VIOLENCIAS: IMPACTOS DIFERENCIADOS EN TURISTAS Y RESIDENTES EN LA CIUDAD DE ZACATECAS-GUADALUPE, MÉXICO (1986-2020)
VIOLENCE: DIFFERENTIATED IMPACTS ON TOURISTS AND RESIDENTS IN THE CITY OF ZACATECAS-GUADALUPE, MEXICO (1986-2020)
Guadalupe Margarita González Hernández
Doctora en Ciencias Sociales por
El Colegio de la Frontera Norte
Universidad Autónoma de Zacatecas
México
[gonzalez.guadalupe@uaz.edu.mx]
Para citar el artículo: González, G. (2024). Violencias: impactos diferenciados en turistas y residentes en la ciudad de Zacatecas-Guadalupe, México (1986-2020). Turismo y Sociedad, XXXV, pp. 175-203. DOI: https://doi.org/10.18601/01207555.n35.08
Fecha de recepción: 25 de agosto de 2022 Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2022 Fecha de aceptación: 28 de septiembre de 2023
Resumen
Se discute el impacto en turistas y residentes en la ciudad de Zacatecas-Guadalupe de la ola de violencia generada por el capital criminal en su disputa por los mercados y los territorios. El capital criminal se considera una expresión sui géneris de la acumulación de capital bajo modalidades lícitas e ilícitas. Para conocer su impacto en general, se aplicaron modelos de regresión no lineal en afluencia y derrama económica turística; y para determinar tal impacto en residentes, se calculó un índice de segregación socioespacial. Los resultados expresan que, en la ciudad de Zacatecas-Guadalupe, México, durante el período 1986-2020, actos delictivos como el narcomenudeo y las amenazas sensibilizaron más a los turistas, pero aún no son suficientes para afectar su afluencia ni, por lo tanto, la economía turística. La estrategia de seguridad pública contra la violencia protege al turista. En cambio, los residentes, desprotegidos, recurrieron a la autosegregación; al respecto, aquellos con el mayor poder adquisitivo fueron quienes lo resolvieron de la mejor manera.
Palabras clave: turistas, violencia sistémica, violencia emergente, capital criminal, segregación socioespacial.
Abstract
The impact on tourists and residents of the wave of violence generated by criminal capital in its dispute over markets and territories is discussed. Criminal capital is considered a sui generis expression of the accumulation of capital under licit and illicit modalities. To know its impact, non-linear regression models were applied in tourist influx and economic spillover; and to determine such impact on residents, a socio-spatial segregation index was calculated. The results show that, in the city of Zacatecas-Guadalupe, Mexico during the period 1986-2020, criminal acts such as drug dealing and threats made tourists more aware but are still not enough to affect their influx or, therefore, the tourism economy. The public security strategy against violence protects tourists. Instead, the unprotected residents resorted to self-segregation; in this regard, those with greater purchasing power were the ones who resolved it in the best way.
Keywords: tourists, systemic violence, emerging violence, criminal capital, socio-spatial segregation.
1. Introducción
El objetivo del trabajo es contribuir a la discusión sobre la violencia vivida en los destinos turísticos mexicanos, que no es un efecto coyuntural de las disputas entre grupos criminales y entre estos y las instancias castrenses mexicanas. La violencia es una forma de apropiación de los territorios y de los espacios económicos, políticos y sociales por el capital criminal que sustentan, y vincula las actividades ilícitas-violentas a las actividades lícitas asociadas a la acumulación de capital a nivel mundial.
El capital se refiere al dinero que se invierte en actividades productivas para obtener ganancias, las cuales se reinvierten con la finalidad de obtener nuevas ganancias, de manera que se genera un proceso de acumulación de capital. El capital criminal es una versión sui géneris del capital que se invierte en el ciclo productivo de mercancías ilícitas (generalmente drogas) para obtener ganancias después de haberlas vendido y que puede ser reinvertido en el mismo ciclo o en otras áreas asociadas a la actividad criminal (Márquez, 2016b, 2017a, 2017b).
El capital criminal, para aplicar su campo de acción, precisa del Estado por medio del uso de sus infraestructuras (vía férrea, carretera, portuaria o aeroportuaria). También requiere de las fuerzas armadas o policiacas para que le brinden protección e información con el objeto de producir, trasladar o vender mercancías ilícitas (Astorga, 2015, 2016; Márquez, 2017a).
El turismo es una opción de inversión al que el capital criminal busca asociarse -o del que pretende apropiarse- con el fin de seguir obteniendo ganancias por diversas formas de extracción: venta de estupefacientes, fraudes, amenazas, secuestros, trata de personas, prostitución, homicidios. Ante la ola de violencia, los destinos turísticos desarrollan dos estrategias: 1) declarar la guerra a la ola de violencia con acciones coercitivas y punitivas, que hasta la fecha no han resuelto el problema, incluso lo han profundizado; o 2) proteger al turista y la economía que se desarrolla alrededor de él.
Ante estas dos estrategias, el residente en el destino turístico queda fuera de cualquier protección, de manera que no le queda más que impulsar la autosegregación socioespacial. Los residentes han profundizado los comportamientos de autosegregación social en los destinos y el apegarse a otros similares, lo cual ha llevado a que se creen estímulos para que el capital inmobiliario oferte un mayor número de viviendas en fraccionamientos cerrados. La ola de violencia suscitada por las ganancias que genera el turismo y que se apropia el capital criminal estimula la autosegregación de los residentes.
Se asume que el turismo, como actividad redituable y generadora de ciertos grados de explotación de la fuerza de trabajo que la sustenta, contribuye al proceso de acumulación ampliada por intensificar los procesos de desigualdad social que vive el país. El capital criminal se inserta en el turismo al invertir en él ya sea como una actividad de lavado de dinero o como una fuente secundaria de obtención de ganancias por medio del entretenimiento y del ocio. Con esta apreciación analítica, se deja a un lado la idea de que el turismo es una actividad económica víctima de los actos violentos y que es necesario proteger su organización y al turista (González, 2022, 2023).
Para ello, se ha escogido como estudio de caso la ciudad de Zacatecas-Guadalupe (CZG), México, que de 2015 a 2020 aumentó en un 510 % los actos de narcomenudeo, en un 462 % los homicidios, en un 312 % las extorsiones, en un 146 % las amenazas, en un 100 % los delitos contra la libertad (tráfico de menores y rapto de personas), en un 83 % los fraudes, en un 76 % los despojos y en un 25 % la trata de personas (SEGOB, 2022). La ciudad de Zacatecas-Guadalupe, fundada en el período colonial, fue reconocida entonces por la extracción de metales preciosos en su territorio, principalmente oro y plata; en la actualidad, se destaca por tener muy bien conservado su centro histórico como destino turístico cultural.
En el presente trabajo se analiza el período 1986-2020 en la ciudad objeto de estudio (CZG), tiempo que va desde el registro del inicio de la CZG como destino turístico hasta el año en que impactó la pandemia del virus SARS-CoV-2 y se recrudecieron los actos violentos.
