ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL: CASO PROVINCIA DE SANTA ELENA
MANAGEMENT OF MARINE PROTECTED AREAS OF ECUADOR AND ITS IMPACT ON LOCAL DEVELOPMENT: CASE PROVINCE OF SANTA ELENA
MARLENE MONTESDEOCA PERALTA*
OTTO VILLAPRADO CHAVEZ**
ROBERTO ARÉVALO MOSCOSO***
* Magíster, profesor investigador. Universidad de Guayaquil (Ecuador). Correo-e: marlene.montesdeocape@ug.edu.ec
** Magíster, profesor investigador. Universidad de Guayaquil (Ecuador). Correo-e: otto.villapradoch@ug.edu.ec
*** Magíster, profesor investigador. Universidad de Guayaquil (Ecuador). Correo-e: roberto.arevalom@ug.edu.ec
Recibido: 7 de junio de 2017. Aceptado: 25 de agosto de 2017.
Para citar el artículo: Montesdeoca, M., Villaprado, O. y Arévalo, R. (2017). Administración de las áreas marinas protegidas del Ecuador y su impacto en el desarrollo local: caso provincia de Santa Elena. Sotavento MBA, 30, pp. 8-18.
RESUMEN
El presente trabajo de investigación analiza la manera como se están administrando las áreas protegidas del Ecuador y cómo esto incide en el desarrollo local, para lo cual se toman como caso de estudio las áreas marinas costeras de la provincia de Santa Elena, tales como Reserva de Producción Faunística Puntilla de Santa Elena y Reserva Marina El Pelado. Estas áreas presentan ecosistemas similares y albergan una riqueza ecológica muy diversa y de gran atracción para el turismo. En este estudio se realiza una investigación empírica y descriptiva a partir de una muestra de 120 habitantes de la provincia. El objetivo principal de la investigación es determinar el nivel de participación de las comunidades locales en la administración de las áreas protegidas y su relación con el desarrollo local. Actualmente, las áreas protegidas son manejadas y administradas por el Ministerio del Ambiente.
Palabras clave: Administración, participación, comunidad, áreas protegidas, desarrollo local.
ABSTRACT
This research studies the way protected areas of Ecuador are being managed and the impacts on local development. A case study is undertaken of coastal marine areas of the Province of Santa Elena: Reserva de Producción Faunística Puntilla de Santa Elena y Reserva Marina El Pelado. They have similar ecosystems and host a very diverse ecological wealth and is a great attraction for tourism. In this study an empirical and descriptive research is carried out, taking a sample of 120 inhabitants of the province. The main objective of the research is to determine the level of participation of local communities in the administration of protected areas, and their relationship with local development. Currently protected areas are managed and administered by the Ministry of Environment.
Keywords: Administration, participation, community, Protected Areas, local development.
1. INTRODUCCIÓN
Los ecosistemas marinos y costeros que alberga el Ecuador constituyen una importante riqueza natural y son parte del patrimonio nacional. Debido a la constante amenaza a la que son expuestos, se les está protegiendo desde el siglo pasado mediante un Decreto Ejecutivo de 1934; además, en la nueva Constitución Política del Ecuador, del año 2008, se reconocen los derechos de la naturaleza y la importancia de la biodiversidad para el mantenimiento de las funciones ecológicas de las áreas protegidas.
De acuerdo con la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, vigente desde 1999, las áreas protegidas son
[…] territorios de propiedad pública o privada de relevancia ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidos en el país de acuerdo con la Ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de especies, de plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas. (Congreso Nacional, 1999).
Ecuador cuenta con 50 áreas protegidas, las cuales fueron clasificadas en diferentes categorías de manejo de acuerdo con las características de cada área; en su conjunto representan el 19,93 % del territorio nacional y se encuentran distribuidas en las partes continental e insular. Del total de las áreas protegidas, 16 corresponden a las áreas marinas, que albergan aproximadamente al 57,5 % de la población del país que vive en los 100 km cercanos al litoral y que depende directamente de sus ecosistemas; en estas zonas se desarrollan actividades productivas tales como pesca, acuacultura y turismo.
