Pombo, 1886, p. 59).

La legislación emergente fue vista como una actividad de la academia y de su fundador Miguel Antonio Caro:

Cuanto al ensanche de la protección en Colombia de esta propiedad, de procedencia nacional o extranjera, por garantía constitucional, débese a nuestro compañero el señor Caro la breve pero luminosa exposición que hizo del asunto ante el Consejo Nacional Constituyente en la sesión del 18 de mayo último, y la forma en que el principio queda consignado en la ley reorganizadora de la república (ibíd.).

La propiedad intelectual fue un arma política y legislativa usada por quienes estaban en contra del régimen federalista radical y su proyecto de instrucción pública laico, gratuito y obligatorio, ya que el interés social por la difusión del conocimiento que se encontraba detrás del sistema de privilegios fue atacado en favor de la propiedad privada de la creación, en especial de los literatos.

Después de la independencia, Colombia había permanecido sin relaciones formales con España, y fue durante esta nueva etapa política conservadora que se restablecieron las relaciones con ese país. Por medio de la Ley 12 de 1881 se aprobó el Tratado de Paz y Amistad entre España y Colombia, firmado en París el 30 de enero de 1881. Como resultado de las nuevas relaciones, el gobierno español envió como encargado de negocios en Colombia a Bernardo Jacinto de Cologan, quien arribó a la capital en mayo de 1882, siendo nombrado ministro residente en Colombia en junio de 1883 (Triana, 1996, pp. 62-66). José María Quijano Wallis, en 1882, decía lo siguiente acerca de las nuevas relaciones:

La paz y amistad con España eran común aspiración y premiosa necesidad de los dos países. Identificado nuestro pueblo con el de España, del cual desciende, y a quien debe en primer término sus poderosos elementos de civilización y de progreso, el incremento de su comercio y el desarrollo de su movimiento literario tomarán creces con las relaciones con nuestra madre patria, y la España, a su turno, encontrará en nuestro suelo amplios mercados para sus frutos, a que están acostumbrados los sur americanos, y nuevos horizontes para su adelanto intelectual (Quijano, 1895, pp. 1-2).

La comunidad imaginada por los letrados siguiendo el hispanismo y el latinoa-mericanismo tenía sus raíces en Europa, lo cual implicó que "Hispanicism could offer revitalization in languague, custom, and religion to Latin America's elite; but it offered much less to Indians, blacks, mulattos, zambos, and mestizos" (Schoonover, 1994, p. 126).

Cologan se convirtió desde el primer momento de su llegada en un importante intelectual de la escena capitalina, un miembro distinguido de la ciudad letrada. La primera tarea diplomática que emprendió fue dar inicio, en agosto de 1882, a la debida gestión para la firma de un tratado de propiedad literaria entre Colombia y España. Se ha dicho sobre esta primera iniciativa:

El hecho de que este acuerdo fuese lo primero que se convino luego del tratado de 1881 se explica por la importancia que tenía para un gran sector de la intelectualidad y la política colombiana el pensamiento español, especialmente para los sectores más conservadores y la Iglesia (Urrego, 2004, p. 32).

La misma situación se había presentado con antelación en Guatemala. En 1863, el gobierno de España había restablecido las relaciones oficiales con el país centroamericano y en 1864 se había firmado en Madrid el Convenio entre España y la República de Guatemala para el ejercicio del derecho de propiedad sobre obras científicas y literarias. Esta fue la primera convención de propiedad literaria firmada por España con un país latinoamericano. La convención fue firmada por el colombiano don Juan de Francisco Martín quien actuó como diplomático representante de Guatemala. Al igual que en el caso de los siguientes convenios firmados por España, en 1880 con El Salvador y en 1885 con Colombia, en ese país no existía legislación de propiedad intelectual. Estos tratados reforzaron los tratados de paz y amistad que restablecieron las relaciones diplomáticas, fortalecieron los vínculos culturales y las relaciones entre los letrados americanos y los escritores españoles. Dichos convenios fueron dispositivos culturales y simbólicos, ficciones jurídicas sin ninguna vocación de contener fuerza legal. Los tres tratados, con El Salvador, Guatemala y Colombia, fueron organizados y firmados por diplomáticos de origen colombiano quienes obedecieron, más que a intereses de Estado, al interés de los diplomáticos y los dirigentes locales de consolidar una posición social en la república de las letras.