Para comprobar la argumentación construida, se diseñó una metodología que contrapone el argumento teórico-conceptual con evidencia en cuatro campos de discusión: a) la relevancia de la CZG como destino turístico, campo en el que se utilizaron datos de la Secretaría de Turismo (SECTUR, 2021) sobre flujo de turistas y su derrama económica, contabilizada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas (GODEZAC, 1986-2020); b) la incidencia delictiva que se ha desarrollado en la CZG, información apoyada en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistem9,.a Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (SEGOB, 1997-2021); c) el impacto de la incidencia delictiva en el turismo, para lo cual se emplearon modelos de regresión no lineal para determinar cuáles actos delictivos han afectado al turismo; y d) las estrategias que se han implantado para proteger a los turistas y a los residentes ante la ola de violencia en la ciudad.
Se reconoce que el fenómeno de la violencia con actos delictivos es multicausal y multidimensional, pero aquí solo se discute su impacto en el turismo, entendiendo este último concepto como actividad económica y flujo de turistas. También se analiza su impacto en los residentes en el destino turístico objeto de estudio.
El trabajo está compuesto por seis apartados. El primero es la presente introducción. El segundo expresa el argumento teórico-conceptual construido para explicar por qué la violencia que viven los destinos turísticos mexicanos es solo una manifestación del proceso de acumulación capitalista y de las desigualdades socioespaciales que deja, donde los residentes son los más afectados por la inserción de las redes criminales en la actividad turística. El tercero explica las razones por las cuales se escogió la ciudad de Zacatecas-Guadalupe, México, como objeto de estudio. El cuarto analiza el impacto que tuvo la violencia en la actividad turística en dicha mancha urbana durante el período 1986-2020. El quinto analiza las estrategias de la seguridad pública ante la violencia para proteger a turistas y residentes. Finalmente, se exponen las conclusiones.
2. Capital criminal en el turismo: violencia y segregación socioespacial
A diferencia de los estudios que debaten sobre las afectaciones que sufren los destinos turísticos, su actividad y el turista -en especial, en su decisión de retornar al lugar - cuando se desata una ola de violencia e inseguridad, aquí se argumenta que tanto los actos de violencia como la incidencia del capital criminal (Márquez, 2016b, 2017a, 2017b) forman parte de las nuevas manifestaciones del dinamismo del sector turístico y las disputas entre capitales por dicho mercado. Su objetivo no es acabar con el sector, sino apropiárselo.
El involucramiento del capital criminal en la provisión de servicios al turista tiene que ver con la necesidad de generar nuevos espacios de inversión: el capital criminal genera y redistribuye ese espacio a su favor, así como limpia el dinero ganado en las actividades ilícitas. Los actos violentos que surgen de estas modalidades son propios de las formas como se invierte y se compite, es decir, son resultado de la incidencia de esos capitales en la reestructuración del espacio social y geográfico acorde a sus intereses (Bojórquez & Ángeles, 2019; Harvey, 2012; Lefebvre, 2013; Rojas-Correa & Palafox-Muñoz, 2019).
El capital criminal, lejos de ser una organización meramente ilícita, es parte del proceso de acumulación de capital a nivel mundial bajo modalidades de competencia similares a las de las empresas tradicionales y cuya organización se asemeja a redes según sus intereses (Hurtado & García, 2013; Vázquez, 2021). El capital criminal interviene en diferentes etapas del proceso productivo (exploración, producción, distribución y consumo) de distintos productos lícitos e ilícitos, de los cuales, los estupefacientes son los más conocidos (Rodríguez, 2021; Vázquez, 2016), aunque no los únicos, pues también está involucrado en otras áreas: extracción de recursos naturales; infraestructura turística; centros de entretenimiento nocturno; alquiler y venta de automóviles; restaurantes; bienes raíces; joyería o arte; casas de ahorro, cambio o empeño; y bancos (Márquez, 2015, 2016a, 2016b; Miranda, 2016).
Entonces, el capital criminal forma parte de la dinámica de acumulación de capital a nivel mundial como miembro de la clase empresarial. Las organizaciones empresariales que controlan la producción, distribución y comercialización de narcóticos y delitos vinculados (Hurtado & García, 2013) se comportan como empresas comunes y formales porque operan las mismas estrategias que cualquier empresa legal: promueven sus productos; disputan el mercado; generan economías de escala, complementarias y de aglomeración; reinvierten sus ganancias y acumulan fortunas (Márquez, 2015, 2016a y 2016b; Miranda, 2016). Pero estas empresas también generan mecanismos de desigualdad social con la distribución desigual de la riqueza, en la cual, la explotación, la cooptación y la extensión de las jornadas laborales de los trabajadores estimulan la pobreza, la frustración y la violencia (Vázquez, 2016, 2021).
Los actos de violencia que se derivan de la incursión del capital criminal en el turismo, por ejemplo, se han transformado de actos aislados y escandalosos a actos premeditados y de violación al derecho a la vida humana (González & Pérez, 2021; Márquez, 2015, 2016b). Los actos violentos son la manifestación de la intromisión del capital criminal en la producción del espacio dominante a manera de control de los recursos naturales, humanos y económicos, un control que cuestiona tanto la capacidad organizativa de la ciudadanía como la acción y la legitimidad del Estado (Márquez, 2015, 2016a, 2016b).
La violencia en el sector turístico ha sido un tema analizado esencialmente desde la perspectiva de afectación del segundo por parte de la primera y las consecuencias que tiene en la preeminencia del destino turístico, en la decisión de elegirlo y en la seguridad del turista. La mayoría de los estudios (Cerón & Silva, 2017; De la Torre & Navarrete, 2013; Gallur, 2013; Hernández & De la Torre, 2016; Santamaría & Flores, 2012; Solís & Gómez, 2018) han trabajado el impacto negativo que tienen los actos violentos en el sector turístico desde el punto de vista de la afectación al turista como persona y a la actividad como parte de la economía local, regional y nacional. La preocupación se centra en cómo la violencia afecta al turista, su percepción del destino turístico y de los actos violentos, ya sea porque fue una experiencia traumática propia, de seres queridos, o bien porque en ella influyeron los medios de comunicación (Hernández, 2018). La preocupación también se enfoca en los impactos que tienen los actos violentos en las derramas económicas del turismo (Costa & González, 2020; Quiroz et al., 2015; Romero et al., 2013).
Aquí se distingue que los actos violentos suscitados en los destinos turísticos se expresan como violencias emergentes y son resultado o efecto de las violencias sistémicas. El concepto de violencias sistémicas se refiere al acrecentamiento de las desigualdades económicas, culturales, territoriales, sociales, étnicas y políticas (Žižek, 2009) que atraviesan el amplio y variado entramado urbano y que, entre otras cosas, se manifiestan en una creciente exclusión, segregación, fragmentación y vulnerabilidad social. Las violencias sistémicas son casi imperceptibles a los ojos de los seres humanos, pues la planeación, la renta del suelo, el acceso diferenciado a los recursos, por ejemplo, son mecanismos de exclusión y marginación de quienes no cuentan con los medios para su apropiación.
Las violencias emergentes, en contraste, se manifiestan principalmente como incidencia delictiva y de inseguridad, cuyas acciones de combate son de corte coercitivo y punitivo (González, 2015; Pisciottano, 2014; Žižek, 2009). Estas violencias han sido muy resaltadas, sobre todo como un medio para criminalizar a los vulnerados social y económicamente (Rodríguez, 2004), como un mecanismo para ocultar las violencias sistémicas asociadas al proceso de acumulación capitalista (González, 2015; Pisciottano, 2014; Žižek, 2009).