Para la presente investigación, se han considerado las áreas marinas costeras de la provincia de Santa Elena, en donde existen dos áreas marinas protegidas. Una de ellas es la denominada Puntilla de Santa Elena, que cuenta con la categoría de reserva de producción faunística, la cual comprende 47.274 ha de área marina y 173 ha de área terrestre, que hacen un total de 47.447 ha, y que encierra ecosistemas como aguas costeras, arrecifes rocosos, playas de arena y playas mixtas (arena y roca), matorral seco, matorral seco espinoso y acantilados (Ministerio del Ambiente, 2013). La otra área marina protegida se denomina Reserva Marina El Pelado, la cual comprende 96,60 ha de zona terrestre -que conforman parte del perfil costero y el islote- y 13.004,75 ha de zona marina, dando un total de 13.101,35 ha; esta área está localizada en la jurisdicción de la provincia de Santa Elena, que abarca la zona de playa de El Palmar, San Pedro, Ayangue y Valdivia (Zárate, 2013).
En los últimos años, el incremento de las visitas, la evolución tecnológica de las comunicaciones y el aumento de la población han puesto en crisis la planificación original del área protegida desde la perspectiva de espacios totalmente naturales e inaccesibles, que pasaron a ser espacios donde confluyen personas y problemáticas que obligan a diseñar planes para un uso adecuado y eficiente de los recursos naturales, además de servicios como el turístico sustentable.
El turismo ha sido un factor de crecimiento productivo en la zona costera en los últimos años. Según datos del Ministerio del Ambiente, un total de 265.845 personas visitaron 31 áreas en 2013, y en 2014 el número de visitantes creció a 1,5 millones en los 51 lugares que están abiertos a los turistas. A partir de 2008, con la aprobación de la Constitución, se instauró una política de conservación de las áreas, y en 2012 se dejó de cobrar la entrada a las áreas naturales del país, por lo que la visita a dichos lugares se incrementó (Zárate, 2013).
La pesca es otro factor de crecimiento que se da en la zona costera. Existen ocho caletas pesqueras: Anconcito, Santa Rosa, Chipipe, San Lorenzo, La Libertad, La Carioca, Chulluype y Ballenita.
Las áreas marinas protegidas de Puntilla de Santa Elena y El Pelado cuentan con ecosistemas similares y, de igual manera, presentan problemas en su administración. Las dos reservas tienen recursos turísticos, mencionados anteriormente, que están siendo explotados por operadores en su cadena de valor. Tales emprendimientos están relacionados con buceo recreativo, turismo de playa, observación de cetáceos, deportes acuáticos, recorridos costeros, pesca deportiva, entre otros, lo que genera ingresos para las comunidades que realizan dichas actividades económicas; pero muchos de estos operadores son informales y no respetan las leyes que rigen para el desarrollo de dichas actividades.
Las áreas protegidas reciben alrededor de 200.000 visitas anuales. La Reserva Puntilla de Santa Elena registró 204.616 visitantes que ingresaron al área protegida; y la Reserva El Pelado reportó 117.486 visitantes (Ministerio del Ambiente, 2015).
Para el desarrollo del turismo en las áreas protegidas, están registradas diez operadoras y dos asociaciones turísticas, que son de carácter privado y cuyo nivel de poder sobre el manejo de las áreas no es representativo, aunque están a favor de salvaguardar los recursos naturales.
El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo general determinar el nivel de participación de las comunidades en la administración de las áreas marinas protegidas de la provincia de Santa Elena y su relación con el desarrollo local. Sus objetivos específicos se dirigen a revisar fuentes bibliográficas sobre la administración de las áreas marinas protegidas y su impacto en el desarrollo local, recopilar información mediante una encuesta realizada a las comunidades locales y analizar la información obtenida en la encuesta.
Es importante hacer una revisión sobre la gestión local que llevan a cabo las comunidades de la provincia de Santa Elena en el proceso del desarrollo de los planes de manejo, en donde la planificación, el control y la vigilancia son variables muy importantes para la sostenibilidad y el desarrollo local.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
En las últimas décadas, la relación entre las áreas protegidas y las comunidades ha evolucionado de manera conceptual. De manera que la aplicación de modelos de gestión netamente excluyentes, en los que comunidades y pobladores locales eran vistos como una amenaza para la conservación de los espacios protegidos, ha quedado atrás.
Debido a la importancia que los recursos marino-costeros representan para el desarrollo social y económico, la Visión del Buen Vivir propone construir el desarrollo nacional centralizando el análisis desde la perspectiva del ser humano como parte de la totalidad, entendida como la comunidad en la que todos interactúan con derechos y responsabilidades y demuestran sus capacidades y habilidades. Para ello, los individuos demandan libertad, estabilidad y seguridad, lo que les permitirá crecer en armonía con la comunidad y con la naturaleza.
