La captura del servidor público: requisitos sustanciales y habeas corpus

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Autores

Carlos Arturo Gómez Pavajeau
Francisco Javier Farfán Molina

Resumen

La captura del servidor público investigado en un proceso penal está sujeta a reglas especiales y diversas a las previstas para la captura de los particulares, por cuanto la privación de la libertad de un funcionario puede afectar la continuidad, celeridad y eficacia de la función pública, como un valor constitucional igualmente relevante. Por tal motivo, como regla general,la captura del servidor público debe estar precedida de la solicitud de suspensión por parte de la Fiscalía General de la Nación y para que proceda sin suspensión previa, el fiscal debe consignar en su providencia las razones y argumentos por los cuales no se afecta el normal funcionamiento de la administración pública. La ausencia de motivación de este aspecto esencial constituye una vía de hecho procedimental que torna procedente la acción de habeas corpus, como mecanismo efectivo de garantía de la libertad personal. De igual manera, procede el habeas corpus cuando la captura del servidor público la ordena un fiscal sin competencia funcional para adelantar la investigación, por configuración de una vía de hecho por defecto orgánico.

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Referencias

Jurisdicción penal

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 14 de abril de 2010, radicación n.° 33.918), m.p. Yesid Ramírez Bastidas.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, autos de 26 de junio de 2008, radicación n.° 30.066; 10 de julio de 2008, radicación n.° 30.156 y 4 de septiembre de 2009, radicación n.° 32.572.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 2 de mayo de 2007, radicación n.° 27.417, y decisiones de 10 de julio de 2008, radicación n.° 30.156; 7

de noviembre de 2008, radicación n.° 30.772; 16 de enero de 2009, radicación n.° 31.066; 21 de abril de 2009, radicación n.° 31.673 y 4 de septiembre de 2009, radicación n.° 32.572.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 29 de agosto de 2007, radicación n.° 28.241; auto de 25 de enero de 2007, radicación n.° 26.810; m.p. Javier

Zapata.; auto de 23 de octubre de 2007, radicación n.° 28.598; decisión de 3 de febrero de 2010, radicación n.° 33.483, m.p. María Del Rosario Gonzále z y decisión del 25 de mayo de 2010, radicación n.° 34.246, m.p. Sigifredo Espinosa.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, autos del 26 de junio y 25 de agosto de 2008, radicaciones n.° 30.066 y 30.438.

Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, decisión del diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011), radicación n.° 110012204000201101109 00. Accionante Óscar Gutiérrez

Sal inas, accionado Juzgado Dieciocho de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, con ponencia del Magistrado doctor Albe rto Poveda Perdomo.

Jurisdicción constitucional

Corte Constitucional, Sentencia C-296 de 2002, m.p. Marco Gerardo Monroy Cab ra.

Corte Constitucional, Sentencia T-134 de 2004, m.p. Jaime Córdoba Triviño.

Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994, m.p. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Reiterada en la Sentencia T-954 de 2006, m.p. Rodrigo Escoba r Gil.

Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2005, m.p. Jaime Córdoba Triviño.

Corte Constitucional, Sentencia T-766 de 2008, m.p. Marco Gerardo Monroy Cab ra.

Corte Constitucional, Sentencia C-031 de 1995, m.p. Hernando Herrera Vergara.

Corte Constitucional, Sentencia C-620 de 2001.

Corte Constitucional, Sentencia C-496 de 1994.

Corte Constitucional, sentencias C-301 de 1993 y C-620 de 2001.

Corte Constitucional, Sentencia C-557 de 1992, salvamento de voto de los Magistrado Angarita Barón y Martínez Caballe ro.

Corte Constitucional, Sentencia C-260 de 1999.

Salvamento de Voto del Magistrado Néstor Osuna Patiño a la sentencia de tutela de segunda instancia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura caso Petro, m.p. Pedro Alonso Sanab ria Buitrago, radicación n.° 110011102000201308120 01.

Tribunales internacionales

Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de noviembre 24 de 2006, Caso “Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú”.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de diciembre 6 de 2001, Caso “Las Palmeras vs. Colombia”.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de noviembre 30 de 2012, Caso “Masacre de Santo Domingo vs. Colombia”.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 24 de noviembre de 2006, Caso “Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú”. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 26 de septiembre de 2006, Caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y costas. Serie C n.° 154, párr. 124; sentencia de 24 de noviembre de 2010, Caso “Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil”. Excepcione Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C n.° 219; Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Caso “Cabrera García y Montiel Flores vs. México”. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C n.° 220 y sentencia de 24 de febrero de 2011, Caso “Gelman vs. Uruguay”. Fondo y Reparaciones. Serie C n.° 221.

Bibliografía

Romero Pérez, Xiomara Lorena (2011). Vinculación de las resoluciones judiciales de la Corte Interamericana. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

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