Los actos violentos realizados por el capital criminal son un tipo de violencia emergente, ya que son eventos inmediatos de luchas y son el efecto de violencias sistémicas en las cuales los capitales criminales se disputan las ganancias con otros capitales (inmobiliario, turístico, etcétera). Dichos actos violentos forman parte de una condición sui géneris, ya que la violencia es un factor esencial para su reproducción y la contienda por territorios, recursos naturales y humanos. La violencia que utiliza el capital criminal puede ser aplicada a otros capitales criminales, al Estado -por medio de las instituciones castrenses- o a la población, según sean las necesidades de apropiación de las ganancias (González, 2023; Márquez, 2016b, 2017a y 2017b).
Los actos violentos que se han incrementado en los destinos turísticos mexicanos son la expresión de la intromisión del capital criminal en el turismo para obtener ganancias por dos medios: uno ilícito, la venta de drogas a turistas; y otro lícito, invertir en negocios de entretenimiento y ocio para el turista. Por lo tanto, la violencia emergente se utiliza para consolidar las violencias sistémicas: consolidación del capital criminal como parte del proceso de acumulación de capital.
Adicionalmente, poco se han explorado los impactos de la intromisión del capital criminal en los comportamientos de los residentes en esos destinos turísticos y sus estrategias para covivir con el capital criminal y sus actos de violencia. Aunque su origen se asocia a las violencias sistémicas urbanas (González, 2015), es decir, a los actos violentos que genera la relación capital-trabajo en el espacio urbano por medio de los mecanismos inmobiliarios -por ejemplo, para redirigir la localización residencial de la población de acuerdo con su poder adquisitivo y sus gustos psicosociales-, la segregación socioespacial se convierte en un mecanismo sistémico para afrontar la violencia emergente (González, 2015), que provoca los reacomodos entre el capital criminal, la economía y el espacio.
La segregación socioespacial se define como la ocupación y separación en el espacio de grupos sociales distintos de acuerdo con características socioeconómicas, étnicas, culturales o políticas, y la adyacencia de grupos sociales con similares características (Alegría, 1994; Aymerich, 2004; Castillo & Villar, 2016; Cervio, 2015; López, 2018; Pérez-Campuzano, 2011). Este tipo de segregación deja paisajes de apropiación de acuerdo con la predominancia de los grupos sociales, donde el capital inmobiliario moldea el territorio a las necesidades de los grupos sociales "de concentrarse en ciertas zonas de la ciudad, (…) conformar áreas o barrios socialmente homogéneos" (Castillo & Villar, 2016, p. 12), al igual que lo hacen las actividades económicas.
Los residentes afectados por las olas de violencia suscitadas por el capital criminal y entre este y las instancias castrenses, como sucede en las ciudades mexicanas, encuentran en la autosegregación socioespacial un mecanismo de protección por medio del cual se mezclan con aquellos con quienes comparten intereses homogéneos y se separan tanto espacial como socialmente de los distintos, sobre todo de aquellos a quienes consideran un peligro o un riesgo (Fernández, 2017; Martín-Barbero, 2002). Esta situación es aprovechada por el capital inmobiliario para diseñar espacios residenciales fragmentados y estilizados acorde a los gustos y las distinciones de quienes pueden adquirirlos. Bajo esa mecánica, la segregación socioespacial (violencia sistêmica) se justifica en la sociedad capitalista para afrontar una violencia emergente: se desea evadir la ola de violencia. Por lo tanto, la segregación socioespacial se convierte en un mecanismo que de forma inmediata resuelve una violencia emergente (ola de violencia delictiva), al tiempo que produce y consolida las violencias sistemáticas (reestructuración productiva, renta del suelo y acceso diferenciado a recursos urbanos) (González, 2015).
La segregación socioespacial ha generado dos procesos territoriales diferenciados: primero, la segregación estructural por medio de la renta del suelo, que expulsa y aglutina a los pobres y marginados urbanos casi siempre en la periferia inaccesible; y, segundo, la segregación autoinducida de los grupos de ingresos altos (Cervio, 2015) en zonas residenciales cerradas, donde gozan de equipamiento urbano de alta calidad y seguridad, estimulada por el capital inmobiliario que reorienta el suelo a sus preferencias de consumo. A pesar de esto, es claro que la ola de violencia generada por las disputas entre el capital criminal y las instancias castrenses incita, en especial, el segundo proceso, no solo de los grupos de ingreso alto, sino también de aquellos de ingreso medio y bajo en las ciudades mexicanas. El mercado inmobiliario, con sus aplicaciones de precios del suelo, planeación y fragmentación, que incentivan la distinción de quienes acceden a las viviendas, aprovecha las olas de violencia -que generan imaginarios de miedo al otro- (Fernández, 2017; Martín-Barbero, 2002) para captar a distintos grupos sociales que desean aislarse.
3. La ciudad de Zacatecas-Guadalupe, destino turístico con olas de violencia
La ciudad de Zacatecas-Guadalupe (CZG) es la conurbación de las ciudades de Zacatecas y Villa de Guadalupe; se localiza a aproximadamente 700 km al norte de la Ciudad de México, y en el año 2020 contabilizó 317.817 habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2021). La ciudad de Zacatecas fue fundada a principios del período virreinal (1545), cuando los españoles encontraron extensas vetas de metales preciosos (oro, plata, zinc y cobre) en la serranía del semidesierto zacatecano. La ciudad de Guadalupe se fundó en 1555; allí se construyó el Colegio Apostólico de Propaganda Fide (hoy conocido como el convento de Guadalupe), de extracción franciscana, para evangelizar a los pobladores del norte de México y del sur de los Estados Unidos.
El Centro Histórico de Zacatecas (CHZ), en 1993, y el convento de Guadalupe, en 2010, fueron inscritos en la Lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad (World Heritage List) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). El CHZ fue considerado por la conservación y excepcionalidad de sus monumentos, palacios, casonas, calles y plazuelas, construidos en los siglos XVII y XVIII (UNESCO, s. f. b). El convento de Guadalupe fue tomado en cuenta como parte del Camino Real de Tierra Adentro, ruta por donde transitaban mineros, comerciantes y población en general para transportar, inicialmente, la plata extraída de las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, y que luego se convirtió en la ruta más importante del virreinato de la Nueva España, pues por ella transitaban insumos importados desde Europa y víveres producidos en la región centro-norte, de manera que se crearon vínculos sociales, culturales y religiosos entre la cultura hispánica y las culturas amerindias (UNESCO, s. f. a).
En 1986, la ciudad de Zacatecas fue declarada destino turístico por la Secretaría de Turismo (SECTUR), y Guadalupe recibió la misma declaratoria en el 2010. Esta situación les permitió a las autoridades estatales crear actividades para su disfrute por parte de los turistas y redireccionar la economía hacia el servicio turístico, por considerarlo polo de desarrollo (GODEZAC, 1987). Aunque se han invertido muchos esfuerzos, recursos económicos y humanos en impulsar la economía turística y mercantilizar el patrimonio arquitectónico heredado del período virreinal como destino cultural, la CZG es un destino turístico de media tabla en el ranking nacional, con afluencia de turistas y derramas económicas moderadas; esto es consecuencia de haberse especializado en ofrecer servicios de entretenimiento y ocio de baja calidad, producto de escalas productivas pequeñas y grados de explotación exacerbados de su fuerza de trabajo (González, 2014, 2018).