Desde inicios de siglo, el turismo que se ha dado en las áreas protegidas ha tenido un alto potencial de crecimiento y ha sido de gran atracción por su enorme diversidad de paisajes, especies y cultura. Así, el turismo ha llegado a convertirse en la actividad terciaria de mayor relevancia para el cantón Salinas, ya que genera fuentes de trabajo tanto formal como informal, incrementa la demanda artesanal, los servicios de alojamiento, los restaurantes, etc.
2.1 RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA PUNTILLA DE SANTA ELENA
La Reserva Marino-Costera Puntilla de Santa Elena (REMACOPSE) es un área protegida ubicada en la península de Santa Elena, del cantón Salinas, que protege ecosistemas de bosque seco, playa, arrecifes rocosos y marinos.
Las zonas de uso turístico (ZUT) tienen una extensión de 83,9 ha y están ubicadas en la zona terrestre del área protegida. La zona de turismo y recreación está dividida en dos subzonas. En la primera se encuentra el sector de La Chocolatera, y la segunda subzona de recreación está ubicada en la playa de Punta Carnero, desde La Punta hasta el muelle de Ecuasal.
En la reserva, el desarrollo del turismo beneficia a 60 familias encargadas de recibir a más de 1.000 personas al mes; estas familias ofrecen servicios de comida y artesanía. Los principales atractivos del área protegida son la zona de La Chocolatera, La Lobería, las playas de la FAE, Punta Carnero, la observación de las majestuosas ballenas jorobadas de junio a septiembre y la observación de aves migratorias en las piscinas de Ecuasal.
En La Lobería se pueden observar, a través de un mirador, el mar y una colonia de lobos marinos sudamericanos, visibles durante todo el año. Además, existe un sendero por donde se puede caminar y admirar los ecosistemas del sector.
En La Chocolatera se puede observar un atractivo paisaje a través de miradores. Este lugar es la segunda saliente más larga del Pacífico sudamericano y tiene un sendero en el que se contempla la belleza del lugar y que cuenta con un centro de interpretación.
Otro de los atractivos turísticos es la observación de las ballenas, en especial, las jorobadas, que es una especie carismática y vulnerable que todos los años migra a aguas tropicales de Ecuador y otros países para llevar a cabo su reproducción.
2.2 RESERVA MARINA EL PELADO
Esta área protegida se caracteriza por la tranquilidad de sus aguas y su belleza natural. En esta área existen dos especies que caracterizan el lugar: el gaviotín inca y el embridado, que anidan en el islote. Además, hay estrellas de mar, ostras, mantarrayas, pulpos, langostas y otras especies, como piqueros, patas azules, pelícanos, algunas aves playeras y marinas. También se realizan actividades de snorkel y el buceo recreativo.
El islote El Pelado es el sitio a donde llegan expertos y principiantes para realizar la práctica del buceo, ya que el lugar es propicio por su tranquilidad. Esta actividad es una fuente generadora de ingresos para la comunidad, que cada semana se prepara para recibir turistas y trasladarlos a la isla, en cuyo recorrido se observan ballenas y pelícanos en los alrededores.
2.3 ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS DE SANTA ELENA
La administración de cada área protegida se realiza por medio de las entidades desconcentradas que son las Direcciones Provinciales del Ambiente; hay un comanejo en dos áreas específicas: en Arenillas, con el Ministerio del Ambiente y el Ejército; y entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Defensa en Santa Elena. Otras entidades estatales presentan también niveles de competencia, como la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (Zárate, 2013).
El art. 405 de la Constitución de 2008 dispone que en las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) el Estado fomentará la "participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión" (Asamblea Constituyente, 2008, p. 180).
Es necesario valorar la participación social en el modelo administrativo para el manejo de dichas áreas, ya que las comunidades son las implicadas de manera directa en la dinámica de las diferentes actividades que se desarrollan en el sector. De tales actividades se desprenden impactos negativos y que son objeto de conflicto entre las comunidades que habitan en la parte interna y externa al área protegida (Gravez, Heylings, Rivadeneira y Zambrano, 2011).
