DOI: http://dx.doi.org/10.18601/01233734.n33.01

Editorial

CARLOS ALBERTO RESTREPO RIVILLAS
Director de Investigaciones

El auge del sector minero-energético que experimentó Colombia en las últimas décadas relegó a un segundo plano el papel de la industria como elemento clave para el desarrollo del país. A esto se suma que la economía se vio abocada a un proceso de desindustrialización que se manifiesta en su menor peso en el PIB, en la menor participación de las exportaciones no tradicionales, así como en la pérdida de empleos formales en la industria.

En la historia reciente -ya desde el CONPES 2739 de 1994 (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 1994a), acerca de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, y el CONPES 2748 (DNP, 1994b), sobre el Plan Estratégico Exportador-, el país se propuso de manera más intencional acometer una estrategia de competitividad sobre la base de un enfoque de especialización sectorial y de cadenas productivas para la mejora de la productividad. A ello siguió la Política Nacional de Competitividad y Productividad (DNP, 2008), la cual se caracterizó por un enfoque combinado de regiones, cadenas e instituciones, con una metodología de concertación sobre los factores transversales y sectoriales que limitan y potencian la competitividad. En 2006, la estrategia se llevó a un nivel más amplio con la conformación del Sistema Nacional de Competitividad (Decreto 2828 de 2006), que se complementó con la creación del Consejo Privado de Competitividad y la promulgación de la Política Nacional de Competitividad, en la cual se hacían explícitos pilares como el desarrollo de clusters de clase mundial; la mejora de la productividad; la formalización empresarial; el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación; y las estrategias de promoción de la competencia y la inversión. Más allá de los componentes transversales que la política industrial del país planteó en los años siguientes, el componente sectorial se materializó en el denominado Programa de Transformación Productiva (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo [MinCIT], 2017).

En términos generales, en todas estas iniciativas se identifica un interés por limitar la acción del Estado a la provisión de bienes públicos y al diseño de un marco para la inversión. Sin embargo, en su planeación y ejecución permanecen aún problemas de coordinación interinstitucional en el nivel nacional, así como entre este y los niveles regional y local.

Tal vez para subsanar esos problemas sea importante analizar en el futuro las experiencias de economía abierta, como las de la República de Corea, Malasia, Singapur, la República Checa, España, Irlanda, Australia, Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia, que han planteado políticas de desarrollo productivo con énfasis en integración a la economía global en sectores con alto contenido tecnológico. Allí es tenida muy en cuenta la diversidad de los actores involucrados, con diferentes tipos de relacionamiento y niveles de formalidad.

La excesiva dependencia de los volátiles mercados y los precios de productos básicos han limitado el crecimiento del país. El desarrollo industrial es la base para lograr las tan postergadas mejoras en variables como productividad, innovación, empleo de calidad y competitividad.

Como suele suceder en estos tiempos de polarización, en los que las posiciones son tergiversadas y llevadas a extremos distorsionados, se ha pretendido encasillar la estrategia de industrialización en el modelo de sustitución de importaciones y proteccionismo (por cierto, mal aplicado por muchos de nuestros países en América Latina), o en un modelo diseñado para que, en función de escoger los sectores ganadores, unos pocos capturen rentas en la asignación de los recursos públicos. Tampoco es adecuado el planteamiento de que la mejor política industrial es no tener ninguna política industrial. Como lo expuso Porter (2017), "ambas opiniones son equivocadas. Una y otra, llevadas hasta sus últimas consecuencias, originan la erosión permanente de las posibilidades competitivas de un país" (p. 251). Lo cierto es que la inserción del país en la economía mundial, acelerada por cuenta de los acuerdos de libre comercio suscritos en las últimas décadas, demanda fortalecer cadenas de bienes y servicios sobre la base de cobertura y calidad de la educación y acceso a esquemas de incentivos a la innovación.

Son las empresas, el sector real de la economía, las llamadas a generar ingreso social a partir de una adecuada remuneración a los dueños de los factores de producción y, por esa vía, a aportar a la consolidación de un mercado interno y a la reducción de los altos niveles de pobreza extrema que vive el país. Les compete a las empresas enfrentar los desafíos de mejorar en procesos y tecnología e identificar nuevos mercados. Pero este propósito requiere el concurso del Estado y de un conjunto amplio de instituciones y actores sociales, como la academia y los gremios, entre otros, que permita un abordaje integral al problema, ya que este saber cómo está repartido entre muchos actores del sistema, no hay uno solo que pueda afirmar que tiene el poder de convocatoria o la capacidad y el conocimiento para diseñar y ejecutar políticas de desarrollo industrial.

Se trata de crear las condiciones, de generar sinergias con un enfoque transversal, sectorial y regional con perspectiva de sostenibilidad. En últimas, se trata de lograr que los cambios en las estructuras productivas en términos de producto, empleo y comercio exterior sean el motor del crecimiento económico.

REFERENCIAS

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (1994a). Documento Conpes 2739. Política Nacional de Ciencia y Tecnología 1994-1998. DNP.

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (1994b). Documento Conpes 2748. Plan Estratégico Exportador. DNP.

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2008). Documento Conpes 3527. Política Nacional de Competitividad y Productividad. DNP.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT). (2017). Programa de Transformación Productiva Regional. MinCIT.

Porter, M. (2017). Ser competitivo. Ediciones Deusto.

Presidencia de la República de Colombia. (23 de agosto de 2006). Sistema Administrativo Nacional de Competitividad. [Decreto 2828 de 2006]. DO: 46368.