A pesar de la declaración de guerra contra el tráfico de drogas impulsada por el Gobierno federal en el 2006, fue hasta principios del 2010 que en la CZG se desataron actos violentos entre el capital criminal (Márquez, 2016b, 2017a, 2017b) y las instancias castrenses. A partir de ese momento, la primera preocupación del Gobierno estatal y de los empresarios turísticos ha sido el grado de afectación que la ola de violencia suscitada puede tener en el flujo de turistas (véanse García, 2022a, 2022b; Infobae, 2021; Lozano, 2013; Página 24, 2022). Aunque la mayoría de los actos violentos y delictivos no ocurrieron en el CHZ -lugar exclusivo para la localización de turistas-, este destino turístico en varias ocasiones ha sido objetivo de enfrentamientos entre el capital criminal y las instancias castrenses por controlar el mercado de estupefacientes, dirigido, principalmente, a un segmento de turistas (para más información al respecto, véase González & Pérez, 2021).
Solo como dato, en la madrugada del 6 de enero de 2022 (5:25 a. m.), en la plaza de armas, junto al Palacio de Gobierno -localizados en el CHZ-, como regalo de los Reyes Magos a las recién instaladas autoridades gubernamentales (el gobernador David Monreal Ávila empezó sus funciones administrativas el 12 de septiembre de 2021), fue abandonada una camioneta que contenía en su interior diez cuerpos sin vida después de ser golpeados y lesionados. Este acto fue considerado por el Gobierno federal como una provocación; por su parte, el Gobierno estatal dijo: "Hay que encomendarnos a Dios' (France 24, 2022; Guillén, 2022; Infobae, 2022; Valadez, 2022). Este tipo de hechos se han multiplicado, han expandido el terror en las redes sociales y en los medios de comunicación masiva, y han generado imaginarios entre residentes y no residentes sobre la ola de violencia en la CZG.
Los actos violentos desarrollados en el CHZ entre los mismos capitales criminales y entre ellos y las instancias castrenses han evolucionado de eventos aislados a acontecimientos estratégicamente planeados para disputarse el territorio por medio del derecho de piso en plazas, calles y negocios de entretenimiento nocturno; o bien para convertir a un segmento de visitantes, turistas y residentes en consumidores de drogas o en víctimas de extorsión, fraudes, secuestros, trata de personas, privación de libertad u homicidios con el fin de despojarlos de sus propiedades, sus recursos o para extraerles órganos (González & Pérez, 2021).
4. Turismo, derrama económica y violencia en la ciudad de Zacatecas-Guadalupe
A raíz de que el CHZ fue clasificado como destino turístico en 1986 e inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial en 1993, el flujo de turistas ha ascendido en forma intermitente, pero la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 provocó su descenso a valores similares a los de su inicio como destino turístico (véase Figura 1).
Aunque su conservado paisaje arquitectónico lo mantiene en la preferencia de los turistas -casi exclusivamente nacionales-, sus flujos no son tan relevantes si se comparan con los de otros destinos similares, como Oaxaca, Querétaro, Morelia, Puebla o Guanajuato. Su limitada oferta turística, su baja calidad en el servicio y la distancia desde la capital del país (es el destino Patrimonio Mundial más septentrional de México), donde se concentra la mayoría de sus posibles visitantes, han impedido mejorar su posición competitiva en el turismo (González, 2014, 2018).
El impacto económico del turismo en esta ciudad ha sido reservado, por no decir que estancado. La derrama económica generada por el turismo ha tenido sus altas y bajas, lo que lleva a los negocios turísticos a ser incapaces de ascender a una escala productiva mayor (véase Figura 2). Ha sido el Estado el que, por medio de su política de fomento al turismo -llevada a cabo desde 1985 y basada en tres ejes: fomento económico, creación y generación de eventos masivos, y difusión-, ha creado las condiciones para que la actividad turística se mantenga; sin embargo, en 2020 no representó más allá del 2 % del producto interno bruto estatal (INEGI, 2022).
Los actos violentos, como violencia emergente, suscitados en la ciudad de Zacatecas-Guadalupe no son comparables en sus montos con los de otras ciudades, como Guadalajara o Acapulco, por ejemplo, pero se han incrementado con el paso del tiempo y se han especializado en homicidios, amenazas, extorsiones, rapto de personas, robos y fraudes a personas y negocios. Al respecto, las Figuras 3 y 4 muestran el incremento de los homicidios y los actos de narcomenudeo desde que el capital criminal decidió introducirse en la ciudad en 2010. El resto de los actos violentos tienen comportamientos similares, excepto el robo de vehículos, ya que su punto más álgido fue en 2012, pero desde entonces ha descendido.
En la CZG, los casos reportados de venta al menudeo de drogas se han incrementado de manera exponencial a partir del año 2016, aunque cayeron estrepitosamente en el último año de análisis a causa del confinamiento generado por la pandemia por el virus SARS-CoV-2, tiempo en el que disminuyó el flujo de turistas, de los que un segmento es su mercado.
Cuando se habla de los impactos de la violencia en el turismo, estos exclusivamente se asocian a los homicidios, es decir, una violencia emergente tiene incidencia en una violencia sistémica. Tanto declaraciones de funcionarios y empresarios turísticos como algunos estudios (Cerón & Silva, 2017; Gallur, 2013; Santamaría & Flores, 2012; Solís & Gómez, 2018) consideran que el turismo ha sido afectado por el incremento de los homicidios, como sinónimo de violencia. Otros estudios han ampliado la conceptualización de la violencia como actos delictivos que afectan a los turistas (De la Torre & Navarrete, 2013, 2018; Hernández, 2018; Hernández & De la Torre, 2016), en especial, los robos, mientras que los homicidios y los secuestros no son relevantes (Costa & González, 2020; Quiroz et al., 2015; Romero et al., 2013).
Para fines metodológicos, se analiza la violencia emergente como síntoma de una violencia sistémica, considerada como un fenómeno complejo que se manifiesta principalmente en actos violentos asociados a la afectación de la vida (homicidios), venta de órganos (privación de la libertad, secuestros y homicidios), trata de personas y presiones a los seres humanos (amenazas, fraudes, extorsión, robos, venta de drogas), con el fin de obtener ganancias económicas. Estas formas de adquirir ganancias se distribuyen entre el capital criminal y contribuyen al proceso de acumulación de capital por medio de la inversión en sectores económicos (turismo, mercado inmobiliario, instancias financieras, etcétera) (González, 2023; Márquez, 2016b, 2017a y 2017b).