La conservación basada en la participación de la comunidad se ha convertido en un pilar para el desarrollo de esta, y las organizaciones nacionales e internacionales cada vez prestan más atención a este enfoque. Existen actualmente varios ejemplos de proyectos en los cuales se involucra a las comunidades locales en la conservación y el mantenimiento de la biodiversidad fundamental para la alimentación, la agricultura, la salud, medios de subsistencia, costumbres y cultura locales, en una variedad de escenarios (Pimbert, 2004).
Los espacios naturales que aún se encuentran en ciudades generalmente son afectados por la urbanización. Esto se constituye en un grave problema urbano, ambiental y de ordenamiento del territorio, ya que trae como consecuencia la pérdida de biodiversidad y, a mediano y largo plazo, el desequilibrio y la degradación ambiental (García-Frapolli y Toledo, 2008).
La presente investigación busca responder la siguiente hipótesis: si las comunidades participan en la administración de las áreas marinas protegidas, se fortalecerá el desarrollo local.
3. METODOLOGÍA
Se llevó a cabo un estudio de caso en el que se consideraron como protagonistas las áreas marinas protegidas de la provincia de Santa Elena, y mediante la investigación empírica se obtuvo la información pertinente para su respectivo análisis. La investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo, ya que se revisan e identifican indicadores que permiten analizar las características de las comunidades, aspectos de la población, descripción del problema y fundamentación del trabajo. También el uso de fuentes bibliográficas ha permitido revisar documentos y comprender la problemática y su fundamentación teórica.
Los criterios de muestreo considerados en esta investigación están fundamentados en el muestreo por conveniencia, dada la necesidad de tomar la información de personas que están relacionadas con el desarrollo de actividades en las áreas marinas protegidas. Se definió como criterio de selección las personas que se encontraran en el lugar identificado y determinado para la obtención de la información.
La investigación se realizó entre marzo y agosto de 2015, y la muestra incluyó a 120 personas, de las cuales el 70 % eran habitantes del cantón Salinas y el 30 % residían en la comuna Ayangue, en donde se tomó en cuenta a representantes de las asociaciones pesqueras y de turismo.
La técnica utilizada fue la encuesta, y el instrumento con el que se trabajó fue el cuestionario, que contenía preguntas de fácil entendimiento. Las variables utilizadas en la encuesta fueron tipo de responsabilidad asignada, participación en los planes de manejo, tipo de participación, percepción sobre planes de manejo, percepción sobre participación de comunidades locales en planes de manejo, relación entre participación de comunidades en planes de manejo y desarrollo local, conocimiento sobre reglamentaciones y participación en capacitaciones.
La matriz expuesta en la tabla 1 hace referencia a las diferentes formas de participación, las cuales se han agrupado en siete tipos o grupos importantes (Pimbert, 2004):
4. RESULTADOS
El objetivo de la investigación es conocer el nivel de participación de la comunidad local en la administración de las áreas protegidas.
Entre las personas que fueron seleccionadas para la encuesta, se encontraban dirigentes de asociaciones (18,03 %) y no dirigentes de asociaciones (81,97 %). Estas personas representan a los actores locales en la dinámica productiva que se lleva a cabo en las áreas protegidas.
Del total de los encuestados, el 86,07 % nunca ha participado en planes de manejo para la conservación de las áreas marinas protegidas, mientras que el 13,97 % ha participado a veces en los planes de manejo. De acuerdo con estos resultados, es evidente que las comunidades no tienen participación en la administración de las áreas protegidas.
Con respecto a la pregunta sobre su tipo de participación en la administración de las áreas protegidas, el 13,94 % ha participado solo dando información sobre determinados temas, y el 86,07 % no ha tenido ninguna participación. Es muy claro que las comunidades no tienen participación en el desarrollo de planes de manejo ni en la toma de decisiones.
Sobre la percepción de las personas encuestadas acerca de la administración que se está llevando de las áreas protegidas, el 44,26 % está totalmente en desacuerdo y el 33,61 % está en desacuerdo; solamente el 12,30 % está de acuerdo. De las respuestas obtenidas puede deducirse que las comunidades requieren que se lleven a cabo nuevos planes de manejo.