Una vez promulgada la Constitución de 1886 se dio paso a la aprobación del tratado firmado en 1885 entre España y Colombia para la protección y garantía de la propiedad literaria y artística. Con la norma constitucional, la protección de las obras literarias y artísticas se convirtió en parte del derecho civil colombiano; además, la firma de la convención con España permitió pasar a ser parte del derecho internacional público de Colombia.

La convención fue aprobada mediante la Ley 31 del 25 de octubre de 1886, y al día siguiente se aprobó la Ley 32 de 1886 sobre propiedad literaria y artística, la cual no tuvo discusión sustancial en el consejo de delegatarios.

En 1892, en la celebración del cuarto centenario de la llegada de Colón a América, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles organizó en Madrid el Congreso Literario Hispanoamericano. Bajo el frenético fanatismo del hispanismo en Latinoamérica, Bernardo Jacinto de Cologan destacó la importancia para los autores españoles del trabajo de Caro:

Habiendo tenido la fortuna de ver realizado desde 1886 el primer empeño que me propuse al encargarme de esta legación […] y siendo ya un hecho el convenio de propiedad intelectual entre España y Colombia, escaso ó nulo es el contingente que mi modesta personalidad podría agregar al patriótico y profundo esfuerzo de V. E. y de la Asociación de Escritores y Artistas […] pero no por eso he de deducir que este aspecto jurídico del asunto le sea indiferente, hasta el punto, por ejemplo, de que siquiera incidentalmente no se tome nota por sus miembros con satisfacción, de que la ley colombiana vigente está calcada desde aquella misma fecha en la justa y liberal legislación española, debido á la iniciativa del reputado literato y hombre público, D. Miguel Antonio Caro, que, recientemente elegido Vicepresidente de la República, ejerce la presidencia desde hace tres días (Congreso Literario Hispano-Americano, 1893).

El hispanismo, auspiciado por los letrados latinoamericanos como parte del "imperialismo pacífico" de España, fue una respuesta europea al expansionismo norteamericano y a la vez al panamericanismo. La debilidad económica y militar de España para ejercer poder imperial en América fue equilibrada con la reconquista cultural y la cooptación de las élites letradas (Schoonover, 1994, p. 127). El régimen de propiedad intelectual fue un instrumento jurídico dentro del citado imperialismo pacífico y una victoria cultural, política y jurídica de España.

Conclusiones

La propiedad intelectual fortaleció el sentido de nacionalidad al incrementar y construir una retórica y un imaginario de creación artística nacional que se desarrolló y tuvo prestigio en el ámbito internacional, todo inmerso en la lucha por lograr hegemonías culturales hacia el exterior y al interior de los Estados al tiempo que se iban consolidando los proyectos de formación de los Estados-nación.

En Colombia, la construcción de la identidad desde la propiedad literaria estaba inmersa en dos orientaciones, una nacional y otra internacional. A nivel interno, la nación se edificó alrededor de los valores católicos y literarios en oposición al espíritu utilitarista y a las culturas divergentes con respecto a la Europa letrada. En el plano internacional, la propiedad literaria reivindicaba la existencia de la literatura nacional desde dos delimitaciones, la de Latinoamérica como una identidad conjunta y la nacional de Colombia. La nación fue concebida con vocación de homogeneización y estandarización del lenguaje y de los demás elementos culturales desde el canon de la civilización europea. En esa misma dirección, la propiedad intelectual tuvo una función instrumental del discurso letrado como representación del progreso y de lucha a favor de la civilización y en contra de la barbarie. Dicha homogeneización implicó desconocer y rechazar en Colombia, por parte del gobierno y de la élite, las lenguas y expresiones culturales diferentes de las que provenían de Europa.