En la CZG, el incremento de homicidios, fraudes, robos, amenazas, extorsiones y venta de drogas en los últimos años ha generado preocupación por su impacto en el turismo. Con el fin de verificar si la violencia emergente (los actos delictivos) tiene impacto en una violencia sistémica (disminución de turistas y de la derrama económica dejada por estos), se aplicó un modelo de regresión no lineal para determinar si las variables consideradas como violencias y cuantificadas como incidencia delictiva (número de homicidios, secuestros, extorsiones, fraudes, robos, amenazas) afectaron (y cómo lo hicieron) el flujo de turistas que llegaron a la CZG en el período de 1986 a 20201, es decir, un período de 34 años (n = 34). No se tomaron en cuenta los actos delictivos de secuestros, despojos, robo de vehículos, de abigeato o en carreteras, porque sus valores tuvieron comportamientos descendentes en los últimos años.
Los datos sobre la incidencia delictiva se obtuvieron del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SEGOB, 2022) a nivel municipal para el período de 2011-2020 y, a nivel estatal, de 1997 a 20112. Para obtener los datos municipales desde 1986 hasta 2010, se utilizó la metodología de extrapolación no lineal (Manzano, 2011). Los datos sobre el número de turistas que visitaron la CZG se obtuvieron del Compendio estadístico del turismo en México 2020 (SECTUR, 2020), desde 1986 hasta 2020.
Por lo tanto, el modelo general del flujo de turistas que fue afectado por los actos delictivos quedó así:
donde:
β, γ, µ, ρ, σ, ϑ, τ, λ = coeficientes de las variables utilizadas que indican su preponderancia
Turistas = número de turistas que visitaron la CZG en el período 1986-2020
H = número de homicidios
E = número de extorsiones
F = número de fraudes
A = número de amenazas recibidas
DL = número de delitos contra la libertad (raptos y trata de personas)
NM = número de actos de narcomenudeo
R = número de robos a transeúntes, negocios, de maquinaria, de objetos personales, etcétera.
Se hicieron varias corridas de ejecución en las que se fueron discriminando las variables que no fueron significativas. Al final, el modelo no lineal que permitió identificar los actos de violencia que afectan a los turistas que llegan a la ciudad de Zacatecas a un nivel de significancia de 0,05 con un 95 % de probabilidad es:
Con el fin de obtener los coeficientes de las variables independientes y su impacto en la variable dependiente (turistas), se aplicó el modelo de logaritmos naturales (ln), que arrojó la siguiente expresión:
donde:
lnTur = logaritmo natural de la variable turistas
lnE = logaritmo natural de la variable extorsión
lnR = logaritmo natural de la variable robos a transeúntes, a negocios, a vehículos, de objetos personales, etc.
lnDL = logaritmo natural de la variable delitos contra la libertad (rapto y trata de personas)
lnNM = logaritmo natural de la variable narcomenudeo
e = error residual (resto de las variables no consideradas en el modelo general).
Al correr el modelo, se dieron los resultados de ajuste y significancia que se muestran en la Tabla 1.
El modelo obtenido (ajuste y significancia adecuados, sin problemas de colinealidad) indicó que los turistas que visitaron la CZG durante el período 1986-2020 se vieron afectados por la extorsión, los robos, los delitos contra la libertad (rapto de personas, trato de personas) y venta de estupefacientes. No obstante, las extorsiones y la venta de estupefacientes al detalle (narcomenudeo) fueron los que afectaron negativamente el comportamiento de los turistas, ya que esos actos disminuyeron los flujos de turistas. En cambio, los robos y los delitos contra la libertad no interfirieron de manera negativa en la decisión de visitar la ciudad, quizá porque son actos que, aunque puedan estar "sonando" en las redes sociales, en los noticieros o en los discursos, no son vistos por los turistas como un riesgo, ya que quienes los sufren son los residentes.
Por lo tanto, sí existe una afectación al flujo de turistas por el aumento de la incidencia delictiva en la CZG durante el período 1986-2020, y fue provocada por las extorsiones y el ofrecimiento de venta de drogas que sufrieron algunos turistas durante su estancia, pero los valores de sus coeficientes indican que pueden ser tolerados aún, sin embargo, si continúan ascendiendo, afectarán a largo plazo el flujo de turistas. Sobre los actos delictivos asociados a los homicidios, que son considerados por los imaginarios y los discursos como afectaciones al turismo, el modelo estadístico no lineal expresa que no hay evidencia de eso, pues no fue significativa. Por lo tanto, hasta la fecha, la llegada de turistas a Zacatecas no se ha visto afectada por el aumento de los homicidios, como expresión de la violencia, sino por las extorsiones y la venta de drogas al menudeo.
Pero los funcionarios, los empresarios turísticos y los analistas, como lo indican sus discursos, se preocupan por el impacto económico de la disminución de los flujos de turistas, es decir, por la derrama económica que estos dejan. Aquí se hizo el mismo ejercicio para la derrama económica, medida en millones de pesos constantes (se quitó el efecto inflacionario). La derrama económica dejada por los turistas se obtuvo de las cuentas públicas del Gobierno del Estado de Zacatecas (GODEZAC, 1986-2020). El modelo econométrico general se expresó de la siguiente manera:
donde:
β, γ, µ, ρ, σ, ϑ, τ, λ = coeficientes de las variables utilizadas que indican su preponderancia
DerrEcon = derrama económica dejada por los turistas en la CZG en el período 1986-2020 (miles de pesos constantes 2002 = 100)
H = número de homicidios
E = número de extorsiones
F = número de fraudes
A = número de amenazas recibidas
DL = número de delitos contra la libertad (rapto y trata de personas)
NM = número de actos de narcomenudeo
R = número de robos a transeúntes, a negocios, en la vía pública, de objetos personales, etc.
Para identificar cuáles fueron las variables que influyeron en la derrama económica se corrió el modelo, en el que se fueron eliminando, una a una, las variables que no mostraron significancia (0,05 con un 95 % de probabilidad). Al final, el modelo específico quedó así:
Si se convierte en una relación lineal por medio del método de logaritmo natural, el modelo queda así:
donde:
InDerrEcon = logaritmo natural de la variable derrama económica
InE = logaritmo natural de la variable extorsión
InA = logaritmo natural de la variable amenazas
InDL = logaritmo natural de la variable delitos contra la libertad (trata y rapto de personas)
InNM = logaritmo natural de la variable narcomenudeo
e = error residual (resto de las variables no consideradas en el modelo general).
Los resultados de significancia y ajuste al ser ejecutado el modelo se presentan en la Tabla 2:
El modelo fue significativo y no tuvo problemas de colinealidad a pesar de su ajuste moderado, lo que permite usarlo para explicar si la derrama económica que dejó el turismo en la CZG fue afectada por la incidencia delictiva registrada entre los años 1986 y 2020. Solo las amenazas y los actos de ventas de estupefacientes al detalle afectaron negativamente el gasto en alojamiento, alimentación y uso de servicios que se realizaron en la CZG, en cambio, las extorsiones y los delitos contra la libertad son actos delictivos que incidieron, pero no de manera negativa.
Al analizar cada uno de los resultados presentados, se argumenta que la asistencia de turistas a la CZG, de forma general, no se ha visto afectada por la incidencia delictiva; es decir, los turistas son sensibles a la venta de drogas, a los delitos en contra de su libertad y a las extorsiones que puedan presenciar, pero estos delitos no son determinantes para disminuir su afluencia.
