Editorial

CARLOS ALBERTO RESTREPO RIVILLAS
Director de Investigaciones

El ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE u OECD, por sus siglas en inglés) plantea desafíos importantes para todos los actores políticos, económicos y sociales del país, y lleva a Colombia a replantear la forma en la cual se piensa el desarrollo, así como la dinámica concreta con la cual se diseñan y ejecutan las políticas públicas.

Este organismo de cooperación, creado en 1960, ha buscado promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas (OCDE, 2011). En sus orígenes participaron 18 países europeos, más Estados Unidos y Canadá; actualmente, 37 países (de todo el mundo) forman parte de él.

En mayo de 2013, el Consejo de la OCDE decidió iniciar discusiones de adhesión con Colombia. Esto tuvo un significado importante en la medida que representó un reconocimiento a los esfuerzos que nuestro país ha venido haciendo para consolidar la paz y estructurar un orden institucional que garantice un desarrollo económico con equidad y competitividad.

El ingreso de un país a este organismo demanda emprender reformas estructurales en diferentes ámbitos de la vida económica, política y social. La OCDE analiza más de 30 temas que van desde el desarrollo agrícola, la educación, la ciencia y la tecnología, pasando por la transparencia del Estado, hasta el desarrollo urbano, regional y el comercio exterior. Se trata de lograr que los países puedan adoptar una serie de buenas prácticas en la gestión de las políticas y el funcionamiento del entorno empresarial que contribuyan al desarrollo económico. Como todo proceso de mejora continua, este tipo de estándares llevan a que los países revisen cómo están haciendo las cosas, qué procesos se podrían mejorar y qué prácticas hay que mantener.

De la misma forma que las empresas buscan certificar sus procesos y obtener sellos de calidad externos, el Estado también busca alcanzar estándares de calidad en sus procesos, los cuales se materializan en el diseño y la implementación de las diferentes políticas.

Esto resulta de gran importancia, ya que muchos de los aspectos relacionados con la calidad de vida para la población y el entorno competitivo para las empresas dependen de cuán eficiente sea el Estado en su gestión. Las mejoras van más allá de la eficiencia en el uso de los recursos públicos e involucran también el tipo de regulación que se hace de la economía y el enfoque mismo de las políticas públicas.

Colombia ha tenido que realizar ajustes en diferentes ámbitos de la gestión pública, que en algunos casos han implicado el trámite de iniciativas legislativas. Los procesos que realiza el Estado en sus diferentes áreas han sido sometidos al escrutinio detallado de esta organización por medio de 23 comités de expertos.

Sin duda, el ingreso del país a esta organización tiene implicaciones para las empresas, por cuanto favorece la confianza que los agentes económicos tienen en la economía, lo cual se traduce, a su vez, en mayor inversión y oportunidades de empleo. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la gestión interna del país, la formalización y la organización de los procesos y políticas del sector gubernamental contribuyen a que el entorno para los negocios sea cada vez más transparente y eficiente.

REFERENCIAS

OCDE. (2011). Better policies for better lives. Recuperado de http://www.oecd.org/about/47747755.pdf.