El 61,48 % de la población encuestada desconoce la amenaza que existe con el desarrollo del comercio en las áreas protegidas; el 16,39 %, en cambio, considera que es muy alta la amenaza; para el 13,93 %, dicho nivel es alto; y tan solo para el 8,20 % es poca la amenaza. Estos resultados llevan a concluir que aún las comunidades no son conscientes del peligro que representan las actividades productivas que se llevan a cabo en las áreas protegidas cuando no se conocen las reglamentaciones.
En cuanto al nivel de control y vigilancia que realiza la administración actual de las áreas protegidas, para el 90,16 % tales acciones solo se llevan a cabo algunas veces; según el 8,20 %, nunca se realizan; y tan solo para el 1,64 % casi siempre hay control y vigilancia, lo cual lleva a concluir que existe una fuerte debilidad en la administración de las áreas protegidas.
Con respecto a la percepción de los encuestados sobre la participación de las comunidades en la administración de las áreas protegidas, el 90,16 % está totalmente de acuerdo y el 8,20 % está muy de acuerdo. Cabe indicar que la participación a la que se hace referencia es aquella que considera el involucramiento en la toma de decisiones y una participación funcional.
En lo concerniente a la pregunta de la relación que existe entre la participación comunitaria y el desarrollo local, para el 36,89 % dicha relación siempre ha existido; para el 26,23 %, casi siempre se da; según el 12,30 %, tal relación casi nunca ocurre; y para el 8,20 % nunca ha existido relación entre los impactos y el nivel de participación. Es importante destacar que la relación a la que se hace referencia es al desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en las áreas protegidas, ya que, si se involucra a las comunidades en la administración, estas tomarán una mayor concientización sobre ello, los impactos positivos se desarrollarán y se reducirán los impactos negativos, favoreciendo el desarrollo local.
El 36,07 % de la población encuestada desconoce las reglamentaciones para realizar actividades en áreas protegidas, el 18,85 % tiene muy poco conocimiento, el 17,21 % cuenta con poco conocimiento, mientras que el 21,31 % no respondió la pregunta. Con respecto a estos resultados, es imprescindible que se trabaje en fortalecer los conocimientos de las comunidades sobre las reglamentaciones, ya que son ellas los actores locales que tienen bajo su responsabilidad el desarrollo sostenible de las áreas protegidas.
El 98,36 % está totalmente de acuerdo con que las comunidades locales deben ser capacitadas, y el 1,64 % está muy de acuerdo, como se mencionó anteriormente. Es muy importante y urgente la capacitación de las comunidades locales sobre el manejo adecuado que debe darse en las áreas protegidas.
Es importante destacar que todas las preguntas estaban relacionadas, porque el objetivo principal era determinar el grado de participación de las comunidades locales en la administración de las áreas marinas protegidas, y las respuestas obtenidas conllevan una sola interpretación que despeja las interrogantes planteadas.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La Constitución del Ecuador del año 2008 fortalece la participación de las comunidades en el manejo de las áreas protegidas, sin embargo, esto parece no estar claro al momento de definir las políticas de manejo, ya que mediante las encuestas realizadas se determinó que la mayoría de los habitantes afirman no tener participación en la administración de las áreas marinas protegidas. Esta situación ocasiona desacuerdos entre las comunidades y genera conflictos e impactos negativos, debido también a las diferentes actividades que se desarrollan en estas áreas, a lo que se suma la falta de control y monitoreo permanente por parte de las respectivas autoridades.
La participación social en la administración de las áreas marinas protegidas es un pilar para la sostenibilidad ambiental, social, económica y cultural del sector, ya que son las poblaciones las que mejor conocen su ambiente y sus necesidades. Por tal razón, se recomienda que estas comunidades sean consideradas desde el inicio en los procesos de planificación y toma de decisiones. Para ello es imprescindible fortalecer las capacidades de gestión de los actores involucrados.
Se debe considerar que las comunidades locales dependen de los recursos naturales para satisfacer sus necesidades básicas, por lo que el futuro de su conservación dependerá del uso sostenible que se les dé a los recursos, el cual debe estar orientado hacia el conocimiento, para fortalecer la organización intra e intercomunitaria con el fin de monitorear de manera efectiva el desarrollo de las actividades de manejo comunal participativo. Es necesario realizar un estudio detallado sobre la efectividad del manejo actual de las áreas protegidas mediante análisis cualitativo y cuantitativo, lo que proporcionará información detallada sobre la situación real a nivel socioeconómico, ambiental y cultural de las áreas protegidas.