Finalizada la guerra civil, el 10 de septiembre de 1885 (Dcto. 594) se convocó al Consejo Nacional de Delegatarios para redactar la nueva constitución. Los académicos delegatarios tenían entre sus prioridades la asunción de la propiedad intelectual como un símbolo de su victoria política. Quince días después (25 de septiembre), Colombia firmó con España el tratado de propiedad literaria sin tener aún una legislación interna sobre la materia²⁷. Tal como titula el libro de Quijano Wallis (1895), en el cual se publicaron las notas diplomáticas relacionadas con el tratado, la propiedad literaria en Colombia fue un homenaje a España.

La Constitución de 1886 implementó en Colombia el sistema de propiedad literaria. Con la derogación del sistema de privilegios de esencia utilitarista, enfocado en el conocimiento útil, el estímulo de la instrucción pública llegó a su fin, y coincidió con la emergencia de la influencia hispanista, con el retorno de la Iglesia a la dirección de los programas educativos y con el reflorecimiento de los valores literarios, gramaticales y las frivolidades que imperaban en el siglo XVIII.

Con el hispanismo imperante, la idea de nación y de patria hacía alusión a valores vinculados por ejemplo con la poesía y la filología. La propiedad intelectual fue un trofeo de hegemonía cultural para la élite ultramontana, con el objetivo de lograr la aceptación de España.

Las leyes y tratados de propiedad intelectual en Colombia, más que normas de espíritu democrático nacidas de órganos representativos del pueblo, fueron obras literarias de autoría de un grupo de letrados que buscaban la simpatía internacional de sus pares. El foro internacional de la ALAI fue para Torres Caicedo un espacio para fortalecer, proyectar y reiterar su concepción y su labor de construcción de la identidad latinoamericana. Además, las membresías, condecoraciones y homenajes, y la redacción y firma de instrumentos jurídicos, fueron parte de la pirotecnia de símbolos relacionados con el honor y la distinción de los letrados. La propiedad literaria, tanto en el plano internacional como nacional, fue usada por los letrados en El Salvador y Colombia para enriquecer su capital político y cultural y reafirmar la comunidad imaginada local y regional.

