DOI: http://dx.doi.org/10.18601/01233734.n27.01
Editorial
Carlos Alberto Restrepo Rivillas
Director de investigaciones
Las empresas de Colombia se enfrentan a niveles cada vez mayores de competencia, proveniente de países cuyas estructuras de costos son eficientes y cuyos procesos de innovación están más desarrollados. A esto ha contribuido la entrada en vigencia de los acuerdos de libre comercio suscritos con países de la región y con economías más desarrolladas. Competir en este contexto demanda un mayor grado de sofisticación en la operación de las empresas, así como un contexto que facilite los procesos de investigación, desarrollo e innovación.
En este sentido, según el más reciente informe de competitividad del World Economic Forum, el cual evalúa doce pilares de competitividad a nivel de países, Colombia ocupa el puesto 76 entre un total de 140 países analizados. Esto incluye aspectos relacionados con la calidad de las instituciones de investigación, el gasto público y privado en investigación, desarrollo e innovación, la colaboración entre las universidades y las empresas para adelantar procesos de I+D, la disponibilidad de científicos e ingenieros y la generación de patentes de aplicación.
La importancia de este aspecto radica en que existe una demostrada relación entre la capacidad de innovación y el aumento de la productividad y, por esta vía, el incremento gradual del ingreso per cápita en las economías. Es decir, la innovación se convierte en fuente de verdadero desarrollo económico.
Exceptuando el gasto de las empresas en I+D, los demás factores evaluados tienen que ver con aspectos que están en el entorno de los negocios y que condicionan de manera importante el impacto final que la innovación pueda llegar a tener en el desempeño de las empresas. El mejoramiento de estos aspectos demanda, no solamente un aumento del gasto público en estos rubros, sino que también requiere el diseño de una serie de arreglos institucionales, en los que participen los actores públicos y privados y que permitan articular esfuerzos para generar alto impacto de las inversiones en la generación de valor por parte de las empresas.
Surge, entonces, el cuestionamiento acerca de las características que dichos arreglos institucionales deben tener e, igualmente, acerca de los pasos concretos que Colombia ha dado en esa dirección. Recientemente, el gobierno nacional presentó la propuesta para una Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que permita orientar las acciones en este frente con un horizonte al año 2025.
Una primera característica importante de esta propuesta está en reconocer que los esfuerzos deben ser enfocados a la generación y aprovechamiento del conocimiento. Poner en el centro del debate el conocimiento y su relación con los procesos productivos que realizan las empresas es también reconocer que, más allá de las dinámicas entre actores, el beneficiario final deben ser la empresa y sus consumidores, no solo de bienes, sino de servicios especializados con alto valor agregado.
Un segundo elemento que sobresale tiene que ver con el enfoque sistémico que tiene esta aproximación. En particular, la estrategia reconoce que es necesario actuar al nivel de país, región y sector. Esto resulta muy interesante ya que permite superar las limitaciones históricas que estas políticas han tenido. La visión centralista en el diseño de las políticas y programas de fomento, así como el desconocimiento de las verdaderas necesidades de los actores regionales, han llevado a una casi total inefectividad de la políticas y al uso ineficiente de los recursos públicos y privados.
Una tercera característica tiene que ver con el marco conceptual de la propuesta,que se soporta en cuatro componentes estratégicos. El primero de estos tiene que ver con la generación de conocimiento a través de la investigación y la formación de capital humano. El segundo es el de la transferencia de conocimiento y tecnología, ya sea aquella que permite usar el conocimiento existente, o aquella que se genera en las instituciones de investigación y que permite expandir la frontera de conocimiento. El tercero tiene que ver con la articulación de los procesos de innovación con los de emprendimiento como mecanismo para diversificar la oferta productiva y abrir paso a nuevos sectores no tradicionales que generen empleo y divisas. El cuarto se relaciona con la gobernanza, entendida como la interacción de las instituciones, la coordinación de los incentivos, normas y políticas.
El éxito de esta política no se medirá por el porcentaje de ejecución del presupuesto público ni por la cantidad de empresas participantes ni por el monto de los recursos privados asignados. Se medirá por el cambio verdadero y tangible que los proyectos de investigación, desarrollo e innovación hayan generado en las empresas, así como en el cambio cualitativo en la oferta del aparato productivo nacional no tradicional hacia actividades con alto valor agregado. Esa es la meta y debe ser compromiso de todos alcanzarla.