REFERENCIAS
Agrawal, A. y Gibson, C. (2001). Communities and the environment: Ethnicity, gender and the State in community-based conservation. New Brunswick, New Jersey y London: Rurgers University Press.
Aguilar, W., Castro, N. y Couoh, J. (2012). El manejo del área marina y costera protegida Actam Chuleb y los beneficios económicos que genera a los usuarios del municipio de San Felipe, Yucatán, México. Estudios Sociales, 20(40), 127-153. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/estsoc/v20n40/v20n40a5.pdf
Allende, J. (2000). Medio ambiente: ordenación del territorio y sostenibilidad. Bilbao: Universidad del País Vasco.
Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito. Recuperada de http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716
Borrini-Feyerabend, G., Pimbert, M., Taghi, M., Kothari, A., Renard, Y., Jaireth, H., Murphree, M., Pattemore, V., Ramírez, R. y Warren, P. (2007). Sharing power: A global guide to collaborative management of natural resources. NewYork: Earthscan.
Congreso Nacional. (1999). Ley n.° 37 de 1999 de Gestión Ambiental. Ecuador. Registro Oficial 245, del 30 de julio de 1999. Recuperada de http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6618.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2008/6618
Cracco, M. et al. (Eds.). (2006). Fortalecimiento de la efectividad de manejo de las áreas marinas protegidas en los Andes. Análisis comparativo de herramientas existentes. Quito: UICN.
Fernández-García, J. M., Gracianteparaluceta y A., Garaíta, R. (2015). Conflictos entre avifauna e intereses humanos: eficacia de un servicio para ahuyentar gaviotas patiamarillas Larus michahellis mediante cetrería. Ecosistemas, 24(2), 70-75. DOI: 10.7818/ECOS.2014.24-2.11
Fraga, J. et al. (2003). Manejo comunitario de un área natural protegida en Yucatán, México. (Fase II). Yucatán, México. Informe final del proyecto. Yucatán: CINVESTAV-Mérida, Departamentos de Recursos del Mar y Ecología Humana, CRIP Yucatán, VIMS-USA, Programa CBCRM-IDRC. IDRC-OIO-CARICOM FISHERIES UNIT-Universidad Laval.
García-Frapolli, E. y Toledo, V. (2008). Evaluación de sistemas socioecológicos en áreas protegidas: un instrumento desde la economía ecológica. Argumentos, 21(56), 103-116. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/argu/v21n56/v21n56a6.pdf
Geilfus, F. (1997). 80 herramientas para el desarrollo participativo. Diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación. San Salvador: Prochalate, IICA.
Gravez, V., Heylings, P., Rivadeneira, C. y Zambrano, N. (2011). Gobernanza en las áreas protegidas marinas y costeras: el caso del Ecuador. Quito: Fundación Futuro Latinoamericano.
Heylings. P. y Bravo, M. (2007). Evaluating governance: A process for understanding how co-management is functioning, and why, in the Galapagos Marine Reserve. Ocean & Coastal Management, 50(3-4), 174-208. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2006.09.003
Humphre, M. (2002). Preservation versus the people? Nature, humanity and political philosophy. Oxford: Oxford University Press.
Ministerio del Ambiente. (2013). Libro I de la Autoridad Ambiental. Recuperado de http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/LIBRO-I-DE-LA-AUTORIDAD-AMBIENTAL-TITULO-I.pdf
Ministerio del Ambiente. (2015). Rendición de cuentas 2014. Dirección Provincial del Ambiente de Santa Elena. Recuperado de http://esdocs.com/doc/755002/santa-elena---ministerio-del-ambiente
Pimbert, M. P. (2004). Institutionalising participation and people centered processes in natural resource management. Research and publication highlights. Londres: IIED IDS. Recuperado de http://pubs.iied.org/pdfs/9444IIED.pdf
SEMARNAP e INE. (2000) Programa de Áreas Naturales Protegidas de México 1995-2000. México: Instituto Nacional de Ecología. Recuperado de http://legismex.mty.itesm.mx/progs/panpm.pdf
Zárate, K. (2013). Manual para la gestión operativa de las áreas protegidas de Ecuador. Quito: USAID. Recuperado de http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/346515/Manual-para-la-Gesti%C3%B3n-Operativa-de-las-%C3%81reas-Protegidas-de-Ecuador.pdf/d313841d-e30d-4edf-a387-c42309147482