Pie de página

¹ "Don Julián era monarquista empecinado y tenía razón para serlo. Preveía sin duda con su gran talento el estado anárquico a que llegarían en breve estas regiones; y además, ¿cómo podía olvidar que sus hermanos, venerables sacerdotes, habían muerto en los Llanos de Casanare, desterrados por el vicepresidente Santander en odio a su fidelidad a los reyes de España?" (Ortiz, 1946, p. 85).
² En palabras de Laureano García Ortiz, Torres Caicedo "comenzó por ser criado y luego familiar del ilustre Arzobispo Mosquera; lo primero le enseñó a ser dúctil y maleable; lo segundo le enseñó el arte del ceremonial, las complicaciones del protocolo y las untuosas habilidades de los tratamientos" (García Ortiz, 1932).
³ En 1878, de nuevo, Torres Caicedo salió herido en un duelo cuando se enfrentó en Luxemburgo con el diplomático centroamericano Crisanto Medina. En 1883 Torres Caicedo, en representación del Salvador, y Medina, en representación de Guatemala, firmarían la Convención de París para la protección de la propiedad industrial.
⁴ Es memorable el incidente suscitado en 1845 en Panamá (en ese entonces todavía parte de Colombia) cuando Justo Arosemena sintió que el ciudadano de origen inglés, Louis Lewis, plagió su escrito sobre la comunicación intermarina (opúsculo sobre el canal interoceánico en Panamá). En panfletos, Arosemena y Lewis defendieron la originalidad de sus escritos; además, se elevaron testimonios ante el juez letrado del circuito de Panamá para dar fe de la veracidad de las explicaciones dadas en los panfletos. La acusación de plagio afectaba el honor tanto del acusado como del acusador. Arosemena y Lewis se enfrentaron en un duelo, siguiendo las reglas, con padrinos y pistolas, para resolver su problema.
⁵ "Logró apenas en los Estados Unidos curarse de su tremenda herida, merced a nuevas operaciones y nuevos cuidados; mas viendo que en aquel país no había perspectiva de prosperidad para su espíritu y carácter esencialmente latinos, resolvió irse, con valor y confianza, a buscar la buena fortuna y crearse una posición en París, y lo consiguió mejor que nadie, en igualdad de circunstancias" (Samper, 1881, p. 173).
⁶ José María Samper resume de una manera cruda el buen trance que implicó toda esta serie de eventos que hicieron posible que Torres Caicedo se alejara de la Nueva Granada para encumbrarse en Europa como publicista, diplomático y pensador. "Gran fortuna fue para Colombia y para Torres Caicedo que éste no hubiera logrado sanar en Bogotá la herida, ni viese en 1850 prospecto de poder vivir en Bogotá con la seguridad y ventajas apetecidas; pues súbitamente tomó la resolución de irse para Nueva York, y esta medida fue el principio de su feliz y brillantísima carrera, gloria de nuestra patria. Si se hubiera quedado entre nosotros, en caso de recobrar toda su salud, habría vivido esta triste y agitada existencia de los hombres políticos y servidores de las letras en Colombia: luchando con mil dificultades, desafiando peligros objeto de la implacable envidia de muchos, perseguido por la intolerancia y el odio de sus adversarios, cuando no contrariado por las rivalidades y flaquezas de sus copartidarios, y sin teatro donde desplegar su actividad y lucir sus talentos; y después de todo habría sido… Representante, Diputado, Secretario de Estado o cualquiera de estas cosas tan envilecidas ya entre nosotros; o le habrían muerto en un duelo o en menguados combates civiles, cuando no miserablemente asesinado por cualquier motivo" (Samper, 1881).
⁷ "El Sr. Roberto Ackerman de Londres, da a luz varios libros sobre educación […] [H]a empleado voluntariamente un gran capital en recompensar a algunos de los más hábiles maestros de la lengua española por que escriban obras perfectas para uso de las escuelas […]. El Secretario del Interior de Colombia, ha dirigido una carta al Sr. Ackerman con la agradable noticia de habérsele concedido la solicitud que hizo al Congreso para un privilegio exclusivo sobre el original de estas preciosas obras. Esto protegerá la propiedad que con tanta generosidad ha emprendido y lo animará a emplear mas a fin de proporcionar a los elevados talentos de la juventud colombiana estos libros auxiliares de la educación que honrarán sus designios, y su memoria al paso que difunden tales bienes sobre las generaciones presentes y futuras" (El Colombiano, 1826).