En lo que respecta a si los actos violentos afectaron la derrama económica que obtienen los prestadores de servicios turísticos, el comportamiento fue el mismo. Los ingresos obtenidos de los turistas fueron sensibles a la venta de drogas al menudeo y a las extorsiones, pero no lo suficientemente drásticos como para propiciar un estancamiento económico.
Los modelos de regresión no lineal confirman que los actos de homicidios no han afectado aún la decisión de los turistas de visitar el CHZ ni su economía turística.
Ante lo expuesto, es necesario distinguir la percepción y las construcciones discursivas de la inseguridad y la violencia de los actos delictivos, por un lado, y los hechos violentos, por el otro. En los discursos de los agentes políticos y turísticos, es fácil sentenciar que la violencia y la inseguridad han afectado a la actividad económica generada por el turismo; pero los datos indican que afecta mucho más la existencia de pandemias extraordinarias, como la generada por el virus SARS-CoV-2 a inicios del 2020, que disminuyó a un tercio el flujo de turistas y su derrama económica, en comparación con actos violentos como los homicidios, los secuestros, las extorsiones o las amenazas, de acuerdo con lo que dicen los modelos aplicados.
No obstante, la venta de estupefacientes en la vía pública o en establecimientos comerciales y de servicios (acto de narcomenudeo) es un hecho que los turistas consideraron como acto incómodo o indeseable al visitar la CZG. Este es un hecho fehaciente de que la venta de drogas es una de las líneas de acceso utilizadas por el capital criminal con el fin de convertir a un segmento de turistas en consumidores. Quizá en el futuro sea más evidente que el turismo sí se vea afectado por esta actividad del capital criminal, pero, hasta hoy, los datos no muestran que la venta de estupefacientes al turismo esté determinando la disminución de la llegada de turistas y su gasto.
El turismo como actividad económica es estratégico para el capital criminal, que lo considera un área de mercado donde puede acceder, sin complicaciones, a un segmento de turistas como potenciales consumidores de estupefacientes debido a su estancia temporal, o como objetivo de secuestros, fraudes o extorsiones para obtener ganancias, por lo tanto, no es un objetivo para destruir. La actividad económica generada por el turismo (comercio y prestación de servicios) sí es un área de disputa de mercado o de control de plazas, lo que puede ser motivo de violencia por parte del capital criminal (amenazas, secuestros, homicidios, extorsiones), pero no de los turistas. Las redes trasnacionales de criminalidad (RTC) (Vázquez, 2021) se rigen por la acumulación de capital, por lo que el consumidor es la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué, entonces, debe atacarse? Los discursos de la clase política y empresarial que indican que el turismo se ha visto afectado por la violencia no tienen sustento real hasta el momento, pero sí desvían la atención, porque desatienden y minimizan la violencia que sufre la población residente por los actos de disputa por los mercados entre el capital criminal, la clase empresarial turística y el Estado.
El discurso gubernamental y de los empresarios turísticos según el cual el turismo ha sido afectado por la ola de violencia permite crear condiciones y estrategias para que el turista siga visitando el CHZ. Pero si los datos duros indican que no hay afectaciones en turistas ni en la actividad económica que generan, entonces son otros los sectores sociales a los que la ola de violencia puede estar afectando, quizá a la población residente.
Esto deriva a una línea de investigación que está fuera de los objetivos del presente trabajo, la percepción de inseguridad que generan los actos violentos por el capital criminal, pero que en futuros estudios deberá tratarse.
5. Estrategias de protección contra la violencia para turistas y por los residentes
Aunque no hay un reconocimiento explícito por parte de las autoridades gubernamentales (municipales y estatales) de que los actos delictivos se han incrementado con el correr de los años, sí existen estrategias para proteger a los turistas debido a los reclamos de los empresarios turísticos por la ola de violencia. La primera de ellas fue la militarización de las calles (Nerio, 2011); aunque esta no es una estrategia exclusiva para los turistas, sí son las calles, los callejones, las plazas y plazuelas del Centro Histórico los más cuidados por las instituciones castrenses, sobre todo en periodos vacacionales y en eventos masivos: primero, por la policía estatal; posteriormente, por el Ejército; y, finalmente, por la Guardia Nacional (El Sol de Zacatecas, 2019; Rincón, 2021).
En el trabajo de campo realizado en el CHZ en octubre del 2022, se percibió que el impulso de la militarización de sus calles por parte del Estado crea un ambiente seguro para los turistas y les demuestra que se están combatiendo las redes criminales y que Zacatecas es segura como destino turístico (véanse Figuras 7 y 8). Pero ello no niega que la inversión del capital criminal en el CHZ se amplifica con la venta de estupefacientes en el interior y fuera de bares, centros nocturnos y antros, así como con el cobro de plazas, por lo que la disputa por el territorio por parte de varias redes criminales puede suscitar ajustes de cuentas violentos en el CHZ. La violencia emergente (la ola de violencia) ha sido combatida con la militarización en las calles, pero la violencia sistémica (acumulación por parte del capital criminal) sigue vigente por medio del cobro de plazas y la venta de drogas en negocios de entretenimiento y ocio.
La segunda estrategia fue la presupuestación y creación de una policía exclusiva para turistas, con la capacidad de ofrecer, además de las clásicas funciones de seguridad pública, información turística, apoyo de primeros auxilios, incluso hablar una segunda lengua (el inglés) y ser una policía de proximidad (Amador, 2012; Díaz, 2018).
De acuerdo con el discurso del Estado, para proteger a los residentes se estableció la estrategia de fortalecer las instituciones policiacas y castrenses (Gobierno de México, 2023), que se viene dando en todo México desde que se declaró la guerra al narcotráfico en 2006, aunque el primer evento violento en la CZG se desarrolló a inicios de febrero de 2010. La militarización de la vida urbana, además de debilitar la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos (Nerio, 2011) por el control y abuso del poder castrense, ha implicado acciones contra el narcotráfico que no garantizan realmente el mejoramiento de la seguridad pública y el debilitamiento de la ola de violencia que vive la ciudad, aunque sí criminalizan a los actores y los hechos particulares (Vázquez, 2021).
La militarización de las ciudades en México es una violencia sistémica, por eso, ante los abusos de poder por parte de las instituciones castrenses y el aumento de la ola de actos violentos, los residentes han creado sus propias estrategias de protección y seguridad pública, dependiendo de su poder adquisitivo. Esta estrategia tiene fuertes implicaciones socioespaciales, por ejemplo, vivir en zonas residenciales cerradas. Este es un ejemplo de que la ola de violencia (como violencia emergente) y la militarización de las calles (como violencia sistémica) pueden integrarse como factores que influyen en la decisión de los residentes a segregarse.
El aumento de la segregación socioespacial en la CZG en las últimas dos décadas no se manifiesta, principalmente, en segregar a los más pobres, sino en autosegregarse los más ricos. Es evidente que los mecanismos de control y regulación de los precios del suelo, así como de acceso a la vivienda, generan violencias sistémicas que contribuyen a la segregación educativa, residencial y económica de los más pobres hacia las zonas urbanas menos equipadas y más alejadas de los centros neurálgicos urbanos. Pero son los residentes con alto poder adquisitivo quienes, además de otros factores, como la necesidad de distinguirse sobre los demás, se autosegregan para sentirse más seguros. Ofertar zonas residenciales cerradas se ha convertido en la estrategia de venta que los capitales inmobiliarios les dan a los residentes ávidos de seguridad ante la ola de violencia.