⁸ Manuscrito inédito, Diario de Impresiones de mi Viaje a la América del Sur, Cuaderno 1, Travesía del Atlántico en el vapor 'Canarias', Isla de Puerto Rico.
⁹ Manuscritos de correspondencia de la Legación de los Estados Unidos de Colombia cerca de los gobiernos de Francia y la Gran Bretaña a cargo del señor J. M. Torres Caicedo, Ministro Residente de la Unión, 1870.
¹⁰ Manuscritos de correspondencia de la Legación de los Estados Unidos de Colombia cerca de los gobiernos de Francia y la Gran Bretaña a cargo del señor J. M. Torres Caicedo, Ministro Residente de la Unión, 1868-1869.
¹¹ Torres Caicedo, miembro de la Academia Española, en 1884, en la sesión de la Academia de la Lengua en Madrid, "hizo la historia de las Academias americanas correspondientes de la española, y dejó entrever que la Academia de la Lengua había hecho más por reconciliar a la gran familia española, que los esfuerzos del poder y de la diplomacia" (Revista de España, 1884, pp. 306-307).
¹² En el número 27 del Boulevard Haussman, en París.
¹³ Rafael Zaldívar escribió a la ALI desde San Salvador, el 23 de octubre: "Messieurs, J'ai eu le plaisir de recevoir la nomination de membre du Comité d'honneur de l'Association littéraire Internationale que vous présidez si dignement. En acceptant une si honorable distinction, je me promets de coopérer a l'accomplissement de l'oeuvre que cette association se propose de réaliser en défendant les droits de la propriété littéraire".
¹⁴ Propietario de la librería "José María Torres Caicedo" ubicada en la ciudad de Bogotá, considerada la más importante librería del siglo XIX en Colombia, donde se podían conseguir títulos internacionales y circulaba el mayor número de obras.
¹⁵ Reporte del Comité Ejecutivo a cargo de Jules Lermina, Congreso ALAI, Roma, 1882.
¹⁶ "Son Excellence M. Torrès Caicedo a, au nom de son gouvernement, fait au nôtre des ouvertures en vue d'une convention littéraire internationale, et les conditions quil faisait aux auteurs étaient plus larges qu'aucune de celles dont nos gouvernants auraient jamáis songé à nous gratifier. Les efforts de S. E. ont dû échouer devant cet esprit conservateur libéral, mais enraciné, que possèdent nos ministres": Intervención de Clifford Millage en la sesión del 26 de septiembre de 1883, Congreso de la ALAI, Ámsterdam, 1883.
¹⁷ Así por ejemplo, Torres Caicedo le escribió al gobierno inglés: "for each Salvadorian book protected, hundreds of British would be protected" (Bellido, 2011, p. 15).
¹⁸ Restaurante Bignon, Café Riche, era el lugar de celebración de todos los logros de la asociación. Allí mismo se celebró en honor a Torres Caicedo y con notables personajes la fundación oficial de la ALAI.
¹⁹ Carta de Torres Caicedo a la ALI , 1880 (trad. inédita de Rocío Pérez Rincón).
²⁰ "Il convient de rappeler ici le nom de M. Torres Caicedo, alors ministre du Salvador à Paris. C'est lui qui ouvrit à Paris, en 1883, auprès de Mr. Kern, ministre de Suisse à Paris, les négociations relatives à la réunion de Berne. Sa haute recommandation servit considérablement le but désintéressé que poursuivait l'Association. Les féconds résultats de la Conférence de Berne lui sont donc dus en partie" (Clunet, 1887, p. 16).
²¹ Estados Unidos de Colombia, Memoria del Secretario de Fomento, dirigida al Presidente de la Unión para el Congreso de 1885, Bogotá, Imprenta del Diario de Cundinamarca, 1884, p. 235.
²² "The Regenerators aimed to impose an interpretative monopoly on Colombian culture and history" (García, 2010, p. 42).
²³ José María Samper, Bogotá, 31 de mayo de 1882, Informe del proyecto de ley que ratifica y ensancha el reconocimiento de la propiedad intelectual.
²⁴ Mateus fue secretario de Guerra y Marina en el año de 1884 y 1885, y participó en la guerra civil de 1885.
²⁵ Carta dirigida al secretario de Relaciones Exteriores, Sección 1, 28 de junio de 1883 (24 de mayo de 1883), Archivo General de la Nación.
²⁶ "El señor don Manuel Dávila y Collado, distinguido abogado español, autor de una obra denominada La propiedad intelectual, de la cual he extractado gran parte de estos apuntamientos" (Diario Oficial, N° 6670, 1886).
²⁷ De forma idéntica, El Salvador firmó tratados con España y con Francia sin tener legislación interna de propiedad literaria.

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