Nuevamente, una violencia emergente (la ola de violencia) es utilizada por el capital, ahora por el inmobiliario, para estimular la acumulación de capital por medio de la creación de zonas residenciales cerradas donde los residentes pueden convivir con sus similares y separarse de sus diferentes (violencia sistémica).
De acuerdo con el cálculo del índice de segregación socioespacial de Alegría (1994)3 –que convoca a la distinción de grupos sociales por ingreso, capacidad educativa e identidades en el espacio-, en la CZG, en las dos primeras décadas del siglo XXI se ha reflejado un aumento considerable de residentes clasificados como de nivel educativo e ingreso muy altos (población ocupada que recibe más de cinco salarios mínimos y posee educación de posgrado) y de nivel educativo alto e ingreso medio (población ocupada que recibe entre dos y cinco salarios mínimos y posee educación de posgrado) que trasladaron sus hogares a zonas residenciales cerradas donde conviven con otros con sus mismas características.
La Figura 7 evidencia los grados de segregación socioespacial para la CZG en 1990. Los grados fueron bajos, hubo apenas cuatro AGEB que mostraron grado medio. El fenómeno se caracterizó por una segregación de los grupos de ingreso y educación bajos (población ocupada que recibe menos de un salario mínimo y posee un máximo nivel educativo de primaria terminada), pero no fue profunda. La mayoría fueron AGEB de reciente creación, donde apenas se iniciaba el proceso de construcción de identidades propias de un barrio (González, 2009). Para 1990, en toda la mancha urbana no había muestras de aislamiento social de su población, salvo en zonas de reciente creación.
Para el año 2000 se mantuvo un masivo bajo nivel de segregación en la ciudad, pero resaltaron dos fenómenos que cuestionaron la mezcla social. El primero se refiere a un proceso de segregación de los grupos de ingreso y educación bajos al poniente, al centro, al este y al noroeste de la mancha urbana (véase Figura 8). Los grados muy altos de segregación (población ocupada que recibe menos de un salario mínimo por trabajo y con un máximo nivel de instrucción de primaria terminada) refieren a la exigencia de separar a los residentes más pobres, vulnerados e iletrados por medio de mecanismos de accesibilidad a vivienda, equipamiento urbano y precios del suelo (González, 2009).
El segundo fenómeno se refiere al surgimiento de la autosegregación de los grupos de ingreso y nivel educativo altos en las AGEB del norte y del centro de la ciudad (véase Figura 8), medida en media y alta segregación. La autosegregación se manifestó en el surgimiento de oferta inmobiliaria que se centró en la construcción de zonas residenciales cerradas, oferta que satisfizo la necesidad de distinción por parte de los residentes con alto poder adquisitivo (población ocupada que recibe más de cinco salarios mínimos por realizar actividades laborales) y alto nivel educativo (población mayor de 18 años que cuenta con estudios de posgrado) (González, 2009).
Para el año 2010, la segregación de los residentes que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo y de nivel educativo con primaria terminada como máximo, provocada por los mercados inmobiliarios y la política de vivienda social estatal, empezó a ser menos evidente que la autosegregación de los residentes que reciben ingresos mayores a cinco salarios mínimos y cuentan con estudios de posgrado. En las AGEB con grados muy altos de segregación, la mayoría fueron por autosegregación donde se localizan zonas residenciales cerradas, principalmente en las zonas central y suroeste de la CZG. Así mismo, las AGEB ubicadas en el este y en el noreste de la mancha urbana, donde la mayoría son valores de graduación media, son la manifestación de la segregación de residentes que reciben ingresos mayores a cinco salarios mínimos y cuentan con estudios de posgrado.
Los procesos de autosegregación están asociados a los comportamientos sociales de distinción por parte de los residentes de ingresos altos. Con la inserción de capitales criminales, que utilizan la violencia emergente, se integran nuevos factores para considerarse como parte de dichos procesos. En el caso de la CZG, el 2010 fue el punto crítico del cambio en la forma de pensar de sus residentes hacia la autosegregación, puesto que en ese año los actos violentos de homicidios, secuestros, fraudes y extorsiones realizados por el capital criminal entraron en escena en la ciudad.
Para el año 2020, la autosegregación en zonas residenciales cerradas por parte de la población ocupada que recibe ingresos superiores a cinco salarios mínimos y posee estudios de posgrado fue un fenómeno generalizado en la CZG. Los grados muy altos de segregación evidenciados en la Figura 10 se refieren a dichas zonas, que además se ubican en montañas que se convierten en barreras físicas e impiden la mezcla social con otros residentes con clasificación económica y educativa distinta. La autosegregación se reafirma aún más porque estas zonas residenciales cuentan con equipamientos urbanos de alta calidad, y la actividad comercial y educativa se aloja en su cercanía. Por ello, no sorprende que, en el estudio de Martínez-Aguilar et al. (2020), los residentes entrevistados hayan manifestado sentirse muy seguros en sus casas y en sus barrios -donde es muy probable que no les pase nada-, pero que al transitar por avenidas y calles públicas se sienten inseguros y con mayor probabilidad de sufrir un riesgo por la ola de actos delictivos disparada desde 2010.
El mercado inmobiliario que oferta vivienda nueva aprovecha la ola de violencia que provocan las disputas entre el capital criminal y las instancias castrenses para incentivar la autosegregación de la población residente en zonas residenciales cerradas, donde se ofrecen las amenidades urbanas sin la necesidad de mezclarse con el resto de la población.
Adicionalmente, en este último año de análisis, el fenómeno del autoaislamiento de los residentes que reciben ingresos de dos a cinco salarios mínimos por trabajo y que cuentan como máximo con estudios de licenciatura se hizo evidente. Las AGEB del este y del noroeste de la mancha urbana, donde se localizan fraccionamientos para este tipo de población (como Las Quintas, Villas de Guadalupe, Villa Fontana o Villas de San Fermín), traen la característica de diseño de barrio residencial cerrado que da la opción de que los residentes se organicen y lo conviertan en área cerrada. En la Figura 10, las AGEB del este y del noroeste de la CZG muestran graduación media de segregación, lo que significa que en la CZG no solo los grupos sociales de alto poder adquisitivo se han aislado, sino también los de medio y bajo nivel económico.
En síntesis, la violencia emergente (la ola de violencia) ha afectado de manera distinta a turistas y a residentes, por lo tanto, las estrategias de protección de unos y otros son distintas, variadas e incluso estimuladas por el Estado. Es precisamente la violencia emergente la que buscan combatir tanto el Estado como los propios residentes, pero la violencia sistémica sigue estimulando y reproduciendo la forma de organización social capitalista. La militarización de las calles, la inserción del capital criminal en el turismo y la autosegregación socioespacial de los residentes son las violencias sistémicas que ahora conviven con la emergente.
6. Conclusiones
La ola de violencia ha alcanzado a los destinos turísticos. Esta es solo una manifestación de un fenómeno estructural, es decir, es una violencia emergente que oculta violencias sistémicas. Hasta la fecha, la estrategia de seguridad nacional ha sido combatir la violencia emergente, pero las violencias sistémicas que aquella oculta siguen reproduciéndose en la organización social actual.
La actividad turística y los turistas son objetivos del capital criminal a) para venderles mercancías ilícitas (generalmente drogas) y expandir el mercado; y b) como área de inversión y lavado de dinero en negocios de entretenimiento y ocio, con el fin de obtener ganancias y reinvertirlas. Esto, por supuesto, genera disputas de poder y de territorios entre los capitales criminales que desean invertir en espacios legales como el turismo, bienes inmobiliarios, sector financiero, etc., y los capitales no criminales, así como con el Estado y la población. La ola de violencia, entonces, expresa las disputas por los mercados, los territorios y las ganancias.
En el presente trabajo de investigación, con el uso de modelos de regresión se demostró que la ola de violencia aún no ha afectado la economía turística ni el flujo de turistas en la ciudad de Zacatecas-Guadalupe, pero sí los ha vuelto más sensibles, en especial, a las extorsiones y a la venta de drogas al menudeo. Por esta razón, la violencia emergente aún no ha afectado el proceso de acumulación del capital turístico, pero la inserción del capital criminal en la disputa por los mercados y los territorios sí ha influido en sus comportamientos.
Para contrarrestar la violencia emergente (la ola de violencia), el Estado, con base en la estrategia nacional de seguridad pública, ha militarizado las calles para ofrecer seguridad al turista. Es decir, la estrategia de acabar con una violencia emergente estimula las violencias sistémicas de controlar a la sociedad, ya que la militarización de la vida pública ha deteriorado la ciudadanía y la libertad del residente urbano.
El turista aún no ha sido sensible a esta violencia sistémica, ya que todavía asiste al CHZ como destino turístico, pero el residente ha respondido con una localización residencial más segregada. La segregación socioespacial es, por sí misma, una violencia sistémica asociada a la renta del suelo, a la disputa territorial de acuerdo con el poder adquisitivo y a las prácticas inmobiliarias de generar distinción y segregación. La ola de violencia se integra y se combina con tales prácticas y lleva a que los residentes con mayor poder adquisitivo se encierren en zonas residenciales con altos equipamientos urbanos y a que los de ingresos medios y bajos los emulen, por lo menos en la demanda de zonas residenciales cerradas acordes con sus ingresos.
El presente trabajo deja líneas de investigación abiertas que en el futuro deben discutirse en mayor profundidad: a) el grado de afectación de la ola de violencia a los turistas -y sus posibles reacciones-, por un lado, y a la economía turística -y la forma de afrontarla-, por el otro; b) la insuficiente explicación de dicho impacto por medio del uso de técnicas cuantitativas, por lo que se requiere de la visión cualitativa del fenómeno para entender que la violencia es un fenómeno complejo; c) las estrategias de seguridad por parte del Estado como mecanismos de control y administración de la violencia, así como las desarrolladas por los ciudadanos; finalmente, d) la autosegregación, en especial, la de los grupos de ingresos altos y con alto nivel educativo, que combina los elementos de distinción, diferenciación y similitud con un miedo a la violencia que generan los "otros", los marginados, los excluidos de los beneficios de la sociedad capitalista y de su generación de ganancias.
Notas
1No se consideró el año 2021 porque la SECTUR no había presentado datos para ese año.
2 Los datos presentados por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) pueden estar sesgados debido a que solo se contabilizaron aquellos que fueron registrados por las agencias del ministerio público y las jefaturas de las policías municipales de México, y existe una alta probabilidad de que la mayor parte de los datos no hayan sido registrados. Las razones son por negligencia o, principalmente, porque la población no los reporta debido a la desconfianza en las instituciones, por miedo a represalias o porque lo consideran inútil ante la escasa respuesta de resarcir el daño, sobre todo en aquellos casos en que la población considera leve dicho daño (robos a negocios, casas, en la vía pública, etc.). Queda claro que la incidencia delictiva es mucho más alta que la expresada en los datos, pero, para fines de los objetivos de este trabajo, esta fuente de datos es la única que expresa la incidencia de actos que afectan la seguridad de la población residente y la de sus visitantes.
3 El índice de segregación socioespacial (Alegría, 1994) se calcula con la siguiente fórmula:
donde:
GSj es el grado de segregación en la AGEBj
Pij es la proporción de la población ocupada en el grupo de ingreso i de la AGEBj
n es el número de grupos de ingreso en la AGEBj.
Este índice varía desde cero hasta uno, de manera que:
GSj = 0 cuando los grupos de ingreso se distribuyen de manera proporcional, uniformemente, en la AGEBj; hay gran heterogeneidad de la zona; hay nula segregación entre los grupos.
GSj = 1 cuando un solo grupo de ingreso concentra a toda la población ocupada de la AGEBj ; hay total homogeneidad de la zona; existe segregación total entre grupos.
Se consideraron cinco grupos de ingreso de acuerdo con la clasificación que el INEGI (2000) da a la población ocupada que recibe ingreso por realizar un trabajo: 1) población ocupada que no recibe ingresos por haber realizado un trabajo; 2) población ocupada que recibe menos de un salario mínimo por realizar un trabajo; 3) población ocupada que recibe entre uno y dos salarios mínimos por realizar un trabajo; 4) población ocupada que recibe entre dos y cinco salarios mínimos por realizar un trabajo; y 5) población ocupada que recibe más de cinco salarios mínimos por realizar un trabajo.
Para obtener el nivel educativo, se tuvieron en cuenta las variables del INEGI (1992, 2000, 2010, 2020): población mayor de 15 años que no tiene instrucción educativa; población mayor de 15 años que tiene primaria incompleta; población mayor de 15 años que cuenta con primaria completa (que podría considerarse como de nivel educativo bajo); población mayor de 15 años que cuenta con secundaria incompleta; población mayor de 15 años que tiene secundaria completa; población mayor de 18 años con educación técnica; población mayor de 18 años con educación preparatoria incompleta; y población mayor de 18 años que cuenta con educación preparatoria completa (y que podremos clasificarla como de nivel educativo medio). En lo referente a la población mayor de 18 años que tiene educación de licenciatura (completa e incompleta), esta se clasificó como de nivel educativo alto; y la población mayor de 18 años con estudios de posgrado incompletos y completos se podría clasificar como de nivel educativo muy alto.
Los cálculos se establecieron para la ciudad de Zacatecas-Guadalupe a nivel de área geoestadística básica (AGEB) con base en los datos de los censos de población y vivienda de 1990, 2000, 2010 y 2020. Para obtener los datos por zonas dentro de la ciudad, el INEGI provee información a nivel de AGEB, que consiste en una extensión territorial que comprende una subdivisión menor que la delimitada municipalmente y que puede clasificarse como rural o urbana. La AGEB urbana está compuesta por un "conjunto de manzanas que generalmente va de una a 50 perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo fácil de identificación en el terreno y cuyo uso del suelo sea principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, etc. Solo se asigna al interior de las localidades urbanas" mexicanas (INEGI, 2010, p. 8). La ciudad de Zacatecas-Guadalupe estaba constituida por 86 AGEB en 1990, por 137 en el 2000, por 266 en el 2010 y por 364 en